Pautas para una gestión comunitaria con enfoque microempresarial

Enviado por Juan Bautista Ramos Rivas

RESUMEN

La pobreza es el resultado de una inequidad social en la distribución de los ingresos y de las oportunidades para accederlas. Su problema central es el desempleo y la ignorancia. Su abordaje implica crear fuentes de ingresos sostenibles para las poblaciones pobres e instruirlos para escalar en cualquier actividad económica o apropiarse de nuevas tecnologías.

La verdadera esencia de los programas para la reducción de la pobreza debe ser dotar a las poblaciones desfavorecidas de medios sostenibles para satisfacer sus necesidades básicas y posibilitar su desarrollo social y económico. Por tanto, es esencial iniciar el desarrollo sobre la base de una participación social y ocupacional amplia, no sólo en la explotación de los recursos naturales propios, sino también en la creación y desarrollo de una economía comercial e industrial propia.

ABSTRACT

The poverty is the result of a social inequity in the distribution of the incomes and opportunities to consent them. Their central problem is the unemployment and the ignorance. Their confrotation implies to create sources of sustainable incomes for the poor populations and to instruct them to improve in any economic activity or to appropriate of new technologies.

The true essence of the programs for the reduction of the poverty should be to endow the affected populations of sustainable means to satisfy its basic necessities and to facilitate its social and economic development. Therefore, it is essential to begin the development on the base of a wide social and occupational participation, not only in the exploitation of the own natural resources, but also in the creation and development of an own commercial and industrial economy.

INTRODUCCION

La pobreza no es un estado en sí, sino consecuencia de una inequidad social en la distribución de los ingresos y de las oportunidades para accederlas.

Los sistemas políticos, económicos y jurídicos han sido diseñados para favorecer a las élites pudientes, de manera puedan ejercer dominio y control sobre las riquezas naturales, financieras y tecnológicas. Por tanto, la pobreza es un fenómeno estructural, no cultural ni coyuntural.

Erradicar la pobreza en un país implica una transformación radical en su estructura política, económica y social, que conlleve una distribución justa de las riquezas entre todos los estratos de la población y una igualdad de oportunidades para accederlas, no sólo de manera retórica en los discursos y leyes, sino ajustando los mecanismos y disposiciones a las realidades socioeconómicas de cada grupo social, de manera frene la expansión desmedida del capital y el uso de la mayoría de los pobladores como simple mano de obra barata al servicio del mismo.

Sin embargo, ante la realidad social, política y económica vigente e imperante en los países, lo anterior resulta una utopía y su propuesta una demagogia, ya que para los no pobres la existencia de la pobreza es una necesidad y ventaja económica, pues les garantiza perpetuar su status socioeconómico y reproducir sus riquezas de manera sustancial.

Por muy duro que parezca, la única alternativa viable en torno a la pobreza es paliarla, o sea, emprender acciones tendientes a reducir la brecha financiera existente entre los pobres y no pobres; acciones que impliquen que los pobres puedan mejorar sus condiciones de vida y obtener recursos suficientes para satisfacer, con una holgura mínima, sus necesidades básicas. Un primer escalón en esta tarea sería lograr que los pobres pudieran contar con ingresos estables, al menos, en una relación 2 a 1, o sea, por cada $ 1 que necesiten, puedan contar con $ 2.

También es evidente que la reducción de la pobreza no podrá ser posible vía institucional, pues sus intereses no conjugan con las necesidades y realidades que viven a diario los pobres ni tienen la suficiente independencia decisoria para su accionar, sus actuaciones están sujetas a las concepciones y decisiones de las clases gobernantes.

Por tanto, reducir la pobreza involucra un trabajo directo y activo con las poblaciones desfavorecidas, trabajo que conlleve el cumplimiento ineludible de dos premisas básicas:

Asegurar que cada familia cuente, al menos, con una fuente de ingreso monetario, permanente y sostenible, que garantice su subsistencia básica en cuanto a alimentación, vestuario, salud y educación.
Acortar el desfase escolar prevaleciente en la población económicamente activa pobre, de manera éste no sea una fuerte limitante para su desarrollo social y económico.

Es decir, el problema central de la pobreza es el desempleo y la ignorancia. Su solución es el primer paso para paliar las condiciones precarias en que viven los pobres, principalmente los de extrema pobreza, ya que ello conlleva mitigar sus necesidades de aprovisionamiento y estar más aptos para escalar en cualquier actividad económica o en el apropiamiento de nuevas tecnologías.

Por tanto, los programas de reducción de la pobreza no deben convertirse en meras pautas de publicidad política o institucional de que algo se está o se pretende hacer por los pobres, ni deben medirse por su visibilidad propagandística.

Tampoco pueden concentrarse en promover únicamente proyectos de agua potable, electrificación o letrinificación, pues, si bien es cierto son necesarios y contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones beneficiarias, no son determinantes en la reducción de la pobreza, ya que, tarde o temprano, resultarán una carga financiera para el presupuesto familiar, pues, obviamente, cada familia tendrá que pagar por la prestación de estos servicios.

