El control de armas y la seguridad ciudadana en el marco del ordenamiento jurídico venezolano

RESUMEN

La seguridad ciudadana es un derecho de todo ciudadano, que implica protección de su integridad física y de sus bienes, lo cual es obligación del Estado Venezolano de garantizarla a través de los órganos de seguridad ciudadana, de acuerdo al artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV,1999). Sin embargo, en la realidad se observa la elevada ocurrencia de crímenes violentos, lo que ha generado temor en la población, trayendo como consecuencia un alto porcentaje de armas en manos de civiles quienes la adquieren bajo la premisa de protección personal, pero cuyos usos en la práctica mucha veces más que defensa son ataque, por lo que la investigación tuvo como objetivo general Explicar la incidencia del control de armas en la seguridad ciudadana en el marco del ordenamiento jurídico venezolano, para ello se asumieron como teorías de entrada: El Ius Positivismo, la teoría ecología del crimen, la teoría anómica, la teoría de las ventanas rotas y la de ciudadanización de la seguridad pública, y como Aspectos Conceptuales: la Seguridad Social, el Control de Armas y las Bases Legales. La metodología empleada fue socio- jurídica, con base a un estudio de campo, de nivel explicativo, se tomó como muestra 12 funcionarios de diferentes organismos de seguridad, aplicándose una encuesta, a través de un cuestionario de 13 ítemes de preguntas dicotómicas, y una abierta, arrojando como resultados la Variable Seguridad Ciudadana (25%) siendo la mayor debilidad la Dimensión Social (22,5%) y la Variable Control de Armas (16,25%) siendo la mayor debilidad la Dimensión Jurídica (12,5%), concluyéndose que existe una alta incidencia del control de armas en la seguridad ciudadana, recomendándose una reforma de la Ley asumiendo en su totalidad el proyecto de Ley marco del parlatino.

Descriptores: Control de Armas, Seguridad Ciudadana, Ordenamiento Jurídico Venezolano.

INTRODUCCIÓN

Frente a la crisis económica, a las políticas de ajuste implantadas, a los procesos de modernización estatal y a la apertura económica, se observa el aumento de la violencia, con lo cual no solamente se ha generalizado la inseguridad social y económica, sino que también se ha incrementado la inseguridad ciudadana y ambiental.

En este contexto, América Latina se ha convertido en uno de los continentes más inseguros del mundo, de acuerdo con las elevadas tasas de homicidios, marcando las relaciones entre los ciudadanos: violencia, desamparo, agresividad, autodefensa, entre otros, restringiendo su condición de ciudadanía y disminuyendo la cualidad de espacio público de la ciudad.

Al respecto, un estudio del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOCEC, 2010) revela que en los últimos doce meses la inseguridad personal se ha incrementado en 83%. Más de 77% de la población ha cambiado su estilo de vida y ha limitado sus actividades de recreación. Más de 90% de la población venezolana considera que el problema más importante que tiene el país es la inseguridad.

Este mismo estudio revela que más de un tercio de la población ha sido víctima de algún delito. De los 1500 hogares encuestados, 20 han sufrido homicidios de familiares. Aproximadamente, 6% de los venezolanos admite que posee un arma de fuego en su hogar. Del 94% restante, 36% manifiesta que estaría dispuesto a adquirir una.

La percepción de inseguridad se relaciona directamente con el miedo. Este sentimiento de inquietud causado por un peligro real o imaginario, incide en las actitudes y conductas de la población y a largo plazo puede tener efectos en sus valores y normas. En este orden de ideas, el repunte de crímenes violentos por armas de fuego, y el creciente armamentismo sin control de la población: delincuentes por una parte, y ciudadanos temerosos que buscan protegerse por la otra, ha sido en opinión del investigador uno de los factores que de manera preponderante ha incrementado esta sensación de inseguridad en la población, en detrimento de la seguridad ciudadana.

De ahí que el estudio se propuso explicar la incidencia del control de armas en la seguridad ciudadana en el marco del ordenamiento jurídico venezolano. Desde el punto de vista teórico el estudio asumió como teorías de entrada: El Ius Positivismo, la teoría ecología del crimen, la teoría Anómica, la teoría de las ventanas rotas y la de ciudadanización de la seguridad pública.

