Ley de Aguas (Ecuador) (página 3)

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Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, dijo que no es posible que el país siga gobernado por mentiras, con engaños y burlas, sin obedecer el mandato del pueblo ecuatoriano; lamentó que el país siga estando en manos de los patrones y siga siendo excluyente. "Vamos a la desobediencia civil, porque aquí se continúa engañando a los ecuatorianos y no podemos seguir de esta manera", acotó. Sin ley o con ley, jamás permitiremos que nuestros recursos naturales sean robados, continuaremos defendiendo nuestras riquezas, además, no nos comprarán con frecuencias, ni borregos, ni con bombas ni con balas, afirmó.

"Convocamos al país para decir basta a las mentiras, a los engaños, basta a un solo asambleísta que obedece órdenes del primer mandatario; hoy nos toca luchar frente a la prepotencia, al racismo, a la mentira, a las acusaciones de terroristas. Hoy lo que nos queda es estar en las calles hasta las últimas consecuencias. A futuro nos toca ir a Carondelet", sentenció, Delfín Tenesaca.

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ECUADOR: APROBACIÓN DE LEY DE AGUAS PASARÁ POR UNA CONSULTA CIUDADANA PREVIA

La propuesta la realizó el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa de Ecuador, el oficialista Fernando Cordero. El proceso podría durar hasta cinco meses.

Ecuador: El agua, un derecho humano no un negocio

La ley de aguas se convertirá en el parte aguas definitivo de la llamada "revolución ciudadana". Aquí se decantarán las posiciones. No hay alternativa al cumplimiento de la Constitución.

"El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida."

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CONSTITUCIÓN DE MONTECRISTI, ARTÍCULO 12, 2008

Uno de los puntos en que más se avanzó en la Asamblea Constituyente de Montecristi fue el relativo al tratamiento del agua y los recursos hídricos. De hecho, los logros en ese campo llevaron a que muchas personas se decidieron a votar por el SÍ en la consulta popular del 28 de septiembre del 2008, en la que se aprobó mayoritariamente la nueva Constitución.En la actualidad, la ley de aguas se convertirá, paradójicamente, en el parte aguas definitivo de la llamada "revolución ciudadana". Aquí se decantarán las posiciones. No hay alternativa al cumplimiento de la Constitución. No se puede llegar a acuerdos que atropellen la Constitución.Tal como sucede en estos días, cuando se discute la ley de recursos hídricos, dentro y fuera de Montecristi, asomaron quienes defendían el agua como un derecho humano fundamental y quienes actúan por sus intereses particulares.Recordemos la presión de INTERAGUA, la empresa que privatizó el servicio de agua en Guayaquil y que ha conseguido en estos días la ampliación de su concesión en contra de los resultados negativos de la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado. Sus intereses fueron defendidos por representantes propios, que rondaban permanentemente por los pasillos de la Asamblea Constituyente, e incluso por un par de asambleístas del movimiento oficialista y algún alto funcionario del gobierno del presidente Rafael Correa. Estos grupos intentaron buscar una salida sustentada apenas en "el derecho al acceso al agua", para dejar abierta la puerta a su mercantilización, es decir su privatización. Y todo indica que estos grupos son los que han propiciado la ampliación de la concesión incluso antes de que se apruebe la ley de aguas.Pero en Montecristi, a la postre, con una amplia mayoría se impuso la tesis de la vida. El agua no puede ser vista como un negocio. El agua es un derecho humano fundamental. Por eso la Constitución no se circunscribió exclusivamente en impedir la privatización del agua, sino que fue explícita al propiciar la desprivatización del agua. De esto se deriva la prohibición para todo tipo de venta de derechos o permisos de uso, no se diga concesiones que conducen al acaparamiento del agua por parte de unos pocos en desmedro de las mayorías.Para conseguir este logro, tal como acontece en la actualidad, se contó con una alta participación y movilización de la sociedad, particularmente del movimiento indígena y campesino, unido férreamente por la defensa del agua. Esa presencia y ese aporte fueron sustantivos. Sin minimizar el trabajo de muchos asambleístas, cabe resaltar que la contribución de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas desde hace muchos años con la defensa del agua, como Ecuarunari, Conaie, Fenocein, Foro de los Recursos Hídricos, entre otras, permitió consolidar una posición vigorosa.