Es decir, la verdadera esencia de los programas para la reducción de la pobreza debe ser dotar a las poblaciones desfavorecidas de medios de vida sostenibles, a través de los cuales no sólo satisfagan sus necesidades básicas, sino también posibiliten su desarrollo social y económico. Por tanto, es esencial iniciar el desarrollo sobre la base de una participación social y ocupacional lo más amplia posible, no sólo en la explotación de los recursos naturales propios, sino también en la creación y desarrollo de una economía comercial e industrial propia.

Sin embargo, no se puede pretender que estos programas lo resuelvan todo, pero sí sean el semillero del cual germinarán mejores condiciones de vida para los pobres a mediano plazo. Dicho de otra manera, crear las condiciones necesarias para que los pobres puedan, a través de la unificación de esfuerzos y voluntades, impulsar el progreso de sus propias comunidades, y esto sólo será posible si ellos cuentan con fuentes de generación de ingresos, un nivel escolar y técnico satisfactorio y los insumos básicos con que emprender su desarrollo.

PAUTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

La aplicación de un enfoque empresarial para el tratamiento de la pobreza es decisivo para el desarrollo económico de cualquier localidad, ya que no sólo dinamiza el quehacer de sus pobladores, sino que promueve las libertades personales y públicas. La fuerza con que se aplique expresará la creatividad del entramado social y la capacidad de los pobladores para afrontar los desafíos económicos, sociales y culturales presentes y futuros.

Pero, encontrar una metodología que se aplique de manera universal a todos los modelos de expresión de la pobreza es una ficción académica, pues ésta tiene características propias y contexto socioeconómico específico acorde al grupo social donde se manifieste.

Por otra parte, las bases para un desarrollo duradero en una comunidad se obtiene cuando sus pobladores se liberan de la apatía producida por las muchas esperanzas truncadas y de la vida pobre, e incluso miserable, que puedan afrontar; cuando se llenan de confianza en su futuro y advierten que está en su poder el mejorar sus condiciones de vida y el dominar su propio destino.

Por eso, un modo práctico y eficaz de abordar la reducción de la pobreza es por conglomerados sociales pequeños (comunidades) que posean afinidad cultural, homogeneidad de condiciones sociales y habiten en un área geográfica común.

Lo cual implica que este abordamiento será particular y específico a sus condiciones de vida social, económica y cultural, y dependerá de factores tales como ámbito social (urbano o rural), nivel de tenencia de medios de producción, acceso a mercados internos y externos (real y potencial), capacidad productiva y de generación de ingresos sostenibles, calificación escolar y técnica de la mano de obra disponible, estado de los recursos naturales y nivel de cohesión de los pobladores.

Por tanto, el éxito o fracaso de este abordamiento dependerá de la objetividad y efectividad con que se resuelvan los principales factores que inciden en la existencia del estado de pobreza en dicho conglomerado.

O sea, del conocimiento real que se tenga de los mismos y de la intervención concertada que se realice en la comunidad. Para ello es necesario e imprescindible la elaboración y ejecución emprendedora de un plan estratégico, de mediano y largo plazo, que se derive de un exhaustivo y objetivo estudio de factibilidad real y específica de la comunidad para el tratamiento de su situación socioeconómica y contemple alternativas de financiación de sus acciones, al menos para los tres primeros años de operativización.

Dicho estudio debe responder a tres interrogantes fundamentales: ¿con qué se cuenta?, ¿qué se podría hacer con lo que se cuenta? y ¿cómo podría mejorarse o ampliarse la capacidad productiva ya existente?. A la vez, debe contener una panorámica de ¿qué se hace actualmente con lo que se cuenta?, ¿cómo se hace?, ¿para quién se hace?, ¿qué resultados se obtienen? y ¿bajo qué presiones socioeconómicas se hace?

Obviamente que, para la puesta en marcha de cualquier programa de reducción de la pobreza, se debe contar con un acompañamiento técnico y financiero que proporcione los insumos necesarios y básicos para su ejecución y afianzamiento de los resultados, ya que será una realidad inequívoca que la población beneficiaria no contará con los recursos necesarios ni con el nivel técnico y tecnológico apropiado para garantizar el éxito de la intervención.

Sin embargo, debe concebirse que la tarea de la ayuda al desarrollo debe ser una unidad conexa y coherente, una unidad que no puede ni debe dividirse ni dirigirse en sectores sociales. A la vez, para que la misma sea realmente fructífera tiene que estar consciente de lo que el programa puede dar y de lo que la comunidad puede o quiere aceptar. Este es el verdadero punto de partida para una actuación conjunta.

Por tanto, en todo programa debe contemplarse, como principales providencias, la responsabilidad compartida, la concertación de acciones, el no asistencialismo y el involucramiento proactivo organizado de sus pobladores, en el que tengan cabida, en términos de equidad, tanto hombres como mujeres, tanto pobladores activos como pasivos. Evitar la discriminación y polarización social son premisas que asegurarán la aceptación, inserción y apropiación social del mismo.

