Las finanzas del presupuesto público

Gasto público

El gasto público es aquel en que el Estado incurre para sostener las instituciones gubernamentales centrales y para financiar servicios públicos prioritarios que permanecen en manos estatales; es decir, la cantidad de recursos con que puede funcionar el Estado para el ejercicio de sus diversas funciones.

Análisis Beneficioso – Costo y Análisis de los Programas

 Las principales áreas a tomar en cuenta para realizar un ajuste exitoso son las siguientes:

Las medidas principales para reducir los gastos del estado son:

• Reducción de los subsidios indirectos: se trata de eliminar las transferencias que se realizan a empresas privadas o estatales para mantener precios artificialmente bajos. Como en una economía inflacionaria estos subsidios tienden a aumentar progresivamente, al anularlos o reducirlos en forma drástica se contribuye de un modo muy directo al equilibrio de las cuentas fiscales. El principal subsidio que se debe eliminar, por los efectos sumamente negativos que tiene sobre la inflación y sobre las cuentas externas del país, es el subsidio cambiario, que se crea al fijar un valor artificial de la moneda cuando se impone un control de cambios para que las importaciones no aumenten de valor. Nos referiremos nuevamente a este punto cuando tratemos lo relativo a la política cambiaria.

• Reducción del empleo público: las abultadas nóminas de los funcionarios públicos de todo nivel también constituyen un renglón importante de los gastos estatales, aunque muchas veces sus sueldos reales resultan bastante bajos, por el efecto erosionador de la inflación. Una reestructuración del estado que congele vacantes, estimule planes de retiro voluntario y cierre oficinas innecesarias puede resultar una señal muy convincente de que el déficit habrá de controlarse. Los despidos masivos, que pocas veces se ejecutan, pudieran ser una solución eficaz, pero traen asociado un malestar político y social que pocos gobiernos están en condiciones de afrontar. Por ello es más usual la aplicación de medidas progresivas, que sólo tienen efectos duraderos cuando se las ejecuta con decisión y continuidad.

• Reestructuración de la deuda: al llegar al momento de la crisis los pagos por concepto de deuda interna y externa van comprometiendo una proporción cada vez mayor del presupuesto nacional. Para evitar este problema, que además ocasiona una rigidez en las cuentas públicas muy difícil de manejar, es preciso convenir nuevos plazos y crear instrumentos financieros que permitan reprogramar los pagos, obtener períodos de gracia y reducir –cuando es posible– los intereses. Es en este punto que los organismos internacionales, como el FMI, pueden resolver muchos problemas que de otro modo pesarían muy negativamente durante el ajuste.

• Disminución del gasto superfluo: muchos son los gastos públicos que pudieran recortarse en todo estado sin alterar para nada las funciones que éste desarrolla. Nos referimos a ciertas prebendas que reciben los funcionarios de mayor jerarquía, controles innecesarios, procedimientos duplicados o arcaicos, agasajos, publicidad y otros rubros similares. No es fácil cuantificar la importancia de estos desembolsos pero, en la práctica, son muy pocos los gobiernos que han renunciado a ellos en una medida tal que afecte significativamente el presupuesto. Las medidas que se toman, por lo general, son más que todo cosmético y efectista –como la reducción de sueldos de funcionarios de alto nivel– aunque un ajuste serio de las cuentas fiscales debería tomar muy en cuenta este punto.

• Privatizaciones: Al vender empresas públicas los gobiernos dejan de incurrir en elevados gastos que, de este modo, desaparecen definitivamente del presupuesto. Como no es posible privatizar estas empresas de un modo inmediato y como el tema, por sí mismo, amerita una consideración más específica, trataremos el punto más adelante de forma independiente.

Entre las medidas que se toman para incrementar los ingresos públicos cabe destacar:

• Aumento de la recaudación impositiva: muchas veces la estructura tributaria de los estados es arcaica y poco eficaz. Para aumentar los impuestos se debe por lo general proceder a una reforma que reduzca las complejidades del sistema –que aumentan la evasión– y simplifique el cálculo y el cobro de impuestos. En Latinoamérica, donde la mayor parte de los ingresos fiscales provenía del impuesto sobre la renta y de la recaudación aduanera, se dio un viraje casi universal hacia la implantación del impuesto al valor agregado, un mecanismo que, aunque en parte regresivo, garantiza un ingreso mucho mayor y más fluido a la hacienda pública y no desalienta las inversiones nacionales o extranjeras, pues grava básicamente el consumo y no el ahorro. El IVA, o las variantes que tiene en diversos países, ha resultado una fuente muy importante de ingresos dadas las dificultades para incrementar las tasas de por sí ya altas del impuesto a la renta y la reducción de aranceles que formó parte de la reforma.

