Sociedad civil y construcción de nueva subjetividad social en Uruguay: condicionamientos, conflictos, desafíos

Enviado por Alfredo Falero

En Uruguay, como en toda América Latina, se experimentan búsquedas, se tantean caminos, hacia una nueva etapa cuyas características son absolutamente inciertas. Lejos de constituir una excepcionalidad regional, el empobrecimiento creciente, la extensión de la marginación y la expropiación sin precedentes que viven sectores bajos y medios constituyen manifestaciones inequívocas de la crisis económica instalada, pero sobre todo es el producto inevitable de un patrón de acumulación gestionado desde hace años, en el caso uruguayo, por la centro-derecha del espectro político.

En este contexto, la oposición política, el Encuentro Progresista-Frente Amplio, que aglutina un abanico de sectores que va de la izquierda al centro político, es capaz de acumular descontentos diversos, de crecer elección tras elección, pero al mismo tiempo se presenta atravesado por dosis inéditas de pragmatismo y moderación, frecuentemente con efectos paralizantes. Cada posicionamiento, cada acción, aparece minada con la excesiva prudencia que marca el temor de complicar resultados electorales, lo que a su vez realimenta el desconcierto en una corriente social de cambio que sigue mirando como referente a esa fuerza política.

En todo caso, está latente una vez más el recurso del capital simbólico acumulado, del que se espera, una vez abierto en toda su magnitud el juego electoral, logre neutralizar o matizar los anteriores desconciertos de quienes se alinean en giros políticos de transformación social, e involucrarlos más activamente ante expectativas cercanas de obtener el gobierno.

De todos modos, también subyace en tal postura, y en esta coyuntura, la proyección de un escenario enormemente simplista y simplificador que no vamos a caracterizar aquí, aunque el simple sentido común indica que no puede esperarse que quienes gozan de privilegios los cedan sin luchar.

Dentro de este complejo panorama actual signado por la agudización de la degradación social y el utilitarismo y la inoperancia del sistema político se observa un conjunto importante de prácticas colectivas de resistencia, un arco de viejas e inéditas manifestaciones de descontento, acciones de construcciones sociales clásicas y un abanico de experiencias creativas. Pero también existe una evidente percepción de incapacidad y frustración para generar una corriente que pueda incidir en las decisiones políticas.

El objetivo de este trabajo es dar cuenta de una aproximación a esos dinamismos considerando un contexto de crisis y de reestructuración social. Se trata, más que de abordar esa pregunta equívoca del impacto de acciones colectivas concretas, de considerar un conjunto de expresiones sociales de demanda, desde actores visualizados no como dados o construidos, sino como en construcción y con potencialidad de abrir otro horizonte de posibilidades. En este sentido, la condición de desarrollo de algunos procesos nos exige ser prudentes. Así, la crisis financiera del año 2002 trajo movilizaciones inéditas como la de los deudores en dólares, pero un balance sociológico adecuado de las mismas exigiría una perspectiva temporal de la que todavía no se dispone. Esto nos lleva a explicitar algunos aspectos teórico-metodológicos.

ALGUNAS CLAVES CONCEPTUALES

Una primera clave que subyace al presente abordaje es que si se elige como único referente el concepto de movimiento social estaríamos cerrando el razonamiento a nuevas configuraciones, obviando los cambios que van germinando discretamente en el tejido social y que hacen a esa capacidad de construcción de lo nuevo. Por ello es preciso en principio considerar un concepto aglutinador de un todo complejo para luego dar cuenta de experiencias que transforman individuos y colectivos (Thompson, 1981) y de elaboración de significados de las demandas sociales (Sader, 1995).

La designación de sociedad civil para considerar lo anterior, en tanto referente sumamente extendido como distinción analítica con el ámbito estatal y con la esfera del mercado, puede ser útil siempre y cuando reparemos brevemente en la intensa disputa de sentidos de que es objeto el concepto y fijemos una dirección. En lo que aquí se presenta, y en la perspectiva ya desarrollada en trabajos anteriores (Falero, 2001[a]), aproximamos el concepto en una dirección gramsciana como campo donde aparece en tensión permanente la construcción de subjetividades y proyectos de sociedad encontrados.

