Modernización del canal de Panamá: Un punto de vista desde el movimiento campesino

1. Tres preludios necesarios al hablar de la modernización del canal
2. El proyecto de modernización del canal de panamá: un pacto firmado con sello prestado
3. En la antesala de una decisión regulada

TRES PRELUDIOS NECESARIOS AL HABLAR DE LA MODERNIZACIÓN DEL CANAL.

Hace ya casi 92 años, abre al comercio mundial lo que algunos han osado en llamar la octava maravilla del mundo. Con ello, nuestra delgada cintura continental, revaloriza la personalidad geográfica del Istmo de Panamá a la que las rutas del comercio internacional le han destinado una función transitista. Obra gigantesca de la ingeniería y del esfuerzo humano. Decenas de miles de trabajadores del mundo se concentraron en nuestro liliputiense entorno geográfico y brindaron lo mejor de sí para la construcción de esta titánica obra.

Las circunstancias, los sacrificios y el trabajo que significó su forja harto son conocidos. Sin embargo, sus efectos y consecuencias algunas veces han sido tímidamente abordadas y en otras ocasiones y desde posiciones unilaterales han difuminado el valor y esencia de su significado en el desarrollo y evolución de nuestra vida económica, política y estatal.

La infraestructura canalera como representación concreta del valor de nuestra posición geográfica hoy actúa como el eje orgánico de nuestro desenvolvimiento económico. Los tiempos en que divorciada de nuestra existencia, en donde sus efectos multiplicadores eran absorbidos por factores exógenos han sido dejados atrás.

Desde la reversión canalera en el año 2000, brota como posibilidad potencial el aporte del Canal al mejor futuro y desarrollo de nuestra sociedad, que exigirá a las próximas y futuras generaciones el asumir la convicción de que su integración a la economía debe ser íntegra y real. Romper el predominio, aún, presente de las compañías navieras internacionales sobre la política de peajes, modernizar su infraestructura sin alterar radicalmente su encuadramiento ecológico; todo esto, acompañado de obras supletorias ligadas a la prestación del servicio de trasbordo de mercancías se convierten en las nuevas exigencias del Canal del siglo XXI.

Pero en qué condiciones, quién y para qué, son algunos de los cuestionamientos que debemos hacernos antes de definir algún criterio sobre la modernización de los servicios del Canal de Panamá. Hagamos una necesaria exploración.

En este sentido, un primer preludio a revisar sería esclarecer qué es la A.C.P (Autoridad del Canal de Panamá). Digamos, de momento, que podemos caracterizarla como una agencia del Estado panameño con fines privados. Esa es su naturaleza. Por lo tanto y concretamente la política ejecutada por una organización bajo este perfil generalmente tiende a:

1. Aumentar al máximo el presupuesto.

2. Promover soluciones técnicas, caras e inapropiadas a los problemas de expansión, modernización, etc.

3.  Incumplir los compromisos adquiridos, principalmente con los sectores más vulnerables. De hecho, se entiende que con las grandes compañías navieras globalizantes los acuerdos adquiridos estarán ceñidos a un férreo y estricto cumplimiento.

4.  Desarrollar una distribución poco equitativa de poder. Hemos comprobado, en este orden de ideas, que las estructuras de poder local (mesas de trabajo) creadas por la ACP en las áreas de conflicto (Gran Cuenca Hidrográfica del Canal), no pasan de ser simples correas de transmisión burocráticas, ineficientes y desmovilizantes que tienden a agudizar las contradicciones entre los propios campesinos(campesinos históricos vs. campesinos emigrantes), incluidos los consejos consultivos comunitarios que se han realizado recientemente en las provincias de Colón y Coclé por la administración Torrijos.

Se entiende que aquí el problema es serio. Ciertamente, el campesino histórico se siente sumamente apegado a su tierra, ya que, la confunde con su vida misma tras ostentar un carácter usufructuario de generación en generación; mientras que el recién emigrado sólo ve en la tierra una mercancía. De suyo se comprende que no hay mala fe en esta actitud, sólo una manifestación alienada de las relaciones productivas existentes.

En consecuencia, y desde mis consideraciones, estimo que tendríamos que tomar en cuenta lo específico de Panamá, y precisar aún más estas observaciones, es decir, habría que matizarlas. Por ejemplo, la A.C.P por ley maneja su propio presupuesto. Así que, esto tendería a agudizar mucho más el carácter contraproducente de las posibles medidas adoptadas por una agencia estatista de la naturaleza antes comentada.