• Aumento de las tarifas de los servicios públicos: en una economía intervenida es normal que el estado posea empresas de servicios con precios artificialmente bajos, que además van quedando rezagados con respecto a la inflación. Al sincerar estos valores se evita una fuente importante del déficit fiscal y se prepara el camino para las necesarias privatizaciones. Estos aumentos pueden considerarse, en propiedad, como parte de la eliminación de subsidios ya mencionada más arriba, aunque se presentan aparte porque inciden directamente sobre los ingresos y no sobre los egresos del fisco.

• Privatizaciones: la venta de activos públicos genera ingresos que pueden nivelar las cuentas del fisco. No obstante hay que recordar que estos ingresos son no recurrentes y que las privatizaciones, por la preparación que necesitan, no son eficaces para superar problemas de corto plazo.

• Préstamos: cuando se llega a la crisis la capacidad de endeudamiento del estado, como es lógico, se ha reducido prácticamente a cero. Pero a veces el FMI u otros organismos internacionales han prestado dinero a gobiernos en dificultades, cuando estos han mostrado la intención de realizar efectivos planes de ajuste que requieren de un apoyo financiero inmediato. No puede abusarse sin embargo de este recurso puesto que, precisamente, todo ajuste significa que se habrán de encontrar nuevos equilibrios fiscales que eviten sucesivos endeudamientos.

Liberación de Precio: La liberación de los precios, señales fundamentales de la economía, constituye otro punto destacable en todos los ajustes que han logrado resultados sustantivos. Con precios administrados se producen distorsiones acumulativas que terminan por retardar el crecimiento económico y provocar desabastecimiento o, cuando interviene el estado para financiarlos, déficits fiscales de consideración. Esta medida es complementaria de la eliminación de los subsidios indirectos, aunque tiene un mayor alcance pues abarca:

Impuestos

Incidencia Impositiva: Atendiendo al principio sobre los Derechos Económicos establecidos en el artículo 112 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, toda persona, tanto natural como jurídica puede dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. Para ejercer cualquier actividad económica, según las leyes tributarias, se requiere de la autorización (licencia) por parte del Municipio para la explotación o desarrollo de dicha actividad en la jurisdicción correspondiente.

Una vez autorizada la persona natural o jurídica para explotar o desarrollar su actividad económica, debe efectuar el pago de un impuesto de acuerdo a la misma, industrial, comercial, servicios, o de índole similar con fines de lucro o remuneración y cuya cuantía es determinada a través de una alícuota porcentual sobre los ingresos brutos (estimados y/o reales), que constituyen la base imponible obtenidos por el sujeto pasivo como resultado de su actividad.

Aspectos macroeconomicos de las cuentas fiscales

Progreso en las finanzas públicas: En la primera mitad del decenio, los ingresos públicos se recuperaron por el aumento de la presión tributaria y la mayor actividad económica. Las reformas tributarias simplificaron la administración y redujeron la evasión en varios países. Además, las privatizaciones aportaron ingresos extraordinarios.

Pero desde 1997, estos ingresos comenzaron a mermar. La situación se agravó al año siguiente por la crisis financiera internacional y, en 1999, el déficit fiscal alcanzó su nivel máximo (3.2% del PIB). En el futuro inmediato, la región deberá enfrentar una serie de desafíos fiscales. Dada la aguda vulnerabilidad cíclica de las economías, la CEPAL postula que la política fiscal debe ampliar los márgenes de maniobra de las políticas macroeconómicas. Con este fin, varios países crearon fondos de estabilización sectorial (cobre y petróleo en Chile; café y petróleo en Colombia; y petróleo en Venezuela) para reducir la volatilidad de precios. Recientemente surgió una nueva generación de fondos de estabilización macroeconómica en Colombia (1996), Argentina (1999), Perú (1999) y Brasil (2000).

Baja inflación y altas tasas de interés: Las políticas monetarias fueron consistentes con las metas de control de la inflación. La tasa media de inflación regional declinó desde más de 1.000% en 1990 a cifras de un dígito en los últimos años.

El control de la inflación indujo una importante remonetización de las economías y una expansión del crédito al sector privado, que concentró el 85% de los saldos crediticios desde 1995. No obstante, las tasas de interés internas continuaron muy altas. La mediana de la tasa activa se ubicó por encima del 15% real anual.

Además, se verificó una marcada segmentación de mercados. Las pequeñas y medianas empresas enfrentaron restricciones de acceso y considerables sobretasas. Las grandes empresas recurrieron al endeudamiento en el exterior, aumentando su exposición al riesgo cambiario y su resistencia al ajuste del tipo de cambio.

