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Planteamientos sobre Iglesia y Estado en Costa Rica (página 2)


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1.6 Por otra parte, la Iglesia tiene derechos y posiciones que debe defender ante el Estado y la sociedad. Pareciera conveniente que mejore su percepción de cuáles son sus derechos y organizarlos según prioridades. Debe precisarlos, comprenderlos, difundirlos y establecer las formas de defenderlos en caso necesario. No olvidar nunca que su principal derecho, evangelizar, incluye promover la encarnación de su doctrina social en las estructuras sociales y los valores ciudadanos. Ahora bien, con el fin de abordar adecuadamente esa labor, es preciso tomar nota de las siguientes realidades socio-políticas.

Los políticos y las autoridades eclesiásticas

2.1 Los políticos anhelan "bañarse en agua bendita". Ningún político, en el ejercicio del poder o aspirando a él, se acerca a la Iglesia por pura generosidad. Las razones son diversas, pero en el fondo complementarias.

  • El pueblo creyente, católico o evangélico, comprende la realidad social mediante símbolos religiosos, no a través de conceptos científico-sociales. Solamente una minoría de intelectuales posee una interpretación no simbólico-religiosa del funcionamiento de la sociedad. Y, cuando se trata de asuntos éticos, prácticamente toda la población acude a categorías religiosas. Por esos motivos, un discurso pronunciado desde las gradas de la Catedral de San José hace que suba la aceptación popular de quien lo pronuncia. No hace falta multiplicar los ejemplos.

  • Una ley o una disposición gubernamental será mejor recibida por la población si aparece avalada por una autoridad religiosa.

  • Los políticos necesitan que los vean visitando lugares santos y participando en ceremonias religiosas. Al aparecer compartiendo algo valioso para ganan simpatías. De la misma manera, ganan prestigio cuando la gente los ve buenos, piadosos, bien intencionados cuando, por ejemplo, participan en una Eucaristía trasmitida por los medios de difusión.

  • Por su historia, la Iglesia Católica de CR goza de gran credibilidad en asuntos sociales (aunque ésta se erosiona más y más por su tímido desempeño en lo que se refiere a su opción preferencial por los pobres). Algunos políticos anhelan participar de ese prestigio.

  • En tiempos de crisis institucional, y para no citar ejemplos cercanos recordemos el final de la administración Carazo y la última guerra civil de Nicaragua, los políticos, los grandes empresarios y quienes dirigen los medios de difusión masiva pueden requerir el apoyo de las autoridades del pueblo de Dios, como recurso para garantizar la continuidad del orden institucional.

2.2 Las autoridades eclesiásticas no deberían apoyar a las civiles de modo automático, sólo por haber sido establecidas mediante elecciones. Los procesos electorales de nuestra democracia formal no son siempre del todo transparentes. Se les distorsiona mediante el financiamiento de los empresarios, el clientelismo político, las trabas legales interpuestas a los nuevos partidos, el poder de multimillonarias maquinarias electorales, el nulo contenido educativo de las campañas…

Cabe entonces, por parte de la jerarquía, un sano distanciamiento que, sin dejar de reconocer a las autoridades civiles, evite encumbrarlas. Es preferible no compartir con ellas los símbolos religiosos, no cubrirlas con una inmerecida aureola sagrada. La Iglesia debe siempre resguardar su distancia crítica y profética.

2.3 Cuando sea inevitable aparecer al lado de las autoridades civiles, puede estudiarse la posibilidad de plantear algún condicionamiento; al menos dejar abierta la posibilidad de pedir cuentas en el momento necesario.

2.4 Una variante del apoyo de la Iglesia al Estado y al desorden establecido (el "pecado del mundo", según el lenguaje del Evangelio de San Juan) se da cuando, de modo implícito o explícito, alguna autoridad religiosa dice cosas al estilo de "Costa Rica, democracia casi perfecta", tendientes a sacralizar la realidad nacional y disimular sus evidentes deficiencias.

