El Movimiento Por Nicaragua advirtió en un comunicado que la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos y la posterior elección de sus funcionarios "bajo los ya establecidos criterios partidarios por parte de los diputados sandinistas y liberales", atentarían contra los derechos fundamentales de los nicaragüenses y violentarían la Constitución. El movimiento civil alegó que liberales y sandinistas no pueden proceder a aprobar la reforma a la Ley Creadora de la Sisep ni elegir funcionarios, porque eso sería desconocer la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia "y seguirse arrogando funciones que nos les corresponden".
El Movimiento Por Nicaragua, en la proclama "Basta ya de atropello al pueblo", también ve con preocupación los últimos acontecimientos que se han desarrollado en el país, que a su
juicio son "claramente dirigida y generada por políticos inescrupulosos que continúan sacrificando al pueblo por sus intereses mezquinos".
Los miembros de ese grupo hicieron, por tanto, un llamado al Gobierno y a los partidos políticos a trabajar unidos, pero sin un clima de violencia y chantaje político.
El Gobierno, por su parte, ha insistido en que la elección de estas autoridades violenta aspectos sustanciales del diálogo tripartito, en suspenso actualmente.
A través de los diversos métodos de investigación que hemos realizado, hemos podido llegar a la conclusión de este trabajo, algo denso y conflictivo, partiendo del establecimiento de nuestra hipótesis, para en este punto del reporte, poder consolidarla como una verdad requerida o como algo realmente innecesario.
"La SISEP es una Institución de gran importancia para el fortalecimiento del control social en Nicaragua.".
Es a través de los Estudios y sondeos realizados que hemos podido concluir el hecho de que la SISEP es una Institución realmente necesaria para el fortalecimiento del control social en Nicaragua, debido a que es a través de ella que se establecen diversas formas de solucionar los problemas tarifarios y serviciales que sufre la población nicaragüense.
La SISEP, es el ente de regulación por excelencia en los servicios públicos, pues entre sus deberes tienen el de proteger a la población de los incrementos exagerados de impuestos; un ejemplo de esto, es el de el incremento en la tarifa de energía eléctrica, pues a comienzos del año en curso, el Presidente, Enrique Bolaños Geyer, había establecido o permitido a las transnacional Unión Fenosa el aumento tarifario del 12.8 % a las personas que consumieran más de 150 KW/h , y que las personas que se encontrasen fuera de ese rango, serían subsidiadas por el Estado. Hay que tomar en cuenta, que menos del 40% de la población nicaragüense consume una cantidad menor a los 150% Kw. /h.
La Superintendencia de Servicios Públicos, se ha encargado de interceder entre el Estado nicaragüense y os pobladores ante dicha transnacional, permitiéndole únicamente un aumento del 10.6 en la tarifa a los consumidores mayores del rango establecido.
La negativa que se le ha presentado a esta Institución no se debe a si es eficiente o no, sino al de haber sido establecida sin la autorización del poder ejecutivo, pues este, siempre mandaba negativas a la petición de ley, y fue, que tras la necesidad de unificar estos Institutos, que el Legislativo consideró que era indispensable la creación de dicha Intendencia.
"Esta Institución es parte del pacto", alegan muchos, pero, si nos fijamos, todo esta hecho por el pacto, pues el poder Institucional se encuentra entre estas dos fuerzas políticas y democráticas, pues son quienes cuentan con mayor representatividad en la Asamblea y quienes nos representan en el Parlamento Centroamericano.
Nuestra Investigación, concluye con este resultado, reafirmando nuestra hipótesis, que a pesar de las negativas y desprestigio que esta Institución ha recibido por parte del Ejecutivo, llevan en si, el objetivo de interceder por todos y cada uno de los servidores que dichas Intendencias representan.
Con la despartidización o descentralización de los poderes del Estado, es que esta Intendencias pueden llevar a sano fin sus objetivos, sin presentarse ante ellas ninguna negativa de acreditación a como la están sufriendo actualmente, pues se cree que el objetivo de la creación de esta se debe al deseo de la Asamblea Nacional de restarle poder al Ejecutivo, hecho que ciega a los pobladores, no dejándole ver el lado positivo que poseen, a como lo hicimos nosotros, después de quitar los diversos tabúes que poseíamos debido a nuestras diferentes y muy particulares Ideologías tanto críticas como políticas.
Nicaragua. Constitución Política de la República de Nicaragua.
1ª. ed. Managua. Ed.BITECSA, 2004. 102p.
Diario Oficial de Nicaragua, La Gaceta. Normas Jurídicas de Nicaragua. Ley de Superintendencia de los servicios
Públicos. Leyes 511. Gaceta No. 39. Managua 24 de Febrero de 2005.
Diario La prensa, "Sisep aumentara tarifa de luz".Loaisiga López, Ludwin.
Managua 12 de julio del 2005, Pág. 5A.
Diario, El nuevo Diario, "Sisep nos guillotina". Pérez, González Juan.
Managua 17 de julio 2005, Primera Plana.
Páginas Web consultadas:
E n c u e s t a.
