La minería y su repercusión económica en el Perú (página 2)

Generalmente, se dice que una mina es explotable cuando la inversión para la explotación es inferior al beneficio obtenido por la comercialización del mineral.

Hay gran variedad de materiales que se pueden obtener de dichos yacimientos. Pueden clasificarse como sigue:

Metales: incluyen los metales preciosos (el oro, la plata y los metales del grupo del platino), los metales siderúrgicos (hierro, níquel, cobalto, titanio, vanadio y cromo), los metales básicos (cobre, plomo, estaño y cinc), los metales ligeros (magnesio y aluminio), los metales nucleares (uranio, radio y torio) y los metales especiales, como el litio, el germanio, el galio o el arsénico.

Minerales industriales: incluyen los de potasio y azufre, el cuarzo, la trona, la sal común, el amianto, el talco, el feldespato y los fosfatos.

Materiales de construcción: incluyen la arena, la grava, los áridos, las arcillas para ladrillos, la caliza y los esquistos para la fabricación de cemento. En este grupo también se incluyen la pizarra para tejados y las piedras pulidas, como el granito, el travertino o el mármol.

Gemas: incluyen los diamantes, los rubíes, los zafiros y las esmeraldas.

Combustibles: incluyen el carbón, el lignito, la turba, el petróleo y el gas (aunque generalmente estos últimos no se consideran productos mineros). El uranio se incluye con frecuencia entre los combustibles.

EL ROL DE LA MINERÍA EN NUESTRA ECONOMÍA

La minería es uno de los sectores más importantes de la economía peruana y representa normalmente más del 50% de las exportaciones peruanas con cifras alrededor de los 4 mil millones de dólares al año. Por su propia naturaleza la gran minería constituye un sector que genera grandes movimientos de capital más no de mano de obra, así el año 2003 aportó el 4.7% del PBI, sin embargo ocupó sólo al 0.7% de la PEA. La minería se ha vuelto tan importante que desde el año 1993 el Perú ha duplicado su producción de minerales.

Los principales minerales que exporta nuestro país son: cobre, oro, hierro, plata, zinc y plomo entre otros. Actualmente todos ellos son fuertemente demandados como insumos para procesos industriales de alto nivel tecnológico.

El Perú es un país de tradición minera. Durante la época de la colonia se explotaron las minas de plata de Potosí (Hoy Bolivia) y las minas de azogue de Santa Bárbara (Huancavelica). El azogue es conocido hoy como el mercurio y fue en su momento indispensable para la separación de la plata. Diversas fuentes coinciden que los minerales provenientes de estas minas permitieron la supervivencia y el desarrollo de Europa.

En el Perú, la explotación en Cerro de Pasco (Pasco) comenzó en 1905 y en 1922 se inauguró el complejo metalúrgico de la Oroya (Junín). En los años noventa se otorgaron numerosas concesiones mineras como parte de la política de apertura de mercados del gobierno de Alberto Fujimori. Actualmente las mayores explotaciones de cobre se registran en Cuajone (Moquegua), Toquepala (Tacna), Cerro Verde (Arequipa) y Tintaya (Cuzco). Cerro de Pasco y sus inmediaciones continúan extrayendo zinc, el plomo y la plata. Marcona (Ica) con hierro y San Rafael (Puno) con estaño. Con respecto al oro, Yanacocha y Sipán (Cajamarca), Pierina (Ancash) y Santa Rosa (La Libertad) constituyen las mayores explotaciones.

El Perú posee el 16% de las reservas de minerales conocidas, incluyéndole 15% de las de cobre y el 7% de las de zinc. Se estima que hasta el día de hoy el Perú únicamente ha extraído el 12% de sus recursos minerales y que con tecnología adecuada puede triplicar su actual producción, especialmente en metales básicos. Los principales demandantes de oro son Estados Unidos, Suiza y Reino Unido. Así, desde 1990 las extracciones en el Perú se han incrementado en un 500%.

