- 3. Partido de la Revolución Democrática
- 4. Partido Revolucionario Institucional
- 5. Comentarios finales
- Notas
El proceso de transición política en el país tuvo en el año 2000 dos hechos significativos: la alternancia en el poder ejecutivo federal y una nueva composición parlamentaria que estableció una nueva correlación de las fuerzas políticas. Estos acontecimientos tuvieron y tienen importancia no sólo para los partidos políticos, las formas de representación o el ejercicio de gobierno, también la tienen para el campo educativo.
Los resultados de las elecciones realizadas en el mes de julio confirieron el cargo de presidente de la república, por primera vez en 71 años, a un candidato opositor al entonces denominado partido oficial; un candidato que no fue postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o sus antecesores, el fundacional Partido Nacional Revolucionario (1929) y el Partido de la Revolución Mexicana de los años treinta y cuarenta.
La transición, concepto que se venía discutiendo en el ámbito académico del país cada vez con mayor énfasis desde los años noventa y unas décadas antes en el contexto internacional (1), se convirtió en el término que permitía comprender los procesos de cambio político que se apartaron de los esquemas tradicionales de cambio abrupto o revolucionario, para referirse más bien a las transformaciones graduales, a las vicisitudes y esfuerzos sucesivos de distintas sociedades por instaurar un orden político distinto. En nuestro país, particularmente a partir de las controvertidas elecciones presidenciales de 1988, los partidos políticos han adquirido mayor centralidad y visibilidad pública; la vida política se ha vuelto más partidaria y menos corporativa.
1. Nuevas reglas de juego
En primer lugar, debe aclararse que los partidos políticos son reconocidos en la Constitución mexicana como entidades de interés público, cuya finalidad es la de
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. (2)
Pese a las justificadas expresiones de inconformidad con el funcionamiento del sistema de partidos – sobre todo hasta antes del proceso electoral de julio del año 2000 y especialmente debido al régimen de partido único, las iniquidades entre partidos, el presidencialismo, la desconfianza en los resultados electorales, la cultura patrimonialista y una distancia que paulatinamente se fue ahondado hacia los ciudadanos – , no hay duda de la importancia de los partidos como agrupaciones que permiten la integración y el acceso a posiciones institucionales de representación nacional. Por ejemplo, como lo prevé la Constitución, son los partidos quienes a través de la vía electoral posibilitan la integración y renovación de los poderes ejecutivo y legislativo, federal y estatal, así como los ayuntamientos. Además, debe resaltarse que los resultados de los procesos electorales determinan, en parte, las fuerzas políticas institucionales, puesto que dependiendo de los porcentajes de votación unos partidos son reconocidos oficialmente como tales y otros no.
Sin duda, uno de los elementos que ha contribuido de manera decisiva para garantizar una relativa confianza en los resultados de las elecciones, ha sido el actual marco normativo de los procesos electorales. Desde fines de los años ochenta, las sucesivas reformas a las leyes políticas y a los reglamentos correspondientes, han permitido que la organización de las elecciones federales esté bajo la responsabilidad del Instituto Federal Electoral (IFE), un organismo autónomo e independiente del nivel gubernamental. El IFE inició sus funciones en 1990 y las subsecuentes reformas de 1993, 1994 y 1996 han ido otorgándole plena independencia y facultades para su integración y desarrollo de sus funciones. De hecho, la forma en que el IFE llevó a cabo el más reciente proceso electoral, que se caracterizó por la ausencia de conflictos, la seguridad de respeto al voto, la credibilidad sobre los resultados y la eficiencia de su labor, han resaltado los logros en esta materia en nuestro país y ratificado la conveniencia de su presencia para el avance democrático.
