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El departamento, la frontera y una trama de relaciones sociales en el sur de Córdoba

Enviado por Celia Basconzuelo

     

    Introducción

    La concepción liberal decimonónica disociaba la política de la administración, particularmente cuando definía cómo debían insertarse los municipios en la construcción del Estado provincial; por eso, el perfil netamente administrativo otorgado a en los diseños constitucionales provinciales.

    El caso cordobés no escapó a esta regla. Sin embargo, cuando efectuamos un descenso a las realidades departamentales nos encontramos con situaciones históricas cuya dinámica nos permite cuestionar tal supuesto y advertir acerca de su desajustada traducción. Por el contrario, pareciera que en esos espacios se habría desplegado una dinámica del poder, definiéndose en realidad como lugares donde si bien los sujetos sociales convivían, también confrontaban y por lo tanto se generaban escenarios para el contacto y el conflicto. Una variable de análisis para acceder desde el punto de vista metodológico a dicho abordaje temático es la trama de las relaciones sociales y políticas que se anudaban en esos espacios. Precisamente, la creación de la jefatura política desde 1870 nos permite abordar esta problemática de un modo diferente al efectuado en estudios precedentes. Teniendo en cuenta que tal institución se mantuvo vigente en unos pocos espacios provinciales, Santa Fe, Córdoba y Salta, los enfoques se han centrado en apreciar las jefaturas como un instrumento para el control del espacio rural, asociado a prácticas clientelares y con función electoral, tal como lo ha presentado Norma Pavoni para la realidad cordobesa, aunque sin ingresar en un análisis que refleje el comportamiento en los distintos departamentos (Pavoni, 2000) o bien como lo ha desarrollado Marta Bonaudo para el caso santafesino, entendiendo la institucionalidad de las jefaturas como vía para el despliegue de un proceso activo de construcción política. (Bonaudo, 2003).

    El trabajo pretende además ser una contribución al nuevo enfoque de la historia política configuracional, en el sentido que se intenta privilegiar el nivel de las relaciones entre los sujetos sociales, la restitución de lo político desde lo cotidiano y desde las instituciones, sin confundir estas estructuras con el poder, sino entendiéndolas como estrategias de individuos o de grupos y como una de las instancias en donde los poderes se disputan. Tal supuesto se complementa con otro: el carácter de lo político como relación social y su interdependencia respecto a los otros niveles de la realidad social. (Barriera, 2002). Entendemos que es posible aplicar esta perspectiva no sólo al mundo urbano, donde por definición se constituye en espacio privilegiado de las decisiones políticas, sino también al mundo rural y en los departamentos pues las fuentes nos permiten entrever la dinámica del problema.

    El departamento Río Cuarto, ubicado en el sur de Córdoba, con su frontera adyacente hasta fines de los ’70 nos ofrece la posibilidad de indagar desde ambos lugares una trama compleja de vínculos y enlaces que tenían como sujetos principales, por una parte, a quienes residían o se movilizaban en los límites de esa territorialidad —las autoridades actuantes tanto a nivel de las competencias militares, municipales, judiciales, administrativas, religiosas como los notables del lugar y vecinos en general— y, por la otra, sujetos con quienes entablaban nexos de todo tipo y de ese modo les permitían acceder a otro nivel de articulación con las elites gobernantes en la provincia y con las representativas del Estado central. Ello enmarcado en las décadas de 1870 a 1890 que implicaron para esta región una dinámica de cambios importantes, desde el punto de vista territorial, y a la vez de permanencias, sobre todo en cuanto a los recursos productivos y la estructura social.

    Cabe aclarar que la hipótesis de trabajo no comprende en toda su profundidad analítica a la comunidad ranquelina habitante en la región de nuestro estudio, y si bien no deja de reconocerse la existencia e importancia de este actor, sólo nos referimos a él en la medida que las instancias desencadenantes de contactos y conflictos en estas relaciones interétnicas (política de agasajos, tratados, malones) dinamizaban vínculos y enlaces entre autoridades y vecinos.

    El presente artículo se desarrolla a lo largo de dos secciones. En la primera, se ha creído conveniente sintetizar las visiones clave que se ofrecieron desde el encuadre normativo así como desde el discurso político cordobés, acerca del papel que jugaban los departamentos y la frontera a partir del último tercio del siglo XIX, en primer lugar y, en segundo término respecto de la participación en el marco de las cuales cumplían su rol la campaña y sus vecinos. En la segunda sección, se desarrolla un avance sobre la dinámica de las relaciones socio-políticas en esta región elegida del sur cordobés.

     

    Las premisas normativas

    A lo largo del siglo diecinueve, Córdoba asistió a distintos momentos en que su elite gobernante encaró la tarea de dotar a la provincia de un marco legal dentro del cual fuesen visibles también criterios para administrar la campaña. A fines del siglo diecinueve fue la nueva Constitución de 1870 con su reforma de 1883. Llegado este momento las elites cordobesas volverían a reformular mediante la política pactista múltiples cuestiones, entre ellas acordar nuevas estructuras de representación y así una de las innovaciones fue la composición del poder legislativo que abandonaba el antiguo patrón unicameral para integrarse además de los diputados de la provincia, con los senadores por los departamentos de la campaña. Respecto del régimen municipal su preservación formaba parte ya de la tradición jurídica y política cordobesa.

