Descargar

Reforma agraria, Nacionalización de las exportaciones y Nacionalización de la banca en El Salvador (página 2)

Partes: 1, 2

Aspectos positivos

  • Redistribución de un 25% de la tierra agrícola.
  • Un 5.8% de las familias han sido beneficiadas por la reforma agraria
  • los campesinos tienen que pagar durante 30 años por la tierra entregada.
  • El sector agrícola muestra una recuperación en su crecimiento (1.4% anual) en contraste con la reducción en la década de los ´80 (1.4% anual)

Aspectos negativos

  • Difícilmente se podría impulsar una reforma agraria eficaz cuando soldados y guerrilleros ya estaban enfrentándose en diversas zonas rurales del país.
  • Afecto aproximadamente a un 16% de las tierras agrícolas del país, sobre todo en las zonas central y oriente
  • Quedaron afectados los inmuebles que a la fecha de la vigencia de la referida ley estuviesen explotados por fines de uso agrícola.
  • La reforma agraria fue sólo un pretexto que fue aprovechado por los comunistas, para ganarse el apoyo del campesinado, aunque después las tierras terminaban en poder del Estado y los campesinos bajo el yugo estatal.
  • La reforma originó un baño de sangre.
  • En El Salvador, más de la mitad de los beneficiarios han recibido parcelas de tierra de menos de 2 hectáreas, tierra que no se puede sembrar anualmente por su ubicación en zona de declives y bajo nivel de fertilidad
  • La reforma agraria "a la Prosterman" condena al campesinado a tierras no sirven ni siquiera para la subsistencia de sus familias.
  • El producto interno bruto descendió -0.4%
  • La agricultura cayó -0.7% anual en los años 80.
  • La pobreza permaneció constante en el campo durante los años 80
  • Perdida de la importancia relativa del sector agrícola dentro de la estructura productiva como de empleo de los países
  • Falta de infraestructura en zonas rurales y escasa innovación tecnológica
  • Reducción de la importancia del sector agrícola
  • Disminución del salario real en la agricultura
  • Disminución del empleo en este sector

Nacionalización de la banca

Primeros Bancos en El Salvador Se realizaron varios intentos para organizar bancos en El Salvador, pero muchos de ellos fallaron. En 1867, entre los diferentes proyectos se encontraban el Banco del Salvador, un banco de emisión, depósito y descuento, cuyo fundador, es William Francis Kelly, el cual contaba con el apoyo del Gobierno. El intento fue fallido… Fue hasta en 1880 que empezó a funcionar el Banco Internacional de El Salvador como banco privado emisor de billetes. El banco fue fundado mediante un contrato entre el Ministro de Hacienda, Pedro Meléndez y J. F. Medina, el 5 de abril de 1880.  Tenía la facultad de emitir billetes de curso legal, pagados a la vista y al portador. Le fue concedida la facultad de emisión exclusiva por 25 años. El Banco Salvadoreño, se fundo en 1885 con el nombre de Banco Particular de El Salvador, fue creado por una concesión del Ministerio de Fomento a Mauricio Duke y Francisco Camacho. Este banco también tuvo la facultad de emitir billetes pagaderos a la vista al portador y se le autorizó para negociar con el Banco Internacional su permiso para que sus billetes tuvieran curso legal. Fue en 1891 que cambió su nombre a Banco Salvadoreño. El Banco Agrícola Comercial fue fundado en 1895, por José González Asturias y Rodolfo Duke. A éste se le facultó para emitir billetes al portador, al igual que a los otros bancos fundados anteriormente. Para 1898 funcionaban en el país cinco bancos: el Banco Internacional , el Banco Salvadoreño, el Banco Occidental, el Banco Industrial y el Banco Agrícola Comercial. Sin embargo, durante 1898, la situación económica del país no era muy buena y no daba señales de mejoramiento, por lo que la Asamblea Nacional decretó una Ley Moratoria que, entre otras cosas, establecía que los billetes en circulación de los bancos emisores serían recibidos a la par de la moneda nacional de plata, en pago de las rentas internas del Estado, y se establecía la inconvertibilidad de los billetes. El Gobierno continuó haciendo esfuerzos para superar la crisis que hacía peligrar las actividades de los bancos establecidos. Pero en abril de 1898, por acuerdo de su Junta General se puso en liquidación el Banco Industrial de El Salvador, que había nacido en junio de 1895.   También en 1898 se promulga la primera Ley de Bancos de Emisión, se reformo en 1899. 