En cuanto a lo metodológico fue un estudio socio-jurídico con base a un trabajo de campo, de nivel explicativo, tomando como muestra doce funcionarios de los diferentes organismos de seguridad ciudadana.

El Trabajo de investigación que se presenta se estructuró en cuatro capítulos: El primero, contexto empírico contiene la caracterización del objeto de investigación, los objetivos del estudio y la justificación. El segundo, el contexto teórico referido a los antecedentes, las teorías de entrada, los aspectos conceptuales, y las bases legales. El tercero, el contexto metodológico plantea el tipo de investigación, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información y el procedimiento. El cuarto, el contexto crítico, donde se presentan los resultados, conclusiones y recomendaciones. Por último, se presentan la lista de referencias segmentadas por áreas temáticas.

CAPITULO I

CONTEXTO EMPIRICO

Caracterización del Objeto de Investigación

El artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) consagra el Derecho a la Seguridad Ciudadana de todos los venezolanos entendida en sentido amplio como la protección de los derechos, libertades y garantías constitucionales. Al respecto, Núñez (2006) afirma que "la introducción de este nuevo concepto …debía representar un aliciente para la sociedad venezolana y una guía para las políticas públicas a desarrollar por la nueva República …atacando un fenómeno presente en las sociedades modernas, la inseguridad" (p.6).

Por su parte Rey (1998) citado por Núñez (ob cit) expone que si bien la seguridad ciudadana es una responsabilidad concurrente de los distintos ámbitos político territoriales del poder público, tal como lo prevé el texto constitucional, la política nacional de seguridad ciudadana representa un buen revelador de las prioridades y valores del Estado en el tratamiento específico de la materia y en general, de los objetivos del sistema político como parte del sistema social global.

En este orden de ideas los países centroamericanos (incluyendo Belice y Panamá) desarrollaron un Proyecto Centroamericano de Control de Armas Pequeñas (CASAC 2005-2008) con la finalidad de: (a) armonizar las legislaciones nacionales con los acuerdos internacionales; (b) fortalecer las capacidades de los gobiernos y Organizaciones No Gubernamentales; (c) apoyar la implementación y evaluación de programas de recolección de armas en los países; y (d) promover una cultura de paz.

Sin embargo, la realidad es que cada año, las armas convencionales matan un gran número de personas, y muchas otras son heridas, perdiéndolo todo como resultado de la violencia armada. En tal sentido, Godnick (2006) afirma que "Un promedio de hasta 1000 personas mueren cada día como resultado directo de la violencia armada, y el 85% de las muertes denunciadas por Amnistía Internacional durante la última década se han cometido mediante el uso de armas pequeñas y ligeras" (p.15).

Al respecto, Álvarez (2006) señala que países como Colombia (55,86%), El Salvador (50,36%), Venezuela(46,92%), Guatemala (35,8%) y Brasil (23,84%), han registrado algunas de las tasas mayores de homicidios en el mundo, los cuales entre 70 y 80% involucran armas de fuego. Asimismo, el Nuevo Herald.com (20/10/10) informa que "Venezuela registró 19,133 asesinatos en el 2009, de los que un 79.48% (15,191) fueron cometidos con armas de fuego,…de allí que la inseguridad es el tema que más preocupa a los venezolanos" (p.4).

Esta situación requiere de un coto inmediato pues a corto plazo, ha elevado el índice de fallecimientos, generando temor y desasosiego en la sociedad en detrimento de su calidad de vida, que se evidencia, en el éxodo a lugares que se suponen más tranquilos, pero en los que el empleo y el estudio son escasos. Las personas han modificado la estructura original de sus viviendas y vehículos implementando un sin fin de dispositivos de vigilancia y seguridad. Asimismo cada vez más, las personas se arman para protección personal, creando un círculo vicioso en cuanto a las armas, y generando más violencia, lo cual a mediano y largo plazo, pudiera traer consecuencias devastadoras para la sociedad, y por ende para la economía, hundiendo al país en un mayor subdesarrollo.

En este orden de ideas, El Aissami (2011) Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia dijo que "las armas de fuego deben estar en manos del Estado venezolano para garantizar la paz y el resguardo de la soberanía nacional, y que las personas que tengan autorización para el porte de arma de fuego deberán cumplir ciertos requisitos" (p.1).

