Costa Rica. Precaristas, colonos, políticos y terratenientes

Introducción

Los historiadores utilizan la noción "período colonial" cuando estudian la ocupación del territorio de América Latina por el imperio español y Portugal hace 521 años. En otros contextos, "colonización" destaca la continuidad de la expropiación de las tierras de los cacicazgos indígenas para impulsar la acumulación capitalista, acompañada de la fundación de poblados mestizos y de la extensión de las instituciones públicas del Estado liberal, entre 1821 y 1890. Esta modalidad de apropiación de tierras la promovieron familias descendientes de conquistadores, vinculadas por la propiedad latifundista o el comercio local y para la exportación. Recurrieron a la explotación de esclavos afroamericanos, a diversas formas de servidumbre de los pueblos indígenas sobrevivientes y al trabajo asalariado.

Otras familias de labradores, peones jornaleros, obreros agrícolas y artesanos arruinados, también se involucraron en los trajines de apropiarse de tierras baldías o de partes de los latifundios sin cultivar. En particular después de la Guerra contra los Filibusteros de 1856-1857, pues se acentuó el servicio militar obligatorio y los cafetaleros consolidaron sus haciendas en el Valle Central. El éxodo campesino tomó forma entre 1880 y 1960. Originó otra clase de "movimiento colonizador", denominada "precarismo" a partir de la Ley de Parásitos de 1942 que legalizó las propiedades ocupadas de hecho. La colonización precarista contrariaba y reforzaba a la vez el fundamento económico y jurídico de la propiedad privada y crecía en forma desordenada; aunque al mismo tiempo agregaba valor mercantil al latifundio.

Los "precaristas" tomaban tierras por razones de necesidad familiar o por interés mercantil y social. Eran inmigrantes asalariados expulsados de las haciendas o familias del campo, expropiadas por los usureros. No tenían dinero para inscribir sus parcelas, carecían de medios para cultivarlas más allá de la subsistencia y los gobiernos desatendían sus necesidades de educación, salud y progreso material en los poblados que fundaban. Aislados y discriminados por la ley, la competencia y "la modernidad" capitalista, vivían hostigados por terratenientes del país y extranjeros que adquirían baldíos y los inscribían con áreas colindantes adicionales llamadas demasías, con el propósito de ampliar sus empresas de exportación.

En consecuencia se desataron querellas y enfrentamientos a veces armados por la posesión y defensa de la finca familiar. Ante el desorden en la apropiación, la imposibilidad de cultivar el latifundio y la intensidad de los conflictos, en 1961 el gobierno de Mario Echandi Jiménez aprobó la Ley del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO). La instancia tomó forma cuando contó con financiamiento del programa internacional de reformas que promovió el gobierno de John F. Kennedy, llamado "Alianza para el Progreso". Hacia 1962 el ITCO comenzó a legalizar las "invasiones a la propiedad privada" de los precaristas; pero también las apropiaciones por parte de comerciantes de terrenos y de políticos de clase media que carecían de riquezas y prestigios. Entre 1970 y 1980 impulsó otros programas, con el objetivo de crear asentamientos campesinos organizándolos en cooperativas.

Este artículo examina ese fenómeno de la historia de Costa Rica entre 1950 y 1980 para satisfacer algunos objetivos:

• 1) Dar a conocer la continuidad de las luchas por la tierra como contradicción social estructural de la historia del capitalismo agrario costarricense.

• 2) Rescatar a los actores y sujetos populares que impulsaron la ampliación del mercado interno con algún grado de intervención de los partidos políticos reformadores y de las autoridades del Estado intervencionista que se configuró entre 1940 y 1980.

• 3) Relacionar los proyectos de transformación de la estructura de tenencia de la tierra con la estrategia del imperialismo norteamericano en función con sus intereses geopolíticos en Centroamérica y la renovación del Estado burgués después de 1948.

Restauración del Estado y expansión capitalista

En los siglos XVIII y XIX unas pocas familias de Costa Rica se adueñaron de las tierras boscosas, los depósitos mineros de los Montes del Aguacate y la Cordillera de Tilarán; de gran parte de baldíos nacionales y los llanos aledaños a la meseta central. Procedieron mediante declaraciones de denuncios y luego los legalizaron como propiedad propia Forzaron la expulsión de los indígenas a zonas montañosas y las migraciones de labriegos y campesinos pobres de la meseta cafetalera.

Los gobiernos promovieron la inmigración de capitalistas europeos y norteamericanos enriquecidos por el comercio mundial derivado de la revolución industrial, y de trabajadores extranjeros desalojados por las guerras, la explosión demográfica, el comercio de esclavos y la explotación salarial. Entre 1848 y 1915, en los nuevos territorios colonizados se instituyeron la mayoría de los 81 cantones de las provincias del Estado. Y los terratenientes, cafetaleros, comerciantes, usureros e inversionistas extranjeros adquirieron categoría como clase social y política, denominada "la burguesía agroexportadora".

