Protesta social y representación en las provincias argentinas: Neuquén en la última década

En un contexto donde EE.UU. practica su condición de imperio con el nuevo concepto de guerra preventiva, en el que el capitalismo frenado durante setenta años comienza a devorar todo lo que se mueve a su alrededor intentando resolver su crisis mediante la destrucción de las democracias y las economías competidoras, en América Latina soplan aires alentadores, porque se agrandan y multiplican las protestas y emergen viejos y nuevos actores en heterogéneos movimientos sociales (Gabetta, 2003: 3).

En Argentina, durante la década del noventa, las acciones de protestas llevadas a cabo por una variedad de actores en el contexto de un modelo de valorización financiera reclaman la mayor intervención del Estado como si éste fuera algo ajeno al modelo vigente. Los resultados de esa política son la desigualdad, la pobreza, la polarización social, la degradación de la educación y la salud. La instancia nacional, nuevamente, tiene la capacidad de regular el conflicto dentro del espacio institucional y restituir "el orden" (Barbetta, 2002: 149).

La protesta social tiene orígenes diversos, pero el punto de partida es la desarticulación del mundo del trabajo, situación que trae aparejada, entre otras cuestiones, el retiro del Estado de su función de reasignación de recursos y ejecutor de una política de bienestar y la descentralización de la salud y la educación (Lobato, 2002: 164). Ahora bien, la mayoría de las protestas no se localizan en las fábricas o en espacios públicos, como las plazas de las principales ciudades del litoral-pampa húmeda, sino que por una parte se concretan en la ruta, en la calle, frente a las instituciones de gobierno, porque se las considera como tradicional e ilegítima expresión de la representación política y de los sectores dirigentes que la sostienen. Por otra, cada vez más se dan acciones en ciudades y localidades del interior del país, emergiendo diferencias no sólo entre los actores de la protesta sino también en las estrategias utilizadas. Se pide por trabajo, por justicia, por salud, por educación, por la propiedad. A veces, estos actores se cruzan con los sujetos de las tradicionales centrales sindicales.

En las provincias argentinas la protesta social adquiere características y magnitud diferentes. En el caso de Neuquén, en el norte de la patagonia argentina, el nivel de conflictividad social se traduce en una serie de protestas de distinto tipo. Entre ellas es importante mencionar las manifestaciones callejeras de los desocupados, las marchas por los derechos humanos, los cortes de ruta por distintos actores, ocupados o desocupados, y la administración obrera de la fábrica Zanon y de la compañía de transporte El Petróleo. Los reclamos son tanto por las sucesivas políticas de ajuste que ponen entre paréntesis los derechos adquiridos como otros derechos, que se negocian y disputan.

Si bien las protestas en general están direccionadas, como ya se dijo en otro lugar (Favaro, 2002: 110-121), por Asociación de Trabajadores del Estado/Central de los Trabajadores Argentinos (ATE/CTA) y potenciadas por el rol del estado en la generación del empleo público, esa conflictividad ahora parece reconocer otra configuración, más compleja, basada en el protagonismo y la combatividad desarrollada por otros sectores agrupados en la naciente Coordinadora Regional del Alto Valle, encabezada, entre otros actores sociales, por el sindicato ceramista. En este dinámico contexto se da un caso de administración obrera de una fábrica que por la magnitud de la empresa, la presencia inquietante de su conducción gremial al seno del sindicalismo regional, la solidaridad generada alrededor de otros conflictos locales o nacionales, la fuerza puesta en acción por los obreros en sus diversas estrategias elaboradas para sostener el conflicto, la resistencia y apelación durante dos años a la justicia, revela por sí solo la significatividad para instalar en los medios académicos y científicos el tema de la resistencia de los obreros de la cerámica Zanon (Favaro y Aiziczon, 2003: 2-3).