Sin embargo, también debe reconocerse que aunque en el año 2000 adquirió especial relevancia el hecho de la alternancia, los cambios en el sistema de partidos habían comenzado a gestarse desde unos años antes. Primero fueron notorios los cargos de representación de distintas fuerzas políticas en el gobierno municipal; después, una paulatina pero creciente participación en el gobierno de entidades federativas del norte y centro de la república, le siguió una nueva composición del poder legislativo y, en el año 2000, el cambio en la presidencia de la república. Por ejemplo, al comienzo de los años noventa, aunque el PRI ya había perdido la primera gubernatura (Baja California en 1989), todavía gobernaba la mayor parte de municipios y entidades federativas del país, conservaba la presidencia de la república y el gobierno del Distrito Federal además los 320 escaños de la Cámara de Diputados que le garantizaban mayoría absoluta. Sin embargo, en 1997 el PRI, por primera vez en su largo periodo de partido en el gobierno, perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la jefatura de la ciudad capital; conservó el mayor número de diputados pero no la mayoría absoluta: PRI 239, PAN 121, PRD 125, PT 7 y el Verde Ecologista 8. (3)
Por su parte, los resultados de las elecciones federales del año 2000, además del cambio en la presidencia de la república, también mostraron una diversificación de las preferencias de los ciudadanos y una nueva composición parlamentaria. En la votación para la presidencia de la república hubo un total de 37.6 millones de votos, de los cuales correspondieron el 42.5% a la Alianza por el Cambio (PAN y PVEM) (4); el 36.1% al PRI, el 16.6% a la Alianza por México (PRD, PT, PAS, PSN) (5) y el 2.5% para los tres partidos restantes que individualmente no alcanzaron el mínimo para conservar su registro (PCD .55%, PARM .42% y PDS 1.57%) (6).
En la integración parlamentaria, de acuerdo a los resultados oficiales y como se puede apreciar en la siguiente tabla, ningún partido tiene mayoría absoluta y el PRI se conserva como primera minoría.
Resultados del proceso electoral para Diputados y Senadores, 2000
PAN | PRI | PRD | PT | PVEM | PCD | PSN | PAS | TOTAL | |
Senadores | 45 | 59 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 128 |
Diputados | 207 | 211 | 50 | 7 | 17 | 3 | 3 | 2 | 500 |
Fuente: IFE. Elecciones federales del año 2000.
A pesar de que no necesariamente la alternancia en el poder significa automáticamente un mejor desarrollo de la vida política o la instauración de la democracia, (7) en el contexto de renovación del poder ejecutivo federal y en la composición plural del poder legislativo, los partidos políticos enfrentan una nueva realidad, con distintos desafíos y responsabilidades. Uno de ellos es remontar la desconfianza y el escepticismo de los ciudadanos hacia la política y sus diferentes formas de expresión, actitudes que quedaron como recurso ante las evidencias de simulación, irresponsabilidad y distanciamiento de la mayor parte de las organizaciones políticas. Otro aspecto, no menos importante, es la formulación clara y consistente de sus propuestas y posiciones, tanto como su capacidad para aglutinar y representar a diferentes segmentos de la sociedad.
La educación es uno de los temas ineludibles para las organizaciones políticas y en torno del cual se hacen patentes diferentes posiciones y se cifran variadas expectativas. Las distintas fuerzas políticas, en sus documentos básicos, sostienen claros principios y reivindicaciones en el terreno educativo. De hecho, es frecuente la asociación implícita de cierto tipo de posiciones y determinados partidos políticos (p.e. respecto al financiamiento educativo, el carácter laico, público o privado, o el federalismo).
Durante el año 2000, fundamentalmente por la contienda electoral, los partidos políticos difundieron extensamente sus propuestas educativas, polemizaron entre sí y los planteamientos alcanzaron una alta visibilidad pública. A pesar de que las notas de prensa frecuentemente enfatizaron los asuntos más controvertidos y solamente ofrecían fragmentos de los diferentes puntos de vista, también posibilitaron un acercamiento a las principales ideas de los partidos así como constatar que, en general, todavía será menester una elaboración más consistente de las propuestas y un mayor esfuerzo de los partidos en este terreno. En las páginas siguientes se presentan, según orden alfabético, los planteamientos más sobresalientes de los tres partidos con mayor presencia en la vida política del país.
