A pesar de su pésima administración y malos manejos, de las prácticas de corrupción, de su pesado régimen fiscal o de su falta de inversión, Pemex es una de las empresas con más alto índice de rentabilidad, de ahí la incongruencia de su enorme endeudamiento. Las ventas totales de Pemex, a pesar de la declinación en la producción, se han mantenido en plan ascendente: 773,587 millones de pesos en 2004; 928,643 millones de pesos en 2005; 1.062495 billones de pesos en 2006. En 2007, las ventas totales de Pemex registraron 1.134982 billones de pesos.
Pemex tiene unos enormes ingresos producto de sus ventas totales, de tal forma que cualquier empresa del mundo envidiaría esos números y desearía estar en esa clase de bancarrota. Los ingresos de Pemex en 2007 son comparables con los de Exxon-Shell y fueron mayores que los ingresos de las treinta empresas más grandes de México juntas, incluyendo a grandes compañías como Wal-Mart, Cemex, Bimbo, Televisa, Telmex, FEMSA, Vitro.
El gobierno obtiene el 40% de sus ingresos de los impuestos que le aplica a Pemex; pero además el país obtiene cerca de 150 mil empleos bien pagados que se traducen en el bienestar de muchos cientos de miles de personas; y el control del energético representa, para el sector público, un instrumento de desarrollo que se utiliza en muchos casos y regiones. Como recurso estratégico, es decir que juega un papel clave en la marcha económica, los mexicanos lo declararon inalienable.
El papel del petróleo en nuestra economía es bien conocido, pues ¿qué haría el gobierno sin ese 40% de sus ingresos? Ni siquiera gente tan reaccionaria como Augusto Pinochet dudó en conservar una empresa pública de esa naturaleza. Privatizó muchas actividades pero la industria del cobre no, porque con él se mantenía el gasto público. Por ello, aquellos que pretenden impulsar la privatización son tan pueriles, pues plantean diversas formas de privatización del petróleo, pero ni siquiera tienen la imaginación de decir para qué, en beneficio de quién, sustituyendo su papel con qué actividad, con qué inversión.
En cuanto al petróleo, México esta perdiendo terreno frente a la competencia internacional fundamentalmente por causas tecnológicas y operativas. Las reservas del petróleo están disminuyendo y hay reservas privadas para poco más de 9 años de producción. La producción ha caído, se extraen 300 mil barriles diarios menos que hace 3 años. 4 de cada 10 litros de gasolinas que consumimos vienen de otros países, porque PEMEX no cuenta con la capacidad necesaria para refinar el petróleo.
LAS PRIVATIZACIONES EN MEXICO
Y referente a las privatizaciones, centenares de empresas públicas se privatizaron a partir de 1982, entre las que se cuentan los bancos, teléfonos, ferrocarriles, aerolíneas, industria siderúrgica e industria azucarera. El Estado obtuvo 32 mil millones de dólares, pero los fracasos de los empresarios privados le ha costado al país una cantidad cercana a los 110 mil millones de dólares. Este tipo de privatizaciones no tiene ni caso discutirlo. Baste con decir que no deberíamos ni aceptarlas ni permitirlas.
Existen varias clases de privatización, una sería la venta de la empresa, otra privatización parcial ha venido ocurriendo al autorizar la generación privada de energía que luego distribuye la Comisión Federal de Electricidad. Pero hay todavía un tercer caso de privatización, que es más grave que la venta porque está disfrazada, y que en el pasado se denunció, la simple venta del petróleo.
LAS REFORMAS ENERGETICAS
LA REFORMA ENERGETICA DE FELIPE CALDERON (PAN).
El gobierno de Felipe Calderón, en su iniciativa de reforma energética, resalta la necesidad urgente de abrir la industria petrolera al capital privado y hacer alianzas estratégicas con otras compañías, para poder incursionar en aguas profundas en busca del "tesoro" bajo el mar e incrementar la capacidad de refinación, entre otras cosas.
La propuesta de reforma de las capacidades jurídicas de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para realizar contratos con terceros para auxiliarse en su actividad industrial. Veamos, pues, el núcleo de la propuesta de reforma a la luz del sistema de derechos. En el segundo párrafo del art. 4 de la propuesta se establece que: "Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Dicha contratación no podrá, en modo alguno transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista, quien tendrá la obligación de entregar a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios todos los productos y residuos aprovechables que resulten de los procesos realizados".
En él se hace énfasis del crítico estado actual de Pemex: la producción de crudo y las reservas están en plena caída y hay necesidad de incursionar en aguas profundas; la capacidad de refinación es insuficiente y hay que construir refinerías nuevas; no tiene tecnología, ni experiencia ni capital para invertir en exploración de aguas profundas, entonces hay que recurrir al capital privado. Nada que no hayamos oído antes, lo que llama la atención es que todos los problemas convergen en una sola solución, en sus dos facetas: inversión privada y alianzas estratégicas.
