Políticas para frenar el cambio climático (página 2)

La sociedad civil debe movilizarse, pues de otra manera acabarán prevaleciendo los intereses de las grandes multinacionales, responsables de buena parte de las emisiones de gases de invernadero, que ejercen y tienen un gran poder sobre los gobiernos.

Estados Unidos, el gran responsable del fracaso de la Cumbre del Clima, con sólo el 4,6% de la población mundial, emite el 24% del CO2 mundial (más de 20 toneladas por habitante y año). Las emisiones de gases de invernadero en EE UU han aumentado un 21,8% entre 1990 y 1998. El Protocolo de Kioto obliga a EE UU a reducir sus emisiones en sólo un 7%. Los gobernantes de EE UU, ya sean los demócratas y sobre todo los republicanos, no quieren reducir las emisiones domésticas, y pretenden con todo tipo de artimañas (sumideros, mecanismos de flexibilidad) seguir con su insostenible modo de vida consumista y despilfarrador, a costa de afectar de forma irreversible al clima del planeta, y sobre todo a las poblaciones más pobres del Tercer Mundo. Aún más responsables del fracaso de la COP6 son algunas multinacionales del petróleo y el automóvil, que son las que realmente dictan la política de EE UU.

Pero a pesar de todo este fracaso no debe llevar al pesimismo, sino a la acción, redoblando la presión ciudadana sobre los gobiernos para que adopten las políticas adecuadas para frenar el cambio climático. De hecho el Protocolo de Kioto es totalmente

La COP1 tuvo lugar en Berlín en 1995, y desde entonces la COP tiene lugar todos los años. El Convenio Marco sobre Cambio Climático se aprobó en 1992 en Río de Janeiro, y ha sido firmado y ratificado por 181 países; el Protocolo de Kioto, que desarrolla el Convenio, se aprobó en 1997.

1.3. Ratificación del Protocolo de Kioto

Para que el Protocolo de Kioto entre en vigor debe ser ratificado por un número suficiente de países, que en conjunto sean responsables del 55% de las emisiones. Dada la mayoría republicana en el Congreso y en el Senado de EE UU, y su oposición a la ratificación, ésta no está ni mucho menos asegurada. Estados Unidos, con el 36,1% de las emisiones en 1990 de los países del Anexo I, en la práctica tiene poder de veto, más cuando cuenta con la complicidad de otros países, como Japón y Australia, e incluso Rusia (17,4% de la emisiones en 1990).

El CAN, que agrupa a las más importantes organizaciones ecologistas internacionales (284 ONG con más de 10 millones de socios en todos los continentes, entre ellas el WWF, FOEI y Greenpeace), ha solicitado que a más tardar el Protocolo de Kioto entre en vigor en el año 2002, coincidiendo con la Cumbre Río+10.

Lo deseable sería que los objetivos del compromiso cuantificado de limitación o reducción de las emisiones de los gases de invernadero de los países del Anexo B del Protocolo se alcanzasen, sobre todo, merced a políticas domésticas. Varios países, y en especial EE UU, hacen hincapié en las llamadas medidas o mecanismos de flexibilidad, e incluso plantean la posibilidad de "tomar prestadas" emisiones futuras, todo antes de plantearse seriamente programas domésticos de reducción de emisiones, lo que muy probablemente supondría, entre otras políticas, una nueva fiscalidad ecológica.

Los procesos futuros de revisión del Protocolo deben basarse en el trabajo científico del IPCC, y no en los intereses particulares de unas pocas grandes multinacionales. La COP7 debería realizar la Tercera Revisión de la Idoneidad de los Compromisos, basándose en el Tercer Informe del IPCC, y en el artículo 4.2 d del Convenio Marco de Cambio Climático. La Segunda Revisión de la Idoneidad de los Compromisos debe mostrar que los objetivos de las Partes del Anexo I son completamente insuficientes. El fin del Convenio y el Protocolo es evitar un cambio climático de proporciones desastrosas, y a tal fin deberán revisarse los más que modestos objetivos alcanzados en Kioto. Porque aún cumpliendo los objetivos del Protocolo sin valerse de los agujeros, éstos son totalmente insuficientes.

Según el CAN, para evitar que el cambio climático alcance límites peligrosos, hacen falta dos condiciones:

A. Un presupuesto del carbono con bases científicas. ¿Cuánto más CO2 se puede emitir?

B. Un sistema de distribución que reparta equitativamente las emisiones de CO2 entre todos los países.

Ambas condiciones requieren tanto una sólida base científica como un consenso político. La COP5 de Bonn fue una oportunidad perdida. El comercio de emisiones carece de toda equidad, al permitir emitir más gases de invernadero a los países más ricos y auténticos responsables de la situación actual.

Los mecanismos de flexibilidad sólo serán una opción válida si benefician al medio ambiente, se basan en estudios rigurosos, promueven la eficiencia energética y las energías renovables, no van contra la equidad y si son transparentes y verificables por entidades independientes, y no meros agujeros para que los mayores emisores por habitante contaminen aún más.

1.4. Intercambio de emisiones y las iniciativas de aplicación conjunta (Joint Implementation, JI)

La Unión Europea, según la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), no logrará cumplir los compromisos adquiridos en Kioto, pues las emisiones aumentarán un 6% entre 1990 y 2010, y no se recortarán el 8%. Según la AEMA entre 1990 y 1996 la UE en su conjunto sólo redujo sus emisiones de CO2 en un 1%, pero tal cifra palidece ante el enorme aumento del 27% registrado en España entre 1990 y 1999, que en el sector energético llegan al 31%.

Para el conjunto de los países del Anexo B de la OCDE se prevé que las emisiones crezcan un 16% entre 1999 y 2010, mientras que Rusia, Ucrania y los países del antiguo bloque oriental disminuirán sus emisiones en un 12% para el 2010 respecto a 1990. Estas previsiones significan que los países de la OCDE deberán reducir sus emisiones anualmente en 770 millones de toneladas de carbono equivalente, mientras que el antiguo bloque soviético tendrá un exceso anual de 150 millones de toneladas de carbono en el año 2010, lo que se conoce como "aire caliente" (hot air), regulado por el artículo 17 del protocolo de Kioto.