    Al ingresar a la década del ‘70, la convergencia de variables de distinto signo nos revelan la idea de un municipio cordobés equidistante entre la subordinación, la centralización y la autonomía, es decir, vinculante a una concepción del poder donde se resignan roles pero a al vez se afirman pautaciones autárquicas para lo local. En efecto, el hecho de privilegiar su función administrativa es de por sí indicativa de una integración subordinada al Estado provincial. Pero, no pudo obviarse una paradoja singular pues ese carácter administrativo coexistía con la dimensión electoral que suponía cubrir la dinámica de las representaciones locales, de suerte que naturalmente la política se infiltraba en estas jurisdicciones menores, en tanto los vecinos elegían a sus propios representantes concejales y desde 1883 a su intendente y en ocasiones no siempre en concordancia con las expectativas capitalinas.

    En 1883 la reforma introdujo tres cambios importantes, uno respecto de la jurisdicción municipal, el segundo sobre la composición de sus cuerpos y el tercero alcanzaba a la duración de los mandatos. Así entonces, por una parte, el ámbito jurisdiccional quedó acotado al distrito y ya no al departamento, tomándose dicha decisión en forma simultánea al proceso de fragmentación territorial que experimentaban los departamentos del nuevo sur cordobés tras concluirse con la frontera interior. Pero no puede soslayarse que esta innovación se sumaba a otra: la creación de las jefaturas políticas desde 1870, cuyo titular había sido beneficiado con el otorgamiento del departamento como ámbito de sus funciones y en relación directa con el gobernador de quien emanaba su nombramiento. De modo pues que se había generado desde el ’70 una superposición de campos de acción que se creyó conveniente deslindar en los ’80. He aquí entonces un recorte del espacio municipal en lo jurisdiccional a favor de las jefaturas políticas y la presencia de este otro actor político que reivindicaba pautas de centralización del poder y, como tal, sellaba otro plano donde advertir la articulación subordinada de los departamentos de ciudad y campaña. Además, la introducción de una variable política en un espacio pensado sólo para el servicio administrativo.

    En síntesis, en el sentido institucional, hubo un avance para las representaciones que expresaban los intereses de la campaña con la posibilidad de conseguir un espacio en particular dentro del senado, inclusive con los criterios sentados entre 1870 y 1883 para integrar diputados hubo una ampliación, es decir, sirvió para referir mayor número de departamentos representados en la sala legislativa pero no se incrementó el número de senadores por cada uno de ellos. En cuanto a los municipios, es de gran complejidad la definición de las relaciones entre el Estado provincial y los departamentos de la campaña, la cual no podría simplificarse ni en la expresión de un articulación subordinada ni en la de una autonomía creciente, sino más bien en la acepción de un rol autárquico para los municipios, con ampliaciones de la representación y a la vez control político para la campaña. Por eso este análisis debería complementarse con otro que indique quiénes ejercían la representación y quiénes eran los electores.

    Con respecto a la cuestión frontera no es posible encontrar ni en la Constitución de 1855 ni en la de 1870 definición jurídica alguna que remita al tema. Podría interpretarse que al haber sido ya sentado en la Constitución Nacional, adherir las provincias a sus términos generales y declararse el tema como prerrogativa de la decisión nacional, se hacía innecesario y además improcedente ratificar criterios ya acordados. Es ampliamente conocido que desde el plano de las decisiones legislativas, en el transcurso de los ’70 se avanzó en la nación en la dirección de sentar posiciones. Para el caso de la frontera sur cordobesa, los tratados celebrados con los ranqueles en 1870, 1872 y 1878 así lo expresarían. Y estas intenciones que la dimensión legal evoca permiten explicar el pasaje a una progresiva ruptura del equilibrio de poder entre dichas sociedades, pues si hasta promediar los años 1870 cada una de las partes pudo defender y hacer prevalecer su posición, desde ese momento lo pactado hizo referencia a la lenta pero indefectible penetración del gobierno nacional en la sociedad indígena a la par que ésta comenzó a apelar más a la estrategia diplomática por su conflictividad intraétnica. (Tagmanini y Pérez Zavala, 2002).

     

    El debate político y las miradas de la opinión

    Nos resulta imposible reflejar en este apartado la variedad de intervenciones registradas en el debate constituyente y que tenían como objeto de reflexión el mundo de la campaña en relación con su participación en las estructuras de la representación. Sin embargo, expondremos una muestra de ello cuando iniciadas las discusiones respecto del sistema a adoptarse para elegir gobernador se desató una fuerte controversia a raíz del intento de un sector más renovador por suprimir la mediación del voto y reemplazarlo por el sufragio directo. Quienes se afirmaban en la versión más tradicional trazaron una comparación entre la capacidad electoral del votante de la ciudad y de la campaña, expresando que al tratarse de una elección practicada «por masa de hombres ignorantes, el voto podía venderse fácilmente» si se innovaba y agregando que si ello tenía lugar en la ciudad «donde las masas son más educadas, con mayor razón sucedería en la campaña compuesta en su mayor parte de hombres completamente ignorantes». «Un cuerpo de electores compuesto de personas capaces e independientes —sostenía Saturnino Laspiur, liberal nacionalista— procederá indudablemente con más acierto y con más juicio que las masas ignorantes. Si alguna vez se falsea el sistema democrático es cuando se da el voto a personas que no pueden tenerlo». (ALPC. 1869/1870. Sesión del 13-8-1870). Es difícil no entrever una fuerte similitud en ese rosario de expresiones que minusvaloraban las capacidades de elegir y menos todavía deliberar en los electores de ciudad y campaña y ciertas notas alberdianas atravesadas por el vector de la "soberanía de la razón" y el temor a la "soberanía del número", para conformar así fuertes argumentos de esa ‘lógica patricia’ de que nos habla F.-X Guerra.