En la provincia circulan una serie de relatos que van forjando y fortaleciendo la imagen de Neuquén como un lugar cuya especificidad está marcada por la capacidad de lucha y movilización de un sector importante de la sociedad, organizado en diferentes colectivos sociales. Estos relatos encuentran su fundamento en el modo particular en que se vivió y resistió los duros años de la dictadura, momento a partir del cual comienza a gestarse una dinámica muy específica en la sociedad neuquina, y las alianzas estratégicas de los distintos actores en diferentes momentos se presentan como la base de su capacidad de movilización y reacción (Mombello, 2000: 2). En ese sentido, la apelación a la memoria de esta historia local, aunque fragmentaria, actúa como matriz sobre la que se interpretan tanto los hechos como las articulaciones del presente. Del mismo modo las múltiples lecturas del pasado reciente pueden producir el efecto tanto de legitimar como de deslegitimar las acciones de los distintos colectivos sociales. A nivel local la memoria de la represión gravita fuertemente en las narrativas de los actores sociales más importantes, representados por sindicatos y gremios, la Iglesia católica y los organismos de derechos humanos. Estos colectivos cuentan con una historia importante gestada en los años de la última dictadura militar. Por aquel tiempo desarticulada toda forma de organización social, militantes gremiales y también político-partidarios se suman e integran con los organismos de derechos humanos, los que tienen un alto grado de protagonismo y contaron con el amparo y respaldo de la Institución. La cabeza de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) local fundada en 1976 era la autoridad máxima dentro de una diócesis: Jaime De Nevares. Este respaldo resulta fundamental para la reorganización y sostenimiento de las redes solidarias fragmentadas y violentadas por la dictadura de 1976 (Mombello, 2000: 1-3).

Es importante destacar en los últimos años el rol de la universidad en la generación de otros ámbitos de discusión, análisis y agitación cultural, que se traduce en el sostenimiento y concreción de cátedras libres tales como la de Derechos Humanos, la Ernesto "Che" Guevara, la Don Jaime Francisco de Nevares y la de Estudios Sindicales Agustín Tosco. La propuesta también se visualiza en la serie de cursos de capacitación y talleres de reflexión sistematizados en el marco del programa La Universidad en el Barrio (1). Por otra parte, en el ámbito de la casa de estudios se desarrollan los encuentros de Cultura, Sociedad y Política con talleres, conferencias y debates sobre identidad, justicia, movimientos sociales, representación política, desigualdad, democracia, en los que participan representantes de la reflexión crítica nacional y sectores involucrados de la comunidad. Conjuntamente con la CTA, la Secretaría de Extensión organiza en el ámbito de la universidad los Encuentros Regionales que preparan y se articulan con los Encuentros Nacionales por un Nuevo Pensamiento en la Argentina.

Gran parte de las movilizaciones y luchas en las calles (2) tienen como referencia a las organizaciones sindicales, ya que los partidos mayoritarios, a excepción de las agrupaciones de izquierda, se encuentran ausentes e incapacitados para rediseñar sus vínculos con los nuevos referentes sociales. En este sentido, son los gremios estatales nucleados en ATE los que muestran la mayor capacidad de resistencia y poder de convocatoria (3). Aunque en el plano ideológico no puede plantearse homogeneidad en su dirigencia, sus acciones concretas muestran una consecuente presencia en la reivindicación y luchas por la defensa de sus derechos sectoriales y una destacada participación en los diferentes manifestaciones de protesta que se despliegan no sólo en la capital sino también el interior de la provincia.