"En 1966 Moretzson de Andrade examinó los nombres de las 3.387 personas que compraron tierras entre 1700 y 1849. Encontró que 62 personas adquirieron cinco o más latifundios y vendieron menos del 50%. A esos individuos los designó con el nombre de "acaparadores". Agrega: Los 113 pobladores, no más de 40 familias registradas en 1569, formaron el núcleo de la aristocracia costarricense…Se casaron entre ellas y crearon líneas compactas de descendientes…Este grupo manejaba las riendas del poder en la colonia." (Seligson M. 1980:55-75) y lo transmitió a sus herederos en el período republicano. En 1975 el investigador Samuel Stone encontró en las genealogías coloniales que 29 de los 44 Jefes de Estado que dirigieron la nación después de 1821 descendían en línea directo del conquistador Juan Vásquez de Coronado. (Stone S. 1975:51)

En los quince años posteriores a la Guerra Civil del 48 la economía costarricense conservó la fisonomía de la sociedad tradicional agroexportadora. Las formas mercantiles y capitalistas de producción cubrieron mayor extensión geográfica, penetraron otras regiones hasta entonces marginales y surgieron otros cultivos agrícolas para comercio mundial.

La frontera del café se expandió. Hacia el Atlántico, en Turrialba; al noreste en San Carlos y al noroeste de Nicoya; al sureste, en Coto Brus y al sur de la capital en la zona de los Santos, Dota y Pérez Zeledón. En el Valle Central se tecnificó la siembra, transporte, acopio y procesamiento industrial del fruto y cobró auge el cultivo de productos para comercio interno como tabaco, azúcar, granos, hortalizas y leche.

En el Pacífico Norte se amplió la ganadería extensiva, la explotación forestal, la producción de maíz, sorgo, arroz y algodón. En el Pacífico Sur surgió un pujante ciclo bananero entre cultivos de frijol, maíz y arroz, palma oleaginosa y ganadería. En la región atlántica se reabrieron las fincas bananeras abandonadas en 1933 y el cacao tuvo otro ciclo de aumento de la demanda externa y buenos precios..

En distintos puntos de la geografía hubo apropiación de tierras en áreas vacías mediante la inmigración colonizadora y la iniciativa de productores directos empobrecidos, o estimulada por los gobiernos. Se amplió la frontera de producción. El número de fincas privadas aumentó del 35% de manzanas cultivadas en 1950, al 53% en 1963; aumentó el área dedicada a las siembras comerciales, hubo más circulación monetaria, mejores vías de transporte e índices de vida urbana. Todavía en esos años 60, entre un 81 y 78% de las fincas en producción eran dirigidas por sus propios propietarios. (Stone 1975:35).

Pronto se agotaron las tierras baldías. La ganadería y la explotación forestal arrasaron con bosques, montañas y cuencas fluviales. Las zonas de mayor expulsión de familias dedicadas a cultivos de subsistencia fueron las provincias cafetaleras y ganaderas. En las plantaciones bananeras, la tecnificación y diversificación de exportaciones amplió el excedente de fuerza de trabajo. El campesino devino modesto agricultor, asalariado de cultivos estacionales, arrendatario, jornalero, proletario. Junto al obrero bananero engrosó la cifra de precaristas. (Abarca C.1992: 25-30).

La ampliación de la propiedad territorial no condujo al reparto equitativo de la tierra. En 1963 el 93.5% de las fincas inferiores a 5 Has y menores de 50 cubrían una extensión de 37.6%, mientras el 6.5% mayores de 100 y de 500 has absorbían el 62.4% del área cultivada. Diez años después esos porcentajes subieron al 92.7% con un área del 33% y el 7.3% de las fincas entre 100 y 500 has que ocupaban el 66% de las tierras en cultivo. (Mora A. 1992:24)

Un historiador norteamericano afirma: "En el censo de 1973, el 36.9% de los terratenientes poseían el 1% de la superficie en fincas y el 57.6% eran dueños de menos del 4% de la tierra. En Guanacaste había 80 hacendados dueños de 463.754 has…Costa Rica ocupaba el sexto lugar entre 54 naciones estudiadas en 1972 por Taylor Hudson, con mayor desigualdad en la tenencia de la tierra. Solo el 22% de la población agrícola activa poseía tierras. La situación se volvió alarmante por el agotamiento de la frontera agrícola. El coeficiente GINI varió de 0.9 en 1950, 0.88 en 1963" (Seligson 1978: 55-57) y 0.82 en 1973.

La transformación de la propiedad familiar no fue un proceso de proletarización unidireccional. Entre 1950 y 1963 el acceso a la tierra facilitó las ocupaciones en precario, la colonización espontánea y la reproducción del predio campesino fuera del valle central. Pero hacia 1963 decae la inmigración. Diez años después se cerró la frontera agrícola. Entre 1963-1973 se redujo la cantidad de fincas por la desaparición de la propiedad menor de una hectárea: el 80% de los fundos familiares que había en 1963.

En segundo lugar, entre 1950 y 1973 aumentaron las fincas que usaban fuerza mecánica; sobre todo, las mayores de 200 has. Las crisis del 73-75 y 79-83 detuvieron la tecnificación del agro. El urbanismo afectó los usos del suelo. "La cantidad de tierras agrícolas convertidas al uso urbano alcanzó 96 Has por año entre 1945-1957, aumentó a 170 has hasta 1965 y se incrementó a 696 has entre 1965 y 1980.