La privatización de la gran minería nacional, emprendida por el gobierno peruano en 1991, ha atraído a más de cien empresas extranjeras. El 40% de estas inversiones procede de Canadá, y el resto, de Australia, Estados Unidos, México, Sudáfrica, China, Suiza, Reino Unido, Luxemburgo e Italia. Las empresas estatales como Centromín y Minero Perú fueron prácticamente desactivadas y sus activos liquidados.

Es así, que pudo apreciar que para el período comprendido entre 1992 y 2007 se había planeado invertir 9.811 millones de dólares en el sector. El proyecto más ambicioso es el de las empresas canadienses Noranda, Río Algom y Teck, y la japonesa Mitsubishi, en el yacimiento polimetálico de Antamina que produce cobre, plomo, plata y zinc: Se ubica en Ancash y es considerado como uno de los mayores yacimientos del mundo.

Su entrada en el 2002 representa la tercera parte del crecimiento del sector para el período 2000 – 2005, estimado en un 9%.

MINERÍA EN CIFRAS (POSICIONAMIENTO DEL PERÚ EN LATIOAMÉRICA)

El Perú tiene una expectante posición competitiva en la minería mundial, manteniendo un liderazgo minero en Latinoamérica y una sólida historia y trayectoria minera.

En el mercado Latinoamericano, el Perú es el mayor productor de oro, zinc, plomo y estaño. Asimismo, es el segundo mayor productor en plata y cobre, además de producir otros importantes productos metálicos y no metálicos.

POTENCIAL DE PERÚ

El potencial de exploración y desarrollo que ofrece Perú, puede reflejarse en que actualmente sólo el 10% de las áreas de concesiones mineras están siendo exploradas. En el mapa de ubicación podemos observar que la mayor concentración de operaciones y proyectos mineros se hallan sobre la franja de la cordillera central, existiendo oportunidades de exploración en estas áreas, además de la costa, sierra y selva del territorio nacional.

Un indicador del crecimiento minero, podemos observar en las exportaciones mineras, habiendo crecido de US$ 1,447 millones de 1990 a US$ 3,600 millones al año 2002.

Para la próxima década, la minería peruana proyecta inversiones que superan los US$ 7,000 millones.

INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

En la última década, más de 50 inversionistas extranjeros se han establecido en Perú, algunos con gran liderazgo en la minería mundial, entre ellas, procedentes de:

USA : Phelps Dodge, Cyprus, Doe Run, Asarco.

México : Grupo México

Canadá : Teck, Barrick Gold, Inmet, Rio Algom, Noranda, Cominco

Australia : BHP, Pasminco

Inglaterra : Billiton

Reino Unido : Río Tinto

Sud África : Anglo American

Así como las mencionadas con anterioridad se puede mencionar muchas otras compañías reconocidas a nivel mundial, que han sido y son atraídas por el ambiente favorable para las inversiones y principalmente por el gran potencial minero que ofrece el Perú.

PRODUCCIÓN MINERA

La producción minera en los últimos años, ha alcanzado un saldo positivo, por cuanto, nuestro PBI, se ha visto favorecido con su crecimiento, repercutiendo en nuestra economía.

Para mayor referencia, podemos apreciar los siguientes cuadros:

APORTE FISCAL DE EMPRESAS MINERAS

Cánones y regalías

Referirse al régimen fiscal de la actividad minera es mencionar los cánones (pagos por ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales) y regalías (porcentaje sobre la producción de metales), además de los impuestos a la renta que todas las empresas pagan.

Además de estos pagos, relativamente reducidos, las compañías mineras en el País se han beneficiado de exoneraciones tributarias.

Pago reducido de impuestos

En nuestro país, los beneficios tributarios así como los convenios de estabilidad tributaria, obtenidos por la gran minería durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), generan un pago reducido del impuesto a la renta en relación con las utilidades reales de las empresas.

