Fomentar las actividades agropecuarias que tiendan fundamentalmente a poblar el campo proporcionando seguridad, estabilidad, estímulo, educación, un nivel de vida digno y una vivienda decorosa para los trabajadores rurales. Se adoptarán medidas que faciliten el acceso a la propiedad de los productores rurales, por ejemplo, recurriendo a la colonización oficial de las tierras fiscales. Defender a los productores protegiendo su libertad de producir y comerciar, propiciándose la cooperación libre cuando y donde fuera una forma eficiente de fomentar el desarrollo, al tiempo que se impulsarán muy activamente las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Impulsar la industrialización del país creando polos de desarrollo en todo su territorio. La industria debe capacitarse para exportar. El esfuerzo industrial debe orientarse hacia aquellos sectores de alta productividad que tengan ventajas económicas, comparativas, asegurando la calidad de sus productos. Reordenar el sistema financiero y, adecuar la política monetaria y crediticia en función de la reactivación económica. Asegurar un régimen bancario y crediticio que esté genuinamente al servicio de la comunidad y en especial de las empresas argentinas. Las tasas reales de interés deben reducirse a un nivel razonable compatible con la productividad empresaria y la defensa del ahorro público. Proteger a los científicos, profesionales, técnicos y mano de obra argentina, evitando su éxodo y propiciando su retorno al país de los que se ausentaron, mediante una política de desarrollo que reincorpore al esfuerzo nacional. Defender a los consumidores contra el alza de los precios, reduciéndose los impuestos a los artículos de primera necesidad. Alentar las inversiones productivas nacionales y extranjeras y se tratará de minimizar la especulación financiera. El desarrollo no es espontáneo, por cuanto sin inversión no es posible el crecimiento económico. Estimular la productividad y la eficiencia, estableciendo claras ventajas derivadas. Controlar la inflación para que la moneda recupere y conserve su valor dentro de un sistema económico que concilie la intensificación de la producción, el equilibrio de los presupuestos estatales, la contención del gasto público, la reducción de la burocracia y de la suntuosidad administrativa, afirmando el principio esencial de austeridad republicana. Revisar el sistema impositivo para evitar la superposición de gravámenes nacionales, provinciales y municipales, reduciéndose los impuestos a términos razonables, al tiempo que planteará un cambio radical en la forma de recaudar impuestos, que consistirá en una simplificación, abaratamiento de los sistemas, máximo control sobre los contribuyentes a la vez que se les hará mucho mas fácil cumplir con sus obligaciones tributarias. En concreto se propone reformular todo el sistema actual de recaudación de impuestos, cuya recaudación estará a cargo del municipio que es quien mejor puede controlar a sus habitantes. En lugar de coparticipar el Gobierno Federal a las provincias, los municipios serán quienes coparticipen con determinado porcentaje de su recaudación a la provincia a la cual pertenecen y a la Nación. También se anulará todo gravamen sobre las exportaciones para fomentar el ingreso de divisas al país. Mantener un tipo de cambio real adecuado, evitando sobrevaluaciones y devaluaciones y se mejorará el perfil de la deuda externa, reconstituyendo un adecuado nivel de reservas internas.
En el mundo actual, la competencia económica tiene un carácter sistémico, dado que no se da únicamente entre empresas, sino también entre países, o sea entre sistemas integrales de organización y decisión. De allí la obligación indelegable del Estado de promover un constante mejoramiento de su infraestructura para propiciar a una adecuada reducción de costos que contribuya a la mayor rentabilidad de los emprendimientos productivos y a la atracción de nuevas inversiones en esa materia. Es necesario desarrollar aquellas obras de infraestructura en materia de transportes y comunicaciones destinadas a rediseñar su geografía económica, para posibilitar la extensión de las actividades productivas porque constituyen los ejes fundamentales de un país moderno integrado hacia adentro y proyectado hacia afuera. Debiéndose destacarse, en este sentido, el desarrollo de los corredores bioceánicos, la pavimentación de los pasos cordilleranos que posibiliten la salida de nuestras exportaciones por los puertos chilenos sobre el océano Pacífico, las obras hidráulicas tendientes a la extensión del riego y la construcción de un ferrocarril transpatagónico.
