Don Vicente Emparan:
Para septiembre de 1808 se instaló en España la "Junta Central Gubernativa del Reino", cuyo reconocimiento en Caracas se verificó el 12 de enero de 1809. Esta junta declaró la igualdad política de los americanos, considerando a la América como parte integrante de la monarquía española con representación nacional e inmediata ante el Rey. Más tarde trasladada a la isla de León acordó constituir una Regencia con cuatro españoles europeos y un representante de las provincias de Ultramar. La propia Regencia en su manifiesto del 14 de febrero alentó los propósitos autonomistas americanos al declarar: "desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres: no sois ya los mismos que antes, encovados bajo un yugo mucho más duro mientras más distantes estáis el centro del poder; mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia. Tened presente que al pronunciar o escribir el nombre del que ha de venir a representaros en el congreso nacional, vuestros destinos ya no dependen ni de los Ministros, ni de los Virreyes, ni de los Gobernadores: están en vuestras manos.
El Brigadier don Vicente Emparan fue designado Capitán General para sustituir a Casas. Venía de Cumaná donde había gobernado en forma liberal. A pesar de sus antecedentes no tardó en entrar en pugna con el Ayuntamiento y con el clero así como con la Audiencia. Dictó una serie de medidas represivas: era considerado delito de estado el poseer impresos relativos a la formación de una junta gubernativa en Quito, y envió a trabajos forzados en las obras públicas a algunos vecinos y provocó, en fin, enconada oposición.
Coincidió con la llegada de Emparan la de D. Fernando Rodríguez del Toro, quien con el título de coronel se encargó de la inspección de las milicias venezolanas y se va a constituir en uno de los activos agentes de la causa autonomista, junto con su hermano el Marqués del Toro, su sobrino político D. Simón Bolívar y muchos nobles más. Así se planeó la Conspiración conocida con el nombre de la Casa de la Misericordia, sitio donde tenía su sede el cuartel de los Granaderos de Aragua, mandado por el Marqués del Toro. Su hermano se traslado a Valencia donde debía encabezar el movimiento en aquella población conforme lo declaró más tarde. El movimiento fue descubierto. El libelista Díaz, de filiación realista, acusa de haber delatado el movimiento a D. Mauricio Ayala y a D. Andrés Bello, calumnia que repercutió y ensombreció en parte la vida del último. Don Arístides Rojas en un esclarecedor trabajo demostró la falsedad de la imputación y el hecho mismo de que después de verificada la revolución éstos gozaron de la confianza del gobierno revolucionario, lo que destruye la falaz versión.
Emparan se mostró condescendiente con los conjurados, muchos de los cuales eran sus amigos personales. Se limitó a confinar a algunos a Aragua y Valencia, como en el caso de Bolívar. Sin embargo la conspiración continuó. En manifiesto del 13 de mayo de 1811 declara el Marqués del Toro: "Teníamos tomadas todas las medidas necesarias al buen éxito de la empresa, cuando los caraqueños, ejecutándola el 19 de abril, dejaron sin lugar nuestra tentativa".
Los acontecimientos se precipitaban. En abril de 1810 se sabe en Caracas la disolución de la Junta Central y la formación de la Regencia, lo que ocasionó viva inquietud hasta el extremo de que las autoridades españolas tuvieron que fijar carteles el 17 de abril recomendando prudencia. Sin embargo, la causa autonomista ganaba cada día más prosélitos y los nobles caraqueños resolvieron tomar la iniciativa utilizando como instrumento para ello el Ayuntamiento.
19 de abril de 1810:
Los nobles caraqueños convencieron al alcalde primero D. José de las Llamozas para que convocara una reunión de Cabildo que considerar las noticias provenientes de España y tomara las medidas conducentes. Este con en hacer la convocatoria para la mañana del 19 de abril. En tanto los interesados habían desplegado una notable actividad al pueblo para asistir al acto. Otros de los conspiradores estuvieron reunidos en la casa del doctor José Ángel de Álamo hasta altas horas de la madrugada del día decisivo.
La reunión de Cabildo se verificó en forma inusitada, ya que correspondía al Capitán General su previa convocatoria. Este se dejó arrastrar por las circunstancias y atendiendo a la invitación de presidir la asamblea que le hicieron los regidores Valentín de Ribas y Rafael González la valido al hacer acto de presencia.
