Lo cierto es que la clasificación es necesaria, sobre todo para su estudio y para establecer las bases del desarrollo de los propios estados de bienestar. El modelo liberal responde a un modelo individualista, basado en una escasez de políticas sociales, un bajo nivel de medida de beneficios y modestos aseguramientos sociales; dirigidos sobre todo a la parte más pobre y necesitada. Este modelo defiende la no intervención del Estado en ningún aspecto de la vida pública. Por tanto, se basa en el libre comercio entre las naciones, considerando este aspecto como el más adecuado para brindar estabilidad social y solucionar los problemas de pobreza.
En este modelo los problemas sociales son considerados producto de desajustes e incapacidades individuales y por tanto no deben ser resueltos por la vía de la intervención estatal. Sus políticas están basadas en la reprivatización y el retorno al mercado, mecanismo autorregulador de la sociedad, destinado a cubrir las principales necesidades de la población.
Por otra parte el modelo conservador está estrechamente relacionado con el modelo de la democracia cristiana que se basa en conceptos religiosos. El Estado Conservador es paternalista y pacifista y entre sus objetivos se encuentra conservar la familia, como agente principal en el proceso de socialización e institución encargada de fortalecer la autogestión. Promueve así el modelo de familia tradicional, donde el hombre es el proveedor y asegura a sus hijos y esposa y donde la familia tiene que ocuparse siempre que pueda de los ancianos, los niños y no esperar el apoyo del Estado. Como rasgo característico y a diferencia del modelo liberal, el conservador, otorga ciertos beneficios sociales basados en las necesidades individuales y seguros sociales, los cuales se encuentran en las ocupaciones. O sea, se establece una relación entre Estado, sindicatos y empresas o empleador, construida sobre consensos generales. Cada uno de ellos paga una parte que será, junto a los ahorros privados del trabajador: su pensión.
Y el tercero es el modelo socialdemócrata que está basado en la institucionalidad y en la universalidad al considerar a todas las personas importantes. El principal objetivo del gobierno socialdemócrata y su principal responsabilidad es garantizar el pleno empleo, salud y educación para todos sus ciudadanos (lo cual lo vincula mucho al modelo cubano). Mantienen muchos servicios de cuidados para niños, ancianos, los cuales son financiados por el Estado, quien se basa en la redistribución. Se ha ido observando una progresiva desburocratización y descentralización del Estado, a partir de la creación de instituciones públicas en provincias y municipios con autonomía para la gestión. Se ha incrementado la participación en los asuntos públicos a la ciudadanía. Se ha garantizado la seguridad de los trabajadores sin temor a quedar desempleados y con coberturas sociales suficientes. Las políticas de protección social han aumentado, disminuyendo así gradualmente la pobreza.
Varios de los más recientes estudios subrayan la transición de los modelos actuales que son afectados por las consecuencias de la nueva economía mundial y por los fenómenos de control que castigan a los gobiernos muy generosos y a las economías que son incapaces de competir. En los primeros años de este siglo veintiuno resulta cada vez más difícil cumplir con la tarea de redistribución equitativa, porque en el avance de nuestro proceso civilizatorio, para bien o para mal, el hombre ha ido creando nuevas necesidades que se imponen a todos a través de las distintas formas de la globalización alcanzadas.
En América del Sur encontramos otra situación. El desarrollo está basado sobre los recursos naturales y activado por las privatizaciones. Costa Rica en la actualidad mantiene medidas social-demócratas de universalización de salud, educación, etc. y existe además la posibilidad de elección de sociedad. Uruguay es un país que presenta una adecuada distribución del ingreso, sin embargo, los estudios concluyen que América Latina, en escala mundial, está muy atrás en la cuestión de la distribución de la riqueza.