Rezago cambiario: Durante gran parte del decenio, el tipo de cambio nominal fue un componente significativo del control de la inflación y de la recuperación de la confianza. La tendencia a la apreciación real de las monedas nacionales se prolongó hasta 1998. Esta reevaluación se tradujo en un alza de las importaciones y en elevados déficit de la cuenta corriente. Pese a los pronósticos optimistas, la sobrevaluación se convirtió en el talón de Aquiles de las estrategias de estabilización cuando los flujos de capital externo disminuyeron.

El rezago cambiario agudizó esa dependencia y acentuó la inestabilidad de las economías latinoamericanas. La tasa de crecimiento del producto pasó a depender de la disponibilidad de capitales externos para financiar el déficit corriente. Las políticas cambiarias se fueron polarizando y hacia fines del decenio, la mayoría de los países adoptó esquemas de flotación libre. Otro grupo, más reducido, se inclinó por sistemas de cambio fijo o dolarizado.

Crecimiento inestable: A un ritmo anual de 3.2% se expandió el producto regional en los años noventa, poco más de 2% por encima del promedio del decenio precedente, marcado por la crisis de la deuda. Este resultado es inferior al registrado en el extenso período 1950-1980 (más de 5.5% anual). El producto regional en 1999 fue apenas 54% del que hubiese resultado de mantenerse las tendencias de crecimiento previas a la crisis de la deuda.

El desempeño de los países fue heterogéneo. Sólo tres (Chile, Guyana y República Dominicana) lograron tasas promedio superiores a 5%; quince registraron incrementos de 3% a 5%; trece se expandieron por debajo de 3% y dos mostraron resultados negativos (Cuba y Haití).

Estas tasas fueron inestables en muchos casos. El abundante retorno de los capitales externos, tras la escasez de los años ochenta, permitió la reactivación al fortalecer la demanda interna hasta 1994 y, después, en el bienio 1996-1997. Las situaciones de crisis, de 1994-1995 y de 1998-1999, provocaron substanciales caídas en el consumo y la inversión y agravaron los desequilibrios de las cuentas externas y fiscales, generando cuadros recesivos en varios países.

Impactos macroeconómicos de las políticas fiscales, tributarias y monetarias

Lamentablemente para nuestro país, la política fiscal ha sido mal llevada a lo largo de muchos períodos gubernamentales, uno y otro gobierno han tratado de implantar paquetes económicos que reactiven la economía venezolana, pero lamentablemente fallan al no poder controlar el Gasto Público y mucho menos se ha creado una cultura tributaria en los ciudadanos y empresas Venezolanas.

Durante los períodos de bonanza petrolera que vivía el país y hasta la llegada del viernes negro, la costumbre por parte de los gobiernos; era tener un enorme gasto público producto de un abultado número de subsidios y regalías; y una política de endeudamiento demasiado arriesgada, y como los ingresos por concepto de exportaciones petroleras eran suficientes para cubrir el gasto público, realmente no se desarrollo nunca una política económica y menos una política tributaria eficiente y adaptada a la realidad del país y modernizada. La modernización llegó muy tarde, hace apenas unos 15 o 20 años los instrumentos fiscales utilizados en las políticas económicas eran pocos, mal implantados y muy difíciles de controlar, obteniéndose una gran pérdida por los altos niveles de evasión fiscal que se presentaban.

Luego del viernes negro, y por causa de políticas económicas que no han sido diseñadas para adaptarse a la realidad de nuestro país, la política fiscal ha sido mal planteada y mal ejecutada. Se ha intentado aplicar serias medidas en materia económica pero han perdido efecto; primero por falta de continuidad en las políticas aplicadas, es decir, muchas veces dentro de un mismo periodo gubernamental hemos visto cambios en las políticas aplicadas, y apenas toman control los nuevos gobiernos inmediatamente son cambiados los planes económicos, con esto solo se logra un sistema inestable que no es capaz de asimilar un lineamiento cuando se le impone una nueva dirección. En segundo lugar por carecer de un planteamiento que busque primero, controlar el gasto público a través del mejoramiento y simplificación del sector público y crear un Sistema Tributario eficiente, para luego poco a poco pero con paso firme y sostenido lograr la reactivación económica que tanto requiere Venezuela.

En Venezuela, la posibilidad de un Estado como el que tuvimos en las últimas décadas ya no es viable, por la sencilla razón de que el país no se puede permitir ese lujo. La sinceración de la economía es y seguirá siendo la única salida. Los controles excesivos, los subsidios, el proteccionismo, el paternalismo estatal y el Estado empresario, conllevan altos grados de ineficiencia y terminan imponiendo un elevado costo a la sociedad. Esos costos tienen que salir de alguna parte (endeudamiento). Las políticas económicas que caracterizaron la política económica venezolana entre 1974 y 1994 arrojaron una hiperinflación alimentada por un drástico y continuado deterioro en el valor de nuestro signo monetario.