2. Partido Acción Nacional
El Partido Acción Nacional, fundado en 1939, es uno de los más antiguos y sus posiciones frecuentemente se han identificado con una ideología conservadora. Este partido, al igual que la mayoría de organizaciones políticas al momento de su constitución, sostienen principios básicos en torno a la Nación, la persona, el Estado, el orden, la libertad, etcétera. Pero, incluso, Acción Nacional hizo una proyección de sus principios al cumplir sus primeros 25 años. (8)
En la proyección de sus principios de doctrina, respecto a la educación, establecen claramente sus posiciones en torno a la libertad de enseñanza, los deberes del Estado, el financiamiento y la autonomía universitaria. Por ejemplo, sostiene el principio de libertad de investigación y de enseñanza, así como el deber del Estado –"pero que nunca puede ser monopolio suyo"- en la procuración de igualdad de oportunidades educativas a la colectividad. Sin embargo, también aclara que son una imposición los textos únicos y la limitación para escoger el tipo de educación que recibirán los hijos. (9) Igualmente, reconoce la importancia de la universidad, la libertad de investigación y el apoyo a sus actividades, así como el deber del Estado de "proporcionar los medios económicos suficientes" para que cumpla sus fines. No obstante, también destaca que: "El Estado y la colectividad deben gestionar la constitución de patrimonios propios para las universidades e instituciones de cultura superior, con el fin de garantizar su autonomía jurídica y económica". Finalmente, también destaca la importancia de: intensificar la enseñanza técnica en correspondencia con las necesidades de la nación; que el presupuesto educativo sea "objeto de una justa y racional distribución", conforme criterios de necesidades regionales y sociales; y el fortalecimiento de los institutos y universidades de provincia.
El conjunto de principios prefiguran ciertas bases en torno a qué tipo de política educativa impulsaría este partido y, de hecho, qué propuestas específicas plantea. Sin embargo, por un lado, debe resaltarse que el proyecto educativo -del PAN y de cualquier otro partido político-, sólo se puede apreciar claramente cuando se prepara para hacer una oferta de programa de gobierno y, como sucede cada que se realizan elecciones presidenciales, generalmente se plasma en su plataforma electoral. (10) Por otro lado, se debe advertir que en el año 2000, a diferencia de años anteriores, el candidato presidencial del PAN desplegó una estrategia política y ofertas poco apegadas a las formas tradicionales de ese partido en la integración de su plataforma electoral.
En buena medida las propuestas en materia educativa del PAN fueron las que planteó el candidato presidencial Vicente Fox. El hoy presidente Fox fue postulado por la Alianza por el Cambio, integrada por el PAN y el PVEM, había sido un militante con una corta trayectoria en el PAN pero que, en poco más de una década, había llegado a ser diputado, gobernador, candidato presidencial y ganador de las elecciones con esas siglas partidarias. Inicio su labor de campaña casi con tres años de anticipación a la realización de las elecciones y en buena medida su base de apoyo fue una organización social (los amigos de Fox) y no el partido como tal.
En los diferentes actos de campaña, particularmente en el primer semestre del año 2000 y en su encuentro con diferentes comunidades educativas, Vicente Fox reiteró un conjunto de propuestas en torno a la educación que los medios destacaron en sus diferentes formatos. Los discursos del Candidato Fox planteaban, en general, un diagnóstico elemental de la problemática educativa y enumeraban un conjunto de propuestas. (11)
En la parte diagnóstica, Vicente Fox generalmente enfatizó la importancia de la educación y le asignó un lugar prioritario en su eventual programa de gobierno. Reconoció el reto que representaba el siglo XXI para el campo educativo, particularmente respecto a la calidad, la formación de recursos a nivel mundial, las oportunidades educativas para los estudiantes sin recursos económicos, las demandas de los empleadores y el mundo del trabajo.
En cuanto sus propuestas, en términos generales las resumió en diez puntos:
1 – Contagiar la pasión por la calidad.
2 – Hacer pertinente el sistema educativo para el siglo XXI
3 – Establecer la equidad como un imperativo en la educación
4 – Asegurar que el sistema de educación pública cumpla con el cometido que la sociedad le encomienda
5 – Impulsar los valores
6 – Modernizar la educación a distancia
7 – Dar plena libertad y autonomía a las instituciones de educación media y superior
8 – Fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación
9 – Vivir el federalismo
10 – Promover intensamente la demanda.
Además, el entonces candidato Vicente Fox estableció una serie de compromisos, algunos de los más relevantes fueron: (12)
Impulsar una educación que no sea el privilegio de unos cuantos
Hacer de la educación la tarea central y más importante de mi gobierno
Duplicar a lo largo de mi gobierno la proporción del gasto en educación superior y ciencia y tecnología, para alcanzar durante el sexenio el 1.0 y el 0.8% respectivamente.
