Indicadores para la gestión económico financiero local en el municipio de Remedios. Cuba

Resumen

En el presente trabajo se realiza una valoración sobre el desarrollo local en el municipio y el papel que juegan las administraciones públicas en este, al definir políticas científicas y de conocimiento, establecer alianzas estratégicas, así como implementar indicadores necesarios para la gestión económica financiera local de desarrollo con la participación de la población y la integración de los actores locales para fortalecer la localidad para lograr vencer los principales obstáculos que ha tenido que enfrentar el municipio que le ha impedido un mayor avance.

Palabras clave: desarrollo local, administración pública, gestión del conocimiento, innovación, gobiernos locales..

Desarrollo

A partir del Triunfo de la Revolución se hace necesario la introducción e implementación de una gestión efectiva que respondiera a los intereses del gobierno socialista y erradicara los conceptos y estructuras pertenecientes al modelo capitalista. Según Sáenz, Tirso (2005) el análisis de los sistemas de gestión financiera se puede enmarcar en varios periodos partiendo "de dos pilares: el balance económico y político-ideológico interno y el macro escenario mundial", cuestiones estas que afectan la política económica influyendo en su evolución.

La primera etapa, desde la instauración del gobierno revolucionario cubano, se encuentra entre los años 1963 y 1967 donde sus rasgos más importantes son la reestructuración de las relaciones de propiedad y la búsqueda y aplicación de mecanismos de dirección y gestión apropiados. De esta problemática surgieron dos modelos de gestión: el sistema presupuestario de financiamiento, defendido y aplicado por el Che en la industria, y el de cálculo económico o autofinanciamiento, que reproducía el esquema euro soviético, en la agricultura estatal fundamentalmente, junto a la planificación administrativa centralizada, prosperó el burocratismo y sus métodos al punto de infectar el cuerpo social.

Finalmente se implantó una mezcla de estos dos modelos la cual supuso violentar la lógica y la evolución de la estructura socioeconómica de la transición, acelerando los cambios estructurales y de conciencia, lo que conducía a acciones que se apartaban de las leyes económicas objetivas que causarían serios trastornos al desempeño económico.

La segunda etapa se enmarca en el periodo 1967 a 1970 donde la lucha contra el burocratismo implantado en la etapa inmediata anterior en que funcionaron dos sistemas de gestión enlazó perfectamente con la tesis de la naturalización de las relaciones económicas. En esta nueva línea de acción las funciones de la contabilidad, los costos, las finanzas y otros instrumentos valorativos se encontraron obsoletos; el control de los gastos se basaría en unidades naturales de tiempo o peso. Esta es la fuente y origen del llamado sistema de Registro Económico que se apartaba del Sistema Presupuestario del Che y del Cálculo Económico.

En la etapa posterior de 1971 a 1974 se comienza la rectificación de errores cometidos: restañar las imperfecciones ocurridas, ajustando las metas de la estrategia de desarrollo del período precedente, preparar las condiciones para asimilar un nuevo sistema de dirección y planificación, diseñar una nueva estrategia de desarrollo, rectificar la política agro campesina e integrar a Cuba al CAME.

Por último comienza la etapa de 1975 a 1989 caracterizada por los acuerdos y Resoluciones del I Congreso del PCC en 1975. Se introduce un sistema de dirección de la economía que reconoce las relaciones monetario-mercantiles y el autofinanciamiento restringido. Además se inicia la institucionalización del país con la Constitución de la República de 1976, la división político-administrativa, la creación del Poder Popular y la reorganización del aparato central del Estado.

Comienza la etapa actual a partir de abril de 1999, como consecuencia de la situación económica, financiera y social existente en el país se aprueba el Decreto-Ley No. 192, de la Administración Financiera del Estado, cuyo objetivo principal es imprimir un mayor grado de transparencia, ordenamiento y de organización a todo el proceso de planificación, ejecución y control de los recursos financieros públicos, en función de las metas y políticas trazadas por el Estado. En general, la administración financiera del estado se encarga del establecimiento de principios, normas y sistemas para generar recursos financieros públicos y a su vez canalizar su utilización en la forma más óptima y eficiente para el cumplimiento de las políticas, programas y prestación de los servicios del Estado, es decir de las entidades del sector público. Para lograr este objetivo se desarrollan sistemas de información, que se caractericen por brindar una información oportuna, confiable y homogénea sobre el comportamiento de las finanzas públicas.