Los llamados agujeros hoy en proceso de negociación permitirán a los países de la OCDE comprar los 150 millones de toneladas de carbono equivalente de "aire caliente" (hot air), cifra igual al 4,3% de las emisiones de 1990 de la OCDE. Junto con otros agujeros, el esfuerzo que deberían hacer los países de la OCDE para cumplir sus compromisos quedaría limitado a 530 millones de toneladas de carbono anuales. Si se tienen en cuenta la totalidad de los agujeros en curso de negociación, podría darse la paradoja de que los países de la OCDE no tuviesen que realizar ningún esfuerzo doméstico de reducción de emisiones, e incluso podrían aumentarlas en un 15%.

Un requisito mínimo para que a un país se le permita adquirir o transferir partes de las cantidades asignadas es que cumpla los artículos 5 y 7 del Protocolo (un sistema fiable de contabilidad de las emisiones de todos los gases de invernadero), y que lo haya ratificado. Sólo los proyectos ambientalmente sostenibles, en conformidad con el artículo 4.5 del Convenio y el Artículo 2.1 (iv) del Protocolo, deben ser admitidos, excluyendo a la energía nuclear, el carbón y las grandes centrales hidroeléctricas. En general se debe dar prioridad a los proyectos a pequeña escala de energías renovables sobre los basados en el gas natural (centrales de ciclo combinado). Los créditos de CO2 deben calcularse teniendo en cuenta la reducción de las emisiones por unidad de energía producida. Se debe cobrar una pequeña cantidad por toda transacción en el marco del Protocolo para ayudar a evitar la desventaja competitiva del mecanismo de desarrollo limpio, así como para promover los proyectos en los países menos desarrollados del Anexo B.

Tanto o más importante es definir rigurosamente, cuantificar y verificar el papel "complementario" del comercio de emisiones y de las iniciativas de aplicación conjunta, continuación de un programa piloto, poniendo un tope máximo al uso de los mecanismos de flexibilidad. Se debe evitar en todo caso que las emisiones totales no superen a las que se habrían producido en caso de no existir los mecanismos de flexibilidad.

Los proyectos JI (Joint Implementation), a los que se refiere el artículo 6 del Protocolo, deben cumplir los mismos requisitos que el CDM, y se debe asegurar el acceso a la información sobre sus fines y resultados, así como algún mecanismo sancionador para los incumplimientos. En teoría la JI es una forma más económica de reducir las emisiones dentro del conjunto de los países del Anexo I, pues es evidente que ciertos países (y empresas) pueden reducir sus emisiones de forma más económica que otros. La suma total de las cantidades de emisiones evitadas o intercambiadas entre los países del Anexo I es cero, a diferencia del CDM. Los proyectos deben cumplir la cláusula de adicionalidad: sólo cuentan las reducciones de emisiones que son adicionales a las que se habrían alcanzado de no existir los proyectos, ya sean en el marco de la JI (países del Anexo I, suma cero) o del CDM (entre países del Anexo I, que se adjudican las emisiones evitadas, y los que no lo son, normalmente del mundo en desarrollo, sin ningún compromiso de frenar sus emisiones). En el marco del artículo 6 los proyectos de la JI emplean las llamadas Unidades de Reducción de Emisiones (ERUs en inglés), mientras que el CDM emplea los Certificados de Reducción de Emisiones (CERs). Además la financiación de los proyectos también debe ser adicional. Hoy no hay ningún acuerdo internacional sobre los métodos para determinar la adicionalidad.

1.5. Sumideros

Los artículos 3.3 y 3.4 del Protocolo de Kioto regulan el papel de los sumideros, la forestación, reforestación y deforestación y los cambios del uso de la tierra (LULUCF en inglés). Estas actividades son tanto fuentes de emisión como de sumideros de los gases de invernadero, y tienen un importante y complejo papel en el clima y en la equidad social. Cada tonelada de dióxido de carbono (CO2) absorbida por los bosques permitiría emitir otra tonelada adicional de CO2. Según el criterio que se adopte tras el fracaso de la COP6 (6ª Conferencia de las Partes), los sumideros absorberían de 30 a 200 millones de toneladas de carbono, lo que reduciría el esfuerzo de la OCDE de 500 a 330 millones. El concepto de sumideros se presta a todo tipo de interpretaciones, y algunas podrían afectar negativamente a la diversidad biológica, y otras podrían tener un efecto más que dudoso en la absorción de carbono. Se debe prohibir la sustitución de los bosques naturales, viejos y/o autóctonos por plantaciones que tengan como fin actuar de sumideros del carbono atmosférico, en el marco de proyectos de la JI, el CDM o el cumplimiento de las obligaciones de los países del Anexo B.

Muchos países, así como el CAN, proponen excluir las actividades adicionales relacionadas con los sumideros (artículo 3.4) en el primer periodo de compromisos (1990-2010), y sobre todo deben ser excluidos del CDM, pues el artículo 12 del Protocolo habla claramente sólo de reducción de emisiones. El papel de los sumideros, y su inclusión en los mecanismos de flexibilidad, es más que discutible, porque un incendio forestal de una plantación de eucaliptos, por poner un ejemplo, liberaría todo el carbono acumulado, y por lo tanto sus beneficios en término de reducción de emisiones no siempre están claros, por no hablar de otros problemas (comunidades locales, biodiversidad, ciclo hidrológico), o las posibilidades que se abren a todo tipo de fraudes de superficies plantadas o carbono retirado.

Las actividades forestales y de cambios de uso de la tierra no deben degradar ni destruir ecosistemas, y deben tener en cuenta a otros convenios internacionales, como el de Diversidad Biológica, de Zonas Húmedas y Desertificación.

1.6. Mecanismo de desarrollo limpio (CDM)

El llamado "mecanismo de desarrollo limpio" (CDM en inglés) permitirá a los países industrializados disminuir sus esfuerzos domésticos de reducción de emisiones merced a las actividades realizadas en los países en desarrollo. El artículo 12 del Protocolo de Kioto define las características del mecanismo de desarrollo limpio, cuyo propósito declarado es "ayudar a las Partes no incluidas en el Anexo I a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el Anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones".

