Metodología para la elaboración de diagnósticos para la implementación de la estrategia de gobierno en linea

Introducción

La Estrategia de Gobierno En Línea, en la cual concentra sus esfuerzos el Programa Gobierno en Línea, contribuye con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos y las empresas, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

La Directiva Presidencial No. 2 de 2000, la Ley 812 de 2003 y la Ley 1151 de 2007 fortalecen la Estrategia de Gobierno En Línea. Así mismo, la Directiva Presidencial No. 10 de 2002, la Ley 790 de 2002 y el Documento CONPES 3248 de 2003 introducen disposiciones en lo concerniente al Gobierno En Línea como proceso estructural de la renovación y modernización de la administración pública. En el Documento CONPES 3292 de 2004 y la Ley 962 de 2005 se precisan acciones para facilitar las relaciones de los ciudadanos y empresarios con la administración pública. Y el Decreto 2170 del 2002, el Documento CONPES 3249 de 2003, el Decreto 2434 de 2006 y la Ley 1150 de 2007, fortalecen la transparencia y eficiencia en la contratación pública con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC. Finalmente, el Decreto 1151 de 2008 define claramente el accionar en materia de Gobierno En Línea por parte de la Administración Pública colombiana.

Los principios que rigen a la Estrategia de Gobierno En Línea son seis: Gobierno centrado en el ciudadano; visión unificada del Estado; acceso equitativo y multi-canal; Gobierno En Línea es más que tecnología; protección de la información del individuo y; credibilidad y confianza en el Gobierno En Línea. Para su desarrollo, se han establecido tres ejes de acción, los cuales se deben impulsar en las tres ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los tres niveles territoriales (nacional, departamental y municipal): mejorar la provisión de servicios a los ciudadanos y las empresas; fortalecer la transparencia del Estado y la participación ciudadana y; mejorar la eficiencia del Estado. Estos ejes de acción son el norte de trabajo de las entidades públicas para la construcción colectiva del Gobierno En Línea mediante un proceso gradual y evolutivo para la implementación de la Estrategia, que consta de cinco fases de desarrollo: información, interacción, transacción, transformación y democracia en línea.

Para el desarrollo del Gobierno En Línea, los siguientes son los roles que deben ejecutar cada uno de los actores que se interrelacionan en ésta:

Programa Gobierno en Línea. Su rol es el de promover el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración pública para mejorar el acceso, costos y calidad de los servicios que presta el Estado al ciudadano. Sus principales acciones son:

• Establecer los lineamientos y los tiempos que deben seguir las entidades públicas para ofrecer información, trámites y servicios a través de medios electrónicos.

• Establecer el apoyo que permita implementar de manera adecuada la Estrategia de Gobierno En Línea.

• Coordinar y acompañar a las entidades públicas que implementan la Estrategia de Gobierno En Línea.

• Definir el seguimiento y el grado de avance de las entidades públicas con respecto a la implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea.

• Administrar conocimiento, para compartirlo entre las entidades que implementan la Estrategia de Gobierno En Línea.

Entidades. Las entidades juegan un papel muy importante dentro del Gobierno en Línea, ya que son ellas las que permitirán que éste progrese, en la medida en que implementen las iniciativas planteadas. Las principales acciones que deben llevar a cabo son:

• Atender a los ciudadanos, las empresas y el mismo Estado.

• Ejecutar los proyectos relacionados con la Estrategia de Gobierno En Línea y reportar su avance.

• Utilizar los recursos que provee la Estrategia de Gobierno En Línea para su implementación.

• Compartir experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas.

En el marco de la Estrategia de Gobierno En Línea, el Programa Gobierno en Línea, en coordinación con las entidades, ha realizado de diagnósticos de Gobierno En Línea que tendrán el propósito de alimentar planes de acción, necesarios para la implementación de la Estrategia.

El presente documento, estructurado y consolidado por la Dirección de Articulación y Gestión del Programa Gobierno en Línea, establece los lineamientos para determinar el estado en que se encuentran las entidades públicas en cuanto a la implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea (GEL). La realización del diagnóstico de Gobierno En Línea es un proceso articulado desde el Programa Gobierno en Línea que involucra a las instituciones de la administración pública. Para su aplicación, se agrupan las entidades de acuerdo con cada sector, rama y/o organismo, en el orden nacional y a los municipios según cada departamento, en el orden territorial. Con este diagnóstico se busca establecer la situación en que se encuentra la administración pública en cuanto a la implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea.

