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Cooperación e integración eléctrica regional en Las Américas


    Resumen Ejecutivo1

    La cooperación e integración eléctrica es un proceso complejo y de largo plazo que abarca no solo aspectos técnicos relacionados a las fases de generación y transmisión eléctrica sino también la definición de políticas orientadas a la harmonización de los marcos regulatorios propios del mercado eléctrico. Además de incrementar el acceso a modernos servicios de electricidad, la cooperación e integración eléctrica puede dotar de mayor seguridad y confiabilidad al sector eléctrico y facilitar el mejoramiento de sus operaciones técnicas.

    En las Américas, los procesos de cooperación e integración eléctrica se han venido desarrollando a niveles regionales y a pasos diferenciados. Los países de Norte América poseen la experiencia más dinámica de integración eléctrica del Hemisferio, seguida de las iniciativas de cooperación e integración desarrolladas en los países integrantes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y por el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC). A pesar de los avances logrados, la infraestructura energética hemisférica demanda mayores inversiones para constituirse en un sistema energético sustentable. En este sentido, la inversión en infraestructura energética en América Latina y el Caribe requiere entre 3% y 6% del PIB para responder a las demandas de dicho sector, pero solo un 2% es invertido en la mejora del mismo.

    Actualmente, existen varias iniciativas que promueven reformas políticas y económicas de cara a facilitar la cooperación e integración energética en las Américas. Dichas iniciativas incluyen no solo las necesarias discusiones políticas en materia energética sino también la implementación de proyectos de interconexión de redes entre países, así como la colaboración en aspectos tecnológicos y financieros. Estas iniciativas de integración y cooperación energética (sector eléctrico) pueden representar importantes beneficios medioambientales, sociales y económicos, teniendo en cuenta que dichos beneficios no se producen de forma automática.

    En las Américas, particularmente en América Latina, la interconexión eléctrica demanda mayores procesos de planificación de cara a la eficiencia energética. Dichos procesos deben responder a objetivos de seguridad energética a largo plazo que podrían ser alcanzados mediante el desarrollo y perfeccionamiento de las operaciones eléctricas. Todo esto requiere el establecimiento o reforzamiento institucional, la harmonización de marcos legales, comerciales y técnicos, así como las regulaciones medioambientales.

    Para América Latina y el Caribe, la integración energética puede servir de gran apoyo y complemento a la definición de políticas ambientales, incluyendo una mayor promoción y uso de fuentes de energías renovables, así como una mayor eficiencia en la generación y consumo. Adicionalmente, la integración y cooperación regional puede acelerar la transferencia de tecnologías más limpias y eficaces entre los países del Hemisferio, lo cual puede tener positivas repercusiones para la mitigación del cambio climático. Asimismo, una mayor integración regional puede incrementar el acceso a servicios modernos de electricidad en zonas rurales, lo que a su vez puede significar mejores respuestas a las necesidades locales, incluyendo servicios sanitarios, escolarización y oportunidades de empleo. En este sentido, la expansión del servicio eléctrico constituye una importante iniciativa para la mitigación de la pobreza. Finalmente, la cooperación multilateral en el sector eléctrico puede estimular el crecimiento económico tanto a nivel nacional como regional, promoviendo un clima seguro para potenciales inversiones y facilitando la reducción de costos de generación y precios finales de electricidad.

    Resumen

    La cooperación e integración eléctrica regional está acelerando en el Hemisferio Occidental. Este proceso de integración eléctrica difiere tanto dentro de los países como entre ellos y se encuentra en curso a diferentes etapas, y con diferentes objetivos, ya sea en Norteamérica, América Central, los países del MERCOSUR u otros. En general, la integración eléctrica comprende un proceso a largo plazo que involucra la operación combinada de los sistemas de energía –generación y redes transmisión-, así como el apoyo a políticas orientadas a la armonización de las regulaciones del sector eléctrico y la integración acelerada para el uso compartido de tecnología.

