- 1. Antecedentes
- 2. La situación comercial entre Chile y la Unión Europea
- 3. Los puntos de Acuerdo
- 4. Miel sobre ojuelas
- 5. Los puntos grises
- 6. A modo de conclusión
El gobierno ha calificado como un "triunfo histórico para la Cancillería chilena", el reciente acuerdo de asociación con la Unión Europea, tras dos años de arduas negociaciones, iniciadas en abril del 2000 se llegó finalmente a un acuerdo que es definido como de cuarta generación plus, es decir, no sólo incorpora el tema comercial, sino también el diálogo político y el ámbito de la cooperación.
Los acuerdos deben ser ratificados por los 15 parlamentos de los países de la Unión Europea y el Congreso chileno. En el caso de los parlamentos europeos, la ratificación sólo incluye el acuerdo político y de cooperación, por cuanto para el acuerdo económico ya estaba mandatado el Comisario Europeo (francés) Pascal Lamy. En el caso de Chile, el Congreso debe aprobar el acuerdo de asociación en su conjunto. De ser ratificado se espera que el tratado entre en vigencia el 1° de enero de 2003.
Chile se convierte así en el segundo socio Latinoamericano de la Unión Europea después de México, aunque el acuerdo alcanzado con Chile es mucho más amplio.
Europa se ha mostrado muy interesada en este acuerdo, debido a que Latinoamérica ha dejado de ser un área de su influencia -especialmente en lo político- objetivo que se ve reforzado a través de este acuerdo y así neutraliza el avance significativo de EE.UU. en la región de los últimos años.
Chile es un país exportador fundamentalmente de commodities, es decir, de materias primas sin mayor grado de elaboración. Debemos recordar que nuestro PIB está basado en más de un 52% en las exportaciones y donde el 26% de sus ventas al extranjero tiene como destino el Viejo Continente. En el año 2001 Chile del total de exportaciones realizadas a la Unión Europea el 60,1% correspondió a cobre y derivados, un 8,1% a celulosa y le siguen las frutas con un 4,2%. Pero ¿se justifica una euforia tan elocuente de parte del gobierno chileno debido al acuerdo?
2. La situación comercial entre Chile y la Unión Europea
El comercio entre Chile y la Unión Europea ha tenido una importancia bastante menor en los últimos años. Las exportaciones chilenas en 1999 representaron tan sólo el 0,2% del total de importaciones de la Unión Europea, lo que refleja la importancia menor de Chile como proveedor de bienes para dicha zona, aunque manteniendo una gran estabilidad desde el año 1995. Las exportaciones chilenas a la Unión Europea crecieron a un promedio anual de 4,1% entre 1991 y 1999, ritmo bastante menor al ritmo que crecieron las exportaciones globales promedio que alcanzó el 7,3% en el mismo periodo. Los cinco principales productos exportados en dicha zona en 1999 representaron el 62,3% del total de los envíos, cifra que alcanzaba al 54,2% en 1991, lo que refleja además la creciente concentración de la canasta exportadora a la Unión Europea.
En tanto los productos de cobre aumentaron sus exportaciones del 45,9% en 1991 al 51,6% en 1999, la harina de pescado y las uvas que en 1991 ocuparon el cuarto y quinto lugar en los envíos a la Unión Europea cedieron su lugar a los vinos con denominación de origen, la pasta química de coníferas semiblanqueadas y el oro bruto.
El principal producto de exportación chileno, los cátodos de cobre, alcanzaron 22,9% de las exportaciones totales del año 1999, mientras representaba el 42,6% de los envíos a la Unión Europea en el mismo año.
En el año 2001, el intercambio comercial entre Chile y la Unión Europea sumó US$7.658 millones, de los cuales US$4.594 millones correspondieron a exportaciones. En el caso de las inversiones, entre 1974 y el 2001, los Estados Miembros de la Unión Europea invirtieron US$17.629 millones en nuestro país, siendo España, Reino Unido, Italia y Holanda los países más importantes, incluyendo negocios en los sectores eléctrico, gas, servicios, agua, transporte y telecomunicaciones.
