Cabe destacar que la norma abarca fundamentalmente dos aspectos[3]garantizar el derecho que se tiene a la vida, a la paz y a la vivencia de una vida digna; y el que comprende, en el caso de México, el desarrollo del proyecto de nación, encauzada a elevar el nivel de vida de los gobernados. Este hecho se torna tangible en la forma en que se habrán de administrar los impuestos -cantidad onerosa que han de pagar al gobierno los ciudadanos para tener al Estado funcionando- conforme a una Propuesta Nacional de Desarrollo y la cual se norma en la Ley de Ingresos y Egresos, en el mismo proyecto de país que presenta y presentó en campaña el candidato ganador a la gente, y en los diversos ordenamientos encaminados a este fin.
Asimismo, es importante señalar que las necesidades sociales que el Estado a través del Gobierno ha de llenar, y que de hecho, exclusivamente para este fin la sociedad se acopla en esta superestructura, son básicamente dos: garantizar la seguridad de la gente y proporcionar los bienes básicos de su subsistencia (en donde se incluyen el derecho a la salud, al trabajo, a tener un lugar en donde vivir. lo que se conoce como Seguridad Social).
Para garantizar la seguridad de los miembros de una comunidad que cuenta con este grado de especialización, llamado país, se organiza un cuerpo de personas quienes reciben un entrenamiento y un arma para cumplir con esta labor; el cuerpo que imparte y recibe un grado de instrucción en la defensa del territorio ante cualquier ataque exterior se denomina Ejército, mientras que los encargados de garantizar el orden interior para evitar el desorden, se les llama policía.
De manera escueta, el gobierno se crea para vigilar el cumplimiento de la Ley y para velar que sus gobernados se desarrollen armónicamente y eleven su nivel de vida.
La victoria panista y los anteriores esquemas de gobierno priístas
Fundamentalmente, el resultado de la pasada elección presidencial se atribuye a la causa siguiente: la gente no estaba de acuerdo con el modelo de desarrollo con el que se venía trabajando desde hace poco más de veinte años -el cual lo identificaban con un partido político en especial (PRI)- ya que durante su aplicación se presentaron por lo menos dos quebrantos económicos (1988 y 1994), errores que costaron la pérdida de miles de empleos y la caída del poder adquisitivo de la moneda[4]
En ese sentido, al gobierno al que se señala como principal responsable de no haber previsto y corregido a tiempo el problema mencionado, es a la gestión encabezada por el ahora ex presidente Carlos Salinas de Gortari; ello, en función de haber sido una administración relativamente reciente (1988-1994), en la que se colocaron muchas expectativas, así como por ser el mandato en el que a su término se registró la que para algunos fue la mayor crisis económica que se haya registrado en la historia moderna del país.
Proyecto Solidaridad[5]
¿Qué sucedió durante ese periodo de gobierno?
Al recibir el poder el 1 de septiembre de 1988, Salinas tomó el mando de una nación que presentaba una severa crisis económica provocada por la falta de liquidez que no permitía al gobierno afrontar los gastos que debía erogar por concepto de pago de deuda externa, bonos bursátiles -llamados Cete´s- así como las compensaciones económicas que había que darse a los distintos servidores públicos por los servicios que prestan al Estado.
Por ello, el gobierno priísta de 1988 decidió, bajo el lema de Solidaridad, realizar profundos cambios estructurales que le permitieran afrontar los citados compromisos económicos, estabilizar al Estado en materia financiera, cumplir las promesas de campaña -entre las que sobresalían la creación de fuentes de trabajo, la erradicación de la pobreza y la construcción de obra pública- y gobernar de una manera eficiente.
Es decir, se reformaría al Estado en sus tres estructuras básicas -Económica, Política y Social- de una manera radical para asegurar la paz social (seguridad de la gente) y alcanzar la elevación del nivel de vida de los mexicanos.
En el ámbito económico, se impulsaría el libre comercio con las naciones del mundo con el objeto de crear más fuentes de empleo a partir del apoyo, promoción y expansión de la actividad comercial. De esta premisa surge y se concreta la idea del libre comercio entre Canadá y los Estados Unidos de América, firmándose el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre estas dos naciones y nuestro país.
Además, para apoyar a la población en general y a la de bajos recursos en particular, se crea el programa de Pacto de Solidaridad Económica (PECE), el cual tiene por objeto estabilizar y mantener bajos los precios de artículos de consumo y primera necesidad, para que éstos puedan ser fácilmente adquiridos y que con ello se reactive el comercio interior, al incentivarse la demanda de los artículos citados.