El alcalde D. José de las Llamozas expuso el objeto de la reunión generalizada de que era necesario crear un gobierno representativo del pueblo venezolano. Fue apoyado por Martín Tovar, quien declaró, además, que el pueblo se negaba a acatar la autoridad del Consejo de regencia. Emparan replicó a estos argumentos diciendo que era falso el que no existiera gobierno legítimo, ya que éste estaba representado en el Consejo de Regencia, cuyos agentes convendría consultar, y prometiendo tratar más tarde el asunto se encaminó a la Iglesia Catedral con el objeto de asistir a los oficios religiosos del Jueves Santo. Tal determinación abortaba el plan de los mantuanos, por lo que un grupo de los comprometidos entre los cuales se encontraban los Salías, los Montillas, los Ribas, empezaron a llamar "A cabildo", conforme la vieja tradición española. Francisco Salías intimó al Capitán General para que regresara al Ayuntamiento, y éste viendo que la tropa mandada por D. Luís de Ponte hacia causa común con los comprometidos regresó al Cabildo. Allí se encontró con medidas verdaderamente revolucionarias. Juan Germán Roscio y José Félix Sosa, titulándose diputados del pueblo toman parte en la Asamblea. También toman parte en ella el canónigo chileno José Cortés Madariaga y D. José Félix Ribas. Roscio y Sosa proponen formar una Junta presidida por Emparan, lo que venía a hacer nugatorio el movimiento revolucionario. A ello se opone impetuosamente Madariaga exponiendo que una Junta de tal naturaleza no ofrece garantías algunas ya que Emparan, podía disolverla y tomar represalias. Termina pidiendo la deposición de éste. Fue el momento cuando Emparan apeló al pueblo reunido en la plaza. El episodio es demasiado conocido. A las señas negativas hechas por Madariaga y a la acción de estratégico conjurados diseminados en la plaza, la muchedumbre respondió en forma negativa y pide a gritos la destitución. Emparan, despechado, exclamó: "¡Pues yo tampoco quiero mando!" Estas palabras serán consideradas como dejación voluntaria del mando. Y con este hecho se inicia el movimiento revolucionario.
La Junta Suprema:
El ayuntamiento venezolano asumió el control político de la situación constituyéndose en Junta Suprema, con la admisión de delegados de clase y corporaciones.
El acto del 19 de abril, documento genésico de la emancipación venezolana consagra la separación política, al desconocer al Consejo de regencia. En ella se considera que la Junta Suprema viene a ser la depositaria de los derechos del pueblo en orfandad "no sólo por el cautiverio del Señor D. Fernando VII, sino también por haberse disuelto la Junta que suplía su ausencia en todo lo tocante a la seguridad y defensa de sus dominios, invadidos por el emperador de los franceses y demás urgencias de primera necesidad, a consecuencia de la ocupación casi total de los reinos y provincias de España, de donde ha resultado la dispersión de todos o casi todos los que componían la expresada Junta, y por consiguiente el cese de sus funciones"
Acefalía que determinaba la necesidad de que la soberanía fuera ejercida por un organismo popular, el Ayuntamiento, conforme a los viejos principios del derecho castellano. Y que fundamentaba, así como las propias medidas tomadas por la Junta central, la negativa de reconocer a la Regencia: "Y aunque según las últimas, o penúltimas noticias de Cádiz, parece haberse sustituido otra forma de Gobierno con el título de Regencia, sea lo que fuese la certeza o incertidumbre de este hecho y de la nulidad de su formación, no puede ejercer ningún mando ni jurisdicción sobre estos países, porque ni ha sido constituida por el voto de estos fieles habitantes cuando han sido declarados no colonos, sino partes integrantes de la Corona de España y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía interna y a la reforma de la Constitución Nacional, ni cuando pudiese prescindirse de esto, nunca podría hacerse en la impotencia en que ese mismo gobierno se halla de atender a la prosperidad y seguridad de estos territorios y de administrarles cumplida justicia en los asuntos y causas propias de la suprema autoridad, en tales términos, que por las circunstancias de la guerra y de la conquista y usurpación de las armas francesas, no pueden valerse a sí mismos los miembros que compongan el indicado nuevo gobierno, en cuyo caso el derecho nacional y todos los demás, dictan la necesidad de procurar los medios de su conservación y de defensa y de erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a las máximas que ha enseñado y publicado en innumerables papeles la Junta Suprema extinguida".
Hace especial hincapié el acta en la fidelidad del pueblo a Fernando VII, así como su intervención en los hechos ocurridos ese día con la designación de diputados, y con su repudio plebiscitario al gobierno de Emparan quien hizo dejación voluntaria del gobierno, siendo sustituido su mando supremo por el del Ayuntamiento.