Frente a abordajes que la presentan como mera pluralidad atomística de individuos, grupos u ONGs, como pura diversidad emanada de disolución de contenidos clasistas, rescatamos un ámbito de constitución de sujetos sociales que nos remite a la importancia de la construcción de hegemonía como expresión nuclear de un proyecto estratégico, como apropiación subjetiva y real de elementos de transformación social. En tanto campo de tensión hegemónica, en tanto ámbito de generación de una cultura de referencia alternativa a las relaciones dominantes, tiende a remarcarse a nuestro juicio un aspecto crucial que hace a la dificultosa y contradictoria formación de un nuevo sentido común (de Sousa Santos, 2000), de una nueva subjetividad social y de su capacidad de construcción (Zemelman, 1998).

A partir de lo anterior proponemos en lo que sigue una operacionalización de sociedad civil, reparando en dos aspectos esenciales.

Por un lado, los grandes ejes estructuradores, es decir, movimientos sociales que si bien parten de un tejido social que puede ser más atomizado o más denso presentan cierta permanencia en tanto vectores constituidos en la construcción de lo alternativo. No obstante, su propia complejidad los vuelve sensibles en su interior a tironeos de lógicas culturales diferentes e incluso del propio poder dominante, en tanto éste permanece convenientemente invisible, diseminado por el entramado de la vida social (Eagleton, 1997). O en la perspectiva más reciente de Holloway (2002), se trata de considerar la incidencia de una forma de socialidad de "poder sobre" que es potencialmente desplazable por una socialidad de "poder hacer".

Por otro lado, la capacidad de construcción de redes de micro-organizaciones del tejido social –insistimos, a partir de la articulación de necesidades, experiencias y expectativas– lo que supone ponderar la activación de prácticas inéditas, si bien sujetas a discontinuidades, de proyectos que abren otros horizontes posibles, en suma de creatividad social y nuevas formulaciones.

Si bien ambos ejes analíticos son parte de un todo interrelacionado, la distinción es una exigencia metodológica insoslayable para poder abordar el doble ángulo de lo constituido y lo constituyente (Negri, 1994), los productos de una determinada construcción sociohistórica pero también la apertura a lo posible, en el contexto de sociedades que están sujetas a una profunda reestructuración. Precisamente, es preciso realizar algunas breves observaciones de contexto sobre lo que este tránsito implica para el Uruguay.

EL URUGUAY DISTINTO

La literatura uruguaya en ciencias sociales exageró, a nuestro juicio (Falero, 1999; Robertt, 1997), en la adjudicación al Estado de un particular carácter de iniciativa como desencadenante de cambios que marcaron a fuego la dirección que se cristalizó en Uruguay desde principios del siglo XX. No cabe duda de que jugó un eficaz papel articulador en la generación de un modelo que tendió a matizar desigualdades socioeconómicas fuertes y que alimentó hasta ahora el mito integrador de la movilidad social ascendente generalizada, pero no puede entenderse ese papel sin la presencia de un movimiento sindical fuerte y de articulaciones construidas por otros actores y en otros contextos.

Esto quedó definitivamente cancelado. No sólo quedó atrás incluso el propio crepúsculo del modelo estatal heredado de comienzos del siglo XX, del llamado primer batllismo, sino que caducó el esquema material y simbólico de integración social que lo legitimó. En verdad, ya Real de Azúa (1971: 200) lo adelantaba genialmente a fines de los años sesenta al apuntar a la caducidad de toda esta estructura mental y entonces sin reemplazo visible. Se puede decir que las exequias del modelo duraron más de cuarenta años.