El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

En El Salvador durante algún tiempo hubo tres bancos emisores los bancos salvadoreño, Occidental y Agrícola comercial fundados en 1885, 1889 y 1895, respectivamente. Las actividades de estos bancos eran vigiladas por el Estado mediante una serie de leyes y reglamentos como la Ley de Bancos de Emisión del 4 de mayo de 1889, la Ley del 6 de mayo de 1910, entre otras.

Una de las propuestas para subsanar la crisis nacional producida por la baja del café fue la fundación de un banco central. El primer intento infructuoso se dio en 1933, cuando el Gobierno de El Salvador adquirió las acciones del Banco Agrícola Comercial, empeñado en convertirlo en el Banco de El Salvador, para que hiciera las funciones de un banco central; pero para este tiempo el proyecto no llegó a concretarse.

Se necesitó de la asesoría y ayuda de un delegado del Banco de Inglaterra para formular el proyecto que haría realidad la creación del Banco Central de Reserva de El Salvador.

A fines de 1933, el Gobierno de la República le encargó a Frederick Francis Joseph Powell y a su ayudante Gordon Víctor Richdale, el estudio de las condiciones de la economía salvadoreña y los procedimientos operativos de las instituciones de crédito en El Salvador, para que dieran un diagnóstico de la situación económica imperante en el país. En el informe Powell concluyó que la estructura bancaria salvadoreña debería ser organizada sobre la base de un banco central, concebido dentro de un sistema ortodoxo, tradicionalista, que se encargara de mantener y resguardar la moneda y el crédito y teniendo la facultad exclusiva de emitir billetes.

Según el Informe Powell, el banco central debería ser creado con el objetivo principal de controlar el volumen del crédito y la demanda de medio circulante, para asegurar la estabilidad del valor externo del colón. La creación del banco central comprometía al Gobierno a mantener un equilibrio del presupuesto fiscal y a que la institución debería estar libre de influencia gubernamental.

Indicó también el Señor Powell que debería depositarse los fondos del Gobierno y de todas sus dependencias en el nuevo banco y que los bancos comerciales deberían mantener al menos 10% de sus depósitos en la Institución con el fin de formar la base para un sistema de compensación administrado por el Banco Central. También recomendó que debiera mantenerse una reserva mínima en oro del 30% en respaldo a los billetes y obligaciones a la vista y que nunca compitiera en forma activa con los bancos comerciales. Este proyecto le fue diseñado al Gobierno el 8 de marzo de 1934

El plan presentado por Powell obtuvo la aprobación de los sectores público y dio paso a la reforma bancaria de El Salvador, el Gobierno entró en conversaciones con los bancos Salvadoreño y Occidental en el sentido de acordar con ellos la renuncia al privilegio de emisión de billetes, lo mismo que la transferencia de las existencias de oro al BCR que respaldaban las emisiones de esos bancos.

El 19 de junio de 1934, se promulgaron la Ley de Fundación y la Ley Constitutiva del Banco Central de Reserva de El Salvador, cuyas disposiciones fueron contenidas en los decretos legislativos números 64 y 65. Se le definió el objetivo de asegurar la estabilidad del valor externo del colón

El Banco Central de Reserva de El Salvador abrió sus puertas al público el 1 de julio de 1934. En el acto de inauguración estuvieron presentes el Presidente de la República, General Maximiliano Hernández Martínez, el Ministro de Hacienda, Doctor Carlos Menéndez Castro; Agustín Alfaro Morán, el Señor William W. Renwick y don Luis Alfaro Durán, como miembros propietarios de la Junta Directiva

El Banco Central se convirtió en el coordinador entre la política fiscal y la monetaria, ejerciendo control sobre el crédito, con facultades para actuar como intermediario del crédito externo a largo plazo y para ejercer un control sobre las transferencias internacionales de fondos.

El Banco Central continuó trabajando durante la década de los 80 como ejecutor de las políticas dictadas por la Junta Monetaria.

