Los poderes públicos tienen capacidad para implementar políticas de precios con repercusión en la capacidad financiera de la Universidad, pudiendo ser negativa cuando se produce una congelación de los precios reales o se implementan exclusiones sin contraprestación financiera. Generalmente, las políticas de precios reflejan la dimensión social de la financiación privada de los usuarios, cuyo propósito último se dirige a favorecer el acceso y permanencia de determinados grupos de usuarios siguiendo principios de equidad distributiva.
Señalando el caso de la ULPGC, la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se ha comprometido a adaptar las tasas de las matrículas oficiales al sistema de financiación establecido en el contrato–programa. Este acuerdo requiere que la Administración certifique un incremento de los recursos derivados de las tasas que, conjuntamente con los recursos propios generados por la Universidad, permitan avanzar en los objetivos previstos en el contrato-programa.
En síntesis, la Universidad recibe ingresos de los estudiantes como contraprestación parcial de los servicios de educación, constituyendo un ingreso fundamental en la financiación de los gastos de la Universidad, cuyo riesgo financiero va a depender de una multiplicidad de factores que se engloban en la política de tasas que, en virtud de las competencias legalmente atribuidas, son definidos por la administración estatal y autonómica.
De esta manera, la elasticidad de la demanda universitaria a los incrementos de tasas, los cambios en la política de becas, la aparición de nuevas figuras contractuales como préstamos-renta u otras modalidades, etc., tienen una incidencia directa sobre la cuantía de esta fuente de financiación que es preciso valorar, en tanto que pueden repercutir en la estructura y estabilidad financiera de la Universidad.
Riesgo de Crédito
Las universidades están expuestas a un riesgo de crédito al existir heterogeneidad en la política del pago fraccionado de los títulos oficiales, con independencia de las condiciones económicas y sociales de los usuarios. Las universidades españolas admiten dos plazas iguales, aunque hay otras que están sujetas a tres (País Vasco) o cuatro plazos iguales (Canarias), se puede observar que estas políticas restringen la capacidad financiera de la Universidad a la hora de satisfacer sus deudas equilibradamente y, por otra parte, plantean problemas administrativos y de orden contable para su correcta imputación en la contabilidad presupuestaria y patrimonial.
Con respecto al riesgo de crédito de las cantidades fraccionadas, las universidades están capacitadas para anular la matrícula y retener en su beneficio las cantidades previamente satisfechas por el alumno que haya incurrido en mora, sin perjuicio de que pueda iniciarse el procedimiento de apremio, en virtud de la catalogación de las tasas académicas como tributos. La Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas disponen que los alumnos tendrán el derecho a elegir la facilidad del pago de los precios establecidos para los diversos estudios universitarios, bien haciéndolo efectivo, en un sólo pago a principios de curso, o de forma fraccionada.
Se puede concluir que el riesgo de crédito ocurre por el aplazamiento en el pago de las tasas y por la política de exenciones sin cobertura financiera, es evidente de que existe vulnerabilidad de los riesgos asociados a las tasas académicas, donde es necesario tomar en cuenta atender a los servicio prestados (títulos oficiales-títulos propios) y al grado de experimentalidad, así como prestar especial interés a las tasas que correspondan a centros adscritos a la Universidad o las que puedan estar sujeta a exenciones (becarios).
Riesgo en la Fiabilidad de la Información
En el caso de los servicios docentes, las universidades pueden asumir varias alternativas donde se evidencie que los cursos reglados (grado y doctorado) se gestionen directamente a través de las unidades administrativas de la institución universitaria, mientras que los de títulos propios (cursos de especialización, expertos y masters) u otros cursos de formación pueden ser gestionados mediante diversos instrumentos de gestión privada (convenios de colaboración con fundaciones, creación de entidades mercantiles, agrupaciones de interés económico).
Cabe destacar que en la ULPGC existe un acuerdo de colaboración con la FULP para la gestión administrativa y financiera de los cursos de postgrado a la FULP63, el cual mantiene el proceso de matriculación de los cursos reglados a través de las unidades administrativas de los centros y facultades, quienes colaboran en la tramitación de a la recaudación de las oportunas tasas académicas, de acuerdo con las normas y Procedimientos establecidos por las unidades de Gestión del Alumnado y Gestión Económica. Los cursos de extensión universitaria, también son gestionados a través de los medios administrativos de la Universidad.
Para el proceso de matriculación de tasas académicas se puede apreciar en el siguiente flujograma 2, donde se inicia en las terminales de los centros ya facultades, cuyos responsables tienen potestad para ejecutar anulaciones y modificaciones, si bien corresponde a la Unidad de Gestión de Alumnos la potestad de incluir y/o modificar las tarifas aprobadas por la Comunidad Autónoma, al objeto de que el programa informático tenga los datos necesarios para una correctas determinación del montante de tasas académicas a recaudar.
Figura 2. Flujograma de la gestión directa de tasas académicas
El flujograma nos demuestra la información recogida en el sistema de información contable de la Universidad y esta, va a depender de la correcta conciliación entre el saldo contable y bancario, cuya complejidad exige la participación de las unidades de Gestión Informática, Gestión de Alumnos y Gestión Económica. De esta manera, la aplicación informática, alimentada a partir de los datos introducidos por las secretarías de los centros y por el servicio de gestión de alumnos, permite obtener información para la gestión económico-financiera de las tasas académicas, cuyo contenido principal se sintetiza seguidamente:
Listado de alumnos que no han abonado cantidad alguna hasta la fecha de consulta y sobre los que puede procederse a la anulación de matrícula, una vez cumplido el plazo y otros requisitos legales.
Listado de alumnos con importes pendientes de pago, con mención de los plazos de que dispone para abonar la deuda.
Listado de alumnos con beca denegada.
Listado de alumnos con beca concedida, evitando que el alumno deba entregar al centro una copia de la credencial de becario.
Listado de alumnos que han solicitado beca.
Importe de los ingresos íntegros por las tasas académicas correspondientes a la prestación de servicios académicos, correspondiente a las liquidaciones efectuadas desde la fecha de inicio del curso hasta la fecha de petición de la información.
Es vital que la Universidad tenga instaurada una política contable acorde a los requerimientos informativos exigidos en los principios contables públicos, ya que los órganos de control externos vienen evidenciando que existe un distanciamiento entre las prácticas contables utilizadas por las universidades y los principios contables públicos.