    Muy interesante es detenerse en la visión que inspiraba a algunos de ellos el comportamiento ciudadano, el cual debía encuadrarse en la moderación, alejándose así cualquier imprevisible manifestación más allá de los límites fijados por la autoridad. ¿Y respecto del habitante de la campaña?. De él tampoco se esperaban disensos ni agitaciones: «El labrador y el hacendado, modesto ú opulento, obreros tranquilos de la riqueza que vá haciendo prosperar á la provincia, á la sombra de la paz y el órden garantidos por el gobierno, no han sido víctimas del contagio demagógico de los hombres descontentos como en la capital, donde bullen mas fácilmente los elementos de desórden, estimulados por las pasiones concentradas de la ambicion ó de la impaciencia revolucionaria». (Ferreyra, 1997: 147) (2). Tal discurso político asignaba a los actores sociales de la campaña un comportamiento totalmente alejado de las contiendas y, por lo tanto, sin posibilidades de expresarse en el campo de la política; y a través de este razonamiento se agregaban atributos para una concepción subordinada de la campaña que amparada en las ventajas de un supuesto "progreso" para ella quería justificar el mantenimiento del "orden".

    Y esta perspectiva para la cual no eran previsibles formas de expresión que traspasaran el molde del ciudadano elector, todavía menos para el habitante de la campaña, venía a reforzar desde Córdoba una línea de pensamiento notabiliar a nivel nacional, que apostaba a una participación acotada a lo electoral y a la suficiente regulación de esta instancia, a fin de hacer previsible todo lo relacionado con las acciones vinculantes a la legitimidad de origen.

    Otra es la mirada desde la tribuna de la opinión. Que la campaña debía conservarse en una posición de articulación subordinada, especialmente en tiempos electorales, y brindarle a las facciones urbanas un mero consenso formal, según lo acordado en las esferas de la decisión política y en la normativa jurídica, parecía a la mirada periodística un supuesto a ser discutido. Nuestro registro de las prácticas electorales desplegadas por las elites en la campaña en cada instancia de elección de gobernador y vice nos permiten sostener la hipótesis de una interpelación sistemática por parte de la prensa opositora para provocar disensos en la campaña pero sin alcanzar éstos una intención disruptiva. Es notoria la finalidad de movilizar la campaña desde la oposición, quebrar adhesiones políticas si algún punto de ella tenía inclinaciones oficialistas y desafiar así el ideal de unanimidad de opinión. Esta estrategia se habría desplegado entre 1870 a 1878, se habría abandonado en tiempos del predominio juarista y recuperado a comienzos de los ’90; ello en relación directa para el caso del diario El Eco con las adhesiones políticas que sus propietarios expresaron en la arena del poder.

    Respecto de la frontera, hubo expresiones gubernamentales y periodísticas las cuales precisamente permiten dar cuenta en qué medida desde el discurso político cordobés se acordaba con la política fronteriza trazada por la Nación. Así, la agenda gubernamental se ocuparía de cuestiones más bien centradas en los intereses en juego. Frecuentemente su discurso asumía la representación de los intereses de sectores sociales inmersos en esa realidad fronteriza. En tal sentido, los gobernadores no cejaron en expresar que debía garantizarse «la vida y fortuna de sus moradores» y hacer efectiva la seguridad de los territorios fronterizos pues éstos debían «dar ensanche á nuestras poblaciones rurales». (Ferreyra, 1997: 166) (3). Por otra parte, estaba claro que la cuestión frontera no podía disociarse en su presente y futuro del esperado desarrollo de la campaña. Al promediar la década, y conforme los mensajes gubernamentales se cargaban de referentes conceptuales que hacían de la búsqueda del progreso y de los factores que lo impulsarían un eje de la trama discursiva, la transformación de aquélla parecía inminente, comenzando por los departamentos del sur y sureste, los más cercanos a la frontera. Las estrategias discursivas harían del tema tierras el eje central a partir del cual las referencias continuas estarían indicando su sincronía con una temática que por entonces también el gobierno nacional le estaba brindando espacio preferencial en clave jurídica, militar y financiera, mientras en Córdoba era asociado no sólo como factor de producción y componente central del proyecto colonizador, sino también como afirmación de una soberanía territorial en las franjas limítrofes con las provincias vecinas del litoral. Está claro que avanzaba en la provincia y en la nación un pensamiento que advertía cómo la territorialidad tenía un peso fundante en la afirmación del poder estatal en la medida que sobre la base de una extensión física pudiera extender sus funciones; pero también cómo para los particulares interesados en esas tierras, lo espacial se convertía de igual manera en expresión de una disputa por el poder. Si para el Estado central lo era en relación con el indio, para los sujetos sociales fronterizos lo era en relación con las provincias vecinas.