La estructura de las exportaciones chilenas a la Unión Europea se han caracterizado por productos con muy poco valor agregado, precisamente estos son los productos más beneficiados con las rebajas arancelarias acordadas. La estructura exportadora se mantiene relativamente constante entre el año 1992 y el año 200, sólo destaca el aumento de un 5,3% de los productos naturales procesados. Así tenemos que durante el año 1992 las exportaciones de recursos naturales representaban 26,6% bajando a 22,9% en el año 2000, ello es debido al aumento en los recursos naturales procesados del 69,7% a 73,4% en el mismo periodo. En tanto los productos industrializados permanecen prácticamente sin variación en una década, pues se pasa de 3,7% a 3,8%.
La estructura de las importaciones chilenas desde la Unión Europea se ha caracterizado por el significativo aumento de los bienes de consumo en un 20,5% y la disminución en los bienes de capital en un 11,6%. Mientras los bienes de consumo durante el año 1992 representaron 12,8% aumenta a 16,1% en el año 2000, ello se explica por la reducción de las importaciones en bienes de capital del 31,9% al 28,2% en igual periodo. Para el caso de los bienes intermedios se tiene un leve aumento al subir de 55,3% en 1992 a 55,7% en el año 2000.
El proceso de negociación culminó con los acuerdos que se describen a continuación.
En el sector agrícola se estableció la desgravación inmediata para una cantidad de 1.000 toneladas de bovinos, 7.000 toneladas de aves, 3.500 toneladas de cerdos y 5.000 toneladas de ovinos. Una cantidad adicional perdería ese privilegio.
También contempla la desgravación inmediata, dentro de límites de cuotas, para algunos productos estrellas chilenos, como las manzanas frescas que pagan actualmente un arancel de 5,4% y para las uvas frescas que pagan un arancel de 6%. Mientras los kiwis tendrán que esperar cuatro años para beneficiarse del acuerdo.
En el caso de los lácteos se establece una cuota máxima de exportación con arancel cero de 1.500 toneladas de queso.
En la agroindustria los productos deshidratados podrán beneficiarse inmediatamente, en tanto en los jugos, que actualmente pagan aranceles entre un 22,4% y un 40%, del ketchup y demás salsas de tomate que pagan un 7,1%, pulpas y purés de frutas y hortalizas deberán esperar cuatro años, mientras los productos congelados deberán esperar hasta el 2010.
En cuanto a los vinos la desgravación será en forma recíproca en cuatro años, sin ninguna cuota. Se otorga certeza jurídica para algunas marcas chilenas de vinos exportados a Europa, así como a las prácticas enológicas que fueron consensuadas en el acuerdo. Sin embargo, a partir del año 2007 en el mercado extranjero y del 2014 en el mercado interno, las viñas chilenas no podrán seguir comercializando marcas como Chablis, Champagne, Chateau, Corton, Jerez, Pomar, Oporto o Rhin por coincidir con el nombre de alguna región de Europa. Se respetaron, en cambio, las denominaciones de origen Gran Vino, Reserva y Late Harvest. El acuerdo no establece restricciones en materias de cepas. En tanto el champagne que se produce en Chile debe denominarse en el futuro "vino espumoso".
En los productos tradicionales se permite el mecanismo de banda de precios, aunque deberían readecuarse si la Organización Mundial de Comercio (OMC) falla en contra de Chile. Además el 99,5% de las exportaciones industriales chilenas podrán ingresar libre de arancel a la Unión Europea en forma inmediata, una vez que el acuerdo entre en vigencia. Entre los productos favorecidos se encuentran la madera, el papel, el metanol, los fertilizantes, la sal, los textiles y las confecciones. En bienes sensibles fue pactada una desgravación a siete años, la cual incluye productos como químicos, pinturas y plásticos.
Respecto del sector pesquero se establece un protocolo de inversión recíproca, que permite a los europeos invertir en Chile bajo las mismas condiciones que se les dan a los chilenos, es decir, tener el 100% de la propiedad de la flota, mientras que la ley actual sólo permite acceder al 49% de ella.
En cuanto al caso de la merluza fresca, que en un principio no estaba incluida en el acuerdo y cuyo arancel en la actualidad fluctúa entre 0% y 22%, sólo consiguió plazos de desgravación de cuatro y siete años para alcanzar un arancel cero. Además queda establecida el respeto a la soberanía de Chile en las 200 millas marinas, donde no podrán ingresar barcos con bandera extranjera.
