Organizaciones de intermediación y Estado. ¿­De­­scen­tra­lización o publificación? (página 2)

Pero el reto pendiente es que las políticas del estado venezolano lleguen a ser publicas-publificadas, como expresión de la sociedad y la nación en donde se generan y a la que pertenecen. La participación ciudadana dentro de un contexto tal -y ya no dentro del actual marco jurídico-político que permite que el estado y las ods suscriban convenios en el nombre de sujetos irredentos-, nos parece, plantea tres condiciones de habilitación individual y colectiva: una cultura de la participación y el compromiso en el control, seguimiento y evaluación social, fraterna pero sin concesiones, del funcionariado tanto público-estatal como público-civil. Una ética de la práctica social fundada en el ejercicio de deberes y derechos ciudadanos, que no se logran por el solo hecho de abrir canales jurídicos propiciatorios. La autonomía política, administrativa y económica tanto de los aparatos oficiales como civiles, pero fundamentalmente la dotación de aquéllos del deseo y la voluntad de ir al encuentro de la sociedad civil.

Mientras esta condición histórico-política no se produzca, el número de convenios que el estado suscriba con las ods para ejecutar programas (sociales, ecológicos…) no significará, en modo alguno, avances efectivos en la democratización de las relaciones del estado con la sociedad y sus propias instituciones.

I) UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

Las organizaciones civiles que comúnmente son designadas con el ambiguo nombre de ongs sin fines de lucro y, más recientemente oficializadas en el Octavo Plan de la Nación como organizaciones civiles de desarrollo social, durante el último octenio se han venido constituyendo en unas actoras sociopolíticas -algunas noveles protagonistas- de significación insoslayable en relación con múltiples ámbitos de la vida nacional.

En algunos países industrializados integran un influyente y pujante sector privado no lucrativo que incluye a entidades oficiales como pequeños y medianos hospitales, escuelas y colegios, seguros sociales, agencias de prevención, bienestar, asistencia y redistribución social, etc. (González, 1998); Fundasoc, 1992; Drucker, 1991; Powell, 1987; Steiner, 1986:311-326;). Pero en América Latina aún no nos es posible identificar un sector tal, lo cual no significa que no haya una tendencia a su construcción (de Barbieri, 1990; Cunill, 1987; Bresser, 1995), por lo demás no exenta de resistencias burocráticas, antiprivatistas y pugnas entre los actores (iglesia incluida) con opción de poder por capitalizar la conducción ética, religiosa, política e intelectual de dicho proceso.

Al contrario de aquellos países, en los nuestros la fragmentación y exclusión, determinan para las ods una multiplicidad de nombres no necesariamente coincidentes con sus homónimos en otros idiomas: centros empresariales, de acción, y/o educación popular; organismos, entidades, instituciones, organizaciones, fundaciones y asociaciones privadas, sociales o civiles sin fines de lucro o no lucrativas también calificadas como de intermediación, de beneficio, desarrollo, ayuda, cooperación, promoción, autogestión, participación, y de prestación de servicios públicos o sociales; también por lo general adjetivadas populares, vecinales, comunitarias así como con el comodín de sociales (Bebbington, 1996; Bustelo, 1995; Emmerij, 1994; Ramm, 1994; Bombarolo, Pérez, Stein, 1992; Casasbuenas, 1992; Fishflich, 1992; Covarrubias e Irarrázabal, 1991; Padrón, 1986).

No obstante esta diversidad, se visualiza una clara diferenciación de aquellas populares, hoy denominadas de base: redes de solidaridad familiar y barrial, asociaciones de vecinos, organizaciones y empresas comunitarias, asociativas y cooperativas de muy diverso tipo las cuales, en coherencia con sus misiones, tienen una relación distinta con los sujetos, la participación y gestión vecinal y local.