Análisis de datos obtenidos en la encuesta sobre la SISEP
La siguiente encuesta fue realizada a una muestra de 50 personas, entre los que se encuentran estudiantes, docentes y profesionales. Su objetivo principal es determinar la actitud de la población ante los últimos sucesos ocurridos por la aprobación de la ley 511 y la posesión de los cargos de los intendentes nombrados por la Asamblea Nacional.
Según la encuesta realizada por M&R los días 3 y 4 de junio de 2005 la población rechaza a la SISEP pues la ve como un mecanismo que fortalece el pacto Alemán-Ortega, 57.1% no apoya su creación pues se duplican las funciones que tenían los antiguos institutos cuyos directores eran nombrados por el Presidente de la Republica.
Ante la crisis ocasionada por esta ley se decidió hacer una encuesta que revele la opinión de la población y los conocimientos sobre la misma, para evaluar la factibilidad de la SISEP en nuestra sociedad.
Como se vera en el análisis de la información la mayoría de los encuestados no aprueban la creación de esta superintendencia pues consideran que en lugar de velar por la sociedad nicaragüense vela por intereses meramente políticos, la falta de información y los enfrentamientos originados por la ley 511 han acrecentado la inestabilidad política, social y económica que atraviesa el país, a un año de las próximas elecciones, crece la incertidumbre, el escepticismo y el desconcierto de la población hacia las fuerzas políticas que a través del pacto libero-sandinista gobiernan nuestro país.
Resultados obtenidos:
El 66 por ciento de los encuestados tiene edades entre los 16 y 19 años. El siguiente grafico muestra los rangos de edad entre las personas que fueron encuestadas.
Edad | |
66% | 16-19 años |
10% | 20-21 años |
8% | 22-25 años |
6% | 26-29 años |
6% | 30-37 años |
4% | 50-52 años |
En la siguiente grafica se puede apreciar fácilmente que la mayoría de los encuestados son del género femenino y esto representa el 56 por ciento, y los hombres el 44 por ciento.
Sexo | |
44% | Masculino |
56% | Femenino |
El 74 por ciento de los encuestados no sabe que es la SISEP y el 26 por ciento sabe el significado de esta institución.
¿Sabe usted que significa SISEP?
26%
Sí
74%
No
- ¿Sabe usted que significa SISEP?
Telcor, Inaa, Entresa, MTI
Unión FENOSA, ALMA, INTA, Magfor
Inaa, Ine, Telcor, Servicio al Cliente
Aunque el 74 por ciento contesto que no sabe que es la SISEP solamente el 50 por ciento no conoce cuales son las instituciones que la conforman, lo que demuestra que la población aun no tiene los suficientes conocimientos sobre la SISEP.
¿Esta conformada?
20%
Telcor, Inaa, Entresa, MTI
30%
Unión Fenosa, ALMA, INTA, Magfor
50%
Inaa, Ine, Telcor, Servicio al cliente
- La SISEP esta conformada por:
Es alarmante el bajo porcentaje de personas que consideran que la SISEP vela por el bienestar de la sociedad ya que este es uno de los objetivos principales de su creación.
Vela por el bienestar de la sociedad
16%
Sí
32%
No
52%
No sabe
- ¿Cree usted que la Superintendencia recientemente establecida, el 24 de noviembre del año 2004, vele por el bienestar de la sociedad nicaragüense?
El 82 por ciento de los encuestados considera que los intendentes nombrados no están capacitados para desempeñar sus cargos, lo que demuestra la falta de credibilidad de la población ante estos nombramientos. Según los datos revelados en la encuesta de M&R el 42.8 por ciento prefiere los directores elegidos por el Presidente y el 37 por ciento prefiere los intendentes elegidos por la Asamblea Nacional.
Intendentes capacitados
18%
Si
82%
No
- ¿Cree usted que los intendentes nombrados por la Asamblea Nacional estén realmente capacitados para desempeñar los cargos para los cuales fueron nombrados?
El 42 por ciento de los encuestados desconoce si la SISEP es una nueva forma de explotación, este dato confirma la falta de información brindada a la sociedad nicaragüense sobre la creación de esta superintendencia.
¿Nueva forma de explotación?
34%
Sí
24%
No
42%
No sabe
- ¿Es la SISEP una nueva forma de explotación para la población?
El 46 por ciento de los encuestados ignora si la SISEP es regida por intereses políticos pero un porcentaje muy alto (42%) considera que si responde a los intereses de las fuerzas políticas del país, si retomamos el análisis de M&R el cual determina que la población rechaza a la SISEP por consideran que fortalece el pacto Alemán-Ortega, es fácil determinar el origen de la oposición y escepticismo por su creación.
Rige intereses políticos
42%
Sí
12%
No
46%
No sabe
- ¿La SISEP se rige meramente por intereses políticos?
Velar por el bienestar económico de los nicaragüenses.
Estafar a la población y enriquecer a la clase política.
Regular las tarifas e impuesto establecidos por las transnacionales.
Según los datos reflejados en la encuesta la mayoría de los encuestados desconoce estas funciones y consideran que la creación de la SISEP pretende estafar a la población y enriquecer a los políticos.