Paralelamente, el nuevo patrón de articulación económica y política con el exterior, designado con el eufemismo de "nuevo modelo exportador", comenzó contradictoriamente a cristalizarse con una manifiesta profundización de un relacionamiento asimétrico, común a la región. Ello ocurrió de la mano de un giro autoritario nítido del presidente Pacheco en 1968. La sucesión de oscuras figuras presidenciales a partir de Pacheco inclusive –Bordaberry y los militares de una dictadura que contó con abundantes cómplices y cortesanos provenientes de los partidos tradicionales, Sanguinetti y una recuperación democrática condicionada– basaron su prédica en un enemigo interno, en orden contra caos, que adquirió y adquiere sucesivas y renovadas designaciones.

No puede escatimarse una continuidad básica en este sentido, desde un comienzo de prédica anti-subversiva que incluía a los tupamaros pero también a partidos, sindicatos u otras organizaciones que supuestamente irrumpieron en una arcádica "Suiza de América", pasando por la demonización genérica de marxistas hasta el más reciente rótulo de populistas, que puede incluir las más variadas opciones políticas que se pretenda criticar.

De la dictadura que duró entre 1973 y 1985 se salió luego de un intento de auto-legitimación fracasado con el plebiscito militar de 1980, a partir de la eclosión de la organización de sectores populares (Filgueira, 1985) –especialmente a través de tres movimientos sociales importantes: sindical, estudiantil y FUCVAM, organización que nuclea las cooperativas de vivienda por ayuda mutua– y de la acción de los partidos políticos que buscaron una salida pactada en un contexto donde el propio poder económico había ya quitado su apoyo.

Los gobiernos electos posteriores –los presidentes Sanguinetti, Lacalle, Sanguinetti nuevamente y Batlle– fueron promotores de ajustes fiscales regresivos, gestores de la consolidación de un patrón de crecimiento socialmente excluyente1, y cultores, especialmente en el caso de los dos gobiernos de Sanguinetti y en el de Lacalle, de la imagen de un elenco militar siempre acechante, ingrediente básico para el fracaso del referéndum contra la ley de impunidad de los militares en 1989. Imagen continuada en un contexto regional que contradictoriamente no admitía intentos golpistas exitosos.

Existe otro aspecto importante a considerar en ese nivel. Porque aún teniendo presente la transformación de la forma Estado y el fortalecimiento del Poder Ejecutivo en Uruguay (de Sierra, 1992) debe observarse que la sucesión de integrantes de los poderes ejecutivos post-dictadura se fundó igualmente sobre complejos equilibrios políticos difíciles de desmontar, que impidieron un avance del modelo como el que se registró en otros países de la región de la mano de lo que suele rotularse como "globalización neoliberal".

En especial, ello ocurrió por el funcionamiento de las maquinarias partidarias tradicionales y su necesidad intrínseca de cooptación y corrupción, más generalizada de lo que suelen admitir algunos enfoques, y por la oposición del Frente Amplio, su crecimiento electoral y una sociedad civil fluctuantemente movilizada. Esto explica, junto a la presión de caudillos locales del interior, que en 1992 el 73% de la población diera al gobierno Blanco de Lacalle el mandato de no vender las empresas del Estado mediante un plebiscito (Vitelli, 1998).

En tanto la economía uruguaya post-dictadura adquirió cierto dinamismo, en el que los principales beneficiarios fueron sobre todo los sectores financiero y exportador, resulta extremadamente simplista considerar al sector asalariado como generalizadamente afectado. Mientras sectores asalariados medios, como por ejemplo los empleados bancarios, fueron beneficiados hasta fines de la década del noventa, hubo por el contrario asalariados fuertemente afectados, marcados por ejemplo por la desindustrialización, que llevó a la pérdida de unos 66 mil puestos de trabajo en la industria manufacturera sólo entre 1990 y 1998 en un país de poco más de tres millones de habitantes, y por el desmantelamiento progresivo del estado de bienestar (Olesker, 2001). Todo lo anterior complejizó un proceso de desintegración social que tuvo también otros carriles.