Tal situación evidentemente se genera en la proliferación de las armas pequeñas que en América Latina se caracteriza, por lo general, por su asociación con la violencia, así como al crimen común y organizado, el narcotráfico y el fenómeno de las pandillas juveniles.

En este orden de ideas, Godnick (2004) señala que países como Asia, Corea del Sur, Filipinas y Turquía, entre otros, están cada vez más exportando armas pequeñas a los países latinoamericanos, las cuales se producen por transacciones entre empresas privadas y no entre estados.

Situación que resulta bastante alarmante, por cuanto en un mundo globalizado como el que se vive, el comercio de armas ha cambiado, y se ha expandido con poco o ningún control IANSA (2006) afirma que:

Las empresas fabricantes de armas, operan desde un creciente número de países, obteniendo los componentes para esas armas en muchas partes del mundo, donde los controles sobre el destino final de éstos son poco estrictos, por lo que muy fácilmente, las armas van a parar a manos de quien no debería tenerlas (p.6).

Por su parte, Lusverti, (2010) coordinador de Amnistía Internacional en Venezuela, consideró que "hay un total descontrol de armas en el país, donde se calculan unos 12 millones de armas ilegales". De acuerdo con Mendoza (2010) presidente de la comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional "casi uno de cada dos venezolanos estaría en posesión de un arma". (p.1). Asimismo el autor citado advierte la inexistencia de datos oficiales sobre el parque de armas y el mercado armamentístico ilegal en Venezuela.

En este orden de ideas, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, Desarme y Desarrollo en América Latina y el Caribe han unido esfuerzos para mejorar la capacidad de los estados para controlar las armas pequeñas a través de cursos de capacitación a policías, funcionarios de servicios de inteligencia y aduanas, asesores parlamentarios y Organizaciones No Gubernamentales sobre temas relacionados. Al respecto, Godnick (2006) afirma que: el impacto de estos cursos no ha sido tangible hasta el momento…No obstante, que ha dinamizado la atención regional al problema de las armas pequeñas y, en el tema específico de la destrucción de armas, ha apoyado procesos concretos en Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay" (p.10).

Igualmente, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha promulgado una serie de acuerdos subregionales, desarrollando un tratado legalmente vinculante contra el tráfico ilegal de armas de fuego, con la adopción de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados (1997), así como un sistema de directrices para la implementación de un tratado de este carácter con la adopción del Reglamento Modelo para el control del tráfico internacional de armas de fuego, sus partes y componentes y municiones (1998).

Cabe destacar, sin embargo, que ninguno de estos instrumentos internacionales, ni nacionales ha logrado su objetivo, en parte quizás debido a que la mayoría de ellas son simplemente acuerdos políticos; no son tratados legalmente vinculantes, siendo la mayor parte de ámbito regional y por ende sólo aplicable a un número limitado de Estados, abiertos a la interpretación de los gobiernos; desprovistos de fuerza legal, por lo que no proporcionan un medio seguro para pedir cuentas a los gobiernos en relación con su aplicación.

Por su parte, en el plano nacional, Venezuela en cuanto el tema específico de las armas de fuego, importación, exportación, porte y todo lo relativo a la temática únicamente cuenta con la Ley de Armas y Explosivos (1939) y su reglamento, resultando estos textos legales desactualizados y poco pertinentes a la realidad venezolana, además de ser bastante inespecíficos. Así como la Ley para el Desarme (2002), la cual de acuerdo a su artículo 1 tiene por objeto el desarme de personas que porten armas de fuego de manera ilegal a los fines de salvaguardar la paz así como la seguridad ciudadana.

Cabe destacar que en la actualidad está en discusión en la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de esta última, en la que se establece un tiempo de gracia para la entrega voluntaria de las armas ilegales a la Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y tipifica penas de 10 a 12 años de prisión para quienes no lo hicieran. Sin embargo, no existe un proyecto de reforma de la Ley de Armas y Explosivos (1939).

