Desarrollo territorial y gestión del agua en la marina alta de alicante (página 2)

2.- El medio físico y los recursos ambientales.

Los rasgos estructurales marcan una gran compartimentación del territorio, que es mucho más marcada en el sector interior y de predominio montano, donde llegan a alcanzarse cotas de 1.384 m.s.n.m. en el nacimiento del río Gorgos, el mayor rió de la zona. De Oeste a Este se producen variaciones significativas de las directrices tectónicas y de la topografía que anuncian la presencia de la componente ibérica manifiesta en el óvalo del litoral valenciano lo que condiciona, la presencia de valles fluviales excavados y colmatados por los ríos que descienden bruscamente desde los rebordes orientales del Macizo del Alcoy a la costa. Estos ríos han conformado llanuras aluviales en el litoral, quedan únicamente interrumpidos por los finisterres prebéticos que se asoman al mar en las puntas del Cabo de San Antonio, La Nao, Punta de Moraira y Klipper de Ifach, facultando así la presencia de costas de acantilado alto.

Contrastes esenciales se derivan de los rasgos orográficos apuntados, y que se dirimen esencialmente entre la parte litoral en los que abundan, llanuras de acumulación y espacios de avenamiento precario, que originan sectores de costas bajas y otra zona montañosa interior que muestra rasgos alpinos y que en se proyecta en algunos tramos sobre la costa ofreciendo tramos de acantilados altos y medios. Hechos esenciales en la ocupación posterior del territorio.

El clima de la Marina Alta se caracteriza por veranos secos y calursos, inviernos suaves y una estación equinoccial (otoño) muy lluviosa por lo que la componente de aridez que afecta a la provincia de Alicante en su sector meridional aquí desaparece. Con una media térmica de 18º C y una precipitación media que en la mayoría de los observatorios supera los 600 mm y que puede alcanzar en algunos puntos los 900, arroja un balance hídrico-climático que ofrece en todos los observatorios analizados un superávit manifiesto y un tipo climático C2, es decir subhúmedo que únicamente acusa un déficit hídrico en los meses centrales del verano (julio y agosto). Cabe destacar sin embargo que las principales aportaciones se producen en forma de aguaceros intensos, que concentran en un día o unas horas hasta el 40% del volumen anual, y que provocan las crecidas espasmódicas de los ríos de la comarca que se precipitan inundando los llanos costeros (Bru Ronda, 1993).

El ámbito interior corresponde a las cuencas medias y altas de los ríos y barrancos que los drenan la Marina Alta (Gallinera, Ebo, Bullens, Girona y Gorgos) donde la escorrentía superficial esta continuamente mediatizada por la topografía abrupta y los materiales permeables y por ello de difícil regulación, y un ámbito litoral en el que se desarrollan una serie de subcuencas litorales escasamente jerarquizadas que al desarrollarse sobre sectores llanos e impermeables determinan áreas inundables (Planas de Gandía-Denia y Javea) como la Marjal de Pego-Oliva y donde los barrancos pierden su cauce en desembocadura , por los voluminosos arrastres que depositan y por la intensa trasformación del medio , como ocurre en los tramos entre el Montgó-Dénia, y Les Marines-Setla. Estas zonas inundables son sobre las que se asienta una gran parte de la población e importantes puntos negros en la Comunidad Valenciana.

Tanto en las grandes cuencas como las pequeñas la regulación es inexistente ya que el único embalse de 1 Hm3 de capacidad y que se sitúa en el Río Girona tiene un vaso permeable que lo inhabilita para regulación superficial de agua. Las aguas subterráneas en la zona, las aportan las cinco Unidades Hidrogeológicas que afectan a la Comarca y que se comparten con otros sistemas de explotación. Estas son a priori , abundantes si tenemos como referencia el balance hídrico climático, de la zona y las características de permeabilidad de los acuíferos, y sin embargo se desconoce aún el potencial de algunos de ellos como en el caso de la UHG Almirante-Mustalla-Gallinera con unas entradas evaluadas de 100 Hm3 y unas salidas de 36 Hm3. En conjunto se valoran en un volumen medio de 157,22 Hm3 anuales, la aportación de las mismas y del cual 26 Hm3 son salidas al mar.