Sin descalificar las tradicionales formas de contestación social o sólo subrayar la novedad de otras, la lucha parece girar alrededor de los "sin": sin trabajo, sin vivienda, sin tierra, sin cobertura social, sin… (Quintar, 1997: 1-11). En esta categoría colocamos a los excluidos de sus derechos civiles y sociales básicos. Son los desocupados o los beneficiados por programas de empleos transitorios (Servicios comunitarios, Trabajar, "Forestar). Se trata de un nuevo asistencialismo, contracara del modelo de acumulación de capital vigente, y es el problema central de la sociedad. A fines de 1995, durante la última parte de la anterior gestión del gobernador Sobisch, se pone en marcha el plan de subsidios a los desocupados con la ley 2128, una especie de seguro de desempleo cuya instrumentación genera renovados conflictos por la depuración de padrones y suspensión o restricción coyuntural de fondos. Los cortes de calles, mecanismo usado toda vez que se suspende el subsidio, en algunas oportunidades son utilizados como instrumento de presión por los vecinalistas a cambio de anotar a los involucrados en las listas de espera. En estos casos los referentes barriales para determinar el criterio de inclusión de beneficiarios incentivan los actos de protestas (4). No obstante, cabe recordar que el piquete y los cortes que tienen su antecedente en el Santiagazo de ‘93 hacen sus primeros pasos en Neuquén cuando los obreros despedidos de la represa Piedra del Anguila cortan la ruta nacional en el área de la localidad de Senillosa cercana a la capital neuquina. Este es un momento clave del conflicto social y la puesta en marcha de los piquetes como consecuencia de la privatización de YPF en áreas petroleras de Cutral Co y Plaza Huincul, con los resultados por todos conocidos.

En este orden, un interesante ejemplo de confluencia de intereses es la conflictividad derivada de la movilización en defensa de la educación pública y gratuita. Se inicia en 1995 con la toma por casi tres semanas de la Universidad Nacional del Comahue en resistencia a la sanción y aplicación de la Ley de Educación Superior. Continúa con las huelgas docentes de 1996 y 1997 enmarcadas en el proceso de desalarización –los sueldos fueron reducidos por encima de las normas legales y jurídicas (5)– y el rechazo a los intentos de aplicación de la Ley Federal de Educación (6). Estas acciones alcanzan un significativo consenso en la sociedad, donde padres y estudiantes acompañan el reclamo docente y confluyen en cortes parciales de calles y de rutas hasta llegar al corte de la ruta 22, a la altura del puente carretero que une Neuquén con Río Negro, y la ruta 7, que lo comunica con Centenario. Esta movilización, que cuenta con el apoyo de la población, prácticamente aísla a la ciudad de Neuquén por tres días, y se potencia al incorporarse parte de la comunidad cutralquense que venía de la experiencia de la primera "pueblada" y que en esta oportunidad sostiene un enfrentamiento violento con gendarmería nacional. El desalojo del puente, y la represión generalizada en las localidades petroleras por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, motivan nuevas reacciones. En varias localidades de la provincia se renuevan marchas y actos de protesta donde están presentes representantes de diversos sectores de la comunidad que repudian la modalidad de resolución del conflicto (Favaro et al., 1997: 13-27).

Neuquén está gobernada por un partido provincial hace cuarenta años. Esto se produce no sólo por la vocación de poder del Movimiento Popular Neuquino (MPN) sino también por el rol que acepta desempeñar la oposición, por lo menos la legislativa. El estado desarrolló hace más de dos décadas políticas de bienestar social, atendiendo prioritariamente la salud, la educación y la vivienda. Ello fue posible por las ventajas comparativas de la instancia local en la negociación con el poder central, en concepto de coparticipación, de aportes no reintegrables, y, fundamentalmente a partir de los años ochenta, de regalías hidrocarburíferas.

La magnitud de la renta petrolera hace que hoy Neuquén, posiblemente en forma similar a otros estados petroleros, no se vea totalmente perjudicado por la ruptura de la convertibilidad. En efecto, en el contexto de la devaluación es una subinstancia beneficiada en parte porque sus ingresos se mantuvieron dolarizados (regalías por venta de petróleo y gas al exterior) o crecieron a un ritmo mayor (regalías por venta de combustible al mercado interno), mientras que los gastos se mantienen en los porcentajes pesificados. Además tiene los emprendimientos de Planta Mega (que separa gas seco de los líquidos que se transportan a Bahía Blanca), Destilería de Plaza Huincul (que procesa 120 mil m3 de petróleo mensual), Planta de Metanol (que utiliza hasta 1 millón de m3 por día), y la destilería de Fox Petrol en Senillosa (que procesa gasolina y obtiene combustibles y solventes). Y en el contexto de un fuerte debate se encuentra la puesta en marcha de Chihuidos II, a cargo del grupo Pescarmona, y la posible adquisición por parte del estado provincial de El Chocón.