Se indico que el promedio de aporte de la minería al fisco peruano durante el periodo 1998-2003 fue de apenas el 2.7% del total de los ingresos fiscales en dicho periodo.

Sin embargo, se sostiene que la actividad minera es la actividad económica que más aporta por impuesto a las utilidades. En el 2003 pagó al fisco peruano alrededor de $300 millones, lo que constituye el 23% del total de lo recibido por el fisco en ese concepto, señala.

Además, se incide en que los precios de los minerales tienen una tendencia cíclica y que por eso se debe considerar un periodo largo para establecer el promedio de los ingresos fiscales y no tomar como única referencia un año de buenos precios como fue el 2003.

Pero en los últimos años han sido los temas del canon y las regalías los que han generado la mayor controversia en ambos países.

En el 2002 el canon minero se elevó de 20% a 50% del impuesto a la renta, y en el 2004 se modificó la distribución del canon para beneficiar a los distritos productores (de acuerdo a los índices de pobreza y no por el número de pobladores de una comunidad).

Aunque esas medidas parecieran positivas: el canon minero también ha sido pequeño, alcanzando a ser el 0.7% de las exportaciones mineras peruanas. El canon minero también es ínfimo si se le compara con el ingreso por ventas de las empresas. Por ejemplo, en el periodo 1993 al 2003 el canon generado por Minera Yanacocha, principal productora aurífera de América Latina, representó el 3% de su ingreso por las ventas del mineral, y el canon recibido por el departamento de Cajamarca, donde se ubica la mina, fue equivalente sólo al 1.3% del ingreso por ventas.

Sin embargo, funcionarios gubernamentales dijeron que con las modificaciones en la ley del canon y la bonanza en los precios de los metales que empezó a fines del 2003, el canon aumentó sustancialmente. El ministro de Energía y Minas Glodomiro Sánchez dijo que en el 2004 el canon aumentó a 450 millones de soles ($136 millones), frente a los 120 millones de soles ($36 millones) pagados a las regiones donde operan las minas en el 2001.

Regalías en cuestión

Con el propósito de que las empresas mineras hagan un mayor aporte económico al país, se dio en el 2004 una encarnizada polémica entre parlamentarios y empresas multinacionales mineras en torno al cobro de regalías.

Tenemos el caso, que el congresista peruano Javier Diez Canseco las definió no como un tributo sino como "la compensación a la nación por la explotación de sus recursos naturales".

En junio del 2004, el Congreso peruano aprobó la ley de regalías mineras, que considera la aplicación de una tasa de 1% sobre las ventas brutas que alcancen los $60 millones, de 2% para las que se encuentren entre $60 millones y $120 millones, y de 3% para las que superen los $120 millones. Se estima que el fisco peruano recibirá este año unos $40 millones por este concepto.

No obstante que la ley fue promulgada por el Ejecutivo un mes después, el debate en torno a este tema ha continuado. Uno de los puntos en discusión es la propuesta de que el cobro de la regalía se haga en función de la cotización internacional de los minerales.

El gobierno consideró justo establecer un mecanismo que permita acumular fondos para cuando el recurso no renovable se agote. Entonces, la propuesta de regalía fue considerada una contraprestación, no un tributo.

LA MINERÍA PERUANA, DESARROLLO NACIONAL Y REGIONAL

La minería nacional sigue siendo un motor de desarrollo para la economía nacional. El actual proceso de regionalización presenta nuevos retos para este sector y para las autoridades recién elegidas, quienes tendrán que trabajar coordinadamente con el gobierno central y las empresas para mantener la competitividad de este sector.

Impacto en el desarrollo nacional

La minería peruana ha crecido en los últimos años. Esto vuelve a poner sobre el tapete el rol dinamizador que la minería tiene en la economía. Es ampliamente reconocida su contribución a las exportaciones, 48% del total sin incluir al petróleo o sus derivados. Lo cual ha servido para mantener el equilibrio de nuestra economía en años, como el 2001, en que el crecimiento fue casi nulo.