Ahora bien, los ingresos y derechos de cobro derivados de tasas académicas por prestación de servicios académicos habrán de registrarse, en el ámbito presupuestario, en el momento en el que sean exigibles mediante la realización por parte de la Universidad de los correspondientes actos de liquidación. Por tanto, las tasas académicas son exigibles cuando se inicia la prestación del servicio que justifica su existencia, y el derecho de cobro surge con el acto administrativo que los liquida, independientemente de que se haya iniciado la contraprestación por parte de la Universidad.
En función a la imputación presupuestaria de los ingresos correspondientes a los alumnos que no hayan obtenido la exención de tasas por haberse denegado la beca solicitada, deberá atenderse a los correspondientes actos de liquidación, pudiendo derivar posteriormente en un cobro de dichos derechos o, por el contrario, en la necesidad de reflejar la pérdida económica por la anulación.
El gasto de la administración pública en la financiación de actividades de investigación y desarrollo en busca de la consecución del mayor grado de desarrollo económico y social constituye uno de los pilares sobre los cuales descansa el progreso económico de las sociedades modernas, ya que estos recursos están orientados a la producción sostenida de riquezas como interés común. Estas atribuciones patrimoniales van dirigidas a instituciones universitarias para ayudarlas a cubrir gastos y fomentar sus actividades primarias, especialmente proyectos de investigación.
La gestión de la investigación en instituciones universitarias ha cobrado gran importancia por el prestigio e imagen que esta aporta y la posibilidad de allegar nuevos recursos. Debido a esto, las subvenciones por parte de la administración pública tienen un papel estratégico, mejorando la autonomía financiera universitaria y además reflejando un posicionamiento externo bajo criterios de calidad frente a otras instituciones que compiten por dichos recursos.
Subvenciones de I + D aportadas por la Unión Europea
En la Unión Europea, las subvenciones de I + D están impulsadas por la necesidad de esta de mantener la competitividad en el campo de tecnologías avanzadas. En esta materia, ha venido ofreciendo dos instrumentos básicos:
Programas marco: Son programas específicos de investigación apoyados por políticas de investigaciones y desarrollo tecnológico de la Unión Europea, así como el principal mecanismo de cooperación científica y tecnológica entre empresas, universidades y centros de investigación en Europa. A través de estos se establecen objetivos y prioridades, se definen las líneas de I + D financiadas y las dotaciones presupuestarias.
Fondos estructurales: fondos con destino a infraestructuras y equipamiento científico, así como a programas vinculados a la formación y el empleo, contribuyen decisivamente en la financiación de las universidades públicas.
Riesgo Financiero
El riesgo financiero existe cuando la Universidad pierde o no desarrolla toda su capacidad para el acceso a la financiación de la Unión Europea, tal capacidad de acceso depende de muchos factores internos y externos. Si bien son muchas las deficiencias que pueden traerse a colación a la hora de analizar el sistema de investigación universitaria, también son muchas las soluciones o alternativas a trabajar por las propias universidades.
Existe una vinculación entre la gestión de la investigación y la capacidad de captar recursos, dicha gestión de investigación precisa de un conjunto de gestiones integradas (gestión de la información, gestión de proyectos, gestión de resultados y difusión y valoración de las capacidades generales). Se tiene que son muchas las variables que condicionan el acceso efectivo a estas subvenciones públicas u otros ingresos asociados a la investigación, considerando que estos se asignan bajo procesos competitivos.
Con base en lo anterior, según la Oficina Española de ciencia y Tecnología en Bruselas (SOST, 2000), entre los distintos criterios de evaluación, de los cuales depende la capacidad de captar financiamiento de los programas marco, destacan los siguientes:
a. La excelencia científica y técnica: la propuesta debe ser innovadora y sus objetivos realizables y convincentes.
b. Participación industrial: debe existir un compromiso efectivo de la industria.
c. Dimensión europea: debe indicarse claramente cuál es el beneficio adicional de la propuesta por su dimensión europea (valor añadido europeo).
d. Calidad de la gestión del proyecto: debe proponerse un esquema de gestión eficiente que facilite al máximo la colaboración entre los participantes.
e. Diseminación y explotación de los resultados. Que generen beneficios económicos, sociales y tecnológicos para la industria y la sociedad, y así poder atraer a nuevos socios.
Se tiene entonces que el Riesgo Financiero asociado a las subvenciones públicas aportadas por la Unión Europea viene definido por el coste de oportunidad que supone no aprovechar esta fuente adicional de financiación, cuya consecución se encuentra condicionada por los capitales estructural, intelectual y relacional de la institución universitaria.
Riesgo de Crédito
Los riesgos de crédito van a depender de las políticas establecidas para el seguimiento y evaluación de resultados de los proyectos de investigación, pues es común vincular los flujos de tesorería al proceso de justificación y/o rendición de cuentas de estos. La Unión Europea regula mediante contratos todos los derechos y obligaciones entre partes en las actividades de I + D subvencionadas.
La participación de la Universidad es más compleja cuando además ejerce la función de coordinador, en donde actúa como gestor de fondos, los cuales ha de remitir al resto de los participantes de acuerdo al convenio o actividad compartida, facilitando la canalización de estos ingresos extrapresupuestarios. Con el propósito de asegurar tanto la resolución de los objetivos del proyecto como la entrega de los informes finales, la Comisión se reserva una retención de los costes financiables. Así mismo, si los informes finales o una posible auditoría posterior indican que los costes financiables son menores que los pagos recibidos, el coordinador está en la obligación contractual de devolver la diferencia, recabando de sus socios la devolución del dinero.
La Comisión puede acceder a todos los libros, documentos, papeles y registros de los contratantes relativos a los costes derivados del cumplimiento del contrato cuando lo requiera necesario, o solicitar que se le presten estas, y, si existen graves irregularidades financieras derivadas de una auditoría financiera, puede reclamar a los participantes la totalidad de la contribución comunitaria, incluyendo intereses de demora.
Para que un coste sea financiado por la Comisión, se tiene que:
Debe ser necesario para la realización del proyecto.
Debe pertenecer a una de las categorías de costes contempladas por cada tipo de acción en el contrato.
Debe ser real y justificado documentalmente registrado en el sistema contable del participante.
No puede estar imputado en más de una de las categorías de costes.
La Comisión prevé tres sistemas para la determinación de los costos financiables:
Costes totales: Para entidades o empresas que cuenten con un sistema de contabilidad analítica que le permita definir costes directos e indirectos incurridos para llevar a cabo un proyecto determinado.
