Linchamiento (Justicia Comunitaria)

Introducción

Un linchamiento es la ejecución sin proceso por parte de una multitud, a un sospechoso o a un reo. El origen de la palabra viene del apellido de Charles Lynch, juez del estado estadounidense de Virginia en el siglo XVIII, quien en 1780 ordenó la ejecución de una banda de conservadores (tories) sin dar lugar a juicio.

Puede producirse sin llegar a causar la muerte a la víctima, aunque esa suele ser la intención inicial de la agresión.

Normalmente es un acto que está fuera de la ley, y penado para proteger el orden público, ya que el Estado debe defender su monopolio de la fuerza (ius puniendi). Se suele producir de forma espontánea por motivos sociológicos concretos, normalmente por la conmoción social de un delito concreto. Sin embargo, también puede producirse por motivos racistas, religiosos, políticos, etc., e incluso estar planificado con antelación.

En países en desarrollo se produce ocasionalmente tanto en el medio rural como el urbano. Se ha tratado de concienciar el estado de derecho, debido a que algunos son planeados por grupos de interés o producto de acusaciones falsas.

CONTENIDO

Modelo de administración de justicia

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término justicia significa desde el punto de vista filosófico, una virtud que se inclina a dar a cada uno lo que le corresponde, y desde el punto de vista del campo del derecho, justicia es sinónimo de razón y equidad.

Todo el mundo acepta que en Bolivia hay una diversidad étnica, lingüística y cultural; muchos vociferan a los cuatro vientos, otros lo invocan como una riqueza, quizás para abrir las puertas al turismo, al folclor, y para la gestión de ayuda internacional, pero son muy pocos los que aceptan que hay una diversidad jurídica, más bien, abundan los que niegan este extremo, y lo plantean como un desafío contradictorio y atentatorio a la doctrina universal del derecho en el mundo de la teoría jurídica.

Por consiguiente, es urgente y necesario pensar en los pueblos indígenas en tanto son originarios, protagonistas de una forma propia de vida que los hace diferentes, quienes a través de los años han preservado sistemas y procesos propios de resolución de controversias en el marco de la cultura. En este caso los aimaras, quechuas y kakachacas", ponen en práctica sus propias normas y procedimientos que no están reconocidas por la administración de justicia del Estado, sin embargo, cada comunidad es testigo de su aplicación y funcionalidad.

No pretendo con este trabajo poner en evidencia los grandes problemas de la administración de justicia penal, pues esto es ampliamente conocido en todos los ámbitos; sin embargo, quiero hacer un breve recorrido por algunos aspectos que considero necesario resaltar y que estimo, son los grandes temores en la funcionalidad de la justicia, en tanto un derecho humano.

Corrupción

Es evidente que hay personas que han prostituido a la justicia, pues ahora Doña Justicia se va con el que mejor paga, la justicia se compromete con grandes empresarios, políticos y personas que tienen un poderío económico y político, etc., desvirtuando la idea que la justicia es ciega, hoy por hoy ya no, pues sabe escoger con quién quedarse o más bien dicho, a quién favorecer.

Así el problema del acceso, aplicación y cumplimiento de la justicia (pronta, eficaz ) no sólo se queda en un concepto utópico, sino también ya es un problema en la administración de justicia, vuelve un problema económico para sus usuarios. Si los empresarios en su momento se sintieron víctimas de un terrorismo tributario por parte del Estado, los pueblos indígenas, históricamente están siendo víctimas de un terrorismo de la administración de justicia.

Los obstáculos en el acceso y administración de la justicia en la actualidad atentan contra la supuesta configuración democrática del Estado, pues es evidente que la judicialidad como vía natural para la resolución de la problemática legal para las comunidades indígenas, es francamente una cuestión retórica y, por eso mismo, los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo, han dejado de confiar en el sistema de justicia del país.

Por eso, los indígenas "es al pensar en ir a presentar una denuncia, inmediatamente dicen "janiu kolquiniente", o cuando han cometido un delito o una falta dicen: "walja kolke amaquitaspa"". La primera expresión se entiende: –pero no tengo dinero–, y la segunda como, –quién sabe cuánto dinero me van a pedir–, pero nunca piensan en encontrar justicia en el buen sentido de la palabra.

Pero, como si esto fuera poco, hay administradores de justicia (jueces, secretarios, actuarios) que mantienen ciertos convenios con abogados del medio y cuando llegan las personas, sean cuales fueren los casos, son remitidos a dichos abogados, quienes cobran altas cantidades de dinero, pues dichas tarifas incluyen, además de los honorarios del "abogado", el porcentaje para los administradores de justicia, y hasta se oye que mas de algún abogado que mensualmente pasa una cuota a los juzgados, fiscalías, y digo "sean cuales fueren los casos", pues la consigna es "sacarles dineros a los indígenas".

