QUE BUSCA LA GENTE?
En este estado de cosas advertimos que no se busca sólo al jurista o al árbitro en la justicia, sino también al conciliador, al pacificador de las relaciones sociales, incluso un "animador" de una política pública o en materia de prevención del delito.
La justicia se convierte en una referencia para los individuos perdidos, aislados, desarraigados, que engendran nuestras sociedades.
La sociedad tiene una exigencia absoluta: JUSTICIA
La sociedad tiene una solicitud general: JUSTICIA.
La justicia, aparece entonces como un recurso contra al implosión de las sociedades democráticas que no llegan ya a controlar de otra manera la complejidad y la diversidad que engendran. El sujeto, privado de las referencias que le dan una identidad y estructuran su personalidad, busca en el contacto con la justicia un remedio contra el hundimiento interior. Ante la descomposición de lo político, es a la justicia a quien se le pide la salvación.
La justicia se convierte así en la ultima guardiana de las promesas, y eso en tanto para el sujeto como para la comunidad política. A falta de mantener viva la memoria de los valores que las fundan, los políticos han confiado a la justicia la custodia de sus juramentos.
Pero debemos tener cuidado, la referencia irrazonada de todas las frustraciones modernas a la justicia, el entusiasmo ingenuo por su omnipotencia, puede jugar contra la justicia misma.
TEMA CULTURAL.
Los sociólogos y antropólogos nos enseñan que desde hace más de treinta años el crecimiento de los barrios de emergencia fue constante y que en ellos el aumento de la población es mayor y más veloz que en la denominada sociedad hegemónica, puesto que la maternidad es notoriamente más precoz. Además la creciente marginalidad ha cambiado las condiciones de recepción cultural por parte de los sujetos allí nacidos; así la expectativa de desarrollo no se refleja en la sociedad hegemónica, sino en la propia, las condiciones y formas de aceptación son entonces distintas. La trama de significación, en definitiva, es totalmente diferente.
Esta diversidad cultural se refleja claramente cuando se "judicializa" a un integrante del nuevo sector cultural, por que es evidente que en la mayoría de los casos no está en condiciones de comprender su significado profundo.
Desconexión entre el sistema judicial y la sociedad argentina.
Pensar la justicia y realizar justicia, parecen ser dos momentos que hasta hoy no se han encontrado, y no porque no se haya buscado con tesón, sino porque durante mucho tiempo nos hemos dedicado más a pensarla, a construirla desde la razón, a elaborarla desde la teoría, que a llevar a cabo la gran empresa humana, la de propiciar y generar justicia.
La tendencia natural del hombre a satisfacer sus necesidades conduce a que el gran proyecto humano sea, justamente, la manera como una sociedad construye el camino para alcanzarlo; no hay duda, entonces, de que entre la naturaleza humana y lo social emerge como resultado del conflicto la necesidad del acuerdo, como anhelo máximo para propiciar formas de consenso y transacción.
EL CAMINO DEL DERECHO:
El camino del derecho debe contemplar, sin lugar a dudas, la búsqueda de la justicia, la paz, la libertad y la felicidad, el derecho, por lo tanto, no se agota en las leyes, ni su esencia consiste en el perfeccionamiento dogmático de ésta; su objeto no es la norma, su objeto es un imposible: la felicidad humana, y es allí donde radica su esencia.
Desde Hegel y Kant hasta Rawls se ha discutido que es el derecho, sin que aún exista un acuerdo, pero en lo que sí se está de acuerdo es en la necesidad profunda de que el derecho se vuelva más cercano, más vivencial, y más comprometido con la realidad social, con el diario vivir, con la experiencia y con la construcción que el hombre hace en la búsqueda por alcanzar la justicia.
Construir un derecho que pretenda alcanzar la satisfacción de las necesidades más profundas de una sociedad, que permita un ejercicio más flexible y menos rígido, que sus decisiones correspondan con la vivencia y la experiencia de los actores que las propician, no un derecho que flota por encima del hombre y que pretende controlar y sancionar y no comprender la entrañable condición humana, debe ser la tarea del futuro.
Un derecho al servicio de las aspiraciones más
caras del hombre, que lo conduzca a un conjunto de leyes que permitan materializar la dignidad que como humanos merecemos; la dignidad como tal sólo es posible partiendo del reconocimiento de que ésta sólo se alcanza a través de la acción y no de la sola promulgación.
Sólo emprenderemos esta tarea cuando nos hagamos cargo de las ansias insatisfechas o de los derechos pendientes, violados o negados.
Debemos entender que la justicia no es posible sin el concurso de aquellos que reclaman, que protestan, la justicia requiere la participación de los involucrados en la solución del desequilibrio.