Por otro lado, se sabe que la minería no genera mucho empleo. Se estima que la minería formal sólo emplea un poco más de 60,000 personas, lo cual representa alrededor del 2% del empleo en el país. Sin embargo, el 62% de los puestos de trabajo creados por la actividad minera se ubican en la sierra, en zonas donde sólo se realizan actividades agropecuarias de poca rentabilidad. Por otro lado, si se incluye la minería informal y artesanal se deberían añadir entre 20,000 y 30,000 puestos de trabajo adicionales. A pesar de que este tipo de minería no es la que el país quiere ni debiera desarrollar, lo cierto es que en muchas zonas ésta se convierte en la única alternativa de sustento para pueblos enteros.

Pero poco es lo que se ha dicho acerca de su capacidad de compra interna. De los insumos utilizados por este sector es de origen nacional. Más aún, en las medianas y pequeñas empresas el porcentaje nacional se elevaron respectivamente. Se podría argumentar que algunos de los insumos nacionales no son sino mera combinación de productos importados y que, por lo tanto, no hay mayor generación de valor agregado. Sin embargo, ese pequeño procesamiento realizado en el país genera trabajo en otras industrias y se estima que cada puesto de trabajo minero genera 5 en otros sectores.

Más interesante aún es el potencial de desarrollo de las industrias proveedoras para la minería. Muchas de ellas no lograban desarrollar por un problema de costos, principalmente de energía, y por la falta de producción nacional de algunas materias primas. Tales son los casos de la industria del hierro y acero y de los explosivos. La explotación del gas de Camisea permitirá que ambas industrias amplíen su capacidad . Dos de las empresas líderes en cada una de estas industrias, Aceros Arequipa y EXSA, ya tienen desarrollados proyectos para construir nuevas plantas en sur del país.

Impacto en el desarrollo regional

El actual proceso de regionalización es uno de los mayores retos que tendrá que enfrentar el país en los próximos años. Sin reglas claras y sin el presupuesto adecuado, este proceso puede conducirnos al desastre. Los gobiernos regionales tendrán que identificar opciones de inversión y promocionarlas, junto con el gobierno central, para poder generar crecimiento económico. La minería es uno de los pocos sectores que ofrece oportunidades de inversión descentralizada y ampliamente identificadas por los inversionistas.

Un aspecto importante de la minería es que genera ingresos a las regiones a través de dos mecanismos. Por un lado, el 80% de los ingresos por concepto del Derecho de Vigencia, pago que se efectúa para solicitar y mantener los petitorios mineros, es distribuido a los gobiernos locales.

Por otro lado, el Canon Minero podría representar una importante fuente de ingresos si es que es bien administrado. A partir de enero de 2002, los recursos disponibles para el Canon se elevaron del 20% al 50% del Impuesto a la Renta pagado por las empresas mineras. El cual será distribuido a las municipalidades de las provincias en donde se encuentra el recurso natural (20%); a las municipalidades provinciales y distritales del departamento en donde se encuentra el recurso (60%), y a los gobiernos regionales (20%) .

Regionalización y competitividad minera

La última encuesta a las empresas mineras lanzada por el Instituto Fraser de Canadá ubica al Perú y Brasil, como dos de los países con más potencial geológico, después de Chile, ubicándolos en el quintil superior (ver Cuadro 4). Sin embargo, cuando se evalúa el potencial de sus políticas mineras, el Perú con las justas se mantiene en el tercio superior mientras que Chile se mantiene en el 15% superior. Según esta encuesta, el 14% de los empresarios mineros opinaron uno de los principales problemas del Perú radica en la incertidumbre de la administración e interpretación de sus regulaciones; y el 11% la duplicación e inconsistencia de sus regulaciones. Ambos temas tienen gran relación con el proceso de regionalización, ya que no se tiene claro las competencias que desempeñarán las Direcciones Regionales del Ministerio de Energía y Minas y si éstas dependerán de los gobiernos regionales o del gobierno central. Se debe, por tanto, buscar una definición al respecto para reducir la incertidumbre en los inversionistas mineros.

