Construcciones controversiales en el Puerto Rico del siglo XXI (página 2)

Con relación a la forma en que César Cabrera se las había arreglado para adquirir el terreno, se menciona que curiosamente el "mismo día" que se publicó el anuncio de la venta del solar, Cabrera notificó "por escrito" a PRIDCO su intención de comprarlo. Ante la interrogante de ¿cómo se enteró?, la información nos presenta que fue por medio de sus relaciones "sociales y políticas" con Juan F. Woodroffe, el presidente de PRIDCO para ese entonces.[5]

El proyecto de construcción del condominio Millennium contó con la aprobación de las agencias gubernamentales encargadas de reglamentar las construcciones en Puerto Rico. El edificio, que estaría ubicado en un lugar privilegiado, al lado opuesto del Tribunal Supremo de Puerto Rico y del Parque Luis Muñoz Rivera en Puerta de Tierra, recibió la aprobación de la Junta de Planificación el 20 de diciembre de 1995[6]El proyecto, que en un principio se presentó por el desarrollador como uno dirigido a proveer viviendas para personas de "clase media", más tarde se reveló que sería uno de residencias para "personas pudientes".

Al recibir el endoso de la Junta de Planificación, al proyecto se le "concedieron" "variaciones" para su construcción, algo que no era permitido en esa zona de acuerdo con el Reglamento de Planificación Núm. 23. Con esta acción, la Junta de Planificación estaba violando su propio reglamento. Esta posición fue reiterada en el año 1997, cuando Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) concedieron a ROCCA variaciones de gran impacto en el proyecto.[7] Entre las variaciones concedidas al Millennium se destacan las relacionadas con:

Parcelación – el desarrollo requería una parcela de 9,584 metros cuadrados como mínimo y se aprobó una de 6,600 metros cuadrados.

Servidumbre y puntos de acceso – se había aprobado un acceso por una calle que ya no existía y una salida por el carril exclusivo de la AMA, pero luego esto se modificó.

Alturas reguladoras – la altura máxima permitida era de 8 pisos, mientras que ROCCA propuso y la Junta de Planificación le autorizó 16 pisos, aumentados a 17 pisos por ARPE.

Tipo de muro urbano – se autorizó eliminar el muro requerido por reglamento para la colindancia Norte y sustituir el de la colindancia Sur por la pared del edificio.

Acceso vehicular – los reglamentos prohibían categóricamente el acceso vehicular directo por la Avenida Ponce de León, pero la Autoridad de Carreteras endosó un "acceso temporal" directo por dicha avenida.

Áreas recreativas – se requerían 600 metros cuadrados de espacio para juego de niños y se autorizó a ROCCA a tener solo 200 metros cuadrados, se autorizó al desarrollador a eliminar por completo las áreas requeridas de 200 metros cuadrados para recreación activa y 150 metros cuadrados (cubiertos y cerrados) para reuniones.

Espacios de estacionamientos – se requerían 26 espacios de estacionamiento para visitantes y se le autorizó al constructor tener solo 6; además, se requerían 9 espacios de estacionamiento para impedidos y se le autorizó a tener solo 4 espacios.[8]

En octubre de 1997 la Autoridad de Carreteras denegó su endoso al proyecto, por entender que este desarrollo impactaba negativamente los proyectos gubernamentales del Tren Urbano y el llamado "Triángulo Dorado"[9]. Sin embargo, entre marzo y mayo del 1998, el entonces Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras Sergio Gonzáles Quevedo, impartió instrucciones para que se le concediera al Millennium un acceso temporero por la Ave. Ponce de León. Esto se autorizó formalmente, a pesar de que tal acceso estaba "prohibido" por la reglamentación aplicable[10]Es notable que dicho acceso hubiera sido aprobado por Planificación, aún antes de haberse aprobado por la propia Autoridad de Carreteras. La aprobación del acceso al Millennium viabilizó su construcción y por ende, el DTOP tuvo que cancelar sus planes de establecer una estación del Tren Urbano en esa propiedad.

El desarrollo y construcción del condominio Millennium continuó, pese a que "afloraron" ciertos rumores y comentarios que afectaban la imagen de "legalidad" del proyecto. Entre estos rumores se destacó, el que en marzo de 1995 la Junta de Planificación había solicitado comentarios sobre el proyecto a la Federal Aviation Administration (FAA), para determinar si la construcción propuesta "constituía una obstrucción a la navegación aérea o atentaba contra la seguridad de la navegación". Dicho estudio había concluido que la altura del edificio excedía los estándares de la FAA y representaba un peligro para la aviación.[11] De acuerdo con la información que se dio a conocer tiempo más tarde, aparentemente ROCCA modificó los planes del edificio para que el mismo se ajustara a los límites exigidos por la agencia federal, pero pese a ello, el edificio aprobado por Planificación y construido por ROCCA excede por mucho los límites de altura establecidos por el reglamento de zonificación aplicable[12]Además de esto, se hablaba de los problemas de "tránsito" que generaría el edificio, por ser uno residencial, en una zona tan altamente congestionada de trafico[13]

