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Centroamérica: Rebelión, ascenso y derrota del movimiento obrero (1930-1955) (página 2)


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Entre 1929 y 1955 los trabajadores asalariados declararon al menos 201 huelgas. En Costa Rica y Guatemala el mayor número; cifras similares en Honduras y Nicaragua, y la menor cantidad en El Salvador y Panamá. La mayoría ocurrieron durante la crisis del 29-33 y a raíz de la Segunda Guerra Mundial; coincidentes, también, con la aprobación de leyes laborales. En Panamá y El Salvador hubo huelgas de inquilinos de inmuebles. En Guatemala, como protesta por la posesión colonial de Inglaterra sobre Belice. Las huelgas generales se dieron en el marco de movimientos sociales más amplios que consiguieron la caída de Maximiliano Hernández M. y de Jorge Ubico.

La ubicación de esas huelgas por sectores de la economía supera en parte la imprecisión sobre la evolución de las ramas productivas. El 29% de las huelgas ocurrieron en el sector primario: agricultura y minería. El 38% en el sector secundario: manufacturas y fábricas. El 33% en el sector terciario, es decir, transporte, comercio y servicios del Estado.

En El Salvador, Honduras y Guatemala sobresalió la beligerancia del magisterio y el sector estudiantil. En el sector primario, los conflictos relevantes fueron las huelgas bananeras y en la minería. Hubo al menos tres huelgas de mujeres ocupadas en la elaboración de textiles y la corta del café. En el sector secundario ocupan lugar importante los trabajadores del calzado, panaderos, sastres, obreros de la madera y la construcción.

La Derrota del Movimiento Obrero en Guatemala y Costa Rica

Guatemala y Costa Rica experimentaron entre 1940 y 1954 una transformación política que consistió en aceptar y promover la intervención del Estado para regular el mercado de tierras, trabajo y capitales e impulsar reformas en el empleo, salario, salud, vivienda, educación y crecimiento del mercado interno. El programa intervencionista lo había aplicado el Presidente Roosevelt durante la depresión de los años 30 y la crisis de la Segunda Guerra y se inspiró en el pensamiento del economista inglés J.M. Keynes.

En esa perspectiva, los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz en Guatemala, y los de Calderón Guardia y Teodoro Picado en Costa Rica, tienen en común que introdujeron un conjunto de reformas según el parámetro del intervencionismo estatal. Pero a la vez, esos gobiernos enfrentaron la oposición de la burguesía agroexportadora y, en ese escenario, forjaron alianzas con partidos y facciones políticas que agitaban banderas de reforma social e inclusión de los sectores más pobres en los beneficios del desarrollo capitalista.

En ambos países, la constitución del nuevo bloque político reformador fue posible, porque tanto los comunistas como los socialistas y los demócratas republicanos se toleraron e hicieron concesiones ideológicas. Pero esas alianzas generaron el antagonismo con las oligarquías tradicionalmente detentoras del poder y su aliado internacional, el gobierno de los Estados Unidos. Y condujeron en Costa Rica a la Guerra Civil de marzo-abril de 1948 y en Guatemala al golpe militar y la dictadura de Castillo Armas. De ahí surge el tercer rasgo común que consistió en la represión e ilegalización del movimiento sindical de inspiración marxista y de los partidos comunistas y reformistas.

El cambio político en Guatemala evolucionó en varias fases. Primero, las jornadas de lucha cívica popular que forzaron la renuncia del dictador Jorge Ubico, el 1 de julio de 1944. En segundo lugar, el gobierno de la Junta Militar presidido por Federico Ponce Valdéz y su derrocamiento por un sector de la oficialidad joven del Ejército Nacional el 20 de octubre de 1944; seguido del gobierno de un triunvirato militar que convocó a Asamblea Constituyente y a la aprobación de la Constitución de 1945. En tercer lugar, las elecciones de diciembre de 1944 y el inicio del gobierno de Juan José Arévalo, el 15 de marzo de 1945. En cuarto lugar, el gobierno del Coronel Jacobo Árbenz, de 1951 a 1954.