En este espacio comarcal, y a lo largo de las cuencas altas y media de los ríos se localizan espacios naturales de gran valor ambiental y etnográfico entre los que destacan por las especies que allí se localizan y el patrimonio cultural de los municipios, la zona del Vall d’Ebo, y el entorno de la Sierra de Bernia. Ya en las cuencas bajas encontramos en la costa el Cabo de la Nao, Cabo de San Antonio y Sierra del Montgó así como la Marjal de Pego-Oliva. Estos dos últimos ámbitos han sido declarados, parques naturales. En el caso del Montgó por su importancia botánica ya que alberga numerosos endemismos, y en el de la zona húmeda por constituir uno de los ecosistemas más valiosos de Europa por la abundancia de especies vegetales y animales que allí se crían.

3.- Ocupación del medio y desequilibrios territoriales.

La Marina Alta alberga entre su patrimonio cultural y etnográfico parte de los conjuntos de arte rupestre más significativos del Arte Levantino, lo que indica que desde esas fechas en los valles del interior y abrigos de la costa ha habido un poblamiento continuo de la comarca. Sin embargo hasta finalizado el primer tercio del S. XVIII se trata de un territorio subpoblado y que se recuperará demográficamente con el lanzamiento comercial de la agricultura que se produce a comienzos del S. XIX y que vendrá caracterizada por un secano, donde la vid de pasificación domina toda la economía agraria. Tan solo a finales del XIX, cuando entró en crisis el negocio pasero la agricultura comenzará a diversificarse y se iniciará la expansión del regadío y al mismo tiempo el crecimiento de las demandas urbanas del agua, centradas principalmente en los valles prelitorales y la costa.

3.1. Los usos del agua y su evolución.

3.1.1. El regadío y las aguas

Los usos del agua y las obras de regulación hidráulica, se encuentran en la zona tardíamente refenciados, los precedentes tienen que ver con la desecación de áreas pantanosas, y no será hasta que se producen los primeros ordenamientos en el S. XIX y con motivo de la aprobación del cultivo del arroz cuando se produzcan las concesiones de caudales y el desarrollo sistemático de la red de riego y drenaje de la zona inundada de la Marjal de Pego. Desde fines del XVIII se habría intentado además, regular el caudal del río Girona, mediante la construcción de una presa que no se llevaría a cabo hasta mediados del S. XX. Serán mucho más efectivos, sin embargo los usos de aguas fluyentes de fuentes y manantiales y la prospección y búsqueda de caudales que quedarían regulados por la Ley de Aguas de 1879, iniciándose en la segunda mitad del S. XIX, la etapa de explotación de agua, con la adecuación de los aprovechamientos de aguas superficiales existentes y la institucionalización de la privatización de las aguas subterráneas, que a partir de entonces adoptaron múltiples tipologías en los sistemas de explotación.

La recesión del negocio pasero desde 1890 y los primeros embates de la filoxera en 1904- 1905 empujaron a los agricultores a buscar alternativas viables al monocultivo de la vid, entre los cuales estaba el regadío y en concreto los cítricos, que alentaron junto al incremento de la demanda urbana los mayores incrementos en las perforaciones. Sistemáticamente en las partes media y baja de la cuenca agricultores y empresas de agua privadas criban, merced a los adelantos técnicos y la aplicación de la electricidad a partir de los años 30, los mantos acuíferos y coincidiendo con el mayor auge del sector naranjero y que desempolvó de nuevo el proyecto de la presa de Isbert, la cual se levantó en 1944, pero y tras el llenado del vaso las aguas se filtraron por las paredes y el techo quedando obsoleta para regular aguas superficiales. Hoy sigue cumpliendo sin embargo la función de reinfiltración de caudales que descienden por el Girona.

