Necesidad de reforma del derecho penal contra la delincuencia organizada en méxico
Este trabajo se desprende de la Tesis de grado que desarrollé para obtener la Maestría en Derecho Penal por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, promoción 2000-2002, la cual fue defendida exitosamente el 5 de octubre del 2004 en Villahermosa, Tabasco, en examen sostenido a puerta cerrada y tras tres cambios de fecha con respectivo cambio de sinodales. Este trabajo fue concebido y desarrollado en varias fases, siendo resultado de un proceso natural de evolución profesional y personal que he vivido en estos años de transición en todos los aspectos de mi vida. En este producto plasmo mis conocimientos teóricos sobre el tema y el producto de una investigación tan cuidadosa como complicada basada en una amplia gama de fuentes abiertas. El presente texto es la introducción a dicho trabajo, el cual he procesado de esta forma a fin de contribuir en la medida de lo posible al mejor éxito de la lucha contra el crimen organizado en México en un momento extremadamente álgido de su historia en este foro especializado.
La inteligencia es un concepto que se refiere a la recolección de información, su procesamiento y explotación con el fin de proporcionar a quien va a tomar decisiones los elementos correctos para adoptar una determinación adecuada y congruente con la realidad e instrumentar acciones que permitan obtener actuación eficaz, precisa, modificando significativamente al entorno y auxiliando al cumplimiento de objetivos definidos, a la interpretación correcta de signos y evidencias, codificación y decodificación de mensajes abiertos o encriptados; mientras que la contrainteligencia se refiere a la protección de la información, de sus ciclos de explotación y del diseño de las estrategias operativas obtenida, así como las acciones tendientes a su instrumentación, mediante los procedimientos de inteligencia para impedir su divulgación indebida, regular la explotación de dicha información, ocultar la identidad de las fuentes de obtención y de los involucrados en dichos procedimientos y ante todo, salvaguardar el conocimiento de las vulnerabilidades y fortalezas de un país, región, estado e instituciones en particular.
Por ello, su actividad conjunta es indispensable. En este sentido, los servicios de inteligencia y contrainteligencia se han convertido en instrumentos vitales para brindar un panorama de la realidad que facilita en gran medida el trabajo de las corporaciones policiales en materia de combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. Su uso ya se ha generalizado operativamente en las instituciones federales y de procuración de Justicia, para dar seguimiento a las acciones de las células y redes integrantes de los grandes cárteles del narcotráfico en las diferentes regiones de nuestro territorio nacional.
Debido al incremento de la violencia generalizada, la criminalidad y la corrupción en ciertos estratos de la sociedad, cuerpos policíacos así como el incremento significativo en el consumo de psicotrópicos, en el año de 1989, se emitió la declaración del narcotráfico como riesgo para la seguridad nacional, lo cual permitió la incorporación del Ejercito Mexicano en la lucha contra el narcotráfico, cuya participación en dicho combate ha sido invaluable e inconmensurable, así como la expedición de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en 1996 cuyo marco jurídico permitió la instrumentación de acciones en aquel entonces – y hasta el día 17 de enero de 2003, en que fueron intervenidas por el Ejército Mexicano y fueron declaradas desaparecidas e integradas en una Subprocuraduría en la propia institución, de acuerdo a la nueva estructura de la Procuraduría General de la República-, por parte de unidades especializadas de la propia Procuraduría General de la República contra varias modalidades de la criminalidad organizada que han sido incorporadas al esquema de actividades de dichas organizaciones delictivas, tales como el lavado de dinero, el blanqueo de capitales, y en general, todas las operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita; los delitos contra la salud, el terrorismo, espionaje, corrupción de menores e incapaces, pornografía y prostitución infantil, la revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, entre otros; el nacimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1996 a través de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de las acciones de integración en los tres niveles de gobierno; el nacimiento de la Policía Federal Preventiva en 1998, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con la respectiva transferencia del personal de la Secretaría de Gobernación y la transformación de la Policía Judicial Federal en la renovada Agencia Federal de Investigaciones, así como su intervención en actividades operativas conjuntas son los antecedentes necesarios que fundamentan la situación que genera inquietud intelectual de la que elabora este proyecto, así como para estipular la comprensión del fenómeno en estudio en su interacción con las autoridades.
Es vital la comprensión del concepto de Inteligencia y Contrainteligencia para la Prevención e instituciones que se ocupan de aplicar sus métodos en México, procurando no vulnerar la confidencialidad que deben conservar ciertos procedimientos para el diseño adecuado de operaciones en la materia. De hecho, las actividades de inteligencia y contrainteligencia mexicana son realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública Federal a través de la Policía Federal Preventiva, y la Procuraduría General de la República, así como por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación y en última instancia, en el fuero de su competencia y de manera rudimentaria, en las dependencias estatales de seguridad pública y de gobierno. Debemos recordar que vivimos en un país con un rezago y una disparidad severa en materia de niveles de capacitación policial: así como podemos encontrar elementos AFI con maestría es posible encontrar policías estatales con apenas estudios de primaria.