Hay empresarios que pagan para que se realicen desalojos. Existen desórdenes en el tránsito, los dueños de buses se estacionan donde les da la gana, obstruyen el tránsito, descargan donde quiera, etc., y la ley de tránsito es nada más una cuestión retórica, pues mas se preocupan en revisar si algún vehículo lleva quemado un foco, o de cuanto le paga algún vendedor ambulante que se ubica en la vía pública, y no en viabilizar el transito, es decir, prestar el servicio propiamente dicho.

Prepotencia

Para los pueblos indígenas, pensar en llegar a un juzgado, al Ministerio Público, o a la policía, para presentar una denuncia, ya no es en pensar "cómo resolver un conflicto", sino es para ver cómo se hace de una venganza hacia el victimario; esto si bien le va, pero si al contrario, las partes que se ven involucradas en un ilícito, se dirigen a los órganos de administración de justicia con un temor grande, porque se sabe que se van a encontrar con individuos que además de no saber el idioma nativo, en el caso nuestro, son individuos que no conocen la idiosincrasia de cada pueblo, de cada comunidad, la cosmovisión, sus modelos de vida, la filosofía, que son los fundamentos éticos de cada persona, además de todo esto, son personas prepotentes, que exigen que les hablen en español, que se limiten a escuchar lo que la ley dice, que no entienden razones, que tienen el concepto de que si la persona acepta haber cometido un hecho, es declarado confeso, y sobre todo, es casi obligado a declarar, aceptar y firmar aun en contra de su conciencia y su voluntad.

En algunos casos, los acusados son obligados por sus abogados a mentir, a alterar sus declaraciones, a negar la verdad, a declararse inocentes aun en contra de la verdad, alterando y contradiciendo un principio del pensamiento aymara o quechua y/o chiman

Linchamiento en Bolivia

En Bolivia se planteó un debate en torno a los linchamientos después que fue reconocida la justicia comunitaria. Según los legisladores oficialistas en la justicia indígena no estarían reconocidos los linchamientos, aunque se trata de una práctica muy utilizada por los nativos. El politólogo Jorge Lazarte declaró al periódico Los Tiempos que era normal que los que defienden el reconocimiento de la justicia comunitaria aleguen que linchamientos y pena de muerte no son justicia comunitaria y agregó: "Lo curioso es que son los propios comunitarios quienes aseguran que es así cómo aplican su justicia". No existen cifras precisa, pero en los últimos años se registraron varios linchamientos en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz que. Según datos del Defensor del Pueblo, fueron 57 durante 2007.

LA PRENSA, 14-JUL-2010

A esos fiscales no les interesa cumplir las normas y menos piensan en el honor, la dignidad y el prestigio de los convocados, ni el dolor de las familias.Los fiscales tienen la misión de investigar todos los presuntos delitos contra el Estado y/o la sociedad, pero, por ley, deben ser política y socialmente independientes, y cumplir su función dentro de los marcos absolutamente constitucionales, apegados a las disposiciones legales. Esa misión de defensa del Estado y de la ciudadanía deberá hacerse sin presiones de ninguna naturaleza y sin convertir esa tarea en un acto represivo o vengativo del Gobierno, utilizado con fines políticos o para desprestigiar a quienes no están sometidos al oficialismo. Las ideologías o simpatías políticas deberían estar al margen de las actividades profesionales de los fiscales y no deberían influir en sus investigaciones, que siempre deben estar enmarcadas en la búsqueda de la verdad única. Pero, en nuestro país, esa imparcialidad parece haber desaparecido, especialmente de fiscales vinculados a investigaciones de presuntos actos delictivos de carácter supuestamente político, como sucede con los casos de los gastos reservados, el Porvenir o de supuesto terrorismo. El fiscal que investiga este último caso ha tomado un inocultable partido por el Gobierno acusador. Las actuaciones de Marcelo Soza son tan evidentemente parcializadas que no tiene el menor problema en manifestar su animadversión contra quienes llama a declarar, contra los sospechosos o con los que resultan imputados o formalmente acusados de un hecho que todavía no ha sido esclarecido. Los fiscales no deberían sembrar el desprestigio, el temor, ni incumplir disposiciones legales que prohíben revelar nombres de quienes son simplemente citados a declarar. Esa forma de actuar los hace aparecer como implicados en delitos, sin que hubieran sido siquiera formalmente acusados. Pero eso no cuenta. Al fiscal del supuesto caso de terrorismo, al de los gastos reservados y de otros casos, no les interesa cumplir las normas y menos piensan en el honor, la dignidad y el prestigio de los convocados, ni el dolor de los familiares, ni el inmenso daño moral que esa divulgación acarrea. Lo hacen sin ningún respeto ni temor a la justicia. Ahí están los casos del cardenal Julio Terrazas, cabeza de la Iglesia Católica en Bolivia; del periodista José Antonio Pomacusi y de muchas otras inocentes personas que se estableció que no tenían ninguna vinculación con hechos delictivos. Sin embargo, sus nombres fueron divulgados públicamente, poniéndolos en la picota del escarnio, por obra de profesionales que ignoran el debido proceso y el Estado de derecho. Algunos obran con prepotencia y sin consideración, como lo hizo recientemente el fiscal antiterrorismo con Pomacusi, a quien citó a declarar en un día y hora determinados, con la amenaza de aprehenderlo si no acataba la convocatoria. El periodista cumplió, pero el fiscal no, demostrando una evidente falta de seriedad y sin que nadie lo aperciba con una sanción por ello, a pesar de la existencia de una ley que sanciona el incumplimiento de funciones de los funcionarios públicos. Las acciones que desarrollan los fiscales contra la Iglesia y el periodismo parecen obedecer a intenciones superiores de atemorizar o acallar a estas dos instituciones que, según las encuestas conocidas, son las que están en el primer y segundo lugares, respectivamente, de la confianza y la credibilidad del país.

