Los conflictos de la gestión del agua potable en el mundo, Argentina y Bariloche
Enviado por plantasmedicinalespatagonia
- La gestión del agua potable a nivel internacional
- La gestión de los recursos hídricos potables en Argentina
- El agua potable a nivel local (S.C.de Bariloche)
- Bibliografía
Aclaración: el presente trabajo es una recopilación de noticias internacionales extraídas de internet, a las que se ha agregado opiniones acerca de la gestión de los recursos hídricos en la provincia de Río Negro y la distribución del servicio de agua potable en San Carlos de Bariloche
El tema del consumo del agua potable a nivel mundial, nacional y local, hoy en día, no es algo que justamente pase desapercibido. Este recurso es manejado a distintos niveles, por empresas o grupos empresariales, que van tercializando el servicio, incluso brokers, muchas veces encubiertos como intermediarios de beneficios, cuando en realidad son intermediarios comerciales y no justamente en beneficio del vecino-usuario.
A nivel internacional existen algo así como "empresas integradoras de servicios", es el caso de Enron, Suez-Lyonnaise y Vivendi, las cuales se encargan de actividades de construcción, operación, manejo y venta directa de recursos naturales: agua, gas y electricidad, entre otros, para los que existen los contratos de servicios múltiples. Planète bleue.-Portal.alternativo. www.planetebleue.info. Attac.- En su sitio en francés, propone un dossier sobre el poder de las multinacionales sobre el mercado del agua. www.france.attac.org/r43.
A escala internacional el recurso agua potable, es manejado por multinacionales entre los que se destacan las empresas francesas, portuguesas, inglesas y holandesas.
Se ha dado en llamar "escuela francesa del agua" a la gestión privada de ese recurso de la que Francia es pionera, y que a través de las empresas tales como, Veolia, Ondeo y Saur, ha formado una gran red de influencia internacional. La práctica del pago a la comuna por parte de la empresa de un "derecho de entrada" –que después la empresa cobrará a los usuarios– está en la base de la sobrefacturación, la falta de transparencia y las prácticas monopólicos de estas multinacionales, que provocan la rebelión de poblaciones en diversos puntos del mundo. La relación de intereses entre políticos y empresas (Marc Laimé, Dossier de l’eau. Pénurie, pollution, corruption, Le Seuil, París, 2003), Millones de Personas sin Acceso al Agua, http://www.ecoportal.net/content/vi.
Mil cuatrocientos millones de personas gracias a estos grupos y las nefastas políticas ambientales, no tienen acceso al agua potable. La batalla por el agua es uno de los puntos claves hoy en el planeta.
Las cifras mundiales sobre la utilización del agua potable por los seres humanos son escalofriantes. Uno de cada cinco habitantes del planeta carece de acceso a agua potable, y dos quintas partes de la humanidad están fuera del saneamiento básico. En ambos casos, el resultaron las enfermedades y la muerte. El II Foro Alternativo Mundial del Agua concluyó en Ginebra, Suiza. http://www.fame2005.org/rubrique.ph.
En diferentes comunas y departamentos de Francia, a instancias de usuarios que se rebelan ante el aumento de las tarifas, los funcionarios municipales han rescindido los contratos con empresas privadas de suministro y saneamiento de agua, y han vuelto a la gestión pública de ese recurso. El criterio de delegar esa función en manos de profesionales tropieza con la evidencia de que las empresas lucran a expensas de la población
Frente a una crisis proclamada, y a su corolario permanentemente anunciado –las guerras del agua–, suelen invocarse soluciones tecnológicas. La idea de ir a extraer el agua de donde existe y llevarla adonde se la necesita, tiene la ventaja, para los promotores de tales proyectos –habitualmente ingenieros y empresas de obras públicas– de una perentoria simplicidad. Pero esas transferencias masivas, a las que durante todo el siglo XX recurrieron numerosos países, no son inocuas: a menudo tienen un gran alcance político y un enorme impacto ambiental (Patrick Coupechoux, El Dipló N° 69, marzo de 2005).
