La accidentada ruta hacia el Congreso Universitario de 1990 (página 2)

1986: fortalezas y debilidades de una "Universidad gigantesca y mal organizada"

   El Congreso Universitario sería consecuencia del proyecto de reformas presentado por el Rector Jorge Carpizo en abril de 1986. En el célebre documento Fortaleza y debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México [2], Carpizo hacía una severa crítica de las negligencias y omisiones que, junto a sus conocidas luces, padece la Universidad más grande del país.

   Ineficiencia para concluir estudios de licenciatura, rezagos en la titulación en el posgrado, carreras con sitios vacantes a pesar de la enorme demanda en otras y la injusticia que para la mayoría de los egresados de bachillerato significaba el pase reglamentado a la licenciatura que beneficiaba a los egresados de las preparatorias de la UNAM, eran algunas de las zonas oscuras señaladas por el Rector.

   Aquel inventario incluía el mínimo esfuerzo que suele invertirse en la presentación de exámenes extraordinarios, la deficiente orientación vocacional, el enmascaramiento del servicio social que se ha convertido en requisito y no en oportunidad de retribución al país y  la permanencia de cuotas cuyo carácter simbólico eximía de compromiso con la Universidad a muchos estudiantes y sus familias. La crítica al personal académico era inclemente: ausentismo, incumplimiento de la legislación que exige la presentación de informes y programas de trabajo y, en ocasiones, la existencia de profesores que cobran pero no trabajan. A las autoridades, el Rector Carpizo les reprochaba el abuso en la contratación de profesores sin pasar por concurso de selección.

   La preeminencia de consideraciones políticas por encima de las académicas, el deterioro en la calidad de la enseñanza y la disminución de los recursos financieros de una Universidad cuyas debilidades le impedían exigir más porque no se comprometía a más, eran parte de ese panorama drástico y ácido. En 30 puntos, Carpizo describía las carencias de "una Universidad gigantesca y mal organizada; en algunos aspectos se da una fuerte centralización que ahoga a las dependencias académicas, y en otros no existe ningún control… La gran magnitud de la Institución ha tendido a favorecer una grave inercia e inamovilidad en sus más diversos aspectos. En varias facetas la Universidad ha perdido el buen sentido de competitividad para superarse y ser mejor" [3].

   A partir de ese diagnóstico, Carpizo convocó a los universitarios para expresar sus opiniones. Entre abril y septiembre de 1986, la Rectoría recibió 1760 ponencias a cargo de consejos técnicos e internos, colegios, asociaciones, miembros del personal académico y estudiantes, entre otros actores de la vida universitaria. Con ese aval, el Rector presenta un paquete de reformas que incluyen la derogación del pase automático del bachillerato a la licenciatura; el establecimiento de una sola vuelta en exámenes extraordinarios; la fijación de límites máximos para presentar tales exámenes así como para las materias que pueden ser reprobadas; el despido de los profesores que no trabajen; aumento en las cuotas por servicios como exámenes extraordinarios, examen médico y expedición de certificados; el cumplimiento cabal de las horas para las que está contratado cada profesor y la evaluación del personal académico a partir de los programas que entregue a sus consejos técnicos. Esas medidas, que en total eran 26, incluían apoyos didácticos para los estudiantes, revisión y actualización de planes de estudio y elección directa y secreta de los representantes de profesores y alumnos a los consejos técnicos y universitario [4].

   Esas propuestas del Rector, fueron aprobadas por el Consejo Universitario los días 11 y 12 de septiembre. En rechazo a ellas, el 31 de octubre se constituyó el Consejo Estudiantil Universitario, CEU, con representantes de 25 escuelas de la UNAM. Diez días más tarde, el Rector designa una comisión para negociar con esos estudiantes. Sin embargo, ya estaba en marcha una escalada de confrontación entre ambas partes.

Rechazo estudiantil, diálogo público y Congreso luego de 20 días de huelga

   El CEU alegaba que la Universidad no podía eliminar derechos que los estudiantes habían disfrutado durante años. Las autoridades de la UNAM, sostenían que la actualización y ampliación de esos derechos (por ejemplo, para los estudiantes de bachilleratos no dependientes de la Universidad) eran parte de una actualización indispensable.

   El 13 de noviembre, el CEU sostiene un paro en varias escuelas y facultades. Aunque la Rectoría propone atenuar el efecto de algunas de las disposiciones aprobadas por el Consejo Universitario (estableciendo plazos más amplios para su cumplimiento, entre otras medidas) el rechazo estudiantil aumenta. El CEU insiste en la derogación de las reformas y, además, en la realización de "un Congreso Universitario de Transformación Democrática" [5].