Se espera que este documento sirva de soporte para la gestión del Programa Gobierno en Línea y que se constituya en un insumo para mejorar los procesos de las diferentes entidades del sector público.

Marco político, normativo y conceptual

Los diagnósticos de Gobierno En Línea deben iniciar con una descripción normativa y conceptual que de sustento a la implementación de la Estrategia por parte de las instituciones. Como base para este marco, se presenta el texto de referencia que deberá ser común en los diferentes diagnósticos que se elaboren.

MARCO POLÍTICO

Las declaraciones normativas y de política que sirven de soporte para la implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea y para la elaboración de los diagnósticos sectoriales, pueden ser abordadas a partir de disposiciones surgidas en el ámbito internacional pero también considerando el ámbito legal interno. En el primer caso, se puede mencionar que en Diciembre de 2003, se reunieron en Suiza los representantes de diversos estados y organizaciones internacionales, con motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y en dicho espacio se reconoció que "…la construcción de una Sociedad de la Información integradora requiere nuevas modalidades de solidaridad, asociación y cooperación entre los gobiernos y demás partes interesadas, es decir, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales[1]

Dentro de los principios fundamentales de la declaración que surgió a partir de esta cumbre, se estableció que los gobiernos y todas las partes interesadas en la promoción de las TIC para el desarrollo, tienen como función importante la construcción de una Sociedad de la Información centrada en la persona. Para ello, se definieron unas líneas de acción, dentro de las cuales se señala que las aplicaciones de las TIC pueden apoyar el desarrollo sostenible en la administración pública, los negocios, la educación y capacitación, la salud, el empleo, el medio ambiente, la agricultura y la ciencia, en el marco de ciberestrategias nacionales.

Específicamente, en cuanto a Gobierno Electrónico, la cumbre estableció que se habían de tomar medidas en los siguientes ámbitos:

• Implementar estrategias de gobierno electrónico centradas en aplicaciones encaminadas a la innovación y a promover la transparencia en las administraciones públicas y los procesos democráticos, mejorando la eficiencia y fortaleciendo las relaciones con los ciudadanos.

• Concebir a todos los niveles iniciativas y servicios nacionales de gobierno electrónico que se adapten a las necesidades de los ciudadanos y empresarios, con el fin de lograr una distribución más eficaz de los recursos y los bienes públicos.

• Apoyar las iniciativas de cooperación internacional en la esfera del gobierno electrónico, con el fin de mejorar la transparencia, responsabilidad y eficacia en todos los niveles de gobierno[2]

Estas declaraciones han servido de fundamento para la definición y puesta en marcha de numerosas estrategias a nivel global y al interior de cada una de las naciones. En el caso colombiano, sin embargo, hay que decir que el marco normativo del uso de las herramientas tecnológicas que se ponen al servicio de los ciudadanos y su implementación en la administración pública, parte de la Constitución Política en donde se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial (art. 20), y además en el derecho de que todas las personas pueden acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la Ley (art. 74), es decir, que existe un derecho a la información en el ámbito privado y con mayor razón si se trata de las actuaciones públicas. Adicionalmente, se trata de un tema tratado en el país incluso al nivel del Consejo de Ministros.

MARCO NORMATIVO

La Ley 489 de 1998 que define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública, en su artículo 36 creó el Sistema General de Información Administrativa, integrado, entre otros, por los subsistemas de organización institucional, de gestión de recursos humanos, materiales y físicos, y el de desarrollo administrativo. También en el artículo 37 se establece que los sistemas de información de los organismos y entidades de la Administración Pública servirán de soporte al cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño institucional y facilitarán la evaluación de la gestión pública a su interior así como, a la ciudadanía en general.

Paralelamente, se ha venido fomentando el uso de las tecnologías de información y la comunicación en el Estado. Por ejemplo, el CONPES 2739 de 1994 en donde se expidió la política nacional de ciencia y tecnología[3]reconoce que la capacidad de generar y aplicar conocimiento pasa por la capacidad de tener acceso a información, poder procesarla y utilizarla eficientemente, y por tanto se fijan como metas: desarrollar en el país una capacidad para utilizar la informática y los computadores en la educación y la ciencia; facilitar el acceso a la información, tanto a través de redes nacionales, como de redes internacionales y promover el desarrollo de estándares que faciliten la integración en informática.