En la cumbre sobre el desarrollo sostenible de Johannesburgo (agosto del 2002) se señaló reiteradamente que el proceso de calentamiento global acabará teniendo graves repercusiones en la disponibilidad y acceso al agua de millones de personasen el mundo. Para evitar el cambio climático sería imprescindible ratificar el protocolo de Kyoto para iniciar la reducción de los gases que provocan el efecto invernadero, pero la política imperial de los JUL no permite, de momento, pasar de las buenas palabras a los hechos. UNESCO.- Portal dedicado al manejo duradero y a la protección de recursos de agua dulce. www.unesco.org/water/. La Unión mundial por la Naturaleza. Programa de acción sobre las zonas húmedas y los recursos de agua en los países del Sur. www.iocn.org/themes/wetlands
El cambio climático acelera la desertización y, por tanto, la falta de agua dulce. La constatación de sus efectos se refleja en la reducción de los hielos polares en un 5% entre 1978 y 1998, al tiempo que su espesor ha disminuido en un 43% entre 1959 y mediados de la década de 1990, lo cual afecta gravemente la biodiversidad del planeta. 1.100 millones de personas, que representan el 18%de la población mundial, no tienen acceso al agua potable y 2.400 millones, el 40%, no disponen de red de saneamiento básico. Mientras, el 80% de las enfermedades de los países del Tercer Mundo son consecuencia directa de la utilización de agua en mal estado. Las necesidades de agua por persona y día son calculados en un mínimo de 25 l, pero en muchos países no llegan a los 20 l., mientras los desarrollados utilizamos entre 400 y 500 l. Se sabe que cada vez que nos duchamos necesitamos de 40 a 50 l. y cuando tiramos la cadena del WC 15 l. GRID-Arendal.- Centro noruego vinculado al PNUMA (Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente). Datos estadísticos, mapas y gráficos sobre el estado del agua y de los mares en el mundo. www.grida.no. Comisión oceanográfica intergubernamental (COI). Agencia de la UNESCO. www.ioc.unesco.org.
En Cochabamba, Bolivia, la "guerra del agua" librada por la población en 1990 y 2000 obligó al gobierno de La Paz a desprivatizar la administración del agua. Véase "La Ruée vers l’eau"Manière de voir 65, septiembre-octubre de 2002. Ver también artículo Clarín del sábado 11 de Junio del 200.5, por Claudio Scaletta, titulado: cómo mirarse en un espejo boliviano del agua al gas.
Chile es el país de la región que más muestra mayor avance en el proceso de privatización de los derechos de propiedad sobre los recursos hídricos. El Código de Aguas fue promulgado mediante Decreto con Fuerza de Ley N° 1122 (29.10.1981), habiendo sufrido algunas modificaciones desde esa fecha. Uno de los conceptos básicos que introduce este dispositivo es la posibilidad de otorgar derechos reales sobre el agua a quienes lo soliciten, siempre que haya disponibilidad en la fuente o cuenca. La principal institución involucrada en la gestión del agua es la Dirección General de Aguas (DGA), dependencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP), cuyo carácter no sectorial le permite desempeñarse de manera imparcial, propiciando el uso eficiente del recurso.
De una u otra manera los ciudadanos de la mayoría de los países latinoamericanos coincide que se deben de expulsar del país en donde estén a estas empresas extranjeras que por acomodos concesionarios saquearon al país usufructuando de los recursos naturales de las poblaciones mas necesitadas e incluso estafando a los usuarios de muchísimos países.
Con estas expulsiones se pretende lograr que el manejo del agua sea realizada por los ciudadanos mediante asambleas de participación ciudadana, con su organismos de participación popular y el control de su funcionamiento por todos los ciudadanos, también con participación de los trabajadores y con esto digo no a la estatización y menos privatización del agua por que considero que es un punto a tener en cuenta si vemos que los gobiernos, en especial el argentino, es clientelitas y empresarial, con su manejo no estaríamos asegurando el acceso a todos, sino a los punteros políticos, los mas pudientes y a las empresas amigas del estado.
En América Latina el panorama no es nada alentador, aunque muchas organizaciones se están juntando para luchar por sus derechos. Es una región geográfica en donde los retos que los países deben afrontar para garantizar el manejo eficiente del agua son muy complejos. Se calcula que la población de América Latina y el Caribe crecieron de 435 millones en 1990 a 585 millones en 2010, y a 715 millones en 2030. Este crecimiento del 64 por ciento en solo 40 aсos ocurrirб dentro de un marco general de cambios en aspectos tales como urbanizaciуn уn, ruralizaciуn у globalizaciуn, informaciуn y comunicación, así como de avances tecnológicos. Es muy probable que en los siguientes veinte aсos haya mбs cambios en el manejo del agua comparados con los que han ocurrido durante los ъltimos 2000 aсos. Dentro de este contexto, un reto fundamental para la regiуn será cómo proveer agua en cantidad y calidad adecuadas y de una manera eficiente para cubrir los requisitos domésticos, agrícolas, industriales y de energía de una población en expansión, y al mismo tiempo satisfacer las necesidades del ecosistema en la región.
