Solamente una mejora sustancial en los niveles de vida del personal policial aunada un proceso intensivo de profesionalización y actualización de alto nivel, puede darnos una mejor policía. Un proceso en el que se pretende inculcarle una nueva cultura al servidor público, de respeto a los derechos humanos, eficiencia, honradez y respeto a la legalidad, así como su eficacia operativa, dentro de la estricta observancia del respeto al Estado de Derecho.
Debo precisar en este punto, que la profesionalización ha adquirido una importancia relevante en la política criminal mexicana, toda vez que se le considera uno de los medios más efectivos para lograr la erradicación de la corrupción en las instituciones de seguridad pública e integra de manera conjunta con los procesos de depuración de personal, una de las columnas que sustentan la aplicación integral y exitosa del Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 2003. No obstante, en el 2006 nos cuestionamos si efectivamente han funcionado dichos esquemas operacionales en la realidad: ¿hay efectivamente una adecuada capacitación policial? ¿Hay formación sobre inteligencia preventivo? Los hechos, como aquellos vinculados con la detención de los narcoespias y los policías indiciados de Apatzingan, Michoacán, aunados a los terribles homicidios de febrero de 2007 en Acapulco, Guerrero como en Hermosillo, Sonora, nos dan evidencia clara de que no ha funcionado la capacitación, en el altamente improbable caso de que se aplique de forma ideal, y que existe una carencia severa en materia de profesionalización, altos índices de corrupción evidenciables mediante apreciación de fuentes abiertas y un miedo impresionante no acorde al perfil ideal del policía que se requeriría en este momento histórico.
También son aplicables las líneas generales de actuación que establece el Programa Nacional de Control de Drogas, publicado a su vez el 4 de noviembre de 2002 y las del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006; habría en base a todos estos documentos y a la cambiante realidad social, es que he podido actualizar este proyecto constantemente,- y renacer una y otra vez-, para que responda de manera eficiente a la realidad nacional, sumergida en un profundo proceso de cambio.
Se ubicó este estudio tomando como antecedentes de manera general el periodo 1989-2003 y dirigido al diseño de la prospectiva en los escenarios de la transición a la democracia en México, el cual se está perfeccionando en este nuevo milenio con sus notables excepciones que se destacarán en su momento; además, en este episodio plantearé como punto de referencia la influencia del escenario planteado en los actuales lineamientos de la política criminal mexicana en materia de seguridad nacional y pública, en el diseño de actividades operativas y en la configuración de instituciones jurídicas de la Administración Pública encargadas directamente de la lucha contra la delincuencia organizada.
Para poder plantear una investigación como la que se propone y llevarla a su culminación definitiva, es necesario estudiar lo referente a las organizaciones delictivas, la diferencia entre lo que denominamos un Cártel – mejor dicho, organización delictiva- , de una red, de una célula, su interrelación, las formas de organización, su evolución histórica, los operativos de captura de los grandes capos, el destino infausto de sus líderes, que incluso comprende la estructura penitenciaria de máxima seguridad de nuestro país, los riesgos que implica su actividad para el Estado mexicano y su presunta relación aún no plenamente acreditada con organizaciones terroristas; para entender este aspecto debemos comprender las similitudes que pueden encontrarse en el aspecto psicológico y geosociocultural de ambos tipos de delincuencia; esto nos permitirá definir los patrones de operatividad característicos de cada una de dichas organizaciones.
Resulta interesante para la materia que nos ocupa, abordar las repercusiones que en materia de difusión de información y de apertura de instituciones públicas se han dado desde lo ocurrido en el World Trade Center, Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, que abrió una nueva era en materia de inteligencia y contrainteligencia; las circunstancias surgidas desde el momento en que el terrorismo alteró todos los estándares que en materia de seguridad existían, obligaron a reforzar los mecanismos ya existentes, crear nuevos y más rigurosos sistemas de inteligencia que coadyuvasen a la implementación de las medidas de seguridad, lo que a su vez derivó en un redimensionamiento y revaloración de los riesgos y fortalezas.