Costes adicionales: Presupuestos adicionales sobre los costes incurridos para el proyecto en donde ya no computan costes de infraestructura, indirectos ni el personal de plantilla.
Costes totales con contribución fija: Se imputan al presupuesto los costes directos, incluyendo los de personal de plantilla, pero para los directos o indirectos se aplica un coste fijo equivalente al 80% del coste de personal del proyecto.
La elección del sistema también compromete al organismo en su conjunto y se fundamenta en gran medida en la capacidad contable del organismo. Cuando la Universidad no cuenta con una contabilidad analítica no puede recuperar parte de los costes de los proyectos de investigación, siendo preocupante pues la salud financiera de la institución y la racionalidad en los procesos de toma de decisiones exige realizar un esfuerzo por valorar correctamente todos los servicios ofrecidos por la institución universitaria.
Entonces, el riesgo de crédito asociado a las subvenciones públicas aportadas por la Unión Europea está vinculado al proceso de justificación y/o rendición de cuentas de los proyectos de investigación, pudiéndose reclamar la totalidad de la contribución patrimonial aportada en el supuesto de detectarse graves irregularidades financieras. Además, la financiación recibida depende de la capacidad contable de la Universidad, pues los sistemas de imputación de costes financiables se corresponden con la capacidad para identificar los costes directos e indirectos vinculados a los proyectos de investigación.
Subvenciones aportadas por el Plan Nacional de Investigación
La Administración General del Estado debe ser integrada en parte en la política estatal de I+D+I, así pues, esta ha aprobado recientemente el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). De acuerdo con este plan, la misión de la Administración General del Estado debe ser, por una parte, la de fortalecer la investigación básica como elemento fundamental para contribuir solidariamente a la generación de conocimiento, base de todo desarrollo a largo plazo y, por otra parte, la de crear un clima favorable para que las empresas se incorporen plenamente a la cultura de la innovación tecnológica con el fin de incrementar su competitividad.
El Plan Nacional de I+D+I (2000-2003) establece que el presupuesto público debe contribuir a la financiación de la investigación básica y estimular paralelamente la participación de la iniciativa privada en actividades de I+D. Es decir, busca una mejor coordinación entre las tareas científico-tecnológicas de los sectores público y privado para reforzar la calidad de la investigación y el valor de sus aplicaciones.
Riesgo Financiero
El gasto de la administración general del estado en subvenciones de I+D se da mediante distintos instrumentos financieros:
Subvención: Actuación orientada a cubrir total o parcialmente los costes de la actividad de que se trate, tanto con un porcentaje de los costes totales como de los costes marginales.
Subvención Corriente: Actuación orientada a cubrir parcialmente los costes asociados a un proyecto de I+D, junto con la existencia de créditos de diferentes tipos.
Crédito reembolsable: Crédito a bajo o nulo interés, con periodos de carencia y compromiso de devolución modulable en función del éxito de la actividad financiada.
Reafianzamiento de crédito: Aval por la Administración General del Estado del riesgo técnico derivado de la concesión de un crédito comercial por entidades financieras para actividades de innovación tecnológica.
Participación en Capital: Fomento de la creación de empresas de base tecnológica mediante la participación en un porcentaje de las acciones de la misma durante un tiempo limitado.
Fondo de Coinversión: Fomento de la consolidación de empresas de base tecnológica mediante incrementos de capital en fondos de coinversión.
Los agentes ejecutores no pueden acceder a todos los instrumentos financieros establecidos, pues estos se aplican en función del grado de dificultad o riesgo técnico inherente a cada una de las actividades, utilizando las subvenciones para aquellas actuaciones que tengan un componente de investigación científica o desarrollo tecnológico más avanzado, o para los casos en que su aplicación sea necesaria para realizar la actividad considerada, y en consecuencia, los centros públicos, en el que se incluyen las universidades y los centros tecnológicos, pueden financiar sus actividades a través de subvenciones, subvenciones concurrentes y créditos reembolsables, mientras que las empresas pueden financiar sus actividades a través de todos los instrumentos financieros mencionados.
Las modalidades de participación entre empresas y centros públicos son apoyadas económicamente de forma distinta en función del tipo de agente implicado; mientras que los centros públicos reciben subvenciones, las empresas pueden recibir subvenciones, créditos o combinaciones de créditos y subvenciones.
El riesgo financiero asociado a las subvenciones nacionales de I+D del Plan Nacional de I+D+I (2000-2003) debe ser interpretado como el coste de oportunidad que supone no aprovechar esta financiación adicional que puede obtenerse, en el que el aprovechamiento de dichas oportunidades va a depender del capital intelectual de las universidades, al otorgarse las subvenciones bajo criterios competitivos, y de su capital relacional, considerando que una parte importante de los instrumentos financieros están diseñados para potenciar y reforzar las aplicaciones de agentes ejecutores del sector empresarial.
Riesgo de Crédito
Para el estudio de los riesgos de crédito es necesario analizar aquellos factores que regulan los flujos monetarios a lo largo de los proyectos de investigación, así como los costes que son considerados como financiables.
En relación a los flujos financieros, el importe de las ayudas recibidas en virtud de los planes nacionales de I+D se vienen librando por anticipado, tramitándose la primera anualidad con motivo de la resolución de su concesión, quedando el pago de las siguientes anualidades condicionado a la presentación de los correspondientes informes de seguimiento científico-técnico y valoración positiva de los mismos. A los efectos de posibilitar la justificación de las atribuciones patrimoniales recibidas, la Gerencia o el Servicio de Contabilidad de la Universidad debe remitir un certificado en el que se detalle por conceptos los gastos efectuados, junto a los informes anuales y final de carácter científico-técnico.
La Universidad puede quedar obligada a reintegrar las cantidades previamente recibidas si incurre en alguno de los siguientes supuestos de revocación:
a. Incumplimiento de la obligación de justificación.
b. Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
c. Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
d. Incumplimiento de las condiciones impuestas por las entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
A estos supuestos quedan sujetas únicamente las atribuciones patrimoniales que puedan ser calificadas como subvenciones públicas.
Por lo que respecta a los costes financiables, para estos no se admite un sistema de costes totales, sino que cubre exclusivamente los costes directos relacionados con el desarrollo del proyecto, así como un porcentaje de costes indirectos.
