La Constitución Cubana de 1897 en su 109 aniversario (página 2)

Hasta el mes de septiembre, y sucesivamente, se concentrarían en Cuba, de forma adicional:

• 12 generales
• 230 oficiales superiores
• 2 477 oficiales
• 1 675 sargentos
• 53 745 cabos y soldados.

En total se añadían cerca de 60 mil hombres a los ya existentes. En diciembre del propio año, ya se contaban, desplegados en la Isla 113 mil efectivos para sofocar la insurrección. Fue sin dudas la más grande y rápida movilización de tropas que tuviera lugar fuera de Europa hasta ese momento.

Paradójicamente, las huestes mambisas en ese entonces no superaban los 4 mil hombres, mal armados y con menos de 10 tiros en sus cananas.

Sin embargo, en 92 días, lograron recorrer más de 1 700 Km. para llevar la guerra a todo el país, sosteniendo 27 combates, ocupando 22 poblaciones de importancia, capturando 2036 fusiles y 77 mil cartuchos.

La Invasión sellaría el estado de guerra en Cuba, pues a mediados de 1896 ya se combatía en todo el país y, gracias a los bandos de Reconcentración dictados por Valeriano Weyler tras la salida de Martínez Campos, los insurrectos alcanzaron cifras de entre 27 y 34 mil hombres, aunque menos de la mitad estaban armados.

Por su parte, y para esa fecha, la cifra de soldados destacados por España en Cuba, alcanzaban los 200 mil hombres con 42 generales al frente.

Valdría decir también que, dos años de guerra habían bastado para dejar escuálidas las cajas españolas. A fines de 1896 la deuda colonial de Cuba por concepto del conflicto frisaba las 1 700 millones de ptas., y la de España superaba los 7 000 millones. En 1897 el ascenso de la deuda cubana gravaba a cada uno de sus habitantes con la suma de 223 pesos. Carente de créditos, el Gobierno español acudió a una solución desesperada: con el Decreto del 3 de noviembre de 1896, fue lanzado un empréstito interno, emitiéndose valores del tesoro español hasta 400 millones de ptas. (80 millones de pesos), garantizados con las rentas de la aduana de España. Contrario a todo pronóstico se lograron recaudar 600 millones de ptas. (100 millones de pesos). Era la "última peseta" del Gobierno de España, pues el proyecto de presupuesto para Cuba en el período 1896 – 1897 venía con un déficit de 60 millones de pesos, la misma cantidad de dinero que la Metrópoli llevaba ya invertida en la guerra.

En las poblaciones cubanas la política de reconcentración dispuso de la vida del 50 % de los reconcentrados. Hasta hoy no se sabe con exactitud el número real de víctimas de tal campaña. Los estimados oscilan entre las 200 a 300 mil personas.

Lo cierto es que al extirpar de los campos a la fuerza de trabajo trasladándola a las ciudades con el fin de cortar los abastecimientos de los insurrectos, hubo hambruna generalizada en todo el territorio. No obstante, la guerra continuó.

Este es, a grandes rasgos, el cuadro que dibujaba Cuba cuando, y en cumplimiento del art. 4to. de la Constitución de Jimaguayú, se reunieron en el potrero camagüeyano de La Yaya, entre el 2 de septiembre y el 10 de octubre, los delegados que integraron la Asamblea Constituyente de 1897 que votó, para el 29 de octubre, la nueva Constitución.

La Constitución de 1897:

Con la Constitución de la Yaya se cierra el ciclo del constitucionalismo mambí iniciado en Guáimaro. Con respecto sus predecesoras posee una técnica más acabada, al incluir una parte dogmática, componiéndose, a su vez de cinco Títulos:

1. Del territorio y la ciudadanía.
2. De los derechos individuales y políticos.
3. Del Gobierno de la República.
4. De la Asamblea de Representantes.
5. Disposiciones Generales.

Por su parte, el Título 3ro. Se subdivide en cinco secciones.