GESTION COMUNITARIA CON ENFOQUE MICROEMPRESARIAL

Esta perspectiva de gestión comunitaria es una propuesta metodológica para afrontar la reducción de la pobreza en una comunidad rural, ya que es en éste ámbito donde se sufre con mayor rudeza la severidad de este flagelo social.

Se trata de entender a la comunidad como una microempresa de actividad múltiple y diversificada, la cual se cimentaría sobre siete ejes fundamentales:

Organizar a sus pobladores bajo un modelo de división y distribución racional del quehacer económico y productivo de la comunidad, convenido bajo una actitud solidaria entre los mismos. Esto no implica (ni niega) la conformación de cooperativas ni de sociedades comunitarias, sino lograr una sinergia social y económica entre pobladores y demás agentes sociales, para la concertación de alianzas económicas estratégicas grupos interactivos, de modo exista una comprensión y asimilación consciente de la necesidad de aunar esfuerzos y recursos en pro de objetivos e intereses comunes, principalmente el de superar su situación de pobreza, contar con fuentes, permanentes y sostenibles, de ingresos y encauzar el desarrollo económico paulatino de su comunidad. O sea, es concebir la comunidad como una gran microempresa donde cada poblador es un socio económico y, a la vez, un trabajador activo remunerado; por tanto, estará sujeta a las leyes del mercado y la competitividad mercantil, es decir, no es impulsar actividades económicas por impulsarlas, no es producir por producir, sino porque esta producción tendrá un mercado donde posicionarse, será factible de ofertarse y será rentable.
Dividir el quehacer económico en dos grupos de trabajo productivo, uno para el autoconsumo comunitario y el otro para la capitalización social y financiera de la comunidad. Es decir, el primer grupo producirá para garantizar la subsistencia alimentaria de cada familia en la comunidad y el segundo para la conquista de mercados exógenos. Con esta división se pretende minimizar la dispersión de esfuerzos y aprovechar al máximo las capacidades productivas con que se cuenta en la comunidad. El actual modelo productivo comunitario es individualista, donde cada quien sobrevive como pueda, lo que ocasiona que cada familia tengan que dirigir gran parte de sus esfuerzos productivos hacia el autoconsumo familiar, o algunos miembros de la misma tienen que emigrar hacia otras localidades o países, o, en el peor de los casos, a deteriorarse socialmente. Económicamente, la rentabilidad mercantil se logra a través de la producción y distribución de productos a gran escala, por lo que es imprescindible no sólo la búsqueda de alternativas productivas rentables y factibles de producir, sino también el acopio de recursos y esfuerzos que permitan ubicar a la comunidad como distribuidor mayorista dentro de la cadena mercantil, ya que ello le permitirá negociar mejores precios, obtener un mejor conocimiento del mercado y encontrar nuevas formas de dar valor agregado a sus productos.
Nivelar escolar y técnicamente a la fuerza productiva (población económicamente activa), bajo un programa sistemático de formación y habilitación, priorizando hombres y mujeres con responsabilidad familiar. Este programa debe cubrir dos aspectos fundamentales: completar la formación escolar por lo menos a un nivel de 9 años de estudio, priorizando la erradicación del analfabetismo, y habilitar técnicamente sobre aquellas actividades potenciales y factibles de explotación económica dentro de la comunidad. Por tanto, este programa, además de ser específico y propio de la comunidad, impone considerar las características agroecológicas y los recursos potenciales existentes en la misma y generar valores de identidad territorial y compromisos conscientes para la sustentabilidad de los recursos. Por otra parte, es importante promover acciones de intercambio cognoscitivo que tome en cuenta y aproveche los niveles de instrucción escolar y técnica ya existente dentro de la comunidad y en comunidades aledañas, de manera que el argumento de "carencia de maestros o de especialistas, no obstaculice la ejecución del programa ni el logro de sus objetivos.