   Entre el 6 y el 9 de enero de 1987, la comisión de Rectoría y los dirigentes del CEU sostienen una discusión pública en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras. El Consejo Estudiantil insiste allí en la realización de un Congreso. No había una idea muy precisa acerca de cómo, cuándo y en ocasiones, ni siquiera para qué celebrar ese evento al cual, sin embargo, se le anticipaba como magno y todopoderoso, o casi, para resolver los problemas de la UNAM. Pero ese tema, junto con el rechazo a las reformas de septiembre, se convirtió en la principal demanda del para entonces creciente movimiento estudiantil.

   En las pláticas públicas, las autoridades universitarias se dedican a responder a las impugnaciones a las reformas aprobadas por el Consejo Universitario e incluso, ofrecen una nueva colección de propuestas para matizarlas. El CEU se niega a aceptarlas. En su rechazo formal a la nueva iniciativa de Rectoría, el 16 de enero el Consejo Estudiantil propone: "la realización de un Congreso General Universitario". El método para llegar a ese Congreso, de acuerdo con el CEU, sería el siguiente: "Planteamos la conformación inmediata de una gran comisión universitaria integrada por profesores, investigadores, trabajadores, estudiantes y autoridades de la UNAM. Esta gran comisión universitaria habrá de proponer los mecanismos, la composición, la agenda y los tiempos de discusión del Congreso Universitario" [6].

   La Comisión de Rectoría aceptó llevar esa iniciativa al Consejo Universitario. Sin embargo, las pláticas habían servido de poco para acercar las posiciones del CEU y las autoridades. El 20 de enero, en un comunicado, el Rector Jorge Carpizo admitió: "diversos sectores han manifestado que la problemática general de la Casa de Estudios debe ser analizada en un Foro, Asamblea o Congreso" e insistió en que esa posibilidad debía ser conocida por el Consejo Universitario [7]. El 26 de enero la propia Comisión de Rectoría, en un documento entregado al CEU, señala que ese "Foro o Congreso" sería escenario de "una gran discusión sobre los problemas de la Universidad" , a fin de que "todos los universitarios elaboremos juntos la reforma capaz de poner a la UNAM a la altura del país que queremos construir". La convocatoria al Congreso sería elaborada por una comisión del Consejo Universitario, según esa propuesta [8].

   El mismo Jorge Carpizo, el 29 de enero en un mensaje público, señaló que "el contexto universitario ofrece las condiciones para que, mediante la celebración de uno o varios foros o congresos, se apunten las ideas de la universidad futura. Efectivamente es necesario ampliar aún más la discusión y promover la participación de todos y en todos los ámbitos de la Universidad. Congreso sí, respondimos, pero dentro de los cauces normativos de la Institución. Crear una nueva legalidad pero a partir de la legalidad existente. Congreso respetuoso de los órganos y estructuras institucionales para buscar desde ellas su modernización y perfeccionamiento; Congreso abierto a todos, representativo de la pluralidad universitaria". Carpizo apuntaba, desde entonces, una de las limitaciones formales del Congreso: "el Consejo Universitario no está facultado para delegar su propia competencia legislativa, pero es indudable que ponderaría las conclusiones de un congreso universitario plural" [9].

   En ese mensaje, el Rector sugería que el Congreso debía ser el punto de llegada de un extenso proceso de deliberación y no el único espacio de esa discusión: "Se han expresado muchos sectores –consejos técnicos, consejos internos, asociaciones y colegios de profesores e investigadores, grupos y sociedades de alumnos– que quieren participar en la transformación de la Universidad. Quieren voz y quieren voto. Por ello y para ello está la propuesta de foros en cada facultad, escuela, instituto y centro, como una etapa preliminar del Congreso Universitario" [10].

   Sin embargo, unas horas antes había estallado la huelga estudiantil. El CEU cerró la mayor parte de las escuelas y facultades, dentro y fuera de Ciudad Universitaria. A pesar de la huelga, las comisiones de Legislación Universitaria y de Trabajo Académico del Consejo Universitario siguieron sesionando para recibir a diversos grupos que expresan opiniones acerca del Congreso Universitario.

   El 10 de febrero, el Rector propone al Consejo Universitario la realización de un Congreso General. En sus consideraciones, Carpizo manifiesta: "El Congreso Universitario no ha de verse como espacio para una contienda política ni como instancia sectaria que aplaste al supuesto contrincante, o que extermine los puntos de vista opuestos. Por el contrario, el Congreso debe ser sitio de absoluta libertad y legitimidad para la confrontación de las ideas, para la expresión de las razones y para la búsqueda de procesos de síntesis que favorezcan el desarrollo de la Universidad". La propuesta del Rector indica que el Consejo Universitario "deberá asumir las conclusiones del Congreso Universitario" y que habrá de crearse "una comisión organizadora del Congreso donde se encuentre representada la pluralidad de la Universidad" [11].