Pese a los rumores de tipo técnico, los rumores de tipo político son los que más controversia generaron. Entre ellos, los de mayor "voltaje" eran los relacionados con el papel de la entonces Presidenta de la Junta de Planificación la Sra. Norma Burgos. Se hablaba de si los intereses políticos habían pesado a la hora de otorgarle los permisos a César Cabrera, etc. Sin embargo es de notar, que de acuerdo con la información, aun cuando varios de los documentos de la Junta de Planificación, en este caso, están firmados por Norma Burgos, las decisiones de la Junta fueron tomadas por un panel de 2 miembros de la junta, en el cual ella no participó.[14] No obstante, la percepción de una "componenda" política para beneficiar a Cabrera, por parte de los funcionarios del PNP, continuó flotando entre sectores de la opinión pública.[15]

Con todo y rumores, la construcción continuó, y la opinión del público no estaba tan influenciada, debido a que como mencioné en una ocasión, no es hasta unos años más tarde que se hicieron públicos los pormenores del caso. Es a partir de 1999 que la situación comenzó a tornarse altamente controversial y a convertirse en un tema de discusión pública.

Se desata la controversia, las irregularidades se hacen públicas

En octubre de 1999, el Municipio de San Juan, entonces bajo la administración de Sila María Calderón (PPD), notificó a ARPE que retiraba su endoso al proyecto del Millennium, si no se atemperaba el proyecto a la reglamentación vigente. Posteriormente, el Municipio retiró su endoso por completo, ya que Planificación no cumplió con su compromiso.[16] Esta maniobra despertó el interés en el público, ya que se percibía como parte de una controversia política, entre la administración municipal PPD y los "asociados" de la administración del PNP.

Con el cambio del siglo y el triunfo del PPD en las elecciones del año 2000, las investigaciones sobre diferentes proyectos, realizados bajo la administración Rosselló, no se hicieron esperar. Por una Orden Ejecutiva en enero de 2001, la gobernadora Sila Calderón creó la "Comisión Independiente de Ciudadanos para Evaluar Transacciones Gubernamentales", mejor conocida como el "Comité Blue Ribbon"[17]. Dicha comisión se encargaría de investigar aquellas transacciones que resultaron "perjudiciales" al erario público y que las agencias del gobierno no fiscalizaron adecuadamente.[18]

Los aires políticos que soplaban en los años 2001 al 2002, polarizaron las opiniones del público sobre el Millennium. La construcción había marchado "viento en popa", pero los comentarios de que éste sería investigado por el comité Blue Ribbon comenzaron a afectar su imagen. Para el mes de abril de 2002, los rumores se habían confirmado y la investigación hecha por el "Blue Ribbon" estaba por hacerse pública, mientras que en la prensa la "controversia" se había desatado.

En los días 18 y 19 de abril de 2002, el periódico El Nuevo Día publicó noticias con titulares impactantes, que revelaron varios de los aspectos controversiales del Millennium.[19] En una noticia titulada "Luz verde de Planificación a construir en una ruta aérea", se revela que el edificio, para ese entonces casi terminado, había sido desaprobado en 1995 por Norma Burgos, debido a que no cumplía con la reglamentación vigente, pero que dos años después se dió marcha atrás a la determinación, permitiendo que se desviara de los requerimientos de Planificación[20]Además, se presentaba el texto de un memorando de la FAA enviado a ROCCA Development y a Planificación, en donde se notificaba el peligro que representaba la estructura para la navegación aérea.[21] Otros aspectos que destacaba el reportaje era que en ese año (2002) la Autoridad de Puertos había cerrado una de las dos rutas de vuelo del aeropuerto de Isla Grande, debido al edificio.[22] En la noticia también se mencionaba, que de acuerdo con la oficina de ventas del Millennium, los precios de los apartamentos fluctuaban de $340,000 a $500,000 y los "penthouse" de $600,000 a $1 millón.[23]

El 19 de abril se publicaron en El Nuevo Día dos noticias de seguimiento sobre el Millennium. En una nota titulada "Burgos adjudica a la JP el permiso de Millenium", la entonces senadora novo progresista y ex directora de Planificación, respondió a la controversia diciendo que "Norma Burgos no aprobó nada, fue la Junta de Planificación".[24] En la noticia se cuestionó a la funcionaria sobre la evidencia de la FAA, a lo que ella admitió, que el proyecto modificado nunca fue sometido a la consideración de la FAA, porque a su juicio eso no era necesario.[25] No obstante, en la noticia se destaca que el proyecto requería notificación a la agencia federal, "en cualquier instancia" que el proyecto fuese modificado. Otros aspectos sobresalientes en esta noticia, lo eran las afirmaciones de Burgos sobre las variaciones permitidas al Millennium, y que éstas habían sido avaladas porque la "política publica del gobernador Rosselló era densificar en la construcción de vivienda en Puerto Rico".[26] Burgos agregó, que para la Junta era importante que la estructura cumpliera con la altura máxima permitida por la FAA y con la densidad establecida de 130 apartamentos.