Funciones
28%
Velar por el bienestar económico
42%
Estafar a la población y enriquecer a políticos
30%
Regular tarifas e impuestos por las transnacionales
- Las funciones de la SISEP son:
Aunque la mayoría de los encuestados no apruebe la creación de la SISEP el 54% considera que la actitud tomada por el Presidente Enrique Bolaños no es la adecuada para el país.
Actuación del presidente
12%
Sí
54%
No
34%
No sabe
- ¿La actuación del Presidente ante la aprobación de la ley de la SISEP ha sido la correcta?
Acorde a la Constitución
Han irrespetado al Poder Judicial
El 52 por ciento de los encuestados consideran que la policía ha irrespetado al Poder Judicial por su postura ante los acontecimientos ocasionados por la toma de posesión de los intendentes.
Postura de la policía
48%
Acorde a la constitución
52%
Irrespeto al poder judicial
- ¿Cómo ha sido según usted la postura de la policía ante la crisis que ocasiono la toma de posesión de los intendentes en las instituciones asignadas?
- ¿Considera que para aprobar una ley se requiere únicamente de la opinión de los diputados?
El 84 por ciento de los encuestados considera que antes de aprobar una ley se deben considerar diversas opiniones no solamente la de los diputados pues la mayoría de estas leyes son aprobadas sin consultarle a la población y en defensa de los intereses de las fuerzas políticas que gobiernan al país.
¿Solo los diputados pueden opinar para aprobar una ley? | |
4% | Sí |
84% | No |
12% | No sabe |
ANEXOS
Reformas SISEP bajo fuego
Luis Felipe Palacios
Ejecutivo no adelanta estrategia, pero advierte que responderá con "actitudes" que va a tomar
Sandinistas y liberales pretenden repartirse los cargos en nuevas instituciones de la Sisep
La discusión en el plenario, de las iniciativas de reformas a la Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) y la Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural, prevista para hoy o mañana, provocará un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El Poder Ejecutivo evitó decir cuál será la posición que asumirá ante la inminente aprobación de ambas reformas, sin embargo el presidente Enrique Bolaños advirtió este fin de semana que van "a contestar con actitudes que vamos a tomar". El mandatario indicó que esas "actitudes" son legales, y aclaró que jamás ha hecho nada fuera de la ley "ni pienso hacerlo fuera de la ley".
Bolaños ha pedido la anulación de ambas leyes, basado en la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que declaró inaplicables las reformas constitucionales que restringen facultades al Ejecutivo.
Empero, las fuerzas mayoritarias en la Asamblea Nacional, representadas en sandinistas y liberales, desconocen el fallo de la CCJ, basados en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua —controlada por ambos partidos—, que declaró inconstitucional el fallo del tribunal regional.
TERCIA INSTITUCIONAL
De aprobarse la reforma a la Sisep, desaparecerían las estatales Empresa de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), que están actualmente bajo el mando del Ejecutivo.
Junto a la Sisep nacerían cuatro Intendencias: de Telecomunicaciones y Servicios Postales, que sería sucesora de Telcor; Energía, que sustituiría al INE; Agua y Alcantarillado Sanitario, que reemplazaría al INAA; y la de Atención a los Usuarios y Consumidores. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que preside el ex presidente y reo Arnoldo Alemán, aspira a dirigir la Sisep y la Intendencia de Energía, mientras el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que dirige el ex mandatario Daniel Ortega, aspira a controlar las Intendencias de Telecomunicaciones, Agua y Atención a Usuarios. El Instituto de la Propiedad sería dirigido por un sandinista, y un liberal sería ubicado en la Subdirección, de acuerdo a los mismos legisladores, quienes no descartan cambios de última hora.
BOLAÑOS EN ESPERA
Al ser consultado Bolaños, si puede decretar un estado de emergencia en caso que sandinistas y liberales no sólo aprueben las reformas, sino que elijan nuevos funcionarios y usen la fuerza para sacar a los directores de Telcor, INE e INAA —nombrados por el Ejecutivo—, dijo escuetamente: "No tengo comentario". "No puedo adelantar la respuesta. Vamos a esperar a que las cosas sucedan", agregó. Tanto la bancada sandinista como la bancada liberal ratificaron que van a aprobar ambas reformas, pese a la oposición del Ejecutivo.
El coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro, reiteró que si el Ejecutivo no reconoce la legalidad de la Sisep ni a los nuevos funcionarios a nombrar, se pondrá al margen de la ley y la Constitución, lo cual "es un delito".
La comunidad donante instó recientemente al Ejecutivo y a las fuerzas mayoritarias a ponerse de acuerdo, incluso condicionó un desembolso de 120 millones de dólares anuales para Nicaragua, hasta que el país alcance un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y exista "un clima de tranquilidad y buena gobernabilidad" en esta nación.
PLC CONDICIONA DR-CAFTA
En la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), celebrado en la hacienda El Chile, propiedad del ex presidente y reo Arnoldo Alemán, los liberales acordaron trabajar un dictamen a favor del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos y Centroamérica, al que se sumó República Dominicana (conocido como DR-Cafta).
