Conceptualizaciones sobre el poder (apuntes) (página 2)

La perspectiva liberal pluralista sobre el Estado.

La teoría liberal – pluralista del Estado se propugnó en el ámbito político trasladándose como interpretación de fenómenos sociales y económicos tendiente a explicar las relaciones de los individuos en la sociedad histórica.

El individuo es un actor social que colabora en el surgimiento de distintas relaciones sociales manteniendo como valor fundamental la libertad del propio individuo.

Par esta teoría el Estado es una organización compleja menos individual que los actores sociales constituyéndose así en un peligro para la libertad individual.

Se presupone la postura racional de la acción individual en pos de elegir la manera de organizar la vida social, lo que lleva al individuo a la auto restricción tan necesaria para consensuar pautas sociales que permitan la existencia de la misma sociedad. En síntesis, la reproducción de lo social surge de la propia autorregulación de las conductas individuales. El peligro de que las instituciones propugnen sus propias normas alejadas del interés general se aleja al postular necesidades predeterminadas y racionalmente aceptadas por los individuos.

El Estado actuaría como un agente que resuelve conflictos de individuos que se han agregado racional y voluntariamente y que actúa a través de agencias que pasan a ser publicas debido a que son reflejo de las acciones sociales en búsqueda de equilibrio. Este poder público tiene un freno categórico: el consenso sobre valores que definen el equilibrio social a lo que se suma la parcialidad del poder delegado en el gobierno y se define precisamente por el intercambio de intereses sociales. Por este motivo la existencia del estado como complejo organizacional se justifica en la medida de permita la viabilidad de los intereses concretos e individuales. Son los actores sociales los que determinan las formas y funciones políticas.

El estado es necesario para autoregular la diferenciación, considerando la existencia de ésta como un rasgo normal de las relaciones sociales. El estado agregará, en sus políticas, los valores sociales que respondan a los intereses individuales. Por ejemplo, en el campo económico privilegiará la relación mercado – democracia en la cual los actores sociales tienen un marcado protagonismo que se desarrolla en la medida que se considera la libertad como condición esencial.

Una visión más conservadora del pluralismo considera al conflicto social como un desajuste entre la participación de los actores sociales y la institucionalización política. Recordemos que para el liberalismo la existencia del estado, si bien necesaria, es un peligro constante para el ejercicio de los valores y la persecución de los intereses individuales.

La teoría liberal pone en segundo plano lo comunitario para priorizar lo individual. Precisamente esta es una crítica notoria que recibe permanentemente por parte de los que reivindican el valor de lo social. El liberalismo descuenta el interés general, ya que lo supone como una consecuencia necesaria del desarrollo individual lo que en la práctica, frecuentemente, no se verifica. Si nos posicionáramos en un enfoque opuesto al liberalismo, es precisamente en este punto donde podríamos atacar su doctrina y abrir una puerta en la credibilidad de sus postulados. La otra crítica podría asentarse en la conceptualización del Estado, la cual en la práctica a veces no ha sido insuficiente para dar soluciones a los conflictos sociales. No estoy a favor de la absolutización del poder político pero no se debe desconocer la condición de cierta inmadurez que caracteriza a nuestra sociedad, lo que la imposibilita de llegar a algunos consensos urgentes. Los últimos tiempos políticos han dado hincapié a esta opinión. Se aprecia una inconsciencia de los verdaderos conflictos sociales y además, una incapacidad manifiesta para disponer políticas adecuadas a la historicidad que el país propone mediante signos concretos y patentemente visibles.

Se dice que el liberalismo no ha sabido estar a la altura de los acontecimientos. Yo digo que el liberalismo o su versión actual (el neoliberalismo) no ha sabido dar respuestas ni siquiera a los intereses individuales que forman parte de sus objetivos básicos y de su razón de existir.

El Estado populista y el Estado burocrático-autoritario en América Latina.

El esquema de Estado populista que se desarrolla en América Latina durante las décadas de 1930-40 fue influido por los acontecimientos internacionales sobre todo en el ámbito económico. En efecto, la crisis financiera producida en el mundo al comienzo de esta década repercute en crisis locales en los mercados de Latinoamérica.

Podemos citar dos consecuencias especificas para América Latina: los mercados de exportación se cierran y se produce una disminución dramática en los precios de las materias primas lo que a su vez provoca una perdida de excedentes financieros y además la interrupción de las importaciones de productos elaborados de origen industrial.