En 1997, se creó el Consejo Nacional de Informática que presentó algunos lineamientos en este tema. En el Plan de Desarrollo "Cambio para Construir la Paz 1998 – 2002" se definió como prioridad el desarrollo de la infraestructura colombiana de la información como apoyo a los gobiernos departamentales y locales y para incentivar el aumento de la competitividad del sector productivo.

De otra parte, en el año 1999 se expidió la Ley 527, mejor conocida como Ley de Comercio Electrónico, mediante la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, el comercio electrónico, las firmas digitales y se establecen las entidades de certificación, entre otras disposiciones. Los objetivos planteados con esta norma fueron los de eliminar los obstáculos mercantiles, procurar un marco legal seguro donde las transacciones se den en un ámbito confiable, contribuir con la armonización jurídica, y promover la economía y la eficiencia del comercio internacional. En resumen, se perseguía dotar de seguridad jurídica las transacciones y operaciones realizadas a través de mensajes de datos.

Así mismo, atendiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002, se adoptó como política de Estado el Programa Gobierno en Línea mediante el CONPES 3072 del 9 de febrero de 2000, y se estableció como objetivo el fomento del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación o TIC. Igualmente, en la directiva presidencial No. 2 de agosto de 2000 se definió la estrategia de Gobierno En Línea del Programa Gobierno en Línea que establece, como uno de sus objetivos, el proveer al Estado la conectividad que facilite la gestión en línea de los organismos gubernamentales y apoye su función de servicio al ciudadano.

Para materializar los proyectos del Programa Gobierno en Línea se estableció, a través del Decreto 127 de 2001, un programa Presidencial para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones que se le denominó también Programa Gobierno en Línea, asignándole, entre otras, las funciones de: formular y proponer políticas, planes y programas que garanticen el acceso y la implantación de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, con el fin de fomentar su uso, como soporte del crecimiento y aumento de la competitividad; apoyar al Estado en el desarrollo de la conectividad a las redes de comunicaciones, para facilitar y optimizar la gestión de los organismos gubernamentales y la contratación administrativa; elaborar el diagnóstico de necesidades y de sistemas y redes de comunicación para la definición, coordinación y difusión de planes y programas del Gobierno Nacional; y evaluar de manera permanente la forma como se suministra la información sobre la gestión del gobierno, con el fin de lograr que ésta sea transparente, oportuna y confiable.

La implementación de este programa se asignó posteriormente al Ministerio de Comunicaciones, mediante el Decreto 3107 de 2003. De igual manera, en el Decreto 1620 de 2003 que modificó la estructura del Ministerio de Comunicaciones se incluyeron dentro de las funciones: desarrollar las políticas, planes y programas adoptados por el Gobierno Nacional, tendientes al mejoramiento del sector y a la difusión y acceso de los colombianos a las tecnologías de la información y la comunicación; y promover la adopción y uso de la tecnología de la información y la comunicación en las entidades públicas, particularmente para su relación con los ciudadanos.

Los lineamientos establecidos en el CONPES 3072 fueron igualmente recogidos en la Ley 812 de 2003 Plan de Desarrollo "Hacia un Estado Comunitario" que en su artículo 4 define el Programa Gobierno en Línea como una política de Estado que busca masificar el uso de las tecnologías de la información y telecomunicaciones, con el propósito de lograr que el país aproveche las tecnologías para su desarrollo económico, social y político, buscando insertar a Colombia en la sociedad del conocimiento a través de la democratización del acceso a la información, aumentando la competitividad del sector productivo, y liderando el proceso de modernización del Estado. Para lograr estos objetivos, el Programa Gobierno en Línea debía desarrollar seis estrategias, una de las cuales era la de Gobierno En Línea.

En este mismo sentido, en el documento CONPES 3248 de 2003 "Programa de Renovación de la Administración Pública" se establece que el objetivo del Gobierno electrónico es "definir una política y un conjunto de instrumentos adecuados para el manejo de la información en el sector público de modo que se garantice plena transparencia de la gestión, alta eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos y en las relaciones con el sector productivo y condiciones adecuadas para promover el desarrollo interno y la inserción internacional. Esta política confiere sentido a la incorporación y al uso de la tecnología informática en el desarrollo de las operaciones de las entidades estatales, tanto en sus actividades internas como en sus relaciones con otras entidades públicas y privadas, con los ciudadanos y con el sector productivo. El propósito último es facilitar las relaciones del ciudadano con la administración, e incrementar la eficiencia, la transparencia y el desarrollo territorialmente equilibrado del Estado."