Regionalización y los grandes retos de la minería

Finalmente, las empresas mineras están experimentando cambios importantes en su conducta para honrar su compromiso de servir de vehículo al desarrollo sustentable. Recientemente, las empresas asociadas a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía han hecho público un Código de Conducta mediante el cual se comprometen a cumplir la legislación vigente, a promover y aplicar prácticas de protección ambiental y a fomentar el diálogo y la participación de los distintos grupos sociales en proyectos de desarrollo local.

Este Código representa un gran reto para las empresas ya que tendrán que establecer nuevas prácticas empresariales, muchas de las cuales requerirán cambios organizativos y de operación. Pero también representa un gran reto para los nuevos gobiernos regionales ya que tendrán que convertirse en socios adecuados para las empresas, especialmente en la conducción de proyectos de desarrollo productivo, al mismo tiempo que tendrán que atender las necesidades de las poblaciones locales y coordinar con el gobierno central en la aplicación de las políticas de estado. Un rol bastante difícil, pero ciertamente no imposible.

IMPACTO DE LA ACTIVIDAD MINERA

Consecuencias de la actividad minera en el Perú

1. Minería y agricultura:

Como bien, se tiene conocimiento que con la apertura de la economía liberal en los años 90, el sector agrario fue sumamente perjudicado debido a los subsidios aplicados por los países exportadores para favorecer la entrada de productos importados al mercado nacional. Esto trajo como consecuencia el menoscabo de la producción agrícola y contribuyó a la caída de los precios de los principales productos agropecuarios: el arroz, papa, carne, lana y fibra, entre otros. La situación se agravó aún más por el incumplimiento del gobierno de dar prioridad al desarrollo del sector agrario y de aplicar medidas efectivas para su reactivación. Peor aún será para los productores con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) ya que los pequeños productores no podrán competir con la producción tecnificada de los EE..UU.

Asimismo, desde hace más de una década, en el Perú, se viene aplicando una política neoliberal sujeta a los compromisos de los gobiernos de turno con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OMC, BID, etc. Dentro de este contexto, se dictaron normas que otorgaron prioridad a la actividad minera sobre la actividad agrícola; facilidades para el acceso a tierras y agua para uso minero, vulnerando los derechos de propiedad de las comunidades; facilidades económicas para el desarrollo de la minería en mejores condiciones que otros sectores económicos, a través de contratos de estabilidad tributaria, beneficios por la reinversión de utilidades, la exoneración de impuestos, la flexibilización laboral, la fiscalización ambiental, etc.

Ha sido y es asunto vergonzante la ausencia o presencia débil del Estado para resolver los conflictos entre las comunidades y las empresas mineras. Su rol de promotor de las inversiones mineras hace que su actuación en los conflictos se incline a favor de las empresas mineras. Un ejemplo de esta situación es el deplorable papel que viene cumpliendo el Estado en Tambogrande, Majas y otros centros mineros en el país.

2. Minería, medio ambiente y agua:

Los pasivos ambientales y sociales del sector minero no han sido resueltos totalmente hasta la fecha: cuencas, lagos, lagunas y ciudades contaminadas y en destrucción permanente, conflictos entre las comunidades y las empresas por el control de la tierra. Todo esto se intentó resolver con la aplicación por cinco años de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por parte de las empresas mineras, sin embargo, no se han obtenido resultados satisfactorios públicos hasta la fecha.

La autoridad encargada de la fiscalización y el cumplimiento de estos programas es el Ministerio de Energía y Minas. Este órgano ha incurrido en violación de sus propias normas al exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas mineras, facilitando la ampliación del período de ejecución de los PAMAs con la dación de una nueva norma: el PEMA (Programa Especial de Manejo Ambiental) para empresas que no hayan cumplido con el PAMA pueden acogerse al PEMA.

