Afectaciones socioeconómicas del fenómeno climático de la niña

Enviado por Óscar Jaimes Infante

Según estudios del IDEAM, la afectación climática denominada el fenómeno de "La Niña es producto del enfriamiento de la superficie del océano Pacífico, el cual redujo su temperatura en medio centígrado; Ese enfriamiento altera esencialmente las corrientes de aire provocando el aumento severo de las lluvias e impactando sobre la infraestructura de viviendas, carreteras, puentes y servicios de amplias regiones del País y específicamente en Santander, en el último semestre del año 2010 y en los primeros meses del año 2011, las continuas aguas torrenciales causaron el deceso de 52 importantes vidas humanas, al producir desbordamiento de las quebradas y de los ríos con fuertes inundaciones, deslizamientos, y aludes sobre las principales vías de acceso urbanas y rurales y parálisis de la producción socioeconómica y movilidad de la región que se contrarrestó gracias a la acción oportuna de Las Autoridades y Organismos de socorro al declarar alerta roja por desastre natural y se destacó la colaboración de la ciudadanía

Existe preocupación internacional y acuerdos por los efectos del calentamiento global pero no se han tomado las medidas contundentes, hasta ahora solamente hay recomendaciones, aún no existe un estudio acabado de los costos reales de los cambios climáticos y de las acciones conjuntas de todos los sectores para prever los impactos por desastres naturales y mitigar sus adversas consecuencias; Es prioritario, fortalecer la cultura de prevención del riesgo, realizar los planes de contingencia, porque en Colombia se registra que "La Niña" es el evento natural más fuerte que se ha afrontado en los últimos 100 años, siendo Santander uno de los departamentos más afectados, al requerir urgencia manifiesta de todos los sectores a las familias damnificadas de las seis provincias y priorizar recursos e inversiones de Entes territoriales para atender con ayuda humanitaria y reconstrucción de obras en las zonas de mayor influencia del evento atípico

Según el informe técnico de la Secretarías del Interior de la Gobernación de Santander, de acuerdo a la eficiente gestión de las Autoridades Municipales y Organismos de Socorro, en el periodo 2010- 2011 se atendió la ola invernal atípica con la ayuda humanitaria y asignación de recursos e inversiones de Entes donde se destaca que se han logrado importantes obras pero el fenómeno de cambio climático se puede volver a presentar y algunas familias afectadas siguen esperando la reconstrucción de sus viviendas e infraestructura y la implementación de sistemas de alerta temprana y del sistema de información georeferenciados para el reporte oportuno de emergencia que realiza La Gobernación con la Universidad Industrial de Santander.

ANÁLISIS APROX DE AFECTACIONES POR OLA INVERNAL EN SANTANDER 2010/11

PERSONAS FALLECIDAS: 46; PERSONAS DESAPARECIDAS: 6; FAMILIAS AFECTADAS: 24.918; PERSONAS AFECTADAS: 99.672; VIVIENDAS DESTRUIDAS: 1.541; VIVIENDAS AVERIADAS: 5.086; ACUEDUCTOS AVERIADOS: 50; VÍAS TERCIARIAS AFECTADAS Y/O DESTRUIDAS: 248; VÍAS PRIMARIAS AFECTADAS: 8; VÍAS SECUNDARIAS AFECTADAS: 36, PUENTES DESTRUIDOS: 34; AFECTACIÓN DE CULTIVOS: 55.738 HECTÁREAS POR $ $85.000.000.000; PERDIDAS DE SEMOVIENTES: 6.715 aprox. Por valor de $5.372.000.000; ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: 99; POR VALOR DE $29.175.000.000 SIN ASIGNACIÓN; 72 NO EN 29 MUNICIPIOS; ALBERGUES HABILITADOS: 4 (Dic. 25 2011)

La Universidad de los Andes por medio del investigador Manuel Rodríguez ha realizado en su revista portafolio el presente informe de gran interés e impacto socioambiental; Se estima que trescientos millones de personas están siendo gravemente afectadas por el calentamiento global anualmente en los más diversos confines del planeta, incluyendo a Colombia, esta cifra subiría a 600 millones de personas para el año 2030. El costo económico global de las consecuencias del calentamiento es igualmente preocupante: de 125.000 millones de dólares anuales en la actualidad, ascendería a 300.000 millones en veinte años.