El CDM se originó a partir de una propuesta de Brasil en la COP3, y en teoría podía beneficiar tanto a los países industrializados del Anexo I, que podrían cumplir sus compromisos con un coste menor, como a los países en desarrollo, que obtendrían financiación, en teoría adicional, para proyectos que contribuyen a aumentar la eficiencia energética y la participación de las energías renovables.

El mecanismo de desarrollo limpio podría, y debería, servir para ayudar a los países en desarrollo a alcanzar un desarrollo sostenible con equidad, dando prioridad a la mejora de la eficiencia energética, a las energías renovables y al transporte colectivo. Sin embargo, algunos países proponen incluir la energía nuclear, el carbón "limpio", las grandes centrales hidroeléctricas y los sumideros, como las plantaciones de eucaliptos, lo que según el CAN va en contra de la equidad y la sostenibilidad. El 10% de los fondos del CDM se debe destinar a proyectos de adaptación al cambio climático en los países en desarrollo más vulnerables, como los pertenecientes a la "Alianza de Pequeñas Islas Estados" (AOSIS en inglés), que en algunos casos incluso podrían desaparecer a causa de la subida del nivel del mar. La financiación de los proyectos de adaptación se basa en le principio de que el que contamina, paga, y los países del Anexo I son los causantes de gran parte de la contaminación.

El mercado potencial de emisiones en el marco del "mecanismo de desarrollo limpio" es enorme, y se habla incluso de cientos de millones de toneladas anuales de carbono, aún sin incluir las actividades forestales y de cambios de uso del suelo, los llamados sumideros. Actualmente se habla de unos 200 millones de toneladas anuales de carbono, lo que, junto con otros mecanismos, reduciría el esfuerzo doméstico de los países de la OCDE a poco más de 100 millones de toneladas anuales de carbono para el año 2010. Pero si se permite incluir los proyectos forestales en el CDM, los créditos disponibles podrían llegar a unos 700 millones de toneladas anuales de carbono, lo que haría innecesario cualquier esfuerzo doméstico de reducción de las emisiones de gases de invernadero en los países industrializados.

Los proyectos CDM deben tomar en consideración las realidades culturales, sociales y ambientales de los países implicados, y deberían contribuir a la sostenibilidad y a la reducción de las amenazas del cambio climático. El CDM abre un gran agujero potencial en el Protocolo, al permitir que los países del Anexo B del Protocolo no reduzcan sus emisiones domésticas, pero también plantea posibilidades interesantes para los países en desarrollo y para las energías renovables y otras tecnologías sostenibles.

El CDM permite a los países industrializados del Anexo B reducir sus compromisos de reducción de emisiones, pero no obliga a nada a los países en desarrollo o no pertenecientes al Anexo B, por lo que su impacto en las emisiones totales es más que discutible, al no haber ninguna "adicionalidad" sobre lo que habría ocurrido sin el CDM, siendo el único mecanismo de flexibilidad que abre tal posibilidad.

Antes de que comience a funcionar, las Partes deben establecer unos criterios claros y un organismo fuerte que regule todo el proceso, y se debe exigir la ratificación del Protocolo de Kioto como un prerrequisito básico para que un país pueda participar en el CDM, ya sea comprando o vendiendo Certificados de Reducción de Emisiones (CERs en inglés). También se debe poner un tope o un límite a los CERs, cuanto más bajo mejor, evitando que sirva para que los países ricos no hagan sus tareas, reduciendo sus emisiones, pues al fin y al cabo este es el objetivo de EE UU y otros países del Anexo B del Protocolo. Se debe establecer un registro internacional de todas las transacciones de CERs, evitando los posibles fraudes, y una clara metodología contable. Todos los proyectos CDM deben ser descritos en los informes nacionales, y sólo se deben contabilizar una vez realizados, y no antes, pues un proyecto puede fracasar, y no se obtendría ninguna reducción de las emisiones. Entre los muchos puntos objeto de debate están la inclusión en el CDM de los biocombustibles, y sobre todo los sumideros.

No obstante, un desarrollo adecuado del CDM podría tener grandes efectos beneficiosos, aprovechando las vías que abre el artículo 12 del Protocolo. ¿Qué hace falta? Control, transparencia, participación y beneficio para las comunidades locales, transferencia de las tecnologías realmente sostenibles, y adaptación de éstas a los países en desarrollo, sirviendo también, y sobre todo, a los 2.000 millones de pobres de las zonas rurales que carecen de electricidad y otros servicios energéticos.

Una propuesta interesante es crear un proceso de certificación de los proyectos CDM, y de "certificación de los certificadores", para asegurarse de sus beneficios sociales, ambientales y económicos. La energía nuclear, el llamado "carbón limpio" y las grandes centrales hidroeléctricas no son sostenibles ni deben entrar bajo ningún concepto en el CDM, pues entre otras cosas van contra el espíritu y la letra del artículo 12 del Protocolo.

1.7. Transporte aéreo y marítimo internacional

Otro de los agujeros del Protocolo de Kioto es la exclusión de las emisiones ocasionadas por el transporte aéreo y marítimo internacional, los llamados bunkers, lo que supondrá emitir a la atmósfera otros 90 millones de toneladas anuales de carbono en el año 2010 respecto al año base de 1990. Entre 1990 y 1995 las emisiones de estos dos sectores han aumentado en un 10%.

Según el IPCC la aviación representa el 3,5% de las emisiones de gases de invernadero en la actualidad, y dentro de unas décadas llegará al 11%. Los aviones supersónicos consumen el doble de energía por pasajero kilómetro que los subsónicos, aunque su impacto en los gases de invernadero es cinco veces mayor. El transporte aéreo y marítimo debe ser incluido, tal como recomienda el IPCC, en los inventarios nacionales, sujetos a objetivos de reducción.