    Si estas afirmaciones referían el problema a la cuestión de las tierras públicas, el cual una vez resuelto modificaría el mapa físico de la provincia, otras pondrían énfasis en la geografía política y como tal en las ventajas de una nueva división del territorio provincial.

    Por último, la otra cuestión pendiente era la suerte de las comunidades ranquelinas. Al respecto, los mensajes de los gobernadores juaristas pondrían de manifiesto la contundencia de un pensamiento dispuesto a encarar un proyecto de abolición de todas las comunidades territoriales indígenas en la provincia, expropiar esos terrenos y darlos en propiedad privada para así integrarlos a la lógica del capitalismo y la filosofía del progreso. En palabras de Juárez Celman: «El gobierno debe poner su mano en esos centros de miseria y de desórden, para incorporarlos al movimiento social y comunicarles la fuerza vivificante que anima á todo el sistema». (Ferreyra, 1997: 178). (4)

    Por su parte, el discurso periodístico al comenzar los años ’70 seguía teniendo como referente la cuestión fronteras, y no podría ser disociado, tal como vimos para el caso de los mensajes del ejecutivo, del que argumentaba en relación con la campaña —y la sureña en particular— pues en esta articulación de opiniones radicaría una contribución importante de El Eco —anticipándose inclusive con su prédica— a las transformaciones que el sur y sureste experimentarían a finales del siglo y comienzos del siguiente. En efecto, un sinnúmero de notas podrían ser interpretadas en clave del progreso. He aquí nuevamente la función del periódico en sentar opinión respecto de una idea —la de propiedad privada— indicativa de la rapidez con que la provincia y el país en su conjunto se estaban familiarizando con los indicadores de una sociedad capitalista, y al mismo tiempo su función para vehiculizar demandas sociales, en este caso las provenientes de quienes podían disponer en sus manos de los factores de la producción primaria. La voz de los pobladores no estaría ausente de estas miradas. Precisamente un corresponsal de El Eco se internó como poblador del fuerte de La Carlota y desde allí relató como vivían esos 600 reclutas. Junto con ellos vivió la incertidumbre frente a las incursiones ranquelinas, que no desaparecían a pesar de los tratados, el problema casi cotidiano de la deserción y entonces interpelaba con fuerte mensaje reclamante al gobierno«¿Que le importa al gobierno la desgracia de los fronterizos? Ganen las elecciones, triunfen sus candidatos y sucumba lo demas?». (ECC, 1/11/1870: 2, c/2; 4/11/1870: 3, c/4). Desde la Villa de la Concepción del Río Cuarto otro corresponsal recogía las quejas de sus habitantes, requiriendo mayor seguridad fronteriza, refuerzos militares y medidas gubernamentales para contener las deserciones frecuentes que daban lugar a delitos diversos, como el robo de ganado y el saqueo de casas particulares. Pero, a diferencia de aquéllas, éstas iban dirigidas simultáneamente al gobierno nacional y al provincial y a la intermediación de la prensa. Está claro pues que el periódico intentaba movilizar la opinión pública en pos del tema frontera e intentaba comprometer la gestión nacional y provincial en ello, y para ello había resultado muy funcional transitar de un discurso descriptivo al mensaje prescriptivo, aunque sin explicitar todavía cuáles premisas deberían ser atendidas por una política fronteriza más eficaz. En cambio, el panorama estaba mucho más claro en la visión de los habitantes de la frontera sur cordobesa; para ellos se trataba de encarar una política pública que asumiera la defensa de los intereses sociales y no se mirara sólo a esta región para extraer recursos fiscales, al mismo tiempo se requería de la prensa acrecentase su rol como formador de opinión.

    En síntesis, ha sido nuestra pretensión presentar sintética y comparativamente las visiones que las elites políticas capitalinas diseñaron respecto del marco espacial en el cual se desarrollará una compleja trama de relaciones sociales. Marco espacial, respecto del departamento, donde lo político gravitará de manera significativa en ese entramado de relaciones a pesar de que ha sido pensado tan sólo con una dinámica en clave administrativa y en relación con la frontera porque según sean las voces que concurran —en un caso el poder político, en otros momentos vecinos interesados en la defensa de sus propiedades y ganados, en las instancias de la opinión, los periodistas participando de una visión común con los sectores dirigentes— nos situaremos frente a relaciones interétnicas vistas desde una óptica de la conflictividad o bien desarrollándose bajo diferentes modalidades del contacto pacífico, tal como lo relatan algunos observadores extranjeros que visitaron la Villa de la Concepción (Burmeister, 1944: 152-153), militares que sellaron tratados de paz (5) o los franciscanos en razón de sus misiones evangelizadoras. (Tagmanini, 1995). A su vez la existencia de estas relaciones movilizará, como se verá, una dinámica similar de este lado de la frontera del río Cuarto.

     

    La dinámica territorial: cambios y continuidades

    Con el objeto de trasladar estas cuestiones que nos sitúan en el plano de los discursos, a las realidades espaciales donde serían instrumentadas, el presente apartado tiene por objeto considerar un espacio en particular de esa dilatada campaña, el departamento Río Cuarto junto a la frontera sur con la cual se hallaba en cercanía. En relación con ambos nos interesa analizar cuáles características presenta la trama de relaciones sociales que allí se desplegó teniendo en cuenta la presencia de actores locales, fuerzas militares que respondían al gobierno provincial y otras bajo la dependencia del gobierno nacional, además de las tribus ranquelinas.