Actualmente es la sexta provincia exportadora luego de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Chubut y Santa Cruz. El año pasado exportó por más de mil millones de dólares, de los cuales el 92% es en petróleo y destilados. Tiene a Chile como el primer socio comercial que se lleva el 56% del total exportado por Neuquén, y luego le sigue Brasil, con el 20%. Por todo ello las regalías son más de la mitad del presupuesto provincial, hoy unos 600 millones sobre 1.100-1.300 de presupuesto. Actualmente las regalías solas cubren el 100% del salario estatal de más de 37.000 empleados provinciales.

No obstante, la reafirmación del modelo de expansión de sectores extractivos, con los que la renta queda fuera de la región, sumando al estancamiento de los productores y de las PYMES, provocan una compleja situación social a pesar de lo impresionantes que pueden lucir indicadores como el PBG provincial, que pasa del 22,1% en 1985 al 44,11% en 1995 y 66% en la actualidad. A pesar del crecimiento, la consecuencia social de este modelo es, entre otras, la pobreza estructural, con aumento de tasas de desempleo (1990: 6,6% y 2002: 20,9%) y subempleo (1990: 6,5% y 2002: 14,7%, datos del conglomerado urbano más importante, la capital y alrededores). El INDEC señala que estos conglomerados cada vez suman más pobres e indigentes, y en los últimos meses los Planes Jefes y Jefas de Hogar pasaron de 7.200 a 20.500 beneficiarios (7). Siguen produciéndose migraciones desde el interior provincial y de otras provincias que aumentan la toma de tierras y asentamientos ilegales. Por lo tanto, es una provincia rica con población pobre, sin conseguir reconvertir a la economía estructurada alrededor de la renta estatal que otorga las regalías hidrocarburíferas. Esta situación se reconoce también como fruto de las políticas nacionales, más aún teniendo en cuenta la fuerte incidencia del Estado nacional en este espacio y la vigencia de la ley de hidrocarburos de 1967.

UNA MARCA REGISTRADA: EL CASO DE ZANON

"Si les damos la fábrica ¿qué nos queda? Ser un desocupado más, mendigar subsidios, no poder llevar dignamente el pan a nuestras familias… No la vamos a entregar. Vamos a resistir" . Raúl Godoy, secretario del sindicato

Son varios los casos actuales para ejemplificar la protesta social y de ocupación de fábricas. Entre los más difundidos podemos mencionar la Panificación Cinco, La Baskonia, Ingenio La Esperanza, Palmar, Roby, Brukman (8), Fricader (9), Zanon, etcétera. Algunas eligen el camino de la cooperativa, otras la gestión obrera y reclaman la estatización. Este es el caso de Zanon en Neuquén.

Los dueños de la cerámica son Luis Zanon y Luigi Zanon, padre e hijo, presidente el primero y vice el segundo en la empresa. Luis Zanon, de 82 años, llegó de Italia a los 28 años para instalar el parque de diversiones Ital Park, ubicado en una zona central de la ciudad de Buenos Aires, que funciona hasta la década del noventa cuando se produce un accidente que provoca la muerte de una joven de quince años (10). Vinculado al menemismo, Zanon compra acciones en las privatizaciones de Aerolíneas y en los canales de televisión.

Durante la dictadura y la gestión de Martínez de Hoz, en el marco de la promoción industrial de 1977, que otorga subsidios y promociones a la instalación o crecimiento de plantas industriales, establece una empresa en Neuquén (1978-1979) con una inversión según sus propias afirmaciones de cien millones de pesos de la época. La fábrica funciona hasta hace aproximadamente dos años, cuando los dueños aplican rebajas salariales y despiden a cien obreros. Estos los acusan de "vaciamiento", y cuando se dejan de pagar salarios comienza una huelga de 34 días y la ocupación del puente que une la provincia de Neuquén con la de Río Negro. La jugada más importante que hacen los dueños es apagar los hornos aduciendo que "era peligroso que los obreros los manejaren sin supervisión".