Concentración, mal uso y contaminación

Ecuador es un país con agua suficiente en términos nacionales y con cuatro veces más agua superficial que el promedio per cápita mundial. Pero el problema es que está mal distribuida, que la contaminación crece y que las fuentes la destruyen de manera acelerada.La concentración del agua en pocas manos es notable. El Estado, a través de 64.300 concesiones, ha entregado 2.240 m3/s de agua; un caudal superior en la realidad por la apropiación indebida del líquido vital.Las dos terceras partes de dicho caudal (74,28%) se registraron en el subsector eléctrico, con 147 concesiones. El riego con 31.519 concesiones representa el 49,03% del total; es decir 19,65% del caudal. Las concesiones para el uso doméstico del agua son numerosos, 21.281 (33,1%), pero representan apenas 1,22% del caudal concesionado.Muchas de las grandes empresas, por ejemplo las bananeras, los ingenios azucareros o las camaroneras, pagan míseras sumas por el agua utilizada. Los campesinos que cultivan arroz en la provincia del Guayas, por ejemplo, pagan un valor 120 veces superior por el acceso al agua del que pagan el ingenio San Carlos o la bananera REYBANPAC; los campesinos Toacazo en la provincia de Cotopaxi pagan 52 veces más y los de Licto en la provincia del Chimborazo pagan 35 veces más. Además estas grandes empresas se benefician del agua obtenida al margen de las disposiciones legales. Y hay por cierto concesiones desaprovechadas, pues los propósitos especulativos están a la orden del día.La concentración del agua en el agro es notoria. La población campesina, sobre todo indígena, con sistemas comunales de riego, representa el 86% de los usuarios. Sin embargo, este grupo apenas tiene el 22% de la superficie regada y accede apenas al 13% del caudal. Mientras que los grandes consumidores, que no representan el 1% de unidades productivas, concentran el 67% del caudal. El acceso inequitativo a estos recursos constituye una causa determinante de la inequidad social. Y es, a su vez, explicación del poder político hegemónico.En el ámbito agropecuario, el uso del agua se concentra en el sector agroexportador. Las exportaciones tienen un mayor contenido de agua de riego que la producción de alimentos para el mercado doméstico. Hay que anotar que la producción de alimentos para consumo nacional se ha debilitado y que el país inclusive se convirtió en importador de algunos de ellos.El consumo de agua (y por cierto la contaminación de la misma) creció por el aumento de la población en las últimas décadas y también por el incremento de actividades productivas excesivamente demandantes de agua, sobre todo aquellas orientadas al mercado externo.La pérdida de los páramos y la deforestación creciente explican esta compleja realidad, y a la vez el proceso de azolvamiento de los ríos en la costa por efecto de las erosión permanente en la sierra y sus estribaciones; aquí tenemos, a la vez, otra explicación para los reiteradas inundaciones en la costa. Tampoco se han resuelto los graves problemas derivados del manejo contaminante del agua causados por la actividad de extracción de crudo y manejo de residuos en la región amazónica.Una de las tensiones fundamentales de la coyuntura actual es la intención de permitir las actividades mineras, consumidoras de gran cantidad de agua. Este es un tema crucial, pues la gran minería provocaría permanentes conflictos por la disponibilidad del agua y contaminaría el líquido vital, causando afectaciones a la soberanía alimentaria.Existen estudios que demuestran que la contaminación que provoca la minería existente se extiende peligrosamente por la costa ecuatoriana, llegando incluso al norte del Perú. Parte de las plantaciones de banano en Ecuador estarían contaminadas por mercurio y otros elementos. Esta contaminación también afectaría a plantaciones de cacao y a la acuacultura. Incluso estaría en riesgo parte de las fuentes de agua que se utilizan para el suministro del líquido vital potabilizado en la ciudad de Guayaquil.

