Propuestas para la reactivación La CGR consciente de la difícil coyuntura de recesión económica quiere contribuir de manera proactiva con propuestas que permitan que la economía recupere la senda del crecimiento. Estas propuestas son consistentes y están articuladas con las de la reforma estructural del régimen tributario y de la administración pública nacional. En este sentido, propone eliminar las contribuciones a la nómina del Sena y el ICBF. Dicha eliminación significa $500 mm provenientes del SENA y $987 mm del ICBF para el año 2001. Obviamente, esta propuesta no pretende desfinanciar los gastos de estas dos entidades que contribuyen a la educación técnica y al bienestar infantil. Estos gastos son responsabilidad directa del Estado y no de los empresarios privados. Por tal razón, a través de los nuevos impuestos que se propone recaude el gobierno se deben financiar las funciones básicas del Estado y no con contribuciones de destinación específica. Esto se convierte en una medida compensatoria y de alivio para el sector empresarial privado que amplió su base gravable del impuesto sobre la renta al eliminar exenciones, exclusiones y descuentos tributarios.
También la CGR propone eliminar el impuesto a las transacciones del dos por mil, el cual está programado en $1.1 billones para el 2001.
Por el lado del gasto, la CGR propone destinar $1 billón del presupuesto actual de inversión para nuevos proyectos que aumenten la demanda agregada. La propuesta es reorientar el gasto de funcionamiento que está presupuestado por inversión, como es el caso de proyectos dirigidos a la administración institucional en $700 mm; adecuación y adquisición de sedes en $58 mm; asesorías, estudios e investigaciones en $58 mm, y sistemas de información en $48 mm para destinarlos a infraestructura vial nacional, vivienda de interés social y programas masivos para estimular la microempresa.
Finalmente, las reformas al sector público que propone la CGR están enmarcadas dentro de una nueva concepción del Estado. Hoy en día la asignación de recursos no tiene objetivos claros de crecimiento y desarrollo. Hay un completo divorcio entre la una y los otros. La propuesta es ajustar en $500 mil millones el tamaño de los pagos que hacen los ministerios y entidades descentralizadas del orden nacional, particularmente en gastos de personal y en transferencias para la administración del Estado.
Sostenibilidad de las Reformas La CGR hace las propuestas con un criterio de sostenibilidad en el largo plazo. En ese sentido ha efectuado proyecciones para demostrar cómo se puede llegar de un déficit en el presupuesto del 2000 de 7.3% del PIB a uno de 2% en el año 2006., consistente con un crecimiento real de 4.5% a partir del 2003, una tasa de cambio real de equilibrio y una inflación por debajo del 5% en el 2006. Esto se traduce en un déficit primario que pasaría de 3.2% del PIB en el 2000 a un superávit primario de 1.4% en el 2006 y una deuda que no debe superar máximo el 35% del PIB. Las cuentas del 2001 resultan en un stock de deuda que supera el 34% del PIB para el Gobierno Nacional.
Hacia un presupuesto con reglas Las anteriores proyecciones confirman la necesidad de contar con reglas que definan niveles de déficit y de deuda o sus respectivas relaciones con respecto al PIB. En tal sentido, la CGR propone una Ley de Responsabilidad Fiscal que adopte al menos tres criterios que serían fundamentales para corregir el desequilibrio financiero del gobierno nacional. Estos serían:
Superávit primario mínimo del 1.4% del PIB Déficit fiscal del gobierno nacional del 2% del PIB Saldo de la deuda del gobierno nacional será máximo del 35% con respecto al PIB. De esta manera, la CGR considera que si se adoptan estos tres criterios, pronto tendremos saneadas las finanzas públicas de la Nación y la política fiscal podrá rescatar su papel activo en la estabilización macroeconómica y ser puente para el crecimiento de la economía y del empleo.
La CGR estima que el Congreso debería discutir las estimaciones de ingresos y gastos del presupuesto del 2001. A pesar de que no existen restricciones legales de tipo presupuestal como una Ley de Responsabilidad Fiscal, como en Brasil o Argentina, es necesario señalar la facultad que tiene el Congreso para condicionar, así sea en un artículo de las consideraciones generales del presupuesto, la prohibición de sustituir ingresos tributarios por endeudamiento, o de adicionar gasto sin su respectiva fuente de financiación diferente a deuda, privatizaciones o portafolio. En caso de no cumplirse dichas predicciones, el gobierno estaría en la obligación de hacer los debidos recortes en el gasto improductivo. Esto ya sería un avance hacia una ley de responsabilidad fiscal.