Los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) patrocinan a los trabajadores e inician una acción de amparo planteando que la empresa había hecho un "lock aut ofensivo". Así, los ceramistas ponen en marcha la fábrica a pesar de las presiones y acciones concretas de los dueños.

Los obreros de Zanon comienzan a recibir el apoyo de la comunidad neuquina y la solidaridad de diferentes organizaciones políticas y sociales –la banda de rock Bersuit Vergarabat, intelectuales como Petras y Bayer, asambleas barriales (las pocas que funcionan en Neuquén) (11), la CTA, el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD)– y comparten una estrategia común con Brukman.

Venden lo que producen, crean nuevos diseños, por ejemplo "El Obrero" que viene en cuatro colores y la línea "Mapuche", con provisión de la materia prima por parte de los mapuches). Luego de 13 meses de gestión obrera preservando 270 puestos de trabajo, que este año incrementan a 310, con una producción que según los obreros supera los 100 mil m2 por mes de cerámico y se comercializa a través del sello Rebeldía y Esperanza, que pertenece a las Madres de Plaza de Mayo –diecisiete de ellas acompañaron con fuerza a los obreros en el intento de desalojo producido a comienzos de abril–, los trabajadores asignan 248 mil pesos en sueldos. Pagan el costo del transporte de los operarios que en su mayoría viven en Centenario, localidad cercana a la capital neuquina, el gas y la electricidad para mantener activos a los hornos, y adquieren los insumos. La empresa está trabajando en un 15% de su capacidad de producción. Los obreros presentan a la legislatura neuquina un proyecto de ley elaborado con los técnicos de la Universidad Nacional del Comahue para estatizar la cerámica. El objetivo es que el gobierno neuquino se haga cargo de la empresa, habida cuenta de la deuda que ésta mantiene con la provincia12.

La deuda declarada por los empresarios de la Cerámica Zanon es de 75 millones de pesos/dólares y sus principales acreedores son bancos nacionales y extranjeros y el gobierno de la provincia, fuerte proveedor de fondos y subsidios a la empresa13. No obstante, los Zanon critican fuertemente al gobernador Sobisch porque "Publica páginas en los diarios anunciando inversiones y seguridad jurídica, pero nuestra planta está ocupada" (Río Negro, 2002[b]). La provincia viene comprando cerámicos, pagando sueldos atrasados y contribuyendo de algún modo a no involucrar a la policía de la provincia cuando la Jueza Norma Poza autoriza a los síndicos a tomar posesión y realizar un inventario de la planta.

En definitiva, el desalojo no se produce por la fuerte, consistente y solidaria participación de la sociedad neuquina, incluso de los trabajadores de la Cerámica Stefanni y Cerámica Neuquén, quienes paralizan sus fábricas para asistir y apoyar a Zanon. Se logra acordar nuevamente con la justicia un acta en la que quedan plasmados una vez más los argumentos de los obreros para mantener su fuente de trabajo, que es remitida a la justicia federal. De todos modos el futuro continúa incierto, pero éste es un triunfo más que muestra el tejido social construido por los ceramistas14, y también es alentador luego de lo sucedido con los obreros de Sasetru, en Sarandí, Avellaneda15.

Otro caso de administración de la empresa: se trata de los 48 empleados de la empresa de transporte El Petróleo que deciden no engrosar los índices de desocupación en Neuquén y forman una cooperativa para rescatar su fuente de trabajo. La empresa funcionó durante cuatro décadas y estuvo identificada con la realidad provincial, pues su base se encuentra en Cutral Co, área del petróleo neuquino y sede, junto con Plaza Huincul, de las puebladas de ‘96 y ‘97. Dicen los entrevistados: "La conformación de la cooperativa llevó mucho trabajo: asambleas, reuniones con los compañeros, juntar la gente, buscar asesoramiento… Después hicimos las elecciones de las autoridades y se conformó el consejo de administración… Tuvimos el apoyo de la CTA, que nos dieron una mano cuando estábamos solos, pero igualmente no dependemos de ningún sindicato. Ahora la cooperativa se maneja sola, con la asesoría de un contador y un abogado" (Scatizza y Barraza, 2003: 14-15).