Durante los ъltimos veinte aсos, el agua se ha convertido en un recurso vital para el desarrollo social y econуmico de los países en desarrollo. Al mismo tiempo, la importancia de los recursos hнdricos ha disminuido gradualmente en los paнses desarrollados. No es de sorprender entonces que muchas de las nuevas propuestas y soluciones para el manejo del agua se originen de países en desarrollo, incluyendo América Latina.
Sin embargo, a pesar del progreso realizado en el бrea de los recursos hнdricos en Latinoamйrica, las prácticas y soluciones innovadoras son todavía desconocidas fuera, e incluso dentro, de la región y de los mismos países. Es irуnico que los profesionistas del sector hidrбulico en México tengan mayor conocimiento de lo que acontece en el sector en países
tales como los Estados Unidos o Francia, y no de los logros en Argentina, Brasil, Chile o Colombia.
La gestión de los recursos hídricos potables en Argentina
A diferencia de los otros países con quienes comparte el Altiplano, la organización política de Argentina ha determinado que no exista una legislación unificada para la gestión del agua, aplicándose una normatividad distinta en cada provincia, lo que genera vacíos legales y diferencias importantes que obstaculizan el m anejo integrado de los recursos hídricos.
Esta situación es generada por el otorgamiento directo de la propiedad o dominio originario de los recursos naturales a la provincia, la cual determina el marco aplicable para su aprovechamiento y gestión. De esta manera, cada provincia define sus propios criterios de asignación del agua, condiciones de uso, régimen de concesiones, procedimientos, tarifas, etc. Las provincias ostentan el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, cuyas características diversas según los principales intereses y conflictos se expresan en diferentes tipos de legislación. De esta manera, los organismos competentes tienen serias dificultades técnicas y operativas que limitan la capacidad de los mismos de instrumentar políticas, desarrollar una gestión eficiente y ejercer el poder de policía.
Se considera que esta legislación es poco flexible para incorporar elementos que permitan determinar con precisión el valor económico, social y ambiental del agua. Otro problema, propiciado por la situación mencionada, es que la aplicación y control de la legislación vigente es deficiente, lo que se traduce en un incumplimiento generalizado de las normas.
A partir de la Reforma Constitucional de 1994, se encarga a la nación la responsabilidad de establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental y a las provincias la de elaborar la legislación complementaria. El Congreso Nacional cuenta con algunos proyectos de ley en proceso de trámite y consulta sobre ordenamiento ambiental, el sistema nacional de información ambiental, la clasificación de cursos de agua según usos, estándares de calidad ambiental, red de registro de vertidos a cuerpos y cursos de agua, títulos de reducción de contaminación, etc. Centre national de la recherche scientifique (CNRS).- Un dossier completo sobre el agua dulce. www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau.
Sin embargo, la existencia de gran cantidad de cuencas que se extienden por una o más provincias ha obligado a crear cierto nivel de coordinación entre las provincias, con una limitada participación federal, aunque el desarrollo de estas instancias de gestión no ha sido sostenido debido a problemas administrativos y financieros de estas organizaciones. Hacia el año 2000 sólo operaban tres de ellas: el Comité Ínter jurisdiccional del Río Colorado, la Comisión Regional del Río Bermejo y la Autoridad Ínter jurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro. La supervivencia de éstas se asocia al relativo perfil técnico que desarrollaron, los objetivos comunes de las provincias involucradas y la disponibilidad de financiamiento.
Bajo este marco, las principales organizaciones responsables de la gestión del agua son la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental aunque, dada la fragmentación señalada, otras entidades públicas también participan en la gestión de los recursos hídricos. En la práctica la autoridad de estas instituciones es muy fragmentada o difusa.