En los años cincuenta se produce una nueva revitalización de los alumbramientos, que resultará sostenida hasta prácticamente la entrada en vigor de la nueva Ley de aguas. Si bien, ya desde mediados de los cincuenta del siglo pasado se sufren los problemas de restricciones puntuales y elevadas salinidades existiendo la pugna entre usos agrarios y usos urbanos, entre los que se diluye el uso industrial, ya que la industria está escasamente representada en la comarca. Encontramos ya en 1967 riegos que en algunos puntos utilizan aguas con contenidos de 2.930 mg/l de sales (Bru Ronda, 1993). En los años 60 y 70 se tienen constancia de incrementos de la superficie regada en un 27,2% y un 22,1% respectivamente y a principios de los noventa la superficie regada es de 9.646 Ha que ocupaban principalmente la plana y valles litorales, mientras que aglutinaban el 76,3% del regadío mientras que entre los pueblos del interior se reparte el resto y lo que aquí predomina es un secano, basado en cultivos leñosos entre los que destacan vid, olivo y almendro.

Las grandes expansiones de la zona regada que a partir de los años ochenta se ralentizará por la competencia que introducen los espacios urbanizados, vendrán favorecidas por los planes de actuación de la administración central IRYDA e INC que tendrán actuaciones importantes en los valles prelitorales y sobre todo en el valle y Marjal de Pego que desde 1972 se intenta reconvertir, mediante su saneamiento y transformación en regadío, inversiones y obras, que dieron al traste tras las lluvias de 1987, en que cayeron 388 l/m2 y devolvieron la Marjal a su anterior situación tras una inversión próxima superior a los 1.000 millones de pesetas. Tiempo después la Consellería de Obras Públicas inició el proceso de conservación del espacio al proponer su declaración como parque natural, lo que suponía indemnizar de nuevo a los propietarios históricos de las tierras de la Marjal con una nueva inversión de 1.200 millones más.

Casi todas las transformaciones de regadío se centraron en los valles prelitorales y cuencas medias y bajas y subcuencas litorales del Racons-Bullens, Girona y en el Gorgos, en las que se captaron los mayores aforos al principio con aguas que salían caballeras por los minados y cavas, pero que con el tiempo y ante el descenso de niveles piezométricos hubo que reprofundizar y aforar. Así a principios de los 90 el espacio regado lo era en un 76% con aguas subterráneas, el 4,3% con aguas superficiales y el resto, 20% regadíos mixtos.Siendo la localización de áreas regadas en el interior meramente simbólicas y con carácter deautoconsumo, aunque favorecían la exportación de caudales desde los acuíferos.

Las dotaciones oscilaban entre zonas más favorecidas con 7.500 m3/Ha/año en la zona arrocera de la Marjal y 6.000 y 5000 m3/Ha/año en zonas de huerta y cítrticos más aventajados, y en zonas con problemas de irregularidad se aplicaban con suerte los 4.000 m3/Ha/año. La estructura de estos regadíos que ha permanecido invariables hasta estos momentos, tenía unas características definidas por su nivel de minifundismo y dispersión parcelaria, hecho más llamativo en los lugares mejores del regadío (extremo NE). Un 93% son explotaciones menores de 5 Ha que agrupan a un 47,2% de la tierra de explotación.