Fecha: 14-Jul-2010

EL DIARIO 11 AGOSTO, 2010.

Luego del asesinato a cuatro policías en la localidad de Uncía, hubo la "declaración formal" del Gobierno en sentido de que es acción irresponsable y criminal de la llamada "justicia comunitaria", sería investigada y sancionados sus autores; sin embargo, se tardó mucho tiempo en conseguir la devolución de los cadáveres y, además, esa región se convirtió en reducto de los criminales.

Pese a todas las declaraciones y buenos propósitos de las autoridades para poner freno a estos extremos, hace pocos días se produjo otro linchamiento y en la misma localidad que, parecería, es una especie de desafío al Gobierno para demostrar que la justicia comunitaria no sólo actuaría con impunidad sino inmunidad, una situación en que se da libertad para desconocer la Constitución y las leyes y aplicar en forma directa sanciones que sólo a un salvajismo ignorante se le puede ocurrir.

Lo grave de esta situación es que el Gobierno, a través del Ministerio del ramo, la policía, la fiscalía, etc., hasta ahora no hayan logrado avances en el caso de Uncía y los culpables de los crímenes se rían de las leyes y las autoridades. ¿Por qué tanta permisividad con quienes actúan bajo pretextos de la justicia comunitaria y disponen de la vida de personas a las que consideran culpables de hechos ni siquiera denunciados menos investigados y juzgados? ¿Es que, en los hechos, el poder Judicial ha perdido tanto que debe ser reemplazado por el criterio y los instintos bárbaros de quienes se toman las leyes por su cuenta?

El hecho de que la "justicia comunitaria" haya sido incorporada en la Constitución no debe dar lugar a que cualquier persona o grupo se adjudique el derecho de juzgar presuntos delitos y aplicarles la sanción extrema como es la muerte mediante linchamientos y otros procedimientos totalmente ajenos a las leyes. No es justo ni digno para la propia conciencia del Gobierno nacional el que se llegue a los extremos que se vive en este campo, puesto que ya son muchas las víctimas que han perdido la vida en manos de ajusticiadores criminales que actúan con total libertad e impunidad, conscientes de que ninguna autoridad les hará sentir el peso de la justicia por la consumación de crímenes de lesa humanidad.

La "justicia comunitaria", practicada en tiempos anteriores al coloniaje por los aymaras, tenía otras características y, sobre todo, tenía la égida o protección (resguardo) de las autoridades como eran los mallcus, jilacatas, amautas y ancianos que regían los destinos de las comunidades y aplicaban sanciones conforme al tipo de faltas o delitos que se cometían; pero no había linchamientos indiscriminados tan sólo por haber sospechas de delitos nunca comprobados.

El Gobierno, no sólo por propia responsabilidad sino por lo que implica para lo que podríamos llamar "conciencia gubernativa", debería actuar enérgica, honesta y responsablemente para identificar, apresar, juzgar y sancionar a los culpables de tantas víctimas de la llamada "justicia comunitaria"; de otro modo, quedará en la conciencia del país que el régimen está de acuerdo con crímenes que atentan contra los derechos humanos y violan todo el ordenamiento legal existente en el país. Creer que en atención a "reivindicaciones" del pasado se puede cometer tropelías o abusos (injusticias) con el pretexto de "aplicar justicia" contra presuntos culpables de hechos no comprobados, no implica que los crímenes de Uncía y otros sitios queden en el olvido y la impunidad. Si no hay condescendencia y apoyo de las autoridades a lo hecho, correspondería una atención rápida no sólo de las autoridades gubernamentales sino del propio Poder Judicial que debería actuar con mucha diligencia.