En su art. 1ro, define la extensión del territorio a ocupar por la República de Cuba. Ello le brindaba al Gobierno insurrecto una imagen de solidez para presentarse ante el mundo, ya que dejaba establecidos de antemano los límites de su soberanía. Se pretendía con ello, además, barrer con la idea de una República sin institucionalización, trashumante y montuna, como la que se había estado proyectando al exterior desde la Guerra de los Diez Años.

El art. 2do estableció quiénes serían, a los efectos legales, considerados como cubanos (los nacidos en el territorio; los nacidos en el extranjero de padres cubanos; y los extranjeros al servicio de la Revolución). El término ya había sido utilizado en las anteriores leyes constitucionales, un poco confundido con el de "ciudadano", y aunque es seguro que la idea de relacionarlo con los nacidos en la Isla siempre estuvo presente, al extenderlo a los hijos de cubanos nacidos en el exterior y a los extranjeros que militaban en las filas insurrectas, daba un salto muy importante hacia la consolidación de la nacionalidad cubana, que para entonces había emergido con ribetes propios, pues en dicho precepto encontraban abrigo los factores de distinta procedencia que integraron la composición de aquella guerra.

Diez artículos regulan los derechos individuales, ocupando todo el Título 2do, entre ellos, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la persona; la privacidad de la correspondencia; la libertad de culto y de enseñanza; de expresión y de asociación lícita. Sin dudas eran demandas extremadamente revolucionarias para la sociedad cubana del momento; muchas de ellas, ahora elevadas a la categoría de derechos, descendían de las demandas presentes en el discurso reformista, ahora en su forma más acabada: el autonomismo. El hecho de ser regulados entonces por un cuerpo legal independentista, representante de un movimiento político radical, era prueba real de que el camino de la reforma conducía a un callejón sin salida, y que a España había que vencerla, no que convencerla.

En su estructura, la parte orgánica (Títulos 3ro y 4to), mantuvo una organización del sistema de gobierno semejante a la instituida en Jimaguayú: un Consejo de Gobierno que resumía en sí los poderes ejecutivos y legislativos; compuesto por un Presidente, un Vicepresidente y cuatro Secretarios de Estado (para Guerra, Hacienda, Exterior e Interior). Sin embargo, a diferencia de su predecesora, integraba al mando civil, el militar, a través del Secretario de la Guerra, quien fungiría como Jefe Superior jerárquico del Ejército Libertador, con lo que quedaba eliminado el cargo de General en Jefe, instituido dos años atrás. Además, dicho Consejo se encargaba ahora de otorgar todos los grados militares, trazar la política de la guerra y dictar todas las leyes rectoras de la política militar.

Es de notar el art. 22.15 donde se recoge un principio que fuera instaurado por la Constitución de Baraguá, para evitar sucesos posteriores similares al Pacto del Zanjón: sólo podría negociarse con España sobre la base de la independencia de Cuba. Fueron necesarias tres guerras y la capitulación de un Gobierno que ya se manifestaba incapaz, para que la nacionalidad cubana lograra emerger por fin, desde las capas más bajas de la sociedad insertas en la lucha. Cuba era la Patria de los cubanos, y el conflicto con España no era una guerra civil de corte separatista, como pregonaban al mundo los periódicos y los voceros del Gobierno español, que llamaban a los hijos de la Península a morir en Cuba por defender ese fantasma de la "integridad nacional". Era la lucha de un pueblo contra un poder colonial opresor, último reducto del que se hubiera extendido por las tierras de Hispanoamérica durante 300 años.

En su Título 4to se recogen las funciones de la Asamblea de Representantes que serían:

• Modificar la Constitución o redactar una nueva
• Proveer los cargos vacantes
• Ratificar el tratado de paz con España.