La crisis económica y su manifestación financiera, la dramática situación social que estalló en toda su magnitud en 2002, marca pues el fin de un proceso y el inicio de uno nuevo. Simplificando la conformación de escenarios posibles, el rumbo será producto de la capacidad de actores colectivos para redireccionar la sociedad en un sentido alternativo o de la capacidad de reacomodamiento de los mismos sectores económicos, articulados a las agencias globalizadotas, para llevar adelante un proyecto de crecimiento excluyente.

Corresponde pues en lo que sigue señalar las mutaciones y permanencias, las limitaciones y potencialidades que se les presentan a los actores de la sociedad civil uruguaya en la construcción de un horizonte alternativo.

EJES DE CONSTRUCCIÓN DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

En primer lugar debe hacerse notar la acción de un movimiento sindical que hunde sus raíces en la segunda mitad del siglo XIX y se construye como independiente del Estado a la vez que cruzado, motivado, por las corrientes ideológicas de transformación social que caracterizaron el siglo XX, y que fue un activador de demandas ante el Estado y la empresa privada. Considerando el modelo anteriormente delineado, que se basaba en la inserción en el trabajo formal, y donde los demás derechos sociales eran construidos a partir de tal inserción, el movimiento sindical se convirtió en el gran eje estructurador de la sociedad civil uruguaya.

No es novedad postularlo, pero claramente el universo de construcción de la subjetividad social sentaba una base importante en el sindicato. Es una subjetividad que no se construye en la tranquila continuidad de lo seguro, como a veces se exagera apelando equívocamente a la caracterización de "sociedad amortiguadora": se construye en el conflicto, en la huelga (como por ejemplo en la de 1962, que frustra el primer intento de congelar salarios), en la tensión entre corrientes sindicales, y finalmente en la represión.

Ciertamente, estando afectada más globalmente la materialidad y la subjetividad del ser que vive del trabajo, está agotado un modelo de sindicalismo global (Antunes, 1999). En el caso uruguayo, la subjetividad se construye ahora sobre una base muchísimo menos tributaria del eje sindical, tanto por ese proceso de desindustrialización mencionado –40% de obreros en el I Congreso Extraordinario de mayo de 1987 contra 19% en el VII Congreso de julio de 2001 (Falco, 2001)– como por el avance del empleo precario e informal, o directamente el creciente desempleo. Se calcula que en 2001 un 54,4% tenía problemas de empleo en Montevideo, y un 62,9% en el interior urbano. En cuanto a la desocupación abierta de 2002, el porcentaje trepó a un 19% en el trimestre julio-setiembre2. Notoriamente estas cifras afectan a cualquier movimiento sindical, pero también existen otros problemas que hacen a la baja credibilidad que ostenta el propio sindicato como vehículo para incidir en la realidad.

Frecuentemente sujeto a disputas internas que recortan su capacidad de maniobra, exhibe dificultades para constituirse en tan sólo un vector de la trabajosa construcción de lo alternativo en una sociedad transformada. Más allá de medidas como los paros generales, una de las pocas manifestaciones recientes que contó con apoyo masivo, a excepción de la llamada Concertación para el Crecimiento, sobre la que volveremos, fue una marcha a Punta del Este realizada el 24 de enero de 20023. No obstante, y paradójicamente, su éxito debe adjudicarse más a la publicidad no buscada generada por la prohibición del gobierno del presidente Batlle de entrar en el balneario y a los intentos de desacreditarla por dirigentes de los partidos tradicionales, que a méritos propios de organización en el marco de facilitar la discusión a un nivel de tejido social.

En segundo lugar, cabe destacar el ya mencionado movimiento de cooperativistas de vivienda por ayuda mutua, FUCVAM, federación fundada en 1970 a partir de algunas cooperativas de viviendas generadas en el interior del país, que actualmente aglutina más de trescientas cooperativas de base y unas 16 mil familias. A nuestros efectos, importa destacar que no sólo no se presenta como acotada a la reivindicación puntual de préstamos para construcción de cooperativas de vivienda, sino que tiene una visión de sociedad más amplia y promueve un estilo de vida. En tal sentido su presencia como movimiento ha sido notoria en diversas expresiones colectivas. Pero paralelamente sus acciones incluyen en las actuales circunstancias desencadenar algunas estrategias colectivas para permitir acceder a alimentos. Asimismo, las cooperativas generan fuertes redes de intercambio en algunos barrios en que se insertan y contribuyen a recrear un tejido social fracturado.