Poner en marcha un plan de manejo sostenible de los recursos naturales, financieros, humanos y tecnológicos, el cual comprenderá cinco principios básicos: rechazar todas aquellas acciones que atenten contra la conservación y preservación de estos recursos; reducir los usos y consumos innecesarios de modo prevenga su deterioro y despilfarro; reutilizarlos, una y otra vez, mientras sean susceptibles de aprovechamiento productivo y económico sin que ello implique una sobreexplotación de los mismos; reparar o readecuar aquellos que aún poseen vida útil y prestan un beneficio económico, y, finalmente, reciclar todo aquel recurso posible de ser transformado en uno nuevo y de utilidad económica para la comunidad (esto último implica la promoción y fomento a la innovación tecnológica). La aplicación de estos principios debe adecuarse a las características y necesidades propias de cada recurso existente en la comunidad, de manera se garantice tanto su explotación sostenible a largo plazo como el intercambio de aquellos recursos no necesarios pero existentes con otras comunidades que sí los requieren, para ello resulta imprescindible la participación y el compromiso incondicional de todos los pobladores y agentes sociales involucrados.
Crear una instancia gestora y comercializadora de la producción comunitaria. Ningún programa de desarrollo económico o de reducción de la pobreza tendrá éxito si no resuelve, con especial atención e interés, la comercialización de los productos que se produzcan en la comunidad. Se podrán alcanzar altos niveles de productividad y producción, así como una excelente calidad competitiva, pero si estos no cuentan con un mercado donde comercializarlos, de nada habrá servido todo el esfuerzo ni los recursos consumidos, ni podrá superarse la situación de pobreza de los pobladores. Por tanto, es de carácter ineludible la creación y consolidación de una instancia comunitaria que se especialice y encargue en la búsqueda de mercados donde posicionar los productos de la comunidad y garantizar el retorno de lo invertido con niveles de rentabilidad satisfactorios y suficientes que posibiliten el crecimiento económico paulatino tanto a nivel de cada familia como comunitario.
Adecuar la infraestructura vial y medios de transporte a los requerimientos de intercambio comercial de los productos, a través del trabajo participativo de la comunidad. Un elemento importante del costo de un producto es su traslado hacia los mercados donde se comercializa o puede comercializarse, ya que éste puede incidir de tal manera que resulte no rentable dicha comercialización y, por ende, impida el posicionamiento mercantil del mismo. Contar con vías de acceso vial adecuadas y en buen estado es esencial para distribuir y vender cualquier producto. En muchas comunidades rurales se evidencia la carencia de una infraestructura vial o el mal estado de la misma, lo que dificulta o encarece el transportar los productos hacia otras localidades, siendo un factor de desmotivación para la mayoría de pobladores, quienes optan y se conforman por dedicarse a una producción de autoconsumo o, simplemente, a la no producción. Generalmente los gobiernos locales y centrales no cuentan o no conceden la suficiente asignación presupuestaria para resolver esta situación, y los pobladores, lamentablemente, asumen una posición inerte ante la misma, esperando que "un día" alguna autoridad gubernamental u organismo social la resuelva. Por tanto, se trata de movilizar a los pobladores a apropiarse de esta problemática y aunar esfuerzos, junto con aquellas comunidades también afectadas, para encontrar soluciones paliativas, inmediatas y factibles de realizar con su propio trabajo y recursos. Asimismo, inventariar y valorar los medios de trasporte propios con que cuentan y encontrar alternativas conjuntas de aprovechamiento que faciliten y agilicen el traslado de sus productos sin que implique su encarecimiento.
Establecer mecanismos básicos y expeditos de control y seguimiento productivo y financiero de la gestión económica comunitaria. Así como es difícil el crecimiento de una empresa sin la información exacta y oportuna de sus operaciones, así también es difícil la elaboración o readecuación de planes y estrategias para la reducción de la pobreza en una comunidad, si no se cuenta con información base ni se aplican procedimientos e instrumentos objetivos de seguimiento y control de las actividades que se realicen en atención a su desarrollo económico y social. Hay que tomar en cuenta, sí, que cualquier sistema de seguimiento y control debe diseñarse para obtener únicamente la información necesaria e imprescindible para la toma de decisiones, por tanto debe ser simple, ágil y no entorpecer las gestiones a realizar. El control por el control mismo sólo conlleva a la burocracia y lentitud de las acciones, ocasionando incumplimientos en los planes y fracasos en las estrategias.

