Del conflicto armado en Colombia al cambio climático global (página 2)

Relación Conflicto armado y medio ambiente.

Es inocultable que el conflicto armado en Colombia ha causado impactos negativos en el medio ambiente porque es precisamente, la naturaleza, la que brinda ventajas tácticas y estratégicas a los actores de la guerra y en tal virtud, existen espacios geográficos críticos, en los cuales se han establecido los focos guerrilleros de izquierda y de derecha para plantearle al Estado y a la sociedad, la guerra que según ellos mismos, "los llevará a la toma del poder por las armas".

En esa actividad irracional, el País pierde inmensos recursos por la destrucción de la infraestructura y los entes territoriales regionales y locales, dejan de percibir los dineros con los que han planeado atender sus necesidades más sentidas.

Más trascendental que la pérdida de recursos de los municipios que no reciben las regalías del petróleo, por ejemplo, es el daño ambiental que causan los atentados y que tienen repercusiones, no solamente en el ámbito nacional sino también en el internacional; en varias ocasiones Colombia ha tenido que indemnizar a los vecinos (Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá) como consecuencia de tragedias ecológicas ocasionadas por derrames de crudo por la voladura de oleoductos. Los daños en los suelos y en las cadenas reproductivas de flora y fauna y la contaminación de los cuerpos de agua se constituyen en eventos de incalculable valor, con impactos negativos locales, regionales y globales.

El diez por ciento del territorio en Colombia corresponde a las áreas de reserva, clasificadas como parques nacionales naturales, santuarios de flora y fauna, vía-parques y un área natural única. Estos sitios de valor estratégico nacional y mundial son hoy en día y desde hace algunos años, escenarios del conflicto armado y sufren en forma directa el impacto de una guerra prolongada que deja miseria y destrucción. Pero las cosas no paran ahí; las pequeñas plantaciones de pan-coger y de mediana producción agroindustrial, también han sido afectadas por las disputas territoriales entre la guerrilla y los paramilitares.

Recordemos, por ejemplo, lo que ocurre al respecto en una importante zona del País: En el Magdalena Medio, una de las zonas más ricas de Colombia y a pocas horas de Bogotá, los sembrados de plátano también viven en crisis por el conflicto armado interno. Los campesinos de 29 municipios de los departamentos de Santander, Antioquia y Bolívar abandonaron desde hace cinco años las plantaciones por los continuos combates.

En los últimos quince años pasaron de producir 97.000 toneladas de plátano a sólo 13.000. Cuarenta mil familias campesinas han salido de la región huyendo del conflicto armado; el abandono de las plantaciones facilitó la expansión de la sigatoca negra, plaga que en menos de cinco años produjo pérdidas anuales de más de 30.000 millones de pesos (el cambio oficial aproximado hoy es de 2.400 pesos colombianos por dólar). Los municipios más afectados han sido El Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí y Puerto Wilches.

El narcotráfico se ha convertido para los grupos insurgentes de izquierda y de derecha, en el centro de gravedad que no es otra cosa que el centro de poder y movimiento, alrededor del cual todo gira y depende, en palabras de Clausewitz. Como parte de la solución al grave problema, este centro de gravedad debería ser destruido o neutralizado para conseguir el cambio de curso del conflicto interno y buscar la sana convivencia de los colombianos con miras al mejoramiento de su calidad de vida.

Los escenarios de la Geopolítica global han cambiado. La tecnología, la desideologización, consecuente al fin de la llamada guerra fría, implican también una transformación del fenómeno de la guerra. La tendencia a la internacionalización de todos los conflictos en la globalización reinante es irreversible. No sería extraña una intervención extranjera en Colombia para erradicar el problema que hoy aqueja a los 43 millones de ciudadanos ante la indolencia de los gobernantes del pasado.

Lo más grave sería que los próximos gobernantes continuaran disponiendo irresponsablemente del territorio para otras zonas de distensión (extensos territorios despejados de autoridad y entregados a grupos ilegales como zona neutral), so pretexto de alcanzar la paz, poniendo a la Nación en grave riesgo de desintegración y de pérdida de los valores nacionales por no entender los asuntos de la defensa y la seguridad. El territorio es uno de los componentes más importantes de un Estado, pues en él se asienta su población, esa que es capaz de conformar una nación.