No cobran sueldos. Todo se invierte en la cooperativa. Reciben la solidaridad de los habitantes de las dos localidades petroleras, quienes los proveen de bolsas de comida, y el estado provincial los ayuda con los 150$ de subsidio. Tienen cuatro unidades que prestan servicio urbano, y piensan incorporar nuevas unidades e intentar cubrir media y larga distancia (Zapala/Neuquén; San Martín de los Andes/Neuquén y llegar hasta La Pampa) (Ibíd).

En síntesis, las protestas aumentan o disminuyen en función de los cambios que hacen al sistema político más permeable o receptivo a las demandas de los grupos particulares. Si bien las elecciones nacionales no coinciden con las de esta provincia, el escenario electoral está presente y, aunque la ciudadanía tiene varias opciones, al no lograr unificar el repudio a la dirigencia tradicional, se desvanece el saldo en términos políticos del vigoroso estado de movilización "contestataria" (Bilbao, 2003: 4). En este contexto se inscriben las protestas laborales, con demandas puntuales que complejizan y complican la protesta sindical, contra la política económica del gobierno. Son protestas contra el sistema político que procesa el ajuste estructural, y por ello el fuerte contenido antipolítico de las acciones, en las que se denuncian y repudian los sistemas políticos locales y rechazan los partidos y organizaciones sindicales tradicionales.

Los interrogantes que nos planteamos son: ¿cuáles son los nuevos significados de la ciudadanía que se articula en las protestas? ¿Se alterará a largo plazo el significado tradicional de la ciudadanía social? (Farinetti, 2002: 137). ¿O se están escurriendo enfoques, estrategias, espacios de poder? Cada partido tiene su propia estructura de desocupados, faltan actores centrales en la fisura social de 2001, no hay líderes que expresen estas protestas en su intento en devenir en movimientos y organicen su articulación ¿No será que se articula rápidamente la clase dominante (Seoane, 2002: 42) porque no se pude edificar una fuerza política de envergadura social sobre heterogéneos sectores sociales? (Bilbao, 2003: 4).

Neuquén, una provincia rica con muchos pobres, ofrece un escenario de la crisis, con fenómenos particulares como la administración obrera de una fábrica y movilización social y una población siempre dispuesta a plantear el conflicto. Esta sociedad heterogénea, con una franja importante de sectores medios aunque en movilidad descendente, no elige cómo protestar, sino que protesta con los medios que tiene a su alcance y prueba lo que tiene eficacia, real o simbólica, aprendiendo a actuar colectivamente a pesar de los atropellos del poder.

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NOTAS

1. Ambas actividades dependen de la Secretaría de Extensión de la Universidad, siendo sede y ejecutora de la segunda la Facultad de Humanidades.

2. Las marchas, los cortes de calles con quema de cubiertas y el estallido de bombas de estruendo de estatales y docentes son un paisaje habitual en la localidad neuquina.

3. Con motivo del tratamiento de distintas leyes que intentan profundizar el ajuste, los gremios estatales logran movilizar distintas agrupaciones sociales y políticas hacia la sede del poder legislativo, provocando por un lado la interrupción de las sesiones, y por otro paralizando el centro de la ciudad. En algunas oportunidades la radicalización de la lucha excede el reclamo original, registrándose hechos de violencia y fuerte represión policial.

4. "Para poder cobrar 160 pesos hay que demostrar capacidad de lucha. Se da prioridad al vecino que lucha, porque si hay 400 anotados en lista y se movilizan 50… ¿A quién le damos prioridad?" (La Mañana del Sur, 2000).

5. Hay que tener en cuenta que en Neuquén existía un plus del 40% por zona desfavorable que en el marco del ajuste fue reducido a la mitad. A partir de 1995, este tema nuclea la demanda de los estatales y es permanentemente reivindicado en todas las protestas. En el actual contexto electoral, el gobierno local decide el reintegro del 20% de zona desfavorable que había formado parte de su campaña en 1999, recorte realizado durante la última gestión de Felipe Sapag en el marco de la crisis fiscal de la provincia.