EL DERECHO PENAL:
El derecho penal tradicional ya no responde a las demandas de la situación presente, su modelo se agotó en la búsqueda exclusiva de la sanción, olvido la condición esencial de su tarea: hacer justicia.
Un derecho reparador, que permita un acercamiento entre las partes en conflicto y genere el florecimiento de los sentimientos humanos más profundos, como el reconocimiento, la culpa, el perdón, el arrepentimiento y la comprensión, debe ser la tarea más urgente y el reto más importante de nuestra época.
En el mundo actual se hace evidente la sed, el anhelo, el deseo de justicia, pero no una justicia legal, sino una justicia de acción y de hechos concretos, una justicia armoniosa y propiciadora de acuerdos, de acercamientos y de búsqueda de la verdad, que contemple lo subjetivo de lo humano, que permita el reconocimiento mutuo. Una poderosa economía, un inmenso aparato de justicia, un impresionante equipo represivo, un gran despliegue de ciencia y tecnología no son ni serán los instrumentos para alcanzar justicia.
Coincidimos con el doctor Binder, cuando afirma que el Ministerio Público debe entender que tiene una función eminentemente ligada a la República, esto es, debe cumplir con los mandatos previstos por un sistema republicano de gobierno, si no se consigue esto, el Ministerio Público se conformará como una institución útil no por lo que hace, sino por lo que deja de hacer.
En este proceso de institucionalización y de consolidación del sistema de enjuiciamiento, debemos comprometernos con las funciones institucionales del Ministerio Público y por lo tanto decididos a conformar una institución creíble y eficaz, que realmente brinde a la sociedad la capacidad de solucionar sus conflictos de manera pacífica.-
Siguiendo al profesor Ferrajoli, -que se vale de la terminología de Ronal Dworkin-, entendemos que ya es tiempo de "tomar en serio" el derecho, reconociendo que el derecho es como lo hacen los hombres y, por tanto, como nosotros lo construimos, comenzando por nosotros mismos, los juristas, que somos en buena medida responsables de él, y al mismo tiempo que el derecho mismo es un sistema normativo, de manera que los posicionamientos y comportamientos efectivos de los Estados que se hallen en contradicción con él no suponen "desmentidos" a su existencia, sino más bien "violaciones" cuya ilegitimidad debe ser obligatoriamente denunciada.
Ferrajoli postula una nueva versión del constitucionalismo, sosteniendo que el horizonte axiológico que hoy se impone a los juristas en su trabajo, esto supone liberarse de la falacia realista de la reducción del derecho al hecho, y asumir como tarea científica, y no sólo política, la crítica jurídica de las dimensiones de invalidez y falta de plenitud del derecho vigente y la formulación de las garantías del derecho futuro.
CONSTITUCIONALISMO MODERNO:
En el estado constitucional de derecho no existen más poderes absolutos y soberanos, ya que todos están sometidos al control constitucional de legitimidad de sus contenidos. Ello se debe a que la consagración de los derechos fundamentales equivale a la estipulación de lo indecible. Un campo integrado por lo que ninguna mayoría puede decidir, es decir la lesión de los derechos de libertad, y por lo que ninguna mayoría puede no decir, es decir la satisfacción de los derechos sociales.
Interpretando al profesor José Juan Toharia, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, entendemos que "en una democracia, la justicia es la guardiana de promesas, de esas promesas que la sociedad se hace a sí misma a través de las leyes que elaboran quienes la representan".
Consecuentemente los encargados de operar el sistema judicial, dejan de ser simples "operadores", para adquirir la condición de garantes de tales promesas y celadores de su cumplimiento.
Que se entienda bien, no significa esto procurar un gobierno de los jueces o procurar que el brazo de la justicia llegue más allá de lo que es su radio de alcance natural y termine el sistema judicial resolver problemas que la clase política no logra resolver.
La idea de responsabilidad política parece haberse evaporado del tablero político: no se concibe, ni admite otra responsabilidad que la jurídica, específicamente la penal.
La clase política se ha hecho fuerte tras la idea que la responsabilidad política sólo es exigible una vez establecida la responsabilidad jurídica; es decir, cuando ya no tiene función ni sentido.
El rol tradicional desempeñado por el Estado político en cuanto al establecimiento de una agenda se reduce cada vez más al "control directo" de ciertas categorías sociales que de ninguna manera están expuestas ni son sensibles a las presiones del mercado y a las que, por lo tanto, se quiere obligar a funcionar dentro de las opciones de la agenda que esas presiones sostienen (desde el punto de vista de las autoridades políticas, son categorías "autorreguladas"). Estas categorías sociales incluyen, especialmente, a los pobres posmodernos redefinidos como "consumidores defectuosos", y de modo más general, a todas las clases sociales peligrosas (potencialmente criminales) que, al quedar excluidas de la agenda establecida por el mercado, recurren, presumiblemente, a alternativas que dicha agenda deja afuera. En cuanto al resto de la población, un espectro cada vez más amplio de opciones alternativas son consideradas (explícitamente o por omisión) políticamente "adiafóricas", es decir, fuera de la incumbencia de las autoridades políticas.