CORDERO: "YO ASUMO EL COSTO POLÍTICO DE LA CONSULTA"

El próximo martes se reunirá el CAL para iniciar la consulta prelegislativa sobre la Ley de Aguas.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero (PAIS), informó que el próximo martes el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) se reunirá para iniciar el proceso de consulta prelegislativa sobre el proyecto de la Ley de Aguas.Esto, luego de que ayer remitió al CAL la documentación (ver archivo en Recursos) para iniciar el proceso, pese a que en la tarde el pleno de la Asamblea negó la posibilidad de la consulta a las comunidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. Cordero señaló que la consulta prelegislativa es obligatoria y es un mandato constitucional, por lo que no hay ninguna contradicción. Además, aseguró que él asume el costo político de la decisión, informó Radio City (89.3 FM en Guayaquil).Agregó que no se trata de ninguna imposición, ya que se basa en la sentencia emitida por la Corte Constitucional, que señala que el Legislativo debe realizar este tipo de consultas cuando los derechos colectivos de algunas nacionalidades puedan verse afectados por la aplicación de una ley."Esto es un acto administrativo. El artículo 122 de la constitución dice: el CAL es el máximo órgano administrativo de la Asamblea", argumentó Cordero para defender su decisión.Finalmente dijo que el CAL deberá definir un reglamento que servirá de base para iniciar esta consulta, pero no especificó cuánto tiempo durará este proceso.

Fernando Cordero ordena consulta

El Presidente de la Asamblea envió la resolución al Consejo de Administración Legislativa para que ejecute la medida.

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Asambleístas de oposición expresaron ayer su desacuerdo a las decisiones de Fernando Cordero (i), presidente de la Asamblea Nacional. El CAL deberá realizar la consulta.

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Ecuador: Se suspende Ley de Aguas. Fallo judicial ordena consultar a P. Indígenas

Un sorpresivo giro tuvo la protesta contra el proyecto de Ley de Aguas. El presidente de la Asamblea Legislativa, Fernando Cordero, anunció ayer que se aplazará la votación prevista para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional de marzo pasado que ordena realizar la consulta a los pueblos indígenas (Foto: Conaie).

Cordero evocó esa obligación para evitar que la ley sea declarada ilegal por "vicios de procedimiento" y negó que sea "un as bajo la manga" para desactivar las movilizaciones de las organizaciones indígenas.

Esas demostraciones iniciadas el 4 de mayo, cuando fue sitiado el Congreso, continuaron el miércoles con bloqueos de carreteras y refriegas, que dejaban al menos 20 lesionados y 19 detenidos.

La Corte Constitucional emitió la sentencia al resolver un pedido ciudadano para que ese tribunal reglamentara las consultas previstas en la Carta Magna sobre leyes que impliquen derechos colectivos, dijo el viceministro de los Pueblos Orlando Pérez.

Los indígenas, que componen el 35 por ciento de la población ecuatoriana de 14,2 millones de habitantes, rechazan el proyecto alegando que perderán el control de las fuentes hídricas en sus territorios, y que la legislación favorecería a mineras y empresas embotelladoras.

Previamente, el viceministro de los Pueblos (a cargo de la política indígena), Orlando Pérez, dijo que la aprobación había quedado postergada en cumplimiento de la sentencia emitida al fallar la Corte Constitucional una demanda de los pueblos indígenas.

Cordero señaló a su vez que el plazo legal para ese proceso es de cinco meses y garantizó que "todas las comunidades van a ser informadas y consultadas".