Unas Disposiciones Generales cubren el título 5to. Aquí se establecía que sólo se reconocerían las deudas contraídas por la República en Armas, se desconocía, con ello, el monto de la deuda colonial de la Isla. Al finalizar la Guerra de los Diez Años, y durante esta, España venía usando a Cuba como garante de sus deudas. Esto se exacerbó posteriormente cuando formalmente se le dio el status de provincia, con partidos políticos, representación en Cortes y crédito propio; aunque en la práctica siguió viviendo bajo un régimen de ocupación colonial, con instituciones de gobierno semi militares. Fue una artimaña de la política española para apaciguar los ánimos independentistas entre los cubanos tras el fin de la guerra, fraccionándolos en partidos políticos, que propugnaban la esperanza de obtener la autonomía tan pronto como llegaran las calendas griegas. Debía ser así, para continuar garantizando un mercado seguro a los productos del capital peninsular, vendidos con mala factura y a altos precios. Era imposible que esta se pagase por el gobierno revolucionario, con el país devastado, y siendo superior a los 1 700 millones de ptas.; y sobre todo porque no le pertenecía.

Finalmente concluye estableciendo que regirá hasta que otra la derogue.

Visto lo anterior, merecen comentarse de manera más profunda, algunas de las características que más distinguieron a este cuerpo legal.

Marte y Licurgo en la Constitución de 1897:

Las Constituciones, como todas las demás normas jurídicas, son fenómenos sociales objetivos, productos de todo un conjunto de condicionamientos que presuponen la estructura, fines y alcances de su aparato normativo. Paralelamente, sin el análisis de aquellas, se hace imposible crear una visión de conjunto del fenómeno, que no debe ser considerado como un hecho aislado. En el caso específico de la Constitución de 1897, podemos decir, de antemano, que incidieron todo un conjunto de condiciones socio – históricas, que supusieron un articulado de marcado carácter contradictorio.

A lo largo de su historia, el constitucionalismo mambí se encontró frente a una sempiterna encrucijada, de la que nunca pudo liberarse completamente, manifestada en la pugna entre "civilistas" y "militaristas" con respecto a la concepción del carácter que debía revestir el mando de la guerra.

La concepción civilista que primó en Guáimaro, fue un lastre para el desarrollo de la lucha y, a la larga, pasó a engrosar el conjunto de causas que llevaron al Gobierno de la República en Armas de entonces a pactar en el Zanjón. En Jimaguayú se logró crear una fórmula jurídica, basada en la separación de ambos mandos con autonomía para el militar, que logró equiparar jurídicamente el balance de poder y concepciones dentro de la guerra, creando un aparato eficiente y adaptado a las condiciones de la lucha en Cuba. Sin embargo, en la 1897, se vuelve al esquema civilista de Guáimaro; se legisló como si se viviera en estado de arcádica paz, olvidando que el objetivo esencial de aquella Ley era ayudar a ganar la guerra y no a entorpecerla con una normativa ajena a la realidad de uno de los momentos más críticos y decisivos de la historia política de Cuba. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué hacer desaparecer un cargo como el de General en Jefe, en el momento que más falta hacía, y que constituía todo un símbolo en su nombre y en la figura de quien lo ostentaba? ¿Por qué incluir una parte dogmática en una Ley que debía tener como fin inmediato servir de instrumento jurídico en una lucha sui generis, librada en condiciones de terrible desigualdad?

Estas son las interrogantes que surgen de su lectura. Para responderlas debe comprenderse que la Constitución Cubana de 1897 nace de tres realidades diferentes:

• Las sempiternas contradicciones entre los mandos civil y militar.
• El aumento del interés del gobierno norteamericano por los asuntos de Cuba.
• Las condiciones de lucha que imponían una guerra cruel que, en una de sus dos facciones contendientes, ya se tornaba genocida.

De la Constitución de la Yaya puede decirse que es la reencarnación del civilismo durante la Guerra de 1895; situaciones disímiles, unidas en muchos casos, a la miopía política de algunos y a las ínfulas de poder de otros, colaboraron en ello. Vista con una mirada más profunda, no parece un documento jurídico para regir en tiempos de guerra, al menos de una que, debido a la abrumadora superioridad del enemigo, ameritaba un cambio en su estrategia inicial. Pareciera que sus autores, al hacerla, miraran al futuro más que al presente. Avizoraban el fin de la contienda, en sus sueños casi lo palpaban con las manos.