1.8. Energía nuclear

La industria nuclear trata de aferrarse al Protocolo de Kioto y a dos de sus mecanismos, la JI y el CDM, como a una tabla de salvación para un sector en declive y sin futuro. La energía nuclear no es ninguna solución al cambio climático y es totalmente incompatible con la sostenibilidad, a causa de la producción de residuos radiactivos, los problemas de seguridad y proliferación, y los costes económicos, entre otros muchos factores. Algunos países, como EE UU, Canadá, Japón, Francia, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, están presionando para incluir a la energía nuclear dentro del CDM, lo que es inaceptable para la práctica totalidad de las ONG y buena parte de los países, tanto del Anexo I, como del mundo en desarrollo.

La COP7 debe determinar con toda claridad que sólo la eficiencia energética y las energías renovables son la solución sostenible y fiable al cambio climático, elaborando una lista de tecnologías sostenibles, y descartando con toda rotundidad a la energía nuclear.

1.9. Instituciones financieras internacionales

El Banco Mundial y el Banco Europeo de Desarrollo tratan de jugar un papel importante en el desarrollo de la JI y el CDM. A estas dos instituciones y a otras instituciones financieras internacionales, tanto públicas como privadas, multilaterales como bilaterales, se les debe exigir mayor transparencia y control sobre sus actividades, que en muchos casos, o casi siempre, contribuyen a financiar proyectos que aumentan las emisiones de gases de invernadero, y minan los objetivos del protocolo de Kioto. Los mecanismos financieros se deben clarificar, y debe haber fondos adicionales para el CDM. Poco se habrá avanzado si los fondos proceden de la actual ayuda oficial al desarrollo (AOD). Sería vestir un santo a costa de desnudar a otro.

1.10. Cumplimiento

Una vez que el Protocolo entre en vigor, lo que aún está por ver, queda por resolver una cuestión clave: ¿Qué pasa en caso de un más que probable incumplimiento por algunos de los países del Anexo I? Para que un Protocolo tenga alguna fuerza, debe contar con mecanismos y órganos para juzgar, sancionar y penalizar a las Partes que no cumplen sus compromisos, y esas sanciones deben ser fundamentalmente económicas. Debería establecerse alguna penalización, cuanto mayor mejor, y destinar los fondos a proyectos de eficiencia energética y energías renovables, fundamentalmente en los países más pobres.

1.11. Programa de Educación Ciudadana

Los gobiernos solos no pueden resolver el grave problema del cambio climático. Las campañas ciudadanas deben aumentar la conciencia de la opinión pública sobre este grave problema, contribuyendo a comprender las políticas a desarrollar, y participando en ellas. Sin un aumento de la presión de la opinión pública nacional e internacional, el cambio climático no tiene solución. El ciudadano seguirá utilizando su automóvil, protestará por las subidas de los precios de los combustibles, seguirá despilfarrando energía y será fácil presa de las campañas de intoxicación de las grandes empresas afectadas por los intentos de reducir las emisiones de gases de invernadero.

El propio Protocolo de Kioto, en su artículo 10.e, se refiere a ellas, pero hasta ahora poco o nada se ha hecho al respecto.

Sin la presión ciudadana y el importante papel de los medios de comunicación, no se forzará a las partes más reticentes a aceptar compromisos que supongan un paso importante para frenar el cambio climático y avanzar hacia la sostenibilidad. El cambio climático afecta a todos, y su solución no sólo corresponde a los gobiernos.

1.12 Evolución de las emisiones de gases de invernadero en los países industrializados (Anexo I) entre 1990 y 1998

1.13. Referencias

A. Internet

Entre las miles de páginas web, hay que destacar las siguientes, y en inglés, desgraciadamente:

http://www.unfccc.de La web oficial, donde pueden consultarse todos los documentos oficiales, incluido el Protocolo de Kioto.

http://www.ipcc.ch La web sobre los fundamentos científicos del clima, base e inspiración de las propuestas para reducir las emisiones de gases de invernadero.

http://www.climnet.org La web del Climate Action Network (CAN), de la que forman parte el WWF, Amigos de la tierra Internacional y Greenpeace, entre otras ONG, con documentos de las ONG y enlaces con todos los temas relacionados con el clima, el Protocolo de Kioto y la COP6.

http://www.iisd.ca La web del IISD contiene todos los detalles de la negociación de la COP6, y hace un seguimiento diario de todas las conferencias internacionales relacionadas con el clima.

http://www.greenpeace.org/climate/ La web de Greenpeace contiene todos los documentos de esta ONG en formato PDF sobre cambio climático.

http://www.foei.org/campaigns/ClimateChange/ La web de Amigos de la Tierra contiene numerosos documentos sobre cambio climático, de una ONG presente en 65 países.

B. Libros y artículos.

1. Climate Action Network (CAN). COP5 CAN Position Paper. Bruselas, noviembre de 1999.

2. Climate Action Network (CAN). Public partipation in the CDM and JI. Bruselas, Julio de 2000.

3. Climate Action Network (CAN). Climate Change after Kyoto-Science, Politics, Solutions. Bruselas, febrero de 1998.

4. Greenpeace International, Undermining the Kyoto Protocol: Environmental Effectiveness versus Political Expediency, Amsterdam, 2000.

5. Greenpeace International, Making the Clean Development Mechanism Clean and Green. Buenos Aires, noviembre de 1998.

6. Greenpeace International, Greenpeace Analysis of the Kyoto Protocol. Bonn, Julio de 1998.

7. Greenpeace International, Implementing the Kyoto Protocol. Buenos Aires, noviembre de 1998.

8. Amigos de la Tierra, Discussion Paper on the Clean Development Mechanism. Bruselas, 1998.

9. Amigos de la Tierra, Emissions Trading and Joint Implementation. Bruselas, 1998.

10. Ingo Puhl, Joint Implementation Definitions and Terminology, Center for Clean Air Policy. Washington, 1999.

11. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Reporting Instructions, Volume 1,Glossary.

12. FAO. State of the World"s Forests 1997, 1998 y 1999. Roma, 1998, 1999 y 2000.

13. Christiana Figueres, Anne Hambleton et. al. "Implementing JI/AIJ: A Guide for Establishing Joint Implementation Programs". The Center for Sustainable Development in the Americas, Washington, 1996.

