Planteamientos sobre Iglesia y Estado en Costa Rica

Las siguientes líneas se escriben desde una perspectiva eclesial sustentada en los documentos del Concilio Vaticano II y del CELAM.

Puedo garantizar que ninguna de mis observaciones sobre la realidad costarricense carece de base empírica. Por ese motivo, traigo a cuento lo que decía un viejo profesor: "La evidencia no se discute, se interpreta". Así pues, se abre la discusión para quienes deseen interpretar y ofrecer nueva información relevante.

Por motivos comprensibles, prefiero que estos planteamientos circulen únicamente entre eclesiásticos. Cualquier filtración a otros ámbitos no será mi responsabilidad.

Miguel Picado G., Pbro.

Motivación

1.1. Las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado en Costa Rica necesitan una cuidadosa y permanente reflexión. A juzgar por los acontecimientos de las últimas décadas, en las cuales se han obtenido resultados desventajosos, y con base en la información disponible, cabe opinar que es necesario construir una visión coherente, capaz de ayudar a las autoridades jerárquicas en la articulación de objetivos y tácticas. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado no pueden confiarse al azar ni a la buena disposición de las sucesivas y cambiantes autoridades públicas. Tampoco pueden sostenerse sobre la eventual amistad entre obispos y gobernantes. Es necesario recordar la máxima de que, en política no hay favor gratis; que quien recibe un favor se compromete a resarcirlo de alguna manera.

1.2 La palabra "Estado" cubre una realidad compleja. Por una parte expresa la institucionalidad pública. En nuestro país, el "Estado" lo forman los tres poderes clásicos, el TSE, la copiosa legislación y la igualmente copiosa pléyade de entidades autónomas. "Gobierno" designa el poder ejecutivo con sus ministerios. El Estado y el Gobierno son terreno de disputa donde multitud de actores: Empresas nacionales y transnacionales, y sindicatos; partidos políticos y organizaciones no gubernamentales; la Iglesia; las iglesias de origen protestante y otras asociaciones religiosas; grupos étnicos y culturales; cooperativas y uniones campesinas; embajadas y organismos internacionales pugnan por la prevalencia de sus intereses. Cada uno goza de cierta autonomía pero todos son interdependientes.

1.3 La Iglesia no existe para derribar gobiernos ni para manipularlos, pero tampoco para bendecirlos en cualquier circunstancia y menos al precio de su propia credibilidad. La doctrina católica asigna al Estado la tarea de promover el bien común, razón por la cual, ocasionalmente, la Iglesia se encuentra en la obligación de censurar determinado acto gubernamental o manifestar en público su distanciamiento. Más importante aún, procura moldear la sociedad, con la esperanza de que se organice de acuerdo con su doctrina social. La jerarquía católica está obligada, pues, a buscar sucesivos y difíciles entendimientos con el gobierno y los otros actores sociales.

1.4 Nos guste mucho o nada, en sus relaciones con el Estado, la Iglesia opera como una fuerza sociopolítica al lado de otras y en competencia con otras. Desde luego esto no es lo principal de su misión, es como una adherencia, pero inevitable. Sin ser un partido político, no puede negar su calidad de factor político de primera importancia. Esto debemos tenerlo tener muy claro todos, principalmente las autoridades eclesiásticas, porque implica:

• Separar las buenas intenciones de los políticos (auténticas o fingidas) de los hechos reales.

• Conocer los intereses de cada grupo de presión y su juego político, asunto decisivo en una época como la actual, cuando las pretensiones económicas se esconden frecuentemente detrás de las políticas.

• Dejar de lado las propias preferencias partidarias (si las hubiera) así como los intereses de otro tipo, para llevar adelante una política coherente y de conjunto.

1.4 Nadie discute la conveniencia de que los derechos del pueblo de Dios se amparen en leyes nacionales y en declaraciones internacionales, pero la historia –también la de Costa Rica- recuerda ocasiones en que un gobierno irrespetó impunemente las leyes que protegían a la Iglesia. Por consiguiente, si bien la protección legal no carece de importancia, es preciso admitir que vale en tanto y en cuanto la Iglesia logre que se respete.

1.5 Resulta peligroso para la Iglesia costarricense suponer que ella se desenvuelve en un Estado católico. De hecho, ni las leyes ni la práctica de las instituciones públicas respaldan de modo efectivo las tesis católicas en asuntos controvertidos como la planificación demográfica, la legislación matrimonial, la educación sexual… Los acontecimientos de los últimos años no permiten equívocos. Tanto el artículo 75 de la Constitución (que afirma que la religión del Estado es la católica), como el 74 (donde se menciona el principio cristiano de justicia social como orientador de los derechos ciudadanos) son objeto de continuo debate, abierto o solapado.