El libramiento anticipado de las ayudas del plan nacional de I+D reduce el riesgo de crédito, si bien queda sujeto a las contingencias que puedan derivarse de la rendición de cuentas de acuerdo a los requerimientos establecidos en las respectivas convocatorias.
Subvenciones de I+D de la Comunidad Autónoma
Las Comunidades Autónomas han promovido actuaciones de política investigadora con dotaciones presupuestarias importantes aportando recursos que complementan la financiación procedente de los ámbitos nacional y europeo. Para lo cual están implantando mecanismos financieros que premian la consecución de determinados mecanismos de calidad, presionando para que las universidades demuestren su capacidad investigadora si desean mantener o incrementar esta fuente adicional de recursos financieros.
Riesgo Financiero
Algunas Comunidades Autónomas se han dotado de leyes autonómicas en las que enmarcan su política regional de investigación, y el grado de madurez de estos sistemas y los recursos financieros aportados presentan grandes variaciones a nivel nacional, por lo que las universidades están en una situación desigual en función del territorio de pertenencia.
La Ley estipula que deban ser señaladas las aportaciones procedentes de la Comunidad Autónoma, del Estado, de la Unión Europea y otros organismos públicos y privados, señalando los importes globales y por programas. Con esto, se podrá conocer los recursos que la Comunidad Autónoma destina para el fomento de la investigación y de esta forma, los responsables de la Universidad pueden valorar los factores que condicionan esta fuente de ingreso y, por ende, estimar posibles riesgos u oportunidades.
Riesgo de Crédito
Las bases que rigen las subvenciones destinadas a la realización de proyectos de investigación tienen una casuística diferente en cada comunidad autónoma, aunque los elementos definitorios de las órdenes que regulan tales atribuciones patrimoniales adoptan características similares a las subvenciones concedidas en el ámbito estatal. Así, es común que las universidades beneficiarias reciban una cantidad como anticipo, que se complementa con anualidades periódicas condicionadas a la certificación de los gastos realizados, así como el establecimiento de una retención que se libra con la aprobación de la memoria final y la certificación de la totalidad de los gastos realizados con cargo a la financiación concedida.
La política financiera es similar a la establecida en los proyectos nacionales y europeos, aunque con requerimientos específicos que añaden complejidad a su gestión.
La importancia relativa de los anticipos permite un flujo financiero neto positivo a lo largo de los proyectos que reduce problemas de asincronías entre los cobros y pagos.
El libramiento anticipado de las ayudas objeto de estudio reduce la presencia de riesgo de crédito, si bien la Universidad está sujeta a las contingencias que puedan producirse por incumplimiento de las obligaciones que los beneficiarios asumen al aceptar estas ayudas.
Riesgos en la Fiabilidad de la Información
Es necesario estudiar la complejidad de la gestión de las subvenciones públicas de I+D tratadas anteriormente, para así poder comprender los riesgos que pueden afectar la fiabilidad de su información financiera.
Gestión interna de proyectos de investigación: un caso de financiación afectada.
La Universidad tiene inmerso en su estructura gerencial la llamada Unidad de Gestión de Investigación, con la que se gestionan las subvenciones de investigación dentro de la misma, Esta unidad es un servicio técnico-administrativo centralizado cuya función principal es la administración de los fondos generados en la investigación. Busca agilizar la tramitación de contratos acordados entre las entidades públicas subvencionadoras y los grupos de investigación en todas las fases del proyecto de investigación con la seguridad administrativa y presupuestaria exigida a cualquier recurso público.
Debido a que todos los flujos derivados de las subvenciones de investigación deben tener un correcto reconocimiento en la contabilidad presupuestaria, financiera y de gestión, la Unidad de Gestión de Investigación debe ser desarrollada en el marco de la organización contable y financiera de la Universidad.
Es importante señalar que el titular de estas atribuciones patrimoniales es la Universidad y no el grupo de investigación y, por tanto, debe velar por la correcta gestión de estos recursos y, además, se debe considerar la racionalidad del gasto de estos recursos según su impacto en el proyecto de investigación, tratando de no sobrepasar límites cuantitativos y cualitativos definidos en el presupuesto aprobado.
Consideraciones presupuestarias en relación con los proyectos de I+D subvencionados.
La Universidad podrá garantizar una suficiencia financiera para la ejecución de un proyecto de investigación cuando reúna los requisitos (rendición de los informes de estados de costes y de investigación, generalmente) exigidos por las entidades subvencionadoras, ya que así se dará la existencia de compromisos de ingreso por parte de estas en donde reconocerán la obligación, y con lo que la Universidad podrá reconocer el derecho presupuestario e incorporar al presupuesto inicial todas las anualidades que la entidad se ha comprometido a aportar, mediante la oportuna modificación presupuestaria.
Debido a que el presupuesto de gastos del ejercicio en el que se obtiene la subvención carece en absoluto de subvención, la Universidad deberá autorizar modificaciones presupuestarias para incrementar los créditos inicialmente previstos para la ejecución de la unidad de gasto o de la parte de esta que corresponda realizar en el período, incluyendo entre sus previsiones de ingresos las aportaciones que se estime recibir en dicho período para financiar la ejecución del gasto.
Es común que los proyectos de investigación subvencionados den lugar a desviaciones positivas de financiación, pues las anualidades se reciben por anticipado a la ejecución de los gastos presupuestarios. Cuando al finalizar un ejercicio presupuestario no se haya ejecutado la totalidad de los créditos consignados se dan lugar a remanentes de crédito, que deben ser incorporados necesariamente en el presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, pues su no ejecución implica la pérdida de la financiación específica que llevan aparejada. Y si el proyecto de investigación logra culminarse con un menor coste, se deberá proceder a reintegrar los importes percibidos, no por ser indebidos sino innecesarios.
Delimitación de los proyectos de investigación como unidades contables básicas.
Un elemento fundamental de la gestión desarrollada por la Unidad de Gestión de Investigación es el seguimiento individualizado de los proyectos subvencionados, además de la comunicación efectiva.
Los proyectos de investigación subvencionados deben identificarse como un gasto con financiación afectada por constituir una unidad de gasto presupuestario financiado. En el caso de no realizarse el gasto presupuestario, no podrán percibirse o deben ser objeto de reintegro a los agentes financiadores.