Junta Monetaria En agosto de 1973, el Ministro de Economía sometió a la consideración del Poder Legislativo, el proyecto de Ley de Creación de la Junta Monetaria. El objetivo de su creación fue dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en el Art. 143, de la Constitución Política de 1950 La Junta Monetaria permitiría el cumplimiento del precepto constitucional de que el Estado dispusiera de un organismo adecuado para la formulación de las medidas de política monetaria que fueran necesarias. Las atribuciones de la Junta Monetaria fueron las mismas ejercidas por el Banco Central a esa fecha. Sin embargo, como se consideraba que las políticas fiscal y monetaria eran esenciales para la política económica, su formulación debería ser de responsabilidad directa de los funcionarios públicos vinculados con el proceso de desarrollo del país. La Junta Monetaria estaba integrada por el Presidente de la República, quien presidía, el Ministro de Economía, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Agricultura y Ganadería, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica y el Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, quien actuaba como secretario de la Junta.-

En 1989, después de una década de guerra civil y de nacionalización bancaria, la economía salvadoreña se encontraba inmersa en una aguda crisis económica y social reflejada en graves desequilibrios macroeconómicos, bajo crecimiento, limitación de la actividad productiva privada, situación de violencia y dependencia externa. Dentro de este contexto, fue necesario reestructurar el marco legal en que se desarrollaba el sistema monetario y financiero del país.

El Banco Central de Reserva desarrolló un papel protagónico en la modernización del marco legal financiero del país, así como en el fortalecimiento y privatización del sistema financiero y el programa de reformas a dicho sistema.

El Banco Central presentó anteproyectos para la aprobación de una nueva legislación que rigiera el sistema financiero salvadoreño. Las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, incluyeron entre otras, la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador, promulgada el 12 de abril de 1991, que define a la Institución como una institución pública y de carácter técnico, que vela por la estabilidad de la moneda y coordina la política monetaria y mantiene las condiciones favorables para la estabilidad de la economía nacional

La Ley fija como sus objetivos fundamentales, ejercer con carácter exclusivo la facultad de emitir moneda, mantener la estabilidad del valor interno y externo de la moneda y su convertibilidad, prevenir o moderar las tendencias inflacionarias y deflacionarias, regular la expansión del crédito, velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos y propiciar el desarrollo de un sistema financiero eficiente, competitivo y solvente, entre otros.

Nacionalización de los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo Se entendió como una medida complementaria a la de la reforma agraria. Al pasar los bancos a manos del estado, este estaría en condiciones de canalizar los préstamos a las cooperativas y los propietarios que se estaban creando en las zonas rurales bajo la reforma agraria. Asimismo el control estatal del comercio exterior de los principales productos de exportación suponía que el estado captaba las ganancias que antes terminaban en manos de los dueños de las empresas exportadoras de café, algodón y azúcar.

Destacándose que en esta el predominio de criterios políticos y militares sobre los necesarios criterios técnicos, económicos y administrativos que deberían de haber prevalecido. Evidentemente los intereses del conflicto político militar determinan la dirección de esa nacionalización bancaria.

El funcionamiento de un sistema bancario contrapuesto a la racionalidad y eficiencia empresarial redundan en una crisis del sistema, el cual no se derrumba gracias a la sostenibilidad y ayuda gubernamental y a la concepción contrainsurgente de su desenvolvimiento.

En esas condiciones no es extraña la importante contracción de los depósitos bancarios (-26.3% entre 1979-1989) y de los créditos totales (-31.8% en términos reales y en 43.6% los dirigidos al sector privado). El monto de la mora se triplicó en un período de 10 años, pasando de 245.2 millones en 1980 a 786.7 millones en 1988.

A pesar de los problemas de liquidez bancaria, la banca nacionalizada continuó canalizando sus recursos mayoritariamente a las grandes empresas de exportación tradicionales, al comercio y la industria manufacturera y en base a períodos de concesión fundamentalmente cortoplacistas y con el predominio de garantías hipotecarias.

Esta forma de funcionamiento, el aumento permanente de la mora bancaria y las condiciones propias de desenvolvimiento de la economía de ese entonces, hace que se incremente la desconfianza al sistema bancario salvadoreño y se produzca una fuga permanente de capitales hacia el exterior.

Estas condiciones facilitaron la reprivatización de la banca nacionalizada como condición previa para iniciar el proceso de liberalización del sistema financiero. Ello por dos razones básicas:

  • La liberalización del sistema financiero se realiza bajo el supuesto de que el sistema privado es más eficiente y competitivo que el sistema público
  • La liberalización es concebida exclusivamente con el predominio y dominio del capital bancario privado.

Evidentemente estos dos supuestos y el predominio político de la clase empresarial dirigente más conservadora del país, determinará una forma de privatización que recordará los procesos de acumulación y uso del aparato estatal similar a las formas de apropiación del siglo pasado.

Se aducía en la ley que los bancos comerciales y las asociaciones de ahorro y préstamo se encontraban en situación de insolvencia y que le correspondía al estado asumir el saneamiento de esas instituciones financieras, para lo cual fue creado el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero.