En relación con los términos ongs y organizaciones sin fines de lucro, tal como ha sido señalado por diversos autores (Lander, 1995; Bejarano, 1996:113-144; Soriano y Njaim, eds., 1997), en Venezuela es evidente su sentido negativo que  las define por lo que no son: no oficiales, no corruptibles, no burocráticas, no opresivas y no ineficientes, en magnificado antagonismo con el supuesto carácter genéticamente ineficiente, burocrático, opresor y corruptible de los aparatos a los que es reducido el estado[1]. Por otro lado, ongs significa no lucratividad a diferencia de la empresa rentable, respecto de la cual los juegos lingüísticos connotan afinidad y cercanía al mismo tiempo que acentúan la lejanía, el extrañamiento y la desconfianza frente al estado y su aparataje.

A este respecto, se introduce una nueva racionalidad en el término ong: la del trabajo social corporativamente organizado que las constituye en empresas socialmente rentables y, por lo tanto, sin fines de pérdida. Es el germen discursivo, nos parece, del sector privado no lucrativo cuya virtualidad pareciera remitirse, de manera parcial e imprecisa, a los procesos de publificación de las esferas privadas, civiles y estatales que tienden a cristalizar en la esfera pública, no menos virtual en tanto síntesis plural de la sociedad civil y la sociedad política[2].

He aquí el punto a partir del cual en los últimos tres años en Venezuela, ha venido tomando cuerpo el término ocds, al cual algunos autores, políticos y gerentes sociales reducen al de organizaciones privadas de desarrollo social (Varios, 1992). Estas nuevas denominaciones ostentan un sentido proactivo, en tanto las define por lo que son según sea su referente la sociedad civil o la lógica empresarial aplicada a lo social, pero ambas coincidentes en su carácter alternativo frente al estado: las inversiones sociales son rentables y productivas en referencia a un concepto genérico de desarrollo y promoción del bienestar social y de la calidad de vida de la población.

Sin embargo, la lógica de la rentabilidad social -también propia del estado- no es suficiente para superar las limitaciones connotativas del término ods, en especial por la inclusión de entidades que remiten a prácticas estamentarias, corporatistas, de clase y honor social. Vgr., las eclesiales, seglares y laicas dedicadas al adoctrinamiento religioso, en aras de lo cual prestan servicios asistenciales; las auspiciadas y/o gerenciadas por empresarios, profesionales y familias prominentes dedicadas a la promoción, difusión y desarrollo de valores cívicos, moral-religiosos, la ciencia, la tecnología, las artes y artesanías elitistas y populares, la animación sociocultural, etc.; asimismo, las vecinal-populares, universitarias de extensión o acción social y otras que obedecen a intereses particulares o corporativos no siempre evidentes.

No obstante, aquí utilizamos los términos ocds y ogds pero formando parte del genérico ods y reteniendo lo siguiente: la oposición entre el estado (unidad en la diversidad) y la sociedad civil (diversidad o pluralidad en la unidad) es sólo una distinción analítica (Gramsci, 1962:89). Es así que además, existen otros momentos co-constitutivos de la sociedad -o estado integral si la consideramos en su conjunto más inclusivo-, tales como el régimen político, el sistema de partidos y el escenario electoral, la nación (dignidad, identidad), el mercado y el escenario mundial.

Estos dos últimos y la sociedad civil, se encuentran magnificados, y los cuatro anteriores y el estado, devaluados por efecto de la combinatoria de sus propios dinamismos, la globalización, la trasnacionalización y la ofensiva neoliberal. No obstante, cada uno contiene dentro de sí un deseo, una anticipación de los otros; esto en tanto y en cuanto son encarnados, pero también, resignificados por los sujetos individuales y colectivos históricamente determinados. Sustancia humano-social sin la cual no sería posible la producción de articulaciones diferenciales entre los ámbitos de la vida cotidiana, los fueros íntimos de la vida privada y los escenarios públicos, que sólo se gestan en las acciones imprevisibles e irreversibles entre los sujetos sociales y se desvanecen en su ausencia (Arend citada por Hilb, 1992:11; Cunill, 1995:25-57; Machado, 1997:95-126).