Examen crítico del Presupuesto 2001 En esta oportunidad la CGR efectúa una revisión a las variables macroeconómicas que están estimando los ingresos y gastos del presupuesto del 2001, con el fin de advertir que es necesario romper este círculo vicioso, si se quiere evitar una crisis más profunda de las finanzas del gobierno. Igualmente, se presentan algunas circunstancias y eventos que no han sido tenidos en cuenta, pero que afectan las estimaciones contenidas en el proyecto de presupuesto.
Revisión de las variables macroeconómicas El cuadro 1 presenta las estimaciones de la CGR de las principales variables macroeconómicas (PIB, inflación, importaciones y tipo de cambio), las cuales se contrastan con las contenidas en el proyecto de presupuesto. Cuadro 1
Estas variables macroeconómicas se estiman bajo el supuesto de que no hay políticas activas, por parte del gobierno nacional, para cambiar radicalmente la situación actual. Es decir, no hay reformas estructurales de fondo, para equilibrar las finanzas públicas. Las diferencias sustanciales están en un aumento de la inflación de 2 puntos para el 2001 y en una disminución del crecimiento del PIB de 1 punto y 0.6 puntos para 2000 y 2001 respectivamente con respecto al escenario base del gobierno. También, se han hecho supuestos de menor aumento en las importaciones en 1.1% y 4.2%, correspondiente a un menor crecimiento de la economía y una mayor devaluación promedio frente a lo proyectado en el presupuesto 2001.
Para estimar el impacto fiscal de los supuestos de la CGR frente a los del Gobierno, es necesario primero evaluar las elasticidades y tarifas implícitas de los impuestos que están detrás de las proyecciones del gobierno. El cuadro 4 contiene el recaudo de impuestos internos y externos que el CONFIS aprobó en el Plan Financiero para el 2001. A los impuestos internos se le calculan las elasticidades implícitas con respecto al PIB y, a los impuestos externos, las tarifas implícitas con respecto a las importaciones. Este es el escenario base del presupuesto sobre el cual se confrontan el escenario CGR con unos supuestos macro más conservadores. Cuadro 2
Hay que precisar que las cifras del cuadro 4 no contienen los ingresos estimados por reforma tributaria ni por gestión de la DIAN, sino los componentes vegetativos del impuesto. Lo primero que se puede observar, es un incremento de la elasticidad implícita del impuesto sobre la renta de 0.7 en 1999 y 2000 a 1.2 en el año 2001. En ausencia de reformas, esta elasticidad no tiene por qué incrementarse. El presupuesto y el plan financiero del CONFIS no presentan argumento técnico válido para sustentar una elasticidad de 1.2 en renta. Las bases son homogéneas, toda vez que ni el calendario tributario, ni el plazo de los bancos para trasladar los recaudos a Tesorería se han modificado.
En relación con el impuesto sobre las ventas, su comportamiento está muy relacionado con el de la economía (elasticidad igual a 1). El presupuesto y el plan financiero tienen una elasticidad ligeramente superior a la unidad. Con respecto a los impuestos asociados a la actividad externa, presentan unas tarifas implícitas ligeramente inferior a las programadas para el año 2000. El IVA externo tiene 0.4% menos en el año 2001 y gravamen arancelario de 0.1%.
Al revisar el cálculo de ingresos tributarios incorporado en el presupuesto, tomando como criterio la elasticidad histórica de renta de 0.7, la elasticidad en ventas de 1 y las tarifas implícitas de recaudo externo del 2000, se obtienen los siguientes resultados con respecto a los del presupuesto:
Reducción de $432 mm en el impuesto sobre la renta. Reducción de $32 mm en el IVA interno. Incremento de $913 mm en el gravamen arancelario. Reducción de $843 mm en el IVA externo. El resultado neto total es una reducción de $394 mm de los ingresos tributarios para el año 2001. Esto es producto del efecto combinado de un menor crecimiento del PIB, una disminución de importaciones y una mayor devaluación. De otra parte, la mayor devaluación tiene un impacto sobre los intereses externos de $504 mm, para un déficit adicional de $898 mm (0.5% del PIB) (Cuadro 3).