"Si es que se aprueba la ley tal como está en este momento, sin ese previo proceso de consulta (…) tendría un carácter inconstitucional", advirtió Pérez. "Por tanto, en este momento cambió completamente el escenario con la sentencia", dijo.

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Editoriales

Miércoles 05 de mayo del 2010 Editorial

La Ley del Agua

La Ley de recursos hídricos ha llegado al momento de las definiciones en medio del descontento.El quinto texto del proyecto fue enviado por el Ejecutivo en agosto del 2009.Desde entonces las organizaciones indígenas han realizado acciones de protesta, una de ellas en la Amazonía, en la cual murió el profesor Bosco Wisum.El 5 de octubre del 2009 llegaron a un acuerdo con el Presidente: lograr consenso sobre la Ley del Agua antes de que se trate en la Asamblea, pero el diálogo se rompió el 21 de noviembre.Con estos antecedentes la Asamblea deberá tomar una decisión que pondrá a prueba la unidad del bloque gobiernista y la capacidad de legislar para preservar el derecho de todos al uso del agua, quitando de su administración toda posibilidad de injerencia política o de otro tipo de intereses.El agua es vital para la supervivencia del ser humano, de los animales y de las plantas, y es un recurso estratégico para el desarrollo de la agricultura, la industria y el turismo. La decisión es de enorme importancia y requiere serenidad, sabiduría y prudencia. ¿Las tendrán los asambleístas?

Emilio [email protected]

La Ley de Aguas

Algún despistado podría creer que las posturas de los indios, los camaroneros, las embotelladoras y los que apoyan a Interagua son irreconciliables. Hay un punto al menos en el que quizás no se pongan nunca de acuerdo: privatizar o estatizar el agua.Pero poner las cosas de ese modo sería equivocado; no solo porque la privatización o estatización, por mucho que se diga, no es el centro de la ley, sino porque más allá de su contenido, hay algo mucho más profundo que debería preocuparnos: me refiero a que hoy en día no hay condiciones para aprobar con métodos democráticos una ley tan importante. Los acontecimientos de la semana demostraron que la postura que triunfe solo se podrá imponer por la violencia.El responsable de semejante descalabro es Rafael Correa Delgado, que con su actitud de querer imponerlo todo, consiguió que ya nadie crea en la independencia de la Asamblea Nacional, ni los indios, ni los camaroneros, ni las embotelladoras, ni los guayaquileños.Lo lógico sería entonces unirnos bajo un solo lema: que se suspenda indefinidamente el trámite de la ley hasta tanto esas condiciones democráticas se restablezcan.Pero en su lugar, la derecha se prestó días atrás para que el Gobierno consiga mayoría contra los indios. A cambio obtuvo unas pocas modificaciones que en realidad no garantizan nada.Esta semana, en cambio, fueron los indios los que equivocadamente pusieron en el centro el asunto del agua en Guayaquil.A los indios de base la concesión a Interagua les tiene sin cuidado. Son más serios que sus dirigentes y saben que la inmensa mayoría ni siquiera conoce Guayaquil. Preferirían ocuparse de su propio acceso a fuentes de agua permanentes. Eso los llevaría a descubrir el verdadero peligro de esta ley, que es el poder inmenso que le dará al dictador para imponer el esquema que le parezca, privatización o estatización, en cada región y sin importar lo que opinen los electores.Pero los dirigentes indígenas siguen acomplejados con la acusación de que "le hacen el juego a la derecha", así que no deciden sus posturas según lo que más convenga sino en un vano afán de que Correa no los acuse.El viernes los indios volvieron a sus comunidades con un pequeño triunfo en las manos después de una semana de pelea. Los asambleístas, temerosos de la muchedumbre de ponchos que los "secuestró", aplazaron un mes la aprobación de la ley. Es una pequeña victoria para todos los ciudadanos porque significa que en las próximas semanas Rafael Correa estará un poquito menos fuerte. Pero a Correa estas pequeñas derrotas no lo amilanan. Ya lo verán los próximos días recuperándose con rapidez y tratando de aplastar a alguien (¿quizás a mí?) para que no se nos ocurra decir que perdió ante los indios.