    Córdoba participó durante la etapa de nuestro estudio del proceso de litoralización que suponía incorporarse a una economía definitivamente atlantizada y ligada, aunque periféricamente, al orden capitalista. Pero, como es sabido, los tiempos cronológicos en que se consumó este pasaje no fueron coincidentes con los registrados en otras regiones como la bonaerense y santafesina y tampoco esa transformación alcanzó por igual al conjunto del territorio provincial. Así, el norte y oeste quedaron definitivamente rezagados y más favorecidos resultaron en cambio el sur y sureste; sin embargo, aún entre estas dos últimas regiones hubo también diferencias notables en cuanto a la secuencia temporal con que se desarrollaron los factores de la modernización. En efecto, ya se han indicado dos cambios que daban nueva fisonomía territorial al sur cordobés: uno, el fin de la frontera y el otro, la paulatina fragmentación del departamento Río Cuarto. Por otra parte, fueron inmediatas las innovaciones en materia de comunicaciones con la instalación del telégrafo y transportes con el tendido del ferrocarril desde 1873. Pero, el esquema de producción centrado en las estancias continuó vigente hasta entrado el siglo XX cuando la colonización introduzca cambios en la fisonomía espacial y social de la región.

    Ahora bien, si los pensamos en términos de relaciones políticas esos mismos factores no necesariamente venían a modificar en sentido ventajoso las relaciones entre la capital y la campaña, acortando las distancias, poniéndolas bajo un más rápido, directo y cotidiano contacto; en realidad respondían a otros fines además de los extranjeros, el de un Estado central que había adoptado decididamente un proyecto de nación sustentado en la potencialidad de un modelo agroexportador y la incorporación de su economía primaria al mercado mundial aceptando para ello una ubicación periférica en la división internacional del trabajo. Los contactos entre el sur cordobés y la capital, vía ferrocarril, llegaron recién en 1913. Sí, en cambio, cumplía aquel propósito el telégrafo, poniendo en manos de los notables locales y sus allegados en la capital como en otros sitios del país un instrumento valioso a la hora de consolidar vínculos en tiempo electorales como lo era el manejo de la información.

     

    La trama de relaciones

    El acceso a un voluminoso cuerpo documental que contiene las notas intercambiadas entre los comandantes de frontera, las autoridades civiles, la gobernación de la provincia y la nación permite advertir su accionar pero también las problemáticas concretas del sector castrense y las que presenta la línea militar del Río Cuarto junto a las relaciones interétnicas. Es decir, a la par de los informes que daban cuenta de la situación militar y poblacional de cada fuerte y fortín (deserciones, motines) se relataban las variaciones en la política indígena y la frecuente problemática de suministrar cobertura a las demandas ranquelinas por los "agasajos". Es este punto el que nos permite ingresar en el plano de las interacciones sociales a partir de la serie de acciones que debían emprender los comandantes y que excedían obviamente el alcance estrictamente militar. En este sentido, era frecuente que la comandancia recurriese a fuentes alternativas en razón de las demoras que experimentaba la asistencia nacional y provincial y para ello entrara en contacto con los hacendados de la región, formalizando la mayoría de las veces con ellos contratos de compra y venta de ganado y ocasionalmente exigiéndoles auxilios. Para ello contaba con el papel intermediario del juez de alzada. Frecuente también fue la vinculación de los comandantes, mediante operatoria, con los comerciantes de la Villa y de la capital, en su calidad de suministradores de productos y a veces acreedores de la comandancia. En otros momentos se llegó a recurrir a la municipalidad para obtener préstamos de la caja institucional, como también apelar a los propietarios de ganado de otros departamentos y aún de provincias vecinas.

    Es decir, la política defensiva fronteriza exigía de las autoridades locales la movilización de recursos que los colocaba en la compleja situación de accionar por fuera de sus atribuciones específicas; por lo tanto, dinamizaba articulaciones sociales que incluía actores institucionales como demandantes e intermediarios y actores sociales como oferentes no voluntarios la mayoría de las veces y a la vez enlazaba espacios urbanos y rurales de pertenencia regional y extra regional. Esta constante que la hemos advertido para los dos decenios precedentes a los años ’70 (Basconzuelo, 2003) se reitera en el transcurso de ésta hasta la conclusión de la frontera interior.

    En cuanto a lo jueces, en razón de las múltiples competencias asignadas, y no sólo las estrictamente judiciales, no sólo se conocían y complementaban en sus funciones específicas sino además entraban en contacto con diversos actores sociales: conocían a los propietarios a quienes cobraba los impuestos; a los ‘vagos’ y ‘malentretenidos’ a quienes perseguían para lograr su conchabo, en este caso interactuando con otros funcionarios de la justicia; a los comandantes a quienes les entregaban los marginados sociales como reclutas para el ejército de línea y con quienes colaboraban haciéndoles llegar los recursos materiales para los fuertes y fortines, y a los vecinos en general por ejercer tareas de control social y, sobre todo, por tratarse de una comunidad relativamente pequeña. Un punto de inflexión en relación con esa amplitud de competencias se dio al crearse las jefaturas políticas e imponerse con ellas el criterio de una descentralización.