En tercer lugar, debe señalarse el resurgir a partir de 1996 de un movimiento estudiantil de enseñanza secundaria. Caracterizado por su discontinuidad y por considerar clave para su funcionamiento el regenerar una organización más bien laxa preocupada por la horizontalidad y la construcción de consensos, ha irrumpido con movilizaciones anuales que incluyeron la ocupación de centros educativos y ha tenido expresiones públicas y planteamientos que expresan mucho más que insatisfacciones educativas puntuales.

Otras características presenta la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, FEUU. Si bien pasó coyunturas históricas con grandes movilizaciones, como en 1958, y el reclamo de la ley orgánica de la Universidad (D’Elía, 1969), o en 1968, cuando se cuestionaron radicalmente las estructuras de dominación (Landinelli, 1989), su impacto público es más bien efímero. Es cierto que ha recobrado cierto nivel de movilización anual cuando se discute en el Parlamento el presupuesto destinado a la educación superior, que ha revitalizado recientemente la más bien modesta práctica de acercamiento con la sociedad, la extensión universitaria, pero es más dependiente de su dirigencia y de otros actores de la universidad que de su propia capacidad para construirse como movimiento desde la cotidianeidad, lo cual no permite advertir un potencial de transformación social significativa.

Cabe finalmente completar este rápido cuadro con una referencia respecto a quienes se mueven en el ámbito de los derechos humanos. A modo de señalamiento de algunos aspectos manifiestos de la temática corresponde mencionar importantes marchas anuales y proclamas que terminaron limitándose a "por la verdad", así como algunos intentos de establecer variantes uruguayas de los "escraches" argentinos con objetivos más ambiciosos, pero de convocatoria acotada.

Pero más allá de estas expresiones, que dejan entrever una fragmentación notoria en varios nucleamientos, debe marcarse como central la búsqueda incansable de apertura de la sociedad a un tema nunca resuelto. Intencionalmente nunca resuelto, puesto que los gobiernos post-dictadura ejercieron sucesivos intentos de clausuras con notoria complicidad mediática y entre amenazas de desestabilización, con la excepción de la Comisión para la Paz del presidente Batlle, si bien ostenta resultados más bien modestos o al menos polémicos.

MOVILIZACIÓN DE BASE RURAL Y CONCERTACIONES

La segunda mitad de la década del noventa marca el desarrollo de movimientos locales de protesta en ciudades del interior del país. Entre sus primeras manifestaciones está el caso de Paysandú, una ciudad con desarrollo industrial en rápido declive. Allí, a fines de mayo de 1997, una manifestación policlasista contra el rumbo de la hambruna producto de la construcción de un consenso social inédito se convirtió en el primer mojón de sucesivas movilizaciones. Igualmente otras ciudades comenzaron a tener inéditas movilizaciones que incorporaban además de asalariados, a pequeños y medianos comerciantes. Debe ponderarse adecuadamente este dato en función de que los ritmos de la política en muchos de esos lugares siempre habían sido pautados por los caudillos locales y una cultura que sin ser muy estrictos podríamos calificar de oligárquica.

Otro trabajoso consenso cristalizó el 13 de abril de 1999, cuando decenas de miles de productores rurales lanzaron la mayor movilización agraria hacia Montevideo en la historia reciente del país. Puede decirse que fue una movilización de composición socioeconómica extremadamente heterogénea, y en tal sentido incluyó tanto sectores que se beneficiaron sistemáticamente por su capacidad de lobby con el sistema político como olvidados peones rurales. Pero considerando la experiencia inédita, que luego tendría otras derivaciones, debe insistirse en la resignificación que para muchos participantes supuso una expresión pública de descontento como ésta.