No obstante, el reforzamiento de la lucha contra el terrorismo trajo un perjuicio a la lucha contra el narcotráfico en el lapso 2001-2005. Es en vista de dicha situación que actualmente se hace indispensable el reforzamiento de la lucha contra el narcotráfico, toda vez que las actividades de los grupos delictivos de criminalidad organizada se vieron claramente mermadas por el cada vez más severo control de las fronteras, lo que origina que sus nuevos intereses se ubiquen en el mercado interno, agudizando el proceso de creación y extensión de las redes de tráfico ilícito y encubrimiento a lo largo de la República Mexicana. Casos necesarios para analizar serán el relativo a la fuga de Joaquín Guzmán Loera (a) "El Chapo Guzmán", la red de "Ma Baker" (Nezahualcoyotl, Estado de México), la denominada "narco red de contrainteligencia", y el caso del "Tigre", de quien se dice que domina la zona occidental del país con el proceso de introducción y mercadeo de los psicotrópicos y sustancias enervantes. Un asunto que también requiere de un cuidadoso análisis es a lo que se ha dado por denominar "la delgada línea blanca" del Golfo de México: estas organizaciones conforman la nueva geografía del crimen organizado en nuestro país, con nuevos esquemas de operatividad y redes empresariales instrumentadas especialmente para su encubrimiento. Dichos casos han recibido una amplia difusión, por su notoria celebridad, y las implicaciones que en sí llevan.
Como es de suponerse, es toral realizar el estudio de las normas jurídico penales en vigor contra el fenómeno de la criminalidad relacionada con el narcotráfico para así comprender las características de los tipos penales que han sido catalogados como propios de la delincuencia organizada y poder reforzar la Ley en comento: la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las disposiciones que estipula en la materia la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley General de Salud, en lo referente a las sustancias objeto y producto del delito, principios esenciales del proceso penal encaminados al Derecho Probatorio, la influencia de la criminología y la Criminalística en la prueba, así como en los procedimientos de policía científica involucrados en la detección del fenómeno en estudio; esto nos permite definir al Derecho Penal contra la delincuencia organizada como el conjunto de disposiciones establecidas en la Constitución General de la República, Leyes, Reglamentos, Acuerdos, Tratados e instrumentos asumidos por el gobierno mexicano en materia de combate a la delincuencia organizada. Es especialmente valiosa la figura de la extradición internacional en estos momentos históricos y se recomienda mantener su aplicación a efectos de reforzar al Estado Mexicano.
Hay elementos que deben de considerarse para una nueva redefinición de lo ya establecido. Esto, porque toda buena actividad de inteligencia debe encontrar su legitimación en un marco legal claro y preciso. Como ya he dicho, existe un desconocimiento generalizado de que realmente operan ya instrumentos que contemplan lo relativo a la instrumentación de las actividades de inteligencia en nuestro país. Estas lagunas en materia de contrainteligencia y protección deben ser subsanadas para así asegurar el éxito de esta lucha.
Cabe hacer notar la importancia del periodismo como recolector originario de información sensible y constructor de la fuente Abierta. No en balde ha sido clasificado el oficio periodístico en México como altamente peligroso en este año 2007. Es indispensable confeccionar una nueva Ley de Prensa que garantice seguridad y protección tanto a medios periodísticos como a la lucha contra la Delincuencia Organizada.
Resulta necesario plantear, lo relativo a los tipos penales que protegen específicamente a la inteligencia, la información, y punen la revelación de secretos que pudieran afectar a la integridad del país. Esta línea de investigación es laboriosa y complicada, dados los criterios técnicos específicos que se deben seguir en materia jurídica para colmar y demostrar adecuadamente que efectivamente existen disposiciones legales que justifican la operación de dichos servicios de inteligencia y que protegen dicha información: la experiencia ha demostrado que la discreción y la confidencialidad en la información recolectada es clave del éxito en el combate a la delincuencia organizada, en cualquier fase del proceso punitivo en que se requiera. Por lo que se hace necesario proteger a la materia prima de la inteligencia, la información, la cual irónicamente, solamente crece cuando se comparte…
También se debe recurrir a la recientemente aprobada Convención de Palermo- de plena observancia en México-, la cual reúne la experiencia legislativa de varias naciones en materia de combate a la delincuencia organizada transnacional, -evocando incluso el espíritu de Giovanni Falcone, el juez de Palermo – cuyas experiencias en materia de combate al narcotráfico e incluso al terrorismo han sido más intensas que las que nuestro país ha afrontado, y al realizar un análisis comparativo, se postula si definitivamente nuestro marco jurídico normativo,- como a grandes rasgos si presenta dicha necesidad-, requiere de actualización y redefinición en cuanto a la clasificación de las figuras típicas en estudio o es absolutamente idóneo. En lo personal, consideramos que si es necesaria la readecuación del orden jurídico normativo para mejorar la calidad en el combate a la delincuencia organizada, independientemente del esfuerzo del juzgador federal para fortalecer dicho rubro.