Las disposiciones recogidas en este Decreto se aplican a todas las áreas del sector público y a todos sus niveles, además, las normas establecidas en el mismo en relación a la rendición de cuentas de los resultados de su gestión u otras, son de aplicación a todas las entidades no pertenecientes al sector público que estén vinculadas al presupuesto mediante el otorgamiento de subsidios, ayuda económica, subvenciones, ventajas o exenciones, que hayan obtenido concesiones públicas por parte del estado o recursos provenientes de capital estatal, así como en lo referido a las obligaciones con el presupuesto que estas entidades deban realizar.

El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) es el organismo rector y coordinador de los sistemas que integran la Administración Financiera en Cuba que se define como "el conjunto de principios, normas, sistemas, instituciones y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos financieros públicos y su aplicación a la consecución de los objetivos del Estado, procurando la satisfacción de las necesidades colectivas de la sociedad".

Cuba se rige por un sistema de propiedad socialista del pueblo sobre lo medios fundamentales de producción y al igual que otros estados en el mundo, organiza, planifica, dirige y controla la actividad financiera enfocada a la obtención de recursos que permitan satisfacer las necesidades de la sociedad cubana.

El órgano rector de la actividad financiera del Estado es el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y las direcciones de Finanzas y Precios de los órganos locales del Poder Popular.

El Estado Cubano tiene una economía planificada centralmente sin embargo en los procesos de descentralización iniciados principalmente en los años 90 y a raíz de la situación económica, social y política del país, se nota un retraso sobre todo en el aspecto fiscal. Esto ha traído como consecuencia el innegable empobrecimiento del proceso de desarrollo local ya que es a nivel de las municipalidades donde mayor grado de centralización existe. Son pocos los elementos que pueden variar a nivel municipal. En algunos estudios realizados saltan a la vista las cuestiones más importantes que frenan el desarrollo local de los territorios y en consecuencia de todo el país, dejando de aprovechar oportunidades de obtención de ganancias y recursos para el financiamiento de las actividades de desarrollo social, económico y financiero. Podemos ver que:

1. Existe una falta de correspondencia entre los recursos que se pueden generar en el municipio y las responsabilidades de gasto que se le otorgan.

2. Se ha evidenciado el traspaso de empresas rentables de subordinación municipal a la provincial.

3. Los ingresos que se recaudan en divisa y tienen un destino municipal, como las cuotas mensuales de algunas actividades por cuenta propia, tasa por radicación de anuncios y propaganda comercial, no quedan realmente a disposición del gobierno municipal, recibiendo este, realmente el contravalor, es decir, su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio oficial (1 por 1) afectando con ello la disponibilidad de recursos financieros en CUC en el nivel local.

4. Existen directivas ministeriales que prohíben el cobro de algunos servicios en el nivel municipal, por ejemplo: actividades culturales como las ofrecidas en museos y galerías de arte, sin embargo, esto no se aplica a los otros dos niveles de gobierno. Existe además un conjunto de actividades que pueden ser cobradas y aun cuando este ingreso no sea significativo puede ayudar a la prestación de las mismas. Estas posibles actividades referidas se prestan además en servicios comunales, deporte y ciencia.

5. Existe poca flexibilidad relativa a la posibilidad existente en el municipio de poder decidir el establecimiento de algunos servicios que le permitan extender su oferta y a la vez aumentar sus propios recursos financieros, lo que afecta el proceso de descentralización vía gasto y vía ingreso.

6. Ausencia de facultades para decidir en relación con las inversiones, ya que a nivel municipal se realiza la propuesta, se argumenta y recoge en el anteproyecto del presupuesto, pero se decide su ejecución en el nivel provincial o central.

7. El pago por el uso de los recursos naturales aunque se encuentre en el territorio de un municipio, pasa directamente al Presupuesto Central por considerarse parte del patrimonio del país.

8. En el municipio la ONAT carece de facultades legislativas para crear impuestos, tasas, contribuciones, en tanto corresponde al centro determinar los tipos impositivos, contribuciones, los plazos de aportes, etc.