    La constitución de 1870 había innovado respecto de otra institución que resultó vital a la hora de asegurar mecanismos de control políticas, las jefaturas políticas. En dos aspectos, ella introducía innovaciones para la administración de la campaña. En primer lugar, como ya se dijo, servía al propósito gubernamental de contar con un instrumento de control político, contribuyendo por otra parte a fortalecer la predominancia del Estado provincial frente a los departamentos y más aún teniendo en cuenta que desde 1883 varios de ellos experimentarán fragmentaciones, dando lugar a nuevas unidades jurisdiccionales. Particularmente este proceso será notorio en el sur provincial. En segundo término, esta institución redefiniría las relaciones inter-institucionales en la campaña y gestaría a su alrededor nexos y vínculos con actores sociales, en este caso de acuerdo con lo observado en el departamento Río Cuarto pero que puede ser proyectado al resto conforme algunos indicios advertidos en las fuentes bibliográficas e inéditas consultadas.

    En efecto, por un lado entonces los jefes políticos vinieron a acentuar la gravitación del ejecutivo provincial y esta característica contó con un amplio marco de legitimidad, dado por la vía constitucional primero y luego por una la ley especial que fijó competencias y responsabilidades (12-8-1871). Precisamente, en el proceso de delegación de facultades es donde puede advertirse la intención original de articular bajo una lógica de fuerte subordinación los departamentos al Estado provincial y a su vez las restantes autoridades de cada jurisdicción a las respectivas jefaturas, siendo revisada y matizada luego dicha pretensión por no contarse con un consenso suficiente. De todos modos, las funciones adjudicadas fueron muy diversas, pues de su encargo eran la conservación del orden público, la protección de bienes y personas, el control de la ejecución de las leyes y reglamentos de justicia; igualmente otras abrían un abanico de posibilidades para el accionar político al hacerlos depositarios de la facultad de ejecutar «los servicios especiales que se les encarguen y demas disposiciones de la autoridad».

    En consecuencia, las jefaturas políticas modificarían las relaciones inter-institucionales al interior de la campaña, y este es el segundo aspecto que pretendemos destacar. Por una parte, con las autoridades militares y policiales, desplazando al referente militar de cada jurisdicción departamental en un caso y a los comisarios de campaña en el otro, a la vez que disponiendo de una policía de seguridad de alcance departamental y con ella un importante instrumento de coerción. Los cambios en la relación de fuerzas se advertía, por otra parte, con las municipalidades que según ya se dijo cederían en beneficio de las jefaturas su antiguo dominio administrativo y así estas quedaron localizadas jurisdiccionalmente en los distintos departamentos.

    ¿Hasta qué punto este marco de relaciones podría alterar la intersección entre un movimiento tendiente a conciliar la autarquía municipal con estas renovadas expresiones de una subordinación a la lógica política provincial? Para evitar un desequilibrio a favor de la segunda ecuación se estipularon los límites de su accionar departamental, el cual sería hasta la órbita de influencia del municipio pues los jefes políticos no podían tener injerencia en el gobierno comunal y con respecto a los magistrados judiciales debían colaborar con ellos con «todo el auxilio y proteccion que les fuera requerido». A fin de evitar su intromisión en cuestiones electorales se fijó expresamente tal impedimento. Además, se buscó incorporar el atributo de la representatividad para la nueva autoridad, y así entre las condiciones para ser jefe político figuraba la de ser "vecino del departamento"; aspecto que se acordó exigir después de un interesante debate que reivindicaba esta identidad tradicional para un funcionario de los nuevos tiempos políticos. (ALPC. 1869/1870. Sesión del 3-9-1870). Pero, el ejercicio de esa representación quedaba sujeto a un criterio censatario, y por lo tanto restrictivo. No se trataba simplemente de un vecino residente, sino de quien reuniese las mismas condiciones que para ser senador provincial, es decir, la edad de 30 años y disfrutar de una renta anual de 1.000 pesos fuertes o de una remuneración equivalente.

    Pero, aún con todo ello y precisamente por ese rasgo de la representatividad ¿podría suponerse que las jefaturas a la par de revitalizar tanto en la relación con el poder ejecutivo como en la interacción con el resto de las instituciones del departamento y la Villa, la dimensión jerarquizada y verticalista del poder, que los estudiosos de casos provinciales subrayan, o podían influir de otro modo receptando demandas ciudadanas y actuando como intermediarios de un proceso ascendente de construcción de la política? ¿Y en tal caso con cuál grado de profundidad? Un análisis de las directivas impartidas a los actuantes en el departamento Río Cuarto así como los informes por ellos elevados a la gobernación, volcados ambos en un copioso epistolario existente hoy en el Archivo Histórico de la Provincia como también en el Archivo Histórico Municipal permite aclarar este interrogante. Esas directivas permiten ampliar nuestro conocimiento de las atribuciones no explícitas por la normativa hasta ahora indicada. (Basconzuelo, 2002).