Los aspectos más "volátiles" de la información publicada por la prensa, se relacionaban con las negociaciones y concesiones obtenidas por el ingeniero César Cabrera para su proyecto. El mismo día 19 de abril, se publicó una pequeña noticia titulada "Vendió fomento las tierras a Cabrera a precio de ganga"[27], donde se daban a conocer los detalles de la compraventa del terreno por debajo de su valor en el mercado. Además, en esa fecha el propio ingeniero Cabrera hizo unas escasas declaraciones sobre las controversias que rodeaban a su proyecto. Ante preguntas sobre la "peligrosidad" del edificio y la cancelación de la ruta aérea, Cabrera dijo "desconocer" sobre dicha cancelación.[28] Otro aspecto "candente" que se reveló en la prensa, lo fue la admisión de Cabrera de que era primo segundo de Carlos Ignacio Pesquera, el entonces presidente del PNP y ex secretario de Obras Públicas.

Estas noticias añadieron a la controversia y sacudieron la opinión pública, al sector de la construcción y a las agencias del gobierno, que en esa época estaban "bajo fuego".[29] Entre los años 2001 a 2002, el gobierno de Puerto Rico asumió una posición de "cautela" con respecto a la construcción. Esto trajo consecuencias para este sector[30]ya que se detuvieron múltiples proyectos, en pro de "analizarlos más rigurosamente" y darle paso a aquellos que se "adaptaran" a las políticas de desarrollo urbano del gobierno.

A finales de octubre de 2002, la Comisión "Blue Ribbon" emitió su séptimo informe, titulado Irregularidades en la adquisición del terreno y en el trámite de concesión de permisos para la construcción y desarrollo del condominio Millennium a la entrada de la isleta de San Juan. En dicho informe se hacía una detallada relación de los hechos e irregularidades en el proceso de desarrollo del edificio. En el texto se presentan irregularidades que van, desde el cheque con que se pagó el terreno hasta los "arreglos" para la otorgación de los permisos.[31]

Sin embargo, lo más impactante del informe lo son sus conclusiones y recomendaciones, donde se establece que:

…la transacción evaluada refleja que las agencias reguladoras y viabilizadoras concernidas incurrieron en un claro abuso de discreción, y abdicaron irresponsablemente las obligaciones que les imponen las leyes y reglamentos pertinentes para la concesión de endosos y permisos en cuanto a la construcción y desarrollo ordenado de proyectos, demostrando un claro y totalmente impropio favoritismo hacia ROCCA.[32]

Esta conclusión quedaba evidenciada ya que, de acuerdo con el informe, a pesar de la oposición de aquellas instituciones que opinaron que el proyecto no cumplía con la reglamentación, tanto Planificación como ARPE, concedieron indebidamente variaciones significativas a la construcción.[33]

En cuanto a las "recomendaciones" del Comité sobre el caso del Millennium, las más "impactantes" resultaron ser las que solicitaban que el Departamento de Justicia investigara si había mediado influencia indebida en la concesión de permisos, que Planificación y ARPE revisaran los permisos y que si éstos "no eran irremisiblemente contrarios" a la normativa, se ordenase la construcción de un acceso permanente adecuado para el edificio (todo ello pagado por ROCCA). Pero, que en caso de que los permisos fuesen "irremisiblemente contrarios a las leyes" o que mediaron influencias indebidas en su otorgación, que se deniegue permanentemente todo permiso de uso al condominio y se ordene su "demolición" (con el costo cubierto por ROCCA).[34]

Con la publicación del informe número siete del "Blue Ribbon", se confirmó la información de que el ingeniero César B. Cabrera Morales (desarrollador del Millennium) había declinado en "varias ocasiones" la invitación de la Comisión para ser entrevistado con relación al caso.[35] Este hecho, a mi parecer, creaba dudas y sospechas en la opinión pública, sobre las actuaciones de Cabrera en el caso del Millennium. Además, nos crea la interrogante de por qué no se defendió ante las sospechas y señalamientos.

Dos días después de publicarse el informe sobre el Millennium, se reportó en El Nuevo Día la noticia, con el titular "Informe de nebulosa compraventa".[36] En dicha noticia se presentó un resumen de los principales hallazgos de la Comisión y se señala que para esa fecha (24 de octubre de 2002) el edificio se mantenía aún desocupado.