Cuadro 3
Según los arreglos institucionales actuales, y los que operaron para la década de los noventa, este mayor déficit se validaría con una financiación de mayor deuda, porque no hay ninguna razón para pensar que el presupuesto del 2001 sería la excepción a la regla del sesgo deficitario del presupuesto.
OCEPRE Creación Fue creada el 1 de enero de 1978, por mandato expreso del artículo 65 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario (LORP), y la Ley Orgánica de Administración Central la designa Oficina Central de Presupuesto, adscrita al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia; absolviendo las funciones de la anterior Dirección Nacional de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda. El 29 de septiembre de 1992, la OCEPRE quedó adscrita al Ministerio de Hacienda, según Gaceta Oficial No. 4718 de esta misma fecha.
Misión Asesorar a la Presidencia de la República y a los Organismos sujetos a la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario (LORP), en el sistema presupuestario, en su formulación, seguimiento y en la evaluación de su ejecución física y financiera, así como en su consolidación anual.
Visión La OCEPRE busca proyectarse como una Oficina que integre a su función de control de legalidad presupuestaria, la de seguimiento de la productividad y/o eficiencia del gasto público, y al mismo tiempo busca la excelencia en su servicio de asesoría mediante la innovación de sus procesos y el énfasis en la calidad de su recurso humano.
Funciones de la oficina 1.Velar por el cumplimiento de la LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN PRESUPUESTARIO (LORP).
2.Proponer al Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, opciones sobre los lineamientos generales para la formulación de los Presupuestos del Sector Público.
3.Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual y preparar el Presupuesto por Programas del Sector Público, el Presupuesto Consolidado y las Cuentas Consolidadas del Sector Público.
4.Preparar el Proyecto de Ley de Presupuesto y todos los informes que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
5.Analizar los proyectos de ley de presupuesto de los organismos del sector público y efectuar sus modificaciones cuando sea necesario.
6.Preparar en consulta con el Ministerio de Hacienda, la ejecución de la Ley de Presupuesto y remitirla a la Contraloría General de la República.
7.Preparar las normas e instrucciones relativas al desarrollo del proceso presupuestario, en todas sus etapas.
8.Asesorar a todos los organismos de la administración pública que se rigen por la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario (LORP).
9.Analizar y dar curso a las modificaciones presupuestarias presentadas por los organismos ejecutores de los respectivos presupuestos y emitir su opinión al respecto.
10.Ejercer el control y la evaluación de la ejecución de los presupuestos, sin perjuicio de las funciones de control, asignadas a otros organismos.
11.Informar mensualmente al Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda, acerca de la gestión presupuestaria.
12.Dictar resoluciones sobre la aplicación de esta Ley y su Reglamento.
13.Proponer y realizar averiguaciones administrativas a efectos de establecer la responsabilidad de los funcionarios por el incumplimiento de ésta Ley y su Reglamento.
14.Requerir a los organismos competentes la aplicación de las sanciones por incumplimiento de las disposiciones de ésta Ley y su Reglamento.
15.Las Demás que le confiere la presente Ley y su Reglamento
CORDIPLAN Es la abreviatura que identifica a la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, creada por decreto Presidencial Nº 492 del 30 de diciembre de 1958.
Misión Asesorar al Presidente de la República, al Consejo de Ministros y a los demás centros de decisión del Gobierno, en la formulación e instrumentación de la estrategia de desarrollo económico – social del país, promoviendo para tal efecto los planes, políticas y proyectos Nacionales compatibles con esta estrategia, facilitando al mismo tiempo la indispensable coordinación entre las organizaciones relevantes para su ejecución.
Funciones y fundamentos legales
Banco central de Venezuela Misión El BCV, fundado en 1940, representa una importante expresión de la modernización de la sociedad y el Estado Venezolano. El organismo ha jugado un papel relevante en todo el proceso de desarrollo y en la evolución del sistema financiero venezolano.
Su misión esta dirigida a combatir la inflación, preservar la capacidad de pagos externa y generar confianza y estabilidad de los mercados monetarios y cambiarios.
Sus acciones están orientadas a contribuir con el progreso económico y social del país, con el aumento sostenido de la calidad de vida de los venezolanos y a la competitividad de la economía nacional.