Política Fiscal Actual: El actual gobierno venezolano, según su propuesta económica propone una reducción del gasto público, y una modificación al tratar de reducir el gasto corriente, a través de reestructuraciones en todos los organismos oficiales para hacerlos más eficientes y menos costosos, y por su parte aumentar el gasto de capital, para crear la infraestructura necesaria para comenzar la reactivación económica. El presupuesto fiscal del año 2000, tiene un nivel de gasto total acordado de Bs. 17.878 millardos, equivalentes al 24,2% del PIB, aumentando su nivel en 1,5 puntos del PIB con respecto al presupuesto de 1999. De este total de gasto, el 84,5% se concentra en los siguientes ministerios: Finanzas, del Interior y Justicia, Educación, Cultura y Deporte, Salud y Desarrollo Social, Infraestructura y Defensa.

En referencia a la clasificación económica del gasto, el mismo presenta una orientación que está en sintonía con los lineamientos estratégicos de este Programa Económico. Los gastos corrientes se ubican en monto de Bs. 12.718 millardos, equivalentes al 17,3% del PIB, creciendo en tan sólo 0,3 puntos del PIB con respecto al año precedente. Los de capital, se sitúan en Bs. 2.967 millardos, equivalentes al 4,0% del PIB, superando en más de 1,1 puntos del PIB al gasto presupuestado del año 1999, y por último, las aplicaciones financieras, dentro de las cuales se encuentran la amortización de préstamos, alcanzan un monto de Bs. 2.192 millardos, equivalentes al 3% del PIB, presentando una variación con respecto al año pasado de 0,1 puntos del PIB.

Por otra parte, en materia de gestión tributaria propone una reestructuración del actual Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), para aumentar la recaudación y evitar la evasión de impuestos. Así como la aplicación de una serie de instrumentos de recaudación que permitan reducir el déficit fiscal. En este sentido, el presupuesto fiscal para el año 2000, fija como meta en los ingresos ordinarios de origen no petrolero un monto de Bs. 8.561 millardos, equivalente al 47,8% del total de ingresos, mejorando su participación en 5,7 puntos porcentuales con respecto al nivel alcanzado en 1999. Los ingresos fiscales originados por la actividad petrolera, excluyendo las transferencias al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), se estiman en Bs. 4.211 millardos, equivalentes al 23,6% del total de ingresos fiscales.

Esto luce muy bien en el papel, pero ha sido un factor común observar excelentes propuestas económicas por parte de los distintos gobiernos venezolanos que luego se pierden en la intrincada e ineficiente red burocrática, o simplemente no son capaces de cumplir las metas que son trazadas, en otras ocasiones, y debido a nuestra gran dependencia de las exportaciones petroleras, los planes se ven afectadas por variaciones en los precios del petróleo, e incluso por crisis ocurridas en otros países que crean un efecto dominó, afectando a las economías más vulnerables como la nuestra.

Instrumentos Fiscales: Los economistas de finanzas públicas consideran que el sector público tiene tres ramas de actividades o tres funciones principales:

– La función de estabilización y crecimiento, que se interesa en mantener el balance macroeconómico a fin de prevenir tanto grandes inclinaciones en el empleo y la actividad económica y severos ataques de inflación, así como asegurar una adecuada tasa de crecimiento económico; – La función de distribución, que se refiere a la adecuada distribución de la renta entre los diversos grupos de la economía y, – La función de asignación, que se relaciona con la eficiente asignación de recursos en toda la economía. Cada una de estas funciones representa no solamente un objetivo legítimo de política gubernamental sino también un importante aspecto de desarrollo económico.

Instrumentos Fiscales Utilizados en Venezuela.

El sistema impositivo venezolano muestra una marcada dependencia con respecto al petróleo. Tal afirmación se hace evidente al constatar que los ingresos petroleros en 1989 representaban un 60% de los ingresos fiscales totales. El impuesto sobre la renta aplicada a personas naturales apenas contribuye con un 2.5% de lo recaudado, mientras que otros impuestos como los que pechan a licores, cigarrillos, fósforos, sucesiones etc., apenas aportan un 2% de lo recaudado.

Actualmente en el país se aplican los siguientes impuestos (no petroleros).

IVA (Impuesto al Valor Agregado)

IDB (Impuesto al Débito Bancario) (De aplicación temporal)

ISLR (Impuesto sobre la renta)

IAE (Impuesto a los Activos Empresariales)

IAEA (Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas)

ISDRC (Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Ramos Conexos)

TF (Timbres Fiscales)

ISCMT (Impuesto Sobre Cigarrillos y Manufactura de Tabaco)

EORNF (Estatuto Orgánico de la Renta Nacional Fósforos).