En materia de cooperación son cubiertas tres áreas: económica y financiera, técnica, y ciencia y tecnología. Uno de los elementos más significativos es un artículo único, denominado cooperación en el contexto de la Asociación o upgrading. Esto significa aumentar el nivel de cooperación entre ambas partes, dejando abierta la posibilidad de evaluar la participación de Chile en algunos programas a los cuales hoy sólo tienen acceso los Estados Miembros de la Unión Europea. Es así como Chile accederá a programas de cooperación en los que se contemplan 22 millones de euros que favorecerán a la pyme, seis millones se destinarán a proyectos culturales y otros seis millones a programas de modernización del Estado.
En materia de servicios será posible promover una mayor presencia de la industria aseguradora europea en Chile. Para quienes deseen trabajar en Europa realizando servicios profesionales tendrán una facilidad automática para laborar por un máximo de tres meses. Se permitirá una mayor internacionalización de los negocios que realiza la banca local, debemos considerar el importante número de bancos chilenos en manos de capitales europeos como el Banco Santander, BBVA, Desdner Bank entre otros. Además se permitirá el desarrollo de empresas chilenas en Europa como las constructoras y servicios de ingeniería. En materia tributaria, los acuerdos de doble tributación quedarán fuera del Acuerdo con la Unión Europea.
Asimismo los bienes finales europeos como automóviles, perfumes, maquinarias y whisky podrán acceder con un menor arancel. Para el instrumental médico y bienes de alta tecnología habrá un desgravamen especial bajo al arancel general chileno. Además Chile reitera su compromiso de otorgar una protección efectiva a los derechos de propiedad intelectual para los productos europeos.
Finalmente se incorpora un mecanismo de consulta para la solución de controversias y en casos de desacuerdos graves existe la posibilidad de convocar a un tribunal arbitral de tres miembros. Sin embargo, existe una virtual imposición por parte de los países europeos, a través de una cláusula de salvaguardia en el texto del tratado, que podría ser activada para un producto que ellos estimen que es afectado.
Esta asociación es vista por el gobierno de Lagos como una confirmación de la confianza en la calidad de las políticas e instituciones chilenas, y se concibe con un instrumento fundamental para generar un escenario propicio para retomar tasas de crecimiento más elevadas, mejorando la generación de empleo.
Asimismo es visto como un importante logro, en momentos en que las negociaciones para un TLC con EE.UU. se encuentran entrampadas en el Congreso de ese país. De esta forma nuestro país podría acceder a uno de los mayores mercados del mundo y obtendría una mayor relevancia como interlocutor regional y mundial.
A nivel de bloque comercial, la Unión Europea es el primer socio comercial chileno. Es el primer mercado para las exportaciones chilenas, del origen de las inversiones extranjeras, así como el principal origen de cooperación internacional.
La población de sus 15 Estados Miembros significará para Chile el acceso potencial a un megamercado con 370 millones de consumidores de alto poder adquisitivo, cuyos ingresos per cápita fluctúan entre los 11 mil y los 32 mil dólares, que llevarán a sus mesas las diversas exportaciones nacionales. Éste es el principal destino de las exportaciones chilenas, con envíos que durante el 2001 llegaron a los US$4.607,2 y que en la actualidad pagan entre un 12 y 15% de arancel. En tanto las exportaciones llegaron a US$3.064,3 en el mismo año.
Para los personeros de gobierno la suscripción del tratado comercial con Europa respaldará de forma definitiva los pronósticos optimistas del FMI que auguran un crecimiento de la economía en torno a un 6% para el año 2003.
En lo concerniente a los acuerdos alcanzados se destaca el incremento de 3.000 a 5.000 toneladas de la cuota de carne de cordero, que además tiene un incremento de 200 toneladas anuales por un plazo indefinido, ello implica copar toda la oferta exportadora que Chile tiene en la actualidad.
Asimismo, la producción frutícola chilena de exportación, recibirá un positivo impacto en su producción, al obtener beneficios de acceso para las manzanas, peras y kiwis.
También la producción de carnes blancas tendrá una proyección y un desarrollo a largo plazo, con influencia directa en la cadena agroindustrial completa (como sería el positivo impacto en la producción de maíz).