Funciones Corresponde al Banco Central de Venezuela crear y mantener condiciones monetarias, crediticias y cambiarias favorables a la estabilidad de la moneda, al equilibrio económico y al desarrollo ordenado de la economía, así como asegurar la continuidad de los pagos internacionales del país. A tal efecto, tiene a su cargo:
Regular el medio circulante y en general, promover la adecuada liquidez del sistema financiero con el fin de ajustarlo a las necesidades del país. Procurar la estabilidad del valor interno y externo de la moneda. Centralizar las reservas monetarias internacionales del país y vigilar y regular el comercio de oro y de divisas. Ejercer, con carácter exclusivo, la facultad de emitir billetes y acuñar monedas. Regular las actividades crediticias de los bancos y otras instituciones financieras públicas y privadas, a fin de armonizarlas con los propósitos de la política monetaria y fiscal, así como el necesario desarrollo regional y sectorial de la economía nacional para hacerla más independiente. Ejercer los derechos y asumir las obligaciones de la República de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, en todo lo concerniente a la suscripción y pago de las cuotas que le corresponda, a las operaciones ordinarias con dicha institución y a los derechos especiales de giro. Efectuar las demás operaciones y servicios compatibles con su naturaleza de Banco Central. EJEMPLO 1 El gasto de acuerdo con las distintas etapas de su cómputo La cuestión de la registración de los gastos es un problema relevante, sobre todo cuando el propósito es su cuantificación. Del análisis del cuadro siguiente podemos concluir que el GPS, por su alto componente salarial y de pago de haberes previsionales, registra un mayor porcentaje de cumplimiento del crédito y compromiso que los restantes sectores.
Pero, en su interior, se observan distintos comportamientos: educación y seguridad tienen en 1992 un alto porcentaje de uso de los fondos, mientras bienestar social registra el menor. Salud también observa un nivel bajo, aunque no tan pronunciado como el mencionado anteriormente. Debe destacarse que la baja utilización de los fondos en bienestar social y salud tiene un carácter bastante permanente. Dada la importancia que estos sectores tienen en la prestación de los servicios sociales a los sectores más desprotegidos, sobresale este aspecto como tema importante para solucionar.
EJEMPLO 2 Jueves 17 de Mayo, 6:09 pm (hora de N.Y.) DJ Deuda Interna Venezuela 1T US$8.900M – Ministerio Fin.
CARACAS (Dow Jones)–La deuda interna de Venezuela llegó a US$8.900 millones a fines del primer trimestre, informó el jueves Jesús Bermúdez, ministro subrogante de Finanzas. Bermúdez dijo a los periodistas en el marco de un foro empresarial, que el Ministerio de Economía y Hacienda espera un decreto presidencial para aumentar su deuda interna en unos US$700 millones. "Estamos a la espera que el presidente autorice esta nueva deuda", indicó Bermúdez. El principal instrumento de deuda pública para aumentar el dinero en el mercado local, es el bono de Deuda Pública Nacional, o DPN, del cual US$6.000 millones a US$7.000 millones, o 6% a 7% del PIB, está circulando en el mercado. La deuda externa de Venezuela llega a unos US$20.000 millones. -Por Dow Jones Newswires; 58212-5641339; [email protected] (END) Dow Jones Newswires 17-05-01
Podemos concluir que la Política Fiscal es de gran importancia para el desarrollo económico de cualquier nación, esta debe ser adaptada a las realidades de cada nación, cuidadosamente estudiada y ser aplicada con la más estricta disciplina, a fin de lograr los objetivos de crecimiento económico y desarrollo que persigue la Teoría Económica. Hemos visto como la política fiscal puede estar orientada hacia dos corrientes principales; las políticas de demanda o teoría Keynesiana; y las políticas de Oferta defendida pos Friedman, ambas, sin embargo, buscan el equilibrio macroeconómica necesario para lograr el crecimiento sostenido y el desarrollo de las naciones, aunque a través de distintos métodos. El Keynesianismo, se concentra en medidas coyunturales, es decir, de políticas intervencionistas del Estado, a fin de generar un desplazamiento de la curva de la demanda agregada, con el fin de equilibrar la situación económica y lograr la situación de pleno empleo. Sin embargo por tratarse de medidas coyunturales, estas pueden y deben ser reducidas gradualmente, una vez alcanzado el fin deseado debe dejarse nuevamente en manos del mercado el destino económico, el Estado sólo debe intervenir cuando el mercado no logre por si solo equilibrar la situación, sin embargo una vez logrado el equilibrio, el Estado debe retirarse nuevamente a sus funciones de supervisión y dejar que las fuerzas naturales de oferta y