Conclusión

El agua como un derecho humano, un paso históricoPara enfrentar todas estas deformaciones, la Constitución es categórica. En concreto, en el artículo 12, se determinó que"el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida."En consonancia con esta definición constitucional, desde el inicio, en el artículo 3 de la Constitución se estableció como el primer deber primordial del Estado:"Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes".A partir de esa definición inicial, en el pleno de la Asamblea Constituyente en Montecristi se aprobaron tres puntos fundamentales:

El agua es un derecho humano,
El agua es un bien nacional estratégico de uso público; el agua es un patrimonio de la sociedad, y
El agua es un componente fundamental de la naturaleza, la misma que tiene derechos propios a existir y mantener sus ciclos vitales.

La trascendencia de las disposiciones constitucionales es múltiple.

? En tanto derecho humano se superó la visión mercantil del agua y se recuperó la del "usuario", es decir la del ciudadano y de la ciudadana, en lugar del "cliente", que se refiere solo a quien puede pagar.

? En tanto bien nacional estratégico, se rescató el papel del Estado en el otorgamiento de los servicios de agua; papel en el que el Estado puede ser muy eficiente.

? En tanto patrimonio se pensó en el largo plazo, liberando al agua de las presiones cortoplacistas del mercado y la especulación.

? Y en tanto componente de la Naturaleza, se reconoció en la Constitución de Montecristi la importancia de agua como esencial para la vida de todas las especies, que hacia allá apuntan los Derechos de la Naturaleza.

Recomendaciones

La gestión del agua debe estar en manos públicas y comunitarias, tal como ordena la Constitución. Esto significa que la autoridad única del agua garantice y viabilice la participación efectiva de las todas personas, comunidades, pueblos y nacionalidades en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas relacionadas con el agua.

Debe quedar terminantemente prohibido cualquier forma de servicio ambiental sobre el agua y todos los ecosistemas, como manda la Constitución de Montecristi. Esta opción serviría simplemente para encubrir procesos de privatización de los páramos, bosques, humedales, pantanos, es decir de las fuentes de agua.

Garantizar el mínimo vital gratuito para todos los habitantes del país, sin discriminación alguna, es otro de los puntos clave que tendrá que incorporar la nueva ley. Esto, sin embargo, no significa que no se deberán considerar tarifas diferenciadas para el consumo del agua, pues uno debería ser el costo que tiene el agua para alguna actividad productiva vinculada a la soberanía alimentaria y otro mucho más alto para alguna actividad de recreación, Exigir a los asambleístas que surgieron y están vinculados en nuestras organizaciones continuar en la lucha por el cambio, por el respeto y la defensa de las propuestas impulsadas desde nuestras organizaciones. Las organizaciones se mantendrán vigilantes de nuestras autoridades en el cumplimiento de los mandatos de las organizaciones construidos alrededor de estos acuerdos.

Declarar la UNIDAD de las organizaciones CONAIE, FEINE, FENOCIN, y nos ratificamos llamamos a la radicalización de la movilización nacional en defensa de la vida y el agua.

Mantener el respeto a la diversidad y la autonomía de las organizaciones.

Avanzar en las acciones y movilizaciones unitarias y conjuntas por el cambio y la transformación del modelo de Estado neoliberal para construir el verdadero Sumak Kawsay (Buen Vivir)

Coordinar e impulsar a nivel local, regional y nacional la construcción de una verdadera agenda legislativa, que tenga como base los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales.

Exigir al gobierno nacional el respeto a las organizaciones legítimamente movilizadas en ejercicio de sus derechos a la participación y a la resistencia. Denunciamos las agresiones violentas del gobierno con las detenciones, desalojos y heridos de los pueblos indígenas, campesinos y afroecuatorianos del país.