Frente Endógeno de Interacción sobre la Justicia Social: Fundamentos conceptuales y Metodológicos

El presente informe presenta una propuesta para la constitución en Venezuela de un frente endógeno de interacción para la justicia social (FREEINJUSS) con enfoque jurídico- Social, fundamentado en cuatro pilares de actuación, a saber, a) la investigación, análisis, monitoreo y evaluación de políticas públicas y legislación por parte del poder popular; b) la abogacía y la participación ciudadana; c) el empoderamiento de las comunidades; y d) el fortalecimiento institucional.

El documento revisa y discute conceptos y definiciones básicas relacionadas con los frentes sociales como forma de organización comunitaria. De igual modo, se muestra el recorrido metodológico que implica la selección y/o construcción de indicadores sociales de derechos, así como las ventajas y desventajas de su utilización. Las consideraciones finales giran en torno a las oportunidades y desafíos de este enfoque en relación a su implementación mediante las políticas públicas.

Palabras claves: Frente Endógeno De Interacción De La Justicia Social (FREEINJUSS), derechos humanos, políticas públicas, sistema de información.

Introducción

Desde 1999, Venezuela está a la vanguardia en materia de derechos humanos (DDHH) con una de las constituciones políticas más avanzadas de la región latinoamericana en términos del reconocimiento y adopción de las obligaciones estatales establecidas en instrumentos jurídicos Nacionales e Internacionales. No obstante, su implementación constituye un importante reto en materia de políticas públicas y participación popular.

En ese marco, se introducen en este informe los fundamentos conceptuales y metodológicos para la constitución en la Parroquia Corazón de Jesús, del Municipio Barinas, Estado Barinas; del primer (FREEINJUSS) el cual por ser pionero y fundamentarse en el Programa de Formación de Grado (PFG) Estudios Jurídicos, que se dicta en la "Misión Sucre" por intermedio de la "Universidad Bolivariana de Venezuela". Y por ser los cursantes del decimo (X) semestre, modalidad fin de semana, de la Aldea "Pio Tamayo"; (2007 I / 2012 I) quienes impulsan esta Propuesta, se fundamentara con un enfoque de derechos en cuanto a la participación popular y ciudadana. Así mismo se persigue el objetivo de motivar a los estudiantes de la UBV, independientemente del PFG o semestre que cursen, para que se integren a la propuesta y de esta manera se logre, mediante la Interacción y engranaje, una mejor estrategia de abordaje a las comunidades donde se lleve a cabo el proyecto comunitario que ejecuten.

Considerando que cada PFG puede aportar a los múltiples Proyectos Comunitarios; desde su visión, función y misión una inmensa gama de alternativas y propuestas que se fundamentan en sus estudios académicos, métodos científicos y diversos conocimientos adquiridos durante y mediante el desarrollo de la actividad estudiantil en la UBV. Se convocaran a conformar parte activa y protagónica dentro de cada comunidad y desde esta perspectiva y método de participación conformar los (FREEINJUSS) dentro de cada comunidad en la cual desarrollen sus proyectos comunitarios.

Históricamente se han creado vicios y antivalores que promulgan la división y exclusión de los grupos vulnerables. Estos no son ajenos a nuestra organización estudiantil, ya que actualmente enfrentamos embates de divisiones sociales, políticas e ideológicas que generan fuertes enfrentamientos en el ámbito cotidiano. Ejemplo de lo aquí descrito se puede palpar cuando un grupo estudiantil se encuentra ejecutando un proyecto en determinada comunidad y, otro grupo de diferente PFG o diferente semestre intenta trabajar en la misma comunidad.

Ilógicamente se genera una situación de rechazo, donde se pretende imponer la jerarquía del más antiguo o de quienes se autoproclaman pioneros en la localidad, sobre quienes abordan la misma o quizás otra problemática dentro de la comunidad. Situación que lejos de demostrar la formación académica, ideológica y sociopolítica que hemos desarrollado mediante nuestros estudios, muestra antagónicamente una debilidad que corroe cualquier buen desempeño que podamos tener y por ende se denigra la calidad y cualidad de nuestra institución educativa así como nuestra calidad y cualidad como humanos y profesionales.