PROPUESTA DE ACCION

Todo programa de reducción de la pobreza debe considerar, en sus proyecciones a mediano y largo plazo, que la población de cualquier comunidad sigue creciendo y que esas personas se expanden hacia nuevos territorios deshabitados, perturbando y presionando el equilibrio ecológico de sus recursos naturales, por tanto, la demanda de recursos para la sobrevivencia es cada vez mayor y, generalmente, las formas con que se usan esos recursos no siempre respetan sus ritmos de recuperación.

Por otra parte, las condiciones económicas que predominan en los países pobres, o en vías de desarrollo, son inestables y dependen, en gran medida, de lo que ocurra en la economía mundial. Aunque los discursos pregonen que el comercio internacional, la producción global, las finanzas internacionales, las migraciones, la propagación de nuevas tecnologías, los tratados de libre comercio, etc. vinculan las economías nacionales con la economía mundial, el resultado no es homogéneo ni equitativo, para lo cual basta observar el desigual crecimiento económico de los distintos países, mientras unos pocos se desarrollan y crecen velozmente, la mayoría empobrecen con igual dinamismo.

Otra gran dificultad es que el quehacer económico y político mundial está dominado por grandes corporaciones transnacionales, las cuales producen a escala internacional, comercializan sus productos en todo el mundo e invierten en muchos países, imponiendo valores, hábitos de consumo, costumbres culturales y condicionando la vida de la mayoría de las personas; es decir, marcan y controlan el destino del mundo. Esta es la base de la globalización o internacionalización de los procesos productivos, por lo que la libertad de un país (peor aún, de una comunidad) para elegir un modelo de desarrollo propio (sustentable o no) está fuertemente limitada.

Aunque los grandes paradigmas sociales de los tiempos actuales apuntan hacia un desarrollo económicamente viable, socialmente equitativo y ecológicamente sustentable, para los países pobres, además de las limitantes señaladas, puede resultar no más que un engaño político, pues este desafío, por lo general, no se plantea ni discute en toda la sociedad y mucho menos entre todos los actores sociales.

Su enfoque, proyecciones y puesta en marcha se reserva a unas minorías intelectuales y a personas, que con frecuencia, están más preocupadas por resultados e intereses particulares que por soluciones concretas y sociales, lo que provoca que esta lucha contra la pobreza nunca haya sido, ni sea, ni vaya a ser pareja para todas las comunidades que conforman un territorio nacional.

Por eso, la aplicación de este enfoque plantea, como pauta inicial, la delimitación de la zona geográfica a intervenir, tomando en cuenta factores de afinidad cultural, homogeneidad agroecológica e importancia estratégica económica en su región, esto último implica ser capaz de provocar un efecto económico expansivo en su región, o sea, que su desarrollo y crecimiento económico incida y promueva el desarrollo y crecimiento económico de otras comunidades, o sea, provocar un efecto dominó con su accionar.

Si la verdadera intención es la reducción de la pobreza en un territorio dado, la delimitación de la extensión territorial y el número de familias a intervenir no debe hacerse por lo atractivo que suene la cantidad a cubrir, ya que, si bien es cierto que a mayor cantidad territorial y/o poblacional se obtiene mayor visibilidad publicitaria, también es cierto que dicha premisa puede provocar una mayor presión en los recursos disponibles para la intervención y poner en peligro el logro de las metas e impactos sociales planteados.

La lógica de intervención, por tanto, debe apuntar hacia territorios viables y factibles de manejar y de lograr resultados concretos e integrales con los recursos disponibles y las condiciones socioeconómicas y culturales objetivas e imperantes para el territorio.

Para poder lograr la reducción de la pobreza en una comunidad, ineludiblemente deben involucrarse todas las fuerzas sociales y económicas de la misma, transmitiéndose y apropiándose de valores de equidad y solidaridad comunitaria que permitan modificar las situaciones y actitudes negativas sobresalientes que contribuyen, inequívocamente, a la existencia de ese estado social.

No hay fatalidad histórica que resista a la acción de un pueblo, afirmaba Carlos Quintana. Esto implica que, aunque la situación se presente "extrema", siempre hay espacio social para plantear y ejecutar soluciones. Si se reflexiona objetivamente sobre dichas soluciones, se planean cambios estratégicos y se tiene el coraje y la perseverancia para llevarlas a la práctica, se podrá protagonizar un operativo de rescate económico y social sin precedentes de la comunidad.

Por eso, involucrarse en las tareas de la reducción de la pobreza en una comunidad no es sólo cuestión de sensibilidad social, sino también porque ello incorpora principios éticos e intereses comunes que pueden posibilitar el progreso de todos sus pobladores. Para ello, hay que orientar suficientes esfuerzos para que las acciones se realicen como comunidad y no como individuos, tratar de evitar que los distintos actores de la economía local estén dominados por un propósito eminentemente utilitarista o que pierdan la medida de lo factible y de lo conveniente para el bien comunitario.

Es decir, se debe impulsar, de manera permanente, un proceso de concientización comunitaria y de orden social, de manera que, la esperanza de un futuro mejor, no vuelva a las personas más codiciosas, ni se miren unos a otros con envidia ciega, ni intenten enriquecerse a sí mismo o a su capa social a costa de otros; ni se obcequen pensando que pueden ganar o gastar más de lo que la economía local está en condiciones de dar.

No es fácil movilizar a las personas para trabajar en pro del bien comunitario, sin embargo es necesario hacer un intento serio y convincente para que todos sean capaces de asumir su papel importante en esta lucha. Por tanto, hay que renovar el concepto y accionar de todos los actores sociales, tanto los que operan in situ como los que lo hacen ex situ. Es decir, no basta sólo con aportar soluciones, sino también ayudar a quienes se esfuerzan por generar cambios, lo cual, de seguro, facilitará que todo funcione mejor.

Pensar en un desarrollo económico y social en un 100 % es no ser realista ni objetivo. Tampoco lo es el plantear los problemas y la lucha de su solución como una polarización entre "buenos" y "malos". Para obtener resultados positivos, hay que sentarse a dialogar y construir soluciones conjuntas y concertadas entre todas las partes involucradas.