La política social deberá atender las progresivas necesidades sociales básicas y posibilitar el acceso de todos, a todos los bienes, a todos los servicios y a todas las instituciones, en igualdad de oportunidades, según sus capacidades. La legislación social será perfeccionada para dar cumplimiento cabal a los derechos sociales que integran la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sancionada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: derecho a trabajar; remuneración justa; auxilio social de la familia; protección de la salud; vivienda digna; protección de la invalidez, de la ancianidad, maternidad, enfermedad y muerte; y sindicalización libre. El poder público vigilará especialmente que los gremios existan exclusivamente por y para su función específica, esto es, la defensa y promoción de los derechos del trabajador, evitando cualquier tipo de coacción sobre el mismo o sobre el empresario.
Asegurar salarios justos e integrales que reconozcan la dignidad humana del trabajador, que sean suficientes para una vida digna del mismo y de su familia y no de su mera subsistencia, tomando en cuenta las posibilidades económicas de quienes lo abonan y el bien común. Promover el nivel intelectual de los trabajadores para asegurar su calidad cívica por medio de universidades públicas, conferencias, escuelas y seminarios donde puedan adquirir ideas sobre la cosmovisión del hombre y el mundo, el respeto a la dignidad humana, los deberes y derechos que tienen como miembros de la comunidad, los principios republicanos y democráticos. Favorecer el acceso de los trabajadores a viviendas dignas, cuya calidad, seguridad y valor económico sea detalladamente controlado y a la propiedad inmobiliaria personal, mediante una política de desgravación fiscal, créditos a largos plazos de interés reducido y estímulo de las sociedades cooperativas de edificación. Atender todos los problemas que afecten a los sectores sociales medios, los que se consideran factores esenciales básicos de la estabilidad social y de la prosperidad de la Nación. La presencia de los mismos en la organización social argentina es de fundamental importancia porque sus características y su forma de actuar procurarán producir las transformaciones necesarias propias de toda sociedad que progresa por su evolución natural evitando los cambios violentos. Proteger a la familia en lo económico, social, educativo y cultural, procurando su creciente bienestar material y espiritual, y promoviendo los valores familiares tradicionales, no obstante el reconocimiento y aceptación de la natural evolución social.
Estimular la movilidad social, fundada en el esfuerzo y en la honestidad, para procurar el mejoramiento de la calidad de vida. Pagar a los jubilados puntualmente remuneraciones dignas y se le brindarán seguridades sociales acordes con el esfuerzo que cumplieron en su vida. Cada persona que se desempeña en la actividad privada, podrá elegir de que manera preparar su retiro. Promover un Programa de Asistencia Alimentaria de ejecución descentralizada, sin clientelismo político, para dar respuesta a las necesidades más acuciantes de un importante sector de la población que se encuentra debajo de la línea de pobreza.
Ante los fuertes índices de desempleo surge necesario adoptar políticas activas que logren reducir tales niveles. En tal sentido, se propiciara la agricultura a gran escala de los denominados cultivos industriales, la industria de la construcción, el desarrollo de plantas de biodiesel para su uso como combustible y la instalación pequeñas plantas ensambladoras para fabricar en serie determinados productos en el lugar o región que el país necesite.
En un mundo que ingresa aceleradamente en la sociedad del conocimiento, la distribución del mismo está íntimamente asociada a la distribución del ingreso y a la distribución del poder, la educación constituye el principal instrumento para lograr la adecuada formación de la sociedad. La educación debe humanizar al hombre y formarlo integralmente. Sólo la educación da acceso a la verdad, al conocimiento y a la libertad auténtica. La enseñanza deberá ser formativa del ser humano, además de instrumental. A través de la educación se inculcará el respeto a las personas, a la familia, a los derechos individuales, a los valores y principios esenciales consagrados por la Constitución Nacional. La enseñanza deberá afirmar nuestra identidad nacional, a través de su historia, enseñada con veracidad y espíritu constructivo. La enseñanza deberá ser gratuita y obligatoria, no obstante se fiscalizará la enseñanza impartida en las escuelas privadas, para asegurar que la misma consolide el vínculo de continuidad histórica de la Nación. Asignar a todas las universidades del país un régimen de completa autonomía. La Universidad será abierta e integrada al país, no debe limitarse a formar especialistas profesionales desprovistos de toda información humanista sino que debe dar prioridad a la mejor formación de la persona humana. Las universidades privadas, deberán formar profesionales de acuerdo a los principios educativos generales, si bien los requisitos de admisión y permanencia serán discrecionales.
Todas las personas con actitud y vocación gozarán de igualdad de oportunidades para el acceso a los diferentes niveles educacionales, combatiéndose el analfabetismo y la deserción escolar.