Es en estos espacios o escenarios pero, también a través de ellos, que surge la política como constructora de mundos y como carácter profundo de la sociedad civil, dado que ésta es el campo de las batallas por la democracia, la conducción ética, intelectual y política de la sociedad (Mouffe, 1985:125-145) y la reproducción biológica y social de los sujetos individuales y colectivos; es en ella donde se potencia, no sin tensiones, la práctica del buen gobierno; asimismo, es en ella donde se condensan diferencialmente los pequeños y grandes procesos de unidad, diversidad e identidad tanto como de segmentación, fragmentación y exclusión. Y al contrario de quienes sostienen que el orden público debe estar al servicio de la esfera privada, se historizan los pensamientos utópicos y radicalizan los imaginarios.

Delineado el mapa conceptual dentro del cual adquieren sentidos relacionales las ods, veamos de éstas su papel de mediación, al cual el lenguaje oficial reduce a la función mercantil, en virtud de la cual la banca cobra una comisión o spread por intermediar en las operaciones financieras.

Aquí no utilizamos tal sentido; tampoco el del lenguaje pragmático cotidiano según el cual las ocds son variables independientes de las relaciones del estado con la sociedad. Por el contrario, lo utilizamos en el sentido de que contribuyen -mediadas por su propia heterogeneidad y por los juegos de los poderes- a determinar y acotar tiempos y espacios, a agregarle valor a las relaciones sociales y a configurar identidades especialmente en ámbitos públicos localmente dinamizados.

Es así que las ocds enfrentan una doble limitación que puede ser punto de partida para potenciar sus fortalezas. Por un lado, sus posicionamientos, periféricos por cuanto no se proponen -al menos explícitamente- traspasar las redes del poder político y del estado; esto no significa que no sea un deseo que algunas prefieren reprimir por temor a la tentación autoritaria, mientras que otras se han dotado de eficaces dispositivos político-estratégicos que las asemeja a los grupos de presión. Por otro lado, los sujetos que ellas consideran la razón de su existencia, los cuales están referidos a los mundos de vida de las aún irredentas clases populares, hoy reducidas a una masa de pobres y necesitados, cuya fuerza de trabajo -banalizada, segmentada y excluida de los poderes autonómicos del mercado, la nación y el estado, del sistema político y la sociedad civil- sigue siendo objeto de la cotutela incontestable de las jerarquías estatales, eclesiales, militares y empresariales.

Dentro de tales límites y a partir de la convocatoria que el estado venezolano les hizo en 1990, las ocds adquirieron una presencia pública, publificada por los medios de difusión masiva; sujetas de la política de aquél, aunque luchando por su derecho a la intermediación social, específicamente en el proceso de producción, distribución y consumo de servicios asistenciales y habilitatorios. Pero, nos parece, parafraseando a  sin dar "rienda suelta al poder entre la ciudadanía".

Esta complejidad nos obliga adoptar ciertas precauciones a fin de evitar el optimismo oenegeista, expresado, además de los  puntos descritos, en los siguientes. Primero, la sobreponderación, entre otros, de dos papeles cruciales para el posicionamiento y expansión de sus esferas de influencia y experticia: uno, político (en especial apartidista, por lo general entendido como apolítico) no necesariamente politizador, movilizador, pluratizador, ni democratizador, y, otro, técnico, no siempre fundado en criterios de eficiencia y eficacia aunque, muchas veces, sí en optimismo y voluntarismo en la producción de servicios mediante los cuales se constituyen buenos clientes, buenos necesitados y buenos asistidos, mas no necesariamente se generan autonomías de conciencia, libertad de pensamiento, voluntades de poder ni buenos ciudadanos. Segundo, la reducción de la sociedad civil a un virtual sector social privado no lucrativo al cual pertenecen las ods cuyo antiestatismo no contribuye necesariamente a fortalecer la sociedad civil ni a su identificación con las organizaciones populares, en especial cuando el pasado de éstas lleva la impronta de los clientelismos, paternalismos y populismos de larga data en nuestra vida nacional. Tercero, como ya fue mencionado en otro lugar (Barrantes, 1997a), si bien el poder que han venido construyendo las ocds debe seguir siendo potenciado, no por ello se debe dejar de llamar la atención sobre las implicaciones que puede tener la sobreponderación del justo papel que juegan en tanto potenciadoras de procesos democráticos, pero fundamentalmente, como productoras de servicios.