    La integración también exige una estrategia común para atraer financiamiento, con retornos en inversiones cambiantes y en incremento debido a los avances relacionados con la integración. Por ejemplo, la experiencia demuestra que diversificando la fuente de generación de energía eléctrica a una producción de menor coste para las opciones de energía pico y no pico, tiene el potencial de disminuir los costos totales, promover una utilización más eficiente de los recursos, incrementar la confiabilidad de las fuentes de energía y, a través de beneficios relacionados con la eficiencia, mejorar las oportunidades de negocio para atraer inversions extranjeras al sector.

    A su vez, la expansión de capitales e inversiones operacionales puede derivar en efectos positivos para la salud humana y en el rendimiento ambiental, incluyendo la adquisición de equipos para disminuir la polución en las terminales de las tuberías, un diseno y mantenimiento mejorado en la generacion de energía hidráulica y otros beneficios.

    Sin embargo, los posibles beneficios socials y ambientales asociados con la integración eléctrica no son simples ni automáticos. Los mismos requieren atención política adicional para asegurar un enfoque político complementario en el cual la seguridad energética sea definida en conjunto con la agenda de protección ambiental y de cambio climático.

    Un ejemplo de la atención que los países de la region están prestando a las políticas complementarias es precisado en el comunicado de los líderes de Canadá, México y los Estados Unidos durante su reciente cumbre en agosto de 2007. En el mismo, estos acordaron incrementar la cooperación en seguridad energética y protección ambiental, incluyendo la adopción de un marco de colaboración formal para tratar temas como cooperación bilateral y trilateral en investigación para beneficio mutuo, desarrollo y despliegue de una amplia gama de tecnologías energéticas para usos pacíficos, incluyendo energía renovable, eficiencia energética, energía nuclear, combustibles fósiles y electricidad. Los tres países también han acordado incrementar la cooperación en el desarrollo de producción de energía de baja y cero emisión, tecnologías de uso final, combustibles de bajo carbono, captura y almacenamiento de dióxido de carbono, así como tecnologías para células de combustible, hidrógeno y tecnologías para elevar la seguridad de la infraestructura energética.3

    1. Introducción

    La cooperación e integración eléctrica regional es un proceso a largo plazo que involucra la operación combinada de sistemas de energía, la interconexión y la administración armonizada de los servicios de infraestructura, incluyendo criterios de diseño y operacionales. Además, exige una estrategia común en torno a la armonización de las políticas, así como enfoques comparables en lo relativo al financiamiento. En conjunto, los países de las Américas poseen la suficiente capacidad energética para satisfacer la demanda de energía. Sin embargo, existen capacidades desiguales dentro de los países, considerados estos de manera individual (Weintraub, 2007). La cooperación e integración eléctrica no sólo incrementan el acceso de operadores y consumidores a modernos productos y servicios de electricidad, sino que también proven gran seguridad y confiabilidad al sector energético, así como una mejora en su manejo técnico.

    La integración energética tiene el potencial de apoyar y complementar las políticas ambientales, incluso incrementando el potencial de los países para expandir su capacidad de generación de energía renovable, así como contribuir a la mitigación del cambio climático, esto a través de las mejoras en la eficiencia asociadas con la integración y las economías de escala del lado de la producción, así como al aumento de la conservación debido a la formación de los precios de los servicios de electricidad. Además, la integración regional tiene el potencial de acelerar la transferencia de tecnologías modernas de generación de electricidad entre los países, conduciendo a una ascendente armonización en las capacidades de generación basadas en el rendimiento.

    Al mismo tiempo, los beneficios ambientales potenciales de la integración eléctrica no son ni automáticos ni fáciles de lograr. De hecho, la experiencia de la integración eléctrica dentro de los Estados Unidos, a través de la liberalización de las capacidades de generación, sugiere que la integración puede exacerbar las presiones ambientales al dar preferencia al productor de electricidad de menor costo (que en el caso de los Estados Unidos son plantas de carbon en el oeste medio). Por otra parte, las lecciones políticas de liberalización e integración de mercado en Norteamérica (particularmente en relación a la integración de los mercados electricos de los Estados Unidos y Canadá) sugieren que la liberalización está acompanada por más, no menos, descuidos en las regulaciones por parte de las autoridades gubernamentales. Al mismo tiempo, mientras que los servicios eléctricos se liberalizan, los riesgos de manipulación de precios aumentan.