La defensa y la seguridad nacional son dos elementos importantes del poder, sujetos a la acción política por tratarse de herramientas fundamentales para mantener el monopolio de la fuerza, proporcionando así a toda una nación las posibilidades para su desarrollo. Los bienes públicos puros y meritorios pertenecen a todos los ciudadanos sin excepción. La defensa y la seguridad forman parte de esos bienes y es precisamente el Estado, el responsable de proporcionarlos. Estos bienes no pueden suministrarse por los privados porque eso significaría pérdida de dominio estatal y de legitimidad para gobernar.

Cuando un Estado se torna ineficiente e ineficaz, existe grave riesgo de anarquía. Cuando las políticas de defensa y seguridad no responden a los intereses de una nación, el sistema económico se vuelve insostenible y en caso de conflicto interno o de guerra internacional, esa nación está condenada a la derrota. Durante las dos últimas décadas, la inseguridad se convirtió en el mayor problema para la población colombiana y no pocos han sido los conflictos con países vecinos, debido principalmente, al contagio de los factores de violencia en las zonas fronterizas.

Los gobiernos elegidos en Colombia desde la década del 60 del siglo pasado hasta nuestros días se han equivocado en el tratamiento al problema de la violencia armada, pretendiendo manejarlo como una situación de desorden público, dejando de lado las soluciones socioeconómicas que han servido de bandera a los rebeldes para mantener e incrementar su accionar, primero en contra de la institucionalidad, y de la población civil en esta época. La ubicación de focos guerrilleros de izquierda y de derecha en sitios favorables geográficamente muestra a las claras que históricamente, los delincuentes han tenido la iniciativa y han obligado al Estado a realizar operaciones militares orientadas a eliminarlos físicamente, pero no a recuperar territorios y mucho menos a ejercer el dominio territorial. En pocas palabras, el Estado no se ha interesado por la Geoestrategia y tampoco se ha dado cuenta que la delincuencia organizada, siempre ha hecho pleno uso de ella.

La guerra y la sostenibilidad ambiental

El narcotráfico ha sido un factor de vital importancia para la subsistencia del conflicto armado en Colombia porque se ha empleado en los últimos años como una de las principales estrategias de la delincuencia para conseguir los recursos que demanda la guerra.

Hoy se conoce claramente que durante los tres años y medio de duración de la zona de distensión del Caguán, durante el insólito proceso de paz facilitado por el presidente Andrés Pastrana (gobierno de 1998 a 2002, los cultivos de coca y amapola crecieron en la región en forma logarítmica y ha quedado al descubierto que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, según su propia denominación) manejaban allí todo el proceso, desde la siembra hasta la exportación. Esta actividad delictiva formó parte de la geoestrategia guerrillera en la zona del Caguán y es posible afirmar que desde tiempo atrás se realizaba a escalas menores.

Pero no ha sido solamente en esa región del país donde las FARC han tenido el monopolio del narcotráfico puesto que existen otras zonas de igual o mayor importancia que fueron disputadas también por los paramilitares bajo el pretexto de la necesidad de obtener recursos para financiar sus actividades contraguerrilleras. La guerra es con toda seguridad, la actividad más costosa y en tal virtud requiere de inmensos recursos para lograr una definición en el campo militar y en Colombia ha sido y sigue siendo el narcotráfico uno de los principales puntales utilizados por parte de los grupos armados por fuera de la ley para insistir en sus funestos propósitos.

En el pasado, la economía en la zona de distensión del Caguán (territorio ubicado en el centro del país y potencialmente sostenible, con características geoestratégicas) se basó tradicionalmente en el sector maderero, ganadero, de agricultura y pesca artesanal. Los productos más importantes han sido los de pan-coger como el arroz, plátano, yuca y sorgo; el factor predominante de la economía en la actualidad es el narcotráfico y de ahí que se hayan dado disputas territoriales, ya no solamente entre las fuerzas estatales y los insurgentes sino también entre estos y los paramilitares. En el año 2006 el Gobierno libra una lucha sin cuartel para erradicar miles de hectáreas de hoja de coca que las FARC han sembrado desde tiempo atrás en el Parque Nacional Natural de La Macarena, un sistema montañoso estratégico desde el punto de vista ambiental y militar.