Deuda

Crecimiento De La Deuda Interna:

Uno de los hechos que destaca en la evolución reciente de la deuda pública venezolana es el significativo incremento del endeudamiento interno, cuyo saldo total aumentó en más de 2.000% desde 1988, situándose en Bs. 2.225 millardos al cierre de 1996. Si bien esta cifra representa el 7,9% del PIB, debe señalarse que en los años 1994 y 1995 el coeficiente deuda del PIB alcanzó los niveles históricos de 13.6% y 12.5%.En la deuda interna se pueden distinguir dos subperíodos. El primero abarca entre 1989 y 1993, cuando la deuda interna, tanto directa como indirecta, aumentó su saldo en 484%. Este incremento fue consecuencia tanto de las mayores colocaciones de Letras del Tesoro y bonos de la deuda pública, asociados estos últimos al financiamiento de proyectos específicos, como del notable incremento de las obligaciones de la República con el BCV a partir de 1990, a raíz del proceso de reestructuración de la deuda pública externa y de la realización de operaciones de conversión de deuda pública externa e inversión.El segundo subperíodo se refiere a los años 1994, 1995 y 1996, durante los cuales el saldo de la deuda interna creció en 318%, destacando en este período las importantes colocaciones de Letras del Tesoro, Bonos del Tesoro, Bonos de Fogade, Bonos DPN y el significativo incremento de las obligaciones de la República con el BCV. El Endeudamiento interno observado en este subperíodo se asocia, en buena medida, con los impactos de la crisis del sistema financiero iniciada en 1994, la cual requirió emitir deuda pública para recapitalizar a Fogade y cancelar los intereses de los depósitos migrados hacia los bancos estatizados, entre otras acciones con impacto fiscal.

Aporte Fiscal Del Sector Petrolero A La Finanza Pública:

El sector petrolero constituye una de las fuentes de generación de ingresos para la finanzas públicas; pues es bien sabido por todos que la economía venezolana lejos de ser un modelo diversificado e integrado por diversos factores de producción, es un modelo rentista y monoproductor dependiente en casi su totalidad del petróleo.A través del aporte fiscal la actividad petrolera genera ingresos al país que posteriormente son utilizados por el gobierno que de alguna manera ayudan a que este cumpla con sus fines presupuestarios. La magnitud de la dependencia del sector petrolero es tal que el presupuesto de la nación (Presupuestos de Gastos) se orienta en base a la cotización de los precios del crudo en los mercados petroleros internacionales.Esta dependencia ha traído consecuencias negativas para la economía del país, además de producir un mayor endeudamiento público interno. A finales de 1.97 está situación comienza a volverse más crítica debido a la fuerte caída de los precios petroleros a finales de este año, esta situación continúo acentuándose durante 1998.Los efectos de estos vaivenes no se hicieron esperar, en materia de gestión presupuestaria sucesivos recortes en materia de gastos condujeron a un aumento de la deuda pública interna venezolana, la cual cerró en 2 billones 837 mil millones de bolívares para el año 1997.

Planificación fiscal, tributaria y monetaria

Política Fiscal Actual.

El actual gobierno venezolano, según su propuesta económica propone una reducción del gasto público, y una modificación al tratar de reducir el gasto corriente, a través de reestructuraciones en todos los organismos oficiales para hacerlos más eficientes y menos costosos, y por su parte aumentar el gasto de capital, para crear la infraestructura necesaria para comenzar la reactivación económica. El presupuesto fiscal del año 2000, tiene un nivel de gasto total acordado de Bs. 17.878 millardos, equivalentes al 24,2% del PIB, aumentando su nivel en 1,5 puntos del PIB con respecto al presupuesto de 1999. De este total de gasto, el 84,5% se concentra en los siguientes ministerios: Finanzas, del Interior y Justicia, Educación, Cultura y Deporte, Salud y Desarrollo Social, Infraestructura y Defensa.

En referencia a la clasificación económica del gasto, el mismo presenta una orientación que está en sintonía con los lineamientos estratégicos de este Programa Económico. Los gastos corrientes se ubican en monto de Bs. 12.718 millardos, equivalentes al 17,3% del PIB, creciendo en tan sólo 0,3 puntos del PIB con respecto al año precedente. Los de capital, se sitúan en Bs. 2.967 millardos, equivalentes al 4,0% del PIB, superando en más de 1,1 puntos del PIB al gasto presupuestado del año 1999, y por último, las aplicaciones financieras, dentro de las cuales se encuentran la amortización de préstamos, alcanzan un monto de Bs. 2.192 millardos, equivalentes al 3% del PIB, presentando una variación con respecto al año pasado de 0,1 puntos del PIB.