La Subsecretaría de Recursos Hídricos está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas (Ministerio de Infraestructura y Vivienda), encargada del sector hídrico a nivel nacional. A esta dependencia se le asigna la función de diseñar y ejecutar la política hídrica nacional, así como del marco regulatorio para la gestión del recurso, debiendo ocuparse también de los programas relacionados a la gestión y desarrollo de infraestructura y servicios hídricos.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental pertenece al Ministerio de Desarrollo social y Medio Ambiente, asignándosele la responsabilidad de preservar y recuperar el medio ambiente y conservar los recursos naturales renovables. La autoridad de estas instituciones está muy limitada todavía por la posición dominante de los gobiernos provinciales sobre las instituciones de tipo nacional (como las mencionadas anteriormente). Office international de l’eau.- Red de organismos públicos y privados creada en 1991. Amplia documentación en línea. En español: http://www.oieau.fr/espagnol/index.htm.
Esta situación, en medio de un proceso de reformas estructurales durante los noventa que apuntaban a la liberalización de los mercados y la privatización, ha significado que las respectivas legislaciones provinciales tengan que enfrentar los fuertes conflictos de intereses entre los sectores que demandan el recurso. Sin bien la actividad agrícola y pecuaria sigue siendo la principal usuaria del agua, es importante destacar la importancia del Sector Saneamiento. Este, manejado de manera centralizada hasta 1980, pasó a transferirse a cada provincia y, en algunos casos, llegó a asignarse a unidades de gestión locales como municipalidades o cooperativas de usuarios.
Este proceso fue continuado con una clara tendencia hacia la privatización de estos servicios públicos, promoviéndose el otorgamiento de concesiones a empresas privadas para la prestación de los servicios, las cuales eran reguladas por entes estatales especializados. El desarrollo del sector privado, mediante concesiones, en la prestación de servicios de saneamiento ha permitido que actualmente éste sea el principal proveedor, representando el 60% en el sector urbano, seguidos por las empresas municipales con 20% en tanto que los organismos provinciales, las cooperativas y las agrupaciones y uniones vecinales registran porcentajes menores.
Sin embargo, la dispersión de la autoridad también se produce en este caso, ya que cada provincia es responsable de organizar sus propios entes reguladores, generando nuevos problemas relacionados con la competencia territorial de éstos y su capacidad institucional para realizar una labor eficiente.
Las principales instituciones encargadas de apoyar el desarrollo del sector son el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que brinda asistencia técnica y financiera a las empresas concesionarias, y el Consejo Federal de Saneamiento (COFESA), cuya labor consiste en servir como órgano consultivo para determinar los programas que ejecutará el ENOHSA, en base a la coordinación interinstitucional.
En el caso del sector agrario, el mayor consumidor de agua, la tarifa teóricamente intenta cubrir los costos de captación y distribución del agua, fijándose en función a la superficie que posee el regante y no en base al consumo efectivo. La determinación arbitraria de la tarifa, en base a criterios políticos, ha significado que se mantenga en niveles muy bajos que no reflejan su verdadero valor, lo que sumado al incumplimiento de los pagos por parte de los usuarios, ha significado que la recaudación sea insuficiente para cumplir los fines planteados. (http://www.agualtiplano.net/manejo/gestion/argentina.htm.Ar.dir.yahoo.com/Medio_ambiente/Abastecimiento_y_tratamiento_del_agua/argentina.indymedia.org/news). H2O.- Información y análisis de conflictos regionales ligados a recursos hidráulicos y de cursos de agua. www.h2o.net.
El carácter fragmentario de la legislación hídrica argentina podría transitar hacia una estructura unificada bajo la aplicación de la reforma constitucional de 1994, la cual, si bien ratificaba el "dominio originario" de las provincias sobre el recurso, también dispuso que debía existir un conjunto de normas de alcance nacional que precisen los lineamientos para la protección ambiental, correspondiendo a las provincias desarrollarlos y aplicarlos.
El sistema de fijación de tarifas de agua responde a criterios diferentes según cada provincia, aunque se sostiene que éstos no reflejan el valor económico del agua, lo que constituye un obstáculo al uso eficiente del recurso.
En lo que se refiere a la defensa del medio ambiente y los recursos hídricos, la reforma constitucional de 1994 constituyó un importante avance. Además del rol que cumple la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, se debe mencionar que gradualmente se está desarrollando la legislación necesaria para los principales sectores de usuarios de agua.