En realidad, para esa fecha existía una especie de estancamiento en la guerra: España no podía derrotar la insurgencia al haber perdido los controles ideológicos sobre la población; y aquellos no podían desalojarlos de las ciudades y demás plazas fuertes por no contar con los pertrechos suficientes: gran Calvario para los mambises. Es así que, avizorar un triunfo cercano era eso, soñar, pues España había demostrado estar dispuesta a todo por conservar su posesión de Las Antillas.

Otras circunstancias, sin embargo, pueden explicar la primacía del civilismo en La Yaya.

El avance de las fuerzas insurrectas durante los primeros dos años de la guerra, unido a la desaparición de la vanguardia ideológica de la Revolución (personificada en José Martí y Antonio Maceo), provocaron que ciertos fenómenos se abrieran paso rápida y casi imperceptiblemente.

Al interior de Cuba estos estuvieron matizados por un ascenso, dentro de las filas insurgentes, de integrantes de la burguesía insular que, impulsados, ya por acceder al poder dentro de las corrientes de cambio; o ya por defender sus intereses económicos garantizando su participación en la guerra, se unían a ella; mientras, por otro lado, esta misma clase coqueteaba la posibilidad de una intervención norteamericana que pusiera fin al conflicto y, quién sabe, si hasta trajera la anexión.

En algo ayudó la actitud del Consejo de Gobierno durante los años de 1896 y 1897, de conceder ascensos y puestos en el gobierno a doctores, ingenieros, abogados; que sin experiencia en el campo de la lucha, y sin comprender su esencia, se le habían unido. Esto cuestionaba las facultades del General en Jefe, y las discordias entre ambos mandos durante 1896 llevaron a Gómez a presentar su dimisión.

Este proceso en la variación de la composición de la guerra, estaría destinado a minar su sentido social primigenio.

Ese año estuvo caracterizado por discordias entre el General en Jefe, por una lado, y el Consejo de Gobierno y la Emigración por el otro; con relación a la política de la destrucción, a ultranza, de plantaciones se ingenios azucareros en el país, de la que era partidario Máximo Gómez. Aquellos opinaban que para nada valdría la independencia de un país devastado, y estaban a favor del cobro de un impuesto a los hacendados para dejarles hacer zafra. Lo cierto es que para esa fecha, la Dirección de la Emigración, estaba, hasta cierto punto, comprometida con toda una cámara de hacendados cubanos y norteamericanos y de banqueros de ese país que le estaban ofreciendo fuertes sumas de dinero con tal de que cesaran las destrucciones de propiedades y se permitiera seguir produciendo.

En cuanto a la posición que sobre el conflicto adoptó la dirigencia estadounidense, valdría decir que el período 1896 – 1897, durante el cual se produjo el traspaso presidencial de manos de Grover Cleveland a William Mc Kinley, estuvo signado por variaciones en la política de falsa neutralidad seguida hasta ese momento, a otra que hacía pensar a muchos en la posibilidad de una guerra con España; una intervención armada en el conflicto a favor de los cubanos; la compra de la Isla, o el traspaso de poderes. En realidad, todas fueron opciones manejadas en algún momento por el Gabinete del Norte, pues, a pesar de las contradicciones entre el Congreso, el Presidente y los intereses económicos que marcan la política de ese país, una cosa estaba muy clara: los cubanos estaban en situación de ganar la guerra en cualquier momento; España, potencia vetusta, no podía mantenerse por mucho tiempo en el poder, y en la Isla habían 50 millones de dólares por concepto de inversiones norteamericanas.

Sin embargo, las agitaciones en el Norte tenían una raíz más profunda. El Imperialismo se gestaba tras sus fronteras, y ya pululaban los ideólogos del expansionismo norteamericano fuera de sus costas. Sobrevino la anexión de Hawai y la hegemonía en Samoa, con lo cual se dio un importante paso en el dominio del Pacífico, asegurando el control sobre la salida del futuro Canal de Panamá. Para completar este cuadro geopolítico solo faltaba dominar El Caribe.