2.5 Hay otro tipo de "servicios" que los políticos y la gran empresa solicitan de la Iglesia. De modo más o menos sutil se le pide utilizar contra el pueblo el ámbito de lo sagrado. En repetidas ocasiones se ha malinterpretado que los sectores populares se movilicen conducidos por sus líderes. A veces las autoridades eclesiásticas han desautorizado a esos líderes tildándolos de comunistas (sin serlo) y de extremistas, cuando tampoco lo son. Los eclesiásticos tienen que disponer de pruebas fehacientes antes de atribuirle a una agrupación ese tipo de tendencias, de lo contrario entran en el juego de los medios de difusión masiva. Uno de los aspectos de la singular labor pastoral de Mons. Sanabria en el campo social fue justamente realizar un discernimiento evangélico de los movimientos populares.

La endeble situación política de la Iglesia

Que la mayoría de la población se confiese católica no garantiza per se la fortaleza política de la Iglesia, ni siquiera para defender sus legítimos derechos. Entre los motivos se mencionan los siguientes:

3.1 Los movimientos apostólicos, que agrupan a la mayoría de los laicos activos, carecen de una espiritualidad sensible hacia los asuntos sociopolíticos. Cuando mucho, realizan obras caritativas. Desgraciadamente, ignoran casi todo lo que se refiere a la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y el magisterio social de los obispos costarricenses.

3.2 Un porcentaje alto de presbíteros no sabe interpretar la realidad socioeconómica desde los criterios del evangelio y la DSI. Como efecto indeseable del rechazo que se dio en su momento a la teología de la liberación, en los ambientes de formación de clérigos, especialmente en los seminarios, se logró un efecto contraproducente: se anatematizó la conciencia social. Ahora se pagan las consecuencias al no lograrse el apoyo de los eclesiásticos a los movimientos sociales cuando defienden causas justas.

3.3 Los factores precitados engendran el analfabetismo político del católico medio, sin exceptuar quienes participan en movimientos apostólicos, y les hace caja de resonancia de los prejuicios ideológicos sembrados por los medios de difusión masiva.

3.4 Difícilmente puede negarse que la mentalidad liberal predomina en la conciencia de las gentes -sin excluir a una porción del clero- a la hora de comprender los límites propios de la religión. No en vano, durante unos 150 años, el liberalismo ha inoculado entre el pueblo costarricense la tesis de que la fe es asunto exclusivo de la conciencia individual. Para esta mentalidad, el reino de Dios no incluye la organización de la economía ni la justicia social. Así procuran imponer límites a la soberanía de Dios, mientras los eclesiásticos nos quedamos perplejos.

3.5 El 75 u 80% de los costarricenses que se dicen católicos no conforman una fuerza política fácil de movilizar, ni siquiera de mantener bien informada, asunto este último decisivo, pues:

  • Están divididos en partidos políticos.

  • Pertenecen a todas las clases sociales.

  • En la feligresía se encuentran opiniones disímiles en asuntos capitales como el estado laico y la educación religiosa escolar.

  • Ni siquiera en los clérigos hay unanimidad de opiniones.

3.6 Las cámaras patronales no temen corregir a los obispos en materias sociales. Varias veces lo han hecho, con éxito para su causa. Para imponer sus puntos de vista ante la "opinión pública", disponen de los medios de difusión masiva. Siempre machacan con que los clérigos desconocen los términos técnicos del asunto en cuestión y que opinan sobre asuntos que escapan a su competencia.

3.7 La Iglesia atraviesa un período difícil al comenzar el siglo XXI.

  • Las faltas públicas de unos pocos presbíteros han sido sobredimensionadas.

  • Desde hace varios años, las transnacionales de la información llevan a cabo una sistemática campaña de desprestigio contra la Iglesia.

  • Los presbíteros "televisivos", que habían conseguido gran audiencia años atrás, fueron encarcelados.

  • La cuestión SAMA sigue dando qué hablar. Se dice que la Iglesia posee cuantiosos bienes y que no los invierte en obras de bien social.

  • El asunto de la educación sexual ha traído mucho desprestigio. Igual la censura de películas como "La Última tentación de Cristo".

Una situación jurídica confusa

La Iglesia Católica de Costa Rica no yace sobre un lecho de rosas. Por el contrario, sufre embates de enemigos bien colocados, unos en poderosas ONG propagandistas de tesis irreconciliables con la ética cristiana, otros en medios de difusión de ideología neoliberal. Además, todavía hay resabios del viejo anticlericalismo decimonónico, representados por abogados y médicos, principalmente.