   Esa noche, a propuesta de Carpizo, el Consejo Universitario aprueba la realización de un Congreso y la suspensión de los reglamentos de septiembre anterior. La propuesta aprobada estableció la creación de una comisión organizadora del Congreso formada por 48 universitarios. 16 de ellos, fueron designados en esa misma sesión. Otros 16 serían representantes electos por los estudiantes y una cantidad igual, delegados del sector académico. Las formas de elección tendrían que ser definidas por los primeros 16, miembros del Consejo Universitario [12].

   Después de nuevos regateos y de consultas de la dirección estudiantil en sus asambleas, la huelga termina el 17 de febrero. Aunque desde entonces se dijo que el Congreso había sido una conquista de esa huelga, desde antes de la suspensión de labores las autoridades universitarias lo habían aceptado (el otro logro, fue la suspensión de los reglamentos que el CEU había impugnado).

   La única diferencia, estuvo en la capacidad resolutiva que se le adjudicó al Congreso. Antes de la huelga, el Rector proponía un Congreso cuyas conclusiones fuesen consideradas por el Consejo Universitario. Ya con huelga, especificó que esas conclusiones las debería "asumir" el Consejo.

   La imprecisión de esa fórmula, fue advertida por el mismo Consejo Estudiantil Universitario, en cuyo interior se discutió largamente la resolución del 10 de febrero. En un manifiesto publicado al levantamiento del paro, el CEU enumeraba entre las "conquistas históricas" de "nuestro vigoroso y legítimo movimiento de huelga": "Un Congreso General Universitario que se entiende es resolutivo, al asumir el Consejo Universitario sus conclusiones" [13].

1987: diez meses para instalar la COCU y el regateo por la proporcionalidad

Cuando un acuerdo requiere de tantas explicaciones, es porque cada una de las partes que lo suscribió puede tener interpretaciones distintas acerca de él. Entonces ese acuerdo, tarde o temprano, será nuevo motivo de litigio. La idea de que el Congreso "se entiende que es resolutivo", sería motivo para el estancamiento que sufrirían sus acuerdos. Para eso, tendría que transcurrir mucho más tiempo.

   Antes del Congreso, se desarrollaría un largo, tenso e incluso tedioso periodo de negociaciones sobre los procedimientos para realizarlo. Entre la designación de los primeros 16 integrantes de la Comisión Coordinadora y la elección de los otros 32, pasaron casi diez meses. Entre la decisión del Consejo Universitario para realizar el Congreso y la inauguración de ese evento, pasaron tres años con tres meses.

   Después de la huelga estudiantil de enero-febrero de 1987, las principales fuerzas políticas de la Universidad compartían la idea del Congreso, o al menos eso manifestaban, pero trataban de entorpecerse mutuamente el camino hacia ese evento. Cada una, quería establecer reglas a su propia conveniencia para favorecer la designación de una mayor cantidad de delegados capaces de representar sus puntos de vista.

   Durante casi tres años, la preparación del Congreso estuvo casi totalmente dedicada a un tenso e intenso regateo alrededor de las normas para constituirlo. Una primera fase de ese largo periodo, fue destinada al cabildeo y el intercambio dentro de la Comisión Especial, que era como se designaba al grupo de 16 universitarios designados en febrero de 1987. El reglamento para sus discusiones internas, los procedimientos para dar a conocer acuerdos, los horarios y el sitio de las sesiones y hasta los asuntos de mayor detalle, consumieron las primeras semanas de esa Comisión.

   Poco después, se manifestó la existencia de diversas concepciones acerca de la participación de los universitarios en las discusiones futuras. Los representantes del CEU querían que el resto de la Comisión Organizadora fuese designado a partir de planillas por cada sector: la planilla que obtuviese más votos, tendría derecho a designar todos los delegados por esa área.

   Las cuentas que hacía el CEU se sustentaban en un ajado pero efectivo corporativismo pero junto con ello, eran profundamente antidemocráticas. Como suponían que en el sector estudiantil tendrían mayoría, querían quedarse con todos los representantes de los alumnos aunque eso significara dejar fuera de la organización del Congreso a los miembros de otros grupos estudiantiles.