Y esto es un gran desafío, pues una buena parte de los pobladores no está dispuesta a escuchar lo que muchas veces hay que decir, sino sólo lo que ellos desean escuchar. Creer que sólo hay un método para atender a todos los problemas (como el choque frontal e intransigente) es un error, se requiere, hoy más que nunca, de relaciones inteligentes, que permitan neutralizar las actitudes indiferentes.

Por tanto, el segundo paso de este enfoque es impulsar un proceso de integración comunitaria, intentar un involucramiento consciente, decidido y enriquecedor en pro del desarrollo de la comunidad desde una perspectiva conjunta e integral. Es agrupar a los pobladores como actores responsables, críticos, creadores y transformadores de su realidad comunitaria.

Para ello, es importante motivar e impulsar espacios de acción individual y colectiva, donde el poblador no sólo escuche, llene fichas o participe en discusiones rutinarias y carentes de objetividad, sino que desempeñe un papel activo y protagónico en el que sienta que realmente está haciendo algo, tanto por su familia como por su comunidad.

En estos espacios es importante lograr que todos los actores sociales se enfoquen, como ya se ha planteado, en tres centros de interés fundamentales:

Impulsar actividades económicas viables, rentables y sostenibles que permitan la generación de ingresos permanentes y suficientes para todas las familias de la comunidad.
La búsqueda de mercados óptimos donde posicionar los productos de las actividades económicas que impulsen.
Reducir el déficit escolar y técnico de la población económicamente activa.

En esta fase es importante el uso de visitas casa por casa con aquellos pobladores difíciles de insertarse en la lucha de la reducción de la pobreza de su comunidad. También deben utilizarse técnicas grupales de discusión y concertación de acciones, cuyo resultado final deben ser compromisos solidarios donde cada quien asuma con responsabilidad su papel protagónico.

Un elemento importante de esta fase es la realización de un estudio de factibilidad económica de la comunidad, en el que se planteen la disponibilidad y potencialidad de los recursos humanos, naturales y tecnológicos con que se cuenta para despegar económicamente, y la viabilidad y factibilidad mercantil que tengan las diferentes alternativas económicas (productivas y/o de servicios) posibles, tanto tradicionales como no tradicionales.

Pero tal estudio no debe ser un patrimonio elitista, sus resultados deben ser conocidos y analizados en su totalidad por todos los actores de la comunidad. Asimismo, debe servir de base para la discusión, formulación y ejecución concertada de un plan estratégico de desarrollo económico que permita a la misma paliar su situación de pobreza.

Por otra parte, no se trata de un simple diagnóstico socioeconómico, en el que figure la composición demográfica y la situación de tenencia familiar de medios económicos, sino una valoración objetiva y exhaustiva de los recursos con que se cuenta y de su aprovechamiento (actual y potencial) para poder rediseñar u optimizar el engranaje económico de la comunidad, desde una perspectiva de crecimiento y mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores y de su impacto benéfico para los territorios aledaños, teniendo en cuenta, sí, la restauración y sostenibilidad de los mismos.

Lo anterior implica que el estudio debe abarcar todo territorio a intervenir, de manera puedan analizarse y valorarse todas las alternativas posibles de impulsar para lograr reducir los niveles de pobreza de la comunidad, planteadas a partir de sus principales oportunidades y amenazas políticas, sociales y mercantiles para su explotación.

O sea, es un estudio para la toma de decisiones y el diseño de estrategias económicas concertadas entre todos los actores sociales involucrados. No es un ejercicio académico. Por tanto, sus resultados deben ser difundidos entre todos ellos, entendiéndose por difusión no una simple charla de presentación de los mismos, sino la entrega y discusión de un documento legible (según el grado de escolaridad de la mayoría de los pobladores) donde se plasmen en su totalidad las cifras, interpretaciones y valoraciones obtenidas.

La discusión completa de los resultados debe permitir llegar acuerdos y compromisos serios, en los que se planteen objetivos y metas de interés común, y acciones concretas para alcanzarlos, las cuales deben incluir estrategias viables para su puesta en marcha.

Hay que tomar en cuenta que ninguna comunidad podrá afianzar con éxito su desarrollo económico sino es a través de una buena estrategia concertada. Se podrá contar con la mano de obra adecuada, tener una actitud positiva, utilizar las herramientas apropiadas, diseñar un modelo de desarrollo eficiente o lograr la organización más conveniente, pero, si bien es cierto que todo ello ayuda, no aseguran que el plan sea excelente y alcance los resultados propuestos, la clave para ello es la estrategia que aplique en su quehacer económico.

Es decir, no debe verse la formulación de la estrategia como un elemento agregado al plan, sino como la clave fundamental de su éxito, ya que fijará la dirección del accionar comunitario hacia una posición de competitividad frente a otras comunidades afines, dictará el tipo de planes operativos requeridos para el desarrollo paulatino de la misma, determinará las relaciones internas y externas necesarias para su posicionamiento mercantil, y brindará las pautas técnicas y de mercadeo en que debe centrarse la actividad productiva.