En nuestro país existen políticas públicas en materia de servicios de inteligencia y contrainteligencia para la prevención, lineamientos operacionales para los servicios de Inteligencia del Estado, su utilidad en la seguridad nacional y pública así como en la procuración de Justicia y las actividades conjuntas, sus características operativas y ciertos términos técnicos. Retornando a la dinámica de dicha situación, construir productos de investigación en materia de doctrina puede ser complejo, puesto que es una ciencia de dominio militar y policial, cuya integración total implica apoyarnos en textos de criminalística, criminología, criptografía, textos de seguridad conocimientos básicos de informática, estrategia y planeación en la seguridad nacional, revistas especializadas, política criminal en materia de seguridad pública, conceptos avanzados de prevención del delito y procedimientos de investigación judiciales en la averiguación previa en lo referente a la recolección de la evidencia probatoria y las técnicas avanzadas contempladas en la Ley para el combate a la delincuencia organizada, toda vez que implica la forma en que se va a elaborar un escenario o un planteamiento del alternativas de tratamiento de las redes o células de la delincuencia organizada.
El tema que nos ocupa reviste una complejidad en la confección de una técnica operativa bien fundada jurídicamente, tanto para colmar el cuerpo del delito al tenor de lo que estipula el artículo 19 Constitucional de la Carta Magna Mexicana, como por la protección de la información, lo cual es absolutamente indispensable para garantizar el éxito de las operaciones y posteriormente, de los procesos penales incoados contra miembros de la delincuencia organizada. Para hacer esto se debe realizar una paciente labor de acopio de información bibliográfica y el monitoreo de la opinión pública y especializada a través de medios de difusión locales, nacionales e internacionales.
A efectos de saber que escenario nos ocupa, es indispensable estudiar las características del contexto actual de la seguridad nacional y la procuración de Justicia, los ámbitos de actuación que enfrentan en la lucha contra la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones, a través de lo que implica el avance de las organizaciones del narcotráfico y del lavado de dinero, los movimientos armados, el tráfico de armamento, el tráfico de seres humanos y la corrupción de menores, el secuestro, el terrorismo, el espionaje entre otras prácticas que pueden poner en riesgo la seguridad pública nacional en el contexto social, jurídico y estatal.
Comprender el panorama implica altos niveles de concentración, toda vez que las organizaciones del narcotráfico mexicano están alcanzando nuevos niveles de especialización- blanqueo de capitales a través de propios y extraños, financiamiento de grupos identificados de poder político regionales – y a la vez de compartimentación- estratificación en células de narcomenudeo- y una forma de expresión tenebrosa a través de la práctica de ejecuciones con mensajes tétricos en forma de rostros desfigurados a fuerza de balazos, cabezas cercenadas, que siembran el terror en la población y en las autoridades policíacas- cuya carencia de capacitación y necesidad de identificación de los perfiles pertinentes para la selección del personal policial pone en entredicho a la Academia Nacional de Seguridad Pública y a sus procesos de operación en el lapso 1999-2006, los cuales sugiero modestamente que sean evaluados concienzudamente -.
Estas situaciones se expanden ya hacia otras zonas de la república, otrora aisladas de dicha situación como lo son Tabasco, donde en el lapso comprendido entre el 12 y 16 de julio, presenció tres ejecuciones perpetradas por un comando armado, al parecer, de acuerdo a información procedente de fuentes abiertas, los Zetas. El fenómeno no es exclusivo de Tabasco: Nuevo León y Guerrero, Michoacán y Baja California, el Altiplano y el Distrito Federal son, en cierta manera un reflejo de la brutalidad abierta con que el narcotráfico mexicano exhibe su propio poder punitivo e intimidante.
No obstante, la verificación de la autoría de dicha ejecución está supeditada a indagar si alguno otro de los grupos que desarrollan dicho Modus Operandi, verbi gratia Los Pelones, los caballeros negros, los jefes, etc., que desarrollan patrones de conducta similares poniéndolos a disposición del mejor postor. Como puede verse, la contratación de sicarios ha alcanzado niveles muy superiores a los que se suscitaron en Colombia…tan similares a los italianos, más sin embargo, profundamente mexicanos.
Sostenemos que el patrón operacional de la delincuencia organizada mexicana es similar al que realiza la delincuencia organizada italiana, la Mafia, toda vez que su sustentación obedece a la creación de redes que enlazan, desde desertores, infiltrados, policías, jueces y funcionarios corruptos en todos los niveles, hasta actores políticos que toleran o permiten la actuación de grupos delictivos en una aplicación moderna del "dejar hacer, dejar pasar".