Sin embargo el PLC condicionó ese dictamen a favor del DR-Cafta, a que el Gobierno acceda a respaldar una serie de leyes que protejan a los pequeños productores. "Una Ley para la creación de un banco de fomento para los pequeños productores, una ley de fomento a la pequeña empresa y una ley antimonopolio, entre otras cosas", dijo el diputado Noel Ramírez, secretario nacional del PLC. (LA PRENSA/ Ludwin Loáisiga) ¿Y EL CONSENSO?
El diputado Agustín Jarquín, aliado de la bancada sandinista, admitió que habrá controversia en el método para nombrar a las autoridades de la Superintendencia de
Públicos y las cuatro Intendencias que se van a crear, porque los mismos requieren el consenso del Ejecutivo y las dos fuerzas mayoritarias.
Aprobada Ley de Superintendencia
- Rigurosos requisitos para los nuevos funcionarios, cinco en total * Cada intendencia asume patrimonio y funciones del ente regulador respectivo
- * FSLN y arnoldismo arrollan con 69 votos a favor las posiciones de Arellano y López Baldizón
EDGARD BARBERENA S.
Con 69 votos a favor, la AN aprobó ayer el dictamen de la Ley de la Superintendencia de Servicios Públicos que aglutinará en una sola estructura gubernamental al INE, INAA y Telcor, mientras establece una intendencia de protección a los consumidores.
El plenario aprobó los primeros 18 de los 24 artículos del proyecto. En la primera discusión, diputados del FSLN y del PLC presentaron una serie de mociones que modificaron una buena cantidad del articulado, al tiempo que rechazaron la forma en que el gobierno ha tratado de satanizar la aprobación de la Superintendencia de los Servicios Públicos.
Con la aprobación del artículo 1 de la ley el pleno estableció:
"Créase la Superintendencia de Servicios Públicos, sucesor sin solución de continuidad del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) y del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), como un órgano autónomo del Estado, que tiene a su cargo la normación, regulación, supervisión, aplicación y control del cumplimiento de las normas que rigen las Telecomunicaciones y Servicios Postales, los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, así como los servicios de Energía, en su carácter de Ente Regulador de estos servicios públicos.
"En consecuencia, cuando cualquier Ley, normativa, disposición u acto diga Telcor, INAA o INE, deberá entenderse que se refiere a la Superintendencia de los Servicios Públicos, la cual se denomina por sus siglas (Sisep); goza de personalidad Jurídica propia, y su patrimonio estará constituido por todos los activos de los Institutos de quien es sucesora sin solución de continuidad".
Presidente de la República podrá presentar candidatos
Como artículo 2 se estableció: "Créase cuatro intendencias, una para Telecomunicaciones, Energía, Agua potable y Alcantarillado Sanitario; y atención a los usuarios o consumidores. Tantos éstos como el Superintendente de Servicios Públicos serán electos de una lista de candidatos propuestos por el Presidente de la República o por los diputados miembros de la Asamblea Nacional, para su nombramiento en la siguiente Sesión Ordinaria una vez recibidas las propuestas.
"Serán nombrados con el voto favorable del 60% de los diputados que integran la AN. El período será de cinco años a partir de su elección".
A solicitud de Wálmaro Gutiérrez, se suprimió la prerrogativa de la inmunidad al Superintendente y los cuatro intendentes.
En el artículo 3 los diputados, al establecer un Consejo Directivo de la Superintendencia de Servicios Públicos, introdujeron cambios de consenso que fueron presentados por el diputado Luis Benavides. Estos cambios fueron los siguientes: La Superintendencia estará integrada por un Superintendente y cuatro Intendencias.
La Intendencia de Telecomunicaciones será sucesora de Telcor; la Intendencia de Energía será sucesora del INE; y la Intendencia de agua potable y alcantarillado sanitario será sucesora del INAA. La intendencia de los consumidores será integrada a las áreas de atención de los consumidores de Telcor, INE e INAA. El superintendente tendrá bajo su dirección las áreas administrativas, financieras, legales y demás áreas de apoyo que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley existan en Telcor, INE e INAA.
Requisitos para ocupar cargo de Superintendente
En el artículo relacionado a los requisitos que debe llenar la persona que vaya a ocupar el cargo de Superintendente o Intendente, los diputados hicieron cambios al proyecto a través de una moción que presentó Edwin Castro.
Esos requisitos -que quedaron consignados en el artículo 6- son: Ser nicaragüense, y si
hubiere adquirido otra nacionalidad, haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de la elección; haber residido en Nicaragua al menos cuatro años antes de la elección; haber cumplido 30 años de edad; de conocida solvencia moral, estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; y ostentar un título académico universitario relacionado con la naturaleza del cargo.
El superintendente de Servicios Públicos deberá ser ingeniero, administrador de empresas, abogado, contador público autorizado o economista con experiencia de al menos cinco años en administración pública. El intendente de Energía deberá ser ingeniero eléctrico o electromecánico con al menos cinco años de experiencia; el Intendente de telecomunicaciones deberá ser ingeniero en sistemas o carreras afines con experiencia de al menos cinco años en el sector de telecomunicaciones.