Entre las marchas que comenzaron a sucederse hasta la capital del país importa mencionar la de los cañeros de Bella Unión, que en diciembre de 2000 recorrieron más de 600 km. La movilización reunió a un espectro amplio de damnificados convocados por la "intersocial" de esa zona norteña del país, famosa por la organización en 1968 del Sindicato de Cañeros de Artigas a partir del involucramiento social del dirigente socialista Raúl Sendic (Claps, 1985), quien con el tiempo se convertiría en uno de los principales dirigentes tupamaros.

En suma, sectores urbanos y rurales del interior del país, habituados a prácticas de cooptación y clientelísticas de los partidos políticos tradicionales, comenzaron lentamente a tener otras prácticas y otra visibilidad pública. Aquí hay que distinguir la diferente trayectoria dibujada por los centros institucionales que agrupan a la élite agropecuaria, puesto que mientras la Asociación Rural siguió manteniendo las coordenadas habituales de interrelacionamiento con el elenco político para obtener demandas, la Federación Rural cambió su estrategia, apareciendo más demandante y participando de la Concertación para el Crecimiento.

La central sindical Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) participó activamente en la organización de la primera convocatoria de la misma el 16 de abril de 2002, que logró una multitudinaria concentración, estimada en 100 mil personas, que incluía una heterogeneidad de sectores del trabajo y del capital. Notorias fueron las ausencias del sector importador nucleado en la Cámara de Comercio y los representantes de la Cámara de Industria. No obstante, tampoco todos los sectores populares estuvieron representados, ya que el movimiento cooperativista de viviendas había decidido no participar. De todos modos, la convocatoria, si bien construida desde las dirigencias de organizaciones con intereses heterogéneos y rodeada de un conjunto de dudas sobre su viabilidad, permitió canalizar un notorio descontento social al postular la necesidad de un cambio de política económica. Pero sin bases en el tejido social, el balance de sus posibilidades de continuidad y su capacidad de provocar una real inflexión está todavía abierto.

REDES BARRIALES: ENTRE LA CREATIVIDAD SOCIAL Y EL VOLUNTARIADO

No es nueva la construcción de redes barriales en Montevideo. La coordinadora de ollas populares, por ejemplo, se remonta a los años ochenta. En algunos espacios urbanos, la vitalidad de estas redes ha mantenido vivo un tejido sobre el que se activó, paralelamente con sindicatos y otras organizaciones sociales, la recolección de firmas para convocar a plebiscitos u otras formas de resistencia social. No obstante, lo que se pretende situar aquí es la generación de un dinamismo sin precedentes que constituye una respuesta a una crisis agravada en 2002 pero sólo posible como resultado de prácticas anteriores. El florecimiento de huertas comunitarias, comedores populares, nodos de redes de trueque, comisiones de vecinos, constituye expresiones de un cambio cualitativo, y no simples acciones desencadenadas ante la carencia.

Además se han ido conformando redes que vinculan y organizan comedores, merenderos, asentamientos con viviendas precarias, y que en suma constituyen un arco no siempre visible de manifestaciones colectivas. Pero lo más importante a señalar aquí es que ese arco de experiencias incluye no solamente a Montevideo sino a todo el país, especialmente en cuanto a huertas comunitarias, lo cual es bastante novedoso en función del contexto.

Ciertamente no está ausente en esta dinámica, al igual que en el caso de movimientos sociales constituidos, la sociedad política, en el sentido de que muchos organizadores actúan paralelamente a un nivel de base o medio, en particular pero no exclusivamente de fuerzas políticas que componen el Frente Amplio, aunque esto no significa necesariamente que den coordinaciones entre ambos planos. Tampoco están ausentes las ONGs en su más variada gama de objetivos y perspectivas, ni los centros comunales zonales dependientes de la administración municipal de Montevideo, que vienen apoyando, especialmente en barrios periféricos, diversas iniciativas colectivas de sobrevivencia.