Minifundismo y dispersión parcelaria han impedido aplicar recursos técnicos y financieros para mejorar las explotaciones, a lo que se añade, que la propiedad es directa en un 98% de la superficie censada, aunque luego se utilice mano de obra asalariada para realizar el cultivo, ya que la ocupación principal del propietario no es la agraria, pues su trabajo principal lo realiza en otras empresas u otro sector productivo, llevando a la práctica el sistema de agricultura a tiempo parcial. Y ello es así porque el mayor porcentaje de las explotaciones (un 44,7% del total) rinden menos del 20% de los ingresos familiares, y otro 43,5% corresponde a las empresas que rinden un 80%, siendo por ello necesario desarrollar otra actividad fuera de sus tierras, normalmente en el sector servicios o en actividades industriales. Ello conlleva a su vez que la formación agraria de estos espacios es baja normalmente, y de no integrarse en un sistema de cooperativa no aplica correctamente las técnicas de cultivo y riego, e incluso infrautiliza la maquinaria que tiene. Este tipo de agricultura con graves déficits estructurales y serias debilidades se enfrenta a un futuro incierto ante la entrada en vigor de las medidas adoptadas por la Política Comunitaria Agraria y que dependiente de las ayudas de la Administración para subsistir en muchas ocasiones.

El sistema de propiedad de las aguas se distribuye entre las comunidades de regantes y los grupos de colonización que eran los que disfrutaban de las concesiones de aguas superficiales.

Ante la reducción de éstas se convirtieron en sociedades agrarias de trasformación, sindicatos del campo y cooperativas, quedando detentada la propiedad actualmente por empresas privadas y particulares. Tanto en el caso de las comunidades de regantes como en el de los sindicatos de riego, se trata de aprovechamientos de aguas adscritas a la tierra, que pasa a formar parte de la comunidad con una dotación fija de acuerdo al número de Ha inscritas. Además estas se rigen por estatutos, en los que se vierten sus ordenanzas y reglamentos que guían la actividad de la sociedad.

Numerosos son, sin embargo las empresas privadas detentadas por particulares de evidente solvencia económica o por sociedades capitalistas que invirtieron ante las expectativas de negocio, en perforaciones con fines meramente lucrativos y de especulación (siendo un hecho diferencial a lo que encontramos en otras partes de la provincia). En algunas ocasiones, y en el segundo de los casos, sucede que colaboran agricultores como copropietarios, bajo una modalidad de acciones de agua, y en otras mediante la venta a posteriori de participacioneshora (incluyendo en todo caso la propiedad porcentual sobre las instalaciones eléctricas y de bombeo). Una vez se han obtenido las aguas, los regantes se constituyen en algún tipo de mancomunidad o sindicato de riegos para atender a su distribución y administración. Estos no dependen jurídicamente de los anteriores, pero sí lo hacen de facto, ya que centran en el mismo aprovechamiento, el agua, indispensable para la supervivencia de su explotación y de su economía.

El claro exponente de la privatización de las aguas, lo constituyen las empresas particulares, de entre las que cabe destacar por su rango económico y antigüedad: La Junta de Aguas de Riegos, S.A. (Denia), que pasó a llamarse Aguas y Riegos Garrigues (Denia), y ahora Sosegur (que abastece a la ciudad); Agriben, S.A. (Orba), y Pozos Reunidos, S.A. (Javea). Existen algunas más, pero todas ellas constituyen monopolios locales del agua, que actúan en los distintos municipios. Su función es meramente especulativa, ya que tras la compra o arrendamiento de los predios en los que se ubican los pozos, comercian con el agua. Las extracciones y oferta de recursos se realiza siempre supeditada a las demandas, cuestión esta que ha entrañado el escandaloso descenso de niveles, sobreexplotación, salinización y deficiencias de calidad y, en fin, carestía del producto.

El precio del agua es un elemento que influye diariamente en la economía del regadío y además está muy relacionado con el aspecto de la propiedad de la misma y las características de su origen. En este sentido, las aguas superficiales no entrañan grandes variaciones, ya que sus precios dependen exclusivamente del mantenimiento de las acequias de riego y del pago del personal encargado del mismo. Más compleja resulta la delimitación del coste de las aguas profundas que se han ido encareciendo ante los índices de sobreexplotación provocados por el incremento de los consumos del área regada y también por el consumo que sobre el agua de riego efectúan zonas residenciales y urbanizadas carentes de otro tipo de suministro. En el último quinquenio las graves restricciones sufridas en la zona por periodos de reducida pluviometría han agravado el nivel de sobreexplotación en las zonas costeras donde habitualmente se localizaba el agua entre 5 y 20 mts y los precios de elevación se situaban antaño sobre las 8 Ptas/m3.