    Este documento provee una introducción a ciertas cuestiones relacionadas con la integración del mercado de electricidad. La sección 2 presenta una breve cobertura de lastendencias para la integración y cooperación eléctricas –energéticas- en de los países de las Américas. La sección 3 muestra las principales barreras para una amplia cooperación e integración eléctrica en el Hemisferio Occidental, en lo atinente a los principales temas ambientales, socials, económicos y políticos. Especialmente, dicha sección está enfocada en la realidad latinoamericana y del Caribe. La sección 4 explora los beneficios potenciales que pueden ser obtenidos por medio de una mayor cooperación e integración eléctrica. La conclusión es ofrecida en la sección 5.

    2. La realidad hemisférica en una mirada

    La infraestructura de energía, entendida como consistente en plantas de energía para la generación de electricidad y sistemas de transmisión que utilizan ambos tipos de fuentes de energía, renovables y no renovables, tuberías, redes, refinerías y estaciones de almacenamiento; son esenciales para el desarrollo debido al rol que juegan en el sector energético así como por su valor estratégico para facilitar e incrementar beneficios económicos y sociales. El desarrollo de dichas infraestructuras en el Hemisferio Occidental ha sido claramente diferenciado. Norteamérica tiene la experiencia más integrada y dinámica, seguida del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) donde el mercado de la electricidad está grandemente integrado, y del emergente Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC).

    En general, las infraestructuras energéticas en el hemisferio eran propiedad del Estado y estaban administradas como un monopolio dentro del sector público. En el caso de Latinoamérica y el Caribe (LAC), fue a mediados de los 80 y a principios de los 90 cuando las utilidades propiedad de los Estados en la mayoría de los países de la región comenzaron a pasar por un proceso de reforma –capitalización y/o privatización– motivado por la mala situación financiera y operacional enfrentada por el sector energético. Específicamente, la industria energética fue afectada, entre otros factores, por problemas inflacionarios, devaluación monetaria, altas tasas de interés y la crisis del petróleo de los años 70 (Bacon and Besant-Jones, 2001; Dussan, 1996; Fisher and Serra, 2000; Matos,1996) y ésto sólo como parte de la situación global. (Dubash, 2002). En consecuencia, el sector energético en LAC demandó mayores intervenciones de financiamiento público que terminaron por deteriorar el desarrollo de la mayor parte de las economías nacionales de los países debido a la falta de buen diseño y planeamiento operativo, bajo desarrollo tecnológico, políticas sectoriales inadecuadas y la falta de transparencia en la administración de las actividades del sector energético.4 En LAC, la acumulación de éstas y otras situaciones relacionadas resultaron en la caída de la tasa anual de crecimiento de la demanda eléctrica, la cual, de acuerdo a Dussan (1996), retrocedió de 9.8% en el período de 1975-1980 a 4.6% durante 1985-1990. En síntesis, estas necesidades y problemas representaron una presión para mayores reformas estratégicas en el sector energético, incluyendo el desarrollo y las actualizaciones necesarias en las instalaciones de la industria electéctrica y fomentando el diálogo sobre la energía, la cooperación e interconexiones entre los países de las Américas.5

    Durante la década de los 90, el sector eléctrico en el Hemisferio Occidental experimentó grandes mejoras a favor de las interconexiones nacionales y regionales que aumentaron el comercio de electricidad a un 99.3% durante los anos 1988 y 1996. Asimismo, el consumo de electricidad residencial incrementó un 50% entre 1988 y 1999 y la cobertura de energía eléctrica se expandió de un 75.1% en 1988 a un 87.9% en 1998 (Apéndice A presenta la generación neta de energía, por tipo de fuentes, en las Américas para el año 2004). Conforme al Banco Mundial, éste desarrollo del sector eléctrico en el hemisferio demandó un incremento en la inversion de US$2 billones a US$46 billones durante la primera mitad de la década de los 90; de esta cifra 23 billones fueron destinados a países de LAC (Coordinating Secretariat of the Hemispheric Energy Initiative (HEI), 20016; Ruiz-Caro,2006).