En el año 2003 también se expidió el Decreto 3816 mediante el cual se creó la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la Información para la Administración Pública-COINFO, que tiene como funciones proponer las políticas sobre tecnologías de información y telecomunicaciones, establecer los criterios que permitan integrar los sistemas de información e impulsar la estrategia de Gobierno En Línea del Programa Gobierno en Línea[4]

Desde otra perspectiva, en desarrollo del Programa de Renovación Pública, en el año 2004 se expidió el CONPES 3292 que impulsa la simplificación, racionalización, estandarización y automatización de trámites, con el fin de evitar exigencias injustificadas a los ciudadanos, así como ahorros en costos y tiempo, y propender por la utilización de las herramientas tecnológicas. Con fundamento en dicho documento se expidió la Ley 962 de 2005 más conocida como la Ley Antitrámites, que establece unos criterios para que las relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más transparentes, directas y eficientes.

Complementario a lo anterior, a través del Decreto 4110 de 2004, el Gobierno Nacional adoptó la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, mediante la cual se determinan las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad. Está norma es de obligatoria aplicación y cumplimiento por parte de las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder y de otras entidades prestadoras de servicios y tiene como propósito mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes.

Posteriormente, en el año 2005, mediante el Decreto 4669 se crea el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites -GRAT-, como instancia consultiva del Departamento Administrativo de la Función Pública en esta materia. Además se constituye como instancia orientadora y debe brindar apoyo al COINFO. También tiene dentro de sus funciones velar por la operabilidad de los sistemas de información y por el uso de medios electrónicos integrados[5]

Con la Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, se volvió a reconocer e institucionalizar la política de Gobierno En Línea, pues dicha Ley, en el numeral 6.2.2 establece que "…el Gobierno Nacional promoverá la formulación de una política de Gobierno electrónico que comprenda entre otros aspectos, la modernización de los esquemas de rendición de cuentas de las entidades del orden nacional; la difusión de información relevante de cada una, su gestión y sus resultados. Se avanzará en la automatización de trámites, para lo cual cada sector/rama/organismo desarrollará los sistemas de información requeridos haciendo uso de la Intranet Gubernamental que fue diseñada por el Programa Gobierno en Línea, y se adoptará el Sistema Electrónico para la Contratación Pública como instrumento obligatorio para adelantar las compras públicas, diseñado en el marco del Programa de Renovación de la Administración Pública".

Finalmente, y como el mayor respaldo político al Gobierno En Línea, el Presidente de la República expidió el Decreto 1151 del 14 de abril de 2008, mediante el cual se establecen los lineamientos generales que la Administración Pública debe adelantar en la implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea, considerado a la fecha la norma más importante en materia de Gobierno En Línea en Colombia.

MARCO CONCEPTUAL

Hacia fines de los años noventa se comenzó a trabajar sobre el concepto de Gobierno En Línea como una manera de identificar aquellas actividades del gobierno realizadas y/o apoyadas a través del uso de las TIC. Desde ese entonces, muchas iniciativas han sido agrupadas bajo este concepto, en especial aquellas que tienen que ver con las relaciones gobierno-ciudadanos, aquellas que fortalecen o mejoran las capacidades democratizadoras y proyectos en los cuales el foco es el incremento de la eficiencia, calidad y efectividad de las funciones estatales.

De acuerdo con los lineamientos del Programa Gobierno en Línea, la Estrategia de Gobierno En Línea concentra sus esfuerzos en tres ejes fundamentales:

• Mejorar la provisión de servicios a los ciudadanos y las empresas: Este eje considera el establecimiento de nuevas formas de relación gobierno-ciudadano que permitan al Estado brindar sus servicios en forma eficiente, eficaz, con calidad y con independencia de las variables de tiempo y espacio.

• Promover la implementación de mecanismos que faciliten la transparencia del Estado y la participación ciudadana: Este eje se concentra en el fomento y la creación de mecanismos que permitan al ciudadano jugar un rol activo en el quehacer del país, abriendo nuevos espacios y formas de participación ciudadana sustentado en gran parte por la publicidad de información.