El Intendente de agua y alcantarillado deberá ser ingeniero hidráulico, o ingeniero civil con experiencia de al menos cinco años en el sector de agua y saneamiento. El Intendente de protección a los consumidores deberá ser abogado con al menos cinco años de experiencia. "No podrán ser nombrados para los cargos de Superintendente o Intendente personas que hayan sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra los bienes públicos, o que tengan parentesco en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Superintendente u otros de los intendentes", dice la ley aprobada.
Estos funcionarios sólo podrán ser removidos con el voto calificado de 60 diputados de la AN si ocurre cualquiera de las siguientes causales: renuncia al cargo, muerte, condena mediante sentencia firme, abandono de sus funciones durante 30 días sin causa justificada, incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes a la CGR, y haber sido declarado culpable de malos manejos de fondos de la Superintendencia. También le ley inhibe a esos funcionarios a ocupar cargos en cualquier partido político.
Debates en lo general
Previo a la aprobación del dictamen y los primeros 18 artículos de la futura legislación, diputados del FSLN y del PLC coincidieron en respaldarla, posición que contrastó con las intervenciones de Miguel López Baldizón, de la gubernamental bancada Azul y Blanco, y de la diputada Delia Arellano, de Camino Cristiano Nicaragüense.
Víctor Guerrero dijo que esta ley "tiene el objetivo de reestructurar el sistema de regulación de los servicios públicos en congruencia con lo ordenado en el artículo 105 de la Constitución, que establece la obligatoriedad del Estado de promover y facilitar esos servicios públicos, además de garantizar el control de los mismos.
La diputada Arellano, al rechazar la iniciativa, dijo en el plenario que le preocupa la formación de la nueva estructura, porque aunque pueda tener buenos objetivos, "estamos cambiando las reglas del juego a un año y medio de que finalice el período de gobierno".
David Castillo, Noel Pereira Majano y Luis Benavides respaldaron la aprobación de la iniciativa, mientras que Bayardo Arce recordó que en la comisión de Producción y Consumo se introdujo una iniciativa para reformar la Ley de Protección al Consumidor, ya que estas funciones pasarán a ser regidas por el Intendente de defensa de los consumidores. "Ya tenemos la propuesta de que la dirección de defensa del consumidor deje de ver los temas de energía, agua y telefonía, porque ahora sí habrá un organismo fuerte que tutele esos derechos, de tal manera que el ministerio de Economía, con la ley de defensa del consumidor, tutelaría los derechos de los consumidores en áreas mercantiles y otras de servicios", dijo Arce.
Funcionarios estarían siendo electos en enero
Al levantarse la sesión, el coordinador de la bancada rojinegra, Edwin Castro, evitó mencionar los nombres de quienes serían los candidatos a ocupar esos cargos, y dijo que se cumplirá la ley con los requisitos que se establecieron tanto para el Superintendente como para los cuatro intendentes.
Cuando los periodistas le preguntaron sobre la fecha en que estarán nombrados esos funcionarios, Castro dijo: "Esto va a depender del veto que hará el Presidente y el tiempo que nos tomemos para rechazar ese veto", pero advirtió que para enero todo estará consumado
Sisep pondrá aprueba fallos de las Cortes
Ludwin Loáisiga López María José Uriarte y Arlen Pérez
Liberales y sandinistas informaron que el Gobierno podría ser excluido al momento de escogerse a los directores de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) e Instituto de la Propiedad, en caso de que no reconozca las leyes creadoras de ambas instituciones. De acuerdo al legislador sandinista René Núñez, el Ejecutivo aceptó desde el 12 de enero, mediante el llamado acuerdo por el diálogo nacional, que firmó el presidente Enrique Bolaños con Daniel Ortega, la vigencia de las leyes 511 (creadora de la Sisep) y 512 (del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural), por lo que no puede ahora desconocerlas.
Mientras, el vocero presidencial Lindolfo Monjarretz explicó que mediante la resolución definitiva de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que declaró "inaplicables" las reformas a la Constitución, el Gobierno tiene facultad exclusiva para nombrar a los directores de la Sisep e Instituto de la Propiedad.
"La ley existe —512—, todo el mundo reconoce que existe, trabajamos en consenso, si una parte dice que desconoce la ley, de forma ilegal, y rompe la Constitución, no podes hacer consenso" para escoger a los directores, aseguró el diputado sandinista René Núñez, presidente del parlamento.
Por otro lado, en la reunión que ayer sostuvieron los liberales en la hacienda El Chile, propiedad del ex presidente y reo Arnoldo Alemán, decidieron dar marcha a la escogencia de directivos de la Sisep e Intendencia de la Propiedad.
"Vamos a nombrar a los funcionarios, y si se desobedece y se desacata la Constitución, pues que se haga uso de los mecanismos legales para hacer cumplir a los funcionarios del Gobierno que no quieran cumplir las disposiciones que están contempladas en la Constitución", explicó el diputado liberal Wilfredo Navarro.