Pese a la difusión del informe sobre el Millennium, la controversia no había terminado. Al conocerse los hallazgos sobre el edificio y las recomendaciones de "demolerlo", la controversia se politizó. Algunos sectores de la opinión pública tildaron al "Blue Ribbon" de ejercer una "persecución política" contra allegados del PNP.[37] El propio César Cabrera argumentó en la prensa, que "esto es una caza de brujas política" y que solo se estaban centrando en él por estar relacionado con el presidente del PNP, Carlos Pesquera.[38] Si bien era cierto, que el "Blue Ribbon" no podía desligarse de cierto "oportunismo político" en sus investigaciones, también era cierto que la obra de construcción de Cabrera había sido un "negocio redondo" para este; negocio que había afectado al erario público.[39] Lo que si resultó notable fue el grado de polarización que alcanzó la opinión de los puertorriqueños. Algunos estaban a favor de la demolición y otros no, siempre influenciados por las líneas partidistas. Sin embargo, había voces que señalaban que el problema no estaba en el edificio, ni en el contratista, sinó en las agencias gubernamentales que violentaban sus propias reglas, lo que propiciaba que los contratistas hicieran caso omiso a las normas. Era por ello que se debían reformular los reglamentos y procesar a aquellos que los hubiesen violado.[40]

Uno de los últimos incidentes en la controversia del Millennium lo fue la situación relacionada con el "acceso temporero" otorgado al edificio. Según el acuerdo firmado por la Autoridad de Carreteras y ROCCA, este último debía pagar una suma de $96,162 en dos plazos, por concepto de impacto sobre las vías estatales.[41] La situación del acceso se transformó en disputa, ya que la empresa constructora se rehusó a pagar la cantidad acordada, y en abril de 2004 el Gobierno de Puerto Rico decidió demandar a la constructora.[42] En la demanda se reclamaba el pago de los $96, 162, más sobre $600,000 por concepto de arrendamiento de un solar, propiedad del gobierno, que utilizaban, como acceso de forma ilegal, los residentes del condominio.[43] Además, se menciona que ROCCA nunca construyó el "acceso permanente" como lo había acordado.[44]

Pese a todas las controversias, el condominio Millennium en San Juan es un edificio de diseño vanguardista que posee elementos arquitectónicos modernos, a la vez que incorpora detalles "de moda" en su fachada. Entre estos detalles resalta el uso de cristales de color azul-verdoso en sus balcones, algo que le brinda cierto estilo "futurista", estilo muy difundido en los últimos años del siglo XX. Los apartamentos del edificio se vendieron muy bien, sin embargo más de un año después de que éstos se pusieran a la venta, no se había alcanzado una ocupación mayor al 10 por ciento.[45] Varios años más tarde, el índice de ocupación sigue siendo bajo, y se rumora que esto se debe a que muchos de los que "compraron" los apartamentos contemplan entablar acciones legales.

Las construcciones controversiales continúan

El sector de la construcción continúa desempeñando un rol protagónico en la economía de Puerto Rico en el nuevo siglo. Sin embargo, la isla ha sufrido históricamente de una falta de planificación urbana, que ha promovido el que se construya "afectando negativamente" diversas zonas del país.[46] Es cierto que deben haber existido numerosas construcciones "controversiales" en Puerto Rico, con anterioridad a la década de los noventa. Esto es muy probable, ya que el vínculo entre los desarrolladores y los políticos siempre es estrecho, en un país que depende mucho de la construcción como principal actividad económica. Pese a lo ocurrido en el caso del Millennium, en los primeros años del siglo XXI, la prensa informa sobre otros proyectos que parecen seguir una tendencia; la tendencia de recibir permisos de construcción de parte del gobierno, a pesar de que causan efectos negativos en las zonas donde se construyen.

En el año 2003 la controversia se concentró en el proyecto Paseo Caribe, que se construía en la entrada de Puerta de Tierra. Dicho proyecto contemplaba una torre residencial de 17 pisos, un casino para el hotel Caribe Hilton, 1759 espacios de estacionamiento, un centro comercial y otras facilidades, en un reducido espacio de 5.6 cuerdas de terreno.[47] De acuerdo con las denuncias públicas de los residentes del área, los proponentes del proyecto, lograron mediante artimañas y medias verdades, que la Junta de Planificación aprobara el proyecto ignorando los reglamentos vigentes, entre éstos el famoso Reglamento Núm.23, tan solo con el propósito de maximizar la ganancia del desarrollador.[48] A estas denuncias se unió una investigación de la Comisión de Desarrollo del Municipio de San Juan de la Cámara de Representantes, que investigaba los efectos de cinco grandes desarrollos en la entrada de la Isleta de San Juan.[49]

El análisis de la Comisión señaló que las agencias reguladoras que aprobaron los proyectos, entre ellos el de Paseo Caribe, "no los analizaron íntegramente sino de manera individual, lo que impidió tener una proyección del efecto adverso en la zona".[50] Sin embargo, resulta notable el que el proyecto Paseo Caribe recibió todos los permisos del gobierno, a pesar de poseer una torre de apartamentos más alta que la del Millennium y las agencias concernientes no dijeron nada ante esta violación del Reglamento Núm.23.[51] Esta situación es sumamente interesante, ya que este proyecto se construía a menos de un año de que la administración del PPD "hiciera caso omiso" a las recomendaciones del informe del "Blue Ribbon" sobre el Millennium.