Como ya sabemos, la seguridad pública, desde que alcanza una nueva definición constitucional, estipulada en el artículo 21 constitucional, párrafos quinto y sexto, adquiere por tal hecho un nuevo contexto de actividad. Y a la vez que se le da una mayor importancia a su actividad operativa, también se le confieren nuevas responsabilidades que se ven reflejadas en la necesidad de redefinir el concepto de Estado de Derecho, y la necesaria observancia del respeto a los Derechos Humanos en aras de la protección de los bienes jurídicos tutelados por las Garantías Individuales.
La Seguridad Pública se relaciona con la procuración de justicia en el ánimo de mejorar la investigación del delito, la atención victimológica y la coordinación con la participación ciudadana: de hecho, a nivel federal se ha denotado un importante avance en materia de procuración de justicia, en la búsqueda de la erradicación del narcotráfico de la propia estructura social; esta es una asignatura pendiente en el fuero común.
Un gran avance en la materia es la Ley de Seguridad Nacional, en la cual se define a la inteligencia como el conjunto de principios, normas, valores, personas, instancias y procedimientos, que tienen por objeto inmediato y directo la condición imprescindible de mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, basada en los principios:
- La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
- El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;
- La unidad nacional, la cohesión social y la protección de la vida y los derechos de los mexicanos;
- La defensa legítima de los intereses vitales del Estado Mexicano respecto del exterior; y
- La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes. Los principios bajo los cuales se rige son os principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.
Dicha Ley puede ser localizada en Internet y en el sitio del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Si bien es cierto que la peligrosidad y la agresividad que adquiere por momentos la confrontación directa con los representantes de la delincuencia organizada, así como la intervención en sus estructuras puede llegar a ser muy elevada, también es cierto que de ninguna manera podemos vulnerar los derechos fundamentales de la ciudadanía ni de la propia delincuencia, ni lesionar el orden jurídico cometiendo a la vez nuevos delitos para inculcar a cierto núcleo de la población la estricta observancia de los principios constitucionales e imponer el respeto que necesariamente, por sí solo, debería imponer el Ius Puniendi. Es por ello que es indispensable una regulación coherente e inteligente en la materia.
Por otra parte, se ha convertido en una prioridad para la seguridad nacional mexicana, la observancia de los cuatro principios esenciales de la seguridad pública, los cuales se encuentran establecidos en los párrafos quinto y sexto del artículo 21 Constitucional: legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, que desde su promulgación han descendido incesantemente a través de los ordenamientos jurídicos diversos, como la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la nueva Ley de Transparencia en la Información. Lo primordial de todo esto, es que los postulados se vean reflejados en una realidad tangible, que permita la mejora de la situación de la sociedad en relación con su propia seguridad y una pulcritud notoria en la actuación de los cuerpos policiales a nivel nacional.
Debe de hacerse el énfasis sobre el necesario estudio de ciertas publicaciones en materia de protección a los derechos humanos, y sobre todo, a revistas especializadas, manuales didácticos y libros profesionales en materia de inteligencia, contrainteligencia y seguridad nacional; esto implica un alto grado de dificultad toda vez que existen medidas de seguridad especiales que cumplir para poder obtener acceso directo a ciertos elementos inscritos en dichas operaciones, dada su responsabilidad oficial, su propia seguridad personal así como la siempre indispensable y absoluta discreción que deben guardar sobre los operativos y los procedimientos en comento. No obstante, la inteligencia requiere de acercamiento a fuentes abiertas, en seguimiento constante y paciente de una problemática en específico; implica no desesperarse cuando el panorama aparente ser muy complejo o las ejecuciones aparenten no cesar…es simplemente parte de la problemática y de la creación de un entorno peligroso para generar intimidación en el enemigo.
Cualquier trabajo de estudio sobre seguridad carecería del énfasis necesario si no asimilamos la importancia del proceso de dignificación de la carrera policial – así como en el de generación del servicio civil de carrera – como un esfuerzo del Estado Mexicano tanto por brindar instituciones más confiables y seguras a la ciudadanía como para obtener la revaloración del buen servidor público de la seguridad pública y la procuración de Justicia, en todos sus niveles, así como un proceso de reconstrucción o formación de su personalidad buscando inculcarle valores esenciales, tanto proporcionándole mejores condiciones de vida y laborales que impliquen un adecuado mantenimiento psicológico constante,- con objeto de prevenir el inevitable desgaste emocional que origina la actividad operativa y que a su vez se logre vencer la estigmatización laboral y social que implica acudir a una consulta con un especialista en salud mental-, reconocimiento a su carrera y un mejor entorno sociocultural; o, realizando procesos similares a los que la Policía Judicial Federal hubo de realizar en la década de los 90`s.
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