Una agenda para los medios

2. Después de la Ley Televisa
4. Legislación estancada
5. TV digital: más para unos cuantos
6. Las redes de Televisa
7. Conectados y desconectados
8. Concentración y espacio público

Convergencia, concentración, disparidades y desconexiones (Mexico)

Ensayo publicado en la revista Configuraciones. No. 18, 2006.

   A los medios de comunicación ya no se les identifica como recurso, ni como industria, sino como problema nacional. Ese es el saldo de la ausencia de contrapesos ante la centralidad política y social que las empresas mediáticas más influyentes han adquirido en la vida pública mexicana. En parte debido a las pobrezas  y limitaciones de otros espacios –partidos, Congreso, universidades, etcétera— pero fundamentalmente a causa de la voracidad no sólo financiera sino ahora también cultural que han manifestado, los consorcios comunicacionales hace tiempo dejaron de ser medios para convertirse en los protagonistas más exigentes de la sociedad y la política en este país. A la formidable capacidad de propagación de mensajes que han alcanzado, se añade el silencio o el sometimiento de otros actores sociales y políticos. Los medios, como tanto se ha dicho desde hace años, se han erigido en jueces de la vida pública nacional pero no toleran cuestionamientos –salvo cuando son tan marginales que pasan desapercibidos por la mayoría de los ciudadanos–.

   Ningún personaje, institución ni fuerza política significativos está al margen del tribunal mediático. En todas las democracias los medios cumplen con un saludable papel de escrutinio, cotejo e incluso denuncia de los asuntos y personajes públicos. Pero cuando alcanzan un poder superior al de otros actores sociales –aunque sea debido a las omisiones y sumisiones de quienes podrían contrastar posiciones y ambiciones de las empresas de comunicación— y cuando rechazan ser sujetos de un escrutinio similar, los medios son, antes que nada, un problema para la democracia y la convivencia sociales.

Después de la Ley Televisa

   La Ley Televisa, discutida y aprobada durante los primeros meses de 2006, ratificó la prepotencia del consorcio comunicacional más importante y la subordinación de los poderes institucionales a ese poder mediático. La sola decisión de promover una reforma que no tenía más propósito que el beneficio de una empresa privada, permite apreciar la concepción que Televisa tiene acerca del proceso jurídico y de la legalidad en el país. Cuando decidió que la legislación que imperó durante casi cinco décadas no le ofrecía condiciones de expansión suficientes para sus negocios, ese consorcio encargó la elaboración de un proyecto de acuerdo a sus intereses.

   El hecho de que una empresa busque modificar la legalidad para ajustarla a sus proyectos de negocios no resulta inusitado. Lo verdaderamente escandaloso fue la docilidad de los legisladores –los diputados por unanimidad y después los senadores en una proporción de 2 a 1— para respaldar, sin modificar un ápice, la iniciativa que enviaron los personeros de Televisa.

   El debate que se desarrolló entre la aprobación en una y otra cámaras así como el diferendo legal que se mantuvo por varios meses –cuando varias docenas de senadores exigieron a la Suprema Corte la revocación de aquellas reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones– indicó, sin embargo, que el consenso social y político de Televisa se encuentra cada vez más maltratado. Junto al incremento en el desprestigio de esa empresa pudo advertirse una deliberación más puntual acerca de aspectos específicos de la operación y la presencia pública de los medios [1].