Ante las denuncias y señalamientos sobre el proyecto Paseo Caribe, su desarrollador Arturo Madero, presidente de San Gerónimo Development, dijo que su proyecto "tiene todos los permisos de las agencias y recibió el asesoramiento técnico de 20 profesionales en planificación".[52] Madero opinó públicamente que la Comisión investigadora había opinado "sin saber y sin tener conocimiento técnico profundo del proyecto" y que el presidente de la Comisión, el representante del PPD Luis Raúl Torres "hacía una gestión política".[53]

En marzo de 2003, el periódico Primera Hora publicó un artículo donde se denunciaban los problemas de congestión vehicular que provocarían las construcciones del Millennium, Paseo Caribe y la ampliación del Departamento de Justicia en Miramar. En dicho articulo se criticaba, que "la milla dorada de la Isleta de San Juan, en su desarrollo integral, se opone al interés público, en beneficio exclusivo de intereses particulares que vienen desde hace años amenazando todos los recursos del país".[54] En junio de 2003, El Nuevo Día publica una noticia titulada "Lupa a un proyecto de apartamentos"[55], donde se informa que ARPE evaluaría una posible "revocación" de los permisos para la construcción del proyecto Royal Bay Club. El edificio, que estaría ubicado frente a las oficinas del Cuerpo de Ingenieros en la Ave. Fernández Juncos (a pasos del Millennium), constaría de 25 pisos y los precios de los apartamentos comenzaban en "los bajos $200,000".[56]

El caso del Royal Bay Club llama la atención porque el proyecto había obtenido en el 2002, la aprobación del permiso previo a la aprobación final, a través del Centro Expreso de Trámite, un organismo adscrito a ARPE y creado por la administración de Sila Calderón, para "agilizar" el proceso de permisos en cumplimiento de la reglamentación.[57] Además, el Royal Bay Club era propuesto por el arquitecto Enrique Gutiérrez, quien estaba vinculado al condominio Princesa del Mar, cuya construcción detuvieron los tribunales por "irregularidades en los permisos".[58] Las denuncias contra el Royal Bay Club, señalaba que el proyecto había sido aprobado con variaciones a los reglamentos que "se parecían a las del Millennium".[59]

Una de las controversias más recientes lo fue la del proyecto Marriot Residence Inn, en los terrenos públicos del Balneario de Carolina, adyacente a la Playa de Isla Verde.[60] El proyecto contemplaba un edificio de 15 pisos, 196 habitaciones un estacionamiento soterrado y había sido avalado por la Junta de Planificación, pero sin requerirle una Declaración de Impacto Ambiental, a pesar de que la construcción afectaría la zona.[61]Por esta razón el Colegio de Abogados de Puerto Rico emitió en marzo de 2005, una resolución que expresa su oposición al proyecto. En dicho documento se plantea, que el Municipio de Carolina y la Autoridad de Puertos también se oponen a la construcción, ya que éste "viola el Reglamento de Planificación que establece parámetros de altura en edificaciones cercanas a Aeropuertos, la misma reglamentación que se obvió en la construcción del Condominio Millennium de San Juan".[62]

Como se ha observado, a pesar de las denuncias públicas de algunas instituciones y entidades que denuncian los proyectos de construcción que afectan el entorno, los desarrolladores se las "arreglan" para obtener la permisología para sus proyectos. Es notable que la estrecha relación entre contratistas y políticos permite que la situación continúe sucediendo bajo cualquier administración.

Conclusión

Las grandes construcciones realizadas en Puerto Rico durante la década de los noventa, fomentaron en la opinión pública una visión de progreso y prosperidad. Aparentemente la isla se preparaba para entrar en el siglo XXI con unos proyectos de avanzada.

Entre los proyectos privados más destacados de fin del siglo se encontraba el condominio Millennium, el cual se percibía como uno de los estandartes de la nueva era. Sin embargo, a lo largo de su desarrollo y construcción los rumores de irregularidades y violaciones a los reglamentos y leyes de construcción fueron surgiendo. La investigación hecha por el comité "Blue Ribbon" trajo a la luz pública, que en la realización del Millennium habían existido desde el principio, múltiples violaciones reglamentarias y serios favoritismos políticos.

La publicación del informe sobre el Millennium y la cobertura periodística de la controversia, dividieron la opinión pública. La discusión de dicha controversia por el público también se politizó. Por un lado, unos sectores acusaban al "Blue Ribbon" de persecución política, mientras que otros señalaban que ese era un mecanismo para descubrir y castigar el favoritismo político y las violaciones a los reglamentos de construcción. Lo que resultó notable de dicha controversia, fue la forma en que el Millennium se convirtió, para la opinión pública, en un referente o símbolo de las transgresiones y la corrupción en la construcción. Por esto, en otras controversias surgidas luego de terminado el edificio, el Millennium era constantemente mencionado como ejemplo de lo que no se debía permitir.