El Estado nacional – popular, responde a esta crisis con un proyecto de industria sustitutiva de las importaciones, proceso que comienza a requerir gran cantidad de mano de obra asalariada que llega a las ciudades, en cierta medida, a través de movimientos migratorios internos. Los cambios económicos producen cambios sociales: el surgimiento de una estructura social que consta ahora de una gran masa asalariada que reclamará muy pronto mayor participación en los asuntos políticos y a la que el Estado populista responderá con una ampliación de los derechos políticos.

El Estado Burocrático – autoritario debe enfrentar una situación bastante diferente en lo que respecta a las relaciones internacionales. En la década de 1960 este modelo de estado manifiesta un marcado interés por la inclusión en la economía nacional de capitales multinacionales que instalaran empresas dependientes de casas matrices apuntando a satisfacer necesidades del propio mercado interno donde se instalan. En efecto, esta etapa se caracteriza por una apertura económica de los mercados internacionales y a la inversión multinacional en los países periféricos. En realidad el Estado burocrático – autoritario no rompe con los modelos económicos anteriores sino que los inserta en un marco de mayor ingerencia de capitales extranjeros.

Con respecto a los actores políticos relevantes en cada uno de los modelos de Estado se puede afirmar que difieren notablemente. En el Estado populista, como ya hemos expresado, los sectores populares toman cada vez más protagonismo en las decisiones de gobierno, y el estado, mediante maniobras demagógicas y una clara política clientelística, intenta amparar el ejercicio de los derechos políticos como una manera de legitimar su poder. El Estado de tipo burocrático-autoritario mantiene una relación muy distinta con las estructuras sociales.

Primero cabe aclarar que en este modelo los cargos dirigenciales son ocupados por personas que han seguido una carrera de poder civil o militar quedando excluidas las clases sociales populares con las cuales mantienen una relación distante y controladora. Este modelo Burocrático-autoritario, precisamente se propone romper con las viejas estructuras populistas y frenar los conflictos sindicales o estudiantiles con la represión.

Estas consideraciones responden por sí solas a la tercera parte de la consigna. ¿Qué tipo de relación mantiene cada modelo de estado con la sociedad? Esta claro que el Estado populista se comporta como un estado de bienestar que intenta demagógicamente, tal vez, incluir a la clase popular asalariada en todos los ámbitos políticos y sociales. En este sentido, recurre al asistencialismo social y a la extensión de los derechos políticos y sociales a fin de lograr el apoyo popular en tiempos electorales conformando en realidad un sistema de tipo corporativista que se auto gestiona y protege a sí mismo. El Estado burocrático – autoritario, por el contrario, intenta desmantelar este sistema proteccionista y solo incluirá dentro del campo de sus preocupaciones a los actores sociales que puedan aportar su trabajo al proyecto desarrollista de progreso tecnológico recurriendo a la represión para mantener a raya a los sectores sociales más conflictivos.

Las reformas estructurales durante los años noventa en la Argentina

Me parece oportuno realizar una breve introducción relativa a los procesos de cambio profundos que se evidenció en América Latina durante la década de 1990, para entender que se trató de un proceso global más que local y de esta manera disponer de un enfoque más objetivo de las transformaciones en la relación entre el Estado y la sociedad.

La reforma del Estado que se produjo entiende varios aspectos que se podrían sintetizar en estos conceptos: descentralización, desregulación y privatización.

La descentralización política y administrativa ha implicado el traspaso a las jurisdicciones provinciales y a los municipios de funciones y atribuciones que estaban centralizadas por el Estado Nacional.

La desregulación implica la supresión de controles y restricciones para desarrollar actividades económicas determinadas alcanzando el mercado laboral. El proceso de privatizaciones ha constado esencialmente del traspaso a manos privadas de empresas de bienes y servicios que se encontraban en la órbita estatal. Esta privatización no siempre implica la venta de empresas prestadoras de servicios sino que pueden ser adjudicadas en concesión, como sucedió por ejemplo, con empresas proveedoras de agua potable o energía.

En el sector de transporte, para citar otro ejemplo, se han producido procesos dobles de privatización y desregulación en tanto empresas privadas se han hecho cargo de empresas de transporte antes estatales. En estos casos el Estado ha disminuido sensiblemente – sino completamente – su intervención en el sector llegando inclusive a la concesión de infraestructura relacionada con esta actividad.