Tras el otorgamiento por el Estado de las concesiones mineras, las empresas desarrollan el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con una Consultora Ambiental pagada por la empresa y se procede a la aprobación del mismo por el Ministerio de Energía y Minas después de la Audiencia Pública. Esta última no constituye una consulta sino una reunión para sugerir cambios que permitan superar las 'imperfecciones' del EIA. El Ministerio de Energía y Minas no tiene la capacidad para fiscalizar la veracidad de los datos de los indicadores ambientales consignados en la línea base del EIA y hasta el momento no ha desaprobado ningún EIA correspondiente a un proyecto minero de mediana o gran envergadura que implique el retiro del mismo. A pesar que existe un rechazo al mecanismo, poco se hace para mejorar el procedimiento. La Audiencia Pública resulta ser un mecanismo estatal pro mina con fachada democrática y participativa.

3. Minería, tierra y territorio:

El artículo 89º de la Constitución Política de 1993, sólo reconoció el carácter imprescriptible del derecho de propiedad de las comunidades campesinas y nativas sobre sus tierras, no haciendo lo mismo con las características de inembargabilidad e inalienabilidad como lo establecía la Constitución de 1979. En ese sentido, la actual Constitución no garantiza el derecho de las comunidades a un territorio que ha sido suyo desde tiempos inmemoriales, disminuyendo el derecho de propiedad y no reconociendo todos los atributos que este derecho tiene en el caso de las comunidades con respecto a las tierras y territorios que ocupan.

Los propietarios de los territorios, sean comunales o individuales, sólo tienen derecho al suelo, mientras que el Estado es propietario del subsuelo, en donde se encuentran los recursos mineros. Por ello, las concesiones para el desarrollo de las actividades mineras sitúan en una posición de inseguridad jurídica el derecho de propiedad de las comunidades, muy a pesar de que la Constitución Política señale que este derecho es inviolable, que el Estado lo garantiza y que a nadie se pueda privar de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley. Sin embargo, es el propio Estado que, mediante el procedimiento de servidumbre que le compete al Ministerio de Energía y Minas, viola la Constitución y el derecho de propiedad con el fin de otorgar tierras a las empresas mineras cuando las comunidades no están de acuerdo en cederla para la realización de actividades mineras, con ello el propio Estado viola derechos de sus ciudadanos.

El conflicto generalmente se origina cuando se hacen contratos de compra-venta de tierras para que las empresas mineras tengan acceso y desarrollen sus actividades. Estos contratos no observan los requisitos legales establecidos por la ley No. 26505 que señala que para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva, se requerirá del Acuerdo de la Asamblea General con el voto no menor de los dos tercios de todos los miembros hábiles de la Comunidad, mientras que para el caso de la costa se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente. En la realidad, las empresas se aprovechan de las urgencias económicas de los pobladores, de la falta de conocimiento de sus derechos. Asimismo, el carácter expropiatorio de la vigente ley de servidumbre minera y su rechazo por parte de las comunidades han hecho que su aplicación sea inviable (además de ser una norma inconstitucional).

El Estado no ha implementado procedimientos de participación y consulta adecuados y efectivos, para que las comunidades tomen decisiones en la función a sus prioridades de desarrollo o sobre el desarrollo de actividades mineras en sus territorios, de acuerdo al Convenio Nº 169 de la OIT, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, suscrito por el Estado Peruano.

Alternativas de solución al problema minero

Lo primero que debemos hacer es reconocer que los problemas generados por la minería en el Perú, mas allá de tener expresiones técnicas y particulares, tienen una naturaleza política expresada en la aplicación, por parte de las clases dominantes que controlan el estado, de una estrategia de dominación y sometimiento a los grandes grupos de poder dominantes e imperialistas a escala mundial. Esa estrategia hoy se llama neoliberalismo y se encuentra sostenida jurídicamente en la Constitución de 1993 promulgada por el corrupto y dictatorial gobierno de Alberto Fujimori.