9. Situación de la subordinación de las empresas a nivel nacional y provincial. Los ingresos al municipio de estas empresas se limitan a la referida contribución por el uso de la fuerza de trabajo. Las empresas de subordinación nacional que por el tipo de objeto social que tienen explotan importantes recursos naturales del municipio (la tierra, el agua, bosques) y la infraestructura, no realizan ningún pago al municipio por su uso, sino al Presupuesto Central.

10. Las prioridades para las inversiones no se definen en el municipio, sino en la provincia y a nivel central, (los municipios no participan en su determinación).

11. La autonomía es insuficiente, persisten trabas burocráticas que entorpecen la ejecución de los cronogramas y se transfieren de un año para otro.

Existe lentitud al dictar resoluciones o esclarecer mecanismos para los proyectos.

12. Los contratos son firmados bajo un escenario y los precios varían con rapidez, por lo que cambian los montos si no se optimiza el tiempo en su tramitación.

13. No se cuenta con moneda nacional entorpeciendo las compras.

Los procesos de descentralización, en el ámbito municipal, encuentran su base teórica en las ventajas comparativas que poseen los gobiernos locales, en términos de eficiencia y suministro de bienes públicos. Este proceso de cambio, requiere definir un nuevo marco para las relaciones entre los niveles de gobierno, tanto en lo referente a los gastos a cargo de cada uno como de los recursos. Implica por lo tanto una redefinición de la autonomía municipal, del rol del municipio frente a la comunidad y de la complementación entre los distintos niveles de gobierno, así como también adoptar nuevos mecanismos de gestión para encarar las nuevas funciones.

Con el fin de superar estas situaciones se propone en todos los niveles la adopción de un enfoque gerencial de las finanzas municipales que complemente el tradicional enfoque legalista.

Algunos autores definen el espacio local como el: "contexto territorial potencialmente estructurado como ámbito colectivo preferente de interacción, cooperación, y participación social; portador en alguna medida, de una identidad sociocultural y de una variedad de intereses básicos comunes, que se expresan particularmente en torno a los procesos de producción y reproducción cotidiana. Se incluyen aquí la dimensión local-barrial, entre otras".

En este trabajo, el término local, no es sinónimo de pequeño ni significa necesariamente algo diminuto o reducido. El concepto de local adquiere, una connotación de algo socio-territorial que pasa a definirse como un ámbito comprendido por un proceso de desarrollo en curso, en general cuando este proceso está pensado, planeado, promovido o inducido. Normalmente, cuando se habla de desarrollo local se hace referencia, habitualmente, a procesos de desarrollo que ocurren en los municipios.

Se plantea que una comunidad se desarrolla cuando convierte en dinámicas sus potencialidades, pone en marcha un programa heredado. Quiere decir volver dinámica una potencialidad.

Sin embargo, para que esto suceda, es necesaria la coincidencia de varios factores. Es fundamental la presencia de un cierto nivel educativo de la población. La existencia de personas en condiciones de tomar iniciativas, asumir responsabilidades y emprender nuevos negocios.

1-La decisión del poder local y de otros niveles de gobierno de apostar por un camino de cambios. Y, a su vez,

2-Es imprescindible la participación de la sociedad.

A su vez, la capacidad de atraer financiamientos externos, en general necesarios para desarrollar plenamente las potencialidades locales va a depender de todos esos factores mencionados anteriormente.

Indicadores para la gestión económica financiera local.

En el caso específico de los indicadores financieros, implica relacionar los aspectos centrales del proceso presupuestario, o sea, gastos e ingresos. Estos indicadores son de gran utilidad al evaluar el grado de descentralización de funciones y el nivel de sujeción financiera. Sin embargo son solo una parte de la gestión municipal.

El propio término de indicadores financieros parte de la idea de un equilibrio presupuestario, o sea, la relación entre los ingresos totales y los gastos totales. Este resultado por sí sólo, es insuficiente para emitir una opinión acerca de la real capacidad del gobierno local para cumplir sus funciones. Por lo que se incluye en el mismo la evaluación de la economía a través de la eficiencia y eficacia, las finanzas a través de indicadores de solvencia y endeudamiento.

Tabla No1: Indicadores para evaluar la gestión municipal.