Según se remontan los valles, ascie nden las cotas por encima de los 50 metros y se sitúan como término medio en los piedemontes calcáreos a 150 metros, llegando a cotas máximas de 400 ó 460 m de profundidad, como casos extremos, en Tormos a Benimeli respectivamente. El precio medio que se baraja actualmente en explotaciones entre 50 y 100 m de profundidad y en concepto de cooperativa, oscila entre las 18 y 22 ptas/m3, y en muy pocas ocasiones rebasa las 25 ptas/m3. Se da la circunstancia de que muchas de estas sociedades de riego particulares, son las que resuelven el suministro de los municipios, desarrollando auténticos negocios con la venta del agua y que suele ser a veces más rentable que la propia aplicación en las explotaciones agrícolas.

La calidad del agua es en este sector el problema más acuciante por los altos contenidos salinos que producen unos rendimientos bajos y acaban secando el arbolado, por lo que resultan antieconómicos dichos recursos, aunque sean abundantes. De otra parte, la clara efección de los sectores litorales por la intrusión salina, ha conllevado el acantonamiento de las nuevas explotaciones en los piedemontes, donde la profundidad es mayor y son también más abultados los gastos de trasformación de las tierras y puesta en regadío, aunque no el precio del suelo, siendo en estos momentos uno de los handicaps más importantes. Las elevadas salinidades de las aguas provocadas por efectos de intrusión salina y los contenidos elevados en nitratos son los problemas más acuciantes de la zona. Los agricultores riegan con aguas en las que los 6 g/l de sal disuelta es habitual, así como el elevado contenido de sólidos disueltos y la conductividad (un ejemplo de estos parámetros en un pozo recién clausurado en el Montgó es de 20 de conductividad eléctrica, 12,80 de sólidos disue ltos y 8,87 g/l de cloruros).

Las aguas de mejor calidad se sitúan en el interior de la Vall de Laguart, Vall de Gallinera, Orba, Pedreguer y Pego, hacia la costa las calidades descienden drásticamente. Ello ha supuesto la reducción de plantaciones y de la productividad por los daños irreparables que sufren los cultivos y las escasas dotaciones que se aplican. Las zonas de riego afectadas por este problema son las planas litorales y todas ellas entre un 60 y un 90%.

El regadío con una componente muy tradic ional requiere para su sostenibilidad una importante transformación y mejora que se perfilaba en el Plan Director de Modernización de regadíos de la Generalitat Valenciana de 1995, y que preveía para la zona la consolidación del regadío existente mediante varias actuaciones.

El incremento necesario del grado de regulación de los recursos existentes procedentes de surgencias y fuentes mediante la construcción de balsas con una capacidad de 6 Hm3, y que permitiría la sustitución de caudales y reducción por sondeos. La implantación de riego localizado es otra necesidad urgente para ahorrar e incrementar la eficiencia del riego y que ahora afecta a tan solo a poco más de 2.000 Ha y que se pretende extender a otras 6.500 Ha. Y sustitución de sondeos para el riego localizado.

De igual modo la mayor asignatura pendiente es la reutilización de aguas depuradas que es muy baja y que de 0,7 Hm3 a mediados de los noventa se prevé incrementarla a 12,5 Hm3. Actuaciones que requieren concesiones elevadas de auxilios económicos, siendo uno de los mayores problemas para ello que la mayoría de estos aprovechamiento para riego no son entidades de derecho público ya que la mayoría de las comunidades de regantes lo son de los antiguos regadíos de agua superficiales, y los aprovechamientos actuales que hacen de las aguas como se ha expuesto se efectúan a expensas de explotaciones privadas a particulares o empresas que se dedican a comercializar el recurso de agua. Un total de 9.720 millones en inversiones se había previsto, y que una vez hechas las mismas supondrán para las entidades afectadas su conversión en Comunidades de Regantes y las revisiones concesionales de los caudales suscritos en el Registro de Aguas.