Esta fase de planteamientos y concertación de acciones y estrategias incorpora, implícitamente, tres premisas básicas:

No debe ser una tarea elitista ni de personas "preparadas", peor si, por su condición académica, se consideran sus conclusiones y criterios inobjetables e invariables, imponiéndose como verdades absolutas y otorgando al resto de actores sociales un rol de receptor pasivo e inerte de las mismas. Esto no desdice la importancia de un acompañamiento técnico especializado, sino que establece la necesidad de brindar un papel protagónico a todas las partes involucradas y responsables del quehacer y desarrollo socioeconómico de la comunidad, limitando el papel de los técnicos y especialistas al de facilitadores sociales, cuya función primordial es la de encauzar y orientar la participación conjunta y efectiva de todos ellos.
Se debe escuchar y analizar toda propuesta planteada sin discriminación alguna. Asimismo, si ésta, después de valorarse, resulta viable y factible de aplicar, tiene que ser tomada en cuenta, sea total o parcialmente, en la elaboración de los planes y estrategias. Esto significa participación amplia y efectiva de todos los actores sociales, donde cada uno de ellos sienta que es parte incidente y determinante en la planeación y ejecución del progreso socioeconómico de su comunidad, lo cual abonará a la apropiación y apoyo decidido de cualquier plan estratégico que se formule por parte de los mismos.
La finalidad debe ser llegar a acuerdos y compromisos de acciones concertadas, no a imposiciones mayoritarias y elitistas. Por tanto, un acuerdo no puede ser acuerdo viable mientras no cuente con la aceptación y compromiso responsable de todas las partes involucradas, Asimismo, cada asignación de responsabilidad debe tener nombre y apellido, plazo y metas, recursos y procedimientos, fuera de esto el plan no sería más que un simple documento carente de objetividad y significado.

En otras palabras, se trata de fomentar una actitud y un rol proactivo y comprometido con el desarrollo sustentable de la comunidad y, por ende, de sus pobladores, bajo la premisa que mientras todos y cada uno de los actores sociales no se involucren, apropien, asimilen y comprometan, consciente y responsablemente, con la estrategia de desarrollo propuesta en consenso, ésta no podrá arrojar resultados positivos y contundentes para toda la comunidad.

Se podrán alcanzar logros parciales y/o particulares que incidan en el bienestar de sus protagonistas inmediatos, pero que no repercutirán en el resto de la comunidad, mucho menos en zonas aledañas, por lo que su impacto social no será sobresaliente.

Una vez que se haya logrado la formulación, en consenso y concertada, de un plan estratégico de desarrollo a mediano plazo, éste deberá ser traducido a fases de ejecución anuales, lo que servirá de base para la elaboración del plan operativo inmediato para los próximos 12 meses, ya que éste no puede discrepar ni disociarse de la estrategia establecida.

Para que el plan operativo resulte un instrumento eficaz para la orientación del quehacer socioeconómico comunitario, deben contener tanto las actividades cotidianas necesarias e imprescindibles para la sobrevivencia de los pobladores como las nuevas acciones a emprender para su paulatino desarrollo. Asimismo, debe ser realista y objetivo, de manera no incluya acciones no factibles de resolver con los recursos reales y disponibles, a lo inmediato, en la comunidad, o cuya obtención no esté totalmente (100%) asegurada.

El plan operativo no estará terminado sin una adecuada división y asignación de actividades entre todos los actores sociales de la comunidad, agrupados por grupos de interés o afinidad económica. O sea, sin una apropiada división del trabajo.

Es decir, la realización de las diferentes actividades contenidas en el plan no deben ser ejecutadas por ás personas que las necesarias para satisfacer los requerimientos y expectativas de la comunidad, caso contrario implicaría una dispersión y despilfarro de esfuerzos y recursos, además de peligrar su consecución.

Para que esta división del trabajo sea eficaz, hay que determinar, en consenso, que parte de los actores sociales se encargará de garantizar el aprovisionamiento básico y necesario para la sobrevivencia de todas las familias de la comunidad, esto implica tanto desde el punto de vista productivo (granos básicos, productos lácteos y pecuarios, etc.) como de abastecimiento de bienes y servicios (abarrotes, insumos, medicinas, educación, etc.), y que parte se responsabilizará de la producción mercantil, o sea, la producción de aquellos productos (o servicios) que identificarán y promoverán la naturaleza de la actividad económica de la comunidad en los mercados externos.

Esta división del trabajo no implica una carga adicional de trabajo a cada actor social, de manera voluntaria y sin retribución alguna, sino una redefinición del quehacer económico comunitario, donde a cada quien le corresponda, de manera racional, una actividad específica con la que garantizará la generación de sus propios ingresos (sin abusar de la necesidad de los demás), de manera no se tenga una gran cantidad de actores concentrados en una misma actividad, con una consecuente saturación del mercado y abandono de otros rubros quizás más rentables y sostenibles.