14. Agarwal, A. y Narain, S. "The Kyoto Protocol. What it says?", Centre for Science and Environment, Nueva Dehli, 1998.

15. Dudeck, Daniel, Goffman, Joseph, Salon, Deborah, y Wade, Sarah. "More Clean Air for the Buck: Lessons From the U.S. Acid Rain Trading Program", Environmental Defense Fund, Washington, noviembre, 1997.

16. "JI Braintrust: Methodologies for CDM Project Baselines" Joint Implementation Quarterly, Vol 4 No. 2, junio, 1998.

17. Climate Network Europe: Independent NGO Evaluations of National Plans for Climate Change Mitigation. OECD Countries. 1997.

18. Ministerio de Medio Ambiente. "Segunda Comunicación Nacional de España a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático". Madrid, 1997.

19. MOPTMA. "Informe de España a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático". Madrid, 1994.

20. MOPTMA. "Programa Nacional sobre el Clima". Madrid, 1994.

21. IPCC, Climate Change 1995 (tres tomos que suman 1.898 páginas) y Climate Change 1994. Radiative Forcing of Climate Change and An Evaluation of the IPCC IS92 Emission Scenarios. Cambridge University Press, 1996 y 1995. En 1995 se publicó un resumen titulado Radiative Forcing of Climate Change. WMO/UNEP. Geneva, 1995. Otros informes del IPCC son: Scientific Assessment of Climate Change. WMO/UNEP. Ginebra, 1990; Climate Change: the IPCC Scientific Assessment, Cambridge University Press, 1990; Climate Change 1992: The Supplementary Report to the IPCC Scientific Assessment, Cambridge University Press, 1992.

22. Revista Hotspot, publicada por Climate Network Europe. Hasta julio de 2000 han sido publicados 13 números.

23. Revista World Watch, publicada por el Worldwatch Institute. El nº5 está dedicado en su totalidad al cambio climático.

24. Worldwatch Institute. Los informes anuales La situación del mundo, publicado en castellano por Icaria/Fuhem y Signos Vitales (Gaia Proyecto 2050), analizan todos los temas relacionados con el cambio climático, y proporcionan todos los datos básicos, así como una extensa bibliografía.

2. Evolución de las emisiones de gases de invernadero en España

2.1. Introducción

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España han aumentado un 29% entre 1990 y 1999. El gobierno español, como demuestra el aumento de las emisiones, no tiene ningún plan serio para cumplir los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto de 1997 y en el seno de la Unión Europea, compromisos que establecen un tope del 15% de aumento entre 1990 y el 2010. Las emisiones en unidades de CO2 equivalente, considerando los seis gases de efecto invernadero, han aumentado en un 26,8% en España entre 1990 (año base) y 1999, cifra que casi duplica al 15% al que se ha comprometido el gobierno de España en la Unión Europea, aumento que en su momento fue ampliamente criticado por considerarlo excesivo.

¿Cómo espera cumplir el gobierno español los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto? ¿Qué hará para reducir las emisiones actuales (2000) a la mitad, pues ya duplican el compromiso firmado? Con el escenario actual, el gobierno incumpliría gravemente el principal protocolo para proteger el medio ambiente y el clima, pues para el periodo 2008-2012 las emisiones en España podrían ser superiores en un 60% a las del año base. ¿Qué legitimidad tiene España para pedir a los países en desarrollo que estabilicen sus emisiones de gases de invernadero, cuando éstas en la actualidad son como media inferiores en más de la mitad a las emisiones españolas? La evolución de las emisiones de gases de invernadero son el mejor indicador del compromiso de un gobierno con el medio ambiente.

El Protocolo de Kioto de diciembre de 1997 concluyó con la adopción de un protocolo de reducción de emisiones de gases de invernadero por los 38 países industrializados. El compromiso, que se encuentra en un difícil periodo de ratificación, obliga a limitar las emisiones conjuntas de seis gases (CO2, CH4, N2O, compuestos perfluorocarbonados (PFC), compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) y hexafluoruro de azufre) respecto a las de 1990 durante el periodo 2008-2012, en proporciones diferentes según el país: reducción de un 8% para el conjunto de la Unión Europea, un 7% para EE UU y un 6% para Japón. Ucrania, la Federación Rusa y Nueva Zelanda se comprometen a mantener sus emisiones de 1990. En conjunto la reducción global acordada es de un 5,2% para los países industrializados. El Protocolo no obliga en una primera fase a los países en desarrollo, dadas sus menores emisiones por habitante.

La Unión Europea, según la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), no logrará cumplir los compromisos de reducción adquiridos en Kioto si no reacciona oportunamente. Según la AEMA entre 1990 y 1996 la UE en su conjunto sólo redujo sus emisiones de CO2 en un 1%, pero tal cifra palidece ante el enorme aumento del 26,8% registrado en España.

2. 2. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España entre 1990 y 1999, sin incluir los sumideros, han aumentado un 29%, pasando de 226 millones de toneladas en 1990 (año base) a 291,3 millones de toneladas en 1999. (Ver Tabla 1). En 1998 representaron el 73,8% de las emisiones brutas de gases de invernadero en España, sin incluir los sumideros. En 1998 el sector energético fue el responsable del 90,8% del total de las emisiones, y dentro de éste el transporte emitió 29% del total de las emisiones de CO2. La producción de cemento ocasionó en 1998 el 7,5% de las emisiones totales. El 1,7% restante corresponde a la incineración de residuos, industria química y metalúrgica.

Tabla 1

Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España (miles de toneladas)

Fuente: MIMAM y elaboración propia. Los datos de 1999 son provisionales y pueden sufrir alguna variación.

2. 3. Emisiones de metano (CH4) en España

En 1990, año base, se emitieron en España un total de 1.648.874 toneladas de metano, mientras que en 1998 se llegó a 2.076.926 toneladas, con un aumento del 26%, cifra muy considerable y que demuestra que la administración no ha hecho nada para reducir las emisiones.

El metano representó en 1998 el 11,8% de las emisiones brutas de los seis gases de invernadero, en dióxido de carbono equivalente sin incluir los sumideros.