Las repercusiones que puede traer la ejecución de estos gastos sobre la situación económico-financiera de la Universidad, hacen necesario establecer mecanismos adecuados que permitan el seguimiento en términos contables de todos y cada uno de los actos de gestión relacionados con un gasto con financiación afectada.
Repercusiones de la ejecución de los proyectos de investigación subvencionados.
Al cierre del presupuesto es frecuente que no exista una correlación entre las obligaciones reconocidas y los derechos reconocidos de estas subvenciones finalistas. Por ello, y a los efectos de cuantificar las repercusiones que tienen sobre el saldo presupuestario y el remanente de tesorería, han de determinarse el coeficiente de financiación y las desviaciones de financiación.
Los coeficientes de financiación son porcentajes de financiación por agente financiador. Los investigadores se ven forzados a buscar alternativas de financiación cuando las subvenciones obtenidas no abarcan la totalidad de los costes. Si bien parte de la financiación habrá de ser cubierta por la propia institución universitaria, el coeficiente de financiación global pondrá en manifiesto la cobertura financiera que le corresponde a esta, en relación a las obligaciones presupuestarias que sea necesario reconocer en el proyecto de investigación.
Con el coeficiente de financiación pueden evidenciarse las desviaciones de financiación imputables tanto positivas como negativas, que deben ser consideradas a los efectos de corregir el saldo presupuestario, en donde deben restarse y sumarse, respectivamente, logrando de esta forma anular el efecto distorsionante de unas y otras.
Respecto al remanente de tesorería, Cuando es positivo refleja la capacidad de la Universidad para financiar nuevos o mayores gastos en el ejercicio siguiente, y cuando es negativo la necesidad de financiación a corto plazo. Sin embargo, Cuando se derivan desviaciones de financiación acumuladas positivas se produce una capacidad ficticia para financiar nuevos gastos, pues no existe ningún margen de disponibilidad sobre los recursos afectados pendientes de aplicación. Por esto, una vez obtenido el importe del remanente de tesorería, se debe calcular el remanente de tesorería afectado, a los efectos de lograr el remanente de tesorería de libre disposición para gastos generales que permite determinar la verdadera capacidad o necesidad de financiación de la institución universitaria.
El exceso de derechos afectados reconocidos incrementa el valor del remanente de tesorería. Por ello, es preciso cuantificar correctamente el remanente de tesorería afectado a estos recursos finalistas, constituido por las desviaciones de financiación positivas, que sólo podrá utilizarse para cubrir gastos a cuya financiación se encuentren afectados los recursos de los que se derivan tales desviaciones.
Consideraciones patrimoniales de los proyectos de investigación subvencionados.
Existen ciertos prerrequisitos a estudiar para determinar si la investigación, además de ser considerada inversión, puede además considerarse como activo.
Los activos son recursos controlados por la entidad, como consecuencia de sucesos pasados, de los cuales se espera obtener en el futuro una utilidad económica. Por tanto, la consideración de los gastos de I+D como activos requiere que sean controlados por la entidad y, además, representen utilidad económica para la misma.
Los proyectos de investigación desarrollados en la Universidad pero que sus utilidades pueden ser explotadas por cualquier agente económico, no constituyen un activo de la misma, pues esta no controla exclusivamente tales beneficios.
Otros prerrequisitos también condicionan que los gastos de I+D constituyan activos circulantes o inmovilizados. En el primero, además de cumplir con los requisitos para ser considerado como activo, debe tener carácter permanente y no estar destinado a la venta. Contrario a esto, si su destino originario es la venta, no puede ser considerado como inmovilizado sino como circulante.
A medida que las universidades toman la investigación como una actividad propia y central que justifica su razón de ser, pueden desarrollar productos comerciales sustentados en la investigación. Esta situación no es común en las subvenciones pero sí en los contratos de investigación, donde la Universidad se compromete a realizar un proyecto recibiendo un precio como contraprestación.
Para el registro de los gastos de I+D como inmovilizado inmaterial, se tiene que estos son un conjunto de bienes intangibles y derechos, susceptibles de valoración económica, que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos del sujeto.
Para que pueda producirse la activación de los gastos incurridos en un proyecto de investigación es necesario responder a las siguientes cuestiones:
¿Existe un proyecto específico perfectamente individualizado y concreto?
¿Existen motivos fundados del éxito del proyecto?
¿Se encuentre asegurada la financiación del proyecto?
¿La rentabilidad económico-comercial está razonablemente asegurada?
La principal dificultad radica en la rentabilidad económico-comercial del proyecto de investigación, pues Va a depender de los objetivos del proyecto y de la probabilidad de que pueda ser patentado, de su aprovechamiento en la Universidad, entre otros.
La consideración de los gastos de investigación y desarrollo como activos exige un control sobre beneficios futuros y, en este sentido, es habitual que exista una coparticipación entre los diferentes partícipes (investigadores, Departamento o unidad orgánica donde se genere o donde se haya generado, la Universidad)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS INTERNOS
Las universidades se enfocan en satisfacer las necesidades generales de la sociedad ofreciendo servicios educativos de investigación, pero también hay otros servicios adicionales (como comedores, cafeterías…) que de forma indirecta se vinculan con el servicio público universitario que generan ingresos para la universidad y, que pueden adoptar alguna de las tres modalidades genéricas:
Actuando directamente a través de su propia organización.
Interponiendo personificaciones dependientes.
Acordando con terceros la gestión mediante convenios.
La gestión de estos servicios, se ha vuelto eficaz por la delimitación de sus funciones, lo que genera una visualización más clara de los costos y fuentes financieras. Además, la descentralización del personal y servicios en las áreas no patrimoniales, pero necesarias, en las instituciones es una estrategia que ayuda a la agilización en las gestiones.
El modelo organizativo debe establecer una relación entre usuarios y estructuras organizativas, donde debe existir una comunicación con las unidades internas sobre los flujos financieros.
En este capítulo se abordan los riesgos de financiación de los servicios gestionados internamente, que involucran las actividades deportivas, servicios de publicaciones y, servicios varios con y sin licitación pública.
Riesgo Financiero
Los riesgos financieros dependerán de la política de precios y de las directrices establecidas, en donde existe una normativa que regula o fija los precios que se establecerán, y sus posibles modificaciones. Cuando existen razones sociales, benéficas o culturales la normativa permite una reducción de precios con la condición de que se adopten las previsiones presupuestarias oportunas.
