Frente Endógeno de Interacción sobre la Justicia Social: Fundamentos conceptuales y Metodológicos (página 2)

d) identificar debilidades y fortalezas en relación al respeto, protección y satisfacción de los derechos.

e) generar información y recomendaciones coherentes, pertinentes y oportunas sobre la situación de los DDHH y la justicia social.

f) identificar inequidades o discriminaciones en el acceso a los derechos que atenten contra el principio de universalidad.

g) identificar patrones y tendencias sobre la situación de los derechos constitucionales con la intención de sostener en el tiempo los resultados positivos.

h) alertar sobre potenciales o consumadas violaciones de los DDHH y la justicia social.

i) propiciar la participación ciudadana tanto en la planificación, diseño, control y evaluación de las políticas públicas como en la vigilancia y ejercicio de sus derechos.

j) generar una visión holística que contemple la formulación de políticas públicas tomando en cuenta las múltiples dimensiones del entorno (familiar, comunal, etc.) y los marcos sociales, políticos y legales para alcanzar las metas trazadas. Esto por supuesto amerita de la participación activa y protagónica de los diversos actores y organizaciones sociales.

Los procesos participativos de monitoreo y evaluación

El contexto sociopolítico venezolano actual ha generado un interés inédito tanto por los espacios locales y micro-locales como por la participación ciudadana. Esta nueva concepción de lo político que concibe la esfera de lo público más allá de lo estrictamente estatal ha tenido importantes repercusiones en los ciclos de formación de políticas públicas, otorgando un rol protagónico a las comunidades como sujetos activos en su propio proceso de desarrollo. Tanto el monitoreo como la Interacción y evaluación participativa, hacen hincapié en el aprendizaje individual y colectivo, generando conciencia de las fortalezas y debilidades propias de cada comunidad, así como de la forma a través de la cual sea posible transformar su propia realidad, propiciando el cambio hacia la consolidación del bienestar social y la Justicia comunitaria. Es por tanto un proceso flexible y equitativo que se encuentra en permanente adaptación y evolución, en especial, porque la participación permite propiciar el consenso mediante la negociación entre las distintas necesidades, expectativas e intereses de los ciudadanos/as.

Algunas de las ventajas que proporciona la participación ciudadana en el monitoreo la Interacción y evaluación de las acciones estatales en materia de DDHH son las siguientes:

a) garantiza que los hallazgos del monitoreo la Interacción y evaluación guarden relación con las condiciones locales, tanto contextuales como coyunturales y estructurales.

b) crea en las comunidades un sentido de propiedad y corresponsabilidad respecto de los resultados del seguimiento y la evaluación, con lo que promueve su uso para mejorar el proceso de toma de decisiones y la participación social efectiva.

c) contribuye al mejoramiento de la comunicación y la colaboración entre los/las legisladores/as, los Organismos del Estado y las comunidades organizadas.

d) fortalece la rendición de cuentas mediante la contraloría social. (Proyecto de Ley de contraloría Social)

e) promueve una asignación más eficiente de los recursos a las comunidades organizadas.

El proceso de operacionalización de conceptos

En el marco de la investigación social es posible el trabajo con fenómenos o variables complejas que por su importancia analítica y práctica requieran de expresiones a través de la observación empírica no siempre visibles o tangibles desde su definición nominal. Carlos Sabino (2002) define la operacionalización como "…el proceso que sufre una variable (o un concepto en general) de modo tal que a ella se le encuentran los correlatos empíricos que permiten evaluar su comportamiento efectivo". Los "correlatos empíricos" corresponden a los indicadores. En tal sentido, la operacionalización consiste en obtener "expresiones concretas, prácticas, medibles" de los conceptos o variables.

1. Representación literaria del concepto: la cual constituye el nombre o imagen que se tiene del concepto (etimológica y epistemológicamente) desde una perspectiva hermenéutica, o su simple enunciación. También se le conoce como definición nominal porque sólo le da nombre a la variable en estudio (ejemplo: "derecho a la vivienda adecuada"), entre otros que pueden adaptarse según la necesidad del proyecto.

2. Especificación del concepto: por la complejidad del concepto es necesario desagregarlo en componentes, aspectos o dimensiones simples permitiendo de ese modo una conceptualización más precisa. También se le denomina definición teórica o real porque permite clarificar los aspectos a conocer (ejemplo: componente normativo del derecho a la vivienda adecuada: "seguridad jurídica");

3. Elaboración de indicadores: a partir de estas es posible obtener referentes empíricos de fácil medición y que se correspondan con los propósitos de la investigación (ejemplo: número de personas que carecen de protección jurídica contra la expulsión arbitraria).

4. Formación de índices (sintéticos o globales): los cuales sintetizan en un solo valor el conjunto de indicadores que componen el concepto complejo. El objetivo de los índices es simplificar la cantidad de información necesaria para mostrar y evaluar un concepto determinado (Tabulación), lo que fundamenta la información recabada.

Dada la naturaleza de los datos procesados y la información generada por un (FREEINJUSS) de derechos, "el marco metodológico" se plantea hasta el punto 3, omitiendo la construcción de índices ya que pudiera variar según las necesidades. Por otro lado, cabe destacar que un concepto complejo puede tener un número amplio e indeterminado de dimensiones y debido a que en muchos casos es imposible trabajar con todas es evidente que, como ocurre comúnmente en la investigación social, se tiene sólo una visión parcial del fenómeno, es entonces una aproximación al plano empírico que permite acoplarlo con el plano teórico, transformando esquemas conceptuales y teorías en indicadores operativos y observables para su posterior análisis.

La complejidad que implica monitorear el cumplimiento (y satisfacción) de los derechos sociales (a la salud, a la educación, a la vivienda adecuada, etc.) viene dada por la imposibilidad de encontrar en la realidad social referentes empíricos sencillos y claros que den cuenta de la situación de los derechos y la justicia social en el país. En resumen, el cumplimiento de los derechos constitucionales es un fenómeno complejo no medible directamente. Es por tanto necesario trascender la definición nominal de los derechos por definiciones teóricas estructuradas a partir de los componentes normativos como dimensiones del derecho que impulsan "La Suprema Felicidad Social". (ver diagrama 3).

Diagrama 3. La operacionalización de conceptos o variables. Fuente: Elaboración propia.

Ese análisis coyuntural-conceptual se encuentra adelantado en la primera parte de este documento. Un siguiente paso, lo constituye el análisis coyuntural-operativo donde sea posible establecer, a partir de los componentes normativos y las obligaciones estatales en relación a cada derecho, los indicadores que permitan monitorear y evaluar el cumplimiento de los derechos constitucionales (ver diagrama 4).

Diagrama 4. Pasos para la construcción de un indicador de derechos. Fuente: Elaboración propia.

Indicadores de derechos

El monitoreo y la evaluación de los derechos sociales requiere de un marco de referencia que se obtiene a partir de tres elementos fundamentales que permiten determinar claramente las necesidades de medición mediante la aplicación de indicadores. Estos elementos se pueden definir como los siguientes:

a) la definición y características del derecho a partir de las fuentes de derecho tanto a nivel Local, Nacional como Internacional.

b) la definición de las políticas públicas bajo los lineamientos estratégicos del Gobierno Nacional.

c) las obligaciones del Estado que derivan de los distintos componentes normativos de cada derecho constitucional.

Tanto las obligaciones como los componentes antes mencionados conjuntamente con la matriz de indicadores que se construyan y/o seleccionen constituyen los tres productos básicos para la realización de los procesos de evaluación y monitoreo. No obstante, previamente es necesario definir los instrumentos de medición así como sus objetivos y su metodología de empleo a fin de corresponder con las características y la estructura del conjunto de indicadores construidos y/o seleccionados.

Diagrama 5. Productos-base para los procesos de evaluación y monitoreo. Fuente: elaboración propia.

En definitiva, es primordial avanzar hacia la construcción de un enfoque práctico de indicadores de derechos como derivación explicita de la CRBV con el objeto de vigilar el cumplimiento de los derechos sobre la base de equidad y la no discriminación, permitiendo garantizar la aplicación de medidas adecuadas para velar por la presencia de los principios fundamentales de los derechos (incluidos la progresividad y la participación).

Un indicador puede ser definido como un referente empírico, concreto, tangible, cuya presencia en la realidad nos revela la existencia de la dimensión de la cual se desprende y, por ende, de la variable o concepto en estudio. Los indicadores son los aspectos más concretos que definen una dimensión.

Es importante distinguir un indicador de derechos de cualquier otro. Los indicadores de derechos se caracterizan por los siguientes elementos: por un lado, derivan explícitamente de normas concretas de un derecho humano en particular; y por el otro, su utilidad radica en la posibilidad de vigilar los derechos a fin de exigir la rendición de cuentas de los responsables (ONU, 2003). De tal modo que los indicadores de derechos tienen como función traducir las normas jurídicas y los componentes normativos de los derechos en referentes de carácter operativo que permitan evaluar su cumplimiento.

Los indicadores, por tanto, son instrumentos analíticos que permiten una mejor comprensión de los derechos y la supervisión de su realización progresiva ajustando las obligaciones estatales a los adelantos que se registren a partir de la definición de metas o bases de referencia. No obstante, la calidad de los indicadores depende del instrumento de medición o en todo caso de la fuente de la cual provienen los datos empleados para su construcción. Por esto es fundamental analizarlos con los habitantes de la comunidad.

Tan importante como la calidad de los datos es la validez y la fiabilidad de los indicadores, por lo que "un indicador será válido cuando exista consonancia entre la definición operativa y el concepto que pretende medir, esto es, en la medida que mida realmente lo que pretendía medir; y, será fiable siempre y cuando exprese fehacientemente la estabilidad o consistencia de una definición operativa".

La validez del indicador debe ser tanto teórica como empírica: "la validez teórica, o validez de contenido es su dependencia respecto a la definición teórica inicial del concepto". En cuanto a la validez empírica se requieren dos fases: una fase de contrastación con el fenómeno que quiere representar; y una fase de ajuste, la cual "…nos advierte que los conceptos, y los fenómenos, también deben ir ajustándose a través de las dimensiones y de los indicadores seleccionados para medir el concepto en cuestión".

Además de la validez y la confiabilidad de los indicadores de derechos, es importante que los mismos garanticen la generación de información útil, coherente y oportuna. Los "mejores" (o más adecuados) indicadores son aquellos que:

a) son pertinentes al monitoreo y la evaluación de los derechos en tanto se derivan de las obligaciones estatales y ponen en evidencia las eventuales diferencias entre las desagregaciones geográficas (o territoriales), etéreas (de edad), étnicas, de género, de origen socioeconómico, etc.

b) se ajustan a las normativas legales (locales, nacionales e internacionales)

c) son fáciles de obtener y de interpretar.

d) permiten seguir los cambios (progresos, retrocesos o estancamientos) que se producen en el tiempo, según se sucedan las coyunturas o fenómenos sociales.

Tipos de indicadores de derechos

No existe hasta el momento una clasificación única que agrupe a los indicadores de derechos. De la variedad de propuestas de clasificación de los indicadores sociales que pueden ser utilizados para medir el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de DDHH, se presentan a continuación tres de las más utilizadas.

Paul Hunt -Relator Especial de la Comisión de DDHH (de la ONU), en un intento por agrupar los indicadores en categorías simples, propone una unificación terminológica que genere claridad y favorezca el progreso del debate sobre el tema. La iniciativa contiene tres categorías tentativas, a saber:

1. Indicadores estructurales: siendo los más simples usualmente se presentan en forma de preguntas que ameritan de una respuesta sencilla (afirmativa o negativa). Estos indicadores no requieren de una base de referencia (metas u objetivos) y "…constituyen un método de evaluación rápida y de obtención económica de información basado en un cuestionario" (ejemplo: ¿incluye la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el derecho a la vivienda adecuada?).

2. Indicadores de procesos: son instrumentos que "miden el grado de realización de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos y los progresos de esas actividades en el transcurso del tiempo". No dan cuenta de resultados sino que miden los esfuerzos del Estado en torno al respeto, protección y satisfacción de los derechos (ejemplo: gasto público real en vivienda).

3. Indicadores de evolución: a diferencia de los anteriores estos indicadores si tienen como finalidad la medición de las repercusiones de las políticas públicas sobre la situación de los derechos (ejemplo: déficit habitacional neto).

Los indicadores de procesos y de evolución suelen ser denominados "indicadores variables" porque permiten vigilar las dimensiones o parámetros de los derechos a través de los cambios que se registran en el tiempo en base a la noción de progresividad. Los "indicadores variables" son complejos y depende de bases de referencia o metas normalmente expresadas en porcentajes o números. Adicionalmente, deben ser desglosados por grupos socio-demográficos a los efectos de monitorear la equidad.

Al momento de evaluar la situación de un derecho en particular es posible que se identifiquen un conjunto de elementos conexos que afecten o incidan en el cabal cumplimiento del mismo, así por ejemplo, en el caso del derecho a la vivienda adecuada el desempleo y la consecuente carencia de ingresos pueden generar consecuencias importantes en la posibilidad real y efectiva de ejercer el derecho. Estos elementos son denominados determinantes y tienden a influenciar sobre los contenidos normativos asociados a cada derecho constitucional.

Siguiendo con la clasificación propuesta por Hunt es posible apreciar que la misma no da cuenta de estos elementos conexos al derecho, por tanto, es interesante conocer una tipología diseñada desde el punto de vista de los determinantes. Por ello, en el marco de la evaluación de las diversas fases de las políticas públicas surge la siguiente clasificación creada por Rob Vos (1996) con la intención de facilitar dicho proceso:

1. Indicadores de acceso: "identifican los determinantes que permiten hacer efectiva (y en qué grado) la utilización de recursos para satisfacer las necesidades básicas. Para fines de política, son relevantes ya que la existencia de servicios básicos no garantiza el acceso universal a éstos" (ejemplo: porcentaje de viviendas según material predominante en el techo, piso, paredes y su calidad para ser habitada).

2. Indicadores de insumo: "se refieren a los medios para alcanzar cierto estándar de vida, reflejan los recursos propios de la población y las intenciones, compromisos y esfuerzos del gobierno para proporcionar servicios básicos" (ejemplo: gasto público en vivienda).

3. Indicadores de resultado: "reflejan los niveles de satisfacción de necesidades básicas alcanzados. Son los más adecuados para medir los niveles de vida objetivos mínimos deseables, así como para verificar el logro de los objetivos" (ejemplo: déficit habitacional neto). Es importante señalar que los determinantes y la equidad son factores inextricablemente unidos; su compresión por lo general se alcanza de forma simultánea. Desde el punto de vista de la equidad la Alianza Global para el Monitoreo de la Equidad (GEGA) propone que el cumplimiento de los derechos debe ser analizado desde las siguientes dimensiones (GEGA, 2003):

a) resultados.

b) financiamiento y asignación de recursos.

c) acceso a servicios y utilización de los mismos

(El uso real de los servicios recomendados es la manera más válida de medir el acceso)

d) calidad de los servicios; e) acceso/exposición a determinantes subyacentes del derecho.

f) consecuencias sociales y económicas del incumplimiento del derecho.

Así mismo, la conformación de un sistema de Interacción y de Participación Popular tal y como lo requiere el FREEINJUSS de Derechos Sociales, se fundamenta en la correcta identificación de indicadores tanto cualitativos como cuantitativos. Antes de seleccionar indicadores para su posterior incorporación al sistema es recomendable tomar en cuenta las siguientes sugerencias (UNFPA, 2004; González, 2005):

1. Uso de fuentes de datos y sistemas de información existentes: los indicadores se construyen sobre la base de información ya existente o de fácil obtención. Sin embargo, si no se disponen de datos primarios válidos y confiables o si simplemente no están disponibles de forma desagregada, el FREEINJUSS debe enfocarse en la obtención de la data no disponible a través de metodologías eficientes para la recolección de datos.

2. Asociaciones: es indispensable la interacción con los actores y organizaciones comunitarias, así como es conveniente establecer alianzas con los organismos tanto públicos como privados que generen información estadística en el país, en especial las instancias productoras de datos primarios.

3. Gestión de la información: debe planificarse la actualización, así como el optimo y constante funcionamiento de la base de datos que almacenará la información obtenida y/o recabada. El FREEINJUSS no tiene como finalidad convertirse en un simple banco de datos, por lo cual, la información que debe fluir como producto final serán recomendaciones que puedan incluirse en la elaboración de Proyectos Comunitarios que satisfagan las necesidades de los consejos comunales. De esta manera se contribuirá con el empoderamiento de las políticas públicas y "La Suprema Felicidad Social".

4. Apropiación: es imprescindible y conveniente fomentar la participación ciudadana en la selección de los indicadores que se utilizarán para medir el cumplimiento de los derechos. Sin la participación es imposible el consenso, la abogacía y el empoderamiento de las comunidades. Adicionalmente, la apropiación por parte de las comunidades del conjunto de actividades desarrolladas por el FREEINJUSS permitirá darle legitimidad a la Organización Comunitaria y a las recomendaciones que de sus hallazgos se deriven.

5. Calidad más que cantidad: no se trata de producir una gran cantidad de indicadores sino por el contrario de contar con un conjunto simplificado que sea suficiente para mostrar la situación de los DDHH en el país sin que se sacrifique el monitoreo y la evaluación en sí mismos. Es evidente que un uso excesivo de información desmejoraría la calidad de las investigaciones teniendo consecuencias negativas sobre los resultados y las conclusiones.

6. Información de referencia: como el FREEINJUSS tiene que evaluar algunos indicadores tomando como referencia metas o bases de referencia es necesario precisar dichos puntos antes de iniciar el monitoreo. Con la combinación de indicadores y puntos de referencia es posible comprender mejor la evolución de un fenómeno en el tiempo y sus progresos en relación al alcance de un objetivo previamente determinado.

Ventajas y desventajas de los indicadores de derechos

Si bien el uso de indicadores no está libre de limitaciones, hasta ahora se han convertido en la herramienta más poderosa para emprender las tareas de evaluación y monitoreo de derechos, siempre y cuando sean balanceados y complementadas tanto las metodologías cualitativas como las cuantitativas.

En tal sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2000) señala que los indicadores estadísticos son instrumentos fundamentales para la lucha por los DDHH, permitiendo:

a) formular mejores políticas públicas, leyes y procedimientos así como también vigilar los progresos realizados.

b) determinarlos los efectos no deseados de leyes, políticas y prácticas.

c) determinar qué actores están influyendo en la realización de los derechos constitucionales.

d) poner de relieve si esos actores están cumpliendo sus obligaciones y en caso de no ser así exigir responsabilidades.

e) advertir de antemano posibles violaciones y poder adoptar medidas preventivas.

f) fortalecer el consenso social respecto de decisiones difíciles que deban adoptarse frente a la limitación de recursos.

g) sacar a la luz cuestiones que han sido desatendidas o silenciadas.

Así como las estadísticas pueden ser útiles, pudieran ocurrir algunas situaciones desventajosas que desde el punto de vista metodológico puede resumirse en cuatro grandes riesgos:

a) la inconsistencia en la aplicación de una definición operativa de la variable.

b) errores de procedimiento en la recolección de datos.

c) errores ocasionados por los instrumentos de recolección de datos.

d) errores ocasionados por el procedimiento de codificación de los datos.

Consideraciones finales

Para finalizar se presentan algunas consideraciones a manera de desafíos que deben enfrentar los (FREEINJUSS) de Derechos de Venezuela propuesto para su puesta en marcha. En primer lugar, conviene señalar que en el siglo XXI la información se ha convertido en un factor fundamental e imprescindible para la toma de decisiones. Por otro lado, el acceso a la información permite a las comunidades emprender procesos que conlleven a la evaluación y el control social de políticas públicas, planes y programas estatales, así como, proponer soluciones factibles, consensuadas y coherentes con la realidad nacional, fortaleciendo el nuevo modelo de gestión pública enmarcado en la democracia participativa, Protagónica y deliberativa.

Desde esta perspectiva, el primer reto que, a nuestro juicio, debe enfrentar un FREEINJUSS radica en contribuir activamente en la Interacción y Participación que debe existir entre la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), las organizaciones comunitarias y sus actores o líderes natos y los Organismos Públicos e instituciones del Estado. No sólo se trata de ofrecer a los usuarios/as la oportunidad de acceder una base de datos en determinados momentos y con fines específicos. Se pretende que a través de la interacción, participación y engrane de cada programa de formación (PFG) se facilite una herramienta a cada comunidad para que aprenda a dar soluciones efectivas a cada problemática que se presente dentro de su jurisdicción y competencia.

Desde esta perspectiva se hace necesario plantear los objetivos en tres etapas o planos estratégicos los cuales serán:

a) Corto plazo: este paso consiste en conformar y constituir el (FREEINJUSS) de derechos en el ámbito local, (específicamente en la Urb. "El Milagro" parroquia Corazón de Jesús, municipio Barinas, estado Barinas), siendo así, este será el (FREEINJUSS) modelo, el cual deberá demostrar la factibilidad, viabilidad y sostenibilidad del proyecto planteado en este documento. Mismo que representa el nivel académico adquirido mediante el desarrollo y desempeño de nuestras actividades como estudiantes de la UBV.

Como factor imprescindible para la implementación, prosecución y logro del objetivo general, es necesario calcular los costos operativos (inversión monetaria), esta que para la primera etapa (corto plazo) se puede calcular en base a los equipos, materiales, y espacio físico donde se procederá a sistematizar cada evaluación y monitoreo con sus respectivos estudios, instrumentos de aplicación, así como los resultados, planteamientos, recomendaciones y observaciones que resulten procedentes de la observación de las políticas públicas y los derechos sociales que coexistan dentro de la comunidad.

Es imperioso acotar que en esta primera etapa el primordial recurso será el humano; considerando que el grupo investigador (estudiantes del X semestre PFG: EJ. UBV. Aldea "Pio Tamayo" modalidad F/s) deberá invertir gran cantidad de tiempo, formación académica, análisis coyunturales cualitativos, investigación y consulta del ordenamiento Jurídico vigente, entre otras cualidades imprescindibles.

En cuanto a los costos operativos (inversión monetaria), realizar cálculos precisos seria coyunturalmente improcedente, pues los costos varían de acuerdo a la situación económica y las diversas medidas que rigen a este sistema. Aun así se puede especificar una especie de lista en la que se identificaran los materiales y equipos necesarios para obtener los resultados planteados a corto plazo; a continuación se describen los mismos:

Cabe señalar que los costos operativos (inversión monetaria) pudieran obtenerse de dos formas: cogestión (por medio de aportes solicitados a los Organismos Públicos o institucionales del estado), o por autogestión (por medio de aportes personales de cada estudiante, colectas, vendimias, rifas, entre otros), las cuales podrían gestionarse dentro de la comunidad objeto de estudio; con la participación activa de los integrantes de la comunidad y de sus organizaciones.

Un segundo reto, radica en la esencia misma de un (FREEINJUSS). Nos referimos a la capacidad de incidencia sobre las políticas públicas como garantía de vinculación entre la información producida y las acciones y omisiones del Estado. El trabajo de los (FREEINJUSS) debe tener dos planos, uno de carácter técnico (investigación y monitoreo) y otra de carácter político (abogacía y participación). Sólo a través de la verdadera interconexión entre ambas dimensiones (de manera tal que se produzca un flujo de información bidireccional) será posible el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Siendo indispensable dar cuenta de los avances en la ampliación de los derechos sociales y la justicia social, surge el siguiente desafío consistente en desarrollar una línea de acción de un (FREEINJUSS) encaminada a compartir experiencias y recomendaciones en torno a la importancia de que los organismos productores de estadísticas en el país, en especial el Instituto Nacional de Estadística (INE) como ente rector del SEN (Sistema Estadístico Nacional), generen información coherente, oportuna y única a objeto de ser útiles en los procesos de toma de decisiones de conformidad al enfoque de derechos, la Justicia Social y a la consecución de las metas propuestas en el Plan Estratégico de la Nación, 2007-2013.

Esto cobra especial relevancia debido a tres elementos fundamentales: por un lado, en muchos casos la data no se encuentra disponible ni a tiempo ni con los niveles de desagregación necesarios para desarrollar efectivamente el monitoreo y la evaluación de los derechos; por otro, los sistemas de información del Estado venezolano no están especialmente diseñados para producir los insumos necesarios para medir la satisfacción de los derechos, la justicia social y los efectos de sus determinantes, por último, el acceso a la información existente no está disponible de manera ágil, oportuna y gratuita para todos los ciudadanos que pudieran necesitarla en un tiempo o coyuntura determinada.

Del mismo modo, las interpretaciones de la información disponible pueden ser incorrectas si no se consideran las diferencias entre mejoras asociadas a las condiciones de vida de la población y la situación de los DDHH. Así pues, la eventual mejora en las condiciones de vida de una determinada población o grupo social no implica necesariamente que exista una mejora en la situación de los derechos sociales en general, debido a que no existe una relación automática entre ambos fenómenos.

Para concluir, luego de resumir a lo largo de estas páginas los fundamentos conceptuales y metodológicos de la propuesta de un (FREEINJUSS) que presentamos, no queda más que proponer la profundización del debate con todos los actores relevantes que de alguna u otra manera se encuentren vinculados con la tarea de elevar la calidad de vida de los/las venezolanos/as, entendiéndola, no como un regalo o una dádiva, sino como un derecho legítimamente consagrado en la Carta Fundamental (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y que se traduce, por tanto, en una obligación del Estado, como Estado social, de derecho y de justicia, velar por su "concreción efectiva" a través del respeto, protección y satisfacción de las garantías constitucionales.

Ya superados estos retos podrá plantearse la implementación y conformación de un (FREEINJUSS) de derechos en los todos los ámbitos (local y Nacional), lo que resultará en la prosecución de las etapas o planos de: mediano y largo plazo; para los cuales se tendrá mejores ejemplos de la efectividad y factibilidad y sostenibilidad del proyecto.

Como requisitos indispensables para constituir un FREEINJUSS en cualquier aldea Universitaria de Misión Sucre, Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), es necesaria la interacción entre los siguientes Actores o Participantes: (Ver diagrama Nº 6)

Diagrama 6. Requisitos para la conformación de un (FREEINJUSS).

Para lograr el objetivo general del FREEINJUSS se requiere el aporte de cada estudiante indiferentemente el semestre y PFG que curse. Por lo cual se indica a continuación la forma de interacción e intercambio de saberes y experiencia que se obtendrán en cada frente constituido y que se encuentre ejecutando un proyecto comunitario. Así mismo de plasma aquí una serie de requisitos indispensables para la incorporación de cada frente al FREEINJUSS fundador y al ingreso y acceso de su base de datos.

Quedando entendido que el FREEINJUSS Fundador es quien impulsa esta propuesta y que nace de la Misión Sucre, Universidad Bolivariana de Venezuela, Aldea "Pio Tamayo", parroquia Corazón de Jesús, municipio Barinas, estado Barinas; con el trabajo mancomunado y la interacción entre la comunidad de la Urbanización "El Milagro", los estudiantes del PFG: "Estudios Jurídicos", X semestre, modalidad Fin de semana, Proción "2007 I – 2012 I" y los Organismos e Instituciones del Estado Barinas.

Requisitos Indispensables Para La Incorporación de cada Frente:

1) Consignar copia del registro del Consejo Comunal con el Cual Interactúa.

2) Integrar el Frente con al menos un estudiante de cada semestre y PFG de la Aldea.

3) Manifestar formalmente (por escrito) su intención de Integración. Avalada por acta donde los integrantes se comprometen a la participación sin fines de lucro. (con firmas).

4) Basar cada actuación del Frente en concordancia con los Principios y valores Constitucionales que rigen nuestro sistema Jurídico.

5) Nombrar al menos un (01) responsable del Frente. Máximo (según requerimientos).

6) El Responsable Principal deberá registrar un correo electrónico y una página de Facebook de su frente: ejemplo (FREEINJUSS_{nombre de la aldea}y posteriormente a su registro deberá enviar solicitud al FREEINJUSS fundador a la siguiente dirección: [email protected] de igual forma para acceder a la base de datos del FREEIJUSS fundador deberá enviar solicitud de amistad al siguiente Facebook: FREEINJUSS PIO TAMAYO 2007 I- 2012 I

7) Quien/es sea/an responsable de Frente, debe mantener su pagina actualizada cada semestre. Por tanto su responsabilidad radica en subir toda información pertinente y concerniente a su Proyecto Comunitario, clasificando el Trabajo de cada Programa de Formación según sus obligaciones académicas y en concordancia con los contenidos programáticos de cada unidad curricular cursada en el semestre.

Es importante recalcar que esta Organización no es subordinada a ninguna otra, así mismo, ningún frente es subordinado a otro, incluso al FREEINJUSS Fundador; por tanto queda al libre Albedrio el ajuste, acople, modificación y engrane de nuestros (OBJETIVOS ESPECIFICOS) de forma, mas no de Fondo. Reservándonos el derecho de autoría.

Esto no significa de manera alguna que pretendamos fijar lineamientos impuestos a quienes manifiesten su intención de conformarse como frente; sino por el contrario que queremos asegurar la sostenibilidad Jurídico-Social de nuestra propuesta. Por lo que solicitamos a cada frente integrante alimentar su base de datos con sugerencia fundamentadas en posibles omisiones u errores que como humanos imperfectos pudiésemos cometer en la elaboración de esta propuesta.

Sus aportes y críticas constructivas a esta propuesta, serán de gran utilidad para quienes prosiguen en sus actividades académicas, así como también para quienes elaboramos este Proyecto Comunitario con la intención de impulsar y promover la Participación Popular y fortalecer el empoderamiento de las comunidades organizadas con respecto a las políticas publicas creadas para lograr "La Suprema Felicidad Social" enmarcada en la II línea general del Proyecto Nacional "Simón Bolívar" 2007 – 2013

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Autor:

Donkan Fenix Davila