Desde principios del año 2000, paramilitares y guerrilleros se han disputado metro a metro el sur del departamento de Nariño, en límites con Ecuador. Llorente es un pequeño corregimiento de Tumaco- puerto sobre el Pacífico- que en corto tiempo se volvió próspero por el negocio de la coca y que generó toda clase de problemas relacionados con la violencia. Por tradición este territorio había sido controlado por el bloque Comuneros del Sur del ELN (Ejército de Liberación Nacional) pero empezó a ser disputado por el frente 29 de las FARC inicialmente y luego con el apoyo del frente 54; así en pocos meses las FARC expulsaron de Llorente al ELN, "le pusieron orden al negocio" y se convirtieron en los únicos compradores de base de coca, fijando como precio 700.000 pesos por kilogramo y cada semana, el comercio de droga y afines superaba los 1.000 millones de pesos.

En septiembre de 2000, atraídos por esa prosperidad llegaron al territorio de Llorente y sus alrededores los paramilitares, agravando el problema de sostenibilidad en la región en razón a que la coca pasó a convertirse en monocultivo, reduciéndose los cultivos de pan-coger en una zona de extrema pobreza.. El tema de la sostenibilidad está ligado al dónde y al cómo producir y por lo tanto, estrechamente relacionado con el ordenamiento territorial, que a su vez apunta al desarrollo. Lo que se observa en Colombia, es que no hay sostenibilidad en el sector rural ni en la producción agroindustrial. Los desafíos de la sostenibilidad son muchos pero vale la pena mencionar los siguientes:

a. Intensificación de la agricultura (aprovechamiento de recursos humanos y naturales).

b. Nuevo enfoque de política (uso del suelo según su aptitud).

c. Pre-requisitos para el éxito (seguridad en el campo).

d. Niveles de sostenibilidad (global-regional-local).

Estudios consolidados confirman que en Colombia el 72% de los suelos son de aptitud forestal; el 11% son de aptitud agrícola y hoy se emplea solamente el 5% de éstos en esa actividad, de los cuales sus propietarios corresponden al 0.04% de la población nacional. Actualmente el 65% de los suelos colombianos están en conflicto de uso. En 1995 se estableció mediante un censo la existencia de 29’000.000 de cabezas de ganado; para el año 2002 esa cifra se redujo a 28’500.000 semovientes.

Los cultivos ilícitos, además de los daños ambientales conocidos, están afectando la sostenibilidad por haberse transformado en un monocultivo, lo cual incide definitivamente en la calidad de vida y se convierte en un grave riesgo frente a la seguridad alimentaria de millones de personas. No debe olvidarse que el tema alimentario, hoy en día, es un tema de seguridad nacional en países desarrollados y en vías de desarrollo. Con la desaparición de algunos cultivos tradicionales en Colombia, también han desaparecido especies que cumplen funciones de control biológico y por lo tato, se ha alterado la cadena trófica.

Debido a la tala indiscriminada de bosques para cultivos ilícitos, con el pretexto de obtener recursos para la guerra irregular, la ampliación de la frontera agrícola se ha convertido en un círculo vicioso.; con esta actividad sólo se ha logrado el deterioro ambiental y el desorden territorial, pues los grupos armados al margen de la ley, presionan el uso del suelo conforme a sus necesidades estratégicas.

El panorama se agrava más cuando esos cultivos ilícitos son fumigados para erradicarlos porque de allí se derivan dos actividades, la primera relacionada con los efectos de los químicos sobre los suelos y la segunda con el traslado de los cultivos a otro sitio, lo cual afecta la existencia de los bosques. A comienzos del año 2004, en el país existían más de 250.000 hectáreas de cultivos ilícitos, representados en su mayoría en platas de coca y amapola.