Por otra parte, en materia de gestión tributaria propone una reestructuración del actual Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), para aumentar la recaudación y evitar la evasión de impuestos. Así como la aplicación de una serie de instrumentos de recaudación que permitan reducir el déficit fiscal. En este sentido, el presupuesto fiscal para el año 2000, fija como meta en los ingresos ordinarios de origen no petrolero un monto de Bs. 8.561 millardos, equivalente al 47,8% del total de ingresos, mejorando su participación en 5,7 puntos porcentuales con respecto al nivel alcanzado en 1999. Los ingresos fiscales originados por la actividad petrolera, excluyendo las transferencias al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), se estiman en Bs. 4.211 millardos, equivalentes al 23,6% del total de ingresos fiscales.

Esto luce muy bien en el papel, pero ha sido un factor común observar excelentes propuestas económicas por parte de los distintos gobiernos venezolanos que luego se pierden en la intrincada e ineficiente red burocrática, o simplemente no son capaces de cumplir las metas que son trazadas, en otras ocasiones, y debido a nuestra gran dependencia de las exportaciones petroleras, los planes se ven afectadas por variaciones en los precios del petróleo, e incluso por crisis ocurridas en otros países que crean un efecto dominó, afectando a las economías más vulnerables como la nuestra.

instrumentos fiscales.

Los economistas de finanzas públicas consideran que el sector público tiene tres ramas de actividades o tres funciones principales:

La función de estabilización y crecimiento, que se interesa en mantener el balance macroeconómico a fin de prevenir tanto grandes inclinaciones en el empleo y la actividad económica y severos ataques de inflación, así como asegurar una adecuada tasa de crecimiento económico; 2) La función de distribución, que se refiere a la adecuada distribución de la renta entre los diversos grupos de la economía y, 3) La función de asignación, que se relaciona con la eficiente asignación de recursos en toda la economía. Cada una de estas funciones representa no solamente un objetivo legitimo de política gubernamental sino también un importante aspecto de desarrollo económico.

Repercusiones de la Política Fiscal en Venezuela

Definitivamente que la política económica aplicada en cualquier país tendrá una repercusión positiva o negativa sobre la sociedad que conforma dicho país, incluyendo empresas, ciudadanos, industrias, etc. En el caso de Venezuela, lamentablemente es necesario reconocer que las políticas económicas y por ende las políticas fiscales aplicada a lo largo de los últimos 50 años, no han sido más que incoherentes medidas contrarias a lo que aconseja la Teoría económica positiva, al contrario solo han logrado arrastrar al país a un profundo estancamiento del cual resulta muy difícil, pero no imposible de salir.

Principios, característica y estructuras de los diferentes presupuestos que se elaboran en los distintos niveles del sector publico

Presupuesto Público.

Según el "Manual de Elaboración del Presupuesto por Programas", conocido como documento de Tucumán con ligeras adaptaciones, y el que se extracta de las Bases Teóricas del Presupuesto por Programas, publicación hecha por esta Oficina, se conoce como Presupuesto al sistema mediante el cual se elabora, aprueba, coordina la ejecución, controla y evalúa la producción pública (Bien o Servicio) de una institución, sector o región, en función de las políticas de desarrollo previstas en los Planes.

La técnica debe incluir además, en forma expresa, todos los elementos de la programación (objetivos, metas, volúmenes de trabajo, recursos reales y financieros) que justifiquen y garanticen el logro de los objetivos previstos.

Así concebido el presupuesto se constituye en un excelente instrumento de gobierno, administración y planificación.

Base Teórica del Presupuesto por Programas:

El presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que se va a realizar en un período determinado, así como para asignar formalmente los recursos que esa producción exige en la praxis de una institución, Sector o Región. Este carácter práctico del presupuesto implica que debe concebírselo como un sistema administrativo que se materializa por etapas: formulación, discusión y sanción, ejecución, control y evaluación.

Bajo este enfoque, el presupuesto debe cumplir con los siguientes requisitos:

Primero: El presupuesto debe ser agregable y desagregable en centros de producción, donde el producto de cada centro debe ser excluyente de cualquier otro producto, de cualquier otro centro de producción de su mismo ámbito. De no ser así, el total de asignación de recursos que se exprese el nivel del gasto presupuestario no tendría significado y encerraría duplicaciones y confusiones.