Estamos convencidos que el deber ser se fundamenta en la Interacción de cada actor, organización social, organismos públicos y en fin cada ciudadano que sienta y padezca la realidad actual desde un enfoque ético, justo e igualitario; donde la participación sea el cimiento del empoderamiento de la Justicia Comunitaria y "La Suprema Felicidad Social".

Consecuentes con nuestros principios de: Democracia, participación, cooperación, corresponsabilidad, solidaridad, igualdad y justicia; así como comprometidos con nuestros objetivos, realizamos esta propuesta con la finalidad de que puedan ser ajustadas e implementadas según los requerimientos de los distintos Programas de Formación de Grado que dicta la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), con la intención de formar profesionales sociales y no mercantiles. Es así como formalmente autorizamos al Lector para que realice ajustes (de forma) con la finalidad de acoplar a sus proyectos comunitarios las líneas generales de esta Propuesta.

Bajo esta perspectiva, los (FREEINJUSS) permiten supervisar la realización progresiva de los derechos y Deberes Constitucionales; mostrar y vigilar la continuidad de las mejoras e incentivar los ajustes normativos cuando así se requieran para asegurar la equidad y la no discriminación de las minorías y demás grupos vulnerables; todo ello con el fin de alcanzar el objetivo de la justicia social y "La Suprema Felicidad Social".

La conceptualización del (FREEINJUSS) que se propone en este documento se basa en la importancia de que tales instancias logren influir efectivamente en la toma de decisiones a nivel comunitario, local y por ende incida en el ámbito legislativo y de gobierno, convirtiendo los descubrimientos y hallazgos de las investigaciones y monitoreo que realicen en insumos (recomendaciones y propuestas) para la construcción de agendas públicas que promuevan la consolidación, por un lado, de una sociedad activamente involucrada en el conocimiento, ejercicio y exigencia (o justiciabilidad) de sus derechos, y por el otro, de un Estado con fortaleza institucional capaz de cumplir con las obligaciones voluntariamente adquiridas para con sus ciudadanos/as; y así impulsar y promover la participación y el protagonismo popular.

En tal sentido, se presentan los conceptos y definiciones básicas relacionadas a lo que en general suele definirse como un (FREEINJUSS) hasta focalizarlo al nivel de un medio de Participación Popular para los Derechos Sociales y, posteriormente, se proponen un conjunto de ejes o pilares de actuación así como líneas y ámbitos estratégicos de acción para su puesta en marcha. El (FREEINJUSS) de Derechos, propuesto parte de las obligaciones del Estado de respetar, proteger y satisfacer el cumplimiento de los DDHH así como los contenidos normativos (o componentes) de los mismos; adicionalmente, se definen las áreas de acción y se plantea la necesidad de una lista definida de indicadores de derechos que permitan la sistematización de información confiable, válida, coherente, útil y oportuna para la toma de decisiones.

Posteriormente se expone cómo y con qué desarrollar las labores de monitoreo y evaluación del (FREEINJUSS), así como el recorrido metodológico que implica la selección y/o construcción de indicadores de derechos, las ventajas y desventajas de su utilización así como los retos y desafíos que enfrenta la aplicación de este enfoque.

¿Qué es un (FREEINJUSS)?. El planteamiento para la creación surge de los hechos sociales del ámbito jurídico relativamente recientes y evidencia la necesidad que ha surgido al interior de las sociedades de realizar un seguimiento sistemático y permanente a distintos aspectos de las relaciones humanas.

En el mundo entero coexisten experiencias tanto de instituciones públicas u Organismos, como de organizaciones sociales encargadas de sistematizar información sobre la realidad de una situación o fenómeno en particular como el mercado de trabajo, la democracia, los medios de comunicación, los procesos electorales, entre otros aspectos. El término ha sido aplicado para describir instituciones de muy variada naturaleza, por tanto, no existe un significado unívoco y ello ha generalizado la idea de que el (FREEINJUSS) es básicamente un medio de información y participación popular directa reduciendo su complejidad. La implementación de un sistema de información como elemento medular de un Frente De Interacción Endógeno no implica que su única función sea generar indicadores confiables a través de la conformación de redes de recolección de los datos existentes y que se perciban en cada coyuntura.

Además de recabar, organizar, clasificar y sistematizar datos e información, un Frente De Interacción Endógeno, indistintamente de su objeto de estudio, tiene entre sus funciones analizar (estructura-contextura) de la sociedad y sintetizar la información generada y difundirla. El uso del término Frente de Interacción Endógeno de la Justicia Social, el sentido que aquí destacamos, se refiere a aquellos "…espacios con acceso público de producción de conocimiento para apoyar, monitorear y evaluar desde la etapa de diseño las políticas sociales que generan equidad e igualdad en la sociedad".

Bajo la perspectiva planteada, la tarea de los frentes está orientada no sólo hacia la producción de información para determinadas personas o instituciones, sino que además debe tener la capacidad de influir en el diseño y contenido de las políticas públicas orientándolas hacia un enfoque de derechos que permita su materialización efectiva y satisfactoria para la población históricamente excluida y vulnerada del país.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) (ANC, 1999: art. 2) define explícitamente al Estado como social y democrático, de derecho y de justicia. Un Estado social realiza sus objetivos fundamentalmente a través de la legislación y la administración pública y no exclusivamente por medio de la Constitución, es decir, no sólo es necesaria la garantía formal para el ejercicio de los derechos sino algo más importante: la materialización de sus contenidos, su "concreción efectiva".

Así pues, el criterio definitorio de un Estado social es la posibilidad real de garantizar socialmente los derechos fundamentales de la ciudadanía y no sólo su consagración jurídica. El incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del Estado da cuenta de un déficit en materia legal, presupuestaria, administrativa, logística o de cualquier otra índole, lo que ha ocasionado una deuda social que actualmente el gobierno socialista que lidera el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías ataca contundentemente, pero que deja ver la falta de compromiso de quienes ejerciendo funciones publicas apuestan al fracaso del Proyecto Nacional Simón Bolívar, los Objetivos del Milenio y la Justicia Comunitaria.

Es tarea del (FREEINJUSS) de derechos, mostrar y hacer visibles a la opinión pública esas deficiencias al igual que registrar y denunciar los casos donde se muestren flagrantes o potenciales violaciones a los DDHH. También es imprescindible que el (FREEINJUSS) identifique y muestre los progresos y avances por parte del Estado en relación con la realización progresiva de los Derechos Sociales y de cada Política Publica que el Ejecutivo Nacional diseña para reivindicar y de alguna manera cubrir la deuda social que existe en el país; así se puede desmontar cualquier matriz de opinión que no tenga fundamentos.

Un (FREEINJUSS) con enfoque de derechos es una herramienta para investigar, analizar, monitorear y evaluar la actuación del Estado y sus actores en relación al respeto, protección y cumplimiento de los derechos, orientado a fomentar la participación y movilización de las comunidades, así como el fortalecimiento de la institucionalidad estatal. Dada la complejidad que implica hacer realidad la idea de un (FREEINJUSS) con enfoque de derechos es imprescindible plantear su formulación en varias fases o etapas entre las cuales deben considerarse imprescindible las siguientes:

a) la definición de un marco teórico-conceptual, así como la definición de objetivos claros y precisos necesarios para la implementación de las estrategias.

b) el establecimiento de los aspectos metodológicos a partir de una agenda de temas a describir, monitorear y analizar para posteriormente ser sistematizados.

c) una alianza institucional para su funcionamiento (redes de apoyo y de información).

d) la constitución de un equipo de trabajo transdisciplinario donde tenga cabida la ciudadanía como actor clave para las actividades del FREEINJUS.

e) la evaluación del impacto que genera el monitoreo sobre las políticas públicas, las leyes y los procedimientos administrativos mediante diagnósticos participativos o cualquier otro mecanismo que garantice la participación de la ciudadanía. De manera que cada actor que integra el frente pueda realizar sus evaluaciones según sea su campo de estudio.

Este informe busca generar aportes para los cuatro primeros puntos así como algunas orientaciones respecto al último elemento; el primero de ellos mediante una propuesta de ejes o pilares de actuación, el segundo, referido al caso específico de la Justicia Social y los derechos sociales, dada la necesidad de acotar el amplio catálogo de derechos que contempla el marco jurídico internacional y nacional. El tercer punto se complementa con la Interacción con los Organismos del estado y por ultimo el cuarto punto se fundamenta en la Participación Ciudadana como columna vertebral.

Por tal motivo es importante señalar cada una de las bases necesarias para la constitución y creación de los (FREEINJUSS) en cada aldea Universitaria de la UBV.

Ejes o pilares de actuación de un (FREEINJUSS)

Cuatro pilares (ver diagrama 1) orientan la actuación de los comités o mesas técnicas (en cada consejo comunal) mediante el aporte que pueden generar los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela en lo que respecta a el desarrollo de los proyectos comunitarios que se ajusten a los requerimientos de las comunidades y la jerarquización que estas tengan en base a sus problemáticas existentes. Es así como cada FREEINJUSS sirve de elemento articulador e impulsor de Interacción de sus diversas actividades. No existen criterios jerárquicos entre ellos, privando la integralidad y la simultaneidad de los procesos que permiten su desarrollo efectivo. Estos ejes de actuación son los siguientes:

Diagrama 1. Ejes o pilares de actuación de un (FREEINJUSS)

La importancia del empoderamiento radica en la legitimidad que conllevan las decisiones consultadas a los ciudadanos. Los equipos técnicos en trabajo conjunto con las comunidades pueden potenciar la capacidad de las decisiones tomadas mediante una visión holística de la problemática de la comunidad acelerando su solución y el alcance de las metas propuestas. La única forma de mejorar las condiciones de vida de la población menos favorecida es dándole el poder y las herramientas institucionales para lograrlo. Es aquí donde jugarían un papel fundamental los diversos PFG de la UBV.

La participación en la toma de decisiones sobre asuntos que involucran y afectan directamente a los/as ciudadano/as, es un requisito indispensable para la consolidación de la democracia social y política y para alcanzar "La Suprema Felicidad Social".

En Venezuela, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) tienen, al igual que los Derechos Civiles y Políticos (DCP) rango constitucional; y por tanto, son de obligatorio respeto, protección y satisfacción por todos los órganos y funcionarios/as del Poder Público en cualquiera de sus ramas y niveles. Por esta razón orientamos nuestro Proyecto "Justicia Comunitaria" en la óptima, efectiva, eficiente e incluyente aplicación de las normas y leyes vigentes en nuestro país.

1. Investigación, análisis, monitoreo y evaluación de políticas públicas y legislación.

Todo (FREEINJUSS) desarrolla un conjunto de actividades medulares, entre ellas la investigación, el monitoreo, el análisis y la evaluación de políticas públicas y de la legislación. La investigación permite comprender los fenómenos más allá de la realidad donde suceden a través de la incorporación de conceptos, metodologías y experiencias que enriquecen el análisis coyuntural de las políticas, favoreciendo la consolidación del enfoque de derechos en su contenido. Las tareas básicas del componente de investigación deben ser coherentes con los objetivos y la agenda pública desarrollada.

El monitoreo (o seguimiento) y la evaluación son procesos íntimamente relacionados que en ocasiones tienden a confundirse teóricamente. Monitorear implica la documentación continua de las inequidades en el tiempo; mientras que evaluar connota atención a las circunstancias que contribuyen a las inequidades. Ambos permiten generar información útil para los procesos de toma de decisiones e incluso para la rendición de cuentas como instrumento de contraloría social de la gestión pública. Esta asociada íntimamente a la organización comunitaria (consejo comunal).

A pesar de que ninguno remplaza al otro, tienen una característica en común: comprenden las mismas etapas para su realización aunque, como cabría esperar, producen información de distinto tipo. La evaluación no es una fase residual del monitoreo, sino por el contrario, la armonía y complementación entre ambos es la garantía de una observación capaz de producir recomendaciones con factibilidad para incidir en los cambios necesarios, respetando las diferencias conceptuales y operacionales existentes (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Principales características de la evaluación y el monitoreo

La evaluación: consiste en el análisis coyuntural producto de la Investigación, Acción Participativa (IAP) que se realiza en la comunidad estudiada a fondo; compara la planificación con los logros reales. Se centra en los productos respecto de los insumos (Cuantitativo Vs Cualitativo), los resultados respecto del costo (Factibilidad económica del método), los procesos o métodos utilizados mediante el desarrollo del proyecto comunitario (UBV) para alcanzar resultados, la pertinencia general (Objetivo general), el efecto y la sostenibilidad. Responde por qué y cómo se obtuvieron los resultados.

El monitoreo: observa la evolución, supervisa, analiza y documenta los progresos registrados. Se centra en los insumos (Cuantitativo), las actividades, los productos, los procesos de implementación, la continuación de la pertinencia (Objetivo específico), los resultados probables a nivel de efectos directos. Responde qué actividades se realizaron y qué resultados se obtuvieron. La evaluación contempla un conjunto de etapas desde el punto de vista analítico (ver diagrama 2), que van desde la definición del propósito y los intereses de la evaluación hasta llegar a las decisiones concretas como consecuencia de las recomendaciones que resultan de los hallazgos que permitan en el marco de sus limitaciones los mecanismo de recolección de información y el análisis de los resultados.

Diagrama 2. Fases del proceso analítico de la evaluación

2. La abogacía

Dado que los determinantes de la inequidad en el acceso a los derechos son en su mayoría de carácter sociopolítico y económico, es necesaria la abogacía entendida como movilización ciudadana encaminada hacia la promoción de leyes y de políticas públicas para disminuir las injusticias y desigualdades de la seguridad social. La abogacía "es el proceso de promover y apoyar una posición, argumento, política o creencia en particular lo cual implica una intención de facilitar el cambio hacia una meta u objetivo determinado". También puede definirse como "…el proceso de usar la información en forma estratégica y de actuar para cambiar las políticas a fin de mejorar la vida de los desaventajados".

El elemento medular que distingue el concepto "abogacía" de cualquier otro es el apoyo a las políticas favorables a la realización de los derechos. Las acciones de abogacía pueden tomar, entre otras, las siguientes formas:

a) Informar a los interesados mediante la divulgación de material informativo que coadyuve en la sensibilización a la opinión pública sobre la importancia del enfoque de derechos sociales y la participación ciudadana como pilar de la justicia comunitaria.

b) Incorporar en la agenda pública la preeminencia de los derechos en la formulación de leyes, políticas públicas y procedimientos administrativos.

c) Formar redes de organizaciones comunitarias a favor de los derechos; estas que podrán constituirse como parte de los Consejos Comunales de cada comunidad. En concordancia con la (C.R.B.V.), Ley Orgánica de Participación Popular, Ley Orgánica de los Consejos Comunales, entre otras que brindan al ciudadano medios de participación.

d) Influir directamente en la aplicación y elaboración de normas jurídicas y en la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas y justicia social se refiere.

3. El empoderamiento de las comunidades para la transformación social

El empoderamiento es la capacidad de las comunidades de identificar por sí mismas los déficits de derechos y justicia social que presentan y de poner en marcha los mecanismos de exigibilidad de su cumplimiento al Estado. De tal manera que "una comunidad empoderada es capaz de tomar sus propias decisiones y de iniciar acciones respecto a sus problemas prioritarios. Si las decisiones externas la afectan, una comunidad empoderada es capaz de ejercer influencia sobre las otras entidades que toman decisiones".

El empoderamiento es un proceso que sólo es posible facilitar, no se decreta. La ciudadanía toma las decisiones pertinentes en temas relacionados con su comunidad, con su cotidianidad, con su entorno. La importancia del empoderamiento radica en la legitimidad que conllevan las decisiones consultadas a los ciudadanos. Los FREEINJUSS, en trabajo conjunto con las mesas técnicas conformadas en los consejos comunales de las comunidades pueden potenciar la capacidad de las decisiones tomadas mediante una visión holística de la problemática, acelerando su solución y el alcance de las metas propuestas.

La única forma de mejorar las condiciones de vida de la población menos favorecida es dándole el poder y las herramientas institucionales para lograrlo. La participación en la toma de decisiones sobre asuntos que involucran y afectan directamente a los/as ciudadano/as es un requisito indispensable para la consolidación de la democracia social y política; por ende "La Suprema Felicidad Social".

4. El fortalecimiento institucional

Tiene dos propósitos: por una parte, que las instituciones mejoren sus propios procesos, estrategias e intervenciones para ser más efectivos en la reducción de inequidades sociales; y por la otra, desarrollar (o fortalecer) capacidades y habilidades en los diferentes actores para el abordaje de las inequidades de forma efectiva.

El apoyo y la asistencia a instituciones tanto públicas como privadas permitirán colaborar en la adecuación de sus procedimientos y programas hacia un enfoque que privilegie los derechos y por ende la justicia social.

El fortalecimiento de la institucionalidad del Estado venezolano es un requisito fundamental para el logro de sus fines esenciales (CRBV, 1999: art. 3) tales como la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados constitucionalmente. Los órganos y funcionarios de la Administración Pública Nacional (APN) deben estar única y exclusivamente al servicio de la ciudadanía sin exclusiones o parcialidades y orientados bajo los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad (CRBV, 1999: art. 141).

Derechos, contenidos normativos y obligaciones estatales

Iniciar el trabajo hacia la construcción de un (FREEINJUSS) de Derechos que contemple un sistema de interacción, información, de evaluación y de monitoreo sobre el cumplimiento de las obligaciones estatales establecidas en la CRBV y que esté orientado por una agenda pública de amplio consenso y compromiso ciudadano, requiere primordialmente y como requisito "sine qua non", identificar los siguientes aspectos:

a) Aldea/s Universitaria de (UBV) que funciona en la comunidad.

a) Equipo estudiantil o, FREEINJUS dentro de la comunidad.

b) Organización social existente con quien se realizara el análisis mancomunadamente.

c) los derechos o problemáticas a monitorear (pueden ser uno o varios)

d) sus respectivos contenidos normativos.

e) los principios constitucionales del derecho.

f) las distintas obligaciones (tanto generales como específicas) del Estado (como principal titular de deberes) para garantizarlos.

g) los distintos sujetos de derechos establecidos en la Constitución.

1. Los derechos

Las necesidades humanas son anteriores a cualquier norma escrita y alcanzan el status de derechos desde el momento en que "…se objetivan, se institucionalizan y se traducen en normas y leyes, (…) convirtiéndolas en aspiraciones, y éstas, en obligaciones…" (Contreras Baspineiro, 2003). En tal sentido, los derechos son "valores no negociables" que representan un producto social o histórico. En Venezuela, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) tienen, al igual que los Derechos Civiles y Políticos (DCP) rango constitucional; y por tanto, son de obligatorio respeto, protección y satisfacción por todos los órganos y funcionarios/as del Poder Público en cualquiera de sus ramas y niveles.

2. Contenidos normativos

La comprensión de lo que implica la realización plena de los DDHH pasa necesariamente por conocer el contenido de los mismos. A cada derecho está asociado un conjunto de elementos, características o componentes normativos que en sí mismos corresponden a las obligaciones específicas del Estado respecto a aquel. El contenido representa lo que se puede exigir en relación al derecho, siendo tarea fundamental de la ciudadanía su conocimiento, ejercicio y exigencia a través de la participación, la interacción y la abogacía. Se ha tomado, a manera de ejemplo, el derecho a la vivienda adecuada, para mostrar los componentes respectivos (ver cuadro 2).

Cuadro 2. Contenidos normativos del derecho a la vivienda adecuada

La importancia de conocer los componentes de los derechos radica en que a partir de cada uno de éstos es posible un monitoreo efectivo de las políticas públicas, disgregando las obligaciones del Estado en ámbitos más específicos, lo que permite a su vez ir reportando avances concretos (o retrocesos) en cada una de las áreas que contempla su realización. Por consiguiente, cada componente involucra determinadas garantías entendidas como aquellos medios que señala la ley para que el derecho sea satisfecho.

3. Obligaciones estatales

Los Estados tienen obligaciones transversales, las cuales corresponden a aquellas garantías que atañen a todos los derechos por igual, tal es el caso del principio de no-discriminación. Así mismo, también pueden distinguirse obligaciones de comportamiento (respetar, proteger y cumplir). Según el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, Observación General No. 14) "la obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el disfrute de los (…) derechos. La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías previstas en el (PIDESC).

Por último, la obligación de cumplir (Hacer) requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad a los derechos y Justicia social".