El Estado de bienestar cubano presenta ciertas semejanzas con el modelo socialdemócrata, como por ejemplo, la capacidad y la voluntad del Estado de garantizar seguros sociales y proporcionar servicios con criterio de universalidad y accesibilidad, sin embargo, en mi opinión resulta muy arriesgado ubicarlo totalmente en una de las tipologías estudiadas (si bien no existen modelos teóricamente puros), dadas sus especiales características y las circunstancias que nos distinguen al ser Cuba un país latinoamericano, tercermundista y socialista además. Lo cual determina muchos de los principales elementos del estado social cubano. Para comprender esto debemos tener en cuanto los principales aspectos de las políticas sociales en Cuba y sus cambios y transformaciones a partir de la segunda mitad del siglo XX y principios de este nuevo siglo, donde se destacan los años 90 como un período esencial.
La política social, como es lógico, se establece teniendo en cuenta factores económicos, políticos y sociales, de ahí su vínculo estrecho con la sociedad, con un contexto histórico determinado. Es por eso que no se pueda hablar de una política social universal no obstante existir organismos internacionales que se encarguen de trazar lineamientos al respecto.
El desarrollo, y bien claro para nosotros está, no se alcanza solamente creando planes, modelos de crecimiento, leyes o decretos, sino que es necesaria la participación popular en la aplicación de dichos planes. Tanto en el ámbito de la sociedad en su conjunto como en el plano territorial, local. En el caso de nuestro país, a partir del triunfo de la revolución, esta ha sido la óptica; por ello la Política social de la revolución en aspectos esenciales como la educación, la salud, la vivienda, el empleo y la cultura han sido conjugados con la movilización y se ha promovido la participación popular. En este sentido son de destacar la campaña de alfabetización, las campañas de vacunación, las micro-brigadas de construcción y el fomento de la acción de barrios y vecinos en la construcción de viviendas. (Aunque sea la situación de la vivienda un problema que se ha mantenido durante estos 49 años).
El empleo es uno de los campos en que la política de la revolución ha tenido más logros. La eliminación del desempleo como fenómeno social, la rápida ubicación del personal calificado que egresa de las aulas, la incorporación de la mujer al trabajo creando facilidades para su permanencia, la seguridad del trabajador, la humanización del trabajo y la conciliación de los intereses de los jóvenes en los procesos de entrada a la ocupación son aspectos importantes de sus logros, los que se han tratado de mantener, aun en períodos de elevada dinámica de la población en edad laboral, o de moderado crecimiento.
En Cuba a partir de la década de los 90, comienza a proliferar el subempleo, a partir de la relación entre la capacitación, las posibilidades reales de empleo a partir del desarrollo económico y el ingreso. Esto comenzó a generar desinterés por el empleo y a su vez por la preparación educacional. A partir de aquí las políticas respecto al empleo y los salarios han tenido que variar y se han comenzado a construir políticas que generen el aumento del capital humano a partir de una política económica que prioriza los servicios. Además de esto surgen en este período las economías emergente y sumergida, las cuales junto a la despenalización de la tenencia del dólar, generaron diferenciación social por lo que la política social ha tenido que reajustarse, eliminando, en cierta medida, el precepto del igualitarismo.
La salud y la educación han sido los servicios básicos más priorizados en la política social cubana, y esto explica el adelanto que se observa en la sociedad en aquellos aspectos estrechamente vinculados a estas esferas. En los momentos más crudos del período especial las políticas de salud estuvieron encaminadas a la reestructuración de la organización de los servicios, a favorecer el autofinanciamiento en divisas y a una mayor descentralización del control de los recursos a favor de las instituciones de salud. Pero nunca en detrimento de la calidad de la atención médica, ni del trabajo profiláctico de las enfermedades. De forma que no solo se buscó el mantenimiento de la salud de la población sino su aumento.
En el caso de la educación se mantuvieron los logros alcanzados, no obstante, la precaria situación económica tuvo un gran impacto en las condiciones escolares sobre todo los centros internos y seminternos. Los efectos en este sector están fuertemente vinculados a las necesidades técnicas profesionales de la economía del país y a los ingresos del sector profesional. Los organismos rectores encaminaron las medidas hacia el ahorro de los recursos y al autofinanciamiento en divisas, manteniendo constantemente la calidad de la enseñanza en el país.