   Otros universitarios, especialmente entre el personal académico, señalaron el autoritarismo de esa propuesta. La designación de los integrantes de la Comisión Organizadora, decían, debería ser de manera proporcional. El 19 de junio en La Jornada, el profesor Carlos Pereyra, de la Facultad de Filosofía y Letras, impugnó ese comportamiento: "Los integrantes del CEU podrían corear ahora, dada su vocación de carro completo, 'todos somos priistas'… no hay razón legítima alguna para rechazar los mecanismos de representación proporcional en la comisión organizadora del Congreso. La pretensión de que una sola fuerza se quede con la totalidad de los puestos de elección es pura arbitrariedad"[14].

   Cartas abiertas, desplegados y numerosos artículos, llevaron a ese diario la discusión sobre la proporcionalidad en la designación de la comisión universitaria. Ese debate se constituyó en una presión pública para los dirigentes del CEU, que el 30 de julio presentaron una propuesta intermedia: que en la designación de la comisión se emplearan criterios de proporcionalidad, pero a partir del 33.1% –es decir, para tener derecho a al menos un delegado, una planilla tenía que lograr por lo menos ese porcentaje– [15].

Tal proporción, amenazaba con dejar fuera de la Comisión a grupos estudiantiles que solo tenían presencia en una escuela o facultad, o en unas cuantas. El litigio entonces, durante dos meses, es por el porcentaje que debían alcanzar las planillas. Ninguna solución sería del agrado de todos, aunque la necesidad de llegar a algún acuerdo conduce a una fórmula de compromiso.

   El 1º. de octubre de 1987, la Comisión llega a una decisión. De los 16 representantes estudiantes, 6 serían del bachillerato, 6 de facultades y escuelas y el resto del posgrado. Los académicos, serían 4 de bachillerato, 8 de licenciatura y 4 del sistema de investigación. Las elecciones serían por planillas y las representaciones estarían conformadas por una mayoría calificada y minorías. Para tener derecho a un representante, una minoría debía alcanzar al menos el 28% de los votos en uno de los sectores.

   Las reglas eran tan complejas, que para publicarlas la Comisión Especial necesitó dos planas en los diarios[16] y merecieron críticas como la siguiente:

   "Las bases para la elección inducen a un alineamiento bipolar y artificial en la UNAM. Para elegir a profesores y estudiantes se recurre a una fórmula rígida y excluyente. Sólo pueden participar planillas que incluyan a todos los niveles (aunque a los investigadores se les hace un huequito aparte), y para tener un representante se requiere un mínimo de votación del 28 por ciento.

   "Me gustaría saber ¿por qué? ¿Por qué un grupo de profesores del CCH o las prepas, o algunas facultades no puede presentar su lista de candidatos y competir en el nivel –bachillerato o licenciatura– que deseen? ¿Por qué si una planilla obtiene la cuarta parte de la votación no obtendrá ningún representante? ¿Por qué si otra logra el 30 por ciento tendrá un lugar, mientras que la que obtenga el 70 por ciento tendrá 15? ¿Por qué el afán de inflar artificialmente la representación mayoritaria?" [17].

   Esa fórmula, en efecto, propició y consiguió la polarización de los universitarios. En el sector estudiantil se presentaron dos planillas. Entre los profesores, otras dos. Y dos más, en el área de los investigadores. Las votaciones en toda la Universidad, fueron el jueves 3 de diciembre de 1987.

   Entre los estudiantes, había dos planillas: la del Consejo Estudiantil Universitario, integrada por una coalición de las corrientes que habían sostenido la huelga y el grupo Unidad Universitaria, con posiciones contrarias a los ex huelguistas. Votaron 170 mil 886 estudiantes, el 56% de un padrón de 305 mil alumnos. La planilla del CEU obtuvo 125 mil 893 votos: el 75.13% del total [18]. La de UU, 41 mil 663, el 24.87%. Eso significó que los 16 lugares de la representación estudiantil fueron, todos, para el Consejo Estudiantil Universitario [19].

   En el sector de los profesores, se presentaron las planillas Consejo Académico Universitario, con simpatizantes de la huelga de enero-febrero y Frente Académico Universitario, con profesores opuestos a aquel movimiento. Sumados los sufragios de los académicos de bachillerato, licenciatura y posgrado, resultó que acudieron a votar 16 mil 461 de un padrón de 26 mil 86, es decir, el 63%. De esos votos, 6 mil 870 –el 42.57%– fueron para la planilla del CAU y 9 mil 270 –el 57.43%– para la del FAU. En virtud de las reglas de esa elección, el Consejo tuvo 4 delegados y el Frente, ocho [20].