Es el siglo XIX, no hay aviación ni satélite. La forma más rápida de transportar tropas, y la técnica militar más desarrollada se encuentran en la navegación. Es la era de los grandes acorazados, pero ellos necesitan carbón para surtir sus calderas constantemente, de lo que se deriva que su movilidad está atada al área próxima a los centros de reabastecimientos. Cuba, en el centro del Caribe y a las puertas del Golfo, era una presa codiciada en este sentido. El dominio de Hawai y Samoa, abría al capital norteamericano el mercado de China, que ya Inglaterra y Portugal se disputaban frente a sus narices; la posesión de Cuba les brindaba el puente para hacer cruzar sus productos e invadir con ellos los mercados del Subcontinente, que muy bien podían descender por el Mississippi, hacia la Isla.

He aquí expuestas el cúmulo de realidades que debieron incidir, de alguna manera, en el pensamiento de los constituyentes de 1897. La constitución de la Asamblea se caracterizó por el predominio de toda esta generación, que había accedido a ella imbuida por todas estas situaciones convulsas, carentes de una visión política lo suficientemente sagaz como para desentrañar la madeja que alrededor del conflicto España – Cuba, y hacia el interior del mismo, se tejía. Era creciente la presencia de personas que no habían estado vinculadas con el proceso independentista en sus inicios, y que en cierto momento incluso, habían nutrido las filas autonomistas y las anexionistas; el propio delegado del Partido Revolucionario Cubano, Tomás Estrada Palma, era el vivo ejemplo de esta situación. Muchos, en su ceguera política, habían creído que tras las palabras del último mensaje al Congreso que emitiera el presidente saliente Grover Cleveland, se escondía cierta simpatía y buena voluntad hacia la causa cubana, que podría patentizar hacia el reconocimiento de la beligerancia cubana, si la dirigencia insurrecta hacía cambios en su política de guerra y reducía el "militarismo" en las filas del Gobierno.

La subida al poder de Mc Kinley pareció llevar a creer a algunos en que la "españolizada" política de su predecesor sería sustituida. En cierto momento de su campaña se había declarado favorable a ello.

En el exterior, Estrada Palma se mostró bastante optimista con este hecho, es posible que esperara una introducción en el conflicto, ahora que sabía que Gran Bretaña no se opondría. No hay dudas que a estas alturas de la guerra estuviese empujando por una intervención en la contienda, pues el deseo de que terminasen los derramamientos de sangre, su oposición a la política de la destrucción de la base económica de la colonia en Cuba, y su desconfianza en una victoria por las armas cubanas, le hacían ver una cercana derrota: en el fondo seguía siendo aquel anexionista que, desde su prisión del castillo de Figueras, señaló que Cuba no podía aspirar a ser "nación soberana", y que por lógica debía elegir la anexión.

Prueba de ello sería la confesión que años más tarde haría a Gonzalo de Quesada, de los pensamientos que albergó entonces:

"Cuba peleó contra España diez años brava, heroicamente; mas peleó en vano i continuó siendo española. Emprendió de nuevo la lucha i, después de tres años de contienda heroica, devastada la isla, diezmada la población, secas ya o poco menos las fuentes de donde salían los recursos pecuniarios, indiferentes, sino hostiles en una forma u otra, los gobiernos de la América Latina, enemigas las naciones europeas i resuelta España a aniquilar con Weyler el país i sus habitantes, el oscuro aspecto que presentaba por entonces la segunda guerra de independencia, lejos de ofrecer signos de esperanza, presagiaba más bien el final desgraciado de la epopeya de los diez años."

Más adelante señalaba que Cuba sólo podía encontrar apoyo en su único amigo: los Estados Unidos.

Este espíritu se reflejó desde el exterior en las presiones de que fue objeto la Asamblea Constituyente de 1897, con respecto a quién debía encabezar la presidencia del gobierno. Gonzalo de Quesada había manifestado, en carta a Calixto García que si se elegía un presidente militar no se lograría el reconocimiento de la beligerancia cubana por parte del gobierno de Estados Unidos. Al final nada evitaría que el general Bartolomé Masó ocupara el cargo.