Desde finales del siglo XIX se arrastra una situación jurídica incierta, que ha venido embrollándose en los últimos tiempos.

Transcribimos un fragmento de la charla que Mons. José Francisco Ulloa, Obispo de Cartago, por entonces Presidente de la Conferencia Episcopal, ofreciera en el Seminario Central el 21 de setiembre del 2006, porque da una idea clara de lo complejo de la situación actual.

Desde hace algunos años, el artículo 75 se ha visto fuertemente debilitado, ante el cambio en la mentalidad de costarricenses por el secularismo y por la igualdad de derechos y condiciones de todos los ciudadanos sin distinción de pensamiento o de religión. Se ve en este artículo una fuente de privilegios para la iglesia católica, que discrimina a otros grupos religiosos. Razones por las cuales se ha generado una fuerte aversión hacia el mismo, con solicitudes para abrogarlo constitucionalmente.

Durante los últimos gobiernos se han dado algunas decisiones que han afectado el modus vivendi disfrutado por la Iglesia en el pasado.

Se eliminó la exoneración de impuestos sobre vehículos y sobre materiales educativos concedidos a la Iglesia por muchos años. Se desconoció la idoneidad jurídica de la Iglesia para recibir recursos públicos a favor de sus obras. Se eliminó al subsidio para los Obispos concedido por el Estado desde 1849.

Se le ha querido considerar y tratar a la Iglesia como una "organización no gubernamental" de carácter internacional o equipararla a una mera asociación sin fines de lucro.

Por ello, algunos así llamados privilegios que goza la Iglesia, los grupos que se sienten discriminados y con derecho también a tenerlos, han hecho un reclamo formal, sea ante la Legislación o a la misma Iglesia para que los comparta. Es el caso de la enseñanza de la religión católica en centros educativos de primaria y secundaria. Esta situación ha pasado por la Sala Cuarta y ha llegado hasta las Naciones Unidas. Lo mismo cuando se trata del reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio celebrado en la Iglesia.

Fortalezas del Estado al negociar con la Iglesia

Como marco histórico general sobre el tema de este apartado, se puede afirmar que los gobiernos promotores y defensores de las transformaciones sociales (prevalecientes con altibajos de 1940 a 1986) buscaban alianzas con la Iglesia para promover su obra social. Desde la primera administración Arias (1986-1990) en adelante, predominan los gobiernos de corte neoliberal. Su política hacia la Iglesia se propone que ésta intervenga lo menos posible en asuntos sociales, sacarla del juego socio-político.

5.1 El Estado, evidentemente, presupuesta recursos incomparablemente superiores a aquellos que pueda manejar la Iglesia. Mantiene instituciones de beneficencia y programas de pensiones no contributivas, comedores escolares, becas para estudiar… La situación ha cambiado respecto a las décadas anteriores, cuando el Estado necesitaba a la Iglesia para prestar algunos servicios de educación y salud.

5.2 Siempre los pobres entre los pobres necesitarán a la Iglesia, pero para atenderlos ésta necesitará cada vez más del Estado y de benefactores generosos.

5.3 Dada la complejidad del aparato estatal, los gobernantes, a la hora de rendir cuentas sobre compromisos adquiridos con los eclesiásticos, pueden invocar argumentos como una inesperada escasez de fondos, trabas burocráticas, el poder de los mandos medios…

5.4 Es absolutamente necesario que las autoridades eclesiásticas perciban que los gobernantes, los grandes empresarios y los medios de comunicación social utilizarán, para defender sus intereses, todos los recursos disponibles y de uso corriente en la política: el chantaje, la concesión de prerrogativas a cambio de favorcitos, privilegiar a determinado clérigo al que inundará de prebendas con tal de que les preste servicios importantes, etc. Otros recursos ya utilizados en Costa Rica son:

  • Medir la fortaleza de la Iglesia amenazando con quitarle la poca ayuda que recibe del presupuesto público.

  • Extender la divulgación de casos clericales penosos y a veces punibles.

  • Negar a los eclesiásticos reconocimientos oficiales.

  • Proclamar un Estado laicista y otorgar trato de privilegio a los protestantes.