Por su parte, en el área política se decidió economizar: reducir la nómina gubernamental, proponer una nueva relación con los partidos políticos de oposición con el objeto de legitimar el gobierno, ya que la elección para presidente de la República fue muy cuestionada por la forma en que se llevó a cabo, y eficientar la administración por medio de la venta de empresas paraestatales (Teléfonos de México, privatización bancaria) que no se relacionaban directamente con los objetivos gubernamentales, y que con ello se obtuvieran más recursos para invertir en el ámbito social a través del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol).
Esta demanda de verificar que las futuras elecciones fueran más transparentes y dejaran satisfechos a los contendientes, fue la que provocó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), organismo que se encargaría en el futuro de organizar las contiendas conforme a reglas más claras y en donde en su conformación participaran todos los actores políticos.
En tanto, en el aspecto social se creó el Programa Nacional de Solidaridad, el cual tenía por objetivo construir y mejorar la obra pública en beneficio de la comunidad (escuelas, carreteras, hospitales), atender a la población de bajos recursos a través del otorgamiento de becas alimenticias y de capacitación escolar, y la promoción y creación de fuentes de trabajo de carácter temporal y permanente que diera ocupación a los desempleados de las localidades donde se estuviera construyendo la obra pública, incorporándolos al trabajo que se generara por este concepto.
La evolución de este proyecto de nación
A primera inspección, y de hecho, en su estructura, este proyecto que se presentó era el correcto para conducir el país en el tiempo en el que fue presentado; hay que recordar que se venía de una crisis financiera propiciada por la falta de recursos, así como de la reparación de una social, provocada por el terremoto de 1985, dejando como saldo veinte mil personas muertas y parte de la capital de la República, la ciudad de México, en ruinas[6]
Sin embargo, varias fallas fueron los que imposibilitaron que este planteamiento pudiera llegar a plenitud, y que se pudiera elevar satisfactoriamente el nivel de vida de la población, ya que los logros obtenidos -construcción de carreteras, hospitales, escuelas- se vieron opacados con el llamado error de diciembre de 1994[7]
De manera escueta, este error consistió en la venta de las paraestatales a empresarios ya consolidados, ya que de esta forma no se le dio la oportunidad de que participaran nuevas personas en el negocio y ello propició la no adecuada distribución de la riqueza; la planeación del ámbito financiero y comercial, ya que las estrategias adoptadas necesitaban de una base más sólida y consolidada, como la inversión generada en el sexenio, ya que ésta se captó en el mercado de valores y no en la construcción de la infraestructura, lo que propició que una vez presentado el problema el dinero se fuera.
Todo ello desencadenó en una sobrevaluación del peso (la moneda vale más de lo que realmente cuesta) que propició una devaluación al no poderse sostener su costo, y de nueva cuenta se presenta la falta de liquidez del gobierno para afrontar los gastos de manutención del Estado.
Ernesto Zedillo y el bienestar para tu familia
Ante el retroceso presentado en el proyecto de nación, en 1994 siendo elegido en las urnas como presidente de la República, el Doctor en Economía, Ernesto Zedillo Ponce de León, decide emprender un programa que, bajo el lema de bienestar para tu familia, estuviera encaminado a estabilizar la situación del país y por ende, mejorar la situación en general de los ciudadanos[8]
El objetivo era estabilizar el país de la siguiente manera:
En el ámbito económico, normalizar las variables llamadas macroeconómicas –empleo, pago de la deuda externa, importaciones y exportaciones– con el objeto de recuperar el poder adquisitivo de la moneda y que la gente pudiera comprar los satisfactores básicos, reactivar el comercio mediante la estabilización de la moneda, y generar empleos mediante la promoción de que México es un país donde los empresarios extranjeros pueden instalar sus empresas.
En el área política, y ante el descontento social generado por los descalabros presentados al final de la administración anterior y a principios de la gestión Zedillista, que también es de extracción priísta, se decidió cambiar las reglas de elección, creando y adicionando reglas más transparentes al nuevo Código Electoral, llamado Copife, y reformando la ley para que el Instituto Federal Electoral fuera una Institución Autónoma, en manos de los ciudadanos, pues antes de este cambio, la Secretaría de Gobernación tenía nexos con el IFE, relación manifestada en que el presidente de su Consejo General era el encargado de la citada dependencia gubernamental.