El ayuntamiento constituido en máximo poder tomó sus medidas. Fueron cesados el intendente Basadre, el brigadier don Agustín García, y el señor D. José Vicente Anca, auditor de guerra, asesor general del gobierno y teniente gobernador, todos los miembros de la Real Audiencia, colocando el Ayuntamiento "los letrados que merecieran su confianza"; se tomaron medidas de policía; se puso el mando de las armas en manos de Nicolás de Castro y de D. Juan Pablo Ayala; se le asignó provisionalmente a la tropa prest y sueldo doble.
El acta fue firmada por Emparan, los regidores y los incorporados posteriormente como delegados.
El día 20 el nuevo gobierno dirige un manifiesto a los habitantes de Venezuela informándoles de los sucesos del 19 y prometiendo: "os llamaremos oportunamente a tomar parte en el ejercicio de la suprema autoridad, con proporción al mayor o menor número de individuos de cada provincia". Esto demuestra ya francas intenciones separatistas a pesar de que el 23 de noviembre el nuevo gobierno tomo el nombre de Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII.
Fueron embarcados para España con todos sus gastos y muchas consideraciones el Capitán General, el Intendente, los oidores de la Audiencia y muchos altos funcionarios más.
Movimientos Revolucionarios en la Provincias:
El movimiento separatista en las provincias transcurrió sin mayor alteración. Delegados de la Junta Suprema fueron enviados a las principales ciudades para invitarlas a adherir al movimiento caraqueño. Todas, con excepción de Coro y Maracaibo, no tardaron en seguir el ejemplo de Caracas.
Provincia de Cumaná:
Don José Antonio Illas, ayudante de milicias, y el capitán D. Francisco de Paula Moreno, fueron designados para trasladarse a Cumaná, donde residían, con sus instrucciones precisas. Parra Pérez hace notar que la misión era difícil porque Cumaná desde hace mucho tiempo se consideraba con igual rango que Caracas. Además, un espíritu municipalista y un sentimiento autonómico muy agudo en las provincias orientales contribuía a hacerla más delicada.
El gobernador de la provincia, D. Eusebio Escudero, tan pronto tuvo noticias de los sucesos del 19 de abril consultó a los notables de la ciudad, alcalde, procurador general, comandante militar y vicario sobre el partido que convenía tomar. Estos aconsejaron convocar al Ayuntamiento, lo cual se verificó el 27 de abril, recibiendo éste el mensaje de la Junta Suprema. Este Ayuntamiento acrecentado por representantes del clero, la nobleza, los pardos, cuerpos de militares, agricultores y comerciantes, presta fidelidad a Fernando VII y manifiesta al gobernador la necesidad de formar una Junta gubernativa invitándolo a presidirla, lo cual fue rehusado por éste quien se embarcó para la Nueva Granada.
Actitud de Barcelona:
Esta ciudad organizó el 27 de abril su propia Junta bajo la presidencia de D. Gaspar de Cagigal y se separó de la provincia de Cumaná reconociendo en forma condicionada la autoridad de los caraqueños. Esto constituye una prueba más del agudo espíritu autonomista oriental. Cumaná no quedó conforme con esto y más tarde tomará medidas para someterla y en el primero Congreso venezolano constituirá uno de los más agudos problemas la pugna entre las provincia orientales.
Margarita:
El cabildo margariteño por su parte, reconoció la autoridad caraqueña y creó su propia Junta. Con los delegados de estas tres Juntas ante la Junta Suprema se constituyó el primer congreso nacional.
Provincia de Barinas:
El ayuntamiento se reunió el 5 de mayo para considerar los acontecimientos caraqueños, con asistencia del gobernador político y de las personas más notables de la ciudad. Ante la magnitud de los acontecimientos resolvieron convocar al "común" o sea al pueblo para que emitiera su juicio sobre tan importante acontecimiento. El ayuntamiento ampliado resolvió su adhesión condicional al movimiento de Caracas, siempre que se conserve la integridad del imperio; y la formación de una junta con representación del clero, de los militares hacendados, comerciantes y pardos. Fue presidida por D. Miguel del Pumar, y acordó entrar en relaciones con los Ayuntamientos de Caracas, de las demás provincias de la capitanía y del virreinato de Nueva Granada. De todos modos fue la oligarquía la que se encargó del gobierno de la provincia. En Barinas el coronel Húngaro pidió en nombre de los pardos "que se fijase la duración de los empleos para evitar la perpetuidad ofensiva de los derechos del pueblo".