En los primeros años del siglo XXI, continúa la práctica de otorgar permisos de construcción a proyectos conflictivos. Las controversias recientes demuestran, que aunque las autoridades gubernamentales hagan un "aparente" esfuerzo por fiscalizar las construcciones, la relación entre contratistas y políticos permite, en muchas ocasiones, buscar formas para que los proyectos se lleven a cabo. Sin embargo, de cara al futuro no todo puede ser pesimismo. Es importante reconocer que la industria de la construcción es importante para la economía de Puerto Rico. Por ello, en la discusión sobre el rol de la construcción en la isla, el asunto no es si se debe o no construir. La discusión debe centrarse en qué rumbo va a tomar y que consideraciones éticas van a asumir, tanto los constructores como las agencias reglamentadotas. De ello dependerán las consecuencias que enfrentará nuestro país a largo plazo.

Bibliografía

Fuentes primarias:

El Nuevo Día

7 de marzo de 1994.

18 de abril de 2002.

19 de abril de 2002.

20 de abril de 2002.

18 de octubre de 2002.

22 de octubre de 2002.

24 de octubre de 2002.

10 de noviembre de 2002.

11 de noviembre de 2002.

12 de noviembre de 2002.

13 de noviembre de 2002.

14 de noviembre de 2002.

10 de marzo de 2003.

6 de junio de 2003.

19 de abril de 2004.

Comisión Independiente de Ciudadanos para Evaluar Transacciones Gubernamentales, "Irregularidades en la adquisición del terreno y en el trámite de concesión de permisos para la construcción y desarrollo del condominio Millenium a la entrada de la isleta de San Juan", Informe 2003-02, 22 de octubre de 2002.

Fuentes secundarias:

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Altieri, Jaime J., "Proponen ley de emergencia para resolver demanda sobre viviendas", Centro de Medios Independientes de Puerto Rico, http://indymediapr.org/mail.php?id=3330

Colegio de Abogados de Puerto Rico, "Resolución numero 11 para expresar la oposición del Colegio de Abogados de Puerto Rico a la construcción del proyecto Marriot Residence Inn en la playa de Isla Verde", año de sesiones 2004-2006, http://www.capr2.org/reso_junta_gobi/Resol_11.htm

Díaz Román, Miguel, "Lupa a un proyecto de apartamentos", El Nuevo Día 6 de junio de 2003, http://www.ceducapr.com/wmview.php?ArtID=1360&term=millenium

Díaz Román, Miguel, "Ojo al impacto de 5 proyectos para San Juan", El Nuevo Día, 10 de marzo de 2003, http://www.ceducapr.com/noticias/wmview.php?ArtID=712&term=millenium

Gómez, Antonio R., "Demandan constructora de edificio Millenium", Primera Hora, 19 de abril de 2004, http://www.ceducapr.com/noticias/wmvieu.php?ArtID=4942&term=condominio millenium

Marino, John, "Salvar el Millennium", The Puerto Rico Herald, 15 de noviembre de 2002, http://www.puertorico-herald.org/issues/2002/vol6n46/PRR0646-es.shtml

Ruíz Marrero, Carmelo, "Ciudadanos denuncian desastres de planificación", Claridad, 28 de febrero de 2003, http://www.ceducapr.com/noticias/wmview.php?ArtID=678

[1] Las implosiones de estructuras, tales como condominios, el complejo deportivo del Escambrón y la Villa Panamericana, eran eventos a los que asistía el público y funcionarios gubernamentales y en los que el gobierno ofrecía refrigerios. Además, estos eventos eran promocionados en los medios de comunicación y televisados en vivo.

[2] El Nuevo Día, 7 de marzo de 1994, p.22; Comisión Independiente de Ciudadanos para evaluar Transacciones Gubernamentales, “Irregularidades en la adquisición del terreno y en el trámite de concesión de permisos para construcción y desarrollo del condominio Millennium a la entrada de la isleta de San Juan”, Informe 2003-02, 22 de octubre de 2002, pp.5, 6 y 9. Estos terrenos habían sido traspasados a PRIDCO por el Departamento de Transportación y Obras Públicas en 1960. Como parte de su política de vender propiedades de la agencia, PRIDCO publicó un anuncio en el periódico El Nuevo Día en el que enumeró varias propiedades, incluido el solar, que estaban disponibles para la venta.

[3] Comisión Independiente…, op. cit., pp. 10-16. El informe presenta varias irregularidades, entre ellas el permitir que el comprador fuese quien diligenciase la tasación del solar y que dicha tasación se hiciera con métodos cuestionables. Además, se señalan varias deficiencias en la escritura de compraventa del solar.

[4] Ibid., pp.3, 10 y 11.

[5] El Nuevo Día, 19 de abril de 2002, p.20; Comisión Independiente…, op.cit., p.10. El propio Juan F. Woodroffe admitió en su testimonio para la comisión (Blue Ribbon) que mantenía una relación social y política con Cabrera, quien era Director Ejecutivo del Comité del Partido Republicano en Puerto Rico.