Los principales productos de exportación agroindustrial como los tomates, pastas de tomates, jugos y concentrados de frutas, también verán aumentada su producción.
Los productos sensibles como son las productoras de grano, carne y leche quedarían cubiertos por las bandas de precios, siempre que la OMC no falle en contra de Chile.
Además se abre la posibilidad de exportar carnes y de lácteos, siendo la cuota obtenida un equivalente a más del 10% de la producción actual de novillos.
En el caso de la producción de lácteos, la cuota de 1.500 toneladas de queso, requerirá una cantidad de leche equivalente al doble del excedente de comercio exterior que presentó el país en el año 2001.
En el ámbito económico y comercial, existe un mejoramiento con la posibilidad de ingresar productos más elaborados a los mercados europeos. Hasta hoy, el SGP (Sistema General de Preferencias) favorecía con aranceles bajos a las materias primas, pero estos se elevaban considerablemente cuando se trataba de productos manufacturados.
A juicio de muchos economistas la materialización de esta asociación permitirá diferenciarnos de los países Latinoamericanos y tomar distancia de los problemas económicos y de gobernabilidad que hoy los afectan. Dicho análisis es verdaderamente ingenuo en un mundo interelacionado, donde es imposible sustraerse a los problemas generados en una crisis de dimensión global, especialmente en economías abiertas y altamente dependientes a la economía mundial.
Si bien, existe una rebaja arancelaria selectiva sobre muchos bienes exportados por Chile, éstos difícilmente se pueden exportar con una real ventaja competitiva, debido a la estructura económica tremendamente subsidiada existente en Europa. Sólo en la agricultura se entregan más 90 mil millones de euros (unos US$ 70.000 millones) al año en subsidios. A pesar que Chile podría tener ventajas comparativas debido al pago de salarios muy reducidos y por una mayor flexibilidad laboral, Europa no se queda atrás, debido al incremento paulatino del trabajo no formalizado de miles de emigrantes provenientes de Asia, Africa, América Latina y Europa Oriental. Por lo tanto los beneficios serán mínimos tanto en el sector agrícola como en el sector manufacturero, pues el nivel productivo en escalas pequeñas no permite una real competitividad, sólo grandes inversiones en infraestructura y tecnología podría permitirlo.
En tanto en el sector pesquero el impacto es más radical y reviste un análisis más exhaustivo. La liberalización adoptada por Chile de su ley de navegación permitirá a las empresas europeas poder acceder al 100% de la propiedad de las compañías locales, mientras que en la actualidad sólo podía alcanzar al 49%, quedando la propiedad mayoritaria en manos de chilenos. Este sector tiene una importancia estratégica tanto por la riqueza que involucra como por los empleos asociados. Además reviste una concesión muy peligrosa para nuestro país, recordemos que Chile no estuvo dispuesto a entregar en términos jurídicos las 200 millas marinas para la explotación extranjera, sin embargo, este acuerdo incluye un resquicio que permite finalmente a los barcos europeos operar bajo bandera chilena. Las empresas europeas podrán, entonces, poseer participación mayoritaria en el área pesquera. Obligando a los empresarios chilenos a vender sus empresas procesadoras y pesqueras, al no poder competir con estas empresas transnacionales europeas. Ello condena a los empresarios chilenos a cambiar de giro, vivir de las rentas de los dineros obtenidos por la venta de sus activos o, en el mejor de los casos, a asociarse con los capitales europeos perdiendo la autonomía de su empresa. Sin duda que aumentarán las exportaciones de los productos marinos chilenos, sin embargo, deberíamos precisar que éstos son en realidad productos europeos pescados en Chile, encareciendo su precio en el mercado local debido a la masiva exportación hacia el mercado europeo.
El interés europeo por el sector pesquero chileno radica en la crisis de ese sector debido a la sobreexplotación de los recursos marinos en el Viejo Continente, razón por la cual deben esperar varios años para que éstos se recuperen. Por ello se ha propuesto disminuir la flota pesquera a la mitad, siendo los países más afectados España, Italia y Portugal. La solución de corto plazo a este problema ha sido establecer acuerdos comerciales para utilizar el litoral de otros países como es el caso de algunos países africanos.