Oposición de Coro:
El ayuntamiento coriano y el Gobernador militar Ceballos se negaron a reconocer la autoridad de la Junta de Caracas y encarcelaron a sus comisionados, remitiéndolos a Maracaibo de donde fueron enviados a Puerto Rico. En la actitud de Coro actuó mucho la rivalidad con Caracas, como lo hace resaltar el Regente Heredia. Declaró que Caracas había perdido su cualidad de capital de la Capitanía por la destitución de las autoridades supremas. Además, jugaban en ello viejos principios de derecho colonial, ya que correspondería esa autoridad que se sub-rogaba Caracas, a Coro, por ser la más antigua ciudad venezolana.
La Junta Suprema siguió un método persuasivo frente a los corianos, que la acusaban de rebeldía. Más tarde viendo que eran inútiles estos esfuerzos designó al Marqués del Toro para que entrara en negociaciones y los atacara si persistían en su actitud.
El Marqués del Toro entablo conversaciones con los corianos acerca de la legitimidad del acto. A pesar de que contaba con más de cuatro mil soldado la expedición del Marqués fracasó. Ante la resistencia de la ciudad de Coro y amenazado por españoles de Maracaibo tuvo que retirarse maltrecho, olvidando en ella hasta sus baúles. De allí partirá la reacción que dará en tierra con la primera República Venezolana.
Maracaibo:
Convocado el Ayuntamiento por Miyares, el Gobernador, y ampliado según recomendación de éste, dispuso que los comisionados Tejera, Hugo y Moreno, enviados desde Coro, fueron remitidos a Puerto Rico. Además, comunicaron a Caracas "aquella determinación y disposición contraria a sus ideas en que se haya este gobierno y habitantes, para conversar en todo tiempo su entera sumisión y absolutos respetos de obediencia fiel al señor D. Fernando VII, o a quien legítimamente lo represente, de cuyos principios jamás se separarán los pueblos de esta provincia y su cabeza". En síntesis, reconocían a la Regencia.
Mérida:
Luís Dávila, comisionado de la Junta Suprema a Mérida, logró la adhesión de esta ciudad. El Ayuntamiento arguyó que la presión de Santa Fe y Barinas determinó un acto semejante. Pero parece que influyó mucho en ella el deseo de separarse de Maracaibo y reconstruir su antigua provincia. La Junta que suplantó a las autoridades españolas se caracterizó por el predominio del elemento eclesiástico. El capitán de milicias Rodríguez Picón fue designado presidente de la Junta, quien tomó inmediatas medidas. Entre ellas, merece destacarse la creación de la Universidad. Mérida extendió el movimiento autonomista hasta La Grita y San Cristóbal.
Trujillo:
Mérida pidió recursos a la Junta Suprema contra posibles ataques de Maracaibo. El Marqués del Toro envió tropas que a su paso por la ciudad de Trujillo determinaron la formación de una Junta, previa renuncia del Ayuntamiento, presidida por D. Jacobo Antonio Roth, y en la cual estaban representados el clero, el pueblo, los hacendados y los pardos.
Política Exterior de la Junta Suprema:
La Junta Suprema no descuidó en ningún momento estrechar relaciones con el exterior. Ya para el 27 de abril se había dirigido a los Ayuntamientos americanos razonando su actitud.
Del mismo modo entabló relaciones con Inglaterra, Estados Unidos y algunas Antillas a las cuáles envió misiones especiales.
La misión a Estados Un idos tuvo relativo éxito. Presentadas sus credenciales al Secretario de Estado, Mr. R. Smith, este les prometió tomar medidas para estrechar relaciones de amistad y comercio entre Estados Unidos y Venezuela y designó un agente comercial en La Guaira. Intentaron los comisionados aprovechar la simpatía norteamericana y con ese fin hicieron gestionas para la compra de elementos de guerra. No fue posible hacerlo porque las existencias habían sido compradas por España. A su regreso pereció Juan Vicente Bolívar en un naufragio.
Los comisionados a Curazao lograron firmar un acuerdo comercial con el Gobernador. Madariaga echó las bases en Bogotá para el pacto de amistad, alianza y unión federativas que se firmaría en 1811 y en el cual ve Gil Fortoul, la génesis de la Gran Colombia.
La misión de Londres tuvo un gran éxito social, ayudados por Miranda. Diciéndose representantes de los derechos de Fernando VII tenían por objeto darle cuenta al gobierno inglés de la instalación de la Junta y ofrecerle su cordial alianza, recabando de él protección marítima en caso de un ataque francés. Piden, además, la mediación de la Gran Bretaña en las disensiones que pudieran estallar entre las otras provincias españolas y la Regencia de un lado y la Junta por el otro. Estos puntos presentados por los comisionados en audiencia privada al Secretario de negocios extranjeros, resumían la actitud de los criollos.