    La motivación política detrás de dicho progreso puede ser representada por la adopción de la HEI en la Primera Cumbre de las Américas en 1994, en la cual los líderes de los Estados de las Américas definieron un plan que promovía la integración y el desarrollo sostenible en la región mientras fomentaba la definición y adopción de marcos regulatorios transparentes para asegurar que los mercados de energía satisficieran las necesidades de inversiones y del desarrollo. La Declaración detrás del HEI fuertemente indicó que el desarrollo económico sostenible de la región requería mayor cooperación en temas de energía y la voluntad política de incrementar la inversion en el sector energético. Además, su Plan de Acción (Apéndice B) esbozó varias estrategias para promover la eficiencia energética, el desarrollo de tecnología ambientalmente sana y el fomento de la energía renovable.7

    Sin embargo, a pesar del avance mencionado, se argumenta que la infraestructura energética en las Américas está rozando la capacidad y es inadecuada para cumplir los requisitos de un sistema de energía sostenible (Pineau et al., 2004; Weintraub, 2007).

    De hecho, LAC sólo ha utilizado el 26% de su potencial energético a pesar de que se ha estimado que su consumo total de energía en relación con el crecimiento del PIB ha aumentado alrededor de un 2% desde 1970 (Weintraub, 2007). Adicionalmente, el promedio de inversiones en infraestructura no alcanza el 2% del PIB cuando se necesita entre un 3 y 6% para cumplir con las necesidades de desarrollo de LAC (Fay and Morrison, 2007).

    Actualmente, existen varias iniciativas involucrando reformas políticas y económicas con miras a la cooperación energética hemisférica. Estas incluyen no sólo el imprescindible diálogo sobre política energética entre los países, sino también la implementación de actividades como proyectos de eléctricos trasfronterizos, interconexiones de redes subregionales, así como la colaboración en el desarrollo de oportunidades para el financiamiento y habilidades técnicas. Al día de hoy, el panorama en las tendencias de cooperación/integración de la infraestructura eléctrica en el hemisferio, están determinadas por movimientos regionales los cuales han seguido una trayectoria económica y geopolítica que puede ser descrita como sigue.

    2.1. América del Norte

    Como se estableció con anterioridad, América del Norte posee el mercado de electricidad más activo e integrado del hemisferio, con unas 51 líneas multinacionales de transmisión eléctrica conectando a los tres países (Weintraub, 2007) sin embargo, el comercio de electricidad entre los mismos está claramente diferenciado por el número de transacciones entre Canadá y Estados Unidos y el comercio entre México y los Estados Unidos. De hecho, en el año 2005 las importaciones de los Estados Unidos alcanzaron los 44.5 billones de Kilowats por hora (kWh), de ese monto, 42.9 billones de kWh fueron adquiridos desde Canadá (EIA, 2006). Las pequeñas transacciones entre México y los Estados Unidos son limitadas debido a la poca interconexión de la redes trasfronterizas, la armonización del mercado y a problemas de incompatibilidad de redes. Conforme al Grupo de Trabajo en Energía de Norteamérica -North American Energy Working Group (NAEWG)- entidad creada bajo el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), hay una necesidad real de una red más extensa, lo cual requiere el desarrollo y actualización de la infraestructura actual para asegurar la confianza en el suministro.