6. Los reiterados reclamos y el enfrentamiento entre el gremio docente y las autoridades de educación en la provincia dan lugar a la suspensión de la aplicación de la Ley Federal por un decreto del Poder Ejecutivo en septiembre de 2000.

7. Los subsidios de los Planes Jefes y Jefas de Hogar son el instrumento por medio del cual el gobierno nacional intenta mostrar una reducción del desempleo. Así, el INDEC recientemente ratifica un 18% de desocupación en el conglomerado Neuquén que incluye una localidad vecina a la capital, Plottier. Los desocupados y subocupados, de este modo, suman un número de personas (41.000) equivalente a la población de otras dos localidades neuquinas, conocidas por los hechos de ‘96 y ‘97: Cutral Co y Plaza Huincul (Río Negro, 2002[a]: 2-3).

8. Al momento de escribir este artículo la policía desaloja la planta textil Brukman, que se encuentra en el barrio porteño de Once, luego de noches de mucha tensión y con la presencia de representantes de los distintos sectores intentando negociar la continuación de esta fábrica, autogestionada por sus 57 trabajadores. La empresa de Jacobo Brukman, que abandona la textil con la crisis económica, es recuperada por los trabajadores (2001), quienes continuaron con la producción de prendas.

9. La planta frigorífica Fricader de J. J. Gómez en Río Negro se encuentra funcionando por los trabajadores en el marco de continuas gestiones con autoridades provinciales y nacionales y la idea de los operarios de convertirla en cooperativa.

10. En agosto de 1990 un carrito se desprende de su soporte y provoca la muerte de Roxana Alaimo y heridas a Karina Benítez. Luego de unos meses el parque es clausurado por el entonces intendente de Buenos Aires, Carlos Grosso. Se tarda seis años para lograr la condena civil, y la justicia determina que la empresa debe indemnizar a la madre de la joven con cien mil dólares.

11. Contrariamente a algunas ciudades, en particular Buenos Aires, en Neuquén, casi no hay asambleas barriales fuera de las que organiza el partido provincial, ni marchas de cacerolas. El MPN provincial controla, por ejemplo, en la ciudad capital, todas las comisiones vecinales de los principales barrios. El clientelismo se postula como dominante en el mundo popular de los barrios más pobres de los alrededores del casco urbano de Neuquén.

12. Del expediente del concurso preventivo surge que Zanon tiene 500 acreedores, entre los que figuran el abogado Luis Moreno Ocampo y el Banco Interfinanzas Internacional, con sede en las islas Caymán, que les prestó 20 millones de dólares.

13. Según el informe de Alberto Croceri elaborado para el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) de la provincia de Neuquén, se le otorgan a la empresa 5.700.000 pesos antes de la devaluación (Río Negro, 2003: 14-15).

14. Los obreros de Zanon tienen el apoyo de Naomi Klein, quien visitó la empresa recientemente. Se trata de la autora del libro No Logo, que se transforma en el texto de cabecera de los grupos antiglobalización. Esta periodista y activista comprometida con la democracia participativa y alineada contra las multinacionales comenta que "Zanon es conocida internacionalmente como símbolo y ejemplo de un movimiento nuevo".

15. Los obreros de Sasetru ponen a producir la empresa luego de 19 años de permanecer cerrada. Hacen fideos para los comedores y cuentan con el apoyo de los concejales de Avellaneda, que por una ordenanza les permiten producir como cooperativa, y progresivamente pasan a ser dueños de la maquinaria. No obstante, como se sabe, el 26 de marzo de 2002 800 efectivos policiales, helicópteros y gases lacrimógenos, desalojaron la planta.

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Orietta Favaro (*)

(*) Doctora en Historia. Profesora Titular de Historia Argentina Contemporánea e Investigadora de la Universidad Nacional del Comahue y del Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura (CEHEPYC), Neuquén, Argentina.