En estas zonas además la presión que ejerce la demanda urbana de tipo residencial viene provocando periodos críticos en los que el abastecimiento es dominante, y a expensas muchas veces de agua no potable (situación que viene sufriendo gran parte de la costa de la Marina Alta desde 1999). Actualmente el área regada se sitúa en 10.009 Ha (87% son cítricos) que consumen un volumen de 61,5 Hm3 cúbicos de agua.

3.1.2. Los usos urbanos del agua

Los 138.225 habitantes que tiene la Marina Alta se reparten entre un 8% ubicados en las tierras montanas e interiores y un 92% concentrado en el sector litoral. Los municipios interiores sometidos a una débil economía de montaña han sufrido una fuerte despoblación traducida en la emigración centrada en la Cuenca del Jalón y Medio Girona. A la polarización de los efectivos se suma la fuerte estacionalidad de los consumos provocada por el turismo que tiene un elevado peso específico en la comarca, ya que es una zona de veraneo tradicional de las gentes que vienen desde el interior de la Península y es objeto de un turismo residencial, de origen centroeuropeo que ha escogido la zona por sus atractivos paisajísticos y medioambientales.

La fuerte bipolarización de las necesarias infraestructuras y equipamientos, así como de los volúmenes de caudales de agua provocan una hipercongestión estival y una subutilización invernal. La demanda generada actualmente por consumos urbanos se sitúa en torno a los 17,6 Hm3, y hasta mediados de los noventa se solucionó con fuertes explotaciones de los acuíferos sometidas ya de por sí a las extracciones de los consumos agrícolas, que han provocado y agudizado los procesos de intrusión masiva y sobreexplotación.

Los núcleos más dinámicos turística y demográficamente, Dénia, Javea, Benitachell, Teulada- Moraira y Calpe vienen sufriendo los problemas de inseguridad de dotaciones, cortes de suministro y consumo de agua no apta por el consumo humano. Es llamativa la falta de planificación y previsión de esta comarca que a diferencia de otros espacios no recurre a soluciones globales hasta principios de los 80 en que se inició el intento de constitución de un Consorcio de Aguas de la Marina Alta que desarrolló un proyecto para resolver el abastecimiento de agua a los municipios de la Marina Alta desde captaciones en el Vall de Gallinera. Solución que no se llevó a cabo ante el reparo y la reclamación de los municipios del interior y también ante el recalcitrante individualismo y aislacionismo de los municipios que han impedido políticas globales y coherentes.

Evidente en este sentido es que hasta el año 99/00 la gestión de los abastecimientos recaía en los propios Ayuntamientos y a expensas muchas veces de pozos de particulares y servicios de iniciativa privada. Esto ha conllevado la carencia de una gestión adecuada a la que a mayor abundancia se unía la ausencia de planificación y previsiones en unos municipios con un crecimiento exponencial de la demanda y fuertes fluctuaciones verano/invierno e incapaces de satisfacer las mismas. Dentro del espacio alicantino es paradigmática la situación de la Marina Alta que con recursos suficientes e incluso excedentarios, es la que mayores situaciones de restricción y desabastecimiento sufre y donde la población abastecida en un 96% en el sector costero, lo viene siendo a expensas de agua no potable, lo que ha venido motivando denuncias ante la Unión Europea llevadas a cabo tanto por lugareños como por residentes extranjeros.

La demanda urbana para los municipios costeros se ha venido resolviendo mediante sobreexplotación de los acuíferos y uso de aguas salobres que ha obligado a la implantación de plantas desaladoras en todos los municipios del litoral de la Marina Alta, de tal suerte que actualmente encontramos que estas infraestructuras han proliferado, llegando a funcionar ocho en los últimos 5 años, de las cuales seis se han habilitado en el 2002. El coste del agua se aproxima a los 0,26 €/m3, precio a pie de planta y sin tener en cuenta costes de transporte y teniendo en cuenta la participación financiera de la administración hidráulica y de los fondos estructurales de la Unión Europea.