En 1998 la fermentación entérica ocasionó el 29,9 % (620.163 toneladas), la gestión del estiércol el 17,4% (361.156 toneladas), los vertederos el 35,1% (729.565 toneladas), la minería del carbón el 3,6% ((74.754 toneladas), el petróleo y el gas natural el 5% (103.349 toneladas), y las aguas residuales el 2,6% (54.205 toneladas). Los cultivos de arroz sólo emitieron 12.612 toneladas, cifra inferior a las incineradoras de residuos (13.591 toneladas).

Las emisiones de metano podrían reducirse fácilmente en una proporción importante, con medidas poco costosas.  

Tabla 2

Emisiones de metano (CH4) en España (miles de toneladas de CO2 equivalente)

Fuente: MIMAM y elaboración propia. Los datos de 1999 son provisionales y pueden sufrir alguna variación.

2.4. Emisiones de óxido nitroso (N2O) en España

Las emisiones de óxido nitroso (N2O) en España en 1990, año base, ascendieron a 133.019 toneladas, y representaron el 11,9% de las emisiones de gases de invernadero en España en 1998, sin incluir los sumideros. En 1998 ascendieron a 141.447 toneladas, cifra ligeramente superior.

En 1998 las mayores emisiones se debieron a la gestión del estiércol (36,2%, 51.244 toneladas) y a los fertilizantes aplicados a los suelos agrícolas (43,2%, 61.083 toneladas). El sector energético emitió en 1998 un total de 18.821 toneladas (13,3%), y la industria química 6.993 toneladas (5%).

Tabla 3

Emisiones de óxido nitroso (N2O) en España (miles de toneladas de CO2 equivalente)

Fuente: MIMAM y elaboración propia. Los datos de 1999 son provisionales y pueden sufrir alguna variación.

2.5. Emisiones de compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) en España

Los HFC han sustituido a los CFC que destruyen la capa de ozono, y se emplean fundamentalmente en equipos de refrigeración y aire acondicionado, extintores de incendios y aerosoles. Los HFC no dañan la capa de ozono, pero son potentes gases de invernadero.

En 1995, año base a efectos del Protocolo de Kioto, se emitieron 481,6 toneladas, mientras que en 1998 se llegó a 1.205,3 toneladas, equivalentes en 1998 a 8.451.700 toneladas de CO2 equivalente. Al igual que en el pasado se eliminaron los CFC, hoy urge suprimir los HFC, productos fácilmente sustituibles. En 1998 representaron el 2,3% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España (sin incluir los sumideros).

Tabla 4

Emisiones de compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) en España (miles de toneladas de CO2 equivalente)

Fuente: MIMAM y elaboración propia. Los datos de 1999 son provisionales y pueden sufrir alguna variación.

2.6. Emisiones de compuestos perfluorocarbonados (PFC) en España

La práctica totalidad de las emisiones de compuestos perfluorocarbonados se debe a la producción de aluminio. En 1995, año base para los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto, se produjeron en España 108 toneladas de CF4 y 9,5 toneladas de C2F6. Las emisiones desde entonces permanecen estancadas en cifras ligeramente superiores a las 100 toneladas (108,6 toneladas en 1998), equivalentes a 794.300 toneladas de CO2.

En 1998 representaron el 0,2% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España (sin incluir los sumideros).

Tabla 5

Emisiones de compuestos perfluorocarbonados (PFC) en España (miles de toneladas de CO2 equivalente)

Fuente: MIMAM y elaboración propia. Los datos de 1999 son provisionales y pueden sufrir alguna variación.

2.7. Emisiones de hexafluoruro de azufre (SF6)

El hexafluoruro de azufre (SF6) se emplea en equipos eléctricos. En 1995, año base para el Protocolo de Kioto, se emitieron 6.045 kilogramos, y en 1998 las emisiones aumentaron hasta llegar a 7.650 kg, equivalentes a 182.800 toneladas de CO2 equivalente.

En 1998 representaron el 0,05% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España (sin incluir los sumideros).

Tabla 6

Emisiones de hexafluoruro de azufre (SF6) (miles de toneladas de CO2 equivalente)

Fuente: MIMAM y elaboración propia. Los datos de 1999 son provisionales y pueden sufrir alguna variación.

2.8. Emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España

Las tablas 7 y 8 muestran la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España entre 1990 y 1999. Los datos dejan poco lugar a dudas, y son sin duda el peor indicador de la situación del medio ambiente en España.

Tabla 7

Emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España (miles de toneladas de CO2 equivalente)

Fuente: MIMAM y elaboración propia. Los datos de 1999 son provisionales y pueden sufrir alguna variación. El año base se compone de las emisiones de 1990 de CO2, CH4 y N2O, y las emisiones de 1995 de los compuestos perfluorocarbonados (PFC), compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) y hexafluoruro de azufre).

Tabla 8

Emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España. Índice respecto al año base.

Fuente: MIMAM y elaboración propia. Los datos de 1999 son provisionales y pueden sufrir alguna variación. El año base se compone de las emisiones de 1990 de CO2, CH4 y N2O, y las emisiones de 1995 de los compuestos perfluorocarbonados (PFC), compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) y hexafluoruro de azufre).

Por sectores, las emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España entre 1990 y 1998 han sido las siguientes:

• Sector energético. Es el mayor responsable del conjunto de las emisiones, pues en 1999 representó el 70% del total, con 275 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente, lo que representa un aumento del 27,7% respecto a los 216 millones de toneladas emitidos en 1990.

• Los procesos industriales distintos a la combustión, como la producción de cemento, industria química y metalúrgica, representaron en 1999 el 9,4%, con un aumento del 33% respecto al año base de 1990.

• Los disolventes y otros productos, aunque sólo representan el 0,5% del total, han aumentado en un 17% respecto al año base, en que se emitieron 1.553.950 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente.

• La agricultura y la ganadería representan el 15% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un aumento del 5,5% respecto al año base.

• Los residuos representan el 5,1% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un aumento del 63% respecto al año base, en que se emitieron 11.463.650 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente. Las emisiones de metano son responsables en gran parte.

Dadas las consecuencias del cambio climático en España (inundaciones y sequías, desaparición de playas, incendios forestales, perjuicios al turismo, la agricultura, la salud y a la diversidad biológica), cabría esperar una política más beligerante por parte de la Administración. Y sin embargo ésta deja traslucir una cierta indiferencia, cuando no el más trasnochado desarrollismo, reclamando el derecho a contaminar más.