• Mejorar la eficiencia del Estado: Este eje busca la concepción y el establecimiento de procesos al interior de las entidades del Estado que permitan la integración de los sistemas de los diferentes servicios, compartir recursos y mejorar la gestión interna en las instituciones públicas y por consiguiente la eficiencia del Estado.

El desarrollo del Gobierno En Línea debe asumirse como un proceso evolutivo, que comprende cinco fases: Información, Interacción, Transacción, Transformación y Democracia en Línea o e-Democracia. Estas fases no son dependientes una de la otra, ni tampoco necesitan que termine una para comenzar la otra. Cada una de ellas tiene distintos objetivos y exigencias en términos de costos, necesidades de conocimiento, decisión política y nivel de uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Una explicación detallada de cada una de ellas es la siguiente:

CUADRO No. 1: DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE GOBIERNO EN LÍNEA

Como ya se mencionó, las entidades estatales avanzan por cada una de estas fases y se espera que haya un proceso evolutivo que las lleve hacia una transformación y una democracia soportada en el uso de herramientas tecnológicas; aunque este no es un proceso lineal, ya que una entidad puede encontrarse en una etapa superior sin que necesariamente haya cumplido con todos los criterios de una o varias de las anteriores. El esquema que resume las fases es el siguiente:

CUADRO No. 2: ESQUEMA DE LAS FASES DE GOBIERNO EN LÍNEA

Adicionalmente, algunos conceptos que resulta importantes considerar son los siguientes:

• Trámite: Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley. El trámite se inicia cuando ese particular activa el aparato público a través de una petición o solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la administración pública se pronuncia sobre éste, aceptando o denegando la solicitud. (DAFP).

• Servicio: Conjunto de actividades que buscan proporcionar valor agregado a los usuarios, al ofrecer un beneficio o satisfacer sus necesidades.

• Trámite En Línea: Trámite que puede ser realizado por medios electrónicos a través del portal de una entidad, ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos o etapas, o total, hasta obtener completamente el resultado requerido.

• Servicio En Línea: Servicio que puede ser prestado por medios electrónicos a través del portal de una entidad.

• Cadena de Trámites: Asociación que se establece entre trámites -sectoriales e intra-sectoriales- comunes y/o complementarios, en función de facilitar a los usuarios la adquisición de derechos o el cumplimiento de obligaciones.

• Ventanilla Única Virtual: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites que están en cabeza de una o varias entidades, proveyendo la solución completa al interesado.

• Intranet Gubernamental: Conjunto de soluciones tecnológicas a través de las cuales se interconectan las entidades para el intercambio de información estandarizada y con adecuados niveles de servicio.

Levantamiento y análisis de información

Para realizar el diagnóstico de Gobierno En Línea, es necesario iniciar con un levantamiento de información que servirá de base para el diagnóstico de la situación que posteriormente se definirá. Este levantamiento deberá realizarse tanto a nivel de cada entidad pública como del sector, rama y organismo (en lo nacional) o del departamento (territorial). La información recopilada en esta etapa se diligencia en el Formato Diagnóstico, como insumo fundamental para la evaluación de las entidades.

MAPA ESTRATÉGICO

Debido a que las entidades públicas pueden agruparse, en el nivel nacional, en sectores, ramas y organismos, y en el orden territorial en departamentos y municipios, se pretende establecer un mapa que permita conocer las generalidades de aquellas entidades que pertenezcan a una misma agrupación, con el fin de identificar las características comunes en términos de objetos, políticas y programas.

Objeto general

Se debe determinar el objeto general común entre las entidades, desde el punto de vista misional. Para esto, es necesario apoyarse en el responsable de la gestión de información de la entidad que lidere la agrupación para validarlo con las demás entidades que la componen.

Organigrama

La estructura de la agrupación se debe reflejar mediante un organigrama general que permita identificar la línea de autoridad entre las entidades. La fuente del organigrama para el orden nacional puede ser el Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que anualmente publica el "Manual del Estado Colombiano".

Finalidad de las entidades

A partir de los objetivos institucionales de las entidades, se debe establecer la finalidad de cada una de éstas. La fuente de los objetivos institucionales es la normatividad que regula a cada entidad.