Llegados aquí, corresponde insertar las prácticas más allá de la coyuntura. En tal sentido, pueden postularse dos direcciones que coexisten en el contexto de la crisis y que suponen horizontes históricos diversos. Lo que sigue es una simplificación obligada, pero resulta útil para ver la tensión subyacente, los conflictos posibles en este plano que venimos desarrollando.

Por un lado, muchas acciones se enmarcan y se encaminan más en la línea del tradicional y renovado voluntariado que llena los espacios que el Estado va dejando. Es el modelo que aparece en los informativos de televisión. En este sentido, aún configuradas desinteresadamente, las acciones no constituyen una alternativa al mercado que sigue estructurando las relaciones sociales, sino que simplemente toman, total o parcialmente, el lugar de las funciones de compensación que el Estado realizaba.

Por otro lado, existe una dirección de construcción de cultura alternativa, de fisuras en la subjetividad dominante, de generación de espacios sociales capaces de abrirse a la creatividad social y eventualmente ser base de otras expectativas. Es necesario considerar que ambos proyectos –simple voluntariado y aperturas de espacios de transformación social– suponen horizontes de desarrollo opuestos. En el primer caso pueden llegar a suponer una forma renovada de control social; en el segundo, pueden llegar a constituir el despliegue de resignificación de necesidades, bases de una sociedad más participativa y democrática. Se trata en suma, una vez más, de construcción de subjetividades sociales bien distintas.

CONCLUSIONES

La temática desborda las posibilidades de este artículo, pero si se acuerda que América Latina vive la apertura a una dinámica de búsquedas y tanteos de lo nuevo, las evidencias advierten que Uruguay no es una excepción. No obstante, frente a fenómenos de magnitud social y cuantitativa considerable como el movimiento de los Sin Tierra en Brasil o la eclosión de la sociedad civil en Argentina, por citar los casos de los países vecinos, la realidad uruguaya puede pasar desapercibida. Desvanecidos una construcción social incluyente y el mito sostenedor de la misma que además alimentaba cierta excepcionalidad regional, en un contexto de reformulación de la forma Estado, sólo quedan las exploraciones de proyectos capaces de contribuir a construir alternativas de sociedad.

En esa dinámica la sociedad civil no sólo es un terreno de apropiación semántica: también sugiere una pluralidad de contornos, componentes y aspiraciones de acuerdo al proyecto.

Tanto en el accionar de movimientos sociales, entre debilidades y fortalezas, como en las prácticas de nuevos actores y la construcción de nuevas experiencias barriales existen subjetividades sociales distintas. En una coyuntura en que para mucha gente la prioridad pasa a quedar constreñida al acceso a la alimentación, la regeneración de redes comunitarias, de estrategias colectivas, pasa a ser constructora importante de subjetividad, potencialmente de lo alternativo.

Al promoverse formas, intentos organizativos no siempre visibles –a veces, improvisaciones– en la cristalización de efectivas coordinaciones horizontales, se está exhibiendo una apertura inédita a lo colectivo y a resignificar necesidades. Potencialidades sustantivas en tanto de esa construcción cotidiana dependerá la capacidad para incidir o redireccionar en este contexto sociohistórico.

No puede dejar de agregarse sobre tal capacidad lo que significa para las organizaciones de la sociedad civil el desafío de trascender los límites del Estado-nación hacia un plano regional y global. Afortunadamente también en esta dimensión hay experiencias y potencialidades en movimientos y organizaciones sociales de Uruguay, como es el caso de sindicatos y cooperativas de FUCVAM, lo que también abona, en una dirección poco cultivada durante el siglo XX, para la conformación de nuevas alternativas.