En los dos últimos años se ha estandarizado el sistema de gestión mixto (Ayuntamientoempresa) en casi todos los sectores litorales y prelitorales, y las empresas concesionarias se encuentran que uno de los problemas mayores a la hora de abordar la solución al déficit hídrico es la construcción de infraestructuras necesarias para superar el mismo. Los municipios deben hacer frente a importantes inversiones que han ido demorando inexplicablemente y que ahora son inevitables, provocando el endeudamiento de más de un ayuntamiento.

La competencia de los sectores costeros frente a los interiores, en los consumos de agua, provocaba además conflictos tan notorios como los de Pego-Denia que han hecho inviable cualquier tentativa de solucionar los déficits vía acuerdos interterritoriales. Con todo, la expectativas especulativas de la costa, chocaban con el tradicionalismo agrario del coto arrocero de la Marjal de Pego que en contra de la declaración del Parque Natural establecida a principios de los noventa por la Consellería de Medioambiente, ha puesto en cultivo tierras en la marjal, provocando además grandes impactos ambientales, y la contaminación de las aguas salobres del río Racons de las que se abastece la potabilizadora de Denia. Todo ello en una continuada serie de despropósitos a los que parece ser nadie pone freno, y a los que ha venido asistiendo de espectadora la administración hidráulica, que hasta fechas recientes, finales de los noventa no ha intervenido de forma decisiva sobre planteamientos y estrategias globales y ante la inoperancia del Consorcio de Abastecimiento de la Marina Alta , lo que ha llevado a que algún municipio de modo particular haya adoptado sistemas mancomunados de gestión para salir de la crisis, tras reiteradas épocas de escasez y de agua no potable (Consorcio Teulada-Benitachell).

3.2.- El balance hídrico y la situación real.

A tenor de la documentación que aporta el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar, encontramos la siguiente evaluación para los recursos disponibles y en función de las demandas existentes, el consiguiente balance hídrico que delata la existencia de un superávit en la cuenca.

Ante las cifras expuestas, es paradójico que se den situaciones como las que viene sufriendo la zona desde principios de los años noventa y que advierten de la falta total de previsión y planificación hidráulica, que parece persistir y ante los planes de crecimiento sostenido de algunas demandas como las urbanas con porcentajes superiores al 20% en los horizontes próximos (28,65-2010 y 36,11-2020) y teniendo en cuenta que en estos municipios la política de ahorro mediante la adecuación de infraestructuras (tuberías para evitar pérdidas en la red, tarifa por bloques de consumo coherentes, gestión especializada, reutilización de aguas residuales) se ha iniciado más tardíamente y queda aún mucho por hacer, de donde se deduce que parte del consumo evaluado en pérdidas se debería recuperar y reducir futuras demandas de recursos.

Así, frente una política de gestión de la demanda, se viene incentivando una política de la oferta con fines especulativos muchas veces y que no invierte en políticas de ahorro ni planifica el futuro, funcionando en la mayoría de los casos con hechos consumados de superación de las necesidades demandadas.

4.- La falta de planificación y la permanencia de un modelo basado en la oferta de recursos.

En la Marina Alta se ha establecido un modelo turístico en el que la construcción y el consumo de recursos naturales (suelo y agua) son evidentes, este modelo ha nacido carente de toda gestión ambiental o territorial y al margen de cualquier planificación o coordinación entre las diferentes administraciones e incluso de espaldas al interés ciudadano que no ha participado en los procesos de expansión de los núcleos, incluso con desavenencias en los propios gobiernos municipales.