demanda del mercado sigan su curso. Las políticas de oferta por su parte arguyen que las políticas de demanda generan un efecto devastador a largo plazo como lo es la inflación y el endeudamiento, así como una nueva plaga económica: la estanflación, producto de la excesiva aplicación de políticas de demanda las cuales auspician un incremento en el gasto público del Estado con el fin de activar el crecimiento económico, aunque se incurra en déficits fiscales. La estanflación, reúne todas las características del estancamiento económico (desempleo, industria paralizada) junto con la ya referida inflación producto del aumento de los precios generados por los incrementos en la masa monetaria de creados en las políticas keynesianas. Las políticas de la oferta proponen un control estricto sobre la oferta monetaria, a fin de que este posea una tasa de crecimiento constante que; sin generar inflación logre los propósitos del crecimiento económico y desarrollo perseguido, para evitar el estancamiento de la economía. Las políticas de oferta se orientan a flexibilizar las reglas del juego dentro de la economía, evitando las presiones sobre los distintos componentes del sistema productivo, aspirando a constituirse en una acción coherente encaminada a propiciar el natural discurrir de las fuerzas que actúan en el mercado. En fin al contrario de las medidas coyunturales de las políticas de demanda, la política de oferta se traza a muy largo plazo, para lograr el equilibrio. Con referencia al caso venezolano, siempre hemos estado conscientes del gran potencial económico que tiene nuestro país, enormes reservas petroleras, auríferas y mineras parecen inagotables, igualmente contamos con grandes posibilidades en materia agrícola, turística y manufacturera. Lamentablemente la excesiva aplicación de las políticas de demanda que arrastraron a nuestra economía hasta la actual situación permitió que se creara en nuestro país una mentalidad de que no somos capaces de lograr ningún avance si el Estado no interviene, es cierto que debido al enorme déficit fiscal y nivel de endeudamiento, el Estado no puede, ni debe continuar con políticas expansionistas y proteccionistas, debemos abrir nuestra economía a la inversión proporcionando seguridad en materia jurídica y fiscal, atraer las inversiones para desarrollar y explotar nuestro enorme potencial. Esto solo se logrará a medida que se logre un equilibrio económico y los frutos de ese proceso no se observarán de inmediato, debemos asumir la responsabilidad por tantos años de despilfarro económico e intervención del Estado en los asuntos económicos, dejar que poco a poco sean las fuerzas naturales del mercado las que logren la reactivación económica de nuestro país. Pero antes debemos asumir los riesgos y sacrificios que esto representa en aras de obtener un mejor futuro; no se puede ser pesimista y pensar que la situación no tiene salida, solo debemos asumir el reto, sincerando nuestra economía, creando una disciplina fiscal acorde a las necesidades, reduciendo el tamaño del Estado y evitando el intervencionismo del mismo, propiciar la aplicación de la economía de mercado, eliminar las medidas proteccionistas, eliminar trabas y controles innecesarias en la actividad económica, aplicar políticas de flexibilización de precios y salarios, establecer límites al crecimiento monetario y propiciar la movilidad y capacitación de la fuerza laboral. Este conjunto de medidas no dará sus frutos inmediatamente por el contrario representan un lento pero continuo mejoramiento de la economía venezolana hasta lograr su total recuperación, esperemos que nuestros gobernantes actuales y los futuros logren entenderse unos con otros y trabajar en conjunto para lograr el recuperamiento de la economía Venezolana.
Toro Hardy, José: Fundamentos de Teoría Económica. Un Análisis de la Política Económica Venezolana, Editorial Panapo, Caracas 1993. González, Domingo/ MEZA, Antonio: Tratado Moderno de Economía General. South Western. México. Favela, Miguél: Política Fiscal, Internet. Vilca, Gladys: Política Económica y Gestión Tributaria, Internet. Red Platino: Plataforma Nacional de Información Oficial del Estado Venezolano. (www.platino.gov.ve) Seniat: Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria. Internet; (www.seniat.gov.ve).
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA.
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE".
VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ.
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.
INGENIERÍA FINANCIERA.
Profesor: Ing. Andrés Blanco.
FINANZAS Y GASTO PÚBLICO:
Caso venezuela.
Ciudad Guayana, Julio de 2004.
Autor:
Osteicoechea, Arelys.
Pérez, Carmen.
Acosta, Nelvis.
Ramos, Miriani.
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