Los Estados Unidos a mediados 2.006 emitieron un informe en el cual dan cuenta del incremento de los cultivos ilícitos en Colombia. Ellos si tienen los medios tecnológicos para controlar y determinar la realidad de la situación en materia de crecimiento o disminución de las plantaciones de hoja de coca, amapola o marihuana. Mediante imágenes obtenidas en tiempo real a través de sus propios satélites, están en capacidad de analizar metro a metro, minuto a minuto el territorio colombiano y cuantificar los daños ambientales que se causan para que los drogadictos puedan vivir en paz, mientras con su dinero se matan colombianos entre si, en una guerra fratricida que no es suya. Por eso se afirma en ese informe que hoy existen 36.000 hectáreas nuevas de cultivos ilícitos a lo largo y ancho de Colombia para un total de 144.000, mientras en 1999 había 122.500. Más grave todavía es el problema de los sembrados malditos en las fronteras, especialmente entre Ecuador y Colombia, pues esta es una estrategia maquiavélica que ni siquiera parece haberse entendido por los organismos de seguridad del Estado. Algo similar ocurre en las fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil y Perú.

La amapola se siembra en pisos térmicos entre 2.800 y 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar, precisamente donde se ubica el bosque alto andino responsable de la captación y regulación de agua. Es necesario recordar que una hectárea cuadrada de bosque, absorbe 30 metros cúbicos de gas carbónico; por esa razón cuando el bosque desaparece, se incrementa el gas carbónico en la atmósfera. Una de las formas más elementales de impedir la proliferación de orificios en la capa de ozono consiste en la captación de gas carbónico a través de los bosques. El ozono es un poderoso contaminante secundario que se forma cuando los óxidos del nitrógeno y los hidrocarburos orgánicos volátiles sin quemar, se combinan con el oxigeno bajo la acción de la luz solar.

La insostenibilidad de la agroindustria colombiana está llegando a su límite porque inclusive los cultivos ilícitos han hecho presencia en la zona cafetera del Quindío donde la arroba de café en el 2.002 se pagó a 30.000 pesos. Allí, entre los 1.800 y los 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar ya se encuentran cultivos de café, amapola y coca formando parte del mismo paisaje.

Podría extenderme en el tema tratando de demostrar cómo la destrucción de los bosques en Colombia tiene relación directa con los 80 millones de habitantes que en centros urbanos de América Latina respiran aire que no cumple con las normas de la Organización Mundial de la Salud o con los 100 millones de personas que en los Estados Unidos y Canadá, no disfrutan de las mínimas normas de calidad ambiental, o de los tres millones de muertes al año por la contaminación del aire. A partir del año 2.000 se han sucedido en Europa y Asia, especialmente, eventos naturales desacostumbrados, entre los cuales se destacan las recientes inundaciones que han dejado miles de personas sepultadas; en 2.005 murieron en Francia más de quince mil personas por no estar preparadas para evitar el impacto de la ola de calor inusual y en nuestro continente, la temperatura ha llegado a los cincuenta grados centígrados, en México y Centro América.

Las paradojas del Plan Colombia

Lo inexplicable es que mientras el Gobierno de Colombia arremete contra el narcotráfico, el mismo Estado provee los insumos para el proceso de la droga maldita. Las estadísticas sobre erradicación de cultivos de coca y amapola como principal estrategia del Plan Colombia parecieran indicar un gran éxito en contra del crimen organizado pero la realidad es otra. Al fumigar inmensas áreas en el Departamento del Putumayo, al sur del país, la criminal industria se desplazó con todos sus recursos económicos y humanos a los departamentos del Cauca y Nariño, donde la agreste geografía hace imposible la fumigación y donde las operaciones militares son episódicas por las dificultades logísticas para realizar campañas de larga duración.

Bien sabido es que en el proceso de obtención de pasta de coca se emplea básicamente derivados del petróleo, cemento corriente para la elaboración de concreto y últimamente la cal natural, entre otros. Pues bien, estos insumos, en especial los primeros, son producidos y comercializados por el Estado colombiano a través de su empresa Ecopetrol, la que asigna cupos de combustible a sus clientes para que estos a su vez lo redistribuyan a los consumidores.