Convertir la educación en una verdadera palanca para el progreso individual y una verdadera avenida para la movilidad social.
Quizás uno de los puntos que generaron mayor incertidumbre y sobre el cual se hicieron variadas especulaciones fue respecto a la posición del candidato del PAN sobre el carácter público, laico y gratuito de la educación. Las especulaciones, en parte, se debieron a las posiciones del partido sobre ese tema – que reivindica sus principios doctrinarios – , pero también por las propias definiciones del entonces candidato Vicente Fox. Uno de ellos se refería a la posibilidad de instrumentar el llamado subsidio directo a la demanda, el llamado "bono o cheque educativo" (La Jornada, 2 de julio de 2000) y otro respecto al carácter laico. Este último, particularmente por las posiciones que expresó Fox en la carta pastoral a los obispos y en la subsecuente reunión con la curia del arzobispado: "el Estado ignora la realidad del hecho religioso y hasta pretende borrarlo, mientras que por otra enseña una religión de Estado que trata de sustituir a las religiones con héroes y una historia oficial maquillada" (La Jornada, 13 de abril de 2000).
Unas semanas después de que obtuvo el triunfo en las elecciones del 2 de julio, Vicente Fox declaró que "no habría marcha, la educación seguiría siendo pública, laica y gratuita". Sin embargo, las dudas persistieron al nombrar como coordinador del equipo de la transición educativa al rector del Instituto Tecnológicos de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), Rafael Rangel Sostmann, en lugar de un representante de una institución pública. El coordinador del equipo de la transición educativo expresó su parecer sobre la gratuidad:
Definitivamente la educación debe ser laica, debe ser pública y debemos darles a todos esas premisas, el único debate que ahorita hay es la gratuidad, y aprovecho a decir que todo joven se le debe dar acceso a la educación y debe ser gratuito pero también todo joven que termine una carrera universitaria tiene una responsabilidad para con la sociedad y esta responsabilidad debe ser regresada o debe retribuirse a la sociedad con tiempo dedicado al servicio social o bien regresando una parte de lo que se invirtió en él a nivel universitario…(Reforma, 11 de octubre de 2000).
Finalmente, el primero de diciembre del año 2000, al tomar posesión la nueva administración, el equipo de la transición entregó un documento que serviría de base para la elaboración del programa educativo del sexenio, pero que además sugería una serie de acciones a realizar en los primeros 100 días, entre ellas: (13) el anuncio del sistema de becas; infraestructura material y escuelas de calidad; educación permanente; y promoción masiva de la sociedad en la educación.
Sin embargo, además del nombramiento de las autoridades educativas – entre ellas el presidente del Consejo de Educación para la Vida y el Trabajo – y la asignación del gasto educativo, no hubo más acciones en el año 2000. En el caso del presupuesto educativo, pese al compromiso de campaña y la expectativa generada, no hubo un incremento sustantivo. El proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el año 2001 consideró un gasto educativo del orden de 245.7 mil millones, cifra que representaba el 4.01% respecto del PIB; una proporción similar al gasto de la administración anterior y lejana del compromiso de campaña que consideró llegar al 8% al final del sexenio.
El resto de acciones y proyectos considerados en el documento de la transición educativa aguardó su procesamiento por las autoridades que tomaron posesión en el último mes del año 2000, la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo y el subsiguiente programa sectorial. Quizás lo que hubo en el año 2000 solamente fueron declaración de intenciones, ahora, en la etapa de gobierno, tocará el turno de ingresar al terreno de las acciones y de diseñar el verdadero proyecto educativo. Sin embargo, la serie de declaraciones y hechos registrados también muestran diferentes puntos de tensión que se deberán resolver de una u otra manera. Entre los más sobresalientes está el carácter público y privado de la educación, la gratuidad para el nivel superior, las políticas de equidad, y el uso de las nuevas tecnologías en el campo educativo.