  • Intentar dividir a la Iglesia, poniendo a obispos contra obispos; presbíteros contra obispos, institución eclesial contra institución eclesial. Ya lo han intentando con provecho para su causa. Hubo dos casos de los que hay que sacar las lecciones oportunas:

Uno ocurrió con motivo de un folleto de CECODERS-Cáritas (1987). Otro con la publicación de una carta pastoral de Mons. Alfonso Coto sobre la situación de los trabajadores bananeros, en la navidad de 1989. Ambos provocaron largos debates por la prensa. De modo significativo, en los dos conflictos el periódico La Nación y el director de la Escuela Social Juan XXIII se situaron abiertamente contra los obispos.

5.5 Hay periodistas y empresarios que, sin ningún escrúpulo, se declaran católicos y neoliberales a la vez. Rechazan cualquier mejora social, salvo las obras de caridad y beneficencia. Como si tal cosa, procuran mover sus molinos con agua bendita.

Fortalezas de la Iglesia ante el Estado

6.1 Fortalezas provenientes del ser mismo de la Iglesia:

  • La fuerza de la Iglesia radica en la fuerza de verdad; en la solución tan equilibrada que propone en los conflictos entre capital y trabajo; en la sugerencia de crear organismos intermedios entre el Estado, la empresa y el asalariado; en su capacidad de proponer instituciones solidarias como la CCSS; en la historia del catolicismo social de Costa Rica, repleta de logros. Pero "no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón".

  • El lenguaje eclesial, que es el lenguaje del evangelio, habla directo al centro del ser humano. Es sobradamente capaz de despertar esperanza incluso en los no creyentes.

  • La Iglesia dispone de una tupida red de parroquias a las que asiste habitualmente una importante cantidad de ciudadanos de todas las edades y grados de educación. Muchos de ellos se han comprometido en trabajos de catequesis, liturgia, educación religiosa. El poder de irradiación de ambos sectores es enorme, siempre y cuando sea debidamente informado y motivado.

  • A la Iglesia le corresponde continuar impulsando el catolicismo social en la realidad costarricense, con libertad y competencia profesional. Al igual que en el pasado, deberá encontrar aliados en las organizaciones populares.

6.2 Fortalezas inscritas en la actualidad nacional:

  • Ciertamente, los movimientos sociales ofrecen una gran diversidad, dentro de la cual opera una minoría extremista. Pero los mejor organizados, mayoritarios y prestigiosos, como ANEP y UPANACIONAL, poseen ofertas de "proyecto país" equilibradas, técnicamente coherentes, aptas como plataforma para el diálogo social, fundamentadas, según sus propias palabras, en el "humanismo cristiano". Siendo así, una fortaleza de la Iglesia consiste en buscar entendimientos con estos grupos.

  • La crisis del neoliberalismo radica en su incapacidad para proteger el medio ambiente, en su necesidad de "adelgazar" la clase media para seguir funcionando y en su ineptitud para atender las necesidades básicas del 20% de la población, el piso inferior de la sociedad. Por eso carece de futuro y mal haría la Iglesia si no utiliza su poder espiritual para oponérsele.

Objetivos de una política eclesial ante el Estado

Consideraciones previas:

Siendo tan difícil negociar con el Estado y tan dispares las fuerzas, se entiende que muchos católicos se engañen ilusionándose con ignorar al Estado, hacer como si no existiera. Sin embargo, por razones arraigadas en el Evangelio, la Iglesia tiene el deber de luchar por el bien común, en especial por los empobrecidos.

Como se comprende, una entidad que agrupa a más del 75% de la población, que dispone de una palabra respetada acerca de los asuntos éticos de mayor trascendencia, no puede evitar relacionarse con el Estado. Menos aún cuando la Iglesia supo cumplir con deberes ante los pobres al apoyar las reformas sociales del decenio de los cuarenta, cuyos beneficios son ampliamente reconocidos y sólo los niegan los ultra- neoliberales.

Por otra parte, el aislamiento eclesial ante asuntos sociales es impracticable, pues el Estado procurará que la Iglesia lo apuntale directa o indirectamente. También debe evitarse la tentación opuesta: ceder al Estado en todo, buscar su complacencia, convertir a la Iglesia en un apéndice gubernamental: el departamento de propaganda religiosa.

7.1 El primer objetivo de la Iglesia ha de ser garantizar su libertad, su voz profética en asuntos de ética personal y de ética social. El éxito depende de mantener y ensanchar su credibilidad, de su voluntad de actuar con libertad evangélica. De lo contrario, correrá la suerte de la sal que perdió su sabor.