    En síntesis, las competencias cuentan primariamente al momento de explicar cuáles variables habilitan el despliegue de relaciones sociales, pero por sí mismas no bastan para explicar una trama articulada alrededor de lo institucional y movilizada por la interacción de los sujetos sociales. Cuando nos preguntamos quiénes ejercían la titularidad de las funciones en las comandancias, los juzgados, los cargos municipales, policiales y en las jefaturas políticas emergen las vinculaciones entre el servicio en la función pública y la recurrente presencia en él de los sectores económicamente más dinámicos de la elite local. En ese entramado de relaciones se revela lo político no sólo porque atraviesa lo institucional sino también porque se articulan dimensiones de esas relaciones enmarcadas en el espacio que ofrece el departamento y a su vez en el que presenta el nexo con la provincia y con la nación. A su vez lo político emerge desde lo cotidiano, y en este sentido el marco que ofrecen los recursos productivos de la región con su eje primordialmente en las estancias ganaderas facilita la constitución de enlaces y vínculos alrededor de ellas. Aparte de este entramado de relaciones sociales el desenvolvimiento institucional nos muestra cómo las propias magistraturas funcionan como campo donde se disputa el poder por los intereses en juego, por la dimensión conflictiva que presentan y porque la variable política se introduce, a través de las jefaturas políticas, en el espacio departamental; un espacio pensado originariamente en clave administrativa.

    Importante es pues destacar la significación de estos vínculos que se anudaban, por una parte, con la policía en razón de que había sido colocada bajo su órbita, lo mismo con los jefes y comandantes de la guardia nacional y por la otra, con la justicia ya que los oficios dan cuenta de algunos jefes políticos quienes sin previo acuerdo de la gobernación designaban jueces y comisarios de campaña.

    Los vínculos con los vecinos del departamento no fueron menos importantes y en este aspecto vuelve a revelarse conjuntamente el papel de la intermediación, pues en razón de las tareas desempeñadas, los jefes políticos tenían conocimiento directo de las problemáticas que afectaban al departamento. El detalle que se expone de algunas de ellas nos permiten inferir bien que habían agudizado su análisis o bien que los vecinos les acercaban sus inquietudes y ellos las transmitían al poder ejecutivo. La funcionalidad de esa intermediación que es a la vez institucional y social tuvo su expresión recíproca cuando cuestionado el primer jefe político que tuvo Río Cuarto, Justo Hernández, e iniciado un proceso judicial en su contra por supuesto mal desempeño en sus funciones, un grupo de vecinos revelaron su presencia y la fuerza de sus argumentos de defensa frente a la opinión pública de la capital y ante el poder político, poniéndose así en evidencia cuánto esta realidad se alejaba de las concepciones que las elites capitalinas sostenían respecto del papel más apropiado que debían jugar los vecinos de la campaña.

    Pero, si se advirtiera sólo en esta faz de la dinámica institucional las relaciones interinstitucionales y sociales sin presumir la hipótesis de una articulación a su vez con notables de la ciudad capital, presentaríamos un cuadro de las jefaturas respondiendo únicamente a una dimensión muy circunscripta de sus nexos. Por el contrario, en una ocasión se alude a la decisión de J. Hernández de nombrando un apoderado en Córdoba, Cipriano Soria, para que en su representación pudiera gestionar el envío de dinero y así solucionar problemas de recursos de la jefatura y de la policía, contraviniendo la costumbre de que fuese el receptor de campaña el encargado de realizar dicho trámite.

    Así, se ha desarrollado por un lado el papel de las autoridades actuantes en el departamento Río Cuarto y por el otro se ha intentado reconstruir al menos en sus trazos más generales los nexos recíprocos, con los notables locales y con los vecinos, dicho análisis —es necesario subrayar— se inscribe en un espacio rural. Pero, el sur cordobés no es un espacio rural más. Es una zona de frontera. Por eso, nos hemos situado frente al tránsito por un proceso que en su dinámica interna supuso cambios pero también continuidades y permanencias. Transformaciones las hubo en el plano de la territorialidad con la expansión de la frontera, la fragmentación departamental y el consiguiente efecto de una descentralización administrativa en detrimento de Río Cuarto. La extensión de la red comunicativa que tenía al ferrocarril y al telégrafo como innovaciones finiseculares permitió al sur cordobés posicionarse mejor en el marco de las relaciones interregionales cuyos efectos no podrían medirse únicamente mediante variables económicas y culturales, también político-electorales en la medida que una y otra clave del progreso ponían en contacto personas e informaciones. Como efecto de esos cambios la otrora aldea de frontera vio elevado su estatus a ciudad. Pero, las permanencias no fueron menos significativas, pues los recursos productivos siguieron respondiendo al predominio de la ganadería y de la estancia como unidad productiva y el componente inmigratorio no tuvo en esta región los impactos demográficos que se registraron en el sureste provincial.