En tercer lugar, desde 1950 nuevos productores se volvieron empresarios agrícolas que abastecían la demanda nacional y aumentó el número de técnicos agropecuarios. A partir de 1972, con la formación de CODESA, el Estado adquirió grandes extensiones para algodón, azúcar, sorgo, frutas y regadío. Pero hacia 1980 la diversificación del agro se trasladó al sector de mayor crecimiento capitalista. Se redujo la cifra de trabajadores ocupados en agricultura desde un 54.7% en 1950 al 30.1% de la PEA en 1984. Disminuyó el peso relativo del campesinado en la sociedad y aumentó la cifra de asalariados. (Rodríguez, S. 1993:30-51).

En perspectiva regional y de desarrollo desigual del capitalismo, el mismo autor distingue diversas configuraciones: a) Zonas de retorno a la producción campesina; b) zonas de reducción del campesinado y de proletarización) áreas de preservación del propietario agrícola; d) lugares de aumento del campesinado; e) zonas de desaparición de estos productores. En esa reestructuración se combinaron diversas modalidades de control sobre la presión campesina, acceso a la tierra, organización de los sujetos productores desplazados y renovación empresarial en las nuevas áreas adquiridas. En consecuencia las acciones de los precaristas, ni la estrategia política agropecuaria evolucionaron con los mismos ritmos y objetivos, ni hubo uniformidad en el trato institucional del problema social y de la colonización. (Rodríguez S. 1993:55-152)

Al acoso del latifundio

En 1949 La Junta de Gobierno recibió informe de la Oficina de Colonización del Ministerio de Agricultura. Desde 1909 el Estado fue adquiriendo hasta 199 fincas que medían 190.000 hectáreas para resolver conflictos de posesión de 4.000 ocupantes ilegales.Cerca de 47.800 se traspasaron al Estado por la "Ley de Parásitos" de 1942; pero muchos campesinos no legalizaron su situación. "Hay 260 fincas que miden 188.200 has y esperan la acción del Estado. http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/memoria_49-III-agrario.pd. Al año siguiente el Presidente Figueres estimó en 15.000 el número de familias viviendo como "parásitos", con amenazas de enfrentamientos con los terratenientes. (Mora, A. 1992:17).

La estadística y la percepción gubernamental estaban lejos de los "sitios de las abras" y de los negocios entre políticos y latifundistas. "Luego de tomar el poder en 1930, Anastacio Somoza comenzó a contrabandear ganado a Costa Rica burlando la ley de protección a la ganadería de 1932. Lo enviaba a Víctor Wolf, aliado del gobierno de Calderón Guardia, y lo engordaban en Chomes…Con ese comercio, Somoza adquirió tierras al sur de la frontera. En 1940 le ofrecieron en venta la Hacienda Tempisque, negocio que no concretó. Pero sus hijos Luis y Anastasio Somoza Debayle sí compraron grandes haciendas con fines especulativos. Otros, como el dirigente opositor, Indalecio Pastora, era dueño con su familia de la Hacienda Verdún a ambos lados de la frontera. Carlos Pasos, tesorero de las fuerzas antisomocistas tenía en 1957 la hacienda Paso Hondo en Cañas y en 1958 la Hacienda Santa Rosa, en la Cruz.

Algunos latifundistas de Guanacaste eran amigos y aliados y amigos de los Somoza; así como el Expresidente Teodoro Picado, quien en 1944 coordinó operaciones militares con Somoza en contra de fuerzas que acosaban a la dictadura. Otros funcionarios de ese gobierno participaban del contrabando de ganado. Picado, por medio de los nexos de su segunda esposa, Etelvina Ramírez Montiel, quien era de La Cruz y tenía conexiones con hacendados de Nicaragua. Otros eran socios de su hijo Teodoro Picado Lara; incluso el hijo del General Somoza, Anastasio Somoza Debayle, compañeros de graduación en West Point en 1946. El Ministro de Trabajo de Picado, Miguel Brenes Gutiérrez, había adquirido con sus hermanos una extensa porción de la Hacienda El Viejo". (Edelman M. 1990: 268-269)

Según el historiador Rodolfo Fernández, entre 1931 y 1939 hubo en Guanacaste 82 casos de precarismo en los que participaron 329 familias, sobre todo en los cantones de Santa Cruz y Nicoya. El hostigamiento de los terratenientes consistió en quemar ranchos y cosechas. Los precaristas respondieron con asaltos a las casas de los hacendados. Fueron reprimidos por la policía estatal y los guardias de los latifundistas. Sucesos similares sin luchas violentas, ocurrieron en las haciendas La Chocolata, Cañas Dulces, El Real, El Viejo, Abangares, El Pulguero, La Estrella, La Fortuna, Quebrada Grande, la Palma, Miravalles, El Sitio de Sapoá, Abangares y en tierras denunciadas por empresas mineras, en Tilarán. Todas, antes de 1950. Hacia 1940 el Partido Comunista había creado en Guanacaste los Comités Regionales de la Unión Nacional Campesina de Lucha por Tierras y Crédito.

A mediados de 1950 David Steward Bonilla visitó la Hacienda Miravalles, propiedad de su padre, la cual había sido tomada por precaristas. El exadministrador, Víctor Oviedo, empleado de la hacienda durante 29 años, narra que los precaristas asediaban esas tierras desde 1947 y se asentaron entre 1955-56. En 1950, 15 familias provenientes de San Ramón de Alajuela entraron a esa finca e iniciaron la tala del bosque. Ocho años atrás, el Expresidente Teodoro Picado había ofrecido comprarla.