Justificándose por la situación económica que caracterizaban la economía salvadoreña a finales de la década de los 70, se tomó la determinación de nacionalizar el sistema financiero privado. Entre las razones que justificaron la acción estaban las siguientes:

La extrema pobreza de la población

  • La concentración del crédito en un pequeño grupo de familias
  • El negocio de la intermediación financiera
  • Las empresas en los sectores agropecuario, industrial y de servicios
  • La agudización de los problemas relacionados con la alta concentración de la riqueza y del ingreso
  • La estructura de propiedad que hizo posible que los bancos privados se volvieran cómplices de la fuga de capital

Esto último, se registró en los últimos dos años de la década y que demandaba la adopción de medidas que atacaran los factores limitantes, estructurales e inferiores en el fondo de la crisis. La nacionalización de la banca fue decretada el 7 de marzo de 1980 y tenía como objetivo:

  • Promover una menor desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza, mediante una nueva estructura de propiedad de las instituciones nacionalizadas
  • Democratizar el crédito mediante la extensión de sus beneficios a los sujetos económicos que habían permanecido marginados
  • Promover la utilización más racional del ahorro interno captado por el sistema financiero.

El Decreto No. 158 "Ley de Nacionalización de las Instituciones de Crédito y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo" (7 de marzo de 1980)

Esta ley fue promulgada, entre otras razones, para que la canalización de los ahorros se orientara a promover el bienestar general de la población. Para esto, se "reestructuró el sistema financiero para volverlo capaz de contribuir a los esfuerzos que en adelante debería realizar el Gobierno, para acelerar el proceso de desarrollo económico y social del país".

En su Artículo número uno, la mencionada Ley declara de "utilidad y necesidad pública la nacionalización  de los bancos comerciales privados, las financieras de empresas y las asociaciones de ahorro y  préstamo afiliadas al sistema de la Financiera Nacional de la Vivienda".

Al entrar en vigencia la Ley, se levantó un inventario de activos y pasivos en los entes financieros y se realizó la depuración  de los mismos. A tal efecto  se designó comisiones, cada una compuesta por tres delegados para cada institución, quedando así: uno por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, otra por la Corte de Cuentas de la República, y un tercero por el  Banco Central de Reserva de El Salvador.

 "Las comisiones deberán concluir su cometido en un plazo no mayor de seis meses."

A efecto de transformar la composición accionaría de las instituciones afectadas por la nacionalización bancaria y establecer los criterios de la privatización de ese sistema.

En esta ley se establece la autorización de la venta de acciones, las limitaciones tanto para el sector público como el privado, la categoría de compradores, las modalidades de venta, el precio de las acciones, las facilidades crediticias y otras disposiciones. Sin embargo en la práctica, la privatización se realizó de acuerdo a lo programado por los principales accionistas privados. Estos grupos, utilizando todo tipo subterfugios que aparentemente no iban en contra de la ley, han logrado evadirla y han obtenido buena parte del capital accionario de los bancos y financieras; mientras que las autoridades en lugar de aclarar y de explicar aquellos puntos en los cuales ha existido anomalías, ha hecho caso omiso de las críticas, incluso han defendido el proceso.

Para 1992 ya habían sido privatizados ocho bancos y cuatro financieras. Dichos bancos eran el Banco Agrícola Comercial, el Banco Cuscatlán, el Banco Salvadoreño, el Banco de Comercio, el Banco de Desarrollo entre otros y las financieras Casa, Ahorromet, Credisa y Atlacatl.

En 1998 existían más de 15 bancos comerciales y 5 financieras, aparte de la compleja estructura financiera creada en esta última década del presente siglo, en las que sobresalen los bancos privados, las financieras, las sociedades de seguros y fianzas, las casas corredoras de bolsa, las casas de cambio y las administradoras de fondo de pensiones.

Con la privatización de la banca se produce un nuevo marco de concentración de capitales en El Salvador y da origen a un cambio en la composición de los grupos económicos dominantes.

El Decreto No. 159

Ley Transitoria de Intervención de las Instituciones de Crédito y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo establecía en su Art. 1 que "para garantizar el normal funcionamiento de los bancos comerciales privados, de las financieras privadas de empresas y las asociaciones de ahorro y préstamo afiliadas al Sistema de la Financiera Nacional de la Vivienda y prevenir actos que dificulten su reordenamiento," se decretaba la intervención de los mismos. La ejecución del decreto estuvo a cargo del Banco Central de Reserva de El Salvador, que nombró en cada institución un interventor. Los bancos permanecieron nacionalizados por más de una década, hasta que en 1990 se dio paso a un Programa de Fortalecimiento y Privatización del Sistema Financiero en preparación a una nueva privatización de la banca.  