[6] Comisión Independiente…, op. cit., p.19.

[7] Loc.cit.

[8] Comisión independiente…, op.cit., pp.19-20. La resolución de la Junta de Planificación del 12 de marzo de 1997, concediendo estas “variaciones”, aprobaba en su totalidad las variaciones planteadas por la corporación ROCCA.

[9] Esta era una iniciativa del gobierno para crear una zona exclusiva para el turismo y el comercio en el área de San Juan.

[10] Comisión Independiente…, op.cit., pp.21 y 22. Se señala que esta decisión se tomó sin realizar un estudio de transito, tal y como había sido recomendado por funcionarios de la Autoridad de Carreteras. Además, el acceso temporero concedido no era seguro, ya que no proveía espacio suficiente para la construcción de carriles de aceleración y deceleración. El mismo funcionario que firmó la autorización, reconoció que ese acceso no estaba permitido por el reglamento, ni siquiera como una “variación”.

[11] Comisión Independiente…, op.cit., p.59. De acuerdo con los estándares aplicables, el edificio no debía rebasar los 146 pies de altura sobre el nivel del suelo ó 160 pies de altura sobre el nivel del mar.

[12] Ibid., pp.58 y 59.

[13] Ibid., p.53. Esto había sido señalado internamente en la Junta de Planificación desde febrero de 1995.

[14] Ibid., pp.20 y 21.

[15] En múltiples programas radiales de opinión pública, gran cantidad de ciudadanos expresaban su sentir al respecto.

[16] Comisión Independiente, op.cit., p.60. En mayo de 1995, el Municipio de San Juan bajo la administración de Héctor Luis Acevedo (PPD), había endosado el proyecto del Millennium, antes conocido como “Puerta de San Juan”. Esto había sido siempre y cuando no se concedieran al proyecto variaciones al Reglamento Núm. 23.

[17] Ibid., pp.1 y 2.

[18] La comisión estaba compuesta por el ex-representante del PIP David Noriega como presidente, los ex-jueces Carmen Rita Vélez Borrás, Ángel G. Hermida y la ex- contralor Ileana Colón Carlo como comisionados.

[19] El Nuevo Día, 18 de abril de 2002, p.6; 19 de abril de 2002, p.20.

[20] El Nuevo Día, 18 de abril de 2002, p.6. En la noticia se hace claro que la información provenía de documentos obtenidos por la redacción del periódico. Además se señalaba que la entrada al edificio por la Ave. Ponce de León había sido endosada, por el entonces director de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Pesquera.

[21] Loc.cit.

[22] Loc.cit. Esto había salido a relucir en un estudio de viabilidad comisionado por la Autoridad de Puertos a la firma PBS&J, ante un propuesto cierre del aeropuerto de Isla Grande.

[23] Loc.cit.

[24] El Nuevo Día, 19 de abril de 2002, p.20.

[25] Loc.cit.

[26] Loc.cit. Se refería específicamente al “cambio de altura” del edificio.

[27] El Nuevo Día, 19 de abril de 2002, p.20.

[28] Loc.cit.

[29] El Nuevo Día, 20 de abril de 2002, p.40; 22 de octubre de 2002, p.4. En esas fechas se publicaron noticias que informaban sobre el desarrollo de una nueva ley de planificación en la legislatura y sobre el “escándalo” de equipo para espionaje electrónico hallado en las oficinas de ARPE.

[30] El Nuevo Día , 22 de octubre de 2002, p.103. En una noticia titulada “Frenada por dos años la construcción”, se planteaba que entre 2001 y 2002 la Junta de Planificación había denegado la aprobación de 242 consultas de ubicación para proyectos, principalmente para desarrollos en la zona rural. Esto había implicado una pérdida de $1,377 millones y 14,229 empleos. De acuerdo con los críticos de Planificación, esto se debía a una visión “romántica” de Planificación, que “quería concentrar el desarrollo en los cascos urbanos y no permitir la construcción en zonas rurales”.

[31] Comisión Independiente…, op.cit., pp.27-71.

[32] Ibid., p.26.

[33] Ibid., p.65.

[34] Ibid., pp.71, 75-77. Se mencionaba que se debía ordenar la demolición del edificio, si ROCCA no cumplía a cabalidad con la construcción del acceso permanente y adecuado para el edificio.

[35] Ibid., p.11.

[36] El Nuevo Día, 24 de octubre de 2002, p.6.

[37] Esta opinión era bastante común en los programas radiales de opinión pública y entre algunos analistas políticos.

[38] John Marino, “Salvar el Millennium”, The Puerto Rico Herald, 15 de noviembre de 2002, http://www.puertorico-herald.org/issues/2002/vol6n46/PRR0646-es.shtml, p.2.

[39] Loc.cit. Cabrera había admitido públicamente que su empresa inmobiliaria ganaría unos $64 millones en ventas con el proyecto.