La segunda ocupación de la hacienda se produjo entre 1954 y 1957. Luego de abrir repastos, pulperías, cantinas, aserraderos, arroceras y canchas de fútbol los precaristas fundaron el pueblito La Fortuna. El gobierno se vio forzado a instalar una oficina de telégrafos y una Agencia de Policía. Entre 1962-1965 el ITCO concluyó los trámites para conceder derechos a los nuevos propietarios y cuatro años después, La Corte fijó precio de venta a los ocupantes por la suma de ¢150 la manzana. (Edelman, M. 1998: 303-305)

En la misma década otros campesinos tomaron 6.125 has de la Hacienda San Juanillo, en la Península de Nicoya; propiedad de la viuda del español Federico Sobrado. Era común que los terratenientes obsequiaran el lote y las maderas para construir la escuela como medio de retener a los pobladores y usar la fuerza de trabajo. En San Juanillo había en 1956 más de 250 alumnos matriculados en ocho escuelas situadas dentro de la hacienda. (Edelman, M. 1998:368).

Ante la perspectiva de los subsidios a las inversiones extranjeras, previstos en el Mercado Común Centroamericano, la firma Coral Gables de Florida se ubicó en Guanacaste. En 1968 adquirió la Hacienda El Hacha en sociedad con Antonio Capela Segreda y Gonzalo Facio Segreda, futuro Ministro de Relaciones Exteriores. En 1970 un contratista de Ohio de apellido Gesling compró la Hacienda Loli. Asimismo, John D. Cage, "un ciudadano de Tejas testaferro de Lyndon B. Johnson", compró la Hacienda Culebra y la Hacienda Santa María en las faldas del volcán Rincón de la Vieja. (Edelman M. 1998:262-263)

Teodoro Picado Lara, abogado, formó en 1962 la Compañía Agropecuaria La Esperanza con un grupo de inversionistas incluyendo a su madre, su esposa estadounidense y sus primos René y Álvaro Picado Esquivel. Tres meses después, el general Somoza Debayle figura como presidente de la compañía, igual que en la Sociedad El Murciélago Ltda. En 1963 la Sociedad La Esperanza adquirió el 50% de las acciones de EL Murciélago y Somoza retuvo el otro 50%.

Ese mismo año, Picado se asoció con Alfonso Salazar Céspedes para explotar la Hacienda El Viejo. En 1962 figuraban como dueños Anastasio Somoza y Alfonso Salazar. En 1964 Luis Somoza compró la Hacienda Santa Rosa y junto con su padre controlaba 31.000 has en Guanacaste y unas 30.000 has de las haciendas de la familia Pastora, cerca de los Chiles.

En varias ocasiones, efectivos de la guardia militar de Nicaragua entraron al Murciélago y a Santa Rosa para expulsar precaristas. Explotaban maderas y ganadería usando peones indocumentados. En el Murciélago se entrenaron guardias somocistas y mercenarios cubanos contrarrevolucionarios, desde 1970. El General era visitado por capitalistas de la ultraderecha costarricense, como Hubert Federspiel. Los conflictos agrarios en Santa Rosa entre 1966 y 1970 llevaron a José Figueres a expropiar la hacienda y crear el Parque Nacional en 1970, en una extensión de 10.000 has. En 1978 y 79 el Presidente Carazo Odio expropió la hacienda El Murciélago. (Edelman, M. 1998: 272-279).

"Un análisis de las ocupaciones e invasiones de tierras entre 1963 y 1981 indica que en la mayoría de los intentos los latifundios estaban intactos. En esos años, sólo en Guanacaste hubo 13 ocupaciones que cubrieron el 92.8% del total de 43.080 has reportadas como ocupadas por precaristas y 856 de 1.101 familias participó en esos movimientos". (Edelman M. 1998:306) Los otros casos fueron de individuos que no eran campesinos necesitados de tierras. Afectaron propiedades de dueños ausentes y casi todas las haciendas eran bosque remotos y tierras subutilizadas.

En esa provincia hubo 20 conflictos entre 1950 y 1959 y el partido Vanguardia Popular tenía presencia en Nicoya, Las Juntas, Bolsón y Ortega. En Nicoya hubo 406 conflictos entre 1931 y 1977, y 47 en Las Juntas de Abangares. (De la Cruz, V. 1986:368). En Bagaces se produjo otra ocupación en una hacienda de 109.947 Has. A causa del abandono de fincas bananeras en el Atlántico, la United Fruit Co. despidió en 1932 a 6.380 trabajadores de los 10.680 que empleaba en 1926. Gran número de ellos invadió las tierras infectadas e inundadas. (Villarreal M. 1979:91)

Entre 1900 y 1950 indígenas y colonos del Pacífico Sur sufrieron la expropiación o quedaron orillados al pie de los montes y veredas de los ríos de la Cordillera de Talamanca. En 1938 los diputados ordenaron un censo agrario en las márgenes del Río Térraba para decidir un conflicto que desde 1927 habían sido provocado por la UFCO contra 340 colonos en una extensión de 10.3902.8 Has.