Por otro lado, el segundo preludio a revisar sería el compromiso de los proponentes con la naturaleza física del recurso estratégico: el agua. Esto conlleva aprender a dejar de sobrevalorar nuestra posición geográfica en el destino de nuestra historia económica.

El Canal de Panamá funciona, principalmente, debido a la existencia del Río Chagres y a la prodigiosa carga pluviométrica de nuestro país . Y aquí las cosas no parecen tan claras para nuestros estadistas. Sin embargo, no es lo mismo para libre pensadores como Manuel F. Zarate, quien en agudo trabajo nos alerta sobre el carácter del agua como mercancía en esta desmejorada relación de elevador hidráulico en que se convierte el Canal de Panamá.

Veamos, "La sola operación del canal destinada al transporte de barcos consume hoy día un total de 3.737.236.904 m3/año de agua en promedio, representando un uso per cápita equivalente a 1.245 m3/hab/año; esto es un 62% más que todo el uso per cápita del resto del país. No obstante, si se revisan las estadísticas económicas del Producto Interno Bruto (PIB), se observará que un 37,7% está vinculado directamente al uso productivo del agua; y que siendo la empresa del Canal el más grande usuario del líquido, sólo contribuye con un 14,9% a esa cantidad (cifras del 2003)".

Esto se debe a que en esta ecuación el valor del agua como mercancía no aparece en la operación, como nos dice Manuel F. Zarate "Las cifras expuestas sobre las existencias y potencialidades del recurso hídrico ponen a cualquier buen observador en el camino de afirmar que uno de los requisitos fundamentales de nuestra economía es incorporar el valor del agua a la visión del desarrollo como recurso natural estratégico del país. Sin embargo, a estas alturas no hay una política actualizada sobre este componente y menos un diseño científico de su valor, que permita dimensionarlo como activo económico en la contabilidad ambiental de la nación."

Dejemos este punto revulsivo así y continuemos este recorrido quirúrgico y pasemos revista a otro decisivo factor necesario en el entendimiento de este polémico tema: nuestro tercer preludio. Nos referimos a la espacialidad geográfica sobre la cual descansa esta proeza de la ingeniería hidráulica: el suelo.

En efecto, el tercer preludio está referido a lo que hace algunas líneas atrás hemos develado: el valor de nuestra posición geográfica. Sin embargo, debo afinar más el estilete y es que nuestra clase dominante, a través del control del Estado, se ha comportado históricamente como gran terrateniente. Esto la ha llevado, hoy día, a mercadear toda nuestra extensionalidad geográfica. Ciertamente, hasta la firma de los Tratados Torrijos-Carter (1977) el paso transístmico era lo único que entraba en juego en nuestra relación con el mercado mundial y las relaciones geopolíticas de las grandes potencias en el tiempo: España, la Gran Colombia, Francia, Inglaterra y finalmente, USA.

El resto de nuestro territorio agonizaba en la despreocupación y olvido de los diferentes gobiernos, ejerciendo éstos, si se quiere, un control a distancia. Esta zona transitista estructurada por las ciudades terminales de Panamá en el Pacífico y Colón en el Caribe (Nombre de Dios/Portobelo durante la colonia) era la que principalmente entraba en el juego del arriendo, en el juego de la oferta y la demanda, en el juego de la renta absoluta y la renta diferencial del suelo. Por cierto, otra vieja polémica del mundo agrario que desde nuestra posición aún no pierde vigencia, muy particularmente, en nuestras "macondianas" latitudes.

Una aclaración necesaria: este obviamente se convierte en un terreno agreste para nuestra limitada capacidad. Exige, sin duda, una mayor preparación. Sin embargo, seremos audaces y propondremos un nuevo camino a explorar. Para ello, deberemos hacer recurso de la "imaginación sociológica" al estilo de C. Wright Mills. Veamos, en la renta capitalista del suelo, el propietario de la tierra y el arrendatario capitalista son dos personas distintas.

El propietario de la tierra no se dedica personalmente a la agricultura, sino que entrega sus campos en arriendo al capitalista. Obsérvese la figura, el propietario de la tierra, el bloque histórico en el poder del Estado panameño posee un monopolio privado de la tierra a través de su control del Estado y como tal entrega y cede su soberanía a otro (USA) que tendrá el monopolio de la tierra como objeto de producción, la zona transistmica.

Con el monopolio (enclave) de esta franja (zona metropolitana-ciudades de Panamá-Colón), USA invierte su capital y construye el Canal; lo militariza y se apropia de la renta diferencial y del excedente. A renglón seguido, el Estado panameño reclama y realiza una lucha revisionista por mejorar las condiciones leoninas del Tratado Hay-Bunau Varilla (1903) y exige el aumento de la anualidad que paga USA por el monopolio de la ruta (renta absoluta).