   El sector de los investigadores tuvo derecho a 4 delegados. Tres de ellos, fueron de la planilla Academia Universitaria y el otro, de la Planilla Universitaria de Investigación [21]. La primera, obtuvo 1357 votos y la otra, 838. En total, votaron 2247 investigadores de un padrón de 2634, es decir, algo más del 85%.

   Después de casi un año, la Comisión Organizadora del Congreso contaba ya con sus 48 integrantes. El trapicheo de posiciones y exigencias, sólo se volvía más complejo porque ahora lo protagonizaría una mayor cantidad de comisionados.

Disputa entre los organizadores; "Congreso político, no" dice Carpizo

   Las sesiones de la COCU, como pronto se conoce a la Comisión, con frecuencia son entendidas más como escenario para establecer posiciones testimoniales que como espacios para lograr acuerdos. Varios delegados, especialmente del sector estudiantil, aprovechan la atención de los medios para hacer de esas reuniones un foro de arengas y reconvenciones a las autoridades universitarias. Junto con las exaltaciones verbales, entre los últimos meses de 1987 y los primeros de 1988, la Universidad había estado en tensión debido a la ocupación de locales y la realización de paros por parte de miembros del CEU. Por su parte, el CEU acusaba a la Rectoría de utilizar porros para violentar la situación en varios planteles.

   Ese clima conduce a que, exactamente un año después de que el Consejo Universitario había aprobado el Congreso, 25 miembros de la COCU –los representantes de las autoridades, junto con los profesores considerados como "institucionales"– abandonen la Comisión. Encabezados por el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Jorge Madrazo Cuéllar, esos comisionados se retiran en protesta por los calificativos que uno de los representantes estudiantiles había prodigado en la sesión anterior. El dirigente Antonio Santos, había dicho que el Rector Jorge Carpizo era "provocador, fanático, militante, represor, tendencioso, corrupto, intransigente, insidioso, demagogo y cobarde" [22]. En reacción al retiro de aquellos 25 comisionados,  seis miembros del CEU se ponen en huelga de hambre, entre el 10 y el 16 de febrero de 1988.

   El 16 de febrero, la gran mayoría de los directores de facultades, institutos y escuelas, así como los principales funcionarios de Rectoría, apoyan la decisión de los 25 comisionados que decidieron ausentarse de la COCU. Esos funcionarios acusan: "Responsabilizamos a los líderes e integrantes del Consejo Estudiantil Universitario y del Consejo Académico Universitario, del clima de violencia e inestabilidad que aqueja a nuestra Casa de Estudios y que ha ocasionado que se pierdan las condiciones mínimas para sostener un diálogo de altura entre universitarios" [23].

   El CEU amenaza con ir de nuevo a la huelga. Inicialmente la convoca para el 26 de febrero pero luego la sustituye por manifestaciones y por la decisión de ocupar la Torre de Rectoría. Sin embargo, el 1º de marzo la Comisión Organizadora del Congreso vuelve a sesionar con todos sus integrantes.

   La tirantez entre CEU y Rectoría, cada una de esas partes rodeada de numerosos aliados, aumentaba como resultado del clima político nacional. El 6 de julio de 1988 tendrían lugar las elecciones presidenciales rumbo a las cuales, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por el Frente Democrático Nacional, había suscitado fuertes expectativas dentro de la UNAM. Varios de los dirigentes del CEU, así como grupos de profesores con diversas e incluso contradictorias posiciones acerca de la reforma universitaria, deciden participar en el respaldo a ese candidato.

   El 8 de mayo, el rector Jorge Carpizo publica en el diario Excélsior un artículo titulado "Universidad, política y academia" en donde, al mismo tiempo que reconoce el carácter político de la Universidad, se manifiesta en contra de un Congreso politizado.

   "Cuando expresamos que en la UNAM estamos en contra de un Congreso político, sabemos que la gran mayoría de los universitarios entienden muy bien lo que queremos expresar: estamos en contra de un Congreso que ponga a la institución bajo el dominio de cualquier partido o grupo político, de un Congreso dogmático, de un Congreso que vulnere nuestra autonomía permitiendo que la Universidad se vuelva arena de disputas partidistas, de un Congreso que persiga que la Universidad se convierta en ariete político para lanzarla en contra del Estado, de un Congreso cuya finalidad sea apoderarse de la Universidad para utilizarla con fines particulares de grupo o partido. En este sentido, lo hemos dicho y lo hemos escrito: Congreso político en la UNAM, no, mil veces no" [24].