3. Partido de la Revolución Democrática
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) es un partido relativamente reciente. Se constituyó como tal en 1989 y es el resultado de un amplio frente identificado con una posición de centro-izquierda que se hizo presente en la vida política a fines de los años ochenta. El PRD básicamente aglutinó a: el grupo que se separó del PRI en 1987, la llamada corriente crítica encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo; al Partido Mexicano Socialista que era, a su vez, resultado de sucesivas fusiones de partidos anteriores como el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano de los Trabajadores, y antes del Partido mexicano Comunista; así como diferentes organizaciones sociales y urbanas, entre ellas a la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Itsmo (COCEI), la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y a la Organización Revolucionaria Punto Crítico (ORPC).
Las posiciones y reivindicaciones del PRD respecto a la educación, también tienen su base en la serie de principios que sostiene como partido. Particularmente, los principios de igualdad y libertad están asociados al tema de la educación: (14)
a – Los derechos sociales de alimentación, salud, educación, trabajo, descanso, vivienda e ingresos mínimos vitales deben ser universales para todos los mexicanos y mexicanas, y de ellos deben hacerse cargo la comunidad y el Estado, según dispone nuestro régimen constitucional.
b – Las libertades establecidas en la Constitución son principios inviolables de convivencia en el país. Ellas implican la libre circulación de ideas y de personas, la elevación en extensión y calidad de la educación pública y laica desde la primaria hasta la educación superior, la investigación científica y el desarrollo de la tecnología, la libertad de creencias y preferencias individuales, el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos en la pareja, la separación de las Iglesias y el Estado, la libre disposición de los medios de comunicación masiva, el derecho a la cultura, al arte y la recreación.
De hecho, una de las posiciones más reiteradas por el PRD ha sido la defensa del carácter público, laico y gratuito de la educación. Incluso, una de las propuestas más asociadas con este partido y, en general de las organizaciones políticas que lo antecedieron, ha sido su insistencia en que el gasto educativo represente el 8% del PIB, como lo ha sugerido hace más de dos décadas la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).
En las elecciones del año 2000 el PRD formó una alianza con otros partidos (del Trabajo, Alianza Social y Sociedad Nacionalista), pero él constituía el partido principal y sus posiciones prevalecieron en las ofertas de la campaña electoral.
En términos generales, en la plataforma electoral, en el breve apartado de educación, se planteó una serie de consideraciones a manera de diagnóstico y se anotaron cuatro propuestas. En las consideraciones se destaca que la educación: enfrenta graves problemas y se han agudizado en los últimos gobiernos; no ha contribuido plenamente a la construcción de una nación democrática; cerca de un millón de niños y niñas están excluidos de las oportunidades educativas; existen altos niveles de deserción; y se considera, erróneamente, que el nivel superior es un privilegio. En consecuencia, y conforme a los principios que sostiene el PRD, se anotaron las siguientes propuestas:
a – Para combatir la pobreza y la desigualdad es necesario redefinir el proyecto educativo nacional, sus valores, organización, objetivos, reivindicando su carácter laico, pluricultural, democrático y gratuito en todos sus niveles.
b – Corresponde al Estado y al nuevo gobierno democrático tomar las medidas necesarias para garantizar un desarrollo pleno de las niñas y los niños, respetando –entre otros- sus derechos a la vida y a la educación.
c – Además de la educación pública y gratuita en todos los niveles, un gobierno socialmente responsable debe generar oportunidades a los jóvenes.
d – Es necesario impartir una educación garantizada por las leyes, que señale la responsabilidad del Estado en cuanto a gratuidad, tal y como lo señalan organismos internacionales.
En los discursos de campaña y en el encuentro con diferentes sectores sociales, el candidato presidencial de la Alianza por México, Cuauhtémoc Cárdenas adicionó otras propuestas, como las que pronunció en la reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituto de Educación Superior (ANUIES) el 24 de marzo del 2000: incrementar 3 puntos porcentuales, respecto al PIB, en el nivel de gasto educativo; vincular las instituciones de educación superior y las escuelas técnicas con el mundo del trabajo; reivindicar la educación superior como el fundamento de un proyecto cultural; e incentivar fiscalmente a las empresas para el apoyo de la ciencia y la tecnología (La Jornada, 29 de marzo de 2000). O bien, las que pronunció en el encuentro con integrantes el sindicato de profesores y en donde además de reivindicar el carácter público, laico y gratuito, destacó la conveniencia de la profesionalización del magisterio y la seguridad de un salario digno (La Jornada, 17 de marzo de 2000).