En ese sentido, lo primero que debemos exigir si realmente queremos acabar con las nefastas consecuencias generadas por la minería, es la convocatoria cuanto antes a una Asamblea Constituyente que le permita al pueblo en su conjunto rehacer, de acuerdo a sus necesidades y genuinas aspiraciones, el modelo de estado imperante. En esta nueva constitución del estado peruano se anularan los grandes beneficios tributarios y concesiones de los que hoy gozan las empresas mineras, se promoverá la creación de formas realmente democráticas que permitan al pueblo y a los trabajadores ser tomados en cuenta a la hora de realizar las grandes decisiones de trascendencia nacional, se respetara realmente el derecho a la tierra y al territorio de las comunidades indígenas sobre las que muchas veces se han asentado los consorcios mineros, se aplicaran mecanismos que promuevan la preservación de la vida y del medio ambiente, entre otras medidas que reivindiquen al pueblo y al ser humano sobre la gran inversión privada.

Por último, hay que indicar que estas demandas ya fueron planteadas en su momento (elecciones presidenciales del 2006) por Ollanta Humala y tímidamente por Alan García, logrando concitar la atención de millones de peruanos que en esa oportunidad depositaron su voto por el cambio y contra el continuismo neoliberal. Alan García, sin embargo, viene demostrando una vez mas que lo dicho en la campaña electoral no era mas que retórica demagógica y que una ves en el gobierno esta dispuesto a profundizar el saqueo neoliberal. Es tarea pues del pueblo, ha través de la movilización y la lucha unitaria y centralizada, imponer nuevamente estas demandas programáticas que nos permitirán avanzar hacia el ansiado objetivo de la liberación nacional y de esa manera empalmar con los grandes procesos de transformación social que hoy se viven en los países hermanos.

CONCLUSIONES

* La minería nacional sigue siendo un motor de desarrollo para la economía nacional. El actual proceso de regionalización presenta nuevos retos para este sector y para las autoridades, quienes tendrán que trabajar coordinadamente con el gobierno central y las empresas para mantener la competitividad de este sector.

* El gobierno autoritario de Fujimori, con un programa neoliberal brindó las condiciones propicias para atraer la inversión extranjera. Esto permitió que los empresarios mineros se beneficiaran, afectando a los productores agropecuarios y otros sectores económicos, incrementando el desempleo. Durante este período, se reforzó el centralismo y se profundizó la recesión. Por su parte el gobierno de Alejandro Toledo, con la misma política económica, obligo a seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y facilito la inversión de las empresas mineras. Y por ultimo el actual gobierno presidido por Alan García Pérez le da continuidad a estas iniciativas antisociales.

* Con política neoliberal el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas, se convierte en propietario o accionista de empresas mineras; en regulador de la política del sector minero, en fiscalizador para el cumplimiento de las normas ambientales y, a la vez, en promotor de las inversiones mineras. En consecuencia, no existe ninguna institución que vigile las actividades del Ministerio de Energía y Minas y proteja los derechos e intereses de las comunidades afectadas. Es decir el Estado ha implementado toda una red para facilitar la inversión minera, sin el cumplimiento de las normas ambientales y una adecuada y real participación de las comunidades afectadas y los trabajadores en la toma de decisiones.

* Finalmente, cabe decir, a mi entender, que nuestro país tiene potencial, allá los altos mandos que no toman las medidas necesarias para aprovechar las riquezas que son derrochadas en nuestro país por extranjeros.

BIBLIOGRAFÍA

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Fuente Encarta. CENTROMIN. Ministerio de energía y minas o Geografía del Perú. 2005.

TAMAYO VARGAS, P. Perspectivas económicas en el sector minero. Análisis económico. PUCP. Lima, Perú. 2007.

BLANCO BARRERA, J. Impacto de la actividad minera en el Perú. Marzo, 2008.

Autor:

Valle Cabanillas, Gerelyn

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS HUMANOS

CURSO : MACROECONOMÍA

PROFESOR : JORGE CÓRDOVA