Poco antes del gobierno de Arévalo, hubo divisiones sindicales. Diez sindicatos se retiraron de la CTG y constituyeron en 1944 la Unión Sindical de Guatemala (USG). Acercaron al sindicato ferroviario SAMF y fundaron la Federación Sindical de Guatemala (FSG) en 1945. Ese año había tres centrales: La CTG compuesta por sindicatos gremiales, el STEG, los de pequeñas empresas y de campesinos. La Federación Regional Central de Trabajadores (FRCT) y la FSG, la más representativa, con los sindicatos de las empresas extranjeras y nacionales más fuertes. Esa división gestó un proceso de unidad. En abril de 1946 se firmó un pacto de unión, hubo un congreso nacional y surgió el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS) sin el sindicato ferrocarrilero, SAMF.

En el gobierno de Jacobo Árbenz se creó la Confederación Nacional Campesina (CNCG). La unidad sindical culminó en la fundación de la CGTG, el 14 de octubre de 1951 integrada por 19 federaciones y 3 sindicatos, entre ellos el SAMF y la CNCG. Asimismo, el desarrollo político impulsó la formación del Frente Democrático Nacional (FDN), como respuesta a la campaña anticomunista del clero, el gobierno de Estados Unidos, un sector estudiantil y sindical, las compañías extranjeras y los partidos de la oligarquía.

Entre el 15 de junio y el 3 julio de 1954 se produjo la invasión por tierra y aire que financió y organizó el gobierno de Estados Unidos por medio de la CIA, sus embajadas y militares de los ejércitos de Honduras y Nicaragua. Jacobo Árbenz renunció a la presidencia el 27 de junio; asumió de manera interina el Coronel Carlos Díaz, que también se separó del cargo para que asumirá el General Carlos Castillo Armas, el 3 de julio de 1954.

Los decretos 21 y 48 del 16 de julio de 1954 cancelaron las inscripciones de los directivos de dos confederaciones, una federación, 4 sindicatos, la Alianza Democrática de la Juventud, la alianza Femenina Guatemalteca, el Grupo Saker-Ti, el Frente Universitario Democrático, el Partido Guatemalteco del Trabajo, el Partido de la Revolución Guatemalteca, el Partido Acción Revolucionaria y el Partido Renovación Nacional.

En Costa Rica, la transformación del Estado que condujo a la guerra civil, irrumpe en mayo de 1936 y termina en mayo de 1950. Entre 1936 y 1941, la oligarquía cafetalera inició una ofensiva anticomunista al calor de la Guerra Civil Española y la evolución de la Segunda Guerra Mundial. A mediados de 1940 el Presidente Calderón Guardia se vio forzado a cambiar las reglas de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad, y las medidas bosquejaron la crisis del Partido Republicano, a partir de 1941.

La segunda fase se observa entre 1942 y 1945. Un sector cafetalero y del capital bancario intentó el golpe de Estado, lo cual avanzó la crisis del gobierno y la confianza en el régimen electoral. El Partido Republicano aceptó el apoyo político que ofreció el Vanguardia Popular. Con ello, tomó fuerza la desestabilización contra el gobierno del Bloque de la Victoria. El fin de la guerra mundial alentó la injerencia de los Estados Unidos y el anticomunismo de Guerra Fría. Hubo un reagrupamiento de las fuerzas políticas que se enfrentaron en las elecciones para diputados de 1946 y en 1948.

La tercera fase surge con las elecciones de 1946, la "huelga de brazos caídos" de julio- agosto de 1947 y la campaña electoral de 1948. Esos eventos le dieron alcance nacional a la confrontación política y a la organización del golpe de Estado. El 16 de diciembre de 1947 José Figueres firmó el pacto militar con la Legión Caribe. El veredicto sobre las elecciones del 10 de febrero de 1948 rebasó el marco institucional y legal legitimador del sufragio. Los diputados anularon el dictamen provisional del Tribunal Nacional Electoral y la decisión que se tomó condujo a la rebelión armada del Partido Socialdemócrata formado por el Centro de Estudios de los Problemas Nacionales y el partido demócrata liderado por Figueres Ferrer.

La Guerra Civil se inició el 12 de marzo de 1948. Duró 40 días. La primera parte terminó el 23 de marzo, con el triunfo de los rebeldes en la batalla de San Isidro de El General. La transacción política, sin éxito y con asedios militares de los bandos, se prolongó hasta el 10 de abril. El tercer momento culmina el 14 de abril, con el triunfo de los alzados en la Batalla del Tejar; la capitulación del Presidente Picado y la firma de los pactos de la Embajada de México y el de Ochomogo, entre el 15 y 20 del mismo mes.

Además de 2.000 muertos, la Guerra Civil dejó 7.000 refugiados y 3.000 prisioneros. El 1 de mayo se firmó el Pacto Figueres-Ulate, bajo presión militar. El 8 de mayo se instaló la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por Figueres Ferrer. Se Abolió la Constitución de 1871 e instaló la dictadura de los dieciocho meses. Las hostilidades políticas continuaron; pero la Constitución aprobada el 7 de diciembre de 1949 definió la estructura y funciones del Estado. El 8 de mayo de 1950 el periodista Otilio Ulate Blanco asumió la Presidencia.

La Guerra Civil creó una estructura de poder político y militar de excepción controlada por el Partido Social Demócrata, la Legión Caribe y sectores del capital ligados a la exportación de café y banano, el comercio importador y la banca. En los hechos militares no tuvieron participación relevante los liberales ligados al Partido Unión Nacional y al candidato Otilio Ulate. Retomaron protagonismo a raíz de las pugnas que desataron los decretos de la Junta de Gobierno y en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente.

Las libertades de opinión, expresión del pensamiento y asociación política y cultural estaban inhibidas. Se sujetó a los educadores a la ley mordaza. Se clausuró radioemisoras y periódicos. Hubo despidos en masa de empleados públicos y se autorizó la cesantía en las empresas donde había sindicatos de la CTCR. Se crearon el Tribunal de Sanciones Inmediatas para abrir juicios penales retroactivos a los años 40-48; el Tribunal de Probidad aplicó sanciones económicas y expropiaciones; y el Tribunal Especial de Ética fue utilizado como para despedir al personal docente leal a los republicanos y vanguardistas.

El Decreto de la Junta de Gobierno No. 105 del 17 de 7 de 1948 y el artículo constitucional No. 98 que puso fuera de ley al Partido Vanguardia Popular, fueron utilizados por el Pbro. Benjamín Núñez Vargas, Ministro de trabajo, para abrir el juicio que en 1949 ilegalizó 101 organizaciones de trabajadores: 7 federaciones, la CTCR, 8 sindicatos del sector estatal, 49 sindicatos agrícolas y afines, y 44 sindicatos de la manufactura, minería y comercio.

Conclusiones

El movimiento obrero y campesino fue una fuerza política relevante en diversos momentos de la historia de cada país centroamericano, entre 1930 y 1955. En Nicaragua entre 1928 y 1933, contra la invasión militar norteamericana. En El Salvador entre 1929 y 1932, en las luchas agrarias y electorales que culminaron en la rebelión de 1932. En Guatemala, en alianza con las fuerzas socialdemócratas que gestaron un Estado interventor y enfrentaron la invasión orquestada por el gobierno de Estados Unidos. En el Salvador, Honduras y Guatemala, en las luchas laborales y civiles contra las dictaduras de Hernández Martínez, Tiburcio Carías y Jorge Ubico. En Costa Rica, en alianza con los liberales de izquierda, en la Guerra Civil del 48 y la instauración del Estado de derechos laborales y sociales.

En consecuencia, el período 1930-1955 fue excepcional en la historia centroamericana. El bloque oligárquico agroexportador, en sumisa alianza con los monopolios bananeros y otras empresas financieras y comerciales norteamericanas, logró derrotar a las fuerzas políticas demócratas y socialistas proclives a un desarrollo capitalista regulado por el Estado. Optó por el aniquilamiento físico y la ilegalización de las organizaciones sindicales y partidos políticos de izquierda, postergando las tareas históricas de soberanía popular, autodeterminación política y crecimiento económico con criterios de integración social, equidad y justicia redistributiva.

La derrota del movimiento obrero y campesino significó el fracaso histórico de unas tácticas y estrategias de lucha basadas en las reglas democráticas burguesas del ascenso y relevo al poder del Estado. Tales experiencias forman parte de la cultura política popular, como un legado de validez relativa, frente al futuro de la democracia, la soberanía popular y el socialismo en Centroamérica.

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Autor:

Carlos A. Abarca Vásquez

 

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