1988: seminarios de diagnóstico y "una COCU trabada en el enfrentamiento"

   Un espacio de distensión, aunque insuficiente, lo constituyeron los "Seminarios de Diagnóstico" que la COCU el 25 de marzo convocó para realizarse, de manera obligatoria, en cada una de las dependencias universitarias en donde hubiera actividades de docencia, extensión o investigación. Los seminarios se efectuaron entre el 30 de mayo y el 10 de junio de 1988 [25].

   A esos seminarios, fueron presentadas más de 5 mil ponencias (algunas colectivas y otras a título personal).

   Sin embargo, los estudiantes y profesores estaban más pendientes del proceso político nacional que de la política dentro de la UNAM. Pocos meses más tarde, dos de los miembros investigadores de la COCU reconocían que la disputa electoral y el proceso de calificación de los comicios acaparaban el interés de los universitarios. Además, dentro de la UNAM estaba por comenzar el proceso para seleccionar un nuevo Rector. "La realización del Congreso Universitario demanda el entusiasmo, la atención, el trabajo y la dedicación de los universitarios, todo esto en un ambiente propicio en el que el centro de la discusión sea el futuro de la Universidad" [26].

   El hecho de que dos universitarios tan comprometidos con el Congreso considerasen necesario decir tales obviedades, era indicio de la confusión que, para el verano de 1988, prevalecía en la Universidad acerca de ese asunto. Hacía falta precisar coordenadas y objetivos del Congreso, aunque en otras circunstancias fueran tan evidentes.

   Esos investigadores advirtieron que "La realización del congreso en forma simultánea con estos procesos podría resultar en una desviación de su propósito al mezclarse su problemática específica con el debate político nacional o el proceso de cambio de rector. Por otra parte, sería difícil evitar que la COCU o el mismo congreso sirvieran para intervenir en dichos procesos". Por eso, sugerían que el congreso fuese aplazado hasta el primer semestre de 1989. Se quedaron cortos: aún haría falta un año más después de esa fecha.

   Otros acontecimientos parecían destinados a influir en la sucesión rectoral e, indirectamente, afectaron la preparación del Congreso.  El 13 de octubre, un grupo de miembros del CEU interrumpió una sesión del Consejo Universitario para protestar por la elección de consejeros estudiantes en la Facultad de Ingeniería. El rector Carpizo manifestó al día siguiente que esa perturbación formaba parte de un plan para asediar a la UNAM: "Considero que en la conciencia nacional está muy claro que a los líderes del CEU y del CAU no les importa la vida académica de la Universidad, sino utilizarla como instrumento político para sus fines personales, de grupo o de partido".

   Explicó Carpizo: "Después del conflicto estudiantil de 1986-1987 traté de que la energía de ese movimiento estudiantil se pusiera al servicio de la transformación de la Universidad. No tuve éxito porque para los líderes del CEU la verdad sólo la tienen ellos, es el dogmatismo puro, no admiten discusión. El enfrentamiento más serio fue cuando, para decirlo con sus propias palabras, consideraron que después del movimiento estudiantil se sentían muy fuertes y sentían al Rector muy debilitado; en consecuencia, si éste no quería problemas debía aceptar sus mandatos constituyéndose ellos en la verdadera autoridad. Desde luego jamás acepté esos planteamientos. La autoridad universitaria fue recuperándose y no permití que se avasallara a la Universidad. Ello ha sido más difícil de lo que parece a primera vista…" [27]. El Rector, en ese documento, hacía varias prevenciones sobre la que consideraba la posible "destrucción académica de la Universidad Nacional".

   Como resultado de la suspensión brusca de la sesión del Consejo Universitario, 16 miembros de la COCU, designados por el Consejo o por el Rector anunciaron que dejarían de participar en dicha Comisión. "Están claras las intenciones del CEU y del CAU de aprovechar el procedimiento para la designación del Rector que deberá cumplir el periodo 1989-1993, para crear un grave problema político en la UNAM. En estas condiciones la COCU no puede servir como foro o escaparate para tales propósitos" [28], dijeron.

   Dos días más tarde, tres de los miembros investigadores de la COCU compartieron algunas de las preocupaciones acerca de la sobrepolitización de la situación universitaria, pero además hicieron una crítica muy severa al trabajo de esa Comisión. La reforma académica, dijeron, es la tarea más importante en la búsqueda de "una universidad más democrática, de excelencia académica, y comprometida con los intereses nacionales y populares", aseguraron. Sin embargo:

   "Este reclamo primordial y generalizado no encontró correspondencia en las dirigencias corporativas de los sectores estudiantil y magisterial, quienes de manera constante anteponen otros problemas, conflictos e intereses frente al trabajo político y académico esencial: la transformación de la UNAM. Esas posiciones profundizaron la polarización y la intolerancia, fomentaron el corporativismo, generaron enfrentamientos y trataron de alinear o marginar a los grupos que con independencia, demandan participar en el proceso de un congreso plural y democrático. El impedir el funcionamiento del Consejo Universitario por la vía de los hechos, es la culminación de esa tendencia que ha abandonado su principal responsabilidad política. De esa acción, que rechazamos, pueden derivarse situaciones en que el proyecto democrático retroceda, pierda los espacios ganados y se fragmente".