En el caso de algunas universidades, es necesario un proceso de cálculo para cada servicio, tomando en consideración el presupuesto con el que cuenta, de modo que las políticas y principio de autosuficiencia sean consecuentes con la realidad de la institución.
La política y directrices para la provisión de servicios complementarios de las universidades, se concreta en los siguientes puntos:
a) Servicios deportivos: Las universidades deben fomentar las modalidades deportivas a través de una variedad de servicios, acordados previamente según un estudio de mercado, y con precios accesibles para la comunidad universitaria a manera de incentivo.
b) Publicaciones y producción documental: El servicio de publicaciones es una forma de generar ingresos privados a la institución. Costo que, en algunos casos, es fijado multiplicando por tres los costos directos por los costos indirectos.
c) Concesiones administrativas: Existen unas pautas establecidas para los dominios públicos mediante la licitación pública, que controla y fija los precios de la institución de acuerdo a la demanda. Los licitadores asumen los costos de su mantenimiento, sin embargo, incurren en costos públicos que entran dentro del presupuesto universitario.
d) Arrendamientos de instalaciones universitarios: Los precios de alquiler de las instalaciones universitarias deben estar incluidas dentro del presupuesto, donde se tomará en cuenta el valor del mercado para su alquiler.
En general, podemos decir que, con el propósito de mantener, mejorar la institución universitaria y lograr la autosuficiencia es necesario que el ente establezca precios ajustados al mercado, con cierto descuento en actividades públicas para los estudiantes. Cuando hay desconocimiento de los precios adecuados existe una limitación a la hora de valorar el riesgo financiero.
Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito es nulo cuando se habla de concesiones privadas donde el servicio se presta luego de cancelar, con una tarifa ya establecida. En cambio, cuando el ingreso es público, por concepto de dominios que prestan el servicio dentro de la universidad, se encuentra cierto riesgo debido a las insolvencias financieras.
Principios Contables Públicos
a. Ingresos en régimen de derecho privado derivados por la prestación de servicios: Es importante reconocer los ingresos reales de la prestación de un servicio privado en el momento de su cumplimiento y no luego de la prestación del servicio. Por tanto, debe realizarse periódicamente ajustes que protejan el ejercicio económico sobre el patrimonio.
De acuerdo al principio de devengo, los principios contables públicos deben ser medidos con fidelidad, de modo que, la prestación del servicio va haciéndose a medida que se cobra y, debe coincidir con el ingreso en caja. Algunas universidades cobran un servicio anticipado que incide en el ejercicio presupuestario de actividades sucesivas.
b. Ingreso en régimen de derecho público: El cobro por servicios públicos debe reconocerse bajo las condiciones de ser registrado contablemente, realizando las correspondientes liquidaciones que deben quedar plasmadas en el registro financiero.
Existen algunos puntos críticos que inciden en la fiabilidad del registro contable:
a) Servicio de deporte: Es recomendable crear una cuenta única para cada servicio deportivo, de modo que facilite la conciliación y registro contable. La sección de tesorería es importante como mecanismo de autocontrol en el servicio de deporte aportando seguridad a las funciones del servicio. Además, en ocasiones se incurren en contratación de empresas externas que pudiesen generar riesgos para la universidad.
b) Concesiones administrativas: Debe existir una estrecha comunicación entre la unidad de contratación y la unidad de gestión financiera, ya que esta última debe llevar un seguimiento de cada concesión administrativa y debe velar por los ingresos que afecten el presupuesto.
c) Servicios de publicaciones: Como en el caso anterior, la unidad de tesorería debe estar en constante comunicación con la del servicio de publicaciones, de tal forma que se efectúe una correcta contabilización de ingresos.
Las ventas directas por concepto de publicación se realizarán en simultaneo el cobro y la prestación del servicio donde constata la comunicación que debe haber entre las unidades, donde el servicio de publicación suministra los justificantes bancarios y la tesorería revisa los registros contables. En caso que reduzcan las ventas de publicaciones, se simplifica el registro de comisiones y debe coincidir con el registro del cierre presupuestario.
FUENTES DE FINANCIACIÓN GESTIONADAS EXTERNAMENTE MEDIANTE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Alcance de la Gestión delegada en Actividades Complementarias
La Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas (FULP) se define como una entidad sin fines de lucro, con la finalidad de impulsar y definir cualquier clase de actividad que se relacione con la educación, la investigación y la cultura en las Islas Canarias, con incidencia a nivel universitario. La FULP es una entidad que sirve de apoyo a la ULPGC y a su vez ofrece actividades propias. Por medio de convenios de colaboración la FULP asiste en una amplia gama de actividades no básicas.
Sin embargo, tradicionalmente se maneja en el ámbito de actividades complementarias de la ULPGC, las cuales van dirigidas a acercarse la realidad económica y social de su entorno, bien sea por medio de la transferencia de tecnología, el resultado de la investigación universitaria exportable a la empresa, o bien como complemento docente para mejorar la formación profesional de la sociedad canaria.
Por otro lado, cuando nos centramos en la cooperación educativa, la gestión se desarrolla siguiendo un convenio de colaboración firmado el 1 de septiembre de 1998. En estos casos la FULP no se involucra en el núcleo básico que caracteriza la educación superior como servicio público, sino que viene a apoyar servicios no exclusivos de la administración universitaria. Todo esto bajo la concepción de que fundación y universidad se dirigen hacia una misma finalidad con independencia de sus respectivas realidades económico-financiero.
Contratos para la realización de Trabajos de Carácter Científico, Humanístico, Técnico y Artístico: un Caso Ilustrativo
Las universidades buscan satisfacer sus intereses, al igual que los agentes económicos de su entorno; por ello existen contratos para la realización de trabajos de carácter científico, humanístico, técnico y artístico que beneficien a ambos. A continuación, se nombrarán algunos de estos contratos.
Contrato de consultoría universitaria, el investigador recibe una retribución fija anual por prestar un servicio de respuesta a las preguntas que le sean hechas en el transcurso del tiempo pactado obligándose a responder. También tenemos el contrato de peritaje, donde una empresa solicita consultas concretas a un profesor o grupo de profesores sobre conocimientos específicos. El contrato de investigación propiamente dichos, en donde se ejecuta un proyecto de investigación con propósitos económicos-comerciales que son expulsados por una empresa contratante. Y por último contrato de cooperación, donde se establece un vínculo de manera estable entre una estructura administrativa de la universidad y los laboratorios de una empresa, caracterizado por entrevistas e intercambio de información científica.