Aspecto positivo de la Nacionalización

  • La banca nacionalizada continuó canalizando sus recursos mayoritariamente a las grandes empresas de exportación tradicionales, al comercio y la industria manufacturera y en base a períodos de concesión fundamentalmente cortoplacistas y con el predominio de garantías hipotecarias
  • fue creado el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero.
  • Se promulgo la ley nº 158 para que la canalización de los ahorros se orientara a promover el bienestar general de la población
  • se "reestructuró el sistema financiero para volverlo capaz de contribuir a los esfuerzos que en adelante debería realizar el Gobierno, para acelerar el proceso de desarrollo económico y social del país".
  • las políticas aplicadas por el Gobierno reformista tampoco beneficiaron al sector, ya que trasladaban el excedente de la agro exportación a otros sectores más protegidos como la industria y el comercio

Aspectos negativos de la Nacionalización

  • Los intereses del conflicto político militar determinan la dirección de esa nacionalización bancaria.
  • El monto de la mora se triplicó en un período de 10 años, pasando de 245.2 millones en 1980 a 786.7 millones en 1988.
  • incrementa la desconfianza al sistema bancario salvadoreño y se produce una fuga permanente de capitales hacia el exterior.
  • El nacionalizar los bancos no disminuyo el descontento del pueblo
  • A manera de ley este banco debía de contar con "los depósitos del Gobierno y el 10% del dinero de los bancos debe de estar a disposición del BCR […]" Lo cual no produjo un mayor beneficio al pueblo ya que este dinero posteriormente fue robado
  • El nacionalizar los bancos no disminuyo el descontento del pueblo
  • A manera de ley este banco debía de contar con "los depósitos del Gobierno y el 10% del dinero de los bancos debe de estar a disposición del BCR […]" Lo cual no produjo un mayor beneficio al pueblo ya que este dinero posteriormente fue robado

Nacionalización de las exportaciones

Con un mayor sobre el comercio exterior de los principales productos de exportación suponía que el estado atraía las ganancias que antes terminaban en manos de los dueños de los empresarios exportadoras de café, algodón y azúcar. Por supuesto estas medidas fueron rechazadas en su totalidad por el sector privado, que vio acercarse una serie de medidas socializantes a la vez que incrementaba el conflicto militar.

En El Salvador se han dado muchas crisis en las que los gobiernos de la época han tomado sin fin de medidas para superar las crisis, sin embargo, lo único que "ha funcionado" para remediar en cierta medida estos problemas aumentar el precio del café que evitan la total caída de la economía salvadoreña.

En la crisis de 1959-1962 se da una disposición de tipo desarrollista que de igual manera que la actual se forma para responder los mismos intereses. Esta crisis solo demostró por enésima vez la debilidad de la agro-exportadora del país pues sufrió una baja importante en los precios del café, lo que demuestra una gran vulnerabilidad a los cambios del mercado.

Delante a esta situación el sector agro-exportador intenta de mantener sus niveles de ingresos y sus niveles de compra, tratando de ampliar la industrialización del café. En 1955 esto no prosperó debido al control de mercado de este tipo de café, por lo que busca una elaboración de una política que aumente su capacidad de importación y evitar la contracción de la economía. De aquí surge a lo que se le llamo la "Alianza para el Progreso" que sirve como orientación para los países latinoamericanos. Con esta "Alianza" surge también una contradicción con EE.UU. y el capitalismo agro-exportadora, por la mayor extensión que tenían los primeros sobre dicha estrategia, la cual termina en la prohibición de las reformas y se llega únicamente a sustituir el nivel de importaciones aprovechando el mercado común centroamericano.

"La nacionalización de las exportaciones no puede quedarse atrás en el desarrollo económico, social y político del país."

Un fenómeno que brotó fue la gran intensificación de la contradicción entre el productor y el gobierno, porque los productores manifestaban su enojo ante el gobierno expresando que puesto que no querían solucionar el problema del impuesto del café que se pagaba por cada quintal, ya que se había demostrado que se estaba pagando de una manera que se producían grandes pérdidas, ya que los precios de INCAFE no alcanzaban a cubrir los gastos de producción.