Entre 1945 y 1960 despegó la presión sobre el latifundio bananero, obra de campesinos inmigrantes del Valle Central, Guanacaste, Nicaragua y Honduras. En esa fase surge el movimiento social agrario en el litoral. La Junta de Gobierno firmó el Contrato de 1949 por el cual la United devolvería tierras, a cambio de concesiones para extender el área bananera y cultivar palma. El Estado obtuvo 5.000 has en Sarapiquì y el Valle de la Estella y 9.505 m2 en Corredores. Después de 1960 la Compañía fragmentó partes del latifundio.

La United Fruit Co. abandonó las plantaciones bananeras en el Pacífico Central a partir de 1956 e inició la siembra de palma africana. La práctica de uso de la tierra, las condiciones de precios del banano y las contrataciones con el Estado de 1942, 1949 y 1954 produjeron el desuso de grandes extensiones. Desde 1945 hubo ocupaciones en precario en las fincas de Parrita hasta Quepos y Golfito; en Palmar, entre 1955 y 1958; en Golfito en 1957 y 1958. Ocurrieron en las fincas Jalaca, El Bosque, Anita Grande, Anita Chiquitra, Corredores, Guanacaste y Limón. Eran organizadas por obreros bananeros cesantes, agrupados en Ligas Campesinas.

En el espolón de Coto Brus también hubo tensiones agrarias. Ahí se ubicaron campesinos inmigrantes, obreros bananeros cesantes y gentes del Valle Central. Desde fines de 1940 ocuparon buena parte de tierras baldías en El Pavo, Linda Vista, el campo de aterrizaje, Copal, Las Mellizas, Río Negro y San Vito. Pero en 1952 el gobierno firmó un convenio con la Sociedad Italiana de Colonización Agrícola (SICA). Los colonos ocuparon parte de las tierras adjudicadas en Sabalito y Agua Buena porque los italianos no las cultivaban y fundaron la Unión Campesina de San Vito y Sabalito. (Abarca, 1992: 42-45)

La Ley de Poseedores en Precario de 1942 había sido revocada en 1951. Durante diez años se hizo una pausa en la atención al problema agrario. En la década 50-60 se fomentó el latifundio como medida proteccionista a la crianza de ganado, con subsidios recomendados por los préstamos que otorgaban el BID y el BM. En los años siguientes se privilegió la inversión en transporte, energía eléctrica, telecomunicaciones e infraestructura educativa. (Edelman, M. 1998: 225)

El reformismo agrario burgués

Las causas de las ocupaciones de tierra y de la colonización "espontánea" se entrelazan y manifiestan con especificidades y en relación con coyunturas históricas. Figuran entre aquellas: el aumento demográfico y la urbanización, la fragmentación y estrechez de las fincas familiares, el acaparamiento del territorio disponible para la agricultura según las tecnologías del momento, las demandas del mercado interno y de la reproducción de capitales, los ciclos de exportación, la concentración y centralización de la empresa agropecuaria, la "industrialización" y la conciencia del derecho a la libertad económica y equidad entre las clases medias.

Francisco Barahona Riera, socialdemócrata, especialista en derecho agrario, resta crédito al poder reformador del Estado. Analiza los intereses de clase activos en las estrategias de distribución de la tierra y estima que el fenómeno es deudor de la lucha agraria con diversos protagonismos de campesinos pobres, obreros y trabajadores bananeros, comunidades de colonos, organizaciones cívicas y las gestiones municipales.

Considera que el derecho agrario y La Ley No. 2825 del 14 de octubre de 1961 que creó el IITCO reconocen que la posesión precarista de la tierra es inherente al derecho a la propiedad privada. Sostiene que no configura delito; sino que las instancias del Estado no las legalizan en el tiempo oportuno. La brecha entre usufructo y derecho de propiedad pone entonces al Estado en obligación de mediar. Recurrió a la compra y venta legal como alternativa a la expropiación por interés social y con ello los gobiernos entraron al mercado de tierras habilitado con antelación, incluso por el movimiento precarista. Las acciones del ITCO, por lo tanto, no son sinónimo de reforma agraria. Constituyen un mecanismo extraeconómico de acumulación que favoreció la apropiación de los medios de capital que requería insertar el territorio periférico del país al dominio de la burguesía. (Barahona, F. 1980:105).

El acierto de esa hipótesis radica en que permite analizar y apreciar las luchas de campesinos y obreros agrícolas como una conducta social sustantiva. El productor directo y el proletariado devienen sujetos y actores de las prácticas políticas que reivindican el derecho a la tierra y a la organización del proceso productivo en modalidades individuales, cooperativas y/o comunitarias; en consenso o no con los gobiernos, los partidos políticos y las estrategias de poder de la clase dominante.

Por ejemplo. En 1961 un grupo de campesinos pobres de San Ramón de Alajuela ocuparon parte de una finca particular estimulados por el diputado del PLN, José Luis Valenciano. Las elecciones se realizarían en febrero de 1962 y el diputado ofreció que en caso de ganar su partido se les daría las tierras que habían seleccionado, presuntamente sin dueño como todavía ocurría. Pero Francisco J. Orlich tenía propiedades aledañas a la tierra ocupada. El PLN y el propio Presidente Orlich se retractaron de la promesa porque no habían tomado en cuenta que el latifundio pertenecía a una familia de apellido Pinto.

Los campesinos entraron a la finca varias veces. Fueron encarcelados; pero se plantaron ante el mismo Presidente Orlich. Entonces intervino el diputado ramonense Deseado Barboza Ruiz, electo por el Partido Republicano. Apoyó y asesoró a los precaristas hasta conseguir la tierra. Así se creó la Colonia Trinidad: el primer asentamiento reconocido oficialmente por el Estado a través del ITCO. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan050060.pdf

En consecuencia, la creación del ITCO y las manipulaciones de los partidos a partir de 1962, se sumaron a los móviles estructurales que explican las ocupaciones en precario.

En la década 60-69 sólo en Guanacaste se registraron 372 conflictos agrarios: 174 en Nicoya, 84 en Santa Cruz y 34 en Carrillo. (De la Cruz, 1986: 371). "En La Cruz…más de la mitad de las familias rurales eran precaristas y un octavo de sus fincas estaba en disputa después de 1960…Era uno de los cantones donde todavía había grandes áreas de tierras del Estado sin denunciar o que las haciendas mantenían como demasías…Los campesinos se veían atraídos por las sabanas de tacotales pues eran favoritas para la agricultura de roza". Con alguna concordancia, se activó un tipo de resistencia asociada con el abigeato, el robo hormiga y otras formas de violencia. "Más o menos el 7% de la tierra cultivable de la Provincia pudo haber sido disputada por el 9% de las familias que eran precaristas." (Edelman M. 1998: 311 y 321).

Entre 1962 y 1969 el ITCO puso en marcha el plan de colonización para asentar a familias en terrenos vírgenes. Se favorecieron 1.222 que se ubicaron en 11 colonias con un total de 25.412 has. Pero en 1963 había en el país 14.447 familias en tierras precaristas. Hasta 1966 el ITCO utilizó 35.412 has y se otorgaron 224 títulos de posesión. Ese año se sustituyó el plan de colonias por un programa de ocupantes en precario. (Seligson M.1978:55-64; Salazar, N. 1978: 71)

Una opinión divergente sobre el discutible éxito de esta etapa, afirma lo siguiente. "En sus primeros años el ITCO no logró incorporar a los campesinos a un tipo específico de colonización. Hasta 1968 se activaron medidas para legalizar la posesión precarista fuera del Valle Central. Pero muchos colonos abandonaron la parcela, vendieron, desistieron de cultivar y trabajaron como peones. Funcionarios del ITCO hicieron varias de esas compras. Además, se toleró las demasías por medio de la ampliación de linderos hasta áreas ocupadas por precaristas. Eso ocurrió en terrenos de reservas indígenas, haciendas improductivas y al amparo de sociedades anónimas y de sucesiones familiares. (Barahona, F. 1980:222-223).

La segunda fase de intervención estatal se esbozó en 1969 y tuvo alguna uniformidad hasta 1974. "En 1969 hubo urgencia de atender inundaciones en Guanacaste. La acción permitió ensayar un estilo de reforma conocido como "el modelo Río Cañas". Quince años atrás en la zona se desbordaron dos ríos…Los campesinos perdieron todo. Intervinieron las agencias de socorro y trasladaron a los damnificados a Santa Cruz. Ahí se formó un Comité de Emergencia y construyeron 40 casas en el lugar donde estuvo Cañas Viejo.

Para trabajar, alquilaron una parcela a un rico hacendado y durante dos años cultivaron cerca de 400 Has. Al solicitar la renovación del contrato por tres años más, el propietario rehusó. Se formó un Comité de Campesinos y recurrieron al ITCO. Sin éxito, plantearon el problema a la Asamblea Legislativa y se aprobó la ley para comprar la tierra. El dueño no quiso negociar y fue expropiado con indemnización. El 12 de marzo de 1969 se fundó la Cooperativa de Río Cañas con 44 socios". El caso sirvió de ejemplo para organizar otros asentamientos en forma de cooperativas. (Seligson, M. 1980:164-165).

Al mismo tiempo se daban otros procesos. La Confederación General de Trabajadores daba orientación a las reivindicaciones campesinas desde 1953, renovando la experiencia de los años 40 y a tono con la expansión de las relaciones capitalistas en el agro. En 1967 se fundó el Consejo Nacional Campesino integrado por uniones de productores agrícolas particulares de Guanacaste y de Parrita, Quepos y Villa Neilly. Estaban compuestas por comités de 7 directivos y tenían entre 10 y 50 asociados. (Barahona, 1980: 221)

El 29 y 30 de marzo de 1969 se celebró en San José la Asamblea Nacional de Obreros Agrícolas y Campesinos para crear la Federación Unitaria Nacional de Trabajadores Agrícolas y Campesinos (FUNTAC). Asistieron representantes de la Unión de Pequeños Campesinos y Productores Agrícolas de Limón, La Unión de Trabajadores Agrícolas del Pacífico (UTAPA), la Unión de Trabajadores Agrícolas de Guanacaste, la Unión de Pequeños Productores Agrícolas y de Plantaciones de Quepos, la Unión de Pequeños Productores Agrícolas de Pérez Zeledón y La Unión de Trabajadores Agrícolas de Golfito. Gonzalo Sierra Cantillo fue electo Secretario General. (Libertad 12-4-1969 y 17-5-1969: 6).