En este aspecto no podemos dejar de señalar el papel central que juega la educación dentro de la Batalla de Ideas, como una trinchera insustituible para el objetivo fundamental de lograr en nuestro pueblo una cultura general-integral cada vez mayor.
Tanto la salud como la educación han conservado en general sus logros hasta el momento, y en la política social en estas esferas se han dado pasos para su adaptación a las nuevas condiciones restrictivas de recursos, lo que ha posibilitado que las afectaciones sociales hayan sido menores que lo que hubiera podido esperarse de la disminución de las disponibilidades de gastos materiales.
El estado cubano durante los años de revolución ha desarrollado un política activa de inserción en la sociedad de aquellas personas que se encuentran en desventaja social, ya sea por factores sociales, psicológicos o físicos. Siempre han existido programas de atención a los diferentes grupos y el tratamiento siempre ha sido multidisciplinar con el objetivo de lograr una inserción integral en la sociedad. Aún en los momentos actuales la política social se ha instaurado como medio para lograr el mejoramiento social. En este sentido pueden mencionarse el uso del estudio como fuente de empleo para aquello jóvenes desvinculados socialmente y para aquellos sectores económicos que han perdido su eficacia productiva. El caso de los discapacitados es referencial en Cuba, es impresionante el gasto presupuestario que hace el estado para la mayor inserción posible de este sector a la sociedad a partir de la creación de fuentes de trabajo, de escuelas especiales y de programas activos de socialización.
Una lección muy importante ofrece el caso cubano, y es la certeza de cuanto se puede hacer con pocos recursos, y en ese sentido constituye un ejemplo para la comunidad internacional. Nuestro país se ha situado en la avanzada del desarrollo social de toda el área latinoamericana y caribeña, aún sometido a un bloqueo económico y con agresiones constantes por parte de Estados Unidos
Resulta imprescindible realizar un análisis sobre la relación que se establece entre una política social efectiva y el papel del estado en la utilización de los recursos. El sistema político social cubano permite a partir de la centralización del presupuesto estatal y de los recursos una mejor distribución de estos de forma que puedan desarrollarse políticas sociales eficientes, no en el sentido de controlar a los mas desfavorecidos, sino de articular una política social con el resto de las políticas en pos de un desarrollo humano integral de la sociedad, partiendo como ya dijimos de la participación activa de esta en la puesta en práctica de estas políticas.
Cada vez se hace más evidente la necesidad de un modelo que tenga en cuenta el rol específico de las mujeres a través de un análisis de género. En muchas ocasiones el análisis de la relación Estado-Mercado en materia de provisión de prestaciones sociales no toma en cuenta el rol de la familia como proveedor de servicios sociales. El trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar es ignorado. La división sexual del trabajo sea a nivel de Estado, de mercado, como de la familia es igualmente ignorada.
La mayor parte de los hombres son beneficiados de derechos sociales fundados sobre su estatus de asalariado mientras que un gran número de mujeres no son beneficiadas sino sólo de derechos derivados, basados en su rol familiar o marital, como esposa o como madre.
Muchos plantean que el sistema de protección social funciona sobre un modelo dualista: a las mujeres, la ayuda social o los derechos derivados (en calidad de esposa, madre o viuda); a los hombres, los seguros sociales basados en su contribución. Sin embargo varios estudios indican que en las últimas dos décadas las mujeres de Latinoamérica y el Caribe han avanzado mucho en la mejora de su calidad de vida. Las tasas de fertilidad y el tamaño de los hogares han descendido significativamente, la participación de la mujer en la fuerza laboral ha aumentado de manera continua, y el nivel de educación ha aumentado a tal punto que, en algunos países, las mujeres tienen niveles de educación más altos que los hombres.1 Contraproducentemente en otras partes de la región todavía continúan existiendo patrones de género inflexibles, que relegan a la mujer a la esfera reproductiva, dando lugar a desigualdades y a un uso ineficiente de los recursos por parte de los hogares en su lucha contra la pobreza y en pos del progreso socioeconómico. Aún quedan pendientes en las agendas políticas de muchos países, importantes cuestiones de género como son la violencia contra la mujer, las elevadas tasas de mortalidad materna, y la incorporación efectiva de la mujer en la economía formal y en las estructuras políticas.