Las tecnologías de la información, actualmente son elementos fundamentales para la superación y desarrollo de un país, por eso, los países desarrollados basan su crecimiento en la aplicación de las herramientas informáticas. En estos términos, la base estructural para el incremento incesante de la productividad reside en la constante incorporación de los adelantos tecnológicos, en particular la absorción de las innovaciones que se registran en el campo de las tecnologías de la información, en tal sentido, aprovechando el nivel educativo relativamente elevado existente en el país, se estaría en condiciones adecuadas para promover activamente industrias tecnológicas, a través de la creación de polos de desarrollo informático, vinculados con la producción de software en español.
Como dato ilustrativo merece destacarse entre los países mejor preparados informaticamente, la Argentina esta ubicada dentro del promedio de las naciones evaluadas, como el país de América Latina mejor posicionado para aprovechar las oportunidades de la Revolución de la Información.
Realizar una política exterior coherente ajena a los cambios políticos internos, que afirme nuestra identidad como Nación soberana en el ámbito internacional, fundada en la igualdad jurídica de los Estados. Mantener la tradición argentina de paz y confraternidad con todos los pueblos, el principio de subordinación a las normas jurídicas y en especial a la solución pacífica de controversias, al procedimiento de arbitraje y cooperación internacional como medio de resolver diferencias entre naciones. Mantener las relaciones con todos los países del mundo dentro de un plano de respeto recíproco, poniendo especial énfasis en los vínculos regionales y continentales. Integrar y encuadrar la política argentina de paz, de respeto del derecho y del más celoso resguardo de su soberanía dentro de la activa cooperación con las Naciones Unidas, con la Organización de Estados Americanos y con todas las instituciones internacionales que tengan como finalidad coordinar esfuerzos para mantener la paz, defensa y tutela internacional de los derechos humanos, el progreso de la ciencia, artes y letras, la protección del trabajo y el afianzamiento de normas jurídicas propias del régimen democrático. Cumplir lealmente las obligaciones y compromisos contraídos por la Nación y los que hacen a la seguridad y defensa del continente americano y al estrechamiento de vínculos e integración con los países latinoamericanos. Auspiciar un régimen económico regional de coordinación aduanera como medio de promover los intereses comunes, afianzar la paz y el bienestar material de los pueblos del continente. Defender la integridad del territorio nacional afirmando el concepto de Nación soberana, para ser ejercido con fines de interés común y en paridad de condiciones y derechos con los demás países. Reafirmar en todas las instancias y foros los derechos inalienables y soberanos sobre las Islas Malvinas, encarando las negociaciones al respecto con una acción decidida y permanente. Se preservarán debidamente los derechos sobre la Antártida y se atenderá, especialmente el tema de la problemática antártica, planificando activamente su evolución.
Defensa, seguridad e inteligencia
La reinvención del Estado requiere reformular el sistema de defensa, seguridad e Inteligencia, recreando estas áreas. En materia de defensa, resulta indispensable avanzar en una actualización estratégica basada en los conceptos de seguridad global y regional, que en el nuevo escenario internacional tienen un carácter eminentemente cooperativo. Operativamente, es necesario ampliar y fortalecer las atribuciones del Ministerio de Defensa para incrementar la coordinación inter fuerzas, promoviendo la formación de pequeñas unidades de elite de despliegue rápido e impulsando la fusión de establecimientos educativos y de las obras sociales de las tres fuerzas armadas. La seguridad pública está en la base del contrato social. El Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, por tanto, es su obligación impostergable proteger la vida, los bienes y la honra de todos los ciudadanos y quienes habiten legalmente el suelo argentino.
Para tal fin, deberá utilizar todos los medios idóneos que disponga, sin vacilaciones y procurando ganar la iniciativa con una activa prevención. La implementación de la seguridad deberá ser sencillamente eficiente, estando a cargo primariamente de las Fuerzas Policiales y de Seguridad con la colaboración de la población; la dicotomía garantismo – "mano dura" es artificial y tiene un efecto paralizante.
En este ámbito, resulta prioritario estudiar la posible integración de los establecimientos de formación y la unificación de las obras sociales de todas las fuerzas de seguridad. En el caso específico de la Policía Federal, el cambio que supone el traslado al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires de la responsabilidad de la seguridad en la Capital Federal exige iniciar un vasto proceso de reestructuración de la fuerza, que habrá de concentrarse en la investigación de delitos federales.
En el terreno de la Inteligencia, el punto de partida es desarrollar el concepto de Inteligencia Estratégica Nacional y la reformulación del Sistema Nacional de Inteligencia, a partir de la modificación de la Ley Nº 25.520 de Inteligencia Nacional.
Autor:
Lic. Marcelo Manson.
manson[arroba]fibertel.com.ar
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