   Los comisionados Rafael Pérez Pascual, José Ruiz de la Herrán y Arturo Warman, añadieron en ese manifiesto:

   "No se han creado las condiciones generales en la comunidad para la celebración del congreso y en algunos aspectos se ha retrocedido desde entonces. El trabajo de la COCU ha sido deficiente, insuficiente y ha estado obstaculizado por la discusión de problemas ajenos a sus funciones sustantivas. La polarización y el alineamiento corporativo han frenado el avance hacia el congreso. La permanencia de una COCU trabada en el enfrentamiento puede servir de pretexto y encubrimiento para el retraso o la postergación indefinida del congreso. En tanto que no se superen los obstáculos señalados, las reuniones de la COCU no tienen sentido y deben suspenderse. No asistiremos a ellas hasta que se restablezcan las condiciones que garanticen su funcionamiento" [29].

Legado y enfado del rector Carpizo; "academización", propone Sarukhán

   El proceso de sucesión rectoral estaba en auge. El doctor Jorge Carpizo anunció, el 26 de octubre, su decisión de no buscar la reelección. El 5 de diciembre, presenta el informa final de su administración en donde, luego de enumerar programas alcanzados y metas cumplidas, expresó un marcado pesimismo:

   "Concluyo este informe contestando una pregunta que con frecuencia se me hizo, especialmente en este último año: si estoy satisfecho con lo alcanzado durante mi Rectorado. Desde luego que no. No pude implantar un buen número de las 26 medidas que integraron el primer paquete de la reforma académica. El segundo y tercer paquetes ya no pudieron ni siquiera plantearse".

   Acerca de la decisión para organizar el Congreso, el Rector Carpizo reconoció que había enfrentado la oposición de importantes núcleos de universitarios, aunque era la mejor opción que tenía para negociar el levantamiento de la huelga estudiantil: "En varios de los mejores sectores académicos de la Universidad existió inconformidad por la manera como se había resuelto el conflicto universitario. ¿Había una solución mejor? Si la había no la encontré y nadie la sugirió" [30].

   El 2 de enero de 1989, toma posesión como Rector de la UNAM el doctor José Sarukhán Kermez. La "academización", será su propuesta y bandera para la Universidad. Por ello, entiende "generar las medidas concretas y adoptar las actitudes que pongan al personal académico y a la vida académica de la comunidad universitaria como el objetivo central de la institución".

   Al Congreso, el nuevo Rector lo reconoce como resultado de "un acuerdo del Honorable Consejo Universitario". Sarukhán expresa su "convicción de que el Congreso Universitario deberá tener una estructura y metas fundamentalmente académicas y de que el personal académico deberá participar de manera mucho más central, tanto en su diseño como en su realización. Una vez aseguradas las condiciones para llevar a cabo un Congreso con tales características, este deberá realizarse lo más pronto posible. La Universidad debe volver a centrar su atención de lleno en el trabajo académico" [31].

   Para el nuevo Rector el Congreso, más que un evento deseable en sí mismo, era una obligación y una asignatura que debían ser superadas. En ese discurso, señalaba la que constantemente sería la rémora principal –más allá de las vicisitudes políticas–  para el Congreso: la falta de participación intensa de la mayoría de los profesores e investigadores. Sin el concurso de ese pilar del trabajo universitario, el Congreso no sería posible o lo sería, solamente, con la participación de los segmentos más politizados pero no necesariamente con quienes sostienen el trabajo definitorio de la Universidad, que es el de docencia e investigación. Además, Sarukhán entendía al Congreso como una prueba sin cuyo cumplimiento, la UNAM no podría atender asuntos que él consideraba más relevantes.

1989: consensos y reglas; "el Congreso es un medio, no un fin", opina el Rector

   Con ese apremio, siete meses y medio después y sin que se hubiera resuelto el estancamiento de la COCU, los representantes de la Rectoría en esa Comisión proponen –el 21 de julio de 1989– una fórmula para integrar las representaciones de los distintos sectores de la Universidad al Congreso y una ruta: la celebración de foros locales, de los cuales surjan iniciativas que los delegados llevarán a ese evento.