El ITCO conocía en 1970 los casos de 1.136 parcelas ocupadas en 5.040 has de particulares y en fincas del Estado había 1.695 parceleros con más de 15.257 Has. (De la Cruz, 1986:371). "Al final de 1970, según registros del ITCO, apenas se actuó sobre una sexta parte de los conflictos suscitados y la mayoría se resolvió por la vía represiva". (Barahona, F. 1980:127). Un año antes había sido creada la Guardia de Asistencia Rural en sustitución del Resguardo Fiscal. Tuvo la misión de vigilar, detectar y expulsar a los ocupantes ilegales de tierras. La policía intimidó, quemó ranchos y cosechas, confiscó herramientas y encarceló, previos juicios penales. Reprimían en la fase de usufructo, antes de un año de posesión, para excluir a los precaristas de la ley que los protegía después de ese plazo.

El ataque a los precaristas no vino sólo de los gendarmes del Estado. Empresarios y terratenientes financiaron una campaña anticomunista para amedrentar. Unos campesinos se negaron a actuar a la sombra del Partido Vanguardia Popular. Preferían a dirigentes del PLN o de la Federación Sindical Agraria Nacional (FESIAN) creada en 1972 por la CCTD y adscrita a la AFL-CIO y a la ORIT. Otros transaron con comerciantes de tierras y arreglaron con el ITCO, una vez que aquellos propiciaban las ocupaciones en precario. De ese modo se protegió a los hacendados y se evitó a reforma agraria.

De ahí que tomara forma otro tipo de mediación. Políticos y funcionarios del ITCO echaron suertes para cooptar la organización campesina. La táctica funcionó en las fincas en producción y fue otro empuje a la intervención mediadora y/o represiva del Estado. (Barahona F. 1980:105 y 121-123). Se impulsó el Plan de Asentamientos Campesinos, el cual se desarrolló también en un entorno de luchas agrarias. Ambos procesos se acentuaron debido a la crisis de energéticos de 1971 y la depresión económica de 1973-1975.

En 1972, 40 familias ocuparon Finca Guanacaste, en la zona bananera sur. Fueron detenidos y encarcelados 17 campesinos. Al año siguiente, otros 500 productores entraron al Valle de Coto, entre la frontera con Panamá y Bahía Pavón. La siguiente oleada de tomas surgió en fincas Tamarindo y la No. 44 de Coto, en Puerto González Víquez. La frutera recurrió a la venta de las tierras a la Osa Productos Forestales, transacción que generó un intenso y prolongado conflicto. Hubo campesinos que estuvieron presos, sin juicios, hasta tres meses, sin juicios. Tuvieron éxito y se formaron los asentamientos La Flor, Fortuna, Sábalo, Palma, Comte, El Silencio y La Vaca y La Vaquita. El ITCO concedió propiedades favoreciendo en algunos casos a miembros de familias ligadas al gobierno y al PLN. (Abarca: 2005:95)

Otros grupos de campesinos retomaron la presión sobre el latifundio guanacasteco. En 1970 en la Hacienda Montezuma ubicada en Cañas, propiedad de Álvaro Jenkins. El mismo año, en la Hacienda El Murciélago Luis Morice Lara asesinó al activista campesino Gil Tablada. En 1971-72 fue tomada la Finca Santa Cecilia, propiedad del nicaragüense Urcuyo Barrios. Esas y otras ocupaciones de los años 74 y 75 obligaron a sectores del gobierno a prestar mayor interés en la resolución de los conflictos agrarios.

"Antes de 1975, el ITCO estableció sólo 9 proyectos de colonias en Guanacaste" reconociendo títulos posesorios en zonas de prolongada ocupación. Cuando se esbozaron los proyectos de riego de Moracia y de la represa del Arenal, el conflicto social tomó otro matiz. La Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste se enfrentó directamente al gobierno. Crearon el Comité Nacional de Política Agraria, en el cual se planearon presiones como no llevar ganado al mercado, bloquear la carretera interamericana, organizar grupos armados y financiar una campaña anticomunista. "Fue una de las primeras ocasiones en que Daniel Oduber compartió los intereses de la élite ganadera, como dueño de Hacienda La Flor, cerca del aeropuerto de Liberia". (Edelman M. 1989: 380-391).

Se inició entonces otro tipo de proyectos agrarios articulados a un modo de acumulación capitalista estatal, en el gobierno de Oduber. Se crearon 12 regiones de desarrollo y el ITCO adquirió grandes extensiones para diseñar proyectos de alta rentabilidad como la producción de azúcar, algodón, arroz y procesamiento de subproductos del café. Hubo, pues, un viraje en la transferencia de excedentes hacia las empresas agrícolas y agroindustriales. Se suspendió el plan de empresas comunitarias y la Dirección de Federaciones Agrícolas, DEFEAGRO, impulsó el cooperativismo con varios objetivos: garantizar fuerza de trabajo a las empresas de CODESA, neutralizar las luchas de la FENAC, formar agricultores capitalistas y desactivar el conflicto por la tierra en el nivel nacional. Asimismo, adquirió forma el fomento a la producción bananera en favor de empresarios nacionales agrupados en ASBANA.