Los cambios en las reglas de elección fueron la constante actualización y vigilancia al registro de electores, la adición de más candados de seguridad a la credencial de elector, y la difusión de una cultura cívica entre la población que creara una conciencia de que se debe votar.
Asimismo, se llevó a cabo la reforma política del Distrito Federal, en donde desaparecía la entidad de gobierno llamada Departamento del Distrito Federal (DDF), dependencia encargada de administrar la capital del país y que estaba en manos de un servidor público dependiente del presidente, y en su lugar sería elegido democráticamente un Jefe de gobierno quien asumiría a partir de 1997 esta responsabilidad.
En el aspecto social, se intensificaron los programas de atención a la pobreza y se sustituyó al Pronasol por el Programa de Apoyo a la Educación, Salud y Alimentación (Progresa). El objetivo máximo era recuperar el poder adquisitivo y estabilizar el nivel de vida de la población.
Se emprendió un programa de ayuda a las comunidades indígenas del país, y se le dio un seguimiento especial a ello por la tensión existente a raíz de la aparición de un grupo armado en 1994 denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, el cual busca la reivindicación de los derechos de las etnias mexicanas.
La transición del año 2000
Sin duda el gran logro de la gestión del ahora ex presidente Zedillo fue lograr que no hubiera una crisis económica al final de su mandato, tal y como se había presentado al final de varios gobiernos desde hace veinte años aproximadamente[9]sin embargo, a pesar de esto, la gente votó por un partido distinto al que había gobernado al país durante más de siete décadas de manera continua.
Ello se debe a que la percepción general de la ciudadanía, tal y como se registró en los diarios el día posterior a la elección presidencial del dos de julio, era que solamente se estaban corrigiendo los errores que los anteriores gobiernos habían dejado tras de sí, y que la corrección de estas fallas no eran las soluciones esperadas, pues en el caso del problema del desempleo, la generación de nuevas fuentes de trabajo no compensaba a la ocupación económica perdida.
Sin embargo, la gente por medio de su voto contrata simbólicamente a la persona o grupo de personas que habrán de llevarlas a un desarrollo armónico: seguridad y alto nivel de vida -como lo marca la teoría política- y al no ver un desempeño óptimo de éstos al frente del gobierno, se produce un cisma entre la clase gobernante y el resto de la sociedad, pues ésta desea ver cumplidas los ofrecimientos que se le hicieron en campaña y no ver errores que le han de costar un gran sacrificio sobrellevar[10]
El Gobierno del cambio
Ante tal escenario, durante las campañas hechas rumbo a las elecciones presidenciales del año 2000, el PAN y su candidato Vicente Fox ofrecen, de manera general, ayudar a la gente y en especial a los pobres a elevar su nivel de vida a través de la implementación de un programa de acción integral que guíe las acciones del gobierno encaminadas a trabajar para lograr este fin; en lo económico, crecer a niveles del 7 por ciento anual; y en lo social, evitar usar los aparatos de seguridad para espiar a los oponentes políticos, y desarrollar un programa integral de seguridad pública que le dé a la gente este beneficio social, pues el clima vivido no es el más óptimo para la convivencia social.
Resultados
Al ganar Fox el la citada contienda, y al tomar posesión de su cargo el primer día del mes de septiembre del año dos mil, la mayor parte de la población -la que votó por él- depositó su confianza en que vería cambios importantes en el país, los cuales impactarían de manera significativa en su forma de vivir.
A casi dos años de gestión, el avance en esta materia no se ha visto de forma tangible -como lo señala la encuesta de opinión- y por ello empieza a aflorar la inconformidad entre la población.
El cambio en el rumbo político del país, en acuerdo a la percepción general, no ha modificado el económico y social.
Por el contrario, las notas que actualmente se comentan son relativas a las modificaciones fiscales hechas durante los últimos minutos del 31 de diciembre del año pasado a la Ley de Ingresos del gobierno, así como la liquidación del Banco dedicado a apoyar el desarrollo del campo mexicano Banrural, dada a conocer a mediados de junio, además de la constante guerra de declaraciones existente entre varios funcionarios pertenecientes a distintos órdenes, poderes y niveles de gobierno[11]
Es importante destacar que para el grueso de la población le importan los resultados, y no hacen un claro distingo entre el poder Ejecutivo al que pertenece el presidente, y el Legislativo, el cual se encargó de realizar los cambios en la manera de cobrar y administrar impuestos y de eliminar el Banrural; por el contrario, le dieron la responsabilidad de la conducción del país al presidente, y es a éste al que le reclaman en un momento dado de las acciones que dentro del territorio ocurren.