    Al abordar el rol de los actores institucionales actuantes en la frontera sur y en el departamento Río Cuarto, se advirtió su papel como articuladores de las relaciones sociales, signadas por el contacto y la conflictividad y ello no sólo porque entraba en escena el componente indígena. Por el otro lado, se indagó la trama de relaciones sociales desde las bases de construcción las cuales se encuentran, por una parte, en las características propias que presenta el espacio en estudio y los cambios por él experimentados. Si de la frontera interior se trata encontramos interactuando a cristianos y ranqueles bajo una dinámica de contacto y conflicto. Si del fin de esa frontera y la consiguiente ampliación del territorial estatal se trata, nos hallamos con nuevos actores e intereses en torno a la adquisición de tierras fiscales, pero no afines con la procedencia cordobesa sino bonaerense y santafesina y que dieron lugar a no pocos conflictos por los límites de esa territorialidad difusa de los Estados provinciales. Por otra parte, si la clave del problema estaba en la limitación de los recursos presupuestarios se advierten situaciones diversas según los actores en juego. Si el requerimiento era la búsqueda de haciendas para el abastecimiento del ejército porque no resultaba suficiente el aporte nacional o provincial se potenciaron relaciones económicas y por ende sociales entre comandantes, jueces, hacendados y jefes políticos dentro de la propia región pero también alcanzando otros departamentos e inclusive provincias vecinas. Si la jefatura política requería una asistencia presupuestaria los contactos se extendían a sus apoderados de la capital y sus nexos con el gobierno. Pero, si además de este enfoque a partir del cual se desciende al marco del departamento elevamos el análisis a la articulación con la nación situaremos en escena a los militares que como Roca ejemplificaba muy bien la contribución de las redes sociales, parentales y amicales ya no sólo para asegurar el triunfo electoral de una facción sino para la construcción de una política con base operativa en la provincia y proyección nacional.

    Con el objeto de desarrollar esa trama relacionante que supone vínculos, enlaces de todo tipo y que atraviesan la región para articular como si fuera un diagrama de anillos concéntricos espacios territoriales más amplios, se tuvieron en cuenta sus bases de construcción. Ese entramado por un lado supone contactos se han visto potenciados por las competencias que tenían las autoridades, las características demográficas que presenta el espacio en cuestión, la presencia de esa frontera cercana que supone a la vez de contacto, conflicto. Ello moviliza a autoridades y compromete a vecinos. De esa trama de vinculaciones se vieron resignificadas relaciones e identidades. Ahora bien, ¿cómo esos vínculos sociales tenían una funcionalidad política en tiempos electorales? ¿Cómo los actores institucionales apartados de las complicaciones electorales por definición de la normativa en sus prácticas de gestión, terminaban siendo componentes de redes de esta naturaleza? ¿Cómo funcionaba la dinámica de estas relaciones en una lógica que interconectaba campaña, provincia y nación, nos resultan interrogantes clave que invitan a una indagación sobre las prácticas electorales en su despliegue sobre la región sur cordobesa.

     

    Notas

    1. Trabajo presentado como ponencia en el X: Congreso Interclaustros de Historia, 2005, Facultad de Humanidades de Rosario. Este trabajo forma parte de la Tesis de Maestría "Prácticas electorales en la campaña sur de Córdoba, 1870-1890". CEA, UNC. Es parte del Proyecto de Investigación "Estrategias partidarias y actores sociales en el sur cordobés, 1870-1890", perteneciente a Carrera de Investigador del CONICET.
    2. Mensaje del gobernador Antonio del Viso. 14-5-1880.
    3. Mensaje del gobernador Juan Antonio Alvarez. (4-5-1873).
    4. Mensaje del gobernador Miguel Juárez Celman. (15-5-1881).
    5. Son ilustrativos los relatos de Mansilla en su encuentro con los ranqueles (1969: 210-293) o los de Fotheringham (1999: 7).

     

    Referencias bibliográficas

    – Barriera, D. (2002) Por el camino de la historia política: hacia una historia política configuracional. En: Secuencia, 53 (mayo-agosto), Instituto Mora, México: 163-196.

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    – Ferreyra, A. (1997) Mensajes de los gobernadores de Córdoba a la Legislatura. Centro de Estudios Históricos. Córdoba.

    – Fotheringham, I. (1999) La vida de un soldado. Reminiscencias de las fronteras. Buenos Aires. Ciudad Argentina, Buenos Aires. 2º edición.

    – Mansilla, L. (1969) Una excursión a los indios ranqueles. Buenos Aires. Cultural Argentina, Tomo I.

    – Pavoni, N. (2000) Las jefaturas políticas y su incidencia en el clientelismo rural: Córdoba 1870-1890. En: Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad, Córdoba, Área de Historia del CIFFyH-UNC, (3): 123-151.

    – Tagmanini, M. (1995) Cartas de frontera. Los documentos del conflicto interétnico. Río Cuarto. Departamento de Publicaciones e Imprenta de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

    – Tagmanini, M. y G. Pérez Zavala (2002) El debilitamiento de los ranqueles: el tratado de paz de 1872 y los conflictos intraétnicos. En: Nacuzzi, L. (comp.). Funcionarios, diplomáticos y guerreros. Miradas hacia el otro en las fronteras de pampa y patagonia (siglos XVIII y XIX). Buenos Aires. Publicaciones de la SAA: 119-157.

     

    Fuentes inéditas

    – Archivo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba (ALPC).

    – Eco de Córdoba. 1870-1890 (ECC).

     

    Tesis doctoral

    – Basconzuelo, C. (2003) Legitimidad y representación en la campaña y frontera sur cordobesa. Su articulación con la provincia y la Confederación. Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, Inédito.

     

    Celia Basconzuelo (*)

    (*) Departamento de Historia, UNRC.