Este espíritu derrotista de la Emigración, propiciaba que el nuevo sector social incorporado a la guerra, buscara una solución acomodaticia al conflicto, lo cual exacerbó, en no pocos, los al parecer adormecidos ánimos anexionistas.

La Constitución de la Yaya reflejó el deseo de aquellos hombres de ofrecer al mundo la imagen de un Gobierno institucionalizado y democratizado. Con ello se pretendía desmentir que los mambises fueran bandas de forajidos, destructores de propiedades; que primara el militarismo en las decisiones del mismo (personificado en Máximo Gómez y su cargo) y que su aparato gubernativo careciera de asiento y tuviera como práctica el nomadismo, irrespetando los derechos individuales de sus titulados ciudadanos.

Con lo anterior La Yaya se desviaba de su más inmediato objetivo, que no era lograr a todo trance el reconocimiento de la beligerancia cubana por parte de Estados Unidos, sino vencer a España en el menor tiempo posible. Se olvidaba de lo que tantas veces había enseñado la Historia, en las venturas y desventuras de los mambises: que sólo podían contar con sus propios esfuerzos para lograr el triunfo.

En cuanto al carácter democrático de la guerra, nunca hubo en Cuba militares tan definidos en su republicanismo, como los que lucharon en sus guerras de independencia. La política destructora de ingenios y cafetales tenía un fin, al igual que la contienda, y ambas debían llevarse a cabo de acuerdo a las condiciones particulares de la situación cubana; Gómez lo sabía, y en pro de ello encaminó su estrategia. Frente a una superioridad militar tan abrumadora, no quedaba otra alternativa que la guerra de desgaste, prolongada por la falta de pertrechos suficientes en su facción más débil; que requería de un mando militar autónomo, con grandes libertades de decisión e iniciativa: quien no comprendiera ello estaba muy lejos de dar con la esencia, y, por demás, con las necesidades que precisaba la guerra en las condiciones de Cuba.

La Constitución de La Yaya había sido, sin dudas, técnicamente muy superior a sus antecesoras, pero la búsqueda del apoyo de Estados Unidos a los cubanos en el conflicto; la falta de confianza en la fuerza de las armas cubanas para obtener por sí mismas el triunfo, por parte de la Emigración; las ínfulas de poder de algunos de los que rodearon su nacimiento; la miopía política de otros; las contradicciones entre los mandos militar y civil por razón de la política de la guerra, acabaron por crear un cuerpo legal divorciado de la realidad, que no podía conciliar en su texto el conjunto de circunstancias que rodeaban la situación histórica del país. Ello la separó de su verdadera misión ante la Historia, que no era otra que ayudar a ganar la guerra, y no a entorpecer esta con fórmulas republicanas y democráticas, estériles y fuera de lugar en aquel momento.

Bibliografía:

1. Carreras Collado, Julio, Historia del Estado y el Derecho en Cuba, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, Cuba, 1982.
2. Colectivo de autores, Historia de Cuba: las luchas t. II, Ed. Félix Varela, La Habana, Cuba, 1998.
3. Pichardo, Hortensia, Documentos para la historia de Cuba t. I, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 1973.
4. Rodríguez, Rolando, Cuba: la forja de una nación t. II, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 1998.
5. Torres Cuevas, Eduardo – Oscar Loyola Vega, Historia de Cuba: formación y liberación de la nación, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, Cuba, 2001.

Yuri Fernández Viciedo

Nació en Cuba, en la ciudad de Sancti Spíritus donde reside actualmente. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Central "Martha Abreu" de Las Villas siendo promocionado en el año 2007. Actualmente se desempeña como profesor de Filosofía del Derecho en el Centro Universitario "José Martí" de Sancti Spíritus.

Hecho en Sancti Spíritus, Cuba el 29 de enero de 2006.