El contexto operativo, aplicado a través de la inteligencia y contrainteligencia relativo al combate del narcotráfico combinada con la aplicación de estrategias jurídico penales contundentes y decisivas, implica la formulación de una propuesta operativa policial y jurídica para el combate efectivo del narcotráfico. Es necesario definir exactamente las necesidades que en materia operativa existen, así como relacionarlas y vincularlas con los principios de legalidad y seguridad jurídica, dentro del estricto respeto a los derechos humanos e involucrar todo ello en la política criminal mexicana en materia de seguridad pública y procuración de Justicia.
Este proceso puede ser un producto laborioso y complicado, habida cuenta de razones de seguridad. No obstante, la observación de casos tipo, la investigación documental, el seguimiento y la consulta a numerosas fuentes han ayudado a generar este producto de investigación cuya eficiencia radica en la sistematización del Modus Operandi estandar de las organizaciones delictivas mexicanas de alta especialidad y la creación, reconfiguración y estructuración de los mecanismos de contrainteligencia.
Las líneas generales de acción que se deben seguir- a mi parecer-, serán la demostración de que efectivamente se deben actualizar las figuras típicas en estudio en el caso de la delincuencia organizada dimanada del fenómeno del narcotráfico y si se requiere enriquecer el tipo con la adición de aspectos relativos a la migración, a los grupos con actividades terroristas o incluso a las actividades financieras del país; los planes de trabajo para instrumentar áreas operativas específicas dedicadas a la inteligencia y contrainteligencia a nivel estatal, regional y federal, programas de formación profesional de agentes de campo y analistas especializados en la materia, seleccionados únicamente entre los mejores elementos de las corporaciones militares y policiales, con un perfil muy especial, para efectos de fortalecer el ámbito de la profesionalización policial en la materia; cabe hacer destacar que un principio esencial en la formulación de dichos programas será el respeto fundamental que todo buen servidor público en la materia debe observar a los derechos humanos; el desarrollo de la cultura de la contrainteligencia o protección de la información y el establecimiento de vínculos entre los titulares operativos de varias dependencias responsables de la obtención de la información inteligente en la región.
En este momento, desde una perspectiva panorámica, podemos apreciar que los Estados Unidos Mexicanos, acostumbrados a las transiciones cíclicas desde la época del imperio mexica- marcadas en aquel entonces por las guerras floridas – vive una vez más. Nuestro país, centro de América Latina, e indispensable puente hacia el Norte, corazón sociocultural entre el norte y el sur, tiene un gran papel en la historia del continente. Pero necesita, para vivir plenamente los beneficios del mismo, superar las mezquindades de sus actores políticos y generar los consensos que requiere para que la transformación sea de lo más pacífica y lo menos dolorosa posible, sin derramamientos de sangre ni chantajes políticos que lamentar.
Es menester enfatizar el proceso de metamorfosis que sigue nuestro país. Debemos partir de la toma de conciencia de que México tenía una superestructura de poder basada en un régimen hegemónico de unipartidismo dominante, que detentaba el uso de las policías y los servicios secretos para el control de la disidencia y de la política; y que actualmente nos encontramos en la encrucijada de que como dichos mecanismos no se encuentran operando, existe un panorama desolador de descomposición y desconfianza política generalizada en la sociedad, porque el viejo sistema no acaba de morir y el nuevo no acaba de configurarse.
La lucha contra la delincuencia organizada mexicana no hace más que empezar una nueva etapa en su proceso de construcción frente a organizaciones delictivas desafiantes y violentas en grado sumo. Es necesario que académicos, abogados, investigadores y demás, seamos capaces de coadyuvar voluntaria y abiertamente con inteligencia y talento a la generación de productos de investigación objetivos y claros, – a la vez que seamos capaces de actualizarnos constantemente para ser más eficientes- que ayuden a brindar luz en las tinieblas del crimen organizado para generar un mejor futuro para México.
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Por:
M. D. Natalia Díaz
Maestra en Derecho Penal por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, profesora investigadora en dicha institución en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades y Económico Administrativa.
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