¿Cómo están relacionados hoy el calentamiento global y los desastres naturales?

La ciencia señala que aquel fenómeno trae como consecuencia inviernos y veranos más severos, lluvias más torrenciales, huracanes y tifones más extremos, y aumento del nivel del mar, entre otros. Si bien la especie humana, desde su surgimiento en la Tierra, ha enfrentado desastres naturales producidos por el complejo funcionamiento del sistema climático, estos han sido incrementados por la acción del hombre mismo, siendo hoy su significado e implicaciones muy diferentes a lo acontecidos en el pasado. Ya esos desastres no son gobernados solamente por la naturaleza, o por los dioses que los pretenden detener o aplacar, puesto que las amenazas ambientales son hoy portadoras de poderosos detonantes fabricados por la humanidad que las ha hecho más graves, inciertas y sombría; A menudo parece olvidarse que los anteriores impactos producidos por diversos fenómenos de la naturaleza, incluido el cambio climático, se han hecho más graves como consecuencia del mal manejo y falta de efectivo control y planeación en la gestión del riesgo que hemos dado a nuestro medio ambiente; Se requiere apoyo internacional una mayor capacitación la alianza estratégica de todos los sectores del poder, el saber, sociedad civil públicos- privados.

Urge entonces conducir las emisiones de gases de efecto invernadero hacia un sendero de estabilización a través de una combinación de, al menos, las siguientes cinco vías:

(a) Frenando la demanda de bienes y servicios contaminantes y utilizando tecnologías limpias

(b) Aumentando la eficiencia energética en su producción para disminuir la contaminación

(d) Multiplicando siembras de árboles para la captura de carbono y protegiendo fuentes de agua

(e) Virando hacia tecnologías de baja intensidad en emisiones, principalmente en los sectores de generación de energía, calefacción y transporte y generar una producción con rostro humano

Las tecnologías apropiadas para este propósito, como los modelos normativos, ya existen; Lo que se requiere son acciones reales de precios que incentiven su adopción y su cumplimiento. Por tanto, el primer paso tiene que ser la reestructuración de los sistemas tributarios mediante la eliminación de subsidios a los combustibles de origen fósil, y el establecimiento de impuestos a su consumo y a la deforestación, a fin de que el mercado refleje la verdad ecológica, y que en sus precios se incorporen los costos de las externalidades provenientes del desgaste ambiental.

Marco teórico referencial

El País requiere contar con los recursos energéticos, bien sea de producción nacional o importada, e infraestructura adecuada para atender las necesidades de los diferentes sectores socioeconómicos de consumo; No obstante, la sociedad colombiana tendrá un mayor nivel de bienestar cuando los recursos se encuentran en el territorio nacional en tanto ello promueve mayores ingresos fiscales y parafiscales y tiene un positivo impacto sobre el crecimiento económico, el empleo y las posibilidades de mejorar ingresos; El concepto de sostenibilidad hace también referencia a las consideraciones de carácter ambiental y los aspectos de carácter institucional y normativo que permiten la solidez y permanencia de las estructuras productivas sectoriales; Lo cual es preocupante los efectos del cambio climático en la frágil estructura de las hidroeléctricas de los Departamentos de Santander, porque los efectos del fenómeno de la Niña rompe con los proceso de planeación sostenible en la administración, producción y distribución, los daños en la infraestructura de embases, estaciones y torres de construcción con la inestabilidad de los terrenos, el corte en los suministros, ha generado costos económicos y al adopción de planes de emergencia y contingencia que impacta los niveles administrativos, operativos y de gestión