BIBLIOGRAFÍA

Antunes, Ricardo 1999 ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y el rol central del mundo del trabajo (Buenos Aires: Colección Herramienta/Antídoto).
Claps, Manuel 1985 "Luchas sociales y políticas en el campo uruguayo", en González Casanova, Pablo (coord.) Historia Política de los Campesinos Latinoamericanos (México: IIS-UNAM/Siglo XXI) Vol. 4.
Cores, Hugo 1999 Uruguay hacia la dictadura 1968-1973 (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental).
D’Elía, Germán 1969 El movimiento sindical (Montevideo: Nuestra Tierra).
de Sierra, Gerónimo 1992 El Uruguay post dictadura. Estado, política y actores (Montevideo: Facultad de Ciencias Sociales).
Eagleton, Terry 1997 Ideología (Barcelona: Paidos).
Falco, Walter 2001 "Quince años de congresos del PIT-CNT. La representatividad tan discutida", en Brecha (Montevideo) 23 de Agosto.
Falero, Alfredo 2001[a] Asimetrías y cooperación en la construcción de una sociedad civil regional alternativa (Asunción) Mayo. Ponencia presentada en el encuentro del Grupo de Trabajo de CLACSO MERCOSUR e Integración.
Falero, Alfredo 2001[b] "La sociedad civil, globalización y regionalización. Reflexiones a partir del movimiento sindical", en Revista Nueva Sociedad (Caracas) Nº 171.
Falero, Alfredo 1999 "Reflexiones en torno a instrumentos conceptuales para el análisis de acciones colectivas", en Revista de Ciencias Sociales (Montevideo: Dpto. de Sociología/FCU) Nº 15.
Filgueira, Carlos (comp.) 1985 Movimientos sociales en el Uruguay de hoy (Montevideo: CLACSO/CIESU/Ediciones de la Banda Oriental).
Holloway, John 2002 Cambiar el mundo sin tomar el poder (Buenos Aires: Colección Herramienta/Universidad Autónoma de Puebla).
Landinelli, Jorge 1989 1968: La revuelta estudiantil (Montevideo: Facultad de Humanidades).
León, Emma y Hugo Zemelman (coords.) 1997 Subjetividad: umbrales del pensamiento social (Barcelona: Anthropos/CRIM-UNAM).
Negri, Antonio 1994 El poder constituyente (Madrid: Editorial Libertarias/Prodhufi).
Olesker, Daniel 2001 Crecimiento y exclusión (Montevideo: Ediciones Trilce).
Real de Azúa, Carlos 1971 "Política, poder y partidos en el Uruguay de hoy", en AA.VV. Uruguay hoy (Buenos Aires: Siglo Veintiuno).
Robertt, Pedro 1997 Literatura sociológica uruguaia sobre movimentos sociais (1984-1995) (Campinas) Tesis de Maestría.
Sader, Eder 1995 (1988) Quando novos personagens entraram em cena (São Paulo: Editora Paz e Terra S/A).
de Sousa Santos, Boaventura 2000 A crítica da razào indolente. Contra o desperdicio da experiencia (São Paulo: Cortez).
Tarrow, Sydney 1994 El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política (Madrid: Alianza).
Thompson, Edward P. 1981 Miseria de la Teoría (Barcelona: Crítica).
Vitelli, Rossana 1998 "El gobierno del partido nacional (1990-1995). Instalación o fracaso de un proyecto", en Revista de Ciencias Sociales (Montevideo: Dpto. de Sociología) Nº 14.
Zemelman, Hugo 1998 Sujeto: existencia y potencia (Barcelona: UNAM/Anthropos editorial).

NOTAS

1. Un indicador significativo es que prácticamente la mitad de los niños nacen en situación de pobreza según el Índice de Desarrollo Humano (2001), pero si las condiciones persisten se estima que en quince años el porcentaje treparía al 60% según un informe del Comité de los Derechos del Niño en Uruguay (2002). Para un resumen, véase La República (23 de junio de 2002).

2. Las cifras sobre problemas de empleo en el año 2001 corresponden a dos informes del Equipo de Representación de los Trabajadores en el Banco de Previsión Social, septiembre 2002. Sobre el desempleo del año 2002, el porcentaje corresponde a una estimación del Instituto Nacional de Estadísticas. Véase .

3. Los ejemplos seleccionados están basados en el seguimiento de material de prensa, especialmente del semanario Brecha y en aportes realizados mediante entrevistas.

Este texto se encuentra bajo licencia Creative Commons

Alfredo Falero*

* Docente e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay.