Dos de las organizaciones que más resaltaron fueron los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
El ERP se mantuvo en su tradición revolucionaria muy antigua, hecho que lo diferenciaba de los Montoneros. No se enfrentaron a tan alto grado de defección, ni de colaboración de sus combatientes con los militares del proceso.
Su zona de combate era principalmente Tucumán. Bajo las órdenes del Gral. Abel Edgardo Vilas, controlaban a los poblados del Potrero de Tablas y San Rafael. Contaban con gran arsenal, campamentos, centrales de comunicaciones y hospitales de campamento.
Los Montoneros estaban dirigidos por Mario Firmenich, quien tenía una ideología política definida, ni estaba capacitado para estar al frente de este movimiento. Los montoneros pretendían transformarse en un ejército paralelo, pero al militarizarse cada día más, se alejaron de los peronistas y de la realidad. Se diferenciaban de los militares, porque su uso de la violencia "no era indiscriminado".
Su estrategia se basó en hacer guerrillas urbanas y llegaron a ser uno de los movimientos terroristas más poderosos del mundo, ya que tenían su propia artillería, y eran asesorados por expertos europeos en la fabricación de sus armas.
Las autoridades eclesiásticas jugaron un papel muy importante dentro del proceso. Las opiniones en la sociedad respecto a la Iglesia estaban divididas:
·Algunos creían que el clero estaba enterado de todo lo que ocurría en los centros clandestinos de detención
·Otros pensaban que fueron muy perseguidos
Hasta ellos llegaron entre 1.976 y 1.980 entre 5.500 y 6.000 casos de personas desaparecidas o detenidas. De todos ellos, algunos terminaron bien, otros fueron llevados por Pío Laghi a Ezeiza para que dejaran el país, y por otros no pudo hacer nada. Éste fue el nuncio papal de Buenos Aires durante esta época, (llevaba noticias o encargos de un sujeto a otro, y era el representante diplomático del Papa, por lo que ejercía ciertas facultades pontificas).
Según declaraciones, lo que se hacía cuando llegaba un caso a la nunciatura, era ir de inmediato al Ministerio del Interior a hablar con el Gral. Harguindeguy. Allí les respondían diciendo que no se les debía creer a los ciudadanos, levantando entre el nuncio papal y él, un muro de cinismo.
Después los derivaban a otras reparticiones con la Policía, el Ejército, etc. para que hicieran nuevas averiguaciones.
Pío Laghi, por su insistencia en el tema, recibió en 1.977, un papel donde un pretendido tribunal de un grupo represivo le comunicaba que había decidido por su vida y que podía ser ejecutado en cualquier momento.
En realidad, hasta 1.979, no se sospechaban de actos tan graves, sólo se conocían los abusos de la guerra sucia, pero no de los extremos a los que había llegado.
Se podía decir que existían dos Iglesias, la de los oprimidos y la de los opresores.
En 1.976, Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, estaba en el frío asfalto de Punta de los Llanos luego de que su auto fuera interceptado en la ruta que unía Chamical con la capital de la provincia hacia donde viajaba para presentar ante las autoridades militares una carpeta con pruebas sobre el asesinato de dos sacerdotes de la diócesis. La versión oficial, que el mismo Episcopado avaló, hablaba de accidente, pero entre los Riojanos, y gracias al aporte de testigos claves, se comprobó que Monseñor Angelelli había sido sacado ileso de su auto y brutalmente asesinado de varios golpes en la nuca.
Su muerte fue la dura cuenta que tuvo que pagar por una vida dedicada a los más humildes, a quienes consagró su vocación sacerdotal. Su prédica le trajo el rencor de los poderosos de siempre, uniformados y civiles, a quienes afectó en sus sagrados intereses, y de quienes recibió una feroz campaña que no vaciló en acusarlo de "obispo rojo", enviar firmas para pedir su remoción al Vaticano, expulsar sacerdotes de Anillaco, donde Amado Menem, hermanastro del actual presidente, tuvo especial participación, asesinar religiosos y laicos y finalmente eliminar al odiado "Pelado".
Monseñor Angelelli fue, junto a Hesayne, De Nevares, Devoto, Ponce de León y Novak, uno de los obispos que supo comprometerse con la cruz y el Evangelio dentro de una jerarquía episcopal cuya actitud de conveniencia y complicidad con la dictadura militar avergüenza la conciencia de los cristianos. Desde la justificación teológica de la tortura y la eliminación clandestina de prisioneros indefensos hasta la aceptación lisa y llana de la espada, como instrumento quirúrgico para impulsar la doctrina de la seguridad nacional, la conducta de la jerarquía católica argentina no tiene perdón.
Durante el ya conocido genocidio, a los militares embanderados como "defensores de la fé católica", la Conferencia Episcopal los justificó, los confortó y los atendió en amistosas reuniones, mientras las Madres de los desaparecidos, los fusilados, los torturados, los arrojados al mar, esperaban infructuosamente durante días y noches ser recibidas para poder entregar una carta.
Pudieron salvar muchas vidas y no lo hicieron, son responsables sobre 30.000 vidas humanas, no de haberlas matado pero sí de no haberlas salvado. Bastaban pocas cosas, pocos gestos, pero hubo complicidad, temor, identificación con el régimen.
La sociedad argentina, acostumbrada a hechos como estos sólo publicados a través de las crónicas de otros países, tenía miedo, miedo de saber, de tener algún tipo de información, de estar enterado de algo.
"El silencio es salud", siniestra ironía escrita en carteles, para anunciar en un lugar donde se cometían aberraciones, en busca de quebrar el silencio heroico de las víctimas.
La sociedad ya no sólo extrañaba el hecho de poder votar, sino también el de poder decir lo que pensaban, tener ideales políticos diferentes a los impuestos. A cambio de estas privaciones, tenían constantes amenazas.
De la manera en que se presentaban los hechos, parte de la sociedad decidió exiliarse, ya sea por razones políticas o laborales, en el exterior o, en otros casos, en las provincias.
En el plano educativo, la censura y la mentira también estaba presente. Los libros eran "transparentes", frívolos, en ellos no existían la mezquindad ni el crimen. Así mismo, la música también estaba reprimida; Los actos de protesta y los cantos populares estaban titulados en su totalidad como "subversivos".
El 80% de los ciudadanos argentinos que entre 1.976 y 1.983 cursaban la escuela secundaria, no recuerda sobre su vida social y/o salidas estudiantiles, tampoco las canciones que escuchaban ni los cantos populares de protesta.
El 17,4%, que pertenecía a la clase alta, parecía haber vivido en otro planeta, aislados del mundo.
El 3,6% prefiere no opinar del tema, por miedo a nuevos actos represivos.
La gente conocía la verdad de lo que estaba ocurriendo, pero la violencia había llegado a tal grado que se sentían intimidados y no se animaban a hablar. Luego de los 2 primeros años fue evidente que la política económica no funcionaba y empezó a notarse cada vez más el problema de los desaparecidos. Fue allí cuando la sociedad, el pueblo argentino, se volvió en contra de los militares.
Los secuestros se realizaban generalmente a altas horas de la noche por una patota (que en "ocasiones especiales" eran más de 50).
Entraban al domicilio de la persona señalada (generalmente, antes había un "apagón"), se apoderaban del señalado, lo tabicaban (le vendaban los ojos), se los encapuchaba y lo torturaban delante de sus hijos (que después, eran dejados con algún vecino, familiar o solos; en otras ocasiones eran llevados con sus padres a los centros clandestinos, para que después sean adoptados por algún represor).
Luego, eran introducidos en vehículos (generalmente dentro de automóviles correspondientes a la marca Ford, modelo Falcón, de color verde), parte de ellos conseguidos en los operativos de secuestro, como botín de guerra.
De allí partían hacia alguno de los centros clandestinos. Y pasaban a ser miles de hombres, mujeres y niños de distintas edades y ocupaciones, integrando una categoría dentro de la población de carácter "tétrico" llamado "los desaparecidos".
Los represores secuestraban a los que consideraban "subversivos":
a) Los que ayudaban en las villas-miseria
b) Los que tenían como objetivo una mejora en los salarios
c) Los miembros de alguno de los centros estudiantiles
D) Los periodistas que demostraban su desacuerdo con los represores, y hacia la represión; y eran capaces de demostrar su oposición a los hechos en un artículo periodístico, etc.
e) Los psicólogos y los sociólogos, por pertenecer a profesiones "sospechosas"
f) Las monjas y/o sacerdotes que llevaban sus enseñanzas a las villas-miserias
g) Los amigos de cualquiera de todas estas personas, los amigos de éstos amigos, etc.
Todas en su mayoría inocentes de cometer actos terroristas, o siquiera de compartir con alguien, o pertenecer a grupos que combatían esta guerrilla.
Massera integró las brigadas operativas de secuestros, presenció torturas e interrogatorios, en apoyo a la formación del "grupo de tareas". En la inauguración del mismo, ordenó: "-responder al enemigo con la máxima violencia, sin trepidar en los medios".De esta manera se convierte en "cero", su nombre de guerra. Junto con el poder de Massera, creció el poder de algunos oficiales navales hasta llegar a la jurisdicción del Estado, como en el caso del contraalmirante Chamorro y el capitán Acosta Ambone, jefe de inteligencia del G.T. 3.3. éste último decía ser "el dueño de la vida y la muerte" o "como Dios".
Uno de los centros del poder político en la Armada fue el campo de concentración de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), que empezó a funcionar en marzo de 1.976, y aunque tuvo cambios políticos y distintas formas de represión, se clausuró en noviembre de 1.983, unos días antes de asumir el gobierno constitucional.
Por allí pasaron casi 5.000 detenidos -desaparecidos, y junto con el "Campo de mayo", fue uno de los mayores centros clandestinos de tortura.
Antes del golpe militar de 1.976 ya existían los centros ilegales de detención: "la escuelita de familia" y la Jefatura General de Policía en Tucumán, entre otros
La base del poderío de la ESMA no fue sólo político sino también material: -obtuvieron grandes sumas de dinero mediante el "botín de guerra". Hasta se montó una inmobiliaria en Belgrano, a raíz de los inmuebles ocupados y adquiridos por torturas y falsificación de documentos.
El campo de concentración funcionó en el Casino de Oficiales de la ESMA, un edificio de 3 pisos, con un altillo grande y un sótano. En el 3er piso y en el altillo se alojaba a los detenidos- desaparecidos, en habitaciones sin ventanas llamadas "capuchas".
En la planta baja estaba el Salón Dorado o "el dorado", donde de instaló la sección de inteligencia del G.T 3.3 (el acceso a ese sector era restringido como la sección de "los jorges", oficinas de algunos oficiales del grupo). En el sótano estaban la enfermería, un laboratorio fotográfico y varias salas de torturas.
Los interrogadores torturaban salvajemente a los secuestrados atados a elásticos metálicos. Con la picana eléctrica, los golpes brutales, el ""submarino seco", el "submarino mojado", y los simulacros de fusilamiento, buscaban no sólo obtener información sino destruir a los detenidos -desaparecidos física y psíquicamente.
El oficial Alfredo Astiz ha tenido un papel importante en esta última dictadura. Secuestró a ancianos y adolescentes, mujeres embarazadas, a las monjas francesas Domon y Duquet; se infiltró en el grupo de Madres de Plaza de Mayo y familiares que se reunían en la Iglesia Santa Cruz y se ganó el desprestigio ante la opinión pública internacional. Hasta 1.983 siguió trabajando en tareas de inteligencia.
A mediados de 1.979 llegó a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante las pruebas acumuladas sobre la ESMA, se prefirió neutralizar la visita del CIDH a la escuela. Algunos prisioneros fueron trasladados a una quinta en el norte de Buenos Aires, otros a una isla en el Tigre donde permanecieron un mes aproximadamente. Casi 60 prisioneros políticos estuvieron en una isla cercana al río Paraná, llamada "El Descanso".
Entre 1.980 y 1.983 se trasladaron a la ESMA prisioneros de otros campos de concentración, que tenían determinados oficios o profesiones, para montar un servicio de impresiones y falsificación de documentos.
El G.T. 3.3 tenía 3 tareas específicas:
a) Inteligencia: donde se planeaban las operaciones, se concentraban los efectivos antes de salir y se analizaba la información obtenida por medio de torturas y la represión.
b) Operaciones: realizaba lo que planeaba "inteligencia"
C) Logística: Mantenía el campo de concentración y administraba las finanzas propias y del "botín de guerra".
En resumen, la tortura funcionó como un elemento relevante en la metodología empleada. Los centros clandestinos de detención fueron concebidos para poder practicarla impunemente.
Los desaparecidos son, en consecuencia, una herida abierta que requiere una respuesta urgente.
Durante el Golpe de Estado perpetuado por las Fuerzas Armadas se llevó a cabo una política de terror y avasallamiento de los derechos sociales e individuales del pueblo de la República Argentina. El saldo de este accionar fue la desaparición de miles de personas.
Esta metodología aberrante también se ensañó con los hijos de los prisioneros, algunos de corta edad, otros nacidos en los centros clandestinos durante el cautiverio de sus padres.
Luego de 13 años de ejercicio de la democracia, se espera obtener Verdad y Justicia. Poco se ha conseguido.
En un fallo dictado el 9 de diciembre de 1.985, la Cámara Federal analizó este tema, y al respecto afirmó:
"La posibilidad de que el personal a quien se mandaba a domicilios particulares a cometer delitos de la apuntada gravedad se apoderara sistemáticamente de bienes en su propio beneficio fue necesariamente prevista y asentida por quienes dispusieron tal modo de proceder. La enorme proporción de casos e que ellos, tuvo lugar, y el hecho de que se les otorgara igual tratamiento en cuanto a la impunidad de sus autores confirma esta inferencia.
No es posible, en cambio, hacer extensivo este razonamiento a otros delitos como la sustracción de menores cuya comisión se ha demostrado sólo en forma ocasional únicamente se han verificado las sustracciones de los menores Felipe, Martín y María Eugenia Gatica".
Por aplicación de este criterio, el Tribunal absolvió del delito de sustracción de menores a los Comandantes a quienes se les había imputado este delito.
Esta injusta decisión impulsó a diversos grupos de la sociedad civil, especialmente a las Abuelas de Plaza de Mayo, a realizar una búsqueda de menores desaparecidos. Como resultado se conocieron centenares de casos de menores secuestrados con sus padres o nacidos en centros clandestinos de detención.
Recientemente, en un juicio administrativo promovido contra el Estado Nacional para que informe sobre la suerte de los desaparecidos, fue encontrada en un organismo militar la prueba de la existencia de un documento titulado: "Instrucciones sobre procedimiento a seguir con menores de edad hijos de dirigentes políticos o gremiales cuando sus progenitores se encuentran detenidos o desaparecidos" (proveniente del Ministerio del Interior en abril de 1977).
Con esta prueba, cayó el fundamento conceptual del fallo de la Cámara en materia de sustracción de menores, pues la sola existencia de tales "instrucciones" demuestra que este accionar existió y fue previsto por los autores del plan criminal, tal como el fallo lo admitió sólo para el simple robo de cosas.
Los que se apropiaron de estos menores desaparecidos, usaron dos caminos supuestamente legales para borrarles la identidad y su historia familiar:
a ) o fueron adoptados como hijos propios
b ) o fueron adoptados con adopción plena, la que en nuestro país borra el vínculo con la familia de sangre y el menor pasa a integrar la familia adoptiva.
Esto obliga a actuar en dos planos jurídicos, luchando contra la impunidad: una causa penal para demostrar que ese menor anotado como propio o adoptado es el hijo de un desaparecido y luego, la causa civil para anular la adopción plena. Esto hace que las causas sean diferidas en el tiempo, que los apropiadores renueven sus trabas para evitar que se encuentren a esos niños, y que continúen gozando de la impunidad que han tenido y tienen a 21 años del golpe militar.
Se debe destacar, además, que estos "individuos" cuentan con la complicidad de muchos funcionarios que vienen desde el proceso militar y siguen integrando el poder judicial como si nada hubiera pasado.
Se juzgó a los militares pero no a sus cómplices, a los jueces que denegaban el hábeas corpus sabiendo su origen; a los médicos que controlaban las torturas y atendían los partos en campos clandestinos de detención y regalaban el bebé o se quedaban con él; a los psicólogos que violaban el secreto profesional y sacaban información a los detenidos que se quebraban; a los curas que utilizaban la confesión para sacar información o que admitían la tortura "una o dos horas nada más", pero se oponían a la violación como forma de tortura porque era inmoral.
El plano judicial de este tema es el más difícil de sobrellevar, ya que la prescripción de las causas aparece como un obstáculo importante. Esto se ve claramente en el fallo que presentó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Diciembre de 1.995:
"En consecuencia, atento a lo establecido por el art.62, inc.2do del Código Penal y la fecha de comisión de los hechos, se advierte que han transcurrido el máximo de duración de las penas previstas por los articulos. 139, inc.2do y 146 del Código Penal, por cuya razón la prescripción de la acción se ha operado y así debe declararse, por cuanto aquel instituto jurídico en materia penal opera de pleno derecho por el mero transcurso del plazo pertinente."
El voto en disidencia dice: "En primer lugar, cabe señalar que en autos no se ha operado la prescripción de la acción penal. En efecto, dado que una de las conductas típicas previstas en el art. 146 del Código Penal reprime a quien "retuviere" a un menor de 10 años, resulta evidente- dado el carácter permanente del delito- que dicha conducta habría continuado produciéndose mucho después del acto inicial de sustracción ocurrido con posterioridad al 22 de junio de 1.976 y antes del 23 de marzo de 1.977, lo que lleva a concluir, en principio, que en el caso no se habría operado el citado plazo de prescripción."
Las Abuelas de Plaza de Mayo han elevado este caso a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), sosteniendo que: "la gravedad de la decisión de la Corte radica en que el fallo no es sino el punto final para la búsqueda de nuestros nietos y la impunidad para los apropiadores de ellos, temas que habían sido expresamente excluídos de las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida."
Según testimonios, se logró conocer cómo eran tratadas las mujeres embarazadas que eran secuestradas: cuando llegaban a la ESMA, eran tiradas en colchonetas en el suelo, encapuchadas y boca abajo. No se salvaron de las torturas pese a su estado.
Al principio, cuando faltaban pocos días para el alumbramiento, eran llevadas a una pieza con ventanas herméticamente cerradas; recién ahí le sacaban los grilletes, que eran vueltos a poner cuando iban al baño.
Eran atendidas por un médico del Hospital Naval, un enfermero de la ESMA, y ayudadas por otras prisioneras. Una vez nacida la criatura la madre era "invitada" a escribir una carta a sus familiares, a los que supuestamente les llevarían el niño. Inmediatamente la secuestrada era "trasladada", mientras el bebé quedaba en la habitación atendido por otras embarazadas. Luego se lo llevaban.
Desde que la embarazada llegaba ya se sabía cuál sería el destino de su hijo y el suyo: a ella le esperaba el TRASLADO, y a su pequeño la seguridad de que nunca conocería su verdadera historia, y menos a su verdadera familia.
En el mes de julio de este año, el ex marino Scilingo reveló el "modus operandus" del horror, ante la Cámara Federal de Buenos Aires. "Alegando razones humanitarias" la Armada habría dispuesto que las embarazadas detenidas deberían dar a luz, pero para evitar que los mismos niños se contaminasen con ideas extremistas, éstos se darían en adopción a familias "normales": marinos o allegados a ellos que, a través de haber tomado contacto con el Grupo de Tareas 3.3.2, habrían expresado el deseo de adoptar un niño.
El procedimiento que se llevaba a cabo era el siguiente: el entonces director de la ESMA, contralmirante Rubén Chamorro, el jefe del G.T. 3.3.2, capitán de navío Jorge Vildoza, y el jefe de Inteligencia, capitán de fragata Jorge Acosta, resolvían a quién correspondía el futuro del bebé, todo con el visto bueno de quien ejercía la conducción directa del Grupo, el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Eduardo Massera.
Jorge Luis Magnasco, que hasta hace pocos meses trabajaba como obstetra en el Sanatorio Mitre de donde ya fue despedido, y sus asistentes Aldo Clemente Chiappe, Alberto Arias Duval, Carlos Octavio Capdevilla y Raúl Sanchez Ruiz, fueron responsables de la acta de nacimiento que se realizaba ya con el nombre de la madre adoptiva.
Scilingo acusó a Massera, Chamorro, Vildoza, Acosta y Magnasco como "presuntos autores" del delito principal, y a Carlos Menem y el jefe de la Armada, Carlos Marrón, como supuestos "encubridores".
LAS MADRES Y ABUE LAS DE PLAZA DE MAYO
En abril de 1.977 un grupo de madres, que se conocieron durante los trámites para buscar a sus hijos desaparecidos, decidió juntarse un día por semana en Plaza de Mayo. Así nacieron las "Madres de Plaza de Mayo", un símbolo de la resistencia popular argentina a la dictadura militar.
Los militares no las atendieron nunca, y desde entonces hace 20 años que siguen reclamando por sus hijos.
Estas madres también sufrieron la represión. No sólo cayó su fundadora, Azucena Villaflor de Vicenzi, sino 14 personas más en un mismo operativo, entre las cuales estaban las monjas francesas Leonie Reneé Duquet y Alice Domon. Este acto fue protagonizado por Astiz (el "ángel de la muerte"), junto con una prisionera colaboradora que fingió ser su hermana.
De esta manera logró infiltrarse en este grupo, y se ganó la confianza de las madres cuando simuló, un jueves en Plaza de Mayo, enfrentar a la policía. Decía tener un hermano secuestrado y llamarse "Gustavo Niño". Así fue seleccionando sus víctimas, secuestradas entre el 8 y 10 de diciembre de 1.977. Algunos ex- prisioneros de la ESMA cuentan que la monja Domon, mientras era brutalmente torturada, se preocupaba por la suerte de "Gustavo". Horas después comprobó que "Gustavo" era Astíz y ese aparente joven luchador, un asesino.
El siguiente párrafo, es un fragmento de la Solicitada de Padres y Esposas de Desaparecidos:
"La verdad que pedimos es saber si nuestros desaparecidos están vivos o muertos y dónde están. ¿Cuándo se publicarán las listas completas de los detenidos?, ¿Cuáles han sido víctimas del EXCESO DE Represión al que se refirió el Sr. Presidente?.
No soportamos ya la más cruel de las torturas para una madre: la incertidumbre sobre el destino de su hijo/a. Pedimos para ellos un proceso legal y que sea así probada su culpabilidad o inocencia y, en consecuencia, juzgados o libres.
Hemos agotado todos los medios para llegar a la verdad; por eso, hoy públicamente, requerimos la ayuda de los Hombres de Bien que realmente AMEN LA VERDAD Y LA PAZ, Y DE TODOS AQUELLOS QUE AUTةNTICAMENTECREEN EN DIOS Y EN EL JUICIO FINAL DEL QUE NADIE PODRء EVADIRSE.
Sólo pedimos la verdad al excelentísimo Sr. Presidente, a la Corporación de las Abuelas de Plaza de Mayo, a la Corte Suprema de Justicia, a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, y a las Autoridades Eclesiásticas."
Luego de la Guerra de Malvinas, producida dentro de ésta última dictadura militar, la sociedad comenzó a dejar de callar, y así, unidos contra los represores, y de la mano de Raúl Alfonsín, quien dirigía al sector opositor, organizaron una protesta por la falta de información sobre las Malvinas. Lograron instalar el tema en la opinión pública, y a los represores ya no les resultó tan sencillo poder organizarse. Habían perdido credibilidad y la gente intentaba revelarse.
La propuesta de Alfonsín se basaba en:
"Constituir UN GOBIERNO CIVIL DE Transición, QUE ENCABEZARA EL EX PRESIDENTE ILLIA"
Pero dentro del gobierno de facto, las propuestas eran otras:
"SEGUIR INCULCANDO LA IDEA DE TEMOR"
Galtieri (a quién el ejército quería hechar), decide hablar en Plaza de Mayo. Acude allí gran cantidad de gente, y días después se da por finalizado el Proceso de Reorganización Nacional.
En 1.983 asume como presidente Raúl Alfonsín, iniciando la DEMOCRACIA en nuestro país.
Fuera de que su gobierno perjudicó muchísimo al país en una forma económica, con la inflación, él fue quien fundó la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).
Tiempo después se realizó el Juicio de las Juntas. Participaron muchísimas personas en los testimonios de aquel juicio. Se encontraron muchos culpables; pero al asumir en su primer gobierno, Carlos Saúl Menem, los indultó con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Para algunos, esta decisión fue inteligente porque ayudó a terminar con las rebeliones militares, dando vuelta de hoja en la historia de las relaciones cívico– militares.
Lo que esos "algunos" no ven, es que este hecho es difícil de defender desde el punto de vista moral.
Múltiples declaraciones han hecho que comenzara a reflotar el tema de la represión militar y de los desaparecidos.
El ex marino de la ESMA, a quien el arrepentimiento, (¿arrepentimiento?) Hizo que se decidiera a declarar, dijo haber visto lanzar desde aviones navales de 1.977 a un joven, dos adolescentes mujeres, y una mujer de 65 años aproximadamente, vivos al mar. No los puede identificar por nombre y apellido, ni tampoco a otros ciudadanos (30) que fueron arrojados al mar por él mismo.
Participó en los vuelos de la Armada entre los años 1.976 y 1.977 para arrojar (en sólo dos vuelos) a 1.500 y/o 2.000 presos ilegales.
Dice que Mendía (comandante de las operaciones Navales, contralmirante), los reunió, luego del golpe del ’76, para darles instrucciones tales como: actuar de civil, y eliminar subversivos, antes de explicar que algunos prisioneros se tirarían vivos al mar.
Juan Paulik, jefe de las Fuerzas Armadas, brigadier general, declaró que durante la lucha "antisubversiva" se cometieron barbaridades de uno y otro sector.
El ex ministro de la dictadura, A. Harguindeguy, denunció que se utilizó el asesinato como Practica HABITUAL para poder obtener información ante los detenidos.
Balza aceptó como errónea las alteraciones de orden institucional en 1.976, y admitió que las Fuerzas Armadas no supieron combatir el terrorismo desde la ley.
Pernías y Rolón denunciaron que se utilizó la tortura durante el régimen militar, y a partir de ese momento comenzaron las declaraciones de los "arrepentidos".
El capitán Alfredo Astíz, fue el responsable de los secuestros de las monjas Domon y Duquet, y la ciudadana sueco- argentina Hagelin.
El ex policía Julio Simón, conocido en la represión como "turco Julián" o "turco Julio", admitió que la orden era matar a todos los prisioneros. Pero, pese a todo, reivindicó el actuado en la última dictadura. Fue el ejecutor de torturas y asesinatos, pero sin embargo, no se arrepiente de nada. HOY EN día, SE LO PUEDE VER EN LOS PROGRAMAS Periodísticos DE LA T.V., CONTANDO SUS "Anécdotas" DE TORTURA, COMO SI LAS PERSONAS QUE Mató FUERAN FICTICIAS, BURLANDO EL DOLOR DE CIENTOS DE FAMILIARES DE DESAPARECIDOS.
Según la opinión de varios represores, los únicos arrepentidos deberían ser los integrantes de las organizaciones terroristas.
Debería pensarse que es positivo que Balza y otros más hayan declarado estas atrocidades cometidas debido a su arrepentimiento; pero hoy en día, se sabe que la razón por la que declararon es porque se vieron obligados y presionados a hacerlo. Podían haberlo denunciado, si es que tan arrepentidos estaban, en el año 1.983, cuando el tema ya era denunciado por organizaciones como Amnesty International.
"Delinque quien vulnera la Constitución Nacional, delinque quien imparte órdenes inmorales, delinque quien cumple órdenes inmorales, delinque quien, para cumplir un fin que cree justo, emplea medios injustos, inmorales."
IX, A) LOS EFECTOS SOCIALES DE LA IMPUNIDAD
Los derechos individuales se ven claramente afectados por la actividad estatal, que consagra durante la etapa constitucional la impunidad para los responsables de los distintos delitos contra las personas desaparecidas durante la etapa terrorista del Estado.
La situación de que aquellos que cometen violaciones a los derechos humanos no sean sometidos a la Justicia, vulnera el principio de "igualdad ante la ley" y se convierte en una lamentable afirmación: la de que "las personas no son iguales ante la ley".
La falta de una sanción genera la convicción en los cuadros represivos de que pueden reeditar el exterminio de las personas como medio para resolver un conflicto entre el Estado y la sociedad civil o entre un civil y un agente de las Fuerzas del Estado.
Se invierten los valores que sostienen la relación Estado- sociedad civil, cuando el Estado de Derecho tiende a sancionar los delitos contra la propiedad y a amnistiar y/o indultar los delitos contra la vida. La preservación del ser humano pierde un espacio irrecuperable frente a la preservación de los bienes materiales.
IX, B) LA Desaparición FORZADA
Este método de represión gubernamental viola una amplia gama de Derechos Humanos imponiendo un sufrimiento físico y psíquico de carácter permanente que trasciende las esferas de la vida del desaparecido y la de sus familiares. Como método gubernamental tiende a la supresión física de toda persona considerada efectivo o potencialmente opositora (político- ideológica).
Ella comporta la violación de una serie de derechos humanos internacionalmente reconocidos:
a) El derecho a la libertad y a la seguridad personal (art.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art.1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art.7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, art.5 de la Convención Europea.)
b) a no ser arbitrariamente detenido o preso (art.9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art.9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art.25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, art.5 de la Convención Europea)
c) derecho a un juicio imparcial en materia penal (art.10 y 11 Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art.7 Convención Americana de los Derechos Humanos, art.5 Convención Europea)
D) a no ser sometidos a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser privado arbitrariamente de la vida (art.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art.6 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, art.1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art.4 Convención Americana de los Derechos Humanos, art.2 Convención Europea.)
e) En el caso que la desaparición afecte a mujeres embarazadas y niños lactantes se configura otra violación particular (art.25, 2 Declaración Universal de Derechos Humanos, 24,1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 10, 2 y 3 Pacto iInternacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, art.7 Declaración de los Derechos del Niño y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Parte I, 7 y 17 de la Carta Social Europea.)
IX, C) LA Apropiación DE niños
Este terrible delito proviene de otro igualmente terrible, la desaparición de la madre mientras mantenía en su vientre al niño o la apropiación del niño durante el secuestro o desaparición de sus padres.
Este "crimen", constituyó un método de privación de los derechos derivados de los lazos de sangre. De igual manera que la desaparición es un delito tendente a la supresión del desaparecido, la apropiación de niños constituyó un método de supresión de la familia y la identidad de la persona, configurando una violación a los artículos 24,2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art.18 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Luego de esta investigación, llegue a una conclusión que, creo, es a la que todo ciudadano argentino con sentido ético llegaría.
Creo que el objetivo inicial de aquel Golpe de Estado nunca se cumplió, o, lo que es peor, nunca existió; que los medios utilizados para combatir a los que ellos llamaban SUBVERSIVOS eran peores que el mismo supuesto delito cometido por éstos; que lo que el actual Presidente del Estado, CARLOS Saúl MENEM, hizo al aplicar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, fue dar rienda libre a los represores para realizar cualquier atrocidad, ya que tarde o temprano, serán indultados por un presidente que perteneció a uno de los movimientos "paramilitares"(entre comillas, porque es evidente que los Montoneros terminaron colaborando con sus supuestos enemigos); y, lo que es peor, que nunca se sabrá realmente lo sucedido en aquellos campos de concentración, ni quiénes llegaron a estar detenidos allí, ya que en este país, hay complicidad de poderes para que esto suceda.
De todas formas, a pesar de lo negativo de esta conclusión, lo importante es que aunque haya mil y una dictaduras, mil y un asesinatos, los argentinos no olvidan; esto se demuestra en la continuidad e insistencia del grupo Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, grupo que cumplió 20 años de lucha, y como ellas dicen, sin dar "ni un paso atrás".
ALFREDO ARGIBAY, BUENOS AIRES, ARGENTINA
1_ E.C. Ortega, "historia social de la argentina", ed: sopena
2_Edgardo Gimenez, "historia política de la república", editorial: Aique
3_Torcuato Di Tella, "historia social de la argentina" editorial: Troquel
Alfredo Argibay
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