Citemos algunos ejemplos de privatizaciones en América Latina:

• Argentina: YPF, Aerolíneas Argentina, Gas del Estado, ENTEL.
• Bolivia: Corani, Guaracachi, Valle Hermoso (plantas de energía)
• Brasil: Cia Siderúrgica Nacional. Usinas Siderúrgica Gerais, Cia Petroquímica do Sul.
• Chile: CTC, ENTEL, Endesa, Chilgener.
• Colombia: Banco de Colombia, Banco Corpavi, Colombiana Automotriz.
• Cuba: Etecsa.
• Ecuador: Fertilizantes ecuatorianos, Azucarera tropical Americana, La Cemento Nacional.
• México: Telmex, Banamex, Multibanco Comermex., Televisión Azteca, Aseguradora Mexicana.
• Venezuela: Cia Anónima Nacional, Viasa, Astilleros Navales de Venezuela.

Estos ejemplos no agotan la lista de empresas privatizadas durante este proceso de transformación del Estado sucedido en América Latina a partir de la década del 90 pero nos dan una idea de la magnitud y de lo extenso del proceso de cambio.

Para completar este somero análisis refresquemos algunas causas que llevaron a los estados americanos a realizar estos profundos cambios en sus economías internas.

Antes de 1980 la deuda externa de América Latina aumentó de 27.000 millones de dólares a 232.000 millones lo que, por supuesto, devengó en pagos de altas sumas en concepto de interés y amortización de capitales que sumaron 18.000 millones de dólares. Muy pronto bajaron los precios de las exportaciones de la región y aumentaron las tasas de interés situación que sumió a los países en una difícil encrucijada: pagar más con menos recursos. Ante esta situación, los banqueros retacearon los créditos y se produjo una verdadera caída financiera.

En 1990 cuando ya se habían concedido más préstamos para cubrir el pago de los intereses, la deuda casi se había duplicado. América Latina debía ya 417.000 millones de dólares. Otro dato alarmante: entre 1982 y 1989 América había transferido a sus acreedores una suma equivalente a varias veces el comprendido en el famoso Plan Marshall: alrededor de 200.000 millones de dólares. Este fue el escenario que encontraban las nuevas democracias de América Latina.

Durante estos años los banqueros privados y el gobierno de EEUU y el FMI impusieron condiciones estrictas a los deudores que, como es sabido, incluían profundas transformaciones en sus políticas económicas: apertura de los mercados a las importaciones – y por supuesto el abandono de políticas proteccionistas de la producción nacional – el otorgamiento de condiciones beneficiosas para la instalación de capitales extranjeros, la reducción del papel del Estado en la economía – lo que suponía la privatización de empresas estatales – y el impulso de las exportaciones mientras se controlaba la inflación y el déficit fiscal. Fueron las denominadas "políticas de ajuste" receta que los organismos internacionales de crédito impusieron en América Latina y que han provocado gran parte de los males que sufrió nuestro país hacia fines de siglo XX, entre ellos el aumento de la desocupación la perdida paulatina de la capacidad productiva de la industria, la perdida de la ventaja competitiva en cuanto a exportaciones de bienes de consumo y materias primas agro ganaderas, etc.

Para comienzos de la década de 1990 la región había encontrado una salida, como ocurrió con nuestro país. Acatar las disposiciones del FMI. Bajó la inflación y como consecuencia de la mejora de las condiciones para invertir en el país, las inversiones extranjeras, especialmente de Europa, y los EE.UU. aumentaron considerablemente y se evidenció rápidamente un crecimiento del PBI.

Sin embargo estas mejoras no deben exagerarse. Las inversiones extranjeras estaban conformadas por capitales financieros que se volcaron a estos mercados para aprovechas las ventajas de los "mercados emergentes", capitales que retornarían a sus países de origen apenas las condiciones de la economía interna cambiaran.

Estas fluctuaciones agravaron los problemas estructurales, dentro de los cuales la pobreza es el de mayor consideración, que afecta actualmente a la mitad de la población argentina. A pesar del crecimiento macroeconómico que se produjo durante la década de 1990 se agudizó la mala distribución de la riqueza provocando un crecimiento de la marginación social. En el plano de la producción y el empleo, la flexibilización laboral y la desprotección absoluta de la producción nacional, ha producido un incremento de las tasas de desempleo, índices que han llegado a récords históricos a finales de la década analizada.

Autor:

Fernando Raúl Morro Cruellas

Profesor en Ciencias Sociales

Profesor en Psicopedagogía