Consolidar la integración energética regional

Es un deseo común para nuestro País y los de la región: aumentar la seguridad energética, diversificar las fuentes de abastecimiento y optimizar costos de inversión y operación; sin embargo, las consideraciones sobre los riesgos y las oportunidades asociadas con la integración, difieren estructuralmente de acuerdo con el escenario de disponibilidad de recursos en cada País; El logro de este objetivo depende así, tanto del País, como de la voluntad de las contrapartes y de acciones coordinadas entre los países Y LAS REGIONES, se precisan alianzas estratégicas de actores

Fortalecer los mercados de aquellas actividades susceptibles de desarrollarse en competencia, es un objetivo que se mantiene en la medida que el actual modelo económico aplicado; Se tocan aspectos particulares para cada sector energético dependiendo de la situación propia de cada mercado, como disponibilidad de información, integración vertical, concentración de propiedad, libre acceso e inversión privada, entre otros; LAS CONSTANTES AFECTACIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ESTRUCTURA REGIONAL puede presionar la modificación de los precios y las tarifas, por ello la política de precios cuyas señales sean a su vez el resultado de mercados de energía en competencia, contribuirá a la creación de un sistema energético colombiano más viable. Aunque este tema está estrechamente relacionado con el objetivo mencionado anteriormente, involucra aspectos específicos que ameritan su tratamiento como un objetivo de observar tales aspectos contractuales de los componentes tarifarios y los subsidios.

Maximizar la contribución del sector energético a la equidad y desarrollo social de los ciudadanos más vulnerables, significa mejorar el nivel de vida de las comunidades localizadas en zonas conectadas y no interconectadas, población rural y estratos bajos de la población, por la vía de programas para el acceso a la energía comercial, que impulse a la vez programas de desarrollo productivo en las regiones; En este sentido se tratan aspectos como el desempeño de los fondos aplicados para aumento de cobertura y la prestación del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas, debido a que las familias vulnerables son las más afectadas por los fenómenos climáticos al ubicarse en las áreas de alto impacto.

Por las anteriores razones, es una prioridad para los mercados regionales productores y distribuidores de energía hidroeléctrica, estudiar y analizar los impactos sobre el medio ambiente y la salud pública es un lineamiento que se incorpora a la gestión gerencial, bajo la premisa de que los beneficios de una acción firme y temprana para la protección y prevención de efectos del medio ambiente, compensa de lejos los costos económicos de no actuar. Siendo el bienestar público un tema transversal en actividades, sectores y organismos, los planes y programas de desarrollo deben ejecutarse con enfoques sinérgicos en los ámbitos territoriales y con una visión compartida de los objetivos entre todos los agentes y autoridades.

El creciente grado de interdependencias de las economías tras el fenómeno de la globalización, hace necesario analizar el desarrollo económico del mundo con un enfoque más complejo, para determinar los posibles ejes de crecimiento y su efecto en las distintas regiones. Argumentos como la competencia tecnológica principalmente entre los EE. UU. y Europa, las tendencias de la rápida modernización y urbanización de Asia (en especial China e India), generan cierto grado de influencia sobre las grandes economías emergentes, las cuales determinan en gran medida la evolución del consumo energético mundial al tiempo que éstas pueden convertirse en competidores comerciales y tecnológicos de los países industrializados.

Las tendencias en la oferta y la demanda de energía igualmente son afectadas por otros factores de compleja predicción como los precios de la energía, el cambio climático, y políticas públicas. Actualmente se pueden observar cambios en los mercados en respuesta a: los altos precios de la energía desde el año 2000, la gran influencia de los países en desarrollo en la demanda mundial, la percepción de la opinión pública en temas como la utilización de biocombustibles, el cambio climático implica soluciones alternas.

IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y COMPARTIDA: Existe un amplio reconocimiento de la relación directa entre el deterioro ambiental, el aumento de la pobreza y su carga desproporcionada sobre los segmentos más vulnerables de la población, "La degradación ambiental es un tema fundamental para el desarrollo de cualquier país, se encuentra ligado de manera inseparable y es causa de problemas asociados a la pobreza, el hambre, la inequidad de género y la salud, entre otros." (Melnik et ál., 2005 en MAVDT 2009). Se estima que la degradación ambiental en Colombia representa pérdidas equivalentes al 3,7% del PIB; cifra que contempla los costos asociados con la contaminación atmosférica urbana e Intradomiciliaria, los servicios deficientes de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene, los desastres y la degradación de los suelos y está asociada a un mayor incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad, especialmente entre los más pobres (Banco Mundial, 2007:118).

Las estrategias de conservación tienen como finalidad la protección de la diversidad biológica y la provisión de los servicios ecosistémicos que sustentan y contribuyen al bienestar humano y por consiguiente a sus procesos de desarrollo y crecimiento económico. Hoy, es clara la relación entre la conservación del patrimonio natural, el crecimiento de los diferentes sectores de la economía, la competitividad y la equidad social; Se requiere una decidida y sistemática atención a esta interdependencia para cambiar la tendencia de deterioro ambiental, hacer frente a los procesos inadecuados de ocupación y uso del territorio y adaptarse a la variabilidad climática que resulta de los procesos globales de cambio climático igual manera, esta variabilidad genera condiciones de riesgo crecientes sobre las poblaciones, los ecosistemas y la economía.

La variable ambiental comienza a tomar importancia en el desarrollo de nuevos proyectos y en las políticas y estrategias que serán adoptadas por los diferentes gobiernos, debido a los compromisos adquiridos por las naciones que ratificaron el protocolo de Kyoto, encaminadas a disminuir los efectos del cambio climático por la contaminación ambiental; Es un hecho reconocido en la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas que el clima y el medioambiente son recursos de todos y que su equilibrio puede verse afectado por las emisiones de gases de efecto invernadero, producidos especialmente en actividades industriales y de otro tipo, en particular por el sector transporte en las grandes ciudades del mundo.

Un efecto colateral relacionado con el consumo poco racional de energía lo constituye la creciente concentración de población en ambientes urbanos, llegando a la conformación de grandes conglomerados que a su vez son grandes consumidores de energía, haciendo cada vez más complejo y difícil de tratar el problema de la contaminación ambiental urbana; El crecimiento de los índices de mortalidad y morbilidad y los correspondientes costos asociados a efectos de exposición a diferentes formas de contaminación del aire urbano, se convierten en exposición a diferentes formas de contaminación del aire urbano, se convierten en motivo de preocupación para los planificadores(Fuente: Larsen 2004).

Los impactos ambientales causados por el uso de combustibles fósiles (como petróleo y carbón) y la creciente toma de conciencia de la población sobre la necesidad de recuperar y preservar un ambiente sano, son las principales fuerzas que están direccionando cambios en la industria de energía, en los patrones de consumo y en tecnologías de uso final. A ello obedecen presiones sobre la industria de refinación traducida en demanda de combustibles de mejor calidad técnico ambiental; Por otra parte, se están notando cambios significativos en los hábitos de consumo, entre otros, reducción de la demanda de combustibles pesados tales como el fuel oíl, que normalmente se utilizan para calefacción, creciente demanda de biocombustibles y de otras energías alternativas que aunque tienen una baja participación en el mercado, han mostrado crecimientos significativos en los últimos años. Como consecuencia de lo anterior, la industria automotriz no escapa a las mismas exigencias de la comunidad.

En América Latina la producción de energía primaria viene aumentando en forma sostenida en las últimas décadas. La región cuenta con amplia disponibilidad de recursos distribuidos de forma heterogénea, la mayoría de los países depende de importaciones para cubrir su consumo. A pesar de la reestructuración del sector energético, no se ha alcanzado todavía un pleno suministro ni la armonización de los mercados energéticos; Esta región consumió durante el 2005 el 4.2% del total mundial, en tanto que 10 años atrás representaba el 4%. La principal fuente de energía primaria en América Latina es el petróleo; sin embargo, mientras que a mediados de los noventa el 40% del consumo energético era de origen petrolero, este porcentaje bajó en el 2005 al 35%. El resto de fuentes energéticas primarias, por el contrario, han aumentado su participación en la estructura de consumo energético. La hidroenergía, la segunda fuente en importancia y principal fuente de generación eléctrica en América Latina, cubrió el 25% del consumo energético durante el 2005, mientras que en 1995 participaba con el 27%.