[40] John Marino, op.cit., pp.2 y3.

[41] Comisión Independiente…, op.cit., p.69. El acuerdo disponía que el importe que cobraría Carreteras sería empleado directamente en el proyecto Millennium, a pesar de que los reglamentos especifican, que dicho importe no se podía invertir en el mismo proyecto.

[42] Antonio R. Gómez, “Demandan constructora de edificio Millenium”, Primera Hora , 19 de abril de 2004, http://www.ceducapr.com/noticias/wmvieu.php?ArtID=4942&term=condominiomillenium, pp.1 y 2. También se demandó a la empresa fiadora United Surety and Indemnity Company y la Junta de Directores del condominio Millennium.

[43] Ibid., p.2. Dicho solar es una franja de terreno ubicada en la intersección de las avenidas Ponce de León y Fernández Juncos.

[44] Comisión Independiente…, op.cit., pp.69 y 70. La construcción del acceso permanente estaba imposibilitada por una serie de factores, entre ellos el que la Autoridad de Carreteras pueda adquirir los terrenos aledaños al edificio, la cooperación de otras entidades públicas cuyos terrenos se afectarían con la construcción y que el costo del acceso sobrepasa $1 millón. El acuerdo firmado, propiciaba que Carreteras subvencionara a ROCCA la construcción del acceso, y a pesar de que el costo total debía ser asumido por ROCCA, este solo pagaría los $96,162.

[45] Jaime J. Altieri, “Proponen ley de emergencia para resolver demanda sobre viviendas”, Centro de Medios Independientes de Puerto Rico, http://indymediapr.org/mail.php?id=3330, p.1.

[46] El Nuevo Día, 18 de octubre de 2002, p.111. En una columna titulada “Construcción vs. conservación”, Ángel Collado Schwarz hace planteamientos sobre este tema.

[47] Carmelo Ruíz Marrero, “Ciudadanos denuncian desastres de planificación”, Claridad, 28 de febrero de 2003, http://www.ceducapr.com/noticias/wmview.php?ArtID=678,p.1.

[48] Loc.cit. Esto lo señaló la arquitecto Carmen Mascaró, portavoz de la Asociación de Residentes del Condominio San Luis.

[49] Miguel Díaz Román, “Ojo al impacto de 5 proyectos para San Juan”, El Nuevo Día , 10 de marzo de 2003, http://www.ceducapr.com/ noticias/wmview.php?ArtID=712&term=millenium,p.1. La Comisión consideraba los proyectos del Parque de la Laguna del Condado, el Paseo Caribe, la ampliación del Departamento de Justicia, el Centro de Convenciones de Puerto Rico en la antigua Base Naval y el condominio Millennium.

[50] Loc.cit., La Comisión había podido constatar, que los efectos en el ambiente, el tránsito vehicular y la capacidad para generar ruidos serían enormes cuando se finalizaran los proyectos.

[51] Loc.cit.

[52] Loc.cit.

[53] Miguel Díaz Román, op.cit., p.2. El desarrollador denunciaba que había pedido más de 10 vistas públicas y la Comisión no le había concedido ni una.

[54] Jaime J. Altieri, “Triángulo de la muerte”, Primera Hora, 13 de marzo de 2003, http://www.puertadetierra.com/noticias/millador.htm, p.2. En otro de sus artículos Altieri criticaba la política de expropiación del gobierno, que utilizaba cualquier circunstancia para viabilizar la transferencia de una propiedad a algún desarrollador; convirtiéndose el gobierno en un “agente de bienes raíces”, cuyo único cliente era el sector de la construcción. (véase, “Proponen ley de emergencia…, p.2.)

[55] Miguel Díaz Román, “Lupa a un proyecto de apartamentos”, El Nuevo Día , 6 de junio de 2003, http://www.ceducapr.com/noticias/wmview.php?ArtID=1360&term=millenium, pp.1y 2.

[56] Loc.cit.

[57] Loc.cit.

[58] Miguel Díaz Román, “Lupa a…”, p.1.

[59] Loc.cit. Estas denuncias habían sido hechas por la Asociación de Residentes del Condominio Torre de la Reina.

[60] Colegio de Abogados de Puerto Rico, “Resolución Numero 11 para expresar la oposición del Colegio de Abogados de Puerto Rico a la construcción del proyecto Marriot Residence Inn en la playa de Isla Verde”, año de sesiones 2004 – 2006, http://www.capr2.org/reso_junta_gobi/Resol_11.htm Estos terrenos son públicos y habían sido cedidos en usufructo al Municipio de Carolina.

[61] Loc.cit., Se menciona que se afectaría el acceso y disfrute a las playas del lugar, habría un incremento en el tráfico vehicular y el desarrollo constituiría un uso inadecuado de terrenos públicos para fines privados.

[62] Colegio de Abogados de Puerto Rico, op.cit., p.2.

Autor:

Luis A. Reyes Rodríguez

Mayo de 2006