Segundo: Las relaciones entre los recursos asignados y los productos resultantes de esa asignación deben ser perfectamente definidas; no puede haber dudas sobre el producto que se persigue con determinada asignación de recursos y un mismo recurso o parte fraccionable del mismo no puede ser requisito presupuestario de dos o más productos.

Tercero: La asignación de recursos para obtener los productos, que directamente requieren los objetivos de las políticas (productos terminales) exige también de la asignación de recursos para lograr otros productos que permitan o apoyen la producción de los productos terminales (productos intermedios). De manera que, una parte de la producción expresada en el presupuesto es un requisito directo de las políticas y otra parte sólo es un requisito indirecto de tales políticas.

Cuarto: El presupuesto debe expresar la red de producción donde cada producto es condicionado y, a la vez, condiciona a otros productos de la red, existiendo así unas determinadas relaciones de coherencia entre las diversas producciones que se presupuestan.

Los Principios del Presupuesto

Programación: Se desprende de la propia naturaleza del presupuesto y sostiene que éste -el presupuesto- debe tener el contenido y la forma de la programación.

Contenido: establece que deben estar todos los elementos que permitan la definición y la adopción de los objetivos prioritarios. El grado de aplicación no está dado por ninguno de los extremos, pues no existe un presupuesto que carezca completamente de una base programática, así como tampoco existe uno en el que se hubiese conseguido la total aplicación de la técnica.

Forma: en cuanto a la forma, con él deben explicitarse todo los elementos de la programación, es decir, se deben señalar los objetivos adoptados, las acciones necesarias a efectuarse para lograr esos objetivos; los recursos humanos, materiales y servicios de terceros que demanden esas acciones así como los recursos monetarios necesarios que demanden esos recursos.

Respecto de la forma mediante este principio se sostiene que deben contemplarse todos los elementos que integran el concepto de programación. Es decir, que deben expresarse claramente los objetivos concretos adoptados, el conjunto de acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, los recursos humanos, materiales y otros servicios que demanden dichas acciones y para cuya movilización se requieren determinados recursos monetarios, aspecto este último que determina los créditos presupuestarios necesarios.

Integralidad: en la actualidad, la característica esencial del método de presupuesto por programas, está dado por la integralidad en su concepción y en su aplicación en los hechos.El presupuesto no sería realmente programático si no cumple con las condiciones que imponen los cuatro enfoques de la integralidad. Es decir, que el presupuesto debe ser:a. Un instrumento del sistema de planificación; b. El reflejo de una política presupuestaria única; c. Un proceso debidamente vertebrado; y d. Un instrumento en el que debe aparecer todos los elementos de la programación.

Universalidad: dentro de este postulado se sustenta la necesidad de que aquello que constituye materia del presupuesto debe ser incorporado en él.

Naturalmente que la amplitud de este principio depende del concepto que se tenga de presupuesto. Si este sólo fuera la expresión financiera del programa de gobierno, no cabría la inclusión de los elementos en términos físicos, con lo cual la programación quedaría truncada.

En la concepción tradicional se consideraba que este principio podía exponerse cabalmente bajo la "prohibición" de la existencia de fondos extrapresupuestarios.

Exclusividad: en cierto modo este principio complementa y precisa el postulado de la universalidad, exigiendo que no se incluyan en la ley anual de presupuesto asuntos que no sean inherentes a esta materia. Ambos principios tratan de precisar los límites y preservar la claridad del presupuesto, así como de otros instrumentos jurídicos respetando el ámbito de otras ciencias o técnicas. No obstante, de que en la mayoría de los países existe legislación expresa sobre el principio de exclusividad, en los hechos no siempre se cumplen dichas disposiciones legales.

En algunos países de América Latina, particularmente en épocas pasadas, se estableció la costumbre de incluir en la ley de presupuestos disposiciones sobre administración en general, y de personal en particular, tributación, política salarial, etc., llegando, excepcionalmente, desde luego, a dictar normas que ampliaban o reformaban el Código Civil y el Código de Comercio. Sobre todo, en este último aspecto, tal inclusión no era fruto de un error, sino que se procuraba evitar la rigurosidad del trámite parlamentario a que están sujetas tales cuestiones.

Unidad: este principio se refiere a la obligatoriedad de que los presupuesto de todas las instituciones del sector público sean elaborados, aprobados, ejecutados y evaluados con plena sujeción a la política presupuestaria única definida y adoptada por la autoridad competente, de acuerdo con la ley, basándose en un solo método y expresándose uniformemente.

En otras palabras, es indispensable que el presupuesto de cada entidad se ajuste al principio de unidad, en su contenido, en sus métodos y en su expresión. Es menester que sus políticas de financiamiento, funcionamiento y capitalización sean totalmente complementarios entre sí.