El argumento de inconstitucionalidad consiste, en síntesis, en señalar que mediante la modificación de Ley Reglamentaria del art. 27 constitucional en el ramo del Petróleo, se está haciendo una reconfiguración encubierta y, desde luego, inaceptable, del contenido del mandato constitucional sobre el control público de una actividad estratégica como la industria petrolera.
LA REFORMA ENERGETICA DEL PRI
En cambio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante 72 años, mantiene una posición ambigua. El PRI presentó este mes su proyecto energético, que considera la posibilidad de ir aumentado de manera gradual la presencia de empresas privadas en Pemex. La participación privada en la compañía estatal comenzaría con un 30% y alcanzaría el 60% progresivamente. El PRI plantea que el Estado mantenga la propiedad, dirección, control y usufructo de las paraestatales CFE, Pemex y Luz y Fuerza.
LA REFORMA ENERGETICA DEL FAP
La coalición Frente Amplio Progresista (FAP) presentó su propuesta de reforma energética, que rechaza la iniciativa privada en áreas estratégicas de la estatal Pemex, como alternativa al plan del Gobierno. El pueblo mexicano rechazó la privatización de Pemex, en la consulta popular que concluyó el domingo. La coalición centra su propuesta en la modernización de Petróleos Mexicanos (Pemex) sin privatizar el aprovechamiento de crudo, los activos o la renta petrolera.
La propuesta de la coalición de izquierda, avalada por un grupo de intelectuales y expertos, plantea dotar a Pemex de mayor autonomía financiera y de gestión, así como de un régimen fiscal que permita el buen desempeño de la empresa. Este plan, que busca anclar a Pemex en la "transparencia", fue presentado formalmente al Senado y respaldado con una marcha en el Distrito Federal. La propuesta ciudadana estipula cinco reformas a Pemex y la creación de una Ley Orgánica para la paraestatal. Elaborada por un grupo de profesionales, expertos, académicos e intelectuales, apoyados con trabajo de Cuauhtémoc Cárdenas, la propuesta cuenta también con el aval de Andrés Manuel López Obrador.
Consideran un Pemex con ductos y refinerías propiedad de la nación; sin contratos discrecionales, inciertos e interpretables; no de riesgo, ni de servicios múltiples; de desempeño o incentivados sin acotamiento alguno, que son mecanismos de transferencia de la renta petrolera. La reforma energética es uno de los puntos centrales de la vida política mexicana desde hace meses. El Ejecutivo Nacional propone cambiar el artículo 27 de la Constitución para permitir que empresas extranjeras operen ductos y participen en procesos y en áreas estratégicas que hasta ahora han sido manejadas por el Estado mexicano, como la refinación, distribución y almacenamiento del petróleo.
La izquierda no se opone a que el sector privado, tanto nacional como extranjero, siga ofreciendo algunos servicios a Pemex, siempre y cuando no se ponga en riesgo la riqueza nacional de la industria petrolera. Considera que la iniciativa privada participe, pero nunca en áreas estratégicas como refinamiento, almacenamiento, manejo de oleoductos o transporte. En algunos casos se podría aceptar a particulares en el área de perforación, pero no se permitirá su participación en la renta petrolera, pues Pemex no necesita hacerlos socios.
Por otra parte, en la consulta popular fase 3, los mexicanos consultados volvieron a rechazar mayoritariamente la entrada de capital privado en la "explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos". La enorme mayoría tampoco estuvo de acuerdo con la aprobación de la reforma energética que propuso al Congreso el presidente Felipe Calderón.
REPERCUSIONES
Una cosa es exportar un millón de barriles al día para tener ingresos que permitieran el financiamiento de la sustitución de importaciones, o simplemente las importaciones del mismo sector industrial, de tal manera que siguiera creciendo; y otra cosa es aumentar la plataforma de exportación, sin crecimiento ni inversión, para pagar intereses de la deuda, los déficits comerciales o saciar la voracidad de los imperialistas. Y es precisamente el caso que estamos viviendo.
Tenemos reservas probadas para mantener la extracción, al ritmo actual, durante los próximos 9 años. ¿Cuántos años tienen ustedes? Digamos que oscilan entre los 18 y los 24. Ahora piensen que cuando ustedes tengan entre 31 y 37 años no va a producirse ya más petróleo en México, porque los gobiernos que empezaron con De la Madrid, y siguieron con Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, prefirieron venderlo para pagar los gastos corrientes y las deudas, que conservarlo para ustedes. Ya no hablo de sus hijos, sino de ustedes. Son ustedes los que se van a quedar sin petróleo, porque lo están privatizando en sus propias narices.
Y quién es el beneficiario de este tipo de privatización. Pues el primero y más directo es Estados Unidos, que se dedica a guardar sus reservas de petróleo mientras se consume las nuestras. Aquí no necesitó mandar soldados, ni bombardear, sólo tuvo que becar a Salinas en Harvard, a Zedillo en otra Universidad, y apoyar al gerente de la Coca cola para que tomara las riendas de un gobierno y un país que no ha podido producir un líder ni un movimiento que defienda su interés como nación y como pueblo.