En el caso del cambio en el ingreso gubernamental, se adicionaron impuestos suntuarios, los cuales consisten en gravar el azúcar, los libros, y algunos artículos de uso personal (vestido, calzado); rápidamente se manifestó la inconformidad social, pues se razona que si el compromiso presidencial es el de elevar el nivel de vida, no se comprende el por qué se incrementa el pago obligatorio al Estado, aun cuando éste es necesario para incrementar su funcionamiento y cobertura de servicios.
Por su parte, en el caso de Banrural, se nota más el costo que va a gastarse en su liquidación -más de 30 mil millones de pesos- que el beneficio que trae consigo el ajuste, el cual se afirma que es necesario en virtud de que esta Institución Financiera, fundada en 1926 por el iniciador del PAN Manuel Gómez Morín, no estaba ya trabajando adecuadamente y en cambio, representaba para la sociedad un gasto considerable el mantenerlo.
Esta reforma en especial, fue anunciada por los senadores del Partido Acción Nacional.
Aunado a ello, se suman las deudas que dejó la pasada administración por concepto del llamado rescate bancario, el cual consistió en pagar vía impuestos la falta de solvencia de las Instituciones Financieras provocada por la falta de pago de los deudores por el crédito que éstos adquirieron con anterioridad, y la guerra de declaraciones de funcionarios de alto nivel -Secretarios de Estado y Legisladores- culpándose mutuamente por la situación actual del país.
Por lo anterior se piensa que los impuestos no están siendo bien aplicados.
Se deduce que se necesita de un contrapeso adicional al voto electoral que obligue a la autoridad a actuar de una forma más eficiente y que cumpla las promesas que lanza durante las campañas.
Es cierto que los cambios prometidos no se verán tan rápidamente como se había declarado, pues el revertir, corregir y encauzar muchos asuntos de interés nacional como la generación de empleos dependen de la coordinación de la política económica con el sector empresarial y la dinámica mundial; sin embargo, si se debe establecer un contrapeso al poder que impida que los políticos que desempeñan un cargo de importancia en el gobierno, lo hagan lo mejor posible evitando distraerse de su labor con una guerra de declaraciones, ya que se cree que estas luchas internas desvían los esfuerzos por construir el país que se pretende.
La Ley de Acceso a la Información
A mediados del año 2002 se aprobó antes de que terminara el periodo de sesiones del Congreso Federal, una Ley que permitirá a la gente conocer específicamente en qué se gastan los impuestos que pagan al gobierno, con el fin de eficientar la administración del dinero y eliminar paulatinamente la corrupción.
Se prevé que se alcanzará la aplicación total de este nuevo ordenamiento en aproximadamente diez años.
Junto con el informe anual que rinde el primer mandatario de la nación el primero de septiembre de cada año, en el que explica a los ciudadanos y a sus representantes, los diputados y senadores, sobre el estado que guarda el país, se espera cumplir con la meta de informar en qué etapa del camino se encuentra la sociedad mexicana rumbo al destino fijado de alcanzar el nivel de desarrollo exigido por los ciudadanos, dar el visto bueno y seguir avanzando en esa dirección.
Sin embargo, existe la duda de que se informe del estado que guardan las cosas en México, y no de los avances que se deben hacer para cambiarlas, por lo que la información dada por estos medios no garantiza el cabal cumplimiento de las metas fijadas y de los compromisos asumidos en campaña: igual se puede informar que persisten errores y que lo hecho no ha funcionado adecuadamente, lo que equivale que lo hecho es nada, como en el sexenio encabezado por López Portillo (1976-1982), en donde la nacionalización bancaria no benefició a las finanzas del país, y en cambio, se perdió una cifra considerable de fuentes de empleo en esta materia, además de que se devaluó la moneda -es decir, un retroceso en la vida económica mexicana-, aspectos que se informaron en la sesión de apertura de actividades del Congreso respectiva sin que se corrigiera de manera expedita, dejándose también incumplidas las promesas de campaña relativas a la mejora social.