A la carencia de recursos se ha sumado la de infraestructuras, equipamiento y los impactos generados en el medio ambiente en lugares de alto valor ambiental y potenciando un desequilibrio territorial que en las últimas décadas se consolidan con la extracción de aguas desde las zonas interiores que han ido abasteciendo los déficits de la costa.

El planeamiento urbano y a tenor de la normativa vigente, es autónomo para definir los procesos de crecimiento de la edificación y ocupación del suelo, al margen de los recursos hídricos que se tengan. En un vistazo a los Planes Generales de Ordenación Urbana de estos municipios, vigentes o futuros, se advierte que tan solo se limitan a prever una demanda que supuestamente debe cubrir la oferta existente o que se generará desde otros sectores (administración autonómica, central, provincial o local). Lo singular no estriba en las limitaciones que se sufren y llevan a extremos como el sufrido en Denia entre 1999 y 2002 en que no ha tenido agua potable para una población estival que supera los 100.000 habitantes, y al igual que ha ocurrido en Calpe o Javea, sino que en estos momentos el planeamiento existente ignora este hecho y prevé incrementos urbanísticos exponenciales (Denia 18.000 viviendas nuevas y concesiones de licencias urbanísticas que por término medio alcanzan la media de 1000 al año)

Frente a esto, la carencia de infraestructuras es ostensible como EDAR (van a incrementar ahora las aguas residuales en la zona hasta los 9.8 Hm3/año) pero a principios de los noventa con 0.7 Hm3/año era la zona más atrasada. Al igual que en los planes de protección contra avenidas o el suministro energético con graves problemas en la zona y que provoca desabastecimiento de luz pero también de agua (por los necesarios bombeos y tratamientos). Este tipo de modelo de crecimiento está basado en el agua como factor de producción y la necesita para mantener un crecimiento económico revierte que creciente en procesos especulativos frente a los que la administración se ha limitado a desarrollar las estrategias necesarias para solucionar esa demanda y favorecer su uso a precios que no se corresponden con la parquedad del recurso y que por supuesto no tienen parangón con la recuperación de los costes de inversión. Mientras tanto y en vez de establecer puntos de cohesión y de intergración de un espacio fuertemente desestructurado, se está potenciando un modelo de crecimiento y de gestión caduco que además choca con la normativa Europea y los principios legales recogidos en la actual legislación de Aguas y Planificación Hidrológica.

5.- Conclusiones.

El futuro de la Marina Alta por el momento se encuentra hipotecado por la elevada densidad de ocupación del suelo en sus poblaciones costeras sometidas a una fuerte presión urbanística y de usos de suelo agrícola en regadío, que está dilapidando sus mayores potenciales ambientales.

El turismo puede tener un importante papel de cohesión territorial si se establecen políticas territoriales de vertebración en el sentido interior-costa y de este modo se diversificaría el enorme potencial paisajístico y patrimonial de un interior condenado a ser "zona desfavorecida" a pesar de albergar los recursos imprescindibles como el agua, espacios naturales, patrimonio, tradiciones culturales, en definitiva nuevos ámbitos y productos especializados y de calidad.

De igual modo el desarrollo de programas como el LADER II , fomentaría la recuperación de las inversiones efectuadas en los municipios interiores y la renta de sus habitantes, contribuyendo al reequilibrio territorial y a la conservación medioambiental y del patrimonio cultural.

La intervención de la administración debería estar orientada a generar concertaciones sociales y acciones y toma de posturas conjuntas e integradoras para resolver estos "pequeños reinos ambos regulados por políticas económicas activas, que además de inversiones territoriales prevean instrumentos de control y de regulación administrativa, técnica y social de la gestión del recurso y de la demanda. En este sentido la concentración social y la implicación de los agentes económicos, y de la ciudadanía es imprescindible y su formación y aleccionamiento en una nueva cultura de preservación, control y gestión de una demanda, acorde con el entorno y la capacidad de acogida de los territorios se hace imprescindible.

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Concepción Bru Ronda –

Instituto Universitario de Geografía Universidad