Sin embargo, la posición del candidato de la Alianza por México y del PRD en general, fueron motivo de polémica y cuestionamiento por su papel en el conflicto de la UNAM –tema que los candidatos de las otros partidos procuraron evitar-. Un papel controvertido que provocó debate entre la opinión pública, sus propios afiliados (La Jornada, 10 de febrero y 20 de junio de 2000), enfrentamiento con sectores estudiantiles y una tensa situación al asistir a un acto proselitista en la explanada de la UNAM (ver crónicas y opiniones de prensa, entre el 19 y 24 de junio de 2000), espacio tradicionalmente receptivo a las figuras públicas de izquierda y particularmente a Cuauhtémoc Cárdenas. También se debe destacar, como parte de las diferencias al interior del PRD, la posición del PRD en el Distrito Federal (D.F.), y la discrecionalidad de su entonces candidato para el D.F., Andrés Manuel Obrador, quien prefirió mantener un bajo perfil en el acto universitario y, de hecho, se especuló hasta las vísperas del evento si estaría presente en el mismo.
Otros puntos polémicos resultaron de las posiciones del gobierno del D.F. y autoridades del gobierno federal respecto a la atención a demandas del magisterio (La Jornada, 31 de mayo de 2000) y a la controversia constitucional sobre la Ley de Educación del D.F. (El Financiero, 19 de septiembre de 2000). Un aspecto que conviene destacar es que efectivamente, todavía en el año 2000 el D.F. era la única entidad federativa en donde los servicios educativos no se habían descentralizados, seguían siendo proporcionados por las autoridades federales, en parte por la decisión de las mismas autoridades capitalinas (La Jornada, 17 de julio de 2000). Tarea que le corresponderá al gobierno perredista que gobernará el D.F. en el periodo 2000-2006, además de diseñar realmente un proyecto educativo.
4. Partido Revolucionario Institucional
El PRI, partido que permaneció en el poder ejecutivo federal por siete décadas y bajo cuyo gobierno se edificó en buena medida el sistema educativo actual, primero apareció como Partido Nacional Revolucionario en 1929, después como partido de la Revolución Mexicana en 1938, y ya en 1946 con el nombre que actualmente tiene.
Entre los principios que sostiene este partido y que se relacionan con el tema educativo están el de justicia social y legalidad:
a – La justicia social es, ante todo, igualdad de oportunidades y garantía de bienestar. Los priístas la entendemos como el acceso a la educación y al trabajo, como el derecho a alimentación, salud, vivienda, vestido, recreación y medio ambiente dignos. Pugnamos, en consecuencia, por un Estado Social de Derecho en el que todos los miembros de la sociedad tengan las mismas oportunidades de acceder a los mismos beneficios y en el que nadie carezca de las condiciones materiales básicas para vivir con dignidad.
b – Nuestro compromiso con la legalidad: Recibir educación es un derecho y una obligación del individuo; impartirla obligatoria, laica y gratuita en su nivel básico, es responsabilidad del Estado. Gobierno y sociedad han de promover una educación pública de calidad dirigida al ejercicio de la libertad y al compromiso con la justicia, y han de fortalecer la universidad pública y las responsabilidades en la función educativa de estados y municipios.
La plataforma electoral del PRI 2000-2006 reflejó, en parte, esos principios y ofreció propuestas específicas. (15) En el apartado sobre educación se formularon una veintena de propuestas agrupadas en cuatro rubros: calidad, eficiencia terminal e infraestructura, deserción, y certificación de conocimientos.
El rubro de calidad, con una docena de propuestas específicas, es el de mayor extensión. Por ejemplo, algunas de las más sobresalientes fueron: la reestructuración del sistema educativo y el impulso a un nuevo proyecto educativo integral; asegurar, por lo menos, dos años de preescolar a los menores de cinco años; ampliar el horario de la educación básica; propiciar la pertinencia, armonizando el modelo educativo de sus niveles técnico, medio superior y superior con la cultura y las vocaciones productivas; reforzar la educación de adultos y la capacitación técnica; o dotar a las escuelas de mejores materiales didácticos e incorporar nuevas tecnologías. (16)
Para el rubro de eficiencia terminal y mejora de infraestructura, se propuso: el reforzamiento de los programas alimentarios en las regiones marginadas; la evaluación permanente del sistema educativo; cobertura total en educación básica; y diversificación de fuentes de financiamiento. En cambio, para evitar la deserción se propuso ampliar la cobertura de los programas compensatorios y apoyo económico a los estudiantes de escasos recursos y altos niveles de desempeño. O bien, en el caso de la certificación, se ofrecía reconocer habilidades y conocimientos laborales del aprendizaje empírico y validación académica a quienes tuvieran estudios inconclusos.
Sin embargo, las propuestas que tuvieron un mayor impacto mediático y generaron una amplia polémica en diversos sectores fue el ofrecimiento del candidato del PRI respecto a impartir clases de inglés y computación en las escuelas públicas de nivel básico, así como la ampliación de la jornada escolar -con alimentos incluidos- y destinar 70 mil millones de pesos más para garantizar la viabilidad de sus propuestas; ofrecimientos que puntualizó en la presentación pública de su programa educativo en donde hizo el llamado a "revolucionar la educación" (La Jornada, 14 de abril de 2000). Propuestas que fueron calificadas en diversas notas periodísticas con graves dificultades de orden práctico y más destinadas deslumbrar a los posibles votantes que a solucionar los graves problemas de la educación (ver notas de la segunda quincena de marzo y primera de abril).
No obstante, el candidato presidencial del PRI se asumió ante el sindicato de profesores como el futuro "presidente de la educación" (La Jornada, 2 de mayo de 2000), insistió y se concentró en su oferta de inglés y computación, así como en el hecho de que los 70 mil millones de pesos adicionales serían suficientes para las reformas que pensaba instrumentar. El principal cuestionamiento a su propuesta fue que aún cuando fuera posible contar con recursos suficientes para el equipamiento y remontar las dificultades de orden práctico, no había respuesta para la pregunta de cuál sería la mejor forma de incorporarla al proceso de enseñanza y, sobre todo, cómo lograr que incrementara el rendimiento educativo.
Aunque las propuestas del PRI iban más allá de computadoras e inglés, tampoco constituían un proyecto educativo en sentido estricto, como quedó de manifiesto en el análisis de la plataforma electoral realizado por Lorenza Villa Lever, quien concluyó que: La plataforma del PRI no se basa en un diagnóstico de la situación educativa del país ni presenta una política que se concrete en programas consistentes y realistas. Se trata, más bien, de planteamientos generales, deshilados uno del otro. (17)
En las páginas anteriores se han resaltado algunos de los principios que sostienen los partidos políticos mayoritarios en el país y la formulación de sus principales propuestas educativas en el año 2000. Debe aceptarse que los partidos son consecuentes con los principios de sus documentos básicos y sus propuestas se corresponden a los mismos, lo que no impide su formulación genérica o retórica.
También debe reconocerse que las propuestas fueron expuestas en un contexto electoral fuertemente competitivo, en un ambiente de debate sumamente ríspido entre partidos y candidatos, y en donde los medios, impresos y audiovisuales, tenían un papel muy relevante en la orientación del voto ciudadano. Estas condiciones, en cierta medida por la dinámica mediática, impidieron la exposición de propuestas más detalladas y documentadas de los candidatos sobre el asunto educativo y más bien dio paso a las descalificaciones apresuradas y las frases efectistas, destinadas a obtener la simpatía y el voto probable de los ciudadanos.
Sin embargo, un diagnóstico certero de la problemática educativa, así como una cuidada articulación de propuestas para formular un proyecto educativo realista y atractivo, tampoco se pudo apreciar en las plataformas electorales. 18) Documentos en los que bien se podría haber planteado realmente un proyecto educativo.
A partir del 2 de julio las propuestas del candidato de la Alianza por el Cambio fueron las que cobraron vigencia y a las que se le ha dado seguimiento. Pero no debe olvidarse que la nueva realidad política impone un nuevo tipo de relación entre poderes -el poder ejecutivo y el legislativo-, pero también entre los partidos entre sí y entre los representantes y sus representados. El asunto tiene importancia al menos por razones. Por un lado, la necesidad de un diálogo y negociación entre las diferentes fuerzas políticas, la importancia de establecer acuerdos básicos y la búsqueda de verdaderas soluciones a los diferentes problemas del país. Por otro, el hecho de que la vida política y la actuación de los partidos están cada vez más sujeta a un escrutinio público, y los representados no necesariamente aguardarán a la realización de elecciones para expresar sus preferencias políticas.