Y quién son los representantes de esa política antinacional de aumentar la exportación de petróleo. Pues nada menos que Felipe Calderón, quien comprometió nuestros recursos petroleros y multiplicar la exportación de crudo a EU a cambio de favores para su campaña presidencial de 2006.
Pero si no lo exportamos, nos podrán preguntar, ¿cómo nos financiamos y qué hacemos con él? Y es cierto, se requiere de un proyecto económico que deje que basar el gasto público en el ingreso del petróleo y que genere ingresos alternativos. Al mismo tiempo, se trata de iniciar la generación de tecnologías alternativas al petróleo, que hayan sido puestas en operación antes de que se nos agote el recurso.
Si al mismo tiempo que reorientamos los recursos financieros, hacia actividades productivas, renegociamos los pagos de deudas que la administración pública no tendría que seguir pagando -como las carreteras y los bancos-, entonces sí que estaríamos avanzando en la instrumentación de un proyecto económico alternativo.
Si tuviéramos una política económica alternativa, que no dependiera del petróleo, pero que tampoco pretendiera cobrarnos por comer pan o por tener necesidad de medicamentos, podríamos destinar el petróleo a que se extrajera a un ritmo menor mientras desarrollamos las tecnologías, la infraestructura y la red de alternativas que nos permitieran seguir funcionando. Esa debería ser la política sobre Pemex. Esa política debería empezar por una reducción drástica de la exportación y una inversión importante en las tecnologías y la investigación sobre lo que debe sustituirlo.
El sector privado piensa que el mercado lo es todo. Aquí convendría hacer una acotación, porque vivimos en un momento paradójico o trágico, pues hemos tenido al frente del Estado, en importantes áreas de la administración pública, a empresarios bien identificados, que pueden ser muy competentes en el sector privado, pero que son extraordinariamente ineptos en la gestión pública, pues no podemos trasladar los criterios de rentabilidad a la empresa pública, no porque deba operar con números rojos, ni porque no pueda asumir una estrategia competitiva, sino porque más allá de ambas cosas, está la noción sobre el papel del sector público y sus empresas en la promoción del desarrollo, en la rectoría del estado, y en la defensa del interés colectivo por encima de cualquier interés corporativo, individual o privado.
Las empresas gubernamentales difieren de las privadas en dos importantes sentidos: En primer lugar, porque las privadas maximizan ganancias, y las gubernamentales pueden perseguir otros objetivos tales como el empleo, los salarios, etc. Y en segundo lugar, en que las empresas públicas enfrentan distintos incentivos que se imponen por la ausencia de competencia y por la imposibilidad de quiebra. El uso limitado del pago de incentivos, y el mayor grado de la seguridad laboral pueden ser parte de la explicación de las diferencias del comportamiento individual.
Y esto tiene que ver con la energía porque para los privatizadores se trata de un bien que puede generar altas utilidades, que tiene una demanda en expansión y donde se puede incursionar en condiciones de poca competencia. Por eso el estado no puede adoptar las herramientas de análisis o los criterios de la economía global para administrar un conjunto de empresas que no son ni serán negocio. Sólo se vuelven negocio en manos de los privados, pero en ese momento se pierden como instrumento económico de progreso para el resto de los ciudadanos.
Este es un punto que tienen que defender a sangre y fuego los mexicanos. Es una de nuestras conquistas históricas. No porque las haya inventado Juárez o Cárdenas, sino todos, todos los que en un proceso social e histórico le conferimos al estado un carácter tutelar y una responsabilidad social. La herramienta de conocimiento y de planeación económica del estado es la economía política. Cualquiera que sean los rumbos que la reforma legal de estas cuestiones siga, no debemos dejar que el estado abandone su responsabilidad, pues nadie más podría sobrellevarla.
CONCLUSIONES
- La reforma energética surge como una iniciativa para cambiar el marco jurídico y permitir la participación de empresas privadas en la generación y distribución de la energía eléctrica, en la extracción y el procesamiento de petróleo y en la producción de otras formas de energía.
- Es incapaz de llevar a cabo una política económica que genere desarrollo y competitividad y crecimiento económico del país.
- Absorbe todas las utilidades de Pemex y no le deja margen de crecimiento
- No genera ningún resultado favorable para el país, como por ejemplo, una recaudación tributaria eficaz o la creación de un ambiente favorable para la inversión y la generación de empleo, etc.
- El actual gobierno como administrador es deshonesto, ineficiente y de visión miope, pues la única idea que se le ocurre para incrementar sus ingresos es despilfarrando los recursos petroleros o aumentando o creando nuevos impuestos.
- El Gobierno Federal parte de una premisa falsa y evade toda la responsabilidad que le corresponde como principal promotor de la crisis económica del país:
- Las privatizaciones en México han generado más pérdidas que beneficios
- En lugar de privatizar las actividades petroleras se deben hacer reformas estructurales en Pemex (como combatir la corrupción, darle autonomía de gestión y modificar su régimen fiscal, para impulsar su crecimiento y modernización).
Autor:
MC Federico Plancarte Sánchez
Investigador, Conferencista y Consultor de Negocios y Tecnologías de Información
2008
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