De allí que resulta propicio lo afirmado por Ferrajoli (2000) en cuanto a que pareciera existir un divorcio entre la producción legislativa y la función garantista que tiene el Estado a través de los instrumentos jurídicos en cuanto a la minimización de la violencia. Frente a esta situación de falta de pertinencia de los instrumentos jurídicos que regulan la materia del control de armas, y que en consecuencia las hace ineficaces por cuanto no se cumplen, lo cual va en detrimento de la seguridad ciudadana que de acuerdo a la norma máxima todo ciudadano venezolano debe gozar, cabe preguntarse

¿Cuál es la incidencia del control de armas en la Seguridad Ciudadana en el marco del ordenamiento jurídico venezolano?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Explicar la incidencia del control de armas en la seguridad ciudadana en el marco del ordenamiento jurídico venezolano

Objetivos Específicos

1. Analizar los fundamentos teóricos y legales de la seguridad ciudadana en Venezuela.

2. Diagnosticar la situación actual de la seguridad ciudadana en Venezuela

3. Caracterizar el control de armas en Venezuela

4. Determinar la incidencia del control de armas en la seguridad ciudadana en el marco del ordenamiento jurídico venezolano

Justificación de la Investigación

El estudio se justificó desde diversas dimensiones. En primer lugar, desde el punto de vista jurídico, el estudio propicia un mayor conocimiento y comprensión de la leyes relacionadas con la seguridad ciudadana, a la vez que contribuye a concienciar la necesidad de reforma de algunas de ellas, y promulgación de otras en temáticas inherentes, aportando elementos para la reflexión sobre las implicaciones de este vacío legal y falta de pertinencia de estas normativas.

En segundo lugar, desde el punto de vista social, porque la seguridad ciudadana es un tema de interés general, pero que por tratarse de una problemática compleja es bastante controvertido en cuanto a las causas que atentan contra la misma y la forma de contrarrestarlas, por lo que se requiere continuar investigaciones sobre la temática desde las diferentes disciplinas.

En tal sentido constituye un aporte de importancia fundamental en el área penal y criminalística, por cuanto pretende explicar la incidencia del control de armas en la seguridad ciudadana en el marco del ordenamiento jurídico venezolano. Pudiendo el estudio ser de interés para todas las personas en general y para los abogados, y organismos de seguridad ciudadana en particular.

El trabajo tiene visos de originalidad en cuanto a que siendo una temática compleja y multifactorial, el enfoque escogido para abordar la problemática es la percepción personal del investigador, quien se sintió inquietado a conocer la relación entre el control de armas y la seguridad ciudadana. Por lo que el estudio será igualmente útil al investigador en cuanto a los aportes teóricos–legales, que le permitirán enriquecer sus conocimientos. De igual forma contribuye con aportes cognitivos a la línea de investigación Estado, Sociedad, y Desarrollo, en la cual se ubica la temática.

CAPITULO II

CONTEXTO TEORICO

Según el Manual para la elaboración, presentación y evaluación del Trabajo Final de Investigación de los Programas de Postgrado (UBA, 2009) establece que este contexto permite sustentar debidamente la caracterización del objeto de investigación mediante la exposición y análisis de varias teorías o enfoques teóricos que se consideren válido para dar respuesta a los objetivos. La presentación de las teorías debe manejarse conjuntamente con las ideas, conceptos y experiencias sobre el tema. La concatenación lógica de los aspectos teóricos y conceptuales permitirá explicar e interpretar la temática tratada. Este contexto debe contener: los antecedentes, las teorías de entrada, los aspectos conceptuales y la fundamentación legal.

Antecedentes de la Investigación

El Manual para la elaboración, presentación y evaluación del Trabajo Final de Investigación de los Programas de Postgrado (UBA, 2009), explica que se refieren a otras investigaciones, tesis o trabajos de ascenso en los cuales se analicen los mismos u otros aspectos relacionados con la temática.

Blanco (2009) realizó un trabajo de investigación titulado Inseguridad Ciudadana en el municipio Maracaibo del Estado Zulia, el cual tuvo como propósito determinar la sensación de inseguridad de la población caso de estudio, durante los años (2007-2008). La metodología empleada fue de campo, de tipo descriptiva, aplicando una encuesta, cuyos resultados permitieron concluir que de la población del municipio caso de estudio en relación tiene una percepción de alta inseguridad como consecuencia de la no satisfacción de sus demandas y expectativas por parte de las instituciones de control social, aunado a la desconfianza en estas instituciones, trayendo como consecuencia la toma de justicia por mano propia.

El estudio guarda relación con el realizado en relación a la sensación de seguridad o no que tiene a la ciudadanía, en el primer caso estudiado desde la perspectiva de la eficiencia de los cuerpos policiales y en el que se propone en cuanto a la incidencia del control de armas.