Tampoco consiste en señalar únicamente, con nombres y apellidos, responsables o encargados de tal o cual actividad, sino también el de asignar los recursos necesarios mínimos para poder concretarla. Algunos recursos podrán resolverse con la disponibilidad existente en la comunidad, pero otros requerirán de apoyo financiero y acompañamiento técnico por parte de organismos o instituciones externas. Esta asignación de recursos comprende tanto humanos como financieros, técnicos y tecnológicos.

Para que el plan operativo pueda ejecutarse satisfactoriamente, los recursos deben asignarse desde la perspectiva de 4 acciones interdependientes e interactuantes, a saber:

Nivelación escolar y técnica de la población económicamente activa. No se trata de desarrollar acciones de capacitación de corta duración, aisladas e independientes, sino de impulsar todo un programa formativo sistemático que comprenda tanto habilitación técnica como instrucción general (lenguaje, matemáticas, ciencias, etc.), en el que los participantes tengan, como condición ineludible, presencia permanente hasta haber alcanzado un nivel adecuado para afrontar las tareas pertinentes requeridas para el desarrollo de la comunidad. Para ello, además de proveer la logística básica e involucrar a aquellos pobladores con niveles de instrucción competentes, es importante realizar las gestiones y alianzas correspondientes para avalar y certificar el nivel de aprovechamiento de cada participante, así como establecer un programa de incentivos monetarios para las personas que aporten tiempo y conocimientos para su ejecución.
Realización de actividades económicas y productivas a partir de una adecuada planificación que dinamice la economía local y asigne a cada actor una ocupación económica que le provea los ingresos necesarios para su sobrevivencia. Esto implica definir dos tipos de estrategias, una a corto plazo que proporcione resultados inmediatos a nivel básico y otra a mediano y largo plazo que oriente el progreso económico-social de la comunidad. Para ello es imprescindible una valoración exhaustiva de la disponibilidad de recursos para determinar su grado de aprovechamiento y el tiempo necesario para alcanzar sus beneficios económicos, así como encontrar mecanismos accesibles para el incremento de la productividad a bajo costo y con calidad competitiva, sin deteriorar ecológicamente el territorio. Obviamente, esta acción no será posible sin un acompañamiento financiero inicial para su puesta en marcha por parte de organismos o instituciones de gobierno.
Posicionamiento mercantil de la actividad productiva. Comprende encontrar mercados externos donde colocar, después de abastecer el mercado local, la producción excedente o no consumible en la comunidad, a precios que cubran los costos de producción y generen utilidades que permitan tanto la manutención del productor como la reinversión financiera para el desarrollo y mejoramiento de la actividad productiva. Para ello es necesario crear y consolidar una instancia de acopio y comercialización de los productos de la comunidad, de manera que el productor no pierda al vender sus productos por cuenta propia y rematarlos a precios inadecuados, a la vez pueda concentrar sus esfuerzos para mejorar técnica y tecnológicamente su actividad productiva y darle valor agregado a la misma de acuerdo a las exigencias del mercado.
Adecuación de los medios e infraestructura de transporte, de modo se garantice la adecuada distribución de los productos a los mercados, así como el abastecimiento de productos para la comunidad y la movilización de sus pobladores. Evidentemente, esta acción tendrá que ser un esfuerzo conjunto y compartido entre todos los actores sociales de la comunidad, desde aportes monetarios o de recursos materiales hasta jornadas de trabajos voluntarios, sin obviar un posible apoyo de algún organismo o institución de gobierno, en lo referente a la infraestructura vial. En cuanto a los medios de transporte, deberán existir alianzas y convenios formales, en los que se estipulen las condiciones y obligaciones básicas para la prestación del servicio, sin que ello implique un encarecimiento de los costos de los productos ni imposibilite el mercadeo o adquisición de los mismos, tanto en lo que refiere a su venta como a su compra.

A la vez, debe contar con un sistema de control y seguimiento que permita disponer de la información necesaria y oportuna para la evaluación conjunta de la ejecución del plan y concertar los ajustes pertinentes y correctivos al mismo.

Pero este sistema no debe promover el entorpecimiento de las actividades ni saturar de formatos a los actores sociales, si es posible, crear una instancia que ejecute esta acción y difunda los resultados a todas las partes involucradas según la actividad económica que se trate.

Finalmente, concebir todo este proceso de manera cíclica y sistémica, donde los resultados de la ejecución de un plan operativo sirva como insumo para ajustar la ejecución de las actividades subsiguientes del plan estratégico y perfeccionar su continuidad.

Juan Bautista Ramos Rivas

Investigador nicaragüense sobre temas socioeconómicos con más de 20 años de experiencia. Nacido en Managua en 1953, ha ejercido labor docente por más de 30 años en los diferentes niveles de escolaridad y en las distintas modalidades de enseñanza. Autor del libro "10 Lecciones de Mercadeo que un Microempresario Jamás debe olvidar" (aún sin publicar) y de diferentes ensayos sociales. Actualmente se desempeña como consultor independiente.