   Diez días antes, el Rector Sarukhán había dicho en una entrevista:

   "El Congreso es muy importante en la medida que fue el mecanismo que la comunidad universitaria se dio a sí misma para legitimar un proceso de reforma, para asegurar una participación amplia, irrestricta, de todas las personas que quisieran hacerlo en esta comunidad y para que no hubiera influencias unidireccionales o personales. Eso desde luego, significa problemas, porque es preciso hacer un esfuerzo muy grande para concertar ideas y voluntades.

   "En esa medida, el Congreso es muy importante. Pero no debe ser un fin. Creo que es un medio que nos debe permitir ponernos en la ruta de diseñar las grandes líneas en las que tenemos que concentrarnos para emprender reformas en asuntos que ya son conocidos. Particularmente, esto es necesario después de la síntesis de problemas universitarios que muy acertadamente dio a conocer el doctor Jorge Carpizo a través de sus diagnósticos y análisis" [32].

   Junto a la decisión de la Rectoría para echar adelante un Congreso cuyos resultados eran inciertos, pero que había el compromiso para realizar, otras circunstancias se conjugan para que el acuerdo en torno a las reglas de ese evento se vaya abriendo paso. Los principales dirigentes del Consejo Estudiantil Universitario, anuncian su retiro del activismo estudiantil para dedicarse a terminar sus carreras y hacer política en otros espacios de la vida nacional.

   En el CEU, además, los estudiantes de esa corriente, autollamados "históricos" y que parecían oponerse a cualquier avance hacia el Congreso, se enfrentan cada vez más al grupo considerado como reformista, que tenía un proyecto de reivindicaciones académicas. En junio de 1989, ese grupo se separa del CEU para constituir la Corriente de la Reforma Universitaria (CRU). Aunque numéricamente limitada, esa Corriente adquiere relevancia gracias a su capacidad propositiva. Varios de sus miembros formaban parte de la COCU y allí, en contraposición a los representantes del CEU tradicional, contribuyen a edificar el consenso necesario para que –al fin– haya reglas y plazos rumbo al Congreso Universitario.

   El 8 de diciembre de 1989, el Consejo Universitario aprueba la propuesta de la COCU para un proceso de deliberaciones previas al Congreso, así como para la elección de los delegados a ese evento. Estos son algunos de los rasgos principales de la detallada y extensa convocatoria (las reglas de elección y para la realización de foros locales ocuparon 32 páginas de la Gaceta UNAM).

   -El Congreso se integraría con un total de 848 delegados:

   318 alumnos por elección, que constituirían el 37.5% del total.

   318 profesores por elección, otro 37.5%

   106 académicos de investigación por elección, el 12.5%

   53 trabajadores administrativos por elección, el 6.25%

   47 directores de escuelas, facultades e institutos, el coordinador del Colegio de Ciencias y Humanidades y cinco representantes de la Rectoría, el restante 6.25%.

   -Entre el 15 y el 26 de febrero de 1990, la COCU organizaría una serie de "conferencias temáticas sobre los problemas de la Universidad y sus posibles soluciones" a cargo de "un grupo de destacados universitarios".

   -Del 19 de febrero al 9 de marzo, se desarrollarían Foros Locales, en "todas y cada una de las facultades, escuelas, planteles, institutos y centros de investigación". Cada Foro sería organizado por el consejo Técnico, Interno o Asesor de cada dependencia, ampliado con la participación de un mayor número de miembros de cada comunidad académica, de acuerdo con un instructivo que también dio a conocer la COCU. Esa ampliación, sería por sorteo a partir de listas de voluntarios en cada dependencia. Una comisión en cada dependencia, estaría a cargo de hacer una detallada relatoría del contenido de esos Foros. Las propuestas presentadas en cada Foro, serían "de tipo indicativo para los delegados al Congreso".

   -Entre el 12 y el 23 de marzo, se desarrollaría el proceso de elección de los delegados al Congreso. Las candidaturas se registrarían de manera individual en cada dependencia y para ser candidato, sería requisito haber presentado al menos una ponencia en el foro correspondiente.

   -El Congreso Universitario se realizaría del 14 de mayo al 4 de junio de 1990. Sesionaría en plenarias y mesas de trabajo. En ambos casos, el quórum sería de al menos el 75% del total de delegados (es decir, las plenarias sólo podrían funcionar con al menos 636 delegados presentes).

   -Los acuerdos en las plenarias del Congreso debían tener, para ser aprobados, al menos las dos terceras partes del total de delegados –es decir, el menos 565 votos a favor–. La misma proporción se requeriría en las mesas de trabajo.