Una Ley que obligue a la rendición de cuentas
Por ello se propone la creación de un ordenamiento que obligue a los encargados en el gobierno en turno de cumplir las promesas hechas en campaña y planteamientos formulados en su proyecto de nación -en el Plan Nacional de Desarrollo- poniéndolos como objetivos a alcanzar, manifestando los mecanismos que habrán de usarse para llegar a ese propósito, el tiempo y los recursos que contemplan utilizar para llegar al lugar establecido, de una manera ordenada, so pena de cumplir una sanción en caso de incumplimiento.
<<Actualmente se plasma en ordenamientos como la ley de Ingresos y Egresos del gobierno manera cómo gasta el dinero recaudado impuestos, pero no tiene certeza que dicho gasto sea efectivo para solucionar problema cual aplica.>>
Lo anterior se piensa necesario en virtud de que los gobiernos anteriores que formulaban sus planes de desarrollo con base a lemas representativos, dejaban la tarea impuesta incumplida sin que rindieran de manera efectiva cuentas a la nación: informaban qué es lo que pasaba, los logros que en la materia rescataban, pero al final algo pasaba y se volvía más agudo el problema: si no cumplían con lo ofrecido tanto en campaña como en el Plan Nacional de Desarrollo, no existía mayor problema para ellos ya que dejaban el poder en el tiempo previsto para ello y dejaban esta carga de trabajo al sucesor.
De esta manera, se garantiza que las personas contratadas por medio del voto emitido por la gente en las urnas, desempeñen una adecuada gestión al frente del aparato de gobierno, independientemente si es un poder del Estado en particular, y señalando que el peso en la ejecución de los proyectos recae en el poder Ejecutivo, encarnado en el presidente de la República y los respectivos encargados de despacho, quienes son escogidos por el mismo presidente para auxiliarlo en el desempeño de su tarea.
Así se evita el desencanto de la gente provocado por el incumplimiento de sus expectativas, como se manifiesta en la encuesta citada al principio de este ejercicio de escritura, y se le manda el mensaje de que en efecto se encuentran los servidores públicos trabajando en pro del proyecto de nación ofrecido.
Cuentas claras, amistades largas, señala el refrán.
Bibliografía
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Lozano Rendón, Carlos. Teoría y Práctica de la Comunicación de Masas. Alambra. México, 1997.
Maquiavelo, Nicolás. El príncipe. Editores Mexicanos Unidos. México, 1990.
Marx, Karl. El Capital. Editores Mexicanos Unidos. México, 2002.
Maynes. Introducción al Estudio del Derecho. México, 2000.
Moragas. Sociología de la Comunicación de Masas: Tomo 1, Escuelas y pensadores. Gustavo Gili. Barcelona, 1980.
Rosseau. El Contrato Social. Editores mexicanos Unidos. México, 2000.
Sun Tzu. El Arte de la Guerra. FCE. 1990.
Weber, Max. Economía y Sociedad. FCE. México, 1980.
Autor:
Ernesto Vera
[1] Para corroborar y ver el resto de los resultados de este ejercicio de opinión realizado por el gobierno federal, véase Revista Milenio, México D.F. 1 de junio de 2002.
[2] Más información en Introducción a la Ciencia Política, editado por el Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1957, y Roderic Ai Camp, Reclutamiento Político en México 1884-1991, de Siglo XXI editores. México D.F. 1996.
[3] Los objetivos, estructura y razón de ser de la Ley, y en específico, del Derecho Mexicano, se pueden consultar en García Maynez, Introducción al Estudio del Derecho, Porrúa. México D.F. 2000.
[4] Datos recabados por Reforma, 3 de julio de 2000 y Reforma, 2 de septiembre de 2000.
[5] Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994: Informe Ejecutivo 1989. Editado por el Poder Ejecutivo Federal-Secretaría de Hacienda. México D.F. 1990.
[6] Nueva Enciclopedia Temática Planeta, editorial Planeta. México D.F. 1994. pág. 311.
[7] Yo ya no tenía el honor de ser presidente, Carlos Salinas, Reforma, 27 de noviembre de1998. pág. 2.
[8] Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000: Informe Ejecutivo 1995. Poder Ejecutivo Federal-Secretaría de Hacienda. México D.F. 1996.
[9] VI Informe de gobierno, Reforma, 2 de septiembre 2000. pág. 1.
[10] Roderic Ai Camp, Reclutamiento Político en México 1884-1991, de Siglo XXI editores. México D.F. 1996.
[11] Banrural, El Universal, 15 de junio 2002. pág. 1; Reforma Fiscal, Reforma, 1 de enero de 2002. pág. 1.
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