Esto resume toda una "lucha por la soberanía" que finalizó al mediodía del 31 de diciembre de 1999 con la reversión canalera (desde el punto de vista del bloque histórico en el poder, es decir, el bloque mercantil-agrario y sus intelectuales orgánicos) y abre, asimismo, un nuevo equilibrio con los Tratados Torrijos-Carter cuando introducen la enmienda De Concini en el Tratado Concerniente A La Neutralidad Permanente Y Funcionamiento Del Canal, por una parte, y por la otra, con el advenimiento de la Autoridad del Canal de Panamá que asegura, tendencialmente, el desvió del excedente y la renta diferencial hacia el Imperialismo, principalmente, Yanqui.

Con respecto a la enmienda De Concini, debemos puntualizar que ya no se tratará del dominio sobre la franja canalera, ahora, la pretensión mayor será la República de Panamá:

"(b) Condiciones

     No obstante las estipulaciones del articulo V o cualquier otra estipulación del Tratado, si el Canal fuere cerrado o se interfiriere con su funcionamiento, la República de Panamá y los Estados Unidos de América, cada uno tendrá, independientemente, el derecho de tomar las medidas que cada uno considere necesarias, de conformidad con sus procedimientos constitucionales, incluyendo el uso de la fuerza militar en la República de Panamá, para reabrir el Canal o reanudar las operaciones del Canal, según fuere el caso" (las negritas son mías)

Sin duda alguna y con una posición ventajosa en el tiempo le encontramos mayor sentido a esta enmienda, ya que, los planes de ampliación del Canal datan del periodo entreguerras mundiales (1939), abandonándose éstos al entrar USA a la 2GM y empantanándose los mismos durante la "Guerra Fría"; en vista de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estaba muy entretenido sofocando las luchas de liberación nacional en el continente y el mundo, sofrenando los embates revisionistas y abrogacionistas del Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903 en Panamá y por último ensimismado en su carrera armamentista con la URSS.

Así que, la ampliación del Canal pasó a segundo plano careciendo de legitimidad mientras no se ordenasen las relaciones contractuales con el "cuasi" Estado panameño. Sin embargo, y arregladas las cosas en 1977 (firma de los Tratados Torrijos-Carter) se empieza a levantar tímidamente el debate de la ampliación del Canal tomando mayor fuerza con los gobiernos postinvasión (1989- hasta la fecha) y con el establecimiento de la democracia "made in USA". Es obvio, que esta tarea no se haría en presencia del tutelaje militarista de la Guardia Nacional/Fuerzas de Defensa de Panamá.

Ni el imperialismo Yanki, ni la burguesía panameña imperializada lo permitirían. Son muchos los millones de dólares que estarían en juego y la burguesía imperializada panameña si algo ha demostrado históricamente es que no está abierta a entregarle a una institución orgánica y estructural, como lo es el aparato armado, parte de los beneficios burocráticocorporativistas por ayudarla a mantener el control del Poder de Estado. En consecuencia, nace la Ley 44 durante el segundo gobierno postinvasión y bajo el mandato del Partido Revolucionario Democrático y su Secretario General el Dr. Ernesto Pérez Balladares, en ese entonces Presidente de la República de Panamá, que amplía la Cuenca Hidrográfica del Canal y la extiende hasta el mismo interior de nuestra cintura ístmica. De 339,649 hectáreas pasó a 552,761hectáreas. Y con ello, ya no es la zona metropolitana y sus ciudades terminales, ahora son las mismas provincias (Panamá y Colón) y una más, Coclé.

De suyo se comprende, pues, el fin último de esta enmienda: extender el derecho de soberanía USA a todo nuestro territorio nacional. Claro está, el derecho colonial (Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903) de actuar como si fuesen soberanos en la "Zona del Canal" fue clonado por el no menos neocolonial derecho a garantizar la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá.

A continuación, se presenta la Cuenca actual: (Región Oriental) y la ampliación aprobada (Región  Occidental), delimitada en líneas rojas:

Tomado de la página Web rivashomepage de geocities.

Finalmente, debo subrayar que el efecto inmediato de la existencia de este enclave significó un atraso para el desarrollo lógico del resto del país y contribuyó a que las relaciones productivas ligadas al agro compartieran un desarrollo desigual, inclusive regional y crecieran sobre la base del respeto a los grandes geófagos, ahora sí, individuales.

EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ: UN PACTO FIRMADO CON SELLO PRESTADO.