A pesar de incorporarse más al mercado laboral, la participación de la mujer en el mercado de trabajo sigue siendo inferior a la del hombre, al igual que la brecha entre los salarios. Entre los factores que provocan que la mujer gane menos que el hombre se destacan los siguientes: a) la participación masiva de la mujer en el sector servicios, que suele ser el peor pagado, b) las estrategias familiares que designan a la mujer como principal responsable del cuidado de la familia, y por tanto c) las mayores entradas y salidas de la fuerza laboral, y preferencia por trabajos de tiempo parcial por parte de la mujer. La participación de la mujer rural en la fuerza laboral se sitúa muy por debajo de la del hombre rural y de la mujer urbana, debido, entre otros factores, a su actividad en el ámbito doméstico.
La mortalidad materna es una de las enfermedades que más afectan a la mujer, y en muchos casos está relacionada con la falta de servicios de salud materna. Por ejemplo, en Ecuador, el 25 % de las mujeres no reciben servicios de salud durante el embarazo, y una de las principales características que comparten la mayoría de los programas y servicios de salud reproductiva es que no tienen en cuenta el papel del hombre en esta área.
En nuestro país la situación difiere un tanto partiendo de la política del pleno empleo y los esfuerzos que ha hecho la Revolución por eliminar las diferencias tanto raciales como de género, y borrar todas las reglas sociales que han imperado durante siglos, cuyas raíces parten de la conquista y de una construcción identitaria en constante interacción con culturas patriarcales de occidente. Tarea harto difícil, por supuesto. Muro enorme con el cual el estado, se ha enfrentado continuamente durante estos 49 años. Grandes piedras han caído, pero los cimientos aún no se desprenden del todo. A partir del Triunfo de la Revolución el rol de la mujer para el desarrollo económico y social del país aumentó considerablemente, el fervor de los grandes cambios trajo consigo una avalancha de incorporación femenina al sector estatal. Se abrieron fábricas, se crearon nuevos centros de trabajo y el mercado laboral dio giros en pos de palear todo el desempleo que anteriormente existía en el país.
Cuando las diferencias de género son tomadas en cuenta, ocurre que la función de des-mercantilización del Estado Social afecta a los hombres y a las mujeres de manera diferente debido a que los modos de participación en el mercado del trabajo difieren para ambos sexos. Más allá de las relaciones hombre / mercado que, a menudo, ocultan esta realidad de las mujeres, es necesario observar las relaciones de género y de clase, del trabajo remunerado y no-remunerado, y como estas actividades se organizan y son recompensadas. La ciudadanía incluye los hombres y mujeres de una sociedad y los análisis deben tener este hecho en cuenta.
…….y el etiquetador vació todos sus bolsillos, buscando con afán un sello para la Isla. Horas estuvo con la cabeza gacha, con la mirada fija en el manto de hojas amarillas que cubría todo el suelo, cavilando una y otra vez, suministrándose tenues golpecitos en las sienes, hasta que sentado en una piedra al centro del tercer bosque, uniendo retazos de tres colores, encontró la solución.
Bibliografía:
- Avelino, George y Fernado Filgueira, "Democracia, ciudadanía y políticas sociales en el Cono Sur latinoamericano". En: Manuel Alcántara Sáenz e Ismael Crespo (eds.), Los límites de la democracia en América Latina, edit. Universidad de Salamanca, Salamanca.
- Basail, Alain Rodríguez (compilador). Políticas Sociales comparadas. (Formato Digital-Editorial desconocida).
- Catá, Euclides Guilarte. Política Social. Selección de lecturas. Editorial Félix Varela. La habana, 2003.
- Ruiz, María Elena. Desafíos y oportunidades para la equidad de género en América Latina y el Caribe. www. Worldbank.org .
Lic. Yonnier Torres Rodríguez
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