Una sociedad verdaderamente autónoma no puede existir en otra forma que no sea la de su propio proyecto, es decir, como sociedad que admite una cada vez mayor libertad de auto examen, crítica y reforma, y no como un esquema preestablecido de felicidad como único propósito y razón de ser.
La reflexión crítica está guiada por la necesidad de examinar la validez de jure de las instituciones y significaciones humanas, pero en tanto está despojada de cimientos que no sean su propio impulso, carece también de punto de destino.
La política es un esfuerzo efectivo y práctico destinado a someter las instituciones que se arrogan validez de facto a la prueba de la validez de jure. Y la democracia es un espacio de reflexión crítica, cuya identidad distintiva depende de esa reflexión. O, para citar a Castoriadis una vez más, podemos definir la política "como una actividad lúcida y explícita que se ocupa de instaurar instituciones deseables y (podemos definir) la democracia como el régimen de auto institución lúcida y explícita, en la medida de lo posible, de las instituciones sociales que dependen de la actividad colectiva explícita".
Pero una buena sociedad puede -y debe- hacer libres a sus miembros, no solo libres negativamente, en el sentido de no obligarlos a hacer lo que preferirían no hacer, sino en el sentido positivo, el de poder hacer algo con su libertad, el de poder hacer cosas. Y eso implica primordialmente la capacidad de influir sobre las circunstancias de su propia vida, formular el significado de "bien común" y hacer que las instituciones sociales cumplan con ese significado. Si "la cuestión de la paideia" es imprescindible, ello se debe a que todavía no se ha concretado el proyecto democrático de lograr una sociedad autónoma constituida por individuos autónomos.
La indiferencia política y la apatía de los ciudadanos, y la despreocupación del estado que no cumple con su obligación de promover el bien común son hijos legítimos, aunque ingratos, de la sociedad civil como esfera social de la democracia liberal.
La idea republicana, sitúa la interrogación crítica como en el centro de la integración comunitaria; los ciudadanos pertenecen a la república por medio de su activa preocupación por los valores que la política promueve o descuida. La declaración de lealtad de los ciudadanos podría expresarse con las siguientes palabras de Castoriadis: "Tengo un positivo (e incluso egoísta) interés de vivir en una sociedad que se acerque más a la del symposium que a la de El Padrino o la de Dallas.
Serviría para reintroducir estándares éticos en la vida de la sociedad, sustituyendo el principio de competir por el de compartir. Establecería un derecho basado en la ciudadanía y no en el hecho de "necesitarlo más que otros" y no necesitaría, por lo tanto, de divisas y descalificadoras "pruebas de recursos". Y cambiaría radicalmente la naturaleza de la política, que dejaría de ser un agente de la ley y el orden y una brigada de control de crisis para convertirse en una fuente de bienestar común y en la escena en la que los intereses individuales y grupales se reconfiguran como temas de preocupación pública de todos los ciudadanos.
CONCLUSIÓN:
Como hombres de derecho debemos asumir la responsabilidad que corresponde a nuestro oficio. Y comprender que el trabajo de implementar un sistema de garantías efectivas no se contruye ni en pocos años y ni tan siquiera en pocas décadas.
Debemos asumir un compromiso contundente con nuestra frágil democracia y trabajar por una democracia representativa que recupere en plenitud el juego de lo político y en la que los distintos niveles de responsabilidades sean adecuadamente definidos y exigidos, en vez de mezclados, confundidos y pospuestos.
A través de la justicia, el anhelo democrático se enfrenta con la carne de lo social, con las pasiones democráticas, con la desmesura de los hombres, con el absurdo del la violencia y con el enigma del mal. Asumir la parte humana de la justicia llevará a hablar de las pasiones tanto como de la razón, de las emociones tanto como de la argumentación, de los medios de comunicación tanto como del procedimiento, de la cárcel tanto como de las libertades. Nuestra democracia tiene quizás menos necesidades de construcciones o de destrucciones teóricas, que de nuevas referencias para asumir las mediaciones que imponen nuestras obligaciones.
El Ministerio Público sería entonces un actor u operador privilegiado, para escudriñar los sentidos sociales que circulan y materializar los intereses generales de la comunidad (sociedad), con disponibilidad para actuar tanto en la defensa de afectaciones particulares o individuales de las personas que asista, como de las amenazas y agravios generalizados, como portador de auténticos derechos públicos colectivos
Dr. Víctor Eduardo Hortel
Ex Defensor General
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
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