Quizás la experiencia del año 2000 haya sido un fuerte acicate para acelerar el proceso de maduración de los partidos políticos y esperar que sus planteamientos en materia educativa sean verdaderos proyectos.
Por ejemplo, el ciclo de mesas realizadas sobre ese tema en la UNAM. Cfr. Transición mexicana. UNAM, México, 1996.
Cfr. Artículo 41, Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, 2000.
Las cifras relativas a los resultados electorales provienen de las estadísticas del IFE.
Alianza por el Cambio: Partido Acción Nacional (PAN); Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Alianza por México: Partida de la Revolución Democrática (PRD); Partido del Trabajo (PT); Partido Alianza Social (PAS); Partida de la Sociedad Nacionalista (PSN).
Partido del Cambio Democrático (PCD); Partido Autentico de la Revolución Mexicana, (PARM); Partido Demócrata Social(PSD).
De hecho, Michelangelo Bovero sostiene que puede haber alternancia sin democracia y democracia sin alternancia: "la alternancia en el poder no es un fenómeno exclusivo de la democracia, luego entonces el hecho de que ocurra una renovación política no es una prueba suficiente de la naturaleza democrática o de la buena calidad democrática de un régimen político". (Michelangelo Bovero. "Democracia, alternancia y elecciones". Conferencia pronunciada en el Instituto Federal Electoral el 18 de agosto del 2000).
El documento "Proyección de los principios de doctrina" fue aprobado en la XVIII Convención Nacional del PAN realizada en la Ciudad de México en mayo de 1965. Las citas provienen de la versión que aparece en su página electrónica.
En el documento de sus principios de doctrina, el PAN textualmente señala que: "Contrarían estos principios la imposición por el Estado de textos únicos en cualquier grado de enseñanza, y el desconocimiento o limitación del derecho preferente de los padres para escoger, conforme a sus convicciones, el tipo de educación que habría de darse a sus hijos".
Un análisis detallado de las plataformas electorales del PAN y de todos partidos o alianzas registrados ante el IFE para las elecciones del año 2000 se realizó en un foro nacional organizado por Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) y Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE) en mayo del 2000. Cfr. MCD y OCE. Memoria del Foro Nacional La educación en las plataformas electorales. México, 2001.
Esto fue especialmente relevante en los discursos de encuentro con la ANUIES, diferentes universidades públicas y privadas, estatales y federales, el sindicato de profesores, empresarios y la iglesia. Algunos de estos discursos fueron: "Educación: la columna vertebral de un proyecto incluyente" y "Diez puntos indispensables para la educación", teleconferencia con la ANUIES (marzo 25 del 2000.
Estos compromisos fueron reiterados en numerosos actos de campaña y constituyeron la principal oferta de campaña en el terreno educativo. Las citas provienen de la teleconferencia sostenida en la reunión de ANUIES en Hermosillo Son, el 25 de marzo de 2000.
Rangel Sostmann, R; Schmelkes del Valle, S; Alvarez Gutiérrez, J. et al Bases para el programa sectorial de educación 2001-2006. México, noviembre 2000. El documento contiene 13 diferentes proyectos y para cada uno se plantea un breve diagnóstico, una visión a corto y largo plazo, una serie de objetivos y líneas estratégicas, y proyectos específicos.
Estos principios corresponden a los documentos aprobados en su 4to. Congreso Nacional, Oaxtepec, Mor. Marzo de 1998
Cfr. MCD y OCE Memoria del foro nacional La educación en las plataformas electorales. México, 2001.
Cfr. PRI, Plataforma electoral federal 2000 — 2006. México, 2000
Cfr. OCDE. Memoria del foro nacional la educación en las plataformas electorales. México, 2000
De acuerdo a las conclusiones del foro sobre las plataformas electorales, no partían de diagnósticos serios, no proyectaban una visión a futuro, algunos de los problemas fundamentales estaban ausentes en los documentos y varias de las propuestas eran, en realidad, poco viables. MCD y OCE… op cit.
Alejandro Canales(*)
(*) Maestro en Ciencias, con especialidad en investigación educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Investigador en el Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU-UNAM)