Mencionó que en la siguiente reunión del diálogo nacional, prevista para el próximo miércoles, el Partido Liberal Constitucionalista (PCL) planteará al Frente Sandinista (FSLN) "la necesidad de la implementación de las reformas y de la Ley de la Sisep y de la Intendencia de la Propiedad".
Monjarretz refutó las intenciones de liberales y sandinistas.
"Al ser las reformas constitucionales jurídicamente inaplicables, la Asamblea no tiene facultad para nombrar a nadie en esas instituciones, ya lo ha resuelto la CCJ en su resolución y ese es un tema acabado, es una resolución lapidaria, contundente, clara", señaló por su parte Monjarretz.
A criterio del vocero presidencial, la solución al conflicto sería que se deroguen formalmente las Leyes 511 y 512 y "se construya una nueva ley de la propiedad y del servicio público, que no rompa el equilibrio entre los poderes del Estado", con base en el consenso alcanzado por las tres partes en distintos artículos de ambas leyes. El secretario de la Presidencia, Ernesto Leal, señaló que el Gobierno desconocerá cualquier elección que realice la Asamblea Nacional para ocupar cargos en la Sisep y el Instituto de la Propiedad, al existir un acuerdo de parte de Ortega para "congelar" ese proceso mientras no se establezca un acuerdo con el Ejecutivo.
"No pueden ellos escoger ningún candidato para la Sisep ni para el Instituto de la Propiedad, porque, en primer lugar, las leyes no son válidas y, en segundo lugar, las reformas constitucionales no son válidas, y aún cuando la reforma constitucional tuviera validez, hay una coletilla, un párrafo al final que dice que tienen que elegirse en consenso, así que por todos lados no pueden proceder", expresó Leal.
GENERADORAS EXIGEN ELECCIÓN DE DIRECTORES
Las empresas generadoras de energía se reunieron para definir las acciones que tomarán ante la crisis energética del país, ocasionada por el alza internacional en el precio del petróleo.
César Zamora, gerente general de la Empresa Energética Corinto, señaló que durante el encuentro llegaron a dos acuerdos fundamentales.
En el primero, consideraron que es urgente nombrar a las nuevas autoridades de la Superintendencia de Servicios Públicos.
"En segundo lugar, es importante que se reconozca y se respete la ley que manda que si hay incrementos del combustible del diez por ciento, se haga revisión de la tarifa que Unión Fenosa le cobra a los usuarios. Ya sucedió eso y el Instituto Nicaragüense de Energía ha decidido no hacer caso a la ley", añadió. 
Gobierno y diputados en polémica por Sisep
Moisés Martínez
Las fricciones continuaron durante el desarrollo de la segunda ronda de discusiones de la comisión técnica del diálogo nacional a medida que se avanza en la discusión de cada artículo de la Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep). Y es que aunque públicamente diputados y representantes del Gobierno tratan de dar su mejor cara, dando a entender que el ambiente de las pláticas es siempre la búsqueda de un consenso entre todos los participantes, los choques entre ambas partes ha sido una constante.
El detonante de estas discusiones ha sido principalmente el tema de la apertura en el mercado de las telecomunicaciones, el cual en este momento se encuentra en el limbo debido a las diferencias entre el Gobierno y los parlamentarios sobre la fecha en que ésta debe darse.
Una fuente gubernamental que participó en el encuentro comentó que en esta etapa, las pláticas se centraron principalmente en la discusión de los primeros artículos de la Ley Creadora de la Sisep, dado que esa será la mecánica de las discusiones; un artículo a la vez.
No obstante, los representantes de Telcor insistieron en discutir el tema de la apertura del mercado de las telecomunicaciones, presentando como propuesta de fecha el próximo 15 de abril.
Los diputados expresaron que este tema se aborde cuando se llegue al artículo 26 de la Ley Creadora de la Sisep, el cual establece la apertura del mercado de las telecomunicaciones hasta que las nuevas autoridades de la intendencia construyan las normativas con las cuales se van regular este nuevo escenario en el mundo de las telecomunicaciones nicaragüenses.
Uno de los primeros consensos fue una modificación al artículo que establece que el superintendente conocerá en primera instancia todos los recursos administrativos que se presenten en contra de una acción de alguno de los operadores de servicios aglutinados en la Sisep.
Con la modificación se establece que será la Intendencia de Consumidores la que atenderá los recursos interpuestos por los usuarios; la Intendencia de Comunicaciones recibirá a los operadores, mientras que el superintendente verá la parte administrativa de ambas instancias.
REPERCUSIONES FINANCIERAS
Informes de Telcor establecen que la apertura del mercado de las telecomunicaciones significaría reducir en 50 por ciento de las tarifas por llamadas internacionales, lo que implicaría un ahorro de seis millones de dólares por año para todos los usuarios. El tráfico telefónico entre Nicaragua y EE.UU. fue de 13.7 millones de dólares para el año 2002 y 11.8 millones para 2003.