Crecimiento, productividad y prosperidad democrática

La ola invernal que golpeó al país a mediados del año 2010, y que como se esperaba continúo durante la primera mitad de 2011, ha cambiado el rumbo de la política ambiental y del riesgo del país, ha transformado la visión de los colombianos sobre las posibles consecuencias del cambio climático, e inevitablemente ha alterado el plan de gobierno de este cuatrienio, y en consecuencia el Plan Nacional de Desarrollo como su principal instrumento. Los esfuerzos en ayuda humanitaria, rehabilitación y reconstrucción, la redistribución de los recursos, y la necesidad de replantear las estrategias de prevención en algunos sectores para evitar consecuencias adversas ante futuros eventos de origen natural, son algunos ejemplos de ello.

La emergencia invernal ha afectado, entre otros, a más de 2,27 millones de personas, 341.000 viviendas, 751 vías, 807.609 hectáreas, 813 centros educativos y 15 centros de salud. Los recursos para atender estas y otras consecuencias del invierno se han estimado en 26 billones de pesos: 5% atención, 21% rehabilitación, y 74% para obras de recuperación, reconstrucción y prevención. Ahora bien, se vivieron situaciones de emergencia invernal durante el primer semestre del año, especialmente en el período entre abril y julio, por lo cual las acciones, las cifras y recursos anteriormente presentados son aún insuficientes por la magnitud de la catástrofe natural.

La ola invernal, más que una catástrofe, constituye una oportunidad para corregir errores y prevenir futuros desastres. Para que esta adversidad se convierta en una oportunidad, es necesario realizar un diagnóstico exhaustivo de la gestión ambiental y del riesgo del país, e identificar las modificaciones necesarias para atender las consecuencias recientes y prevenir o disminuir las futuras. En otras palabras, entender mejor nuestra geografía, conocer mejor nuestros riesgos e intervenirlos; Colombia es un país con una excepcional riqueza y diversidad natural y cultural. Esta ha sido la base sobre la cual la Nación y sus regiones han construido sus estrategias de desarrollo. Los recursos naturales– los suelos, las aguas, los bosques, los recursos hidrobiológicos, los minerales, los hidrocarburos, el paisaje, etc. – han sido utilizados y explotados para generar crecimiento económico y bienestar social. Si bien es cierto que un mayor crecimiento económico ha contribuido de manera significativa a mejorar el ingreso y el bienestar de los colombianos en las últimas décadas, este también ha estado acompañado de un marcado deterioro ambiental y de la acentuación de problemas como la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del agua y del aire (DNP, 2007: 6).

Considerando el acelerado crecimiento proyectado para los próximos cuatro años, se espera que se generen presiones adicionales a las ya existentes sobre el ambiente, lo cual implicará además, grandes transformaciones en un corto periodo de tiempo. La gestión ambiental enfrenta, por lo tanto, el reto de asegurar que este crecimiento cumpla con los parámetros de sostenibilidad. Esto significa, entre otros, cambiar la tendencia del deterioro ambiental, de los procesos inadecuados de ocupación y uso del territorio y adaptarse a la variabilidad climática. También representa desarrollar estrategias de conservación, con la finalidad de proteger la diversidad biológica y la provisión de los servicios ecosistémicos que sustentan y contribuyen al bienestar de la sociedad.