Políticas públicas y/o líneas estratégicas, principales decisiones de política y planes y/o programas

Se deben determinar las políticas públicas y/o líneas estratégicas sectoriales, pues el Gobierno En Línea debe integrarse para facilitara la implementación de las políticas formuladas. Ejemplos de fuentes de información son el Plan Nacional de Desarrollo, documentos CONPES, Planes de Gobierno y sistemas de seguimiento a metas como el SIGOB, www.sigob.gov.co. Adicionalmente, se deben identificar las principales decisiones de política que han sido o serán tomadas durante el cuatrienio 2006-2010. A partir de las políticas públicas y/o líneas estratégicas identificadas, se deben determinar los diferentes planes y programas por medio de los cuales se aplican o desarrollan dichas políticas. Esta información servirá como referente al momento de levantar los servicios que presta la entidad.

MAPA DE LA ENTIDAD

Flujos y sistemas de información

Se debe realizar un levantamiento de los flujos de información existentes en las entidades objeto del diagnóstico. A partir de este listado, se deberán identificar los sistemas de información que existan para soportar el intercambio de información, si la entidad es la responsable de liderar dicho sistema y las políticas y estándares de interoperabilidad que se apliquen en el sistema de información. Para esto, es necesario apoyarse en las entidades, como fuente primaria de la información.

Trámites y/o servicios prestados

Para cada una de las entidades se debe hacer el levantamiento de los trámites y/o servicios que prestan. Esta información aunque se puede levantar de la suma de la normatividad que reglamenta la entidad, debe ser complementada con la información en el Sistema Único de Información de Trámites.

En lo que se refiere a los servicios, en la medida en que no existe un listado oficial de ellos, puesto que su procedencia no está normada, el levantamiento se debe hacer directamente a través de la entidad, a partir de los planes y programas que ejecutan las políticas públicas.

Los trámites y servicios de la entidad se deben priorizar a partir de los siguientes criterios: (a) que sean misionales y no de apoyo; (b) mayor número de clientes/usuarios y; (c) mayor frecuencia de uso mensual.

Tanto en los trámites como en los servicios, se debe diferenciar cuando las etapas de éstos requieren la comprobación de la existencia de alguna circunstancia con otra entidad pública para la solución de un procedimiento o petición de los particulares. Lo anterior favorece la identificación de cadenas de trámites.

Esta información servirá como base para la evaluación de criterios en las fases de interacción, transacción y transformación.

Productos y servicios con cobertura nacional o territorial

A partir de las acciones estratégicas de la entidad, se deben identificar los productos y servicios que presta, tanto de cobertura nacional (en el caso de sectores, ramas o organismos) como de territorial (en caso de departamentos y municipios) con el fin de determinar la posibilidad de que éstos sean georeferenciados, información necesaria para ser aplicada en la evaluación de la fase de transacción.

Información, trámites y servicios dirigidos a población vulnerable

Se debe establecer si la entidad provee información, trámites y servicios dirigidos a los siguientes tipos de población: madres cabeza de familia, indígenas, raizales, afrocolombianos, reinsertados, desplazados, género, niños, jóvenes, adulto mayor, discapacitados

Diagnóstico de las entidades

Teniendo como guía las fases de Gobierno En Línea, se han definido los criterios que permiten determinar la evolución de las entidades por cada una de las fases. En este orden de ideas, cada una de las entidades debe ser evaluada individualmente para determinar su estado, lo cual permitirá establecer una línea de base y definir las metas de las entidades que se verán reflejadas en un plan de acción que permitirá que el país cuente al 2010 con un Gobierno En Línea al servicio de los ciudadanos, las empresas y el Estado en general.

La evaluación se realiza tanto al sitio Web primario o principal de la entidad como a los sitios Web de programas, planes o temas relacionados con la actividad de la entidad y que dependan de ésta. Para cada fase se especificarán algunos criterios que en particular deberán considerarse en los sitios Web adicionales al principal; en los casos en que no se realice diferencia alguna se deberá a que dichos criterios deben ser manejados desde el sitio Web principal. El resultado de esta verificación se registra en el Formato Diagnóstico.

Fase de información en línea

Tipo de información a publicar

El contenido mínimo que debe tener un sitio Web de una entidad del Estado se detalla a continuación.

Para el sitio Web principal:

Para sitios Web adicionales al principal:

Estándares de navegación

Los siguientes son estándares de presentación, de funcionalidad y técnicos, de obligatorio cumplimiento en los sitios en Internet del Estado colombiano. Para verificar el cumplimiento de algunos de estos estándares se deben utilizar herramientas de revisión recomendadas por la W3C.

Para el sitio Web principal:

Para sitios Web adicionales al principal: