La comunicación política, la democracia mediática y el derecho a la información (página 2)

   Esos cambios exigen diagnósticos mesurados. No estamos ante la aldea global que algunos soñaron hace tres décadas o que incluso, hay quienes con demasiado entusiasmo suponen que ya tenemos ahora. Tampoco nos encontramos en la situación de los años setenta, cuando parecía que el espacio público quedaría irremediablemente subyugado por la televisión convencional.

   El auge de las comunicaciones llega a todo el mundo, pero no a todas las personas. Hay teléfonos celulares y conexiones a la Internet en prácticamente todos los países, pero en los segmentos más pobres del mundo esos recursos están –y seguramente seguirán estando– fundamentalmente en manos de las élites. Al mismo tiempo, conforme se extienden, esos recursos son empleados de nuevas y variadas maneras, incluso por gente que jamás pensó que sus mensajes pudieran llegar a destinatarios en todo el mundo. La telefonía inalámbrica permite la conexión de comunidades antaño casi irreparablemente aisladas, especialmente en zonas rurales. La comunicación satelital, lleva las señales internacionales de televisión a sitios en donde apenas se sintonizaba la radio. La Internet, conecta a ciudadanos de todo el planeta en torno a preocupaciones muy específicas, pero está lejos de desplazar a las formas convencionales de participación y decisión en las sociedades, a diferencia del apasionamiento con que algunos hablan de una nueva democracia electrónica.

   Los nuevos recursos comunicativos no anulan el carácter, ni las prácticas autoritarias de los medios masivos convencionales, pero constituyen contrapesos, a veces significativos, delante de ellos. La otra gran fuente de exigencias delante de la televisión, la radio y la prensa (la cual en comparación con los medios electrónicos tiene audiencias numéricamente modestas, pero cualitativamente importantes) es el afán de los núcleos sociales más activos para valorar los mensajes de los medios e incluso, para replicar delante de ellos.

   En las sociedades políticamente más desarrolladas, el escrutinio ciudadano de los medios se ha convertido en una práctica asidua y fructuosa para atemperar el autoritarismo de los medios. Al asumir a los medios como parte del espacio público y no como acaparadores o sustitutos de él, sus contribuciones y debilidades se reconocen de manera abierta.

   Los medios suelen ser tema de discusión, especialmente en dos grandes áreas. Por un lado, es frecuente la controversia acerca de sus efectos en la formación ciudadana y moral de las personas. Especialmente, causan preocupación las implicaciones que  puedan tener en los espectadores más jóvenes, los contenidos de carácter violento o apropiados para adultos.

   Por otra parte, suele ser motivo de debate la distorsión de los asuntos públicos cuando pasan por el tamiz de los medios de comunicación. En ocasiones, se advierte la decisión política (que puede estar influenciada desde el gobierno u otros poderes) para soslayar o censurar contenidos incómodos o polémicos. En otros casos, los mismos medios distorsionan los asuntos públicos al manejar su difusión con parcialidad o sensacionalismo. Es frecuente la difuminación de la frontera entre la vida privada y los deberes institucionales de los personajes públicos.

   No existe un esquema que pueda considerarse universalmente aceptado, ni eficaz, para resolver las permanentes dificultades de la compleja relación entre medios de comunicación, sociedad y Estado. Pero cada vez en más naciones, tienden a establecerse marcos regulatorios que se sustentan en el reconocimiento de que, igual que cualquier otra, la libertad de información y comunicación necesita ser estatuida en leyes y normas capaces de garantizarla. Los marcos legales para los medios, suelen regular el derecho de los particulares a instalar y poseer estaciones transmisoras de televisión y radio. En  cada vez más situaciones, se establecen límites a la propiedad de varios medios por parte de una persona o un grupo de inversionistas. También, en esos marcos regulatorios, son frecuentes las garantías para que los ciudadanos puedan inconformarse ante la divulgación de contenidos que los difamen o transgredan su privacía.

   En numerosas naciones, la existencia de reglas para la comunicación no significa limitaciones para la libertad de expresión. Al contrario, el derecho de la información tiende a reconocer que sin normas, esa libertad queda solamente en manos de quienes tienen recursos o prerrogativas para poseer o manejar medios de comunicación.

   Una vertiente cada vez más explorada en muchas naciones, más allá de las leyes pero sin contradicción con ellas, es el establecimiento de parámetros éticos con los cuales las empresas de medios, o las comunidades de periodistas, se comprometen a autorregularse. En ningún sitio, los códigos de ética sustituyen a las leyes. En muchos, en cambio constituyen un recurso que con frecuencia permite que los litigios dentro de los medios y especialmente entre ellos y los ciudadanos, puedan resolverse en instancias previas a los tribunales.

   Esas circunstancias, llegan a propiciar una diversidad de emisores que no suele existir en los países sin regulación de los medios. Tal variedad, suele ser uno de los elementos más sólidos para propiciar y mantener, de manera democrática, el debate acerca de los asuntos públicos más relevantes.

   En México, los medios electrónicos de comunicación han experimentado una apertura notable en comparación con la parcialidad que solía distinguirlos hasta hace pocos años. Sin embargo las leyes para la comunicación, la propiedad de las empresas de ese ramo, la falta de recursos de sus públicos para influir respecto de ellas y la supeditación de prácticamente todos los actores de la vida pública a la hegemonía de los medios, siguen siendo tan ostensibles como antes. El de la prensa es un caso aparte: hay abundantes publicaciones, de muy variable calidad, constreñidas a públicos exiguos.

   La televisión y antes la radio, se desarrollaron como industrias ante la notable indolencia del gobierno federal. A diferencia de muchas otras naciones que consolidaron ordenamientos legales y sistemas de medios públicos capaces de atemperar el dominio de otras maneras irrefrenable de los medios electrónicos, en México el poder político asumió con ignorancia, tardanza e incluso incomodidad, el tema de la comunicación social. Resultado de esas condiciones, es la permanencia de leyes atrasadas e ineficaces pero además, la flagrante impunidad con que suelen desempeñarse los medios electrónicos.

   Hay docenas de leyes, reglamentos, decretos y otros ordenamientos que contienen disposiciones relativas a los medios de comunicación. Esa dispersión, implica entre otras cosas una enorme eficiencia para ubicar a los medios en una normatividad clara, equitativa y capaz de ser cumplida por todos los actores del proceso de la comunicación. Las leyes más importantes, son la de Imprenta que fue promulgada en 1917 y la Federal de Radio y Televisión, de 1960.

   Las insuficiencias y limitaciones de estas leyes, son conocidas aunque no por ello han sido revisadas ni sustituidas por un cuerpo normativo tan moderno como los medios de comunicación que debiera regular. La Ley de Imprenta, aunque establece el derecho de réplica, está orientada por una concepción de moralidad tan anticuada que, si se pusiera en práctica, implicaría la censura de numerosas publicaciones que ahora circulan. La ley de radio y televisión deja en manos de un solo funcionario –el secretario de Comunicaciones y Transportes–  la asignación y, eventualmente, la cancelación de las concesiones para los medios electrónicos, carece de recurso alguno para que los ciudadanos se puedan inconformar ante los contenidos de esos medios y es tan obsoleta que no contempla la transmisión por cable o satelital, ni la difusión de mensajes por video y otros recursos de propagación de imágenes y sonidos. Por ejemplo: para esa ley, sistemas como Multivisión o Cablevisión no son televisión, porque no transmiten según los parámetros antaño convencionales, de manera abierta y por el espacio aéreo.

   El atraso de esas leyes, resulta más patético en contraste con el desarrollo político que han experimentado el resto de la sociedad y las instituciones mexicanas. El carácter autoritario, discrecional, unilateral y arcaico del régimen legal para los medios en México es reconocido, de una u otra manera, por casi todos los actores del proceso de comunicación de masas. Sin embargo, las empresas de comunicación e incluso algunos de los comunicadores que trabajan en ellas, suelen preferir la ambigüedad o la obsolescencia de las leyes, antes que su revisión y actualización. Hay quienes, con convicción, piensan que la revisión de las leyes para los medios podría traducirse en diques que ahora no existen, para la libertad de expresión. Otros, especialmente algunos de los empresarios más poderosos en ese terreno, prefieren la ambigüedad de las leyes actuales y el régimen de entendimientos oficiosos al que han llegado con el gobierno, antes que la existencia de nuevos ordenamientos que podrían afectar los privilegios que ahora tienen.

   El de las leyes para la comunicación, es un tema que ha sido reiteradamente redimido por algunos legisladores y trabajadores de los medios, lo mismo que invariablemente cancelado por las élites políticas y por los dueños de las empresas de información más poderosas.

   En varias ocasiones en el último cuarto de siglo, se ha repetido la misma rutina para preservar el estancamiento legal acerca de los medios: cuando el gobierno o algunos legisladores proponen actualizar ese marco jurídico, se sobreviene una andanada de admoniciones contra la que, según se dice, es una tentativa para amordazar a los medios. Quienes quedan amordazados, entonces, son aquellos que se ha propuesto impulsar una reglamentación moderna para la comunicación.

   Los concesionarios de la televisión y la radio y algunos influyentes dueños de periódicos, suelen encontrar intenciones restrictivas en cualquier propuesta para renovar las leyes aplicables a los medios. Algunos periodistas y trabajadores de la comunicación, en parte llevados por su natural desconfianza a prácticamente todo lo que provenga del poder político, llegan a compartir esas aprensiones. El gobierno federal, curiosa pero lamentablemente, suele encabezar esa oposición a actualizar las leyes para la comunicación. En los sexenios más recientes y de manera más enfática en el actual, los  gobiernos mexicanos han sostenido que dictar leyes para los medios significaría coartar su derecho a la expresión ("la libertad de prensa no se reglamenta: se conquista y se ejerce"), se dice con tan demagógica como ignorante retórica. Y es que en México esa libertad ya está reglamentada, pero de manera atrasada e insuficiente.

   Los partidos políticos, todos ellos, han tenido una posición titubeante delante de ese asunto. Prácticamente en todos, se reconoce la necesidad de reformar las leyes para los medios en México. Sin embargo, habitualmente ninguno de ellos se anima a ubicar esa tarea entre sus prioridades políticas o legislativas. Le tienen miedo a la hostilidad que una posición así podría suscitar en algunos de los medios más importantes.

   Las pocas veces que a los partidos les inquieta la situación de los medios, es para buscar más espacio gratuito en su propio beneficio, o para proponer que los noticieros destinen más minutos a las campañas electorales. Cuando algunos de sus integrantes se interesan por la reforma de los medios, suelen quedar aislados y sin respaldo de esas organizaciones políticas. Hoy en día, gobierno y partidos –y junto con ellos, la sociedad–  se encuentran en una situación de rehenes respecto de los medios más influyentes y autoritarios. Hay apertura, de manera notable y constatable, pero sólo en los términos, las ocasiones, los espacios y para los protagonistas que los medios eligen como beneficiarios de tal flexibilidad. Y si desde el universo partidario y legislativo hay una mezcla de temor, ignorancia y pasmo respecto de los medios, en el gobierno se mantiene una reiterada evasiva para cumplir con las responsabilidades más elementales en ese terreno: las autoridades gubernamentales para los medios (en la dirección de RTC de la Secretaría de Gobernación, o en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) suelen ser pasivas y obsequiosas, o se comportan como si estuvieran al servicio de los empresarios de ese ramo y no de los ciudadanos.

ALGUNAS PROPUESTAS

   La reforma de los medios de comunicación tendría que haber sido parte de la reforma del Estado, a la par que la actualización de la legislación electoral. De hecho, este asunto amerizaría una atención tan destacada como la que han recibido las reglas para que los votos cuenten y se cuenten. Podría pretenderse que los medios, medien y no mediaticen.

   Las coordenadas de esa reforma, independientemente de cuáles medidas pudieran ser de obtención inmediata y cuáles a mediano plazo, podrían establecerse a partir de los fines que se pretende para los medios. Así es como ordenamos las siguientes propuestas.

A)    Medios para la sociedad.

   La sociedad debiera dejar de ser solamente destinataria de los mensajes masivos. Siempre lo es, pero quedar reducida a espectadora, cuando en muchos sentidos puede ser actora, empobrece notablemente la calidad ciudadana de nuestra democracia.

   En ese interés, podría pretenderse el establecimiento de facilidades para la apertura o consolidación de medios de comunicación cuyo propósito primordial no sea lucrativo: radios y televisoras universitarias, de grupos comunitarios, de agrupaciones civiles y/o de partidos políticos. Exenciones fiscales, permisos de importación de equipo, respaldos crediticios y otro tipo de apoyos, favorecerían a tales empresas. Es pertinente abolir la distinción legal entre medios concesionados y permisionados que a estos últimos, que suelen ser de carácter cultural, les impide comercializar espacios, dejándolos en condiciones de desventaja frente a los medios fundamentalmente mercantiles.

   Además podría reglamentarse el uso social del tiempo que hasta ahora, encontrándose destinado al Estado, es ejercido casi exclusivamente por el gobierno federal. El 12.5% del tiempo total de transmisiones de las radio y televisoras concesionadas, es una papa caliente en manos de funcionarios sin interés para utilizarlo y más preocupados por las incomodidades que su cabal empleo pueda suscitar en los empresarios de esa industria, que en organizar y extender el uso de tales espacios.

   Hay medidas adicionales para promover el empleo social de los medios: centros de producción accesibles a grupos ciudadanos, con acuerdos que permitan la difusión de los mensajes allí elaborados; fomento a las producciones universitarias; espacios institucionales (y no sólo a merced de la tornadiza voluntad de funcionarios del gobierno o de los dueños de radio y televisoras) para transmitir, sin censura alguna y en horarios decorosos, los programas de esa índole.

   Medidas como esas, tenderían a fortalecer una idea de medios públicos que hasta ahora ha sido casi inexistente en México: empresas con aportaciones estatales pero a cargo de grupos e instituciones independientes, o con un financiamiento tan heterogéneo y una situación legal que les permitiera no estar supeditadas a vaivenes o restricciones de carácter burocrático. Pensamos en un esquema como el de la televisión pública en los Estados Unidos (PBS) que es financiada con recursos federales, estatales y municipales, al mismo tiempo que con aportaciones de sus públicos a través de la cuota que pagan al suscribirse a los sistemas de cable que conducen esa señal.

   El punto central en este apartado, sería la apertura y la plena transparencia en la asignación y revisión de las concesiones para los medios electrónicos. Actualmente, la SCT no sólo decide a su arbitrio quiénes pueden y quiénes no pueden transmitir por radio y televisión. Además, las autoridades de esa Secretaría y a través de ellas el gobierno federal, mantienen en un inaceptable secreto los datos sobre vencimiento y características de los títulos de concesión. En la medida en que esas decisiones y esa información sean transparentes, los grupos de empresarios que quieren y pueden incursionar en la comunicación de masas encontrarían respuesta justa a esas pretensiones legítimas.

B) Sociedad para los medios.

En México el único derecho que tienen los públicos de los medios, como tales, es la prerrogativa de apagar el televisor o el radio. Carecemos de una legislación que reconozca el derecho de los destinatarios de la comunicación de masas para aclarar y rectificar pero también, para opinar, proponer, matizar y discrepar acerca del contenido de los medios.

   La sociedad podría tener un papel menos pasivo delante de los medios, de dos maneras que pueden ser complementarias. Por un lado, la legislación podría reconocerles personalidad jurídica, para propiciarlas, a las asociaciones de radioescuchas, lectores o televidentes que se organizaran según el interés específico de los públicos de cada medio o por ciudades, o regiones. Esas agrupaciones, como expresión directa de la sociedad, podrían tener derecho a ser atendidas por los responsables del medio en cuestión e incluso, a contar con espacios para opinar acerca de los contenidos que reciben. Al mismo tiempo, podría estimularse la educación para leer a los medios. De los medios, se obtiene mejor provecho en la medida en que se conoce cómo funcionan, qué géneros emplean, cuáles pueden ser sus efectos e incluso, en donde termina la recreación de la realidad y en dónde comienza la ficción.

   Agrupaciones de ciudadanos interesados en los medios y educación para la recepción crítica, son dos recursos que involucran a la sociedad con las empresas e instituciones de comunicación y que han sido desarrollados con experiencias de gran interés en otros sitios de América Latina. Con tales recursos, se busca fortalecer las capacidades de la sociedad activa para interactuar con los medios y no ser solamente pasiva espectadora de ellos. En México, esos instrumentos han sido muy escasamente utilizados.

C)    Medios para la democracia.

   Los medios de comunicación, en su gran mayoría, son negocio. Es ingenuo pretender que el interés mercantil quede desplazado de los propósitos de sus propietarios y operadores. Pero además la sociedad tiene derecho a que, sin dejar de tener como meta la rentabilidad económica, los medios sean instrumentos de servicio y de educación cívica.

   En México, ya tenemos una relativa pero constatable apertura en la diversidad política de los medios de comunicación. Pero esa pluralidad, no siempre se traduce en mejores contenidos.

   No puede esperarse que los medios, solamente con cambios legales, alteren la conducta que hasta ahora ha sido habitual y, de la noche a la mañana, se conviertan en adalides y promotores de los valores democráticos. Pero tampoco parece posible que, sin reformas legales, los medios abandonen las inercias que durante varias décadas los han convertido –salvo excepciones, claro–  en reductos de maniqueísmos, simplificaciones e intolerancias, en la apreciación que difunden acerca de los asuntos públicos más diversos.

   La democracia no se instituye por decreto. Pero una de las consecuencias al mismo tiempo que uno de los motores para avivar y profundizar la democracia, radica en las reformas legales.

   En México, vale la pena repetirlo, tenemos un régimen profundamente autoritario en materia de comunicación social. Abundan las sugerencias para comenzar a cambiar esa situación. En los archivos de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, se conservan varias iniciativas, actualmente en virtual congelamiento, para actualizar algunas leyes y en otros casos, para crear una auténtica Ley Federal de Comunicación Social.

   Entre otros, la mayor parte de esas propuestas coinciden en los siguientes ejes:

   a) Quitarle al gobierno la facultad de decidir, al margen de otros actores públicos, la asignación y revisión de las concesiones de radio y televisión. Las concesiones deben ser otorgadas solamente por concurso y tomando en cuenta no sólo la capacidad financiera de las empresas interesadas en ellas, sino antes que nada aptitud profesional y proyectos de programación.

   b) Establecer mecanismos de participación de la sociedad en la deliberación –sin que signifique posibilidad alguna de censura–  acerca del contenido de los medios. La fórmula más reiterada, que se asemeja a espacios de participación y decisión que existen en otros países, es la creación de un Consejo Nacional de la Comunicación Social.

  c) Garantizar el derecho de réplica en todos los medios y preservar el derecho de todos los ciudadanos a la vida privada.

   d) Sancionar las calumnias y las injurias de los medios, cuando ocurran de manera dolosa y sin que se hayan aceptado las rectificaciones de los afectados. La libertad de expresión no debiera ser patente de impunidad.

   e) Defender los derechos de los trabajadores de los medios, comenzando por el derecho de expresión y los de carácter laboral.

   f) Reglamentar la obligación del Estado para informar acerca de los asuntos públicos.

   g) Asegurar el derecho de la sociedad a conocer la información básica acerca de la situación de los medios. Hoy en día, no existen datos confiables a la vez que actuales, acerca de audiencias y circulación.

D)    Medios de Estado, no del gobierno

   La apertura política no tiene por qué significar la desaparición de los medios a cargo del gobierno. Pero sí es incompatible con la permanencia de medios que, siendo financiados con recursos públicos, suelen estar dedicados a promover solamente al gobierno, o a una secretaría de Estado –o, peor, a un funcionario–.

   Los medios sostenidos con fondos fiscales deben ser de carácter público. Eso significa que estén a cargo del Estado, pero sin depender del gobierno. Las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio, los canales de televisión 11 y 22, Radio Educación, la Agencia de Noticias Notimex y otros medios en condiciones similares, pueden desempeñar un papel de enorme relevancia en la consolidación de un espacio público regido por criterios no mercantiles en el espectro de los medios mexicanos. Para ello, es necesario que su presupuesto sea actualizado y garantizado de acuerdo con la relevancia de su función social. Junto con ello, es indispensable que, funcionando como organismos desconcentrados dentro de la administración pública, tengan órganos directivos y autonomía tal, que su funcionamiento no sea afectado por los cambios de gobierno.

   Algo similar podría establecerse con los medios que ahora son propiedad de algunos gobiernos estatales.

   El gobierno federal, desde luego, tiene derecho a contar con espacios propios para la difusión de sus mensajes. Los tiene y es pertinente que conserve algunos de ellos las frecuencias abiertas en virtud del 12.5% del tiempo estatal. En medios públicos como los antes mencionados, el gobierno tendría un acceso garantizado y sistemático. Adicionalmente a esos espacios, el gobierno tiene derecho a transmitir durante media hora diaria en cada estación de televisión y radio. Es indispensable que rinda cuentas detalladas y claras de ejercicio de esos recursos en materia de comunicación.

   Además del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen derecho a contar con espacios e incluso, con medios propios. El canal de televisión del Congreso, cuyo funcionamiento ha sido dificultado por carencias presupuestales e indecisiones internas pero fundamentalmente por la injustificada negativa del gobierno federal a otorgarle una frecuencia en la televisión abierta, podría constituir un espacio de información y deliberación capaces de fortalecer la cultura democrática.

   Es deseable que los mensajes del gobierno en los medios electrónicos, se propaguen en ejercicio del tiempo estatal. Parece inexcusable que, contando con ese tiempo, el gobierno federal o cualquier otra institución estatal gasten recursos, a veces en cantidades muy importantes, contratando publicidad en la radio y la televisión. Una de las mayores expresiones de negligencia en ese aspecto, es la disposición de la legislación electoral que faculta al Instituto Federal Electoral a gastar dinero en la compra de espacios para las campañas de los partidos, pudiendo aprovechar plenamente los tiempos que resultan del ejercicio del 12.5%

   En los medios impresos, es impostergable la transparencia en el ejercicio de recursos publicitarios. Aunque en algunas dependencias existen reglamentos para tal efecto, en muchos casos la compra de espacios publicitarios sigue siendo un notable recurso para que el gobierno federal, los gobiernos estatales y otras instituciones públicas, presionen y sobornen a diarios y revistas. No es indebido que el gobierno o cualquier institución, gasten dinero para anunciarse en los medios impresos. Lo que resulta ilegítimo, es que lo hagan con el propósito de influir en su línea editorial y, por añadidura, a escondidas. Es preciso reglamentar ese gasto publicitario a fin de que sea ejercido de manera transparente, tomando en cuenta la circulación real de las publicaciones en donde se contratan anuncios y también, su calidad y características específicas. También puede establecerse la obligación de todos los diarios y revistas para añadir la leyenda "inserción pagada" a los materiales de esa índole.

   Es pertinente discutir la posibilidad de establecer en México un programa de ayudas a la prensa, a semejanza del que existe en países como Francia, para publicaciones que de otra manera no podrían editarse y cuyo contenido justifique ese respaldo estatal.

E)     Hacia la Sociedad de la Información

   Las novísimas tecnologías de la información, abren una hasta hace poco insospechada posibilidad para diseminar conocimiento de manera directa entre los ciudadanos. A diferencia de los medios convencionales, la Internet permite que cada usuario, si quiere, interactúe con los emisores de los contenidos que recibe y además, pueda poner en circulación sus propios mensajes. Las capacidades que la Internet ofrece para la enseñanza a distancia, la información plural y la deliberación de los más variados asuntos, son tan extensas como sus usos para la disipación en todos los sentidos.

   Numerosos países y regiones del mundo, han puesto en práctica políticas de fomento para el desarrollo de la Internet entre sus ciudadanos. Inclusive naciones con tantos o más rezagos sociales que la nuestra, han entendido que ponerse al día en el empleo de ese recurso informático, es una manera de no demorarse más respecto del desarrollo tecnológico, cultural y mercantil.

   México constituye una lamentable excepción en ese panorama. El Programa Nacional de Desarrollo Informático se dedica, fundamentalmente, a glosar el uso de la computación en las dependencias del gobierno y se ocupa muy poco del desarrollo de la Internet. Una política nacional en ese aspecto requeriría, entre otros aspectos, de:

a)      Políticas para abatir costos de conexión;

b)      Facilidades y estímulos para la adquisición de equipos de computo a bajo precio;

c)      Capacitación a los usuarios de la Internet;

d)      Promoción para la creación de sitios web que rescaten y propaguen nuestra cultura nacional;

e)      Utilización de la red de redes para acercarnos al resto de América Latina

f)        Diversificar los accesos a la Internet de manera gratuita, o a precios muy bajos, en sitios públicos: bibliotecas, oficinas postales, mercados, oficinas de gobierno.

g)      Internet para todos los maestros y en todas las escuelas del país.

F)     Medios con ética

Más allá de los ordenamientos legales, los medios de comunicación pueden pertrecharse y a la vez crear puentes de compromiso e identificación con la sociedad, a través del establecimiento de códigos de ética. Tales códigos, señalan criterios para el manejo de la información y eventualmente, de los contenidos de otra índole y representan el criterio de los editores, y/o los trabajadores, de la empresa que se compromete con esos valores.

   Es un error suponer que los códigos de ética pueden surgir de una obligación jurídica. La ética no sustituye a las leyes, pero tampoco depende de ellas, como a veces se piensa. Pero en cambio, la promoción de tales códigos y de la noción misma de esa forma de compromiso de los medios con sus públicos, pueden ser respaldadas por los ciudadanos y los partidos políticos interesados en que tengamos una comunicación comprometida con sus la sociedad.

   A fin de facilitar la aplicación de las pautas establecidas en los códigos de ética, es posible la creación de comisiones de pares en las redacciones, o de ombudsman de los medios. La existencia de esos defensores de los lectores, o de los públicos de los medios, solo es útil en la medida en que en torno a ellos existe un compromiso moral –ético– a la vez que público, de las empresas de comunicación y sus trabajadores. Es inconveniente pensar en un ombudsman para todos los medios. Los litigios que habría en torno a su designación, acabarían por echar a perder la utilidad de esa figura cuyo mayor respaldo se encuentra en la responsabilidad gremial que sea capaz de concitar.

Raúl Trejo Delarbre

Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

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