Colombia maneja una reglamentación que permite subsidiar el combustible en las fronteras a razón de mil pesos por galón de gasolina y también subsidia el transporte a razón de doscientos sesenta pesos por galón. Estos subsidios en realidad no cumplen la función social para la cual se crearon, sino que quedan en manos de unos pulpos que se hacen llamar compradores mayoristas y que son quienes se enriquecen de manera exagerada con cada compra que hacen a Ecopetrol.

Así por ejemplo, un cliente de Ecopetrol que tenga un cupo de quinientos mil galones de gasolina corriente al mes, por ese sólo hecho ya se está ganando quinientos millones de pesos; pero además, recibe el subsidio de transporte, el cual tampoco va a su destino y se queda en los mismos bolsillos porque los compradores también son propietarios de grandes flotas de camiones cisternas en los que mueven su propia mercancía.

Pero el problema no para aquí. Una vez que el combustible llega a su destino (para el caso, las ciudades pequeñas como Popayán, Pasto e Ipiales), es descargado a la luz del día en los depósitos de los pulpos millonarios; pero en la noche, ese mismo combustible es cargado de nuevo en camiones cisterna más pequeños que lo llevan a los sitios donde se requiere para el proceso de obtención de pasta de coca, los cuales están ubicados en agrestes territorios donde no puede haber libre competencia y donde sólo las autorizaciones de las grandes mafias que controlan el negocio son válidas.

La llegada de esos insumos no fuera posible sin la participación de funcionarios corruptos del Gobierno que se transan por dinero para permitir la violación de la ley, pese a la existencia de retenes en las vías con claras misiones de control. En el 2.005 se desató en Colombia un escándalo mayúsculo por la participación de la Policía de Carreteras en hechos graves de narcotráfico. Se presume que, incluso, han sido escoltas de cargamento de droga o de insumos para el procesamiento.

Funcionarios gubernamentales se han enriqueciendo en forma exponencial por las dádivas que reciben de las mafias en las carreteras por donde transitan llevando las mortales substancias que durante el proceso para la obtención de pasta de coca, contaminan los ríos y el medio ambiente en general, y posteriormente son los causantes de los efectos desgraciados que produce su consumo en países desarrollados, por unos viciosos que ahora quieren aparecer como víctimas.

Hasta hace algunos años, el kerosén se utilizaba en el campo colombiano y en algunos sectores urbanos, como fuente de energía en estufas y lámparas de mecha, a falta de redes de energía eléctrica. En la actualidad, este mortal derivado del petróleo está reemplazando a la gasolina en el proceso de obtención de la droga maldita porque mientras de la gasolina sólo se recupera el veinte por ciento, del kerosén se reutiliza el ochenta por ciento durante el ciclo de obtención de clorhidrato de cocaína, lo cual es una gran ventaja tanto en tiempos como en costos.

Al final del proceso, todos los residuos se vierten a los ríos colombianos, constituyendo esta acción el más grande crimen contra la humanidad si se tiene en cuenta que el epicentro de la producción cocalera en Colombia, en la actualidad es el territorio que da origen a los principales ríos de la cuenca amazónica y del Atlántico. Estamos hablando de la Estrella Fluvial conocida como el Macizo colombiano, donde convergen los Departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá, Huila y Putumayo. En los últimos tiempos, Ecopetrol incrementó los precios del kerosén de manera inusual, pero así todavía, el negocio es redondo para los empresarios del crimen que procesan la coca.

Así entonces, la principal estrategia del Plan Colombia está siendo burlada con la participación misma del Estado, no se sabe si consciente o inconscientemente, pues la asignación de cupos por parte de la empresa estatal Ecopetrol, no parece del todo clara y la participación de la Fuerza Pública en el control del narcotráfico sólo ha servido para criminalizar esas instituciones, como se ha hecho en otras partes del mundo donde se les ha asignado esa corruptora tarea para la cual ni han sido creadas ni fueron preparadas.

Es conveniente enfatizar que en aquellas áreas consideradas de alto riesgo por el conflicto interno que libra Colombia, el gobierno ha dispuesto de controles especiales. Sin embargo, en esas medidas se apoyan los funcionarios corruptos para expedir permisos de tránsito y autorizaciones de carga con destino a los grupos de mafiosos. Numerosos permisos se expiden diariamente a tracto mulas, camiones y vehículos cisternas a cambio de pequeñas dádivas que por su alto número, significan grandes ingresos de dinero manchado de sangre que enriquecen a medios y bajos funcionarios que desconociendo los más elementales principios éticos, venden su conciencia al diablo sin reparar siquiera que otros colombianos dan a diario la vida en una lucha desigual y por una causa que no es la suya.

La lucha contra el narcotráfico en Colombia se ha convertido en un juego al gato y al ratón, en el que el escenario se cambia en la medida de las acciones estatales y en el que hasta ahora los Estados Unidos han invertido 4.000 millones de dólares y Colombia unas tres veces más esa cifra en seis años. Así entonces, cuando se ataca el flagelo en Arauca, los narcos se desplazan al Guaviare, si se ataca en Putumayo, se van a Nariño, si se los persigue en el Valle, se corren para el Cauca. El informe de los Estados Unidos muestra la extensión de cultivos ilícitos en ocho departamentos más. Hoy por hoy, tranquilas ciudades hace algunos años, se han convertido en el refugio de maleantes que cambiaron su manera de vivir y se fueron a dañar la tranquilidad de gentes buenas que rezaban el rosario en las noches y dejaban las puertas de sus casas abiertas mientras se iban a visitar a la Virgen de Las Lajas. Pronto, estas ciudades estarán como Cali o Medellín en la era de don Pablo y los Rodríguez Orejuela.

Los químicos contratados por los mafiosos descubrieron hace poco que la cal natural, reemplaza al cemento gris en las primeras etapas del proceso de obtención de coca y en tal virtud, los costos se bajan doce veces. Los permisos para explotación de estas minas de cal, también los expide el Estado a nivel local y regional. ¿Será que los altos funcionarios del Gobierno no saben lo que sucede y por eso la lucha que ha emprendido el País con tanta euforia, cada vez se ve más confusa y difícil de ganar?

Lo acontecido con los hidrocarburos tiene un símil particular a lo sucedido con las bombas terroristas que en varias ocasiones han enlutado a numerosas familias de inocentes colombianos: la dinamita, el cordón detonante y otros explosivos de alto poder que se utilizan en atentados, se fabrican en empresas estatales que luego venden esos productos a presuntos empresarios, que supuestamente explotan minas en concesión. En ese paso se pierde el rastro de esos insumos y allí empieza otro gran negocio: el de los dueños de funerarias y parques cementerios que se pelean los cadáveres fuera de las morgues como aves de rapiña. Así las cosas, antes de ganar la guerra contra las drogas, habrá que derrotar a la corrupción con todos sus tentáculos.

Pero no sólo el narcotráfico es el causante de este desolador panorama, pues aún, hoy en día hay millones de personas en América Latina que dependen del bosque para su subsistencia diaria.

Lo cierto es que en Colombia, el conflicto armado, que emplea como principal estrategia el narcotráfico para conseguir recursos, está contribuyendo a la insostenibilidad agroindustrial regional y posiblemente a trastornos climáticos, tal como sucedió en 1941 cuando el fenómeno de la Niña (de condiciones opuestas al fenómeno del Niño) provocó un tan inesperado invierno en Europa Oriental que la ofensiva de Hitler contra Stalingrado en el Volga, terminó en una derrota que significó a la postre, el comienzo de la caída de la supremacía nazi Se puede advertir que globalmente existe preocupación por el tema y que los países que más exigen el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre protección del medio ambiente, son los que a gran escala demandan la producción de la droga maldita para sus ciudadanos.

BIBLIOGRAFÍA

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José Luis Cadena Montenegro

Politólogo, Geógrafo, Profesional en Ciencias Militares, Magíster en Ciencia Política, Magíster en Planeación Socioeconómica, Magíster en Geografía y O.T., Consultor internacional en Defensa y Seguridad. Doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México.