Acuciosidad: para el cumplimiento de esta norma es imprescindible la presencia de las siguientes condiciones básicas en las diversas etapas del proceso presupuestario:

• Profundidad, sistema y organicidad en la labor técnica, en la toma de decisiones, en la realización de acciones y en la formación y presentación del juicio sobre unas y otras, y

• Sinceridad, honestidad y precisión en la adopción de los objetivos y fijación de los correspondientes medios; en el proceso de su concreción o utilización; y en la evaluación de nivel del cumplimiento de los fines, del grado de racionalidad en la aplicación de los medios y de las causas de posibles desviaciones. En otras palabras, este principio implica que se debe tender a la fijación de objetivos posibles de alcanzar, altamente complementarios entre sí y que tengan la más alta prioridad.

Claridad: este principio tiene importancia para la eficiencia del presupuesto como instrumento de gobierno, administración y ejecución de los planes de desarrollo socio-económicos. Es esencialmente de carácter formal; si los documentos presupuestarios se expresan de manera ordenada y clara, todas las etapas del proceso pueden ser llevadas a cabo con mayor eficacia.

Especificación: este principio se refiere, básicamente, al aspecto financiero del presupuesto y significa que, en materia de ingresos debe señalarse con precisión las fuentes que los originan, y en el caso de las erogaciones, las características de los bienes y servicios que deben adquirirse.

En materia de gastos para la aplicación de esta norma, es necesario alejarse de dos posiciones extremas que pueden presentarse; una sería asignar una cantidad global que serviría para adquirir todos los insumos necesarios para alcanzar cada objetivo concreto y otra, que consistiría en el detalle minucioso de cada uno de tales bienes y servicios.

La especificación significa no sólo la distinción del objetivo del gasto o la fuente del ingreso, sino además la ubicación de aquellos y a veces de éstos, dentro de las instituciones, a nivel global de las distintas categorías presupuestarias, y, en no contados casos, según una distribución espacial. También es indispensable una correcta distinción entre tales niveles o categorías de programación del gasto.

Periodicidad: este principio tiene su fundamento, por un lado, en la característica dinámica de la acción estatal y de la realidad global del país, y, por otra parte, en la misma naturaleza del presupuesto.

A través de este principio se procura la armonización de dos posiciones extremas, adoptando un período presupuestario que no sea tan amplio que imposibilite la previsión con cierto grado de minuciosidad, ni tan breve que impida la realización de las correspondientes tareas.

La solución adoptada, en la mayoría de los países es la de considerar al período presupuestario de duración anual.

Continuidad: se podría pensar que al sostener la vigencia del principio de periocidad se estuviera preconizando verdaderos cortes en el tiempo, de tal suerte que cada presupuesto no tiene relación con los que le antecedieron, ni con los venideros. De ahí que es necesario conjugar la anualidad con la continuidad, por supuesto que con plenos caracteres dinámicos.

Esta norma postula que todas la etapas década ejercicio presupuestario deben apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar, en cuenta las expectativas de ejercicios futuros.

Flexibilidad: a través de este principio se sustenta que el presupuesto no adolezca de rigideces que le impidan constituirse en un eficaz instrumento de: Administración, Gobierno y Planificación.

Para lograr la flexibilidad en la ejecución del presupuesto, es necesario remover los factores que obstaculizan una fluida realización de esta etapa presupuestaria, dotando a los niveles administrativos, del poder suficiente para modificar los medios en provecho de los fines prioritarios del Estado.

Según este principio es necesario sino eliminar, por lo menos restringir al máximo los llamados "Recursos Afectados" es decir, las asignaciones con destino específico prefijado.

En resumen, la flexibilidad tiende al cumplimiento esencial del presupuesto, aunque para ello deban modificarse sus detalles.

Equilibrio: este principio se refiere esencialmente al aspecto financiero del presupuesto aún cuando éste depende en último término de los objetivos que se adopten; de la técnica que se utilice en la combinación de factores para la producción de los bienes y servicios de origen estatal; de las políticas de salarios y de precios y en consecuencia, también del grado de estabilidad de la economía.

Tipos de Clasificación Presupuestaria

 Estas clasificaciones pueden referirse tanto a los recursos como a los gastos públicos y en cada una de éstas, la información se clasifica en atención a diferentes criterios como los que se exponen a continuación:

• 1. De los Recursos Públicos: (Ingresos Públicos)

• De acuerdo a su periodicidad

• Económica

• Según los sectores económicos de origen

1.1 De los Recursos (Ingresos) Públicos: son las diversas formas de agrupar, ordenar y presentar los recursos (ingresos) públicos, con la finalidad de realizar análisis y proyecciones de tipo económico y financiero que se requiere en un período determinado.