En apartes anteriores, hemos establecido de manera simple que este proyecto de modernización del Canal de Panamá obedece a un nuevo esquema, que no enfoque, en el contexto histórico de las relaciones bilaterales entre Panamá y los Estados Unidos. Decimos esquema, ya que, a nuestro juicio, USA tras la invasión de 1989 a Panamá logró su objetivo político principal en ese momento: subvertir el "papel autónomo" de las FF.DD de Panamá y minar sus posiciones políticas en el país (Documento de Santa Fe II) asegurándose, consecuentemente, con ello la instauración de gobiernos civiles dentro de su estrategia de "control de cambios" en la vida estatal del Istmo (enfoque).

Este recurrente enfoque, según nuestro punto de vista, es imprescindible en tanto que nos permite ralentizar los efectos ideológicos del análisis y aterrizar de manera consecuente en el análisis concreto de la situación política concreta. Concretamente, pues, en la Administración estadounidense despierta singular interés el hecho del financiamiento en la realización de los trabajos de modernización del Canal de Panamá.

En primera instancia, su lógica, a nuestro entender, esta orientada a que las obras deben correr a cargo del Estado panameño y para ello utilizan el eufemismo de que esta infraestructura presta un servicio al mundo y por lo tanto sus usuarios deberían compartir los riesgos financieros que esta obra supone. Es obvio, que este señalamiento apuntala su intención de coordinar mejor su alianza estratégica con el Japón en la promisoria Cuenca del Pacífico y por otro lado, también, garantiza que la carga financiera inicial, por lo menos, progrese a cargo de Panamá.

Para todos es sabido que frente al problema del financiamiento de estas obras la ACP ha recorrido un camino sumamente sigiloso y preñado de un escandaloso secretismo. Algunos entendidos en este terreno, sin embargo, sostienen que la ACP ha descartado de plano la posibilidad de que terceras partes compartan la carga y el riesgo financiero y ponen en tela de duda la viabilidad de una sobretasa.

"El administrador (Alberto Alemán Zubieta) se ha referido a una sobretasa a los peajes para financiar el proyecto. En primer lugar, sería interesante que dijese, aunque sea aproximadamente,la cuantía de esa sobretasa. En segundo lugar, me pregunto, si las empresas navieras que no encuentran que necesitan las esclusas más grandes para pasar sus barcos, estarán dispuestas a subsidiar a aquellas que se beneficiarían. Y además, ¿quién garantiza que va a haber los niveles de tránsito para generar los ingresos que se requieren para la amortización? Y cuando no lo hagan, tendremos nosotros los contribuyentes panameños, que  hacerle frente a esa obligación".

Si las cosas se ajustan según lo que hemos sostenido la participación de un tercero será necesaria por no decir obligante. Aunque no aparezca tan claro ahora, luego, de su desastroso coqueteo en tiempos del hegemonismo de la fuerza armada panameña en nuestra vida estatal. Hablamos del Japón, quien tiene una responsabilidad compartida en lo de la modernización del Canal. Su tecnología de punta que redundara en jugosos contratos de construcción, aparte, de sus propios intereses comerciales en Panamá, -el 70% aproximadamente de la flota comercial japonesa navega con bandera panameña, destacándose estas embarcaciones en los puertos japoneses. Entre un 30 y un 40% de todos los buques abanderados en Panamá (de un total aproximado de 11,312 buques) pertenecen a empresas japonesas- y en la región de la Cuenca del Pacífico.

Estas razones y de seguro habrá otras más nos advierten de lo ingenuo que seria dejarse encerrar en el ocultismo de la ACP en este terreno.

En efecto, el colaboracionismo de Japón con Estados Unidos en su estrategia de control del Canal de Panamá le podrá garantizar, en principio, una ruta comercial fiable. Mientras que el interés de Estados Unidos, en última instancia, esta relacionado con la necesidad de asegurar un nuevo siglo estadounidense en su papel de "soldado universal" permitiéndole el paso, por nuestra vena abierta a sus descomunales portaviones (los verdaderos Post Panamax, por ejemplo, el Ronald Reagan es la nave de guerra más grande en el mundo, con más de 100,000 toneladas de desplazamiento y su eslora equivale a tres campos de fútbol) asegurando con esto, un ajuste de cuentas a su "rollizo" presupuesto militar en tanto se reducen los desembolsos en la mantención de estos navíos de la muerte en sus costas.