Las estimaciones de Telcor señalan que las tarifas por larga distancia internacional pudieran llegar hasta los 10 centavos de dólar por minuto.
Víctor Guerrero mal visto en Sisep.
- El 73.77% de ciber lectores considera que no será capaz de enfrentarse a las transnacionales para velar por los servicios públicos del país
Humberto Meza
A juzgar por la opinión generalizada entre los lectores de EL NUEVO DIARIO, el recién electo Superintendente de Servicios Públicos, Víctor Guerrero, es el menos indicado para estar al frente de esa institución.
Pero no se trata solamente de capacidad. Entre los 3 mil 569 lectores que participaron de la encuesta electrónica de END "on-line", un 73.77% (2 mil 633 personas)
considera que Guerrero es tan corrupto, que no sería capaz de enfrentarse a las transnacionales para demandar que mejoren los servicios públicos del país.
La percepción tiene muchas justificaciones. Víctor Guerrero, ex diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), es de no muy gratos recuerdos en asuntos de irregularidades en todos los cargos desempeñados en la administración pública.
La mayor referencia de corrupción en el desempeño de sus cargos públicos ocurrió a mediados de los años noventa, cuando bajo la protección de Arnoldo Alemán en la Alcaldía de Managua (1990 – 1996) protagonizó el famoso "Ticomazo", un caso en el cual se le señaló de extorsionar con más de siete mil dólares a los dueños del Hotel Ticomo, por la pavimentación de una calle en las zonas cercanas, aún cuando el proyecto estaba presupuestado y financiado por la comuna capitalina.
Sólo un 12% lo acepta
Tiempo después, fue cuestionado por debilidades encontradas en la construcción de la pista Suburbana, que estaba bajo su supervisión, especialmente por las afectaciones que provocó en los barrios cercanos la falta de construcción de desagües y cunetas.
En 2000, cuando asumió la Corporación Regional de Empresas de la Construcción (Coerco), al menos seis empresas constructoras que elaboraron las obras de reconstrucción "post-Mitch", lo demandaron por no pagar una deuda de 240 millones de córdobas, aun cuando la institución atravesaba un momento muy rentable.
Entonces, lo acusaron de desviar parte del dinero, para financiar la primera fase de la campaña electoral del PLC, de cara a las elecciones presidenciales de 2001. Hasta ahora, Guerrero no ha respondido por ninguno de estos señalamientos. En compensación a la percepción negativa, 451 ciberlectores de END (12.63%) lo consideran idóneo para el cargo para el que fue electo, gracias al pacto libero-sandinista refrendado en el Parlamento, en tanto 485 (15.58%), dijo no conocerlo.
Sisep nos guillotina
* Plan previsto de diputados y los intendentes, confiesa Leonel Aguirre * Justificación es "para intervenir cadena de distribución comercial del Fuel Oil y reducir todos los costos posibles" * Red de Consumidores aseguró que Sisep perdió legitimidad con anuncio de alza, pues para ser equitativos, antes debió solucionar devolución del IVA
Leonel Aguirre Sevilla, ayer dijo que la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), fijó el cálculo del incremento en una cifra baja (5.98 por ciento), porque apenas es una parte de los beneficios que al final recibirá Unión Fenosa y las empresas generadoras para evitar un impacto mayor en las tarifas.
Detalló que una vez que la Sisep notifique oficialmente el alza a los diputados, la Asamblea Nacional trabajará y emitirá un decreto de "Estado de Emergencia Energética", para intervenir la cadena de distribución comercial del Fuel Oil y reducir todos los costos posibles que afectan este derivado de l petróleo.
Aguirre destacó que en un análisis con todos los agentes del mercado energético, se determinó que esos costos son los que están afectando la tarifa final de los consumidores y por eso pretenden extirparlos, para reducir el impacto que tienen los mismos al momento de calcular un ajuste en la tarifa.
Reveló que eso fue logrado en común acuerdo con los diputados durante la discusión en la Mesa Multisectorial que abordó el tema de la energía, pues ahora el precio oficial del barril de Fuel Oil está fijado en 38 dólares, y esta suma, al momento de su compra, todavía recibe el impacto de los costos mencionados y finalmente eso aparece reflejado en la tarifa, lo que estremece los bolsillos de los usuarios. Podría ser a fines de julio.
Aunque asegura que "será un hecho", evitó revelar cuándo será declarada la "Emergencia Energética", algo que fue confirmado por fuentes del Parlamento, quienes ayer calcularon que posiblemente entre en vigencia en la última semana de julio.
Aguirre, no obstante, adelantó que este decreto incluye "una serie de medidas. Algunas que no son muy técnicas y otras que son técnicas, en donde va a haber ahorro en la cadena de costos del suministro de energía". También incluirá la aprobación del desembolso de 18 millones de dólares de las utilidades en reserva de Hidrogesa, para aplicar el subsidio respectivo al 77.4 por ciento de los clientes de Unión Fenosa.