En este sentido, el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) está llamado a jugar un importante papel, ya que su función es formular una política ambiental integral y promover la coordinación de políticas interinstitucionales en lo que respecta a estrategias, planes y programas de gestión regional y nacional. www.agualtiplano.net/manejo/gestion/argentina.
En Santa Fé, El grupo francés Suez anunció anoche (esto como hace un mes y medio), que dejará de controlar la empresa Aguas provinciales de Santa Fe, luego de que fracasaran las negociaciones con el gobierno provincial para lograr un ajuste tarifario del 60%.
La compañía, que posee el 51,69% del paquete accionario del grupo que explota la empresa provincial de agua, informó que dejará de brindar el servicio dentro de30 días, y que durante ese período trabajará junto al Gobierno provincial para resolver el futuro de la provisión de agua.
Suez, que también controla Aguas Argentinas y Aguas Cordobesas, tiene consorcios en Aguas Provinciales de Santa Fe al Banco Galicia (12,5%), a Aguas de Barcelona (10,89%) y a los empleados de la empresa (10%). Y desde hace tiempo venía negociando con el gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, quien les había pedido que se quedaran durante todo el 2005.
En un intento por promover reformas orientadas al fortalecimiento de los gobiernos locales el gobierno nacional ha declarado a 1998 como el "Año de los Municipios". A su vez, la reforma constitucional de 1994 consagra la autonomía política, institucional, administrativa, económica y financiera de los municipios, apuntando a reconocer la necesidad de esta autonomía para poder brindar los mejores servicios y devolver al municipio su rol histórico que le compete como célula básica de organización de la sociedad en un contexto democrático y participativo.
El agua potable a nivel local, San Carlos de Bariloche
En San Carlos de Bariloche, la situación general del manejo del agua potable y su comercialización, es muy curiosa y sugestiva. Recordemos que en S. C. de Bariloche, la mayoría de las vecinos dentro del ejido municipal se hallan comprendidos en tres delegaciones municipales: La del Centro con sus juntas vecinales a las cuales Aguas rionegrinas les distribuye y cobra directamente el agua potable, la del cerro Otto con 18 juntas vecinales y la del Lago Moreno con 22 juntas vecinales, las cuales le compran el agua potable a Aguas Rionegrinas y se las revenden a los usuarios.
El agua se halla en lagos, lagunas, ríos, arroyos, napas freáticas (o bien como hielo o nieve) en determinados lugares y momento, pertenece y la maneja la provincia de Río Negro.
Los representantes desde la provincia de dicho recurso son Aguas Rionegrinas del Estado y el DPA. Aguas Rionegrinas vende el agua potable directamente a granel y m3.
Existe una sola junta vecinal que no es del centro, que cedió los derechos de distribución a Aguas Rionegrinas, abaratando sustancialmente los costos, es el caso de la junta vecinal de C° Otto como la de Rayen Mapu, presidida por el Sr. Hugo Mastrolia y esta decisión fue realizada por asamblea ordinaria.
Es obvio que los costos y el valor final no son los mismos comparando la primer delegación con las dos últimas.
Estas dos delegaciones a través de sus juntas vecinales incluyen, como es sabido en sus facturas, ítems de servicios tales como: cuota social, bomberos, policía, biblioteca, "otros conceptos", además de eventuales ampliaciones de la red de distribución, Construcciones de tanques de almacenamiento, bombas para impulsar y elevar el recurso, Eventuales purificaciones, conexiones nuevas, re conexiones y por sobre todo Mantenimiento de toda la infraestructura que en muchos casos incluyen a otros Sub intermediarios como, escribanos, contadores y abogados que ofician, supuestamente para beneficiar a los vecinos.
Muchas juntas vecinales tienen sede de pago fuera de la propia junta y son varias las que contratan servicios para la impresión de las facturas. Esperemos que no se llegue al extremo, como el de varios países latinoamericanos, en donde "los intermediarios del agua" les han confiscado la propiedad a usuarios por no poder pagar el agua corriente
Volvamos a Bariloche.
Recordemos que los presidentes, secretarios, vocales y comisiones de las de juntas vecinales trabajan Ad honorem, sin recibir sueldo alguno, por sus altruistas funciones.