7.2 La libertad de la Iglesia ante el Estado y los grandes empresarios se ejercita al menos de tres maneras:

  • Decir lo que piensa de los problemas nacionales.

  • Educar al Pueblo de Dios en materias sociales y contribuir en su organización, con la finalidad de que consiga las metas de justicia social necesarias.

  • Establecer alianzas con quien lo crea oportuno, con el propósito de impulsar el Reino de Dios.

7.3 La Iglesia costarricense de las últimas décadas ha sabido ejercer la primera forma, pero se ha atado de manos al no saber practicar las otras dos. Hay sin embargo, excepciones recientes. Se mencionan tres de modo indicativo:

  • El enraizamiento de Radio Santa Clara entre pequeños y medianos propietarios del norte y los grupos ambientalistas, entre otros, gracias a lo cual goza de independencia financiara y de libertad para emitir un pensamiento autónomo.

  • El Foro Emaús de la Diócesis de Limón, surgido de la carta pastoral de Mons. Coto de 1989, del que se retiró inopinadamente la jerarquía de esa Diócesis hace pocos meses.

  • El acompañamiento de Cáritas al pueblo de Sardinal, Diócesis de Tilarán, en su lucha por el agua, entendida no como mercancía sino como derecho humano.

7.4 Un objetivo de la Iglesia es ganarse el sitial de entidad que facilita al pueblo el organizarse para defender sus legítimos intereses, el primero de todos, disminuir la brecha social, garantizar oportunidades al 20% de los costarricenses sumergido en la pobreza.

7.5 La Iglesia aumenta su credibilidad si –y solo si- mantiene una actitud crítica, profética, sin aliarse con los poderosos de este mundo. Y, a la inversa, la pierde cuando se congracia con los acaudalados.

7.6 El evangelio es una unidad. No admite divisiones. Es imposible anunciar sus aspectos dogmáticos, litúrgicos y de ética personal, pero posponiendo la dimensión social.

7.7 La jerarquía participa en un intercambio asimétrico de bienes simbólicos con el Estado. No perdería gran cosa si desistiera de recibir del Estado este tipo de bienes, pues da mucho más de lo que recibe. La evangelización no gana nada con que los obispos estén presentes como invitados oficiales en las liturgias estatales. Esa función bien se podría delegar al Nuncio Apostólico.

Materias mixtas Iglesia-Estado en Costa Rica

La siguiente es una lista provisional de situaciones en las que la Iglesia y el Estado deben buscar acuerdos regulados legalmente. Cada una requiere estudios teológicos, jurídicos y sociológicos, y diálogo con los interesados.

  • El derecho laboral;

  • la legislación familiar (matrimonio);

  • la paternidad responsable y la prospección demográfica;

  • la fecundación in vitro y otros temas de bioética;

  • la educación sexual;

  • las lecciones de religión en centros estatales;

  • el apoyo de la Iglesia a iniciativas estatales de bien público;

  • el apoyo estatal a iniciativas eclesiales de bien público;

  • los colegios de financiación mixta entre el MEP y las congregaciones religiosas;

  • los días feriados (santos patronos de pueblos, semana santa, navidad…);

  • las leyes sobre la contaminación sónica y su conexión con las actividades religiosas;

  • la formación de partidos políticos evangélicos;

  • el control de agrupaciones religiosas que atentan contra la moral universal y las buenas costumbres, y las que succionan el dinero de los ciudadanos.

Los anteriores temas pueden agruparse por afinidad para facilitar su estudio. Algunos entrañan crisis potenciales. Sería útil adelantarse produciendo reflexiones bien informadas mediante la creación de grupos interdisciplinarios analíticos y propositivos, integrados por especialistas, laicos y clérigos, hombres y mujeres. El conocimiento y valoración de los informes así producidos permitirá a la Conferencia Episcopal trazar políticas oportunas y coherentes, tomar previsiones y evitar ser tomados por sorpresa y dar respuestas de emergencia. Ya se ha creado una Comisión de Juristas que estudia alternativas al artículo 75 de la Constitución.

 

 

Autor:

Oscar Lobo Oconitrillo

12/06/2010 Costa Rica

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