    Otra diferencia significativa entre los países norteamericanos tiene que ver con la utilización de las fuentes de energía para la generación de electricidad. La generación eléctrica en los Estados Unidos depende principalmente del carbón, el cual representó el 52% de la generación total durante el año 2004. Por su parte, el escenario canadiense fue dominado por la hidroelectricidad con un 60% de la generación total del país durante el mencionado año: en México, la generación de electricidad estuvo basada en el uso de productos derivados del petróleo y de gas natural, representando el 66% de la generación de total de electricidad (EIA, 2007). En general, se afirma que la cooperación e integración eléctrica trilateral en los países de Norteamérica está en una fase temprana y requiere de grandes mejoras para hacer la red más integral y para coordinar acciones con miras al financiamiento de la infraestructura energética (Pineau et al., 2004).

    2.2. América Central

    Diversos proyectos están teniendo lugar en América Central con el objetivo de responder a sus necesidades de electricidad. Estas actividades van desde un marco político como el Tratado Marco del Mercado Centroamericano, hasta la implementación de proyectos de interconexión física como aquellos bajo el Plan Puebla-Panama (PPP). Este plan fue creado en el ano 2001 y desde aquel momento la alianza entre las siete naciones ha llevado a cabo acciones tendientes a la integración de sus instalaciones y redes eléctricas.

    De estos, dos son los grandes proyectos que reflejan el compromiso de los países: SIEPAC y el proyecto de interconexión México-Guatemala.

    SIEPAC, concebido inicialmente en 1987 por la cooperación entre los gobiernos de América Central y España, tendrá líneas de transmisión con una extension mayor a los1,800 kilómetros y se espera que comience a operar en el año 2009 y que mejore el acceso regional a la electricidad a la vez que facilite la confianza en los servicios de electricidad, la seguridad y la eficiencia energéticas. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el costo total de éste proyecto ronda los US$337 millones.

    Por su parte, el proyecto de interconexión México-Guatemala apunta a facilitar la conexión del Mercado de Electricidad Centroamericano con el Sistema de Electricidad Mejicano. Los recursos financieros para este proyecto alcanzan los US55 millones, y tendrá una extensión de red de 103km.

    Otros dos proyectos de integración que están siendo estudiados para mejorar el mercado regional de electricidad en América Central son las interconexiones entre Guatemala y Belize, que tendrá una longitud de 195km y el proyecto de electricidad de trasfronterizo entre Panamá y Colombia con 614km de líneas de red. El costo estimado para estos proyectos es de 24 y 207 millones de dólares, respectivamente. En el año 2005, los seis países Centroamericanos más Belize, República Dominicana, México y Colombia, adoptaron el Programa de Integración Energética Mesoamericano para apoyar la integración del mercado energético de la región y para aumentar la generación de electricidad (Ruiz-Caro, 2006).

    2.3. América del Sur

    En general, los sistemas de electricidad de los países de América del Sur son desarrollados como respuesta a las estrategias nacionales que contemplan la participación del sector privado y la ejecución de proyectos binacionales como las plantas hidroeléctricas de Salto Grande, Itaipú y Yacyretá, así como las interconexiones entre Vnezuela, Colombia y Brazil. En el año 2003, existían un total de 15 proyectos de conexiones eléctricas entre los países de esta región, lo cual constituye un paso significativo en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur. (IIRSA). La tabla 1 muestra los proyectos hidroeléctricos binacionales en esta región.

    Tabla 1: Projectos Hidroeléctricos Binacionales en América del Sur

    Projecto

    Yacyretá

    Itaipú

    Salto Grande

    Países

    Argentina-Paraguay Brazil-Paraguay Argentina-Uruguay

    Capacidad

    Instalada(MW)

    3,200

    14,000

    1,890

    Generación (Año)

    12,275 GWh (2002)i

    92,689,963 MWh (2006)ii

    4,326,399 MWh (2006)iii

    Fuente: i- www.eby.gov.ar ………………………………. ii- www.itaipu.gov.br iii- http://www.saltogrande.org/