En ese marco se indemnizaron 18.000 Has. de la Hacienda El Cortés de David Stewart en Guanacaste, la Hacienda Coyolar en Orotina, la Vaca y la Vaquita en el Pacífico Sur, y otras fincas en Sarapiquí y San Carlos. El número de hectáreas tomadas por precaristas bajó de 30.170 en 1974, a 14.336, 2.865 y 17.907 en los tres años sucesivos (Menjívar, R. 1985: 458-461).

Pero la lucha por la tierra resurgió en otras zonas. Del total de ocupaciones reportadas al ITCO, 65 ocurrieron en 1973 y 198 en 1975. En San José se presentaron en Pérez Zeledón, de 1973 a 1975; en Puntarenas entre 1972 y 1977. (Villarreal, B. 1979: 107-108). En Colorado de Abangares, en 1975 fue invadida la hacienda Rancho Boyero propiedad de un árabe de apellido Abdelnour. A principios de 1976 se gestaron otras ocupaciones en el Atlántico norte. El ITCO expropió 2.000 Has., compró 8.327, detectó focos de conflicto y abrió proyectos agrícolas mediante compra de 5.973 Has en San Carlos, lugar donde distribuyó 2.079 has a 178 familias. Impulsó pequeñas empresas lecheras, de porcicultura, viticultura, reforestación y producción de aceite vegetal. (Salazar, N. 1978:65-70).

Hacia 1978 el ITCO agotó "el stock" de tierras destinadas a asentamientos. Apenas disponía de 14.000 has; mientras la extensión de tierra invadida aumentó a 26.320 has en 1977. Por primera vez el precarismo apareció en Cartago y se acentuó en Limón, Alajuela y Puntarenas. Según el ITCO, el 5 de julio de 1978 había 10.140 familias que presionaban sobre unas 165.251 has. "San Carlos resurgió como zona de intensidad y efervescencia conflictiva; igual que Coto Sur y la Península de Osa". (Menjívar R. 1985:461-462) Ello, en coincidencia con el deterioro de la economía a raíz de la depresión económica que explotó en 1979.

En esa perspectiva, la élite política de la burguesía supo maniobrar, no sólo subordinando a un sector del campesinado a la reproducción capitalista por medio del ITCO y negociando indemnizaciones con los hacendados. También, en cuanto al papel que venía desempeñando en las luchas sociales el Partido Vanguardia Popular y otras organizaciones de izquierda que adquieren fisonomía política entre 1972 y 1980.

El PVP tuvo un crecimiento respetable entre 1948 y 1966. En el PLN, en 1968 se produjo una pugna ideológica que se manifestó en El Documento de Patio de Agua y producto de ella muchos militantes jóvenes abandonaron sus filas. Unos fundaron el Partido Socialista el 11 de abril de 1972; otros organizaron el MRA-MRP en 1970, al calor de las jornadas estudiantiles del 24 de abril contra el monopolio de ALCOA. Agrupados en torno al exvanguardista Rodolfo Cerdas Cruz surgió ese mismo año El Frente Popular Costarricense o "izquierda con sello". Y hubo quienes reivindicaron las premisas originales de la socialdemocracia o emigraron hacia la democracia cristiana o el PVP. En 1970 el PVP participó por primera vez en las elecciones desde la Guerra Civil, con el nombre de Partido Acción Socialista (PASO). Entre 1970 y 1978 tomó forma el Partido Renovación Democrática liderado por Rodrigo Carazo Odio, electo Presidente en 1978.

En 1973 los militantes del PVP influían en 78 comités campesinos a los cuales estaban afiliados má de 5.000 miembros cotizantes aglutinados por la FUNTAC. Su principal actividad surgía en la organización y dirección del acto inicial de la ocupación de tierras y luego se formaban asociaciones, sindicatos, uniones campesinas o de productores agrícolas. (Seligson M.1980:131). El Partido Socialista organizó a los obreros de la caña, en Turrialba. El MRP promovió las luchas de pequeños productores de caña en Coopevictoria (Grecia) en 1975 y en 1979 en Cañas, en el ingenio Taboga, mediante el sindicato SITRACAÑA. También en la dirección de las tomas de tierra en precario por medio de UPAGRA, en Puntarenas, San Carlos, Guanacaste y la zona Atlántica. Por su parte, el PLN a través de la CCTD fundó en 1972 la FESIAN adscrita a la CCTD. Pero la mayor fuerza y capacidad de organización política popular descansaba en el PVP.

Por ello adquieren relevancia los entendimientos entre el liderazgo del PLN y el Secretario General del PVP, Manuel Mora Valverde; aún bajo el supuesto de que ejecutaba acuerdos del Comité Político. En 1974 Isaías Marchena Moraga, dirigente de muchas batallas obreras y campesinas, se refirió en términos vagos a la existencia de un pacto entre José Figueres y Manuel Mora en torno a las negociaciones para solucionar el conflicto en La Vaca y La Vaquita. (Libertad. 20-6-1974:3). El convenio tenía implícito el objetivo del PVP, de recuperar la legalidad electoral, lo cual decretó Figueres antes de concluir su gobierno en 1974.