Por su parte, Artunduaga (2008) realizó un trabajo de investigación titulado educar para gestionar conflictos en la sociedad fragmentada, el cual tuvo como propósito construir una propuesta de educación para la paz a través de la articulación del ámbito social y educativo, con la finalidad de brindar estrategias para la resolución pacífica de los conflictos entre los jóvenes estudiantes, a través de un clima de camaradería que favorezca una cultura de paz. La metodología empleada fue cuantitativa-cualitativa. Concluyendo el estudio que quienes en mayor medida cometen delitos violentos con empleo de armas de fuego, son los jóvenes de estratos sociales bajos, que padecen desestructuración familiar, resentimiento social, deseo de venganza, desconociendo a su vez el real impacto que produce la violencia.

Este estudio guarda estrecha relación con el realizado en cuanto a que el primero constituye una propuesta de resolución pacífica de conflictos en jóvenes a través de la promoción de una cultura de paz, en virtud que los hallazgos dieron cuenta que este es el sector más proclive a delinquir y las causas que lo generan, en tanto que el que se aspira realizar busca explicar la incidencia del control de armas en la seguridad ciudadana, por lo que el nexo entre ambos proviene de las estadísticas de violencia y uso ilegal del arma de fuego.

Asimismo Escorcha (2008) realizó una Tesis Doctoral titulada Órganos de seguridad ciudadana. Escuela y consejos comunales: una necesidad de integración compartida. La misma tuvo como propósito fundamentar la necesidad de integración compartida entre los Órganos de Seguridad Ciudadana, la Escuela y los Consejos Comunales para el abordaje de la delincuencia y sus repercusiones en el entorno escolar y comunitario. Se sustentó en las teorías relacionadas con la Seguridad Ciudadana, Integración Escuela-Comunidad y Consejos Comunales. Empleando una metodología documental- bibliográfica. Concluyendo que en Venezuela, las soluciones que se proponen desde el punto de vista de la inseguridad ciudadana, son más control y más represión, ejecutados por cuerpos policiales con graves problemas de ineficiencia, violencia y corrupción. Recomendando la participación, el compromiso y la construcción colectiva de los actores tanto del sector educativo como del comunitario para lograr los propósitos sociales, sustentados en el sentido de pertenencia de los involucrados, actuando con conciencia, con la finalidad de lograr una nueva sociedad participativa, generadora de intereses colectivos y centrada en la educación como único y verdadero camino para concretar estos cambios en todas sus dimensiones.

El cual guarda relación con el trabajo realizado en cuanto al abordaje de la temática de seguridad ciudadana, la ya realizada desde el punto de vista de la integración y participación activa de los actores sociales involucrados y la que se propone desde la incidencia del control de armas en la seguridad ciudadana.

García (2000) realizó un trabajo final de investigación para optar al título de Magister en Dirección y Gestión Pública Local de la Universidad Carlos III de Madrid titulado Articulación de actores públicos y privados para la eficientización de la seguridad ciudadana en el municipio de Hurlingham- Argentina. Empleó una metodología de campo, aplicando una encuesta al azar a un grupo de voluntarios de los residentes del municipio caso de estudio, arrojando como resultado la sensación de inminente probable victimización que sufre la población del municipio caso de estudio influye de manera notable en la calidad de vida, el trabajo y las relaciones sociales en general. Permitiendo concluir que la problemática de la seguridad es multicausal y plurisocial, y que no existe una solución única, sino diversas soluciones para cada uno de los aspectos del problema, muchas de las cuales exceden la competencia y gobernabilidad de los gobiernos locales, proponiéndose diseño de políticas de seguridad cuenta donde converjan la participación e involucramiento real de todos los actores sociales a fin de aumentar el nivel de efectividad.

Resulta evidente la relación del estudio con el realizado en cuanto a que este permite confirma las estadísticas citadas en el capítulo I en relación a la situación actual de seguridad ciudadana en otros países, en este caso Argentina, enfocándose la realizada en el diseño de políticas de seguridad locales con la participación de todos los sectores sociales, y la que se propone en el diseño de políticas nacionales reglamentarias en relación al control de armas, ambas con miras a garantizar la seguridad ciudadana.

Teorías de Entrada

De acuerdo con Villegas y colaboradores (2006) citados en el Manual para la elaboración, presentación y evaluación del Trabajo Final de Investigación de los Programas de Postgrado (UBA, 2009), "las teorías ayudan al investigador a ver de una manera amplia y en perspectiva al objeto de investigación" (p.37). De ahí que en este estudio se asumieron como tales: El Ius Positivismo, la teoría ecología del crimen, la teoría Anómica, la teoría de las ventanas rotas y la de ciudadanización de la seguridad pública.

Teoría del Ius Positivismo

La naturaleza del derecho es la de una ciencia que nace como una disciplina normativa. La verdad jurídica está concebida como el logro del perfeccionamiento del ordenamiento jurídico de un pueblo, el cual debe evolucionar a la par de los cambios sociales, se trata de regular la conducta humana en su vida de relación.

En tal sentido, Martínez de Pisón (1997) afirma que la idea fundamental del positivismo es negar cualquier fundamentación extrajurídica, natural o moral del Derecho. En consecuencia, los derechos humanos para que sean efectivos han de estar escrito en los textos legales nacionales e internacionales. Indudablemente pues, la filosofía positivista ha tenido el efecto de poner de manifiesto la importancia que tiene el reconocimiento de las necesidades humanas en el Derecho, para que su satisfacción pueda defenderse con eficacia.

Esta teoría del Ius Positivismo se relaciona con el estudio íntimamente, en cuanto a que este constituye la facultad del Estado de regular la conducta del hombre en sociedad a través de la promulgación de normas jurídicas, conocidas como leyes, las cuales determinan claramente las conductas que deben omitirse por ser consideradas, delitos, y delimitan claramente los derechos, y las acciones a ejercer ante su violación o incumplimiento por parte de terceros.

Es así que la temática de la seguridad ciudadana y el control de armas deben estar explícitamente reguladas en la norma escrita, lo cual permitirá establecer claros límites de acción, así como la sanción en caso de incumplimiento de la norma, lo cual se verá revertido en una cultura de paz, a través del control social que ejerce la norma escrita.

Teoría Ecológica del Crimen

Fue propuesta por Shaw y Mckay (1940), la misma intenta responder a la pregunta respecto de las razones que llevan a la concentración desigual del crimen y de la violencia en el espacio urbano. Desde esa perspectiva se desprende la necesidad de modificar aquellas características de la vida asociativa que provocan altos índices de delincuencia. Entre éstas se da importancia a temas tales como la distribución espacial de las viviendas económicas, la estructura familiar y la prevalencia de la pasividad social

Afirma que la desorganización social juega un papel negativo respecto de las tasas delictuales. Entendida esta como: (a) incapacidad de la comunidad para hacer efectivos los valores de sus residentes y para mantener un control efectivo sobre sus conductas, (b) incapacidad de la comunidad para supervisar y orientar la conducta de niños y jóvenes, (c) debilidad de las redes de conocimiento mutuo y amistad entre los residentes, sumado a factores estructurales tales como la concentración de desventajas socioeconómicas y el acceso diferenciado a recursos institucionales.

En tal sentido, se hace necesario la reflexión en cuanto a las características sociales del venezolano, y particularmente de las comunidades consideradas de mayor peligrosidad, a los fines de entender que permite que el crimen violento haciendo uso de armas de fuego, se instalen en esos territorios, a los fines de elaborar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana que logren los efectos esperados, por lo que se asumió esta teoría como una perspectiva criminológica adecuada para el estudio de la incidencia del control de armas en la seguridad ciudadana.

Teoría Anómica

Fue formulada por Merton (1938) quien afirmó que la conducta desviada es la respuesta a la tensión entre la estructura cultural y la social, señalando que la cultural define los objetivos para ser feliz y conseguir éxito en la vida, además de los medios que se usan para conseguirlos y la estructura socio-financiera muestra las oportunidades individuales–grupos de acceso a esos medios para conseguir el estatus de triunfo social. En tal sentido, este enfoque está constituido por dos elementos: (a) la disociación cultural dentro un sistema social y (b) la estratificación social como jerarquía posicional de los miembros de la sociedad. Quedando su teoría representada en el cuadro 1 a continuación

Cuadro 1. Teoría Anómica

Fuente: Merton, R (1938)

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