    El MERCOSUR fue establecido en el año 1991 con el objetivo de integrar las economías de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Desde sus comienzos, el MERCOSUR abogó por políticas energéticas communes dentro de sus Estados miembros bajo la premisa de que la cooperación energética constituye un paso esencial para el desarrollo económico y para el proceso de integración. En esa dirección, Della estructura de mercado definida por el MERCOSUR para la integración y la cooperación de su sector eléctrico incluye no solo estipulaciones financieras sino también eficiencia energética, protección ambiental y armonización legal.8 En 1998, el grupo decidió fortalecer sus esfuerzos de integración eléctrica9, y hace dos años, abogó por una coordinación más eficiente de las normas regulativas y las actividades técnicas en apoyo al comercio de energía. Se proyecta que para el año 2025 este grupo de naciones tendrá una red eléctrica completa e integrada (Weintraub, 2007). Sin embargo, las diferencias en regulatociones y el rol estatal en cada sistema aún figuran como los mayores obstáculos para la integración en el MERCOSUR (Pineau et al., 2004).

    La Decisión número 536, de Diciembre de 2002, de la Comunidad Andina (CAN) definió un marco general para las interconexiones de los sistemas regionales de electricidad. Esta iniciativa política apoyó las redes eléctricas trasfronterizas entre Ecuador y Colombia, Colombia y Venezuela, y la ya considerada entre Ecuador y Perú. Recientemente, durante el XVI Consejo Permanente Andino, los cinco Estados miembros de la CAN acordaron facilitar la interconexión de redes y sistemas haciendo un fondo común de energía y recursos financieros. A este respecto, la CAN vislumbra la integración energética como una fuerza significativa que conduce a su interdependencia y desarrollo económico regional.10

    2.4 El Caribe

    El Caribe experimenta una condición diferente al considerar la integración eléctrica. Esto es porque la región está compuesta por una gran cantidad de pequeños Estados-islas aislados y ampliamente dispersos, con baja demanda de energía, creando grandes barreras físicas y desafíos para diseñar e instalar infraestructuras de interconexión eléctrica. No obstante, se pueden considerar iniciativas recientes como el Tratado PetroCaribe (2005) como un intento de crear una interconexión / integración virtual de abastecimiento de energía. En este acuerdo, Venezuela toma el rol de proveer productos del petróleo subsidiados a las varias islas del Caribe a un precio reducido para ayudarlas a reducer sus costos de producción energética. También Trinidad y Tobago, en cooperación con Venezuela, está contemplando el desarrollo de una tubería de gas que interconecte diferentes islas al Este del Caribe (Apéndice C). En Dominica, las actividades han comenzado desarrollando una planta geotérmica que estará interconectada con las islasfrancesas Martinique y Guadeloupe. Además, la República Dominicana es signataria del Programa de Integración Energética Mesoamericano.

    En resumen, en muchos de los países de LAC las reformas del sector energético fueron motivadas por la falta de fondos para mejorar y expander la infraestructura eléctrica, así como los servicios y productos de electricidad. Estas reformas crearon un clima singular para la participación privada en actividades energéticas –generación, transporte y distribución-, caracterizando las tendencias para el desarrollo de la electricidad y la integración como un proceso de liberalización de mercado que involucró gran competencia y entrada de capitales privados (Dussan, 1996). De hecho, en LAC durante el período entre 1990 y 1997 un total de U$S45 billones fue invertido en 169 proyectos privados de inversión en electricidad (Izaguirre, 1998), que en el ano 2003 representó el 60% del total de las conexiones eléctricas (Fay y Morrison, 2007). Sin embargo, en algunos casos como México y Venezuela, el rol estatal en las actividades de energía / electricidad continuan siendo comprendidas y fuertemente apoyadas como un componente clave para la cooperación regional y el proceso de integración. Hoy en día las tendencias actuales para la cooperación y la integración en las Américas están enfocadas en el desarrollo de interconexiones de redes regionales que son apoyadas por acuerdos bilaterales y regionales (ECLA, 2006) (Ver Apéndice D). Estas iniciativas presentan una combinación de participación pública y privada, incluyendo inversiones conjuntas y el compartir de recursos técnicos, en actividades que comprenden el desarrollo de infraestructura, administración y operación de proyectos, y servicios de electricidad. Sin embargo, a pesar de los avances sustanciales que se han dado en las últimas tres décadas, la integración energética/eléctrica está todavía lejos de ser óptima. Existe una necesidad real de nuevas instalaciones y mejoramiento de las ya existentes para satisfacer la demanda de electricidad. Las barreras para promover y desarrollar una cooperación e integración eléctrica regional de manera eficiente en el hemisferio incluyen limitaciones económicas consistentes en mercados de electricidad que son incompatibles. Además este proceso se ve afectado por la ausencia de compromisos políticos para adoptar una mayor combinación de energía, para desarrolloar y utilizar fuentes de energía removable así como para apoyar la articulación de regímenes regulatorios armonizados. Así como barreras financieras que están alineadas con la ausencia o debilidad de metas comunes y planificación. La siguiente sección aborda estas barreras y su complejidad.