España aceptaba la mediación inglesa con la condición de que si no se lograba la reconciliación en un plazo estipulado, la Gran Bretaña rompería relaciones con las colonias, y la auxiliaría para someterlas a su obediencia. Tal pretensión fue considerada por el gobierno inglés completamente inaceptable.
De los componentes de la misión, sólo Bolívar regresó a Venezuela. López Méndez y Bello se quedaron en Londres donde prestarán invalorables servicios a la causa emancipadora. También se embarcó para Venezuela el general Miranda.
Las Elecciones:
A los escasos meses del 19 de abril, la Junta Suprema convocó a elecciones. El reglamento fue redactado por Roscio, constituyendo junto con el manifiesto expositivo el origen y fuente del derecho electoral venezolano "Todas las clases de hombres libres son llamadas al primero de los goces del ciudadano, que es el concurrir con su voto a la delegación de los derechos personales y reales que existieron originalmente en la masa común y que le ha restituido política de la Junta, extraída de la vieja legislación española.
Quedan exceptuados del derecho del sufragio "las mujeres, los menores de veinticinco años, a menos que estuviesen casados y velados, los dementes, los sordomudos, los que tuviesen causa criminal abierta, los fallidos, los deudores a caudales públicos, los extranjeros, los transeúntes, los vagos públicos y notorios, los que hubieran sufrido de pena corporal aflictiva o inflamatoria y todos los que no tuviesen casa abierta o poblada, esto es, que viviesen en la de otro vecino particular a su salario y expensas o en actual servicio suyo, a menos que según la opinión común del vecindario fuesen propietarios, por lo menos, de dos mil pesos en bienes muebles o raíces libres".
Las elecciones serían a dos grados. Un elector parroquial sería escogido por cada quinientas almas y otro por el exceso de doscientos cincuenta; estos electores reunidos escogerían un diputado por cada veinte mil habitantes y otro más por cada exceso de veinte mil. Las dos terceras partes de los diputados podían formar asambleas que recibirían el nombre de "Junta General de Diputación de las Provincias de Venezuela". En esta asamblea depondría de su poder la Junta Suprema.
Coincidió el fin de las elecciones con la llegada de Cortabarría, el comisionado regio, a Puerto Rico, quien exigió de los Ayuntamientos venezolanos sumisión a las autoridades españolas amenazándolos con bloqueo en caso de resistencia. La Junta desconoció su autoridad como representante de una autoridad ilegítima y protestó del tratamiento de insurgentes que daba a los venezolanos. La réplica de éste fue la de ordenar la ejecución del bloqueo y el envío de agentes perturbadora a Tierra Firme. El Regente Heredia dice que el inconsulto decreto de 1811, dictado por el Comisionado, fue el origen de las desgracias que se abatieron sobre el país.
Las elecciones arrojaron el siguiente resultado: La provincia de Caracas designó 24 diputados; la de Barinas, 9; la de Cumaná, 4; Barcelona, 3; Mérida 2; Trujillo , 1. Representantes natos de la oligarquía fueron electos. De ellos dice Parra Pérez "Entre los cuarenta y cuatro diputados figuraban en efecto, los hombres más notables no sólo de aquel tiempo sino de toda nuestra historia civil. Patricios, letrados, sacerdotes, grandes propietarios, formaron una asamblea llena de "luces" y patriotismo, insigne cual ninguna en el Continente y comparable al mejor cuerpo legislativo de los países europeos. Nunca, en más de un siglo de vida independiente, la nación ha exhibido una élite superior a aquella salida hace poco la oscura noche de la ignorancia colonial
En las actas del primer Congreso, que merece más que otro alguno el calificativo de Admirable, hallará siempre la República su más alta lección política. Varios de los representantes reclaman del historiador especialísima mención. Allí está Cristóbal Mendoza, reputado por su integridad y su ciencia: jurista y abogado, este trujillano, diputado de Barinas, honrará con su preclara figura la primera magistratura. Notable pero no único caso es el del provinciano, pobre y discreto, que se impone al respeto y a la veneración de colegas eminentes y muy naturalmente se alza al puesto más elevado. Martín Tovar Ponte, diputado por San Sebastián, de entereza broncínea, que jamás hace concesiones en materia de ideas y guarda incólumes las suyas a través de triunfos y desastres. Energía pasiva dice Baralt la del "ciudadano eminentemente justo de la revolución venezolana", más propia para presidir el gobierno en días de bonanza que en aquella tempestuosa época de conmociones sociales. Fernando Peñalver, de Valencia, cerebro vasto y cultivado, corazón enérgico y probo, cuya inapreciable recompensa será en los días gloriosos de Colombia, el respeto de Bolívar.
Marco Guerrero
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