A su vez, la obligación de cumplir comprende las obligaciones de facilitar, proporcionar y promover el goce y disfrute de los derechos. Como es lógico, además de estas obligaciones de carácter general, cada derecho conlleva obligaciones específicas (Dar, hacer y no hacer).

Siguiendo con la dinámica anterior se presenta una selección de obligaciones estatales en relación al derecho a la vivienda adecuada; política pública que hoy día cuenta con la "Gran Misión Vivienda Venezuela". (Ver cuadro 3).

Cuadro 3. Obligaciones del Estado en relación al derecho a la vivienda adecuada

4. Principios constitucionales

La CRBV establece ciertos principios o adjetivos atribuibles a la forma como debe ser expresado cada derecho social. Los principios son importantes para un monitoreo efectivo del cumplimiento de los derechos ya que éstos son los elementos que deben orientar la acción de la institución estatal en función de las obligaciones contraídas. Siguiendo con el ejemplo los principios constitucionales del derecho a la vivienda adecuada son los siguientes:

a) justicia social.

b) igualdad.

c) equidad.

d) solidaridad.

e) progresividad.

f) sostenibilidad,

g) participación (CRBV, 1999).

5. Sujetos de derechos.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla importantes obligaciones estatales en materia de DDHH (en especial los DESC), no obstante, para el verdadero ejercicio de los derechos es necesario el reconocimiento de los sujetos de derecho. Los titulares fundamentales y especiales de derecho que establece el marco constitucional venezolano son los siguientes:

a) la familia

b) los niños/as y los adolescentes.

c) los/las jóvenes.

d) los ancianos/as.

e) los trabajadores/as.

f) las personas con discapacidad.

g) los pueblos indígenas.

¿Qué significa monitorear con enfoque de derechos?

El establecimiento de los derechos, como se ha indicado antes, es necesario pero no suficiente para su cumplimiento y ejercicio ciudadano ni para el alcance de la equidad y la justicia social, por lo tanto, es preciso monitorear las políticas públicas bajo un enfoque de derechos para conocer si éstas influyen positivamente en su realización.

Es decir, una vez identificado los contenidos normativos, las obligaciones estatales, los principios y los sujetos del derecho, es el momento de vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado, tanto a nivel local, nacional como internacional, en torno al respeto, promoción y desarrollo de los DDHH, a través de un sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

El enfoque de derechos es un marco conceptual que incluye dos aspectos: el normativo y el operacional. El normativo se refiere a que está orientado por las normas internacionales sobre DDHH y el operacional tiene su base en la promoción y protección de los DDHH.

El principal objetivo de este enfoque es la formulación de políticas y programas que generen avances en la realización progresiva de los DDHH, identificando tanto a los sujetos de derechos (y aquello a lo que tienen derecho) para que sean plenamente reivindicados, como a los titulares de deberes, para que cumplan con las obligaciones que le incumben. Por tanto, monitorear con enfoque de derechos significa:

a) identificar garantías y obligaciones estatales, dado que éstas aunadas a la participación ciudadana representan el eje central del diseño de políticas públicas basadas en los derechos constitucionales.

b) centrar la atención en las necesidades de grupos y sectores vulnerables.

c) articular las medidas que competen a todos los poderes públicos en torno a la promoción de los DDHH y la justicia social.

d) formular un sistema de monitoreo y evaluación de la actuación del Estado y sus resultados.

e) fortalecer el sistema de administración de justicia para que todos los derechos constitucionales puedan ser defendidos por esta vía.

f) otorgar importancia a la data desagregada y a los niveles locales y micro-locales cuyas características y realidades se ven desdibujadas por los indicadores agregados.

Cuando al monitorear una política pública quede en evidencia "…la articulación racional de acciones y omisiones del Estado, basadas en las obligaciones contraídas voluntariamente por éste a través de distintos instrumentos de derechos humanos y en la definición participativa de los principales problemas y necesidades…" de las comunidades, estamos en presencia de un modelo de gestión con enfoque de derechos. La importancia de esta perspectiva se centra en la posibilidad de:

a) crear una cultura de transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado.

b) evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de DDHH a nivel local, nacional e internacional.

c) identificar barreras y obstáculos que incidan negativamente sobre la realización de los derechos.