Uno de los aspectos cruciales de la gestión ambiental es el recurso hídrico. Si bien Colombia cuenta con una oferta superficial de más de 2.000 km3 y el 36% del territorio con agua subterránea, se encuentra que el 40% de las principales cuencas del país son vulnerables al deterioro. En relación con este último punto, los más altos niveles de contaminación se presentan en las cuencas donde se concentra el mayor desarrollo económico y donde se puede producir el mayor impacto sobre la población. Por otra parte, los procesos desordenados de urbanización que se han generado en muchas regiones del país han causado transformaciones del paisaje, pérdida de biodiversidad, reducción del espacio público, disminución de la calidad del aire, afectación de la oferta y calidad del recurso hídrico, generación de residuos, pérdida y afectación de la disponibilidad de suelo y aumento de la vulnerabilidad.

Las consecuencias de la reciente emergencia invernal, son una clara demostración de la importancia de atender y corregir estas limitaciones en la gestión ambiental y del riesgo. En este sentido, para garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico y social del país, resulta prioritaria la incorporación de medidas que tiendan a disminuir la vulnerabilidad frente al riesgo de desastre en los sectores y en la población. Según Naciones Unidas, los desastres tienen un impacto desproporcionado en los países pobres y en desarrollo, y están especialmente asociados a viviendas en condiciones inseguras. En esta materia, se encuentra que en Colombia cerca de 780.000 hogares, es decir alrededor del 39% del total, viven en condiciones de precariedad, y por tanto, se encuentran especialmente amenazados ante la ocurrencia de desastres de origen natural causados por el cambio climático.

A partir de 2005, y tras la formulación e implementación del programa para la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado frente a los desastres, Colombia ha dirigido su atención en forma gradual hacia la necesidad de reconocer la gestión del riesgo en la planificación del territorio y los sectores. No obstante, la gestión de desastres del país presenta grandes dificultades como son:

(1) prevalencia del enfoque "emergencista" en el diseño de las políticas y la respuesta del gobierno, (2) debilidad en la inclusión y aplicación de disposiciones de reducción del riesgo de desastres en los planes de ordenamiento territorial, (3) debilitamiento de la capacidad técnica del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), (4) escasa investigación y desarrollo tecnológico, (5) limitada coordinación entre entidades, y (6) ausencia de una estrategia integral de gestión de riesgo que fije las políticas y oriente las inversiones en el nivel nacional, departamental y municipal; En síntesis, procesos acelerados de crecimiento económico en escenarios cambiantes de riesgo, de degradación del ambiente y cambio climático global requieren una gestión ambiental y del riesgo de desastres integrada como estrategia fundamental para garantizar la sostenibilidad y la seguridad de las comunidades en el desarrollo del país.

La economía colombiana: evolución y perspectivas

La evolución económica del País en los últimos años ha venido mejorando sustancialmente, superando las condiciones de fragilidad presentadas en el periodo 1998-1999. El Producto Interno Bruto continúa en la senda de crecimiento iniciada en el 2001. Al finalizar el año 2005 ascendió a $88 billones en pesos constantes de 1994, lo que representa un crecimiento anual en términos reales de 5,26% frente al 2004. La gráfica 1 presenta la evolución de la variación anual del PIB. Como elemento integral de la estrategia gubernamental que ha permitido alcanzar mayores tasas de crecimiento económico, se encuentra la canalización de recursos de inversión hacia sectores considerados clave en las estrategias de desarrollo, como son los hidrocarburos e infraestructura en transporte. En el primero de ellos se canalizó aproximadamente el 63% del total de gasto público, principalmente a través de ECOPETROL en exploración y producción de hidrocarburos, mientras que el 28.5% del gasto público se dedicó a inversión, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de transporte.