Traspasados los límites de lo justo-necesario, la mediación se torna mediatizadora: el interés general comienza a ser visto a través de la lucha por la sobrevivencia y la pugna por la apropiación de recursos de poder, en especial financieros, del estado y organismos internacionales y multilaterales. En aras de asegurarse el incremento de sus variables de libertad, algunas acusan al estado de querer imponerles funciones meramente instrumentales y legitimantes de sus propias políticas, al mismo tiempo que ocultan sus propias debilidades e intereses, por más loables que estos sean.

La tentación corporatista conlleva la opción de clasemediatizar[3], es decir, anillar por arriba y desde afuera, el desarrollo promisorio de los movimientos que se fraguan desde abajo y desde adentro de la Economía Popular y sus organizaciones reales y virtuales, formales e informales, reactivas, reivindicativas o propositivas de carácter político, económico, étnico, ecológico, religioso, deportivo y cultural, especialmente de solidaridad familiar, barrial y comunal. Todas ellas potenciando microprocesos -muchas veces furtivos- de plenificación ciudadana en tanto y en cuanto por su medio, los sujetos sociales pueden habilitarse en el ejercicio de sus deberes y derechos, al mismo tiempo que contribuir a la reinvención de sus modos de vivir, pensar, sentir y hacer economía, política, ideología y cultura.

Esto implica forjar nuevas alteridades, identidades y sensibilidades así como nuevos espesores, sentidos y significados a las articulaciones humano-sociales en sus ámbitos co-constituyentes, de los cuales las ods son portadoras-encarnadoras ineluctables para bien o para mal.

¿Están las ods acompañando desde adentro y desde abajo estos procesos promisorios? He aquí la cuestión que dejamos abierta al debate creador, fraterno pero sin concesiones.

Autor:

César A. Barrantes A.

Profesor investigador de grado y posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Profesor de la Maestría en Intervención Social de la Universidad del Zulia, Maracaibo. Apartado postal: 60891, Chacaíto. Caracas, Venezuela.

[1] Es la misma lógica que viene privando para referirse a la informalidad, la cual viene siendo definida no por lo que es y tiene, si no, por lo que no es: no estructurado, no formal, no rentable, no estético, no legal, no legítimo; y por lo que no tiene: capital, razón lógica, organización, educación y, antes de El otro sendero, (de Soto, 1987) de espíritu neolibreempresarial (Barrantes, 1992:97-108).

[2] A este respecto, algunos autores en los noventa evocan las propuestas cogestionarias y autogestionarias social-demócrata-cristianas que hicieron casa en la Latinoamérica de los setenta y ochenta, algunas de las cuales creyeron ver en el denominado sector informal urbano el germen del tercer sector de la economía: el sector social de la economía o la economía social- (Barrantes, 1992). Ellos postulan la existencia virtual de otro ambiguo tercer sector, a veces esencializado como El Tercer Sector, pero esta vez ya no de lo social económico, si no, de lo social político, también como aquél, no estatal y, a veces, despolitizado y tecnologizado. Ver Pimentel (1990), la Revista TercerSector (1995: 24-27 y 36-37) y las ponencias presentadas por algunos brasileños al  Segundo Congreso Internacional del Clad sobre la Reforma del Estado, 1997, Isla Margarita, Venezuela

[3] Acuñamos esta noción ambigua como condensación de las categorías de clase, clase media, mediación y mediatización para remitirnos al carácter complejo y sutil de la tentación corporatista. La  tentación no significa caer en el pecado, en la satisfacción del deseo o el interés particular basado en las negociaciones a puerta cerrada. Sólo da cuenta de las luchas internas de los sujetos sociales que se debaten entre las prácticas ambivalentes, contradictorias o antagónicas del querer hacer justamente lo que -a pesar de los