Este altruismo debería manifestarse decididamente, por ejemplo, en reducir significativamente los costos del agua potable, como lo hizo la única junta vecinal de Rayen Mapu de la cual hablamos anteriormente y de la cual deberían tomar como ejemplo, el resto de las juntas de las de delegaciones Otto y L. Moreno, reduciendo por lo menos hasta en un 35% los costos del agua potable.
Nos falta aún, y en eso estamos, realizar un cuadro comparativo de las J.V. y los diferentes costos de sus servicios, dato que solicitamos a la Dirección Gral. de Juntas Vecinales de Bariloche y no tiene, el DPA quedó en conseguirlo. No queda muy claro porque existen precios tan disímiles de servicios entre las juntas vecinales, y esto es el curioso y sugestivo.
Si bien es cierto que los gobiernos provinciales de la región Patagónica desarrollan el tema ambiental de modo particularmente amplio y de conformidad con los postulados de un constitucionalismo garantista y centrado en un estilo de relativa y parcial democracia participativa, estimo que es una muy buena oportunidad, para que los futuros constituyentes de la reforma de la Carta Orgánica Municipal de Bariloche hacia el 2006 (poderosísima herramienta a favor de las municipalizaciones), adquieran información y formación para evaluar la posibilidad de municipalizar este servicio vital como es el del agua y varios otros.
Recordemos que la reforma de la constitución de 1994, permite a los municipios realizar este tipo de gestión ambiental del recurso, al servicio del usuario-vecino, obviamente con la fiscalización nacional, que en el caso particular de Bariloche, puede ser la APN, dado que en rigor, si se siguen las pautas de la reforma de la Constitución del 94, varios recursos incluida el agua potable, deberían pasar directamente de Nación a Municipio y de este a vecino usuario.
Otro bocadillo jurisdiccional es que el lago Nahuel Huapi, es de dominio Nacional, aunque lo maneje y recaude el gobierno de la provincia de Río Negro para los servicios de agua potable, por decreto ley. Debería reverse esto y municipalizar el servicio del agua y adquirirlo directamente de Nación.
El municipio de Bariloche como la mayoría de los de Argentina, gozan de "autonomía semiplena", es decir que poseen autonomía política (porque eligen a sus propias autoridades), cierta autonomía económico financiera (porque se dan sus propios presupuestos, recaudan e invierten (o deberían hacerlo) sus recursos conindependencia del gobierno de la Provincia correspondiente), y relativa autonomía administrativa (porque tienen capacidad para organizar y modificar su propio aparato público), pero carecen totalmente de autonomía institucional (carecen de poder constituyente o capacidad para dictar sus propias cartas orgánicas) y este vacío produce una debilidad, un talón de Aquiles en la legislación ambiental y social y sin duda debe planificarse, organizarse y ejecutarse con toda impecabilidad.
En este orden de ideas la descentralización territorial y municipal merece ser entendidas como un campo de conflicto en gestación que evidencia las diferentes tensiones e incertidumbres de las políticas de modernización del Estado y la democratización, el neoliberalismo y las privatizaciones de los servicios públicos estatales (sin mencionar los hidrocarburos). Vender la patria es traición. La opción asume la forma de un dilema muy interesante. El municipio de S.C. de Bariloche como así otros que deban actualizar su carta Orgánica deben realizarlo bajo la esfera de una real autonomía. Si llegan a predominar políticas de descentralización que lleven a cabo y refuercen tanto mecanismos locales de eficacia y racionalización de la gestión, como de una mayor participación y representación en el sistema local de toma de decisiones, posiblemente se verá fortalecida la articulación entre los distintos niveles del Estado y las condiciones de las sociedades locales y regionales, particularmente las más necesitadas o carenciadas.
También debería contemplarse temas ambientales tales como la municipalización del impuesto al automotor, que antes quedaba en nuestra ciudad, el tema de las canteras y extracción de áridos que con el crecimiento de la construcción es todo un descontrol, los bosques dentro del ejido, que tambien recauda la provincia, el vertedero municipal y la basura que a duras penas se maneja, el del C° Catedral, para darle una solución definitiva, ambiental-social, en el primer caso y administrativa en el segundo, Todo esto, en pos del mejoramiento de la calidad de vida, en lo que refiere a la justicia ambiental y social.
www.ecoportal.net/content/vi.
www.agualtiplano.net/manejo/gestion/argentina.
www.h2o.net.
Por.
Lic. R. M-. Lauría Sorge.