Riesgo Financiero
Los contratos de investigación muestran efectos de manera positiva tanto a nivel institucional como a los agentes económicos que participan en ellos. Estos despliegan funciones adecuadas como rentabilizar y optimizar los recursos humanos e investigadores de la universidad, favoreciendo actividades productivas y necesarias, apartando posibles recursos ociosos.
Muchas universidades europeas ofrecen oficinas de comercialización para vender sus actividades de investigación, esto en busca de rentabilizar la actividad investigadora. La comercialización de estas actividades alcanza valor académico y establece un elemento diferenciador entre universidades. Además de un valor social ya que la universidad se involucra en áreas sociales como la salud pública, la economía o la gestión del patrimonio, de este modo obtiene prestigio social que normalmente no lo contribuye la docencia. Por último, estos contratos tienen claramente un valor económico, porque las actividades favorecen las relaciones de cooperación y de este modo en un futuro pueden iniciarse nuevas asociaciones.
Entonces, el riesgo financiero está relacionado con la capacidad que tenga la universidad de satisfacer las necesidades compendias en su entorno social y económico. El número de contratos investigación puede servir para valorar el riesgo financiero que va asociado a esta financiación. Siempre y cuando las universidades logren mantener la relación universidad-empresa y promocionar la oferta investigadora con los agentes económicos, facilitando el acceso a nuevos recursos financieros para la universidad.
Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito se delimita en la entidad contratante, esto ocurre cuando ésta presenta una incapacidad de un proyecto de investigación y no satisface sus obligaciones de acuerdo a los términos pactados, lo que conlleva al riesgo de crédito para la universidad, soportando la pérdida provisional o definitiva, parcial o total del precio antes pactado.
Cuando la universidad se compromete a la producción y entrega de bien sea un servicio o producto, a cambio de un precio por contraprestación, el riesgo de crédito dependerá de las cláusulas impuestas en el contrato, resolviéndose la irresponsabilidad del deudor por vía judicial ordinaria. En estos casos, la universidad puede recibir contratos de investigación en los cuales no exista ninguna garantía de cubrir financieramente los compromisos anteriormente contraídos. Para ello, es necesario controlar la relación entre la universidad y las empresas de forma contractual, especialmente cuando hay compromisos financieros importantes.
Riesgo en la Fiabilidad de la Información
Para determinar los riesgos que pueden afectar la fiabilidad de información de los contratos, es necesario en primer lugar analizar los aspectos que van en relación al procedimiento administrativo, luego valorar si existe una necesidad de elaborar información segura, y finalmente determinar de dónde provienen los ingresos de la actividad convencional.
a) Procedimiento administrativo y sistema de autorización: las universidades ponen atención absoluta al procedimiento que se debe seguir a través de sus estatutos y sobre el objeto de contrato en cuanto a las relaciones entre contratante y contratado. Todos los contratos ya sean firmados por rectores o directores y por profesores pueden ser responsabilidad para la institución universitaria y se debe establecer una autorización que permita el control de estos, ya que la falta de control en contratos que bien sean orales o de manera clandestina reduce la capacidad financiera de la universidad.
b) Régimen para el establecimiento de precios y costes indirectos: actualmente la mayoría de las universidades no poseen sistemas que aporten información sobre el coste de la investigación, y en consecuencia se ha generalizado un sistema que calcula un porcentaje de retención sobre los costes directos al proyecto de investigación. De este modo, las universidades regulan el porcentaje de los ingresos recibidos para destinarlos a cubrir los costes indirectos por la institución.
c) Unidad de decisión y necesidad de información consolidada: en el real decreto se aprueba el texto de la ley de contratos de las administraciones públicas, y señala claramente que quedan fuera del ámbito de dicha ley, los convenios de colaboración de administraciones públicas entre sí y los convenios de colaboración que celebre una administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que el objeto de estos últimos no esté comprendido en los contratos regulados por dicha ley o por normas administrativas especiales.
En una fundación se depositan gran parte de los recursos propios que, por el establecimiento de convenios de colaboración, son impulsados por la universidad, pero quedan integrados en la información emanada en cuentas anuales. Es necesario resaltar lo complejo de integrar modelos contables diferenciados, pues la fundación debe elaborar su información contable de acuerdo a lo establecido en el real decreto donde se regula el plan general de contabilidad a las entidades sin fines de lucro, mientras que la universidad formula su información externa de acuerdo a las normas y principios contables del sector público.
d) Naturaleza y adscripción de los ingresos derivados de la actividad convencional: los ingresos y gastos deben ser reconocidos en el sistema contable de la universidad, al margen de que esta admita que los investigadores estén habilitados a realizar pagos directos mediante la utilización de cuentas corrientes específicas. Cuando existe una colaboración de un ente externo en la gestión económica de los contactos de investigación no debe tener incidencia sobre la naturaleza presupuestaria de los ingresos recibidos por la universidad.
e) A modo de síntesis: del análisis de los epígrafes anteriores en lo que respecta a fiabilidad de la información financiera, se realizan las siguientes apreciaciones.
Primeramente, la información financiera asociada a los contratos de investigación puede perder relevancia al no expresar toda la realidad económico-financiera de la misma. En segundo lugar, la determinación de los costes indirectos presenta serias limitaciones que reclaman la introducción de la contabilidad de costes como instrumento de racionalización de la política de precios. En tercer lugar, las prácticas contables adoptadas por la ULPGC y la FULP reducen los posibles riesgos de fiabilidad sobre la información contenida en los estados contables, al limitarse de forma importante la problemática contable inferior a los contratos de investigación. A manera de cuarto lugar, el sistema de información contable de la universidad debe dejar constancia de la vinculación económica que tiene con la fundación, a través de la cual se facilite a los usuarios un conocimiento detallado sobre la realidad económico-financiera de la actividad convencional.
ANALISIS Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS DE LAS FUENTES FINANCIACION
La importancia de la determinación de riesgos para la universidad, radica en la evaluación para asumir dichos riesgos. Las matrices de clasificación son una herramienta útil que identifica los riesgos críticos, esta matriz evalúa las amenazas que pudiesen existir.
a) Riesgos financieros: valoración del impacto y vulnerabilidad: La estructura financiera de la universidad debe atender primero el presupuesto interno que afectan directamente a la comunidad autónoma. La disminución de cualquier fuente de financiación constituye una amenaza para el cumplimiento del objetivo de la institución.