En el 2010 el transporte supondrá cerca del 40% de las emisiones de CO2, frente al 30% de 1999. Las medidas del gobierno en el sector del transporte en España son sólo cosméticas, pues la política real sigue siendo la de favorecer el transporte por carretera de mercancías y de viajeros y el uso del automóvil. El aumento de la eficiencia en los nuevos vehículos, y algunos programas para emplear gas natural y biocombustibles en algunos autobuses urbanos, sólo reducirán en un pequeño porcentaje el aumento previsto de las emisiones. La reducción de los consumos unitarios de los vehículos, actuando sobre ellos o sobre la forma de utilizarlos, es necesaria pero insuficiente. Tanto o más importante es la reorientación hacia los modos más eficientes, como el ferrocarril, el transporte público y los modos no motorizados, y las actuaciones encaminadas a la gestión de la demanda y la moderación de la movilidad.

En España "el medio ambiente va mal", y el incremento de las emisiones de CO2 en un 6,7% sólo en 1999 respecto a 1998, es un indicador elocuente.

Referencias

1. CC OO (2000). Evolución de las emisiones de gases de invernadero en España, Madrid, 2000.

3. Políticas para el cambio climático

3.1. De Kioto a La Haya

Tras la Cumbre del Clima de Kioto y el fracaso de la COP6 en La Haya es necesario reducir de las emisiones de gases de invernadero, incluso de forma unilateral, ratificando el Protocolo de Kioto y aumentando la eficiencia energética, desarrollando las energías renovables, mejorando el transporte público y el ferrocarril y reduciendo la deforestación.

El año 1998 fue el más caluroso del siglo, y todo apunta a que ya se está produciendo un cambio climático inducido por las actividades humanas, especialmente por el consumo energético de combustibles fósiles y la deforestación. Frente al calentamiento global, la Conferencia sobre el Cambio Climático, celebrada en Kioto en diciembre de 1997, se saldó con un protocolo totalmente insuficiente, pues sólo contempla una reducción del 5,2 por ciento para el conjunto de los gases de invernadero en los países industrializados y los agujeros le restan mucha eficacia. Al considerar la suma de seis gases, las emisiones de CO2 pueden aumentar mucho cumpliendo formalmente el protocolo; la inclusión de los sumideros abre la puerta a todo tipo de fraudes y el mercado de emisiones permite que los países más ricos no reduzcan sus propias emisiones. Lo más positivo del nuevo Protocolo de Kioto es que fue primer paso para su próxima reforma, a medida que se perciban las gravísimas consecuencias económicas, ambientales y sociales de no actuar.

La principal responsabilidad de no haber alcanzado el protocolo que se necesita, y de que este no haya sido ratificado, recae en EE UU, Japón y Australia, cuyos gobiernos se han plegado a la presión de las grandes multinacionales del petróleo, el carbón y el automóvil, pero también en alguna medida al gobierno español, al imponer la diferenciación en el seno de la burbuja de la Unión Europea. La diferenciación reclamada por España ha servido para que otros países industrializados reclamen igual tratamiento. El gobierno español se niega a reducir las emisiones de gases de invernadero en España. Las emisiones por habitante de CO2 en España en 1999 (6 toneladas) fueron superiores en un 50% a la media mundial (4 toneladas).

La cumbre de La Haya en noviembre de 2000 debería haber servido para mejorar los acuerdos alcanzados en Kioto, con una mayor reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de invernadero para el año 2010 respecto a las de 1990, en los países industrializados. El objetivo inmediato debe ser ratificar cuanto antes el Protocolo de Kioto.

Los objetivos deberían ser obligatorios y para cada uno de los gases de invernadero, dando prioridad al CO2, en términos absolutos y no por habitante, y sin incluir los sumideros (océanos o bosques). Establecer una fecha temprana, como el 2010, es esencial para adoptar medidas eficaces y que surtan rápido efecto sobre todos los gases de invernadero: CO2, metano, óxido nitroso, perfluorocarbonados (PFC), compuestos halocarburos (HFC) y hexafluoruro de azufre.

Igualmente necesario es la inclusión de las emisiones del transporte aéreo y marítimo internacional. Las Partes no deben tratar de imponer un sistema de mercado de emisiones, y aún menos las llamadas iniciativas de aplicación conjunta (Joint Implementation, JI) con países no industrializados. El posible acuerdo por el que EE UU compraría a Rusia el derecho a emitir más dióxido de carbono es totalmente inaceptable, pues permitiría que el mayor contaminador del mundo siguiese aumentando sus emisiones, gracias a la crisis de la antigua URSS.

Los países industrializados deben establecer planes claros para reducir las emisiones, incluyendo instrumentos fiscales (impuestos sobre las energías no renovables, incentivos a las renovables y a la eficiencia), supresión de las subvenciones a los combustibles fósiles y los presupuestos para llevarlos a cabo. Entre otras medidas se deben reducir los incendios forestales y la emisión de gases de invernadero, como el metano y el óxido nitroso, así como la producción y consumo de cemento, una de las principales fuentes de emisión de CO2, agravada por la construcción de autovías, carreteras y otras infraestructuras. Cada tonelada de cemento consumida causa la emisión de 498 kilogramos de CO2. Una política de repoblaciones forestales con especies autóctonas, en las zonas adecuadas, retiraría de la atmósfera grandes cantidades de CO2, frenaría la erosión, las inundaciones y las sequías, dado el efecto esponja de los bosques. Pero los bosques y los mares, aún actuando como sumideros, son incapaces de retirar la cantidad actual de CO2 emitida anualmente.

La reducción del consumo de carne, del empleo de fertilizantes, de las fugas de metano en la minería de carbón y en la red de gasoductos, y de la cantidad de residuos, y una política forestal que reduzca la superficie afectada por incendios forestales, permitirá cumplir los objetivos de reducción de CH4 y N2O. La fabricación de nailon y la de ácido nítrico son responsables de gran parte de las emisiones antropogénicas de óxido nitroso. La eliminación de los HFC no plantea ningún problema, pues hay alternativas viables. La reducción de la generación de residuos, el reciclaje, la prohibición de la incineración y el aprovechamiento del metano de los vertederos, son algunas de las medidas de una política de residuos adaptada al cambio climático.