No obstante, el mayor peligro no está en la desaparición de los empresarios pesqueros chilenos, ni en los empleos que se perderán por la mayor tecnología asociada a los procesos productivos que implementarán los capitales extranjeros, sino radica en que la riqueza marina (la flora y fauna chilena) quedará a merced de las flotas europeas. Y así, tal como ha ocurrido con la explotación indiscriminada del cobre por las compañías extranjeras, ocurrirá con el mar, con el agravante que este recurso marino ya está en estado de explotación máximo. Recordemos que los españoles desde hace varios años venían insistiendo en traspasar las 200 millas para acceder a los recursos marinos chilenos que ahí existen, pues bien, finalmente a través de este acuerdo han logrado su objetivo más preciado.
Además para los europeos crear empresas en nuestro país es más que satisfactorio, pues Chile es concebido como un paraíso fiscal, ya que las empresas chilenas no tributan debido a que la legislación permite múltiples mecanismos de evasión y elusión tributaria.
Quedan condenados también los pescadores artesanales y pequeños empresarios pesqueros, al no quedar peces para pescar, por lo que también se puede prever su colapso y aniquilamiento.
Un análisis separado merece en esta negociación el caso de la merluza, que devela la ineptitud del equipo negociador chileno. La merluza representa el 26% de las exportaciones del sector pesquero, este producto deberá esperar ocho años para llegar a arancel cero, mientras otros países Latinoamericanos pagan cero arancel sin ser socios de la Unión Europea. El gran error del equipo radica en no haber exigido el tratamiento de país más favorecido, como cláusula aceptable para todo trato de socios a largo plazo.
Otro de los vacíos que presenta el acuerdo, excepto en el caso de servicios profesionales que podrán laborar por un máximo de tres meses, es que no se hace mayor alusión a la libre circulación de personas, como si el único interés de los países involucrados fuese la libre circulación de capitales y productos.
El compromiso de Chile de mantener la protección de los derechos de propiedad intelectual para los productos europeos, podría implicar el pago de patentes en muchos productos importados, ello especialmente en los medicamentos y productos de alta investigación científica y tecnológica, lo que encarecería su precio.
Mientras en el caso de la cooperación en las áreas de economía y finanzas, técnica y educación, ciencia y tecnología hubiese bastado con firmar un acuerdo de cooperación mutua.
Para un país que posee un sector agrícola en crisis permanente (debido al nivel de desprotección en que se encuentra), el costo de sacrificar el sector pesquero, el mar y su riqueza, es un costo demasiado alto como para compensarlo con potenciales beneficios del presente acuerdo en franquicias arancelarias en el sector agrícola, pesquero y productos manufacturados que ampliaran la concentración de la riqueza en nuestro país en grandes empresas que son las que poseen la capacidad de producir en gran escala permitiendo así reducir los costos unitarios y competir con las empresas europeas (las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas representan tan sólo el 5% de la exportaciones chilenas).
Es más que cuestionable que el acuerdo implique efectivamente mayor empleo, debido a la reducción significativa del empleo en la pesca (especialmente en la pesca artesanal) y por la incorporación de alta tecnología en la producción de las megaempresas europeas instaladas en territorio nacional, lo que se traducirá en una producción enorme con unos cuantos empleados y en la quiebra de muchas empresas pequeñas que no podrán competir con estos gigantes europeos. Ni siquiera a través de los impuestos se tiene la certeza de obtener grandes ingresos, pues al igual que en el caso del cobre, los altos volúmenes de los productos exportados harán reducir su precio y, por otro lado, debido al escaso nivel de tributación de las empresas chilenas.
Además, los términos del acuerdo no pueden ser modificados, pese a que se requiere la ratificación del acuerdo por el Parlamento chileno, éste sólo vota por su aceptación o rechazo, sin tener la facultad de realizar modificaciones al acuerdo.
Esperemos que una vez traducido a los idiomas de los distintos países involucrados y se envíe al Congreso podamos debatir efectivamente su alcance. Aunque se ve poco probable, de no existir presión social, debido a que los últimos gobiernos chilenos se han caracterizado por acuerdos y medidas económicas sin la suficiente información y por el reducido espacio entregado a la participación de la ciudadanía en la definición de los temas que son verdaderamente importantes para el desarrollo de nuestro país.
Claudio Pérez Díaz