Fuente: El DiarioFecha: 11-Ago-2010

Derechos humanos y pueblos indígenas

En la actualidad, los pueblos indígenas siguen luchando por encontrar un espacio en el concierto de las naciones, para que les sean reconocidos sus derechos, tal es el caso de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en el caso boliviano, el reconocimiento, por lo menos de la existencia de un propio derecho, pero es necesario pensar en derechos humanos desde la concepción del pensamiento indígena, no de los derechos humanos universales, porque éstos, son buenos para ser recitados como poesía, pero casi nunca se llevan a la práctica; por ejemplo, se habla de derechos humanos fundamentales, inherentes y todos los adornos que se les puede dar, y entonces, se resaltan tres: el derecho a la igualdad, derecho a la seguridad, derecho a la libertad, y ninguno de los tres se puede encontrar en la vida real.

Por eso, los pueblos indígenas han señalado y con justa razón, que los derechos humanos sólo han servido para defender delincuentes, –pero eso es lo que ha sucedido en la realidad,- con esto no estoy defendiendo una equivocación, entiendo en la teoría, que los derechos humanos, son facultades que todo ser humano tiene y, en consecuencia, éstos deben ser protegidos y garantizados (especialmente por el Estado), pero esto debería de ser así, sólo si la justicia y sus administradores cumplieran con el espíritu de las leyes, pero esto será en otro tiempo, en otro mundo, en otra realidad.

Los derechos humanos, dejarían de ser protectores de delincuentes, en el pensamiento de las comunidades indígenas, sólo si se cumplen, se respetan y se practican todos los procedimientos en la aplicación de la ley, si no se acepta la mentira, que se respete el debido proceso, que se eviten los trámites engorrosos, que se cambie la visión de la aplicación de justicia como una fuente de ingresos económicos, que los sistemas de prevención y persecución del delito funcionen humanamente y bajo valores éticos, que la tutela, vigilancia, control o custodio de la prueba sea eficaz, leal y transparente, (que no se cambien declaraciones, que no se pierdan archivos o autos procesales, etc.), y que el sistema penitenciario sea una especie de regeneración de la persona. Cuando éstos y otros aspectos, que no alcanzo señalar en este momento, se cumplan, entonces los pueblos indígenas cambiarán la concepción que tienen de los derechos humanos en la administración de justicia, por lo que debe cambiar todo para hablar en verdad de los derechos humanos, pues deben ser garantizados y, sobre todo, deben ser reconocidos los derechos humanos de los pueblos indígenas.

El reconocimiento de los derechos humanos sin una eficaz protección no significa nada, pues la supuesta igualdad jurídica consagrada en los textos constitucionales ha sido secularmente incumplida.

Pero, si los que hoy estudian derecho, aprenden a hacer todo lo que se ha señalado, y si los que administran justicia no cambian la "costumbre" que tienen y que se va heredando de generación en generación, entonces no aspiraremos a llegar a otro lado, parece que el rumbo ya está marcado.

Conclusiones

De acuerdo a la investigación realizada en base a la información secundaria se llega a las siguientes conclusiones con respecto al linchamiento hoy /o supuesto justicia comunitaria:

Para todo esto se requiere urgentemente de una verdadera formación intensiva para operadores de justicia, no sólo en materia de derechos humanos, sino en sociología, antropología, cultura, lingüística, interculturalidad, diversidad jurídica y todo el fundamento epistemológico del pensamiento indígena, así como una capacitación a todo el personal auxiliar y administrativo, para que se pueda certificar el buen desempeño de sus labores como servidores públicos en atención a los pueblos indígenas, entre las que se debe priorizar el aprendizaje del idioma de la región y la cultura. La justicia en la actualidad es lenta, cara y muy formalista.

Bibliografía

Código Civil Boliviano

Código de Familia

Constitución Política del Estado

Convenio 169 OIT Concerniente al derecho indigena

Usos y costumbres de Germán choque huanca, 1998

Convención de la Haya para la protección del niño. Marzo 2002

-Instituto Interamericano del Niño 2000 violencia y explotación sexual en América Latina y el Caribe (Montevideo IIN OEA)

Código Penal: Ley Nº 1768, de 11 de marzo de 1997

-La necesidad… nos hace cómplices: Tráfico de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación laboral en Bolivia – Defensa de los Niños, Niñas Internacional 2001

Autor:

Lic. Hernando Concha Machaca

Trabajo de investigación presentado a la Universidad Indígena Tawantinsuyu