Propuesta de indicadores Financieros

La solvencia, o sea, la capacidad de la administración de asegurar que se disponga en todo momento de un flujo de recursos oportunos y suficientes para atender los requerimientos de gastos programado, puede medirse mediante indicadores construidos sobre la base de los flujos de caja que registren las operaciones de tesorería, es decir, las disponibilidades inmediatas de dinero en efectivo para atender las exigencias inmediatas de gasto.

Liquidez: Indica la capacidad de la administración para cubrir los gastos corrientes con el flujo de los ingresos corrientes disponible, ya sea que estos provengan de fuentes propias o externas. En la medida en que este cociente se aproxima, es igual o sobrepasa el 100%, indica que se tiene suficiente solvencia financiera.

Solvencia Económica: Este coeficiente mide la capacidad que tiene el municipio para financiar las acciones públicas básicas, así como su propio aparato de administración. El gasto de operación corresponde, de esta manera, al gasto en personal, gasto en bienes y servicios, servicios públicos y transferencias obligatorias al sector público y fisco. El gasto de operación no contempla los gastos de diversos programas sociales, inversiones en equipamiento o infraestructura pública. Precisamente, un coeficiente de solvencia económica alto abre un margen mayor para planes de inversión, ayuda social, etc. Un coeficiente bajo, (menor a 2,5) limita seriamente las posibilidades de desarrollo de una municipalidad.

Solvencia Financiera: El indicador de solvencia financiera mide la capacidad de la municipalidad para financiar el gasto mínimo de administración que corresponde a una gestión municipal. El gasto de administración comprende el gasto en personal más los gastos de oficina. Para aumentar este indicador es preciso intensificar los programas destinados a incrementar los ingresos propios, así como aquellos que persiguen disminuir los gastos de administración.

El endeudamiento puede medirse a través de indicadores de dependencia y autonomía financiera.

Dependencia Financiera: Permite saber hasta donde las finanzas locales son controladas por la administración o dependen de las transferencias del gobierno central. Cuanto más dependiente sean las finanzas, más reducidas las posibilidades de hacer una planificación financiera confiable. Una municipalidad que tiene un elevado coeficiente de dependencia financiera demuestra que su base económica es débil; es decir que su recaudación de ingresos es baja. Esto puede deberse a razones objetivas o a una política de incremento de ingresos propios muy tímida.

Autonomía Financiera: Es una medida complementaria a la anterior, que expresa directamente el grado de autonomía en las finanzas locales. Cuanto más es la importancia de los ingresos propios, la municipalidad tiene mayor control sobre la situación financiera y puede planificar de mejor manera sus actividades, de acuerdo a las prioridades locales y sin depender de otros ingresos para realizarlos. Con este indicador se busca establecer la capacidad para generar ingresos propios que existe en la municipalidad en relación a la totalidad de los ingresos percibidos en un momento dado o, a través del tiempo, el cambio de este porcentaje. En el largo plazo, las municipalidades deben orientar sus políticas de modo que este coeficiente se acerque al máximo posible: 100%, pues así se obtiene mayor autonomía financiera.

Inversión Propia: El indicador de inversión propia permite medir la capacidad del municipio para efectuar inversiones con recursos propios. La diferencia entre las inversiones con recursos externos y las que se financian con fondos municipales que logró captar radica principalmente en la seguridad y autonomía del proyecto. Un proyecto financiado con recursos propios es seguro porque está en el presupuesto. Sin embargo, un proyecto financiado con recursos otorgados por el nivel central aspira a conseguir financiamiento. Cuando el coeficiente es alto, se está indicando que el municipio depende en bajo grado de las decisiones del nivel central para efectuar proyectos de inversión.

Propuesta de indicadores económicos

La economía puede medirse a través de indicadores de eficiencia, o sea, lograr el máximo resultado al mínimo costo posible y debe incorporar criterios de costo, seleccionando las alternativas tecnológicas y de gestión menos costosas tanto en términos de inversión como en los requerimientos de operación y mantenimiento. Igualmente, se debe buscar optimizar la eficiencia de la administración general de la municipalidad garantizando niveles mínimos de gasto corriente. Puede medirse mediante indicadores de autofinanciamiento o autocosteabilidad que permitan la comparación entre ingresos y costos de una operación de servicio o de la operación general de la administración municipal.