    3. Desatando los obstáculos

    3.1. Temas ambientales y Sociales

    La cooperación energética en las Américas ha sido tomada como una oportunidad clave para el tratamiento de temas relativos al Cambio Climático, incluyendo los tópicos ambientales y sociales que estos suponen. En este sentido, el HEI firmado por los Jefes de Estados de las Américas en 1994 constituye un concreto reconocimiento de vínculo especial entre energía/electricidad y desarrollo sostenible. Además, en el contexto de la Iniciativa Latinoamericana y el Caribeña para el Desarrollo Sostenible, los países de esta región acordaron aumentar el uso de energía renovable por lo menos en un 10% de su oferta total de energía primaria para el ano 2010, lo cual demanda un cambio sustancial en la infraestructura energética regional y, en particular, una definición más acentuada de las regulaciones ambientales (Perkins, 2003). Todo esto requiere una mayor accion de quienes diseñan las políticas, entendiendo que en los años venideros la integración energética será un tema clave para el comercio internacional (Rosenberg, 2000) y la integración eléctrica constituirá un paso necesario para asegurar el desarrollo sostenible y para mitigar los impactos ambientales negativos. De hecho, desde una perspective política, en el mundo actual es inapropiado concebir al crecimiento económico sin medidas de calidad ambiental (Seymour et al., 2005).

    Los sistemas regionales integrados entre los países de las Américas tienen el potencial de alcanzar multiples beneficios ambientales a través de la optimización del uso de las fuesntes de energía. El intercambio de la experiencia técnica (know-how), el desarrollo de un mercado de electricidad coordinado y el fortalecimiento de regulaciones ambientales, son esenciales para fomentar fuentes de energía sostenible y ambientalmente favorables para la generación de electricidad.

    En relación con las emisiones de gas de efecto invernadero (GHG) que contribuyen con el cambio climático, hay una gran diferencia entre los países del Hemisferio Occidental la cual puede ser ilustrada en la Tabla No. 2. Por ejemplo, mientras las emisiones de CO2 en Norteamérica sumaron 6.9 billones de toneladas métricas en el 2004, las naciones de Centro y Sur América sólo emitieron 1 billón de toneladas métricas durante el mismo período (EIA, 2007). A pesar de estas discrepancias, durante el período de 1990-2004, las emisiones de CO2 han aumentado un 3.1% anualmente en Centro y Sur América en comparación con el promedio anual del 1.3% en América del Norte (EIA, 2007). Estas estadísticas demuestran la importancia de alcanzar la integración eléctrica regional por medio del uso de medios sostenibles, regulando el uso de combustibles fósiles y alentando la expansión de los usos de energía renovable, especialmente en consideración de la incrementada demanda de energía. La puesta en común de recursos puede ofrecer opciones de desarrollo eléctrico que permitan a los países mitigar el uso de las fuentes de energía altamente contaminantes y estructurar la producción de electricidad de una manera que priorize las preocupaciones ambientales.

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