- Los filósofos contractualistas
- La perspectiva liberal pluralista sobre el Estado
- El Estado populista y el Estado burocrático-autoritario en América Latina
- Las reformas estructurales durante los años noventa en la Argentina
Los filósofos contractualistas
Antes de comenzar con la sistematización de las diferencias y semejanzas entre los pensadores netamente contractualistas, intentaré realizar una introducción a la conceptualización del poder en la era moderna.
Es necesario partir de la necesidad imperiosa que se le presenta a toda sociedad de organizar un "orden social" mínimo y estable para el desarrollo de la persona y de las instituciones. En este sentido dos son los enfoques que se han propuesto. Por un lado, se puede plantear de que el orden social y por ende el sistema de normas que lo fijan y lo habilitan se basa en la cohesión entre los intereses – que parte por supuesto de los consensos sociales y los lógicos contratos voluntarios por parte de los integrantes de los grupos sociales – y por otro lado es menester considerar las teorías de coerción en la cuales el conflicto de intereses prevalece sobre el consenso y las que plantean una relación humana signada por la persecución egoísta del propio interés personal en desmedro del interés general.
No obstante estas diferencias, debemos acordar en que el uso del poder por parte de un Estado es necesario para ejercer efectiva soberanía sobre los gobernados. Ahora bien, la diferencia radica en el origen de este poder y en las formas en que este se lleva a la práctica política.
En este sentido las dos concepciones esgrimen la posibilidad de usar distintos instrumentos para ejercer este poder.
En el caso de los partidarios del consenso, se señala que el instrumento adecuado es un orden jurídico justo y legítimo que permita salvar las diferencias en orden. En otro sentido, los defensores del conflicto social insisten en la necesidad de que exista una instancia superior al conflicto, que lo supere en el uso el poder y que pueda solucionar en forma coercitiva los problemas sociales. Autores de esta línea, como Hobbes y Maquiavelo, otorgan, por ende, mucha importancia al poder político. El poder constituye, de acuerdo a esta concepción, el único instrumento válido y posible para garantizar el orden social, poder que tiene su génesis, precisamente, en las propias falencias de "la vida y la razón humanas". Al darle importancia relevante al poder político, estos pensadores insisten en reflexionar sobre las características de quiénes están destinados al ejercicio del poder y sus fuentes de legitimidad.
En la primera etapa de la edad moderna se utiliza el poder político como instrumento de gobierno y no de cambio. Para Maquiavelo, por ejemplo, este poder político reside en el monarca – el soberano – que debe concentrar todo el poder para gobernar con éxito y su preocupación radica en legitimar la fuente del poder y su traspaso desde el sistema feudal y de la Iglesia al monarca que lo centraliza. La justificación de esta centralización incluye la posibilidad de que el gobierno escape a los designios de la ley si esta violación va en mérito de que mantenga el poder a toda costa.
La teoría de Hobbes, asimismo, es una teoría del poder. Pero a diferencia del planteo maquiavélico la política actúa en la medida que los individuos acuerdan la existencia del Leviatán. La sociedad es, en primer lugar, una construcción humana y que depende del grado de poder político que pueda adquirir el estado. El Estado es un sujeto con mayor poder que controla desde "arriba" los conflictos humanos y se constituye como el poder necesario para coaccionar las diferencias que provocan los enfrentamientos sociales. Este poder esta enmarcado en el ejercicio de un monopolio efectivo por parte del Estado. Hobbes plantea una teoría individualista mientras que la existencia misma del Estado se justifica en la protección de ese individualismo. A estas teorías absolutistas se le contraponen las concepciones contractualistas.
Analicemos el planteo común de los contractualistas: el poder reside en la sociedad. El poder, como la capacidad de influir sobre los individuos reside precisamente en quienes van a ser afectados por esa influencia. Si el poder es "delegado" por el pueblo al gobierno – como afirman estos pensadores – necesariamente el poder sigue perteneciendo al pueblo. Ahora bien ¿en qué punto se legitima el poder? La respuesta es sencilla para estos pensadores: en la indiscutible libertad del individuo y en el ejercicio de sus derechos. La diferencia entre los autores contractualistas se presentará en la concepción de sociedad y no en la génesis del poder.
Locke reafirma el planteo de que el poder reside en los individuos que componen la sociedad y que estos individuos son de libertad y derechos de manera inalienable. Si estos derechos y libertades son respetados, el individuo acepta un contrato por el que se cede a un soberano el poder social, en beneficio de la misma sociedad. La continuidad del consenso – y por ende el orden social -sólo se da si el soberano actúa como portador del poder político y social.
Para Rousseau – que parte de la idea de que el individuo se realiza naturalmente sólo en la comunidad – la vida social no es una imposición sino "el estado natural de la especie humana" en el cual los hombres desarrollan todas sus potencialidades. No obstante Rousseau admite que este estado puede sufrir una evolución: el contrato social, que se constituye como una obligación para las comunidades. A este acuerdo se llega por la razón y con el aumento de la complejidad de las relaciones sociales – argumentación doctrinal y central del liberalismo político – en el cual el gobierno aparece como el equilibrio necesario para el desarrollo individual y para evitar la interrupción del ejercicio de las libertades individuales.
Siguiendo este razonamiento podemos incluir que el liberalismo no es proclive a aceptar el poder concentrado, precisamente por este motivo: la agregación de las voluntades individuales pueda atentar contra el ejercicio de los derechos. Ahora bien, acepta esta agregación cuando se hace legal e institucionalmente como una síntesis de voluntades y de morales individuales, haciéndose valido el ejercicio del poder de manera "racional".
Un planteo diferente es el de Hegel que considera al Estado como el resultado de la sumatoria del poder social, como la síntesis del desarrollo cultural de una sociedad,. De esta manera el estado debe concentrar el poder social que ya existe en las instituciones civiles y constituirse en una forma cultural y moral que va evolucionando al ritmo histórico de la sociedad.
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