El funcionario asegura que este porcentaje es real ya que Fenosa en julio reporta en su sistema un total de 558 mil 400 clientes en todo el territorio nacional, de los cuales 432 mil 202 (77.4 por ciento), registran un consumo mensual igual o menor a 150 kilowatts-hora, quienes al final serán los beneficiados con el subsidio.
"El problema es que cualquier incremento en la tarifa de la energía no solamente afecta a los consumidores en el servicio que reciben en sus viviendas, sino que también, como efecto, suben los productos que se venden en los mercados", concluyó el Intendente.
Es tan verídico ese razonamiento, que después de conocerse el alza de 5.98 por ciento en la electricidad, hoy amanecieron más caros los combustibles y el gas licuado que se vende en las gasolineras.
La Intendencia de la Energía (INE), ayer publicó un comunicado en la edición de EL NUEVO DIARIO donde se muestra una tabla de los nuevos precios del gas licuado que empiezan a regir a las cero horas de hoy y para toda esta semana en Managua, donde se refleja un alza de 1.3 por ciento en el precio de los cilindros.
El cilindro de mayor demanda, de 25 libras, la semana pasada estuvo a 129 córdobas con 42 centavos, y en el nuevo pliego de tarifa, ahora amanece a 131 córdobas con 12 centavos. Un alza de un córdoba con 70 centavos.
Gasolina súper se dispara
El tanque de 100 libras registró el mayor aumento, siete córdobas con 82 centavos, pues pasó 671.21 a 679.03, mientras el cilindro de diez libras apenas registra un incremento de 68 centavos. En el caso de los departamentos, este aumento es similar, pero en algunos casos como San Carlos y Estelí, es un poco mayor.
Por otro lado, el galón de gasolina "regular" registra hoy un aumento de 1.40 córdobas, pues ahora se cotiza en las estaciones a 51.42 córdobas, mientras la "súper" llega a su más alto precio del año: 53.28, un aumento de un córdoba con 70 centavos. Solamente el diesel mantiene el mismo precio de la semana pasada, informaron los funcionarios de la Dirección General de Hidrocarburos de INE.
Los miembros de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), calificaron de "ilegal" el alza en la energía y sus respectivos efectos, "ya que Unión Fenosa se retiró de la mesa de discusión y ahora se les premia a los funcionarios con este porcentaje".
Al menos eso dijo Ruth Herrera, coordinadora de la Red, quien recomendó revisar también los costos operativos que mostró Fenosa, ya que a simple vista se puede percibir que "están inflados".
Entre los puntos que se deben evaluar a Fenosa mencionó el cobro de comercialización, alumbrado público, índice de pérdidas, alquiler de medidor, Impuesto Municipal y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Respecto de este último, especificó que la Sisep perdió legitimidad con este anuncio ya que, para ser equitativos, debieron haber anunciado el alza, pero también solucionar la devolución del IVA que tiene pendiente y debe completar Fenosa a lo inmediato.
"Bien hubieran dicho que se le autoriza eso, pero antes Fenosa debe devolver en un sólo desembolso todo el IVA cobrado ilegalmente durante 24 meses, pero no lo hicieron así y por eso es ilegal", apuntó.
Prometió que los miembros de la Red a nivel nacional, sostendrán una reunión en la sede central el próximo jueves, para determinar las acciones de protesta que se van a realizar para mostrar el rechazo a esta alza y sus repercusiones.
Investigación Documental basada en la situación legislativa y política que se desarrollaba para la fecha que esta fue realizada, 21 de julio de 2005.
Elaborado por Estudiantes de Derecho de la Universidad Americana (UAM), De La República de Nicaragua. Con sede en la capital, Managua.
Dedicatoria:
Por su carácter informativo, dedicamos este trabajo al pueblo de Nicaragua, que con mucho sacrificio busca la manera de sobrellevar la vida sin privilegios que les ha tocado.
Este informe fue elaborado pensando en todos y cada uno de los habitantes de esta bella Tierra de lagos y Volcanes, para que a través de nosotros se hagan valer sus derechos. Y escuchado el clamor de nuestro pueblo, a causa las injusticias que han pesado en sus hombros, y ha hecho derramar lágrimas, invisibles, para aquellos que el trabajo político- estatal les ha cegado.
Wendy A. España Cuadra.
Agradecimiento.
En primer lugar agradecemos a Dios el habernos prestado la vida para llevar a cabo esta investigación.
A Nuestros padres, quienes han puesto su mayor esfuerzo para que nosotros llegásemos hasta donde estamos ahora, sin pesar alguno, pues saben que el futuro de Nicaragua se encuentra en nuestras manos.
A la Lic. Eva Córdoba, quien ha sido la guía y soporte de nuestra investigación, colmándonos de sus consejos y críticas, las cuales ayudaron a enriquecer nuestra manera de trabajar y de conceptualizar la realidad en la que vivimos y crear un futuro de líderes bien habientes de sabiduría .
A todos Ustedes, Muchas gracias, pues sin su apoyo, su fe en nosotros y nuestro trabajo, no hubiéramos podido hacer nada.
Wendy A. España Cuadra.
UNIVERSIDAD AMERICANA
UAM
Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Jurídicas y Filosóficas
Derecho
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