En materia de política energética, Colombia se ha caracterizado por mantener una constante revisión de las estrategias para asegurar y mejorar las condiciones de abastecimiento y disponibilidad de energéticos, dentro de las cuales se destacan: Apertura de los mercados de los distintos energéticos, promoviendo esquemas de participación privada y reducción de la participación gubernamental directa, reforzando el papel del Estado en los aspectos de regulación y planificación: Adopción de sistemas de precios tendientes a reflejar la realidad de los mercados internacionales, incluyendo el desmonte progresivo de los subsidios y una indexación a los precios de mercado; Atención a las necesidades de los consumidores y usuarios, promoviendo alternativas de uso eficiente de los energéticos: desarrollo de alternativas de transporte masivo, promoción del gas natural vehicular, entre otras; Impulso a la diversificación de la oferta de energéticos a través de planes sectoriales específicos, tales como masificación del gas natural, uso de fuentes no convencionales y creación del mercado de biocombustibles; Aumento en las inversiones y en la promoción de la inversión, en los eslabones de la cadena de los hidrocarburos, como por ejemplo la refinación de crudos; Reformas institucionales para ordenar el funcionamiento del sector energético, como la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y XM; Atención a los aspectos ambientales y definición de mecanismos para el desarrollo del sector energético, en armonía con la preservación y mejoramiento del medio ambiente; Revisión y mantenimiento de políticas tendientes a una mayor equidad social a través de la Ley de Servicios Públicos.

Al analizar la evolución del sector eléctrico nacional, se puede concluir que su derrotero general coincide con lo presentado en los países de América Latina y del Caribe que desde finales de la década de los 80`s, consideraron que su estructura basada en empresas estatales integradas verticalmente era inadecuado, por lo que el Estado ha modificando su rol de actor principal encargado de la administración de los recursos, inversionista y propietario casi absoluto del sector eléctrico, hacia una clara separación de roles entre los inversionistas y el Estado, en la que este último tiene la responsabilidad de fijar las políticas energéticas, regular, ejercer el control y vigilancia y realizar la planeación del subsector.

La planeación es normativa para el caso de la expansión de la transmisión e indicativa para la expansión de la generación. La Constitución Política Nacional y las Leyes 142 y 143 de 1994, fundamentan las reformas del sector eléctrico y su marco institucional, en el que se adoptan las siguientes medidas: Promoción de la participación privada y reducir la participación del Estado empresarial; Fortalecimiento del papel del Estado en la dirección general de la economía, a través de la formulación de políticas energéticas en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, mediante la planeación indicativa a cargo de la UPME; mediante la regulación bajo responsabilidad de la CREG y mediante el control ejercido por la SSPD; Promoción de la libre competencia en las actividades del sector; Cumplimiento del principio de solidaridad y redistribución del ingreso y asegurar la disponibilidad de recursos para cubrir subsidios establecidos por la normatividad.

Se define la necesidad de regular aquellas situaciones en las que por razones de monopolio natural, el esquema no garantice la prestación eficiente del servicio; Se definió el Mercado de Energía Mayorista; Definición del criterio de tarifas que reflejaran realmente el costo de la prestación del servicio; Se propende por una desregulación gradual de precios; Se determinó la necesidad de ampliar la cobertura del servicio de electricidad en el País y desarrollar esquemas empresariales para la prestación del servicio en las ZNI; Determinación de la necesidad de asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para cubrir los subsidios otorgados; Actualmente el sector presenta las siguientes características:

Se ha logrado una participación importante del sector privado, particularmente en la actividad de generación y en menor grado en la distribución; En transmisión la participación privada es reducida; Existe independencia, integridad, credibilidad y buen desempeño de las instituciones encargadas de la planeación, regulación y control y vigilancia; Separación de las actividades competitivas y monopolísticas y desintegración vertical de actividades; Este mandato se aplica obligatoriamente para agentes nuevos, en los casos de agentes existentes, este criterio es opcional aunque se les exige separación de cuentas para cada actividad; Aunque las inversiones particularmente en generación han sido muy Libre acceso a las redes de transmisión y distribución; Mantenimiento del balance entre recuperar los costos del servicio y la búsqueda de alivio para la población más pobre y más necesitada; Ampliación de la cobertura; Tradicionalmente el crecimiento de la demanda de energía eléctrica se ha relacionado con el comportamiento del PIB y se toma como un signo del desempeño de la capacidad productiva del aparato económico nacional.

Autor:

Óscar Jaimes Infante

Profesor investigador de economía especializado en Ciencia política, Administración Pública y Filosofía de la Ciencia.