3.2. Ante el cambio climático, reducción del CO2 y otros gases de invernadero

El gobierno español no tiene ningún plan serio y digno de tal nombre para cumplir los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto de 1997 y en el seno de la Unión Europea, compromisos que establecen un tope del 15% de aumento entre 1990 y el 2010.

El Plan Energético Alternativo ENERGÍA 2010 pretende ofrecer una alternativa viable y sostenible para afrontar los grandes desafíos sociales y ambientales. Los objetivos, a conseguir gradualmente para el horizonte del año 2010, son los siguientes:

• A.-Conseguir que las emisiones de CO2 del sector energético no aumenten más del 15% para el año 2010, respecto a 1990, como primer paso para una reducción ulterior del 60% en el año 2030. Tal objetivo es totalmente insuficiente, pero dado que en 1999 las emisiones habían crecido un 30%,, en la práctica supone reducir en cerca de un 15% las emisiones actuales.

• B.-Cierre de las centrales nucleares existentes en el horizonte del año 2010, estableciendo planes de desarrollo económico que mantengan el empleo en las zonas en que se encuentran situadas.

• C.-Aumento de la eficiencia energética, proporcionando mayores servicios con un menor consumo energético.

• D.-Desarrollo de las energías renovables, especialmente la eólica y la solar directa.

• E.-Mayor penetración del gas natural como energía de transición hacia un sistema basado en las energías renovables.

• F.-La reconversión del sistema energético debe servir para aumentar el nivel tecnológico, la equidad y la creación del mayor número de empleos estables. Igualmente servirá para reducir el impacto ambiental. Para ello se debe acometer una reforma fiscal ecológica que grave la emisión de sustancias contaminantes y/o que contribuyen al cambio climático, y que combinen el palo (impuestos, normas) con la zanahoria (subvenciones, desgravaciones fiscales).

El fin es la elaboración de una propuesta de política energética alternativa a la actual (¿pero existe alguna?), creíble, posible y necesaria.

3.3. Necesidad de un cambio de rumbo

En 1999 el consumo mundial de energía llegó a 10.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep): 2.146 Mtep de carbón, 3.200 Mtep de petróleo, 2.301 Mtep de gas natural (20,1%), 607 Mtep de nuclear, 220 Mtep de hidroeléctrica y cerca de 1.500 Mtep de biomasa (14%), fundamentalmente leña, y pequeñas cantidades de geotermia, solar y eólica (menos del 2%). La producción, transformación y consumo final de tal cantidad de energía es la causa principal de la degradación ambiental. El consumo está muy desigualmente repartido, pues los países del Norte, con el 25% de la población mundial, consumen el 66% de la energía, factor este último a tener en cuenta a la hora de repartir responsabilidades de la crisis ambiental causada por la energía.

En España en 1999 el consumo de energía primaria ascendió a 119,2 millones de toneladas equivalentes de petróleo (incluidas la biomasa, la eólica y la solar directa). La producción, transformación y uso final de tal cantidad de energía también en España es la causa principal de la degradación ambiental:

• -9 centrales nucleares en funcionamiento y una cerrada definitivamente, y un grave problema de residuos radiactivos,

• -cerca de un millar de embalses han anegado de forma irreversible 3.000 kilómetros cuadrados,

• -en 1998 las emisiones del sector energético ascendieron a 247,8 millones de toneladas de dióxido de carbono, a 232.403 toneladas de metano, 18.821 toneladas de óxidos de dinitrógeno, a 1.573.470 toneladas de dióxido de azufre, 3,08 millones de monóxido de carbono y a 1,26 millones de toneladas de óxidos de nitrógeno.

• -la minería a cielo abierto de carbón ha destruido de forma irreversible más de 100.000 hectáreas de suelo en León, A Coruña y Teruel. La silicosis afecta a la gran mayoría de los mineros. El lavado de carbón ha contaminado numerosos ríos.

La grave crisis ambiental, el agotamiento de los recursos y los desequilibrios entre el Norte y el Sur, son factores que obligan a acometer una nueva política energética. A corto plazo la prioridad es incrementar la eficiencia energética, pero ésta tiene unos límites económicos y termodinámicos, por lo que a más largo plazo sólo el desarrollo de las energías renovables permitirá resolver los grandes retos del futuro, como son el efecto invernadero, los residuos nucleares y las desigualdades Norte-Sur.

La energía nuclear de fisión es cara, peligrosa, contaminante, contribuye a la proliferación nuclear, no es una alternativa real al cambio climático y crea uno de los mayores problemas ambientales: los residuos radiactivos. La energía nuclear es desde todos los puntos de vista la peor de las fuentes de energía. La fusión nuclear ni es alternativa, ni limpia, al producir tritio así como otros productos radiactivos, y puede contribuir a la carrera de armamentos. Los vastos recursos y medios hoy destinados a la investigación de la fusión y de la fisión, deberían emplearse en energías renovables y en eficiencia.

Al ritmo actual de extracción, las reservas estimadas (no sólo las conocidas o rentables en este momento) de carbón durarán 1.500 años, las de gas natural 120 y las de petróleo no menos de 60 años. La mejora de las tecnologías de extracción incrementará la duración de las reservas, al acceder a las zonas marítimas profundas. No existe un problema de agotamiento de los combustibles fósiles en un horizonte inmediato, aunque el consumo actual es 100.000 veces más rápido que su velocidad de formación; la verdadera cuestión es la de los sumideros, especialmente la atmósfera, en la que se acumula el dióxido de carbono y otros gases de invernadero, con el subsiguiente calentamiento de la atmósfera.

El impacto de la demanda de electricidad sobre el medio ambiente (más de 13.000 TWh en todo el mundo y 208 TWh en España en 1999) en parte puede ser evitado con una política de decidido aumento de la eficiencia energética, de supresión de las subvenciones o de las tarifas artificialmente bajas, como en el caso del aluminio u otros productos intensivos en electricidad, y buscando las alternativas con menor impacto.