De igual forma, la universidad debe darle importancia e incrementar las fuentes alternativas de financiación para la comunidad autónoma de acuerdo al programa del contrato, siendo una estructura estratégica.
La fórmula siguiente muestra una relación entre las fuentes de financiamiento y la totalidad de ingreso presupuestario:
Donde: 
Importancia del ingreso presupuestario x
Valoración cuantitativa del ingreso presupuestario x
Numero total de partidas en el ingreso presupuestario
Valoración cuantitativa del ingreso presupuestario i
Valoración cuantitativa del ingreso presupuestario crítico j
Numero total de partidas del presupuesto de ingresos consideradas críticas
La valoración de vulnerabilidad de los ingresos presupuestarios es más compleja por la variabilidad de factores que deben ser tomados en cuenta y el comportamiento financiero de la universidad. La métrica cualitativa se categoriza en baja, moderada y alta.
b) Riesgos de crédito: valoración del impacto y vulnerabilidad: La tesorería de la universidad debe ser cuidadosa de incurrir en riesgos de crédito, por eso el estudio es susceptible a amenazas. La valoración de impacto está evaluada en la vulnerabilidad de las puntuaciones y el presupuesto del ingreso.
c) Riesgo de fiabilidad de la información financiera: valoración del impacto: Existen diversos factores que pueden afectar la fiabilidad de la rendición de cuentas de la universidad. Es por eso que, la vulnerabilidad se mide por la fiabilidad de la información financiera.
La matriz de vulnerabilidad-impacto permite evaluar los riesgos financieros, de crédito y fiabilidad financiera.
a. Riesgo crítico: Vulnerabilidad alta, involucra tasas académicas y de investigación.
b. Riesgos sensibles: Vulnerabilidad moderada, involucra servicios de fotocopias y algunos servicios de pólizas.
c. Riesgos moderados: Vulnerabilidad moderad, involucra ingresos patrimoniales en su mayoría.
d. Riesgos secundarios: Vulnerabilidad baja, incluye algunas tasas académicas. Vulnerabilidad moderada, En su mayoría son transferencias corrientes e ingresos patrimoniales. Vulnerabilidad alta, involucra tasas académicas.
e. Riesgos leves: Vulnerabilidad baja, son por lo general tasas de proyectos de estudiantes de la universidad.
En conclusión, podemos decir que, los modelos financieros que maneje la universidad sea lo que garantice el cumplimiento de los objetivos con calidad y eficiencia. Analizando los diferentes riesgos que pudieran correrse, pero buscando la independencia financiera de la institución, generando recursos propios.
Los riesgos de crédito afectan los objetivos operativos de la universidad y sabiendo que los máximos responsables tienen el propósito de mejorar los mecanismos de gestión financiera, sobre todo la situación de la unidad de tesorería.
La evaluación de riesgos exige la concienciación anticipada de los objetivos operacionales, de información y de cumplimiento que la institución objeto de estudio busca o procura alcanzar en relación con su estructura financiera.
La innovación y desarrollo de los objetivos asociados a las fuentes de financiación genera una mejora en la gestión financiera.
Existe una vinculación entre los objetivos y la evaluación de riesgos la cual exige conocer previamente los objetivos operacionales, de información y de cumplimiento que la institución objeto de estudio pretende alcanzar en relación con su estructura financiera.
La evaluación de riesgos está compuesta por los riesgos financieros, de crédito y de fiabilidad de la información que permiten conocer los principales factores que puedan poner en peligro los objetivos planteados por la Universidad en relación con las fuentes de financiación.
La expresión incuestionable de la presencia de una opinión mayoritaria que exige cambios sustanciales en las estructuras y comportamientos que definan los aspectos financieros de la enseñanza pública superior, en sintonía con los cambios producidos a nivel internacional se cree como manifestación necesaria.
Las instituciones universitarias corren riesgos, pero también pueden valorar con mayor claridad las expectativas de su principal fuente de financiación, cuya satisfacción, a través de mayores cotas de responsabilidad, puede conducir a un incremento o estabilidad en las transferencias recibidas.
Es oportuno señalar que la vulnerabilidad de las instituciones universitarias en su presupuesto es más compleja de lo que parece. La determinación de los riesgos ayuda a fortalecer y mantener el control presupuestario. La vulnerabilidad se clasifica en baja, moderada y alta, la cual afecta la fiabilidad en la rendición de cuentas. Lo que se busca es que la unive4rsidad logre una independencia financiera y genere recursos propios.
Las tasas académicas de cursos reglados tienen una importancia relativa en los presupuestos de las universidades al constituir los presupuestos de ingresos en la financiación de los estudiantes que constan de los gastos de la Universidad, cuyo riesgo financiero va a depender de una multiplicidad de factores que se engloban en la política de tasas.
Las universidades reciben subvenciones de distintas entidades públicas y privadas para actividades de investigación y desarrollo buscando la consecución de un mayor grado de desarrollo económico y social, dicha financiación es dada en sistemas competitivos bajo parámetros de calidad y grado de capacidad investigadora y relacional de las mismas.
Se deben considerar todos requisitos y riesgos que surgen tanto en el proceso de solicitud de las subvenciones como en el desarrollo de los proyectos de I+D que pueden suponer la pérdida de oportunidad de contar con esta fuente de financiación adicional cual sea su origen, entre los cuales están la capacidad investigadora y administrativa de la universidad y procesos de justificación y/o rendición de cuentas con los que se busca mantener dicha subvención.
Se observa a la FULP como un modelo de gestión que colabora en una amplia gama de actividades no básicas por medio de convenios de colaboración.
Existen contratos para la realización de trabajos que buscan beneficiar tanto a las universidades como a los agentes económicos de su entorno en la búsqueda de satisfacer sus intereses propios. Sin embargo, la universidad puede ser receptora de contratos de investigación en los que no exista garantías absolutas sobre la cobertura financiera de los compromisos contraídos.
Dorta Velázquez, José Andrés: La evaluación de riesgos como componentes básicos del sistema del control de cambio. Una aplicación a las fuentes financieras de la ULPGC.
Autor:
Caraballo, Marielsy
González, Carla
Hernández, Ibelice
Méndez, Victoria
Velásquez, Francisco
Asesor Académico:
MSc. Ing. Iván J. Turmero Astros
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA FINANCIERA
SECCIÓN: M1
CIUDAD GUAYANA, JUNIO DE 2017.
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