Uno de los efectos que la economía del país tendrá con la nacionalización de las exportaciones del café será la seguridad del ingreso de divisas.

Los intereses externos se proponen hacer un cambio en la industria del país, como consecuencia se concreto el modelo reformista aprovechando la integración del mercado centroamericano. Esta política dinamizo los sectores industriales y comerciales, creando una gran actividad económica.

En el año de 1960 se dio una crisis; esta nos demostró la incapacidad del modelo reformista para asegurar una estabilidad económica, haciendo que el modelo reformista fracasara y dando paso a un nuevo modelo: el modelo desarrollista

El modelo desarrollista se inicio en el año de 1969 y aunque hubo una evidente estabilidad económica, los problemas económicos y políticos no se hicieron esperar. Estos persistieron durante un tiempo, por lo que este movimiento también fracaso.

En 1979 aparece nuevo movimiento reformista que tenía como prioridad alcanzar la nacionalización de la banca. La nacionalización de las exportaciones del café se inicia en manifestación al interés de cambiar, preservar o acelerar las condiciones de dicho proceso, además se ve involucrado en el proceso de desarrollo económico, social y político del país.

La estrategia que tenían era contemplar ciertos cambios estructurales en la reforma agraria, nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de las instituciones de crédito y de las asociaciones de ahorro, pues desde su punto de vista había en ellas algunos problemas estructurales que no satisfacían las necesidades básicas de la mayoría de los habitantes para poder vivir dignamente.

Como alternativas a estos problemas tenia el crear bases firmes para iniciar un proceso de reforma agraria, y que a través de reformas en el sector financiero y el comercio exterior en el país, brindar al pueblo mejores oportunidades económicas.

A pesar de los planteamientos que las reformas anteriores presentaban, no tenían la orientación para resolver los problemas que pretendían. Cabe mencionar que las reformas estaban fuera de una política global de desarrollo.

También se decreta la creación de INCAFE, quien estaba a cargo de la exportación del café. Sin embargo esta reforma creo consecuencias para el sector cafetalero pues elimino por completo al exportador privado.

Esta reforma se oriento a modificar la estructura productiva pues pretendían superar la economía agro-exportadora que afectaba a los trabajadores de unas cúreles formas.

Aspectos positivos

  • Los ingresos provenientes del sector agro exportador también constituían la principal fuente de ingresos del estado
  • Los ingresos provenientes del sector agro exportador también constituían la principal fuente de acumulación de capital de la economía salvadoreña.
  • extraía el excedente que servía para generar inversiones.
  • El sector agro exportador por lo demás, era una de las principales fuentes de empleo en el sector agropecuario.
  • En el plano político, la economía agro exportadora contribuyó a la configuración de sistemas autoritarios y no participativos, debido en buena medida, a la necesidad del mismo modelo de utilizar métodos represivos para asegurar la disponibilidad de mano de obra requerida por los cultivos de agro exportación

Aspectos negativos

  • Acabó perjudicando sobre todo a los productores
  • Cargó con un aumento de los costes de producción
  • Sufrían constantes retrasos en los pagos
  • Los procesadores solían cobrar siempre por adelantado.
  • No implicó, sin embargo, el inicio de un proceso real de democratización.
  • A lo largo de los años 80, el modelo fue afectado por una profunda crisis económica y social, por el masivo ingreso de recursos externos, y por los efectos conflicto armado.
  • El ingreso masivo de recursos externos, proveniente principalmente de las remesas familiares que envían los salvadoreños viviendo en Estados Unidos es el elemento principal que provocó el fin de la economía agro exportadora en El Salvador.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS:

1- Góchez, Roberto. "Evaluación de Bancos y Financieras a partir de los objetivos de la privatización del Sistema Financiero 1992-1996". Tesis de grado, UCA, Septiembre 1997

2- Sorto Rivas Francisco, CENITEC, Ajuste Estructural y el Sistema Financiero en El Salvador, Cuaderno de Investigación. Año III, Marzo 1992. Pág. 16.

BIBLIOGRAFÍA:

 

 

 

Autor:

Rolando Andrés Valenzuela Amaya

Andrea Stephanie Castillo Villacorta

Rosa de Guadalupe Marin Lopez

Edades: El trabajo fue hecho cuando los autores tenían 16 años (2006)

Estudios: El trabajo se realizo mientras estudiaban en El Colegio Sagrado Corazón (COSACO)

Nacionalidad: El Salvador

Partes: 1, 2
 Página anterior Volver al principio del trabajoPágina siguiente