Se impone pues la pregunta ¿Podrá financiar el Estado Panameño y la ACP este gran proyecto solo? Sólo en sueños. La modernización del Canal de Panamá y su plan maestro incluyen:

1. La construcción de un tercer juego de esclusas.
2. La ampliación de canales a ambas entradas del canal.
3. La ampliación de los cauces del lago Gatún y el Corte Culebra.
4. La construcción de dos puentes, uno en el lado del Océano Pacífico (obra finalizada) y otro en el Atlántico.
5. La construcción de dos hidroeléctricas (Río Indio y Cocle del Norte), la primera con capacidad instalada de 25 MW y la segunda con 150 MW.
6. La creación de tres embalses o por lo menos uno, en las Cuencas de Coclé del Norte, Caño Sucio y/o Río Indio.
7. Además de todo un conjunto de instalaciones y vías de comunicación (se han construido los corredores Norte y Sur) que tales proyectos exijan como: la ampliación del aeropuerto internacional, incorporación del aeropuerto de Albrook, autopista Panamá-colón, megapuertos y ampliación a 4 carriles de Panamericana.

Teniendo ese cuadro claro se hace impensable que Panamá pueda acometer esta tarea sola, en especial, porque nuestra economía no es boyante y el fardo de la deuda externa ejercerá su asfixiante presión, más de 1 500 millones de dólares al presente año.

EN LA ANTESALA DE UNA DECISIÓN REGULADA.

Al cierre de estas líneas aún no se ha presentado a la opinión pública los resultados de los estudios de la ampliación del canal. Hoy jueves, 2 de marzo de 2006 la prensa nacional recoge tras el discurso del Presidente Martín Torrijos en la Asamblea de Diputados que en las próximas semanas del presente mes serán presentados los proyectos de la ampliación del canal.

Aseguró el presidente, además, de que no habrá embalses y que no se contempla el desplazar a los moradores de la cuenca. No hay duda que esta declaración tiene una intencionalidad.

A este respecto, los entendidos especulan de que una de las propuestas de ampliación del canal que goza (hoy) de la sintonía en los directivos de la Autoridad del Canal, es la de construir piletas paralelas acompañadas del reciclaje de agua.

Desde nuestro punto de vista, más allá del valor tecnicista de esta propuesta la misma no tiene mayor sentido. Para nosotros la valoración de este proyecto pasa principalmente por la verificación de criterios sociales en el mismo, v, gr., la existencia de criterios de equidad en los resarcimientos, la existencia de mecanismos que aseguren el control y participación ciudadana en la toma de decisiones, la existencia de un régimen de derecho que tienda a solucionar los posibles conflictos de manera ordenada en la zona, la existencia de mecanismos de exigibilidad del cumplimiento del derecho, validez de los mecanismos de exigibilidad (jurisdiccional y administrativo), la recurrencia a la jurisprudencia y doctrina legal internacional sobre la vigencia de los derechos humanos y por sobre todo por la sobredeterminación de un modelo de desarrollo incluyente, nacional y soberano.

Es evidente que si no habrá embalses y desplazamientos la ley 44 no tiene derecho a existir, sin embargo, dudo que esa conclusión pase por las mentes de las autoridades del gobierno. De allí, la necesidad de la exigibilidad de un régimen de derecho en la Gran Cuenca del Canal. Como entendemos nosotros las cosas, lo más probable es que se establezca en las 552,761hectáreas un régimen usufructuario prioritario en el que privará una administración excluyente, autoritaria y autónoma de derecho público.

Ahora bien, según la constitución este proyecto luego que llegue a las manos del presidente y este lo envíe a la Asamblea de Diputados, el mismo deberá ser sometido a consulta popular para su aprobación. Sin embargo, el bemol de esta problemática esta referido a que esta en marcha una gran operación que incluye el uso y abuso de recursos políticos y económicos por parte de la ACP en la que la televisión y la prensa escrita colaboracionista son cotidianas propagandistas de lo "arcaico" del canal y de la necesidad urgente de su modernización.

Hoy por hoy, y desde nuestro punto de vista, no existen las condiciones para que la voluntad popular pueda reflejarse de manera seria y consecuente con la causa nacional. Proclamar y defender el NO en el posible referéndum no es la solución última tampoco, por más consecuente que parezca. Sin lucha y movilización y sin la esperanza de un porvenir mejor que abra el camino a la vida en medio de los riesgos que exige el progreso político y social del país, todo será mera ilusión.

¡A UNIRNOS PARA SER MÁS FUERTES!

¡POR UNA PATRIA QUE GANAR!

Por:

Cristóbal Arosemena Santana

Colaborador del Movimiento de Unidad Campesina (MUC).

Panamá

En memoria del Profesor Lionel Méndez D'Avila… un maestro.