Autocosteabilidad: Indica si los ingresos derivados de la explotación de un servicio, comúnmente a través de tarifas, permiten sostener o mantener los costos de operación del servicio en un periodo dado. En la medida en que este cociente se aproxima, es igual o sobrepasa el 100%, indica que el servicio es autocosteable.

Capacidad financiera: Mide la capacidad de la administración para cubrir sus gastos de funcionamiento con sus propios recursos. Señala el grado de desarrollo institucional, por lo que entre mayor sea el autofinanciamiento, mayor la disponibilidad de recursos para asignar a objetivos diferentes al funcionamiento básico de la administración.

Pérdida o Ganancia corriente: Permite evaluar la capacidad de inversión y/o repago de deudas que tiene el gobierno local, mide la capacidad de ahorro. En la medida en que es mayor que 0 es el porciento de ganancia obtenida.

Eficiencia en la administración: Puede medirse mediante un primer indicador que señala en la medida en que el cociente se aproxima, es igual o sobrepasa el 100%, que se deben optimizar los gastos de la operación general de la administración municipal. Y un segundo indicador que indica cuando el resultado es superior a la unidad (o 100% en términos porcentuales) una situación financiera débil o vulnerable ya que, en este caso, el municipio depende de otros recursos para garantizar el funcionamiento de la operación de los servicios.

La economía puede medirse también a través de criterios de eficacia, los cuales en el ámbito de las finanzas municipales se tratan de garantizar el cumplimiento del objetivo de prestación de servicios a la localidad. Se orienta al logro de resultados en la provisión de servicios idóneos, útiles, necesarios y al alcance de la población del municipio por lo que se puede medir a través de indicadores de accesibilidad tales como: calidad, cantidad y precio adecuado. Una gestión eficaz garantiza el acceso de todos los habitantes al suministro adecuado, oportuno y suficiente de los servicios que brinda la municipalidad.

Indicador de calidad: Existen diferentes indicadores de calidad de los servicios dependiendo de las características propias de cada uno. En general, se buscan patrones de frecuencia del servicio, consumo mínimo por habitante, o calidad del producto proporcionado por el servicio.

Indicador de cantidad: Mide el grado de satisfacción de las necesidades de la población en relación a la prestación de un servicio. La medida común de cobertura relaciona, en forma porcentual, el número de usuarios efectivamente servidos o atendidos por conexión al servicio en comparación con el total de usuarios potenciales de la población.

Indicador de Precio Adecuado (Accesibilidad): Se refiere a la accesibilidad económica de los servicios, mide la capacidad de la población para pagar las tarifas básicas por el suministro del servicio.

El indicador puede calcularse por ejemplo, tomando como referencia la tarifa básica por el consumo mínimo de servicio y comparando porcentualmente su peso en el ingreso familiar básico.

Finalmente las decisiones que afecten a las finanzas públicas municipales deben evaluar no solo sus consecuencias a corto plazo sino también las implicaciones del mediano y largo plazo. Evidentemente mediante las proyecciones financieras puede calcularse la sostenibilidad de la situación financiera municipal, esta puede medirse mediante indicadores de costo a largo plazo de recursos y servicios que proporcionen además los costos del impacto ambiental y financiero y/o externalidades negativas cuando estas se producen por decisiones tecnológicas y financieras equivocadas. Por lo que una medida alternativa e inmediata que se impone, es inscribir los proyectos de desarrollo locales en el Plan de la Economía Municipal.

Conclusiones

• 1. Los gobiernos locales son un garante facilitador del entramado de redes integrados en un complejo de actores que se pueden generar en un municipio, de manera que fortalezca el proceso de gestión del conocimiento y la innovación.

• 2. El desarrollo local/social presupone un modelo integral de gestión pública con la capacitación, la integración de actores locales y la participación social, como elementos esenciales dentro del proceso de gestión del conocimiento, la ciencia y la innovación tecnológica.

• 3. Para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo local, es fundamental el diseño Estratégico Local como punto de partida unido a indicadores para lograr la gestión económica y financiera junto a la creación de estructuras y grupos de apoyo para gestionar, monitorear y controlar los proyectos de innovación tecnológicos locales que se generen.

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Autor:

MSc Belkis García Bello.

Profesor Auxiliar.

Lic. Lianet Pérez García.

Dirección municipal de educación Remedios