Contrastes en el interior del régimen petrolero

Primera parte

En otra parte, habíamos afirmado que los enorme esfuerzos hechos en los años 1974-78, bajo el lema de La Gran Venezuela, plasmados en el V Plan de la Nación, y que tenían como respaldo financiero la enorme cantidad de recursos que generó el choque petrolero de esos años, fueron precipitados, mal planificados y peor ejecutados. Esos esfuerzos se concretaron en la voluntad de construir una economía post-petrolera sobre dos ejes: la aceleración del desarrollo del polo industrial de Guayana y la nacionalización de la industria petrolera. Esto significó una profunda modificación del modo de desarrollo establecido. En efecto, por una parte, la conversión y constitución del sector público en el eje principal del proceso de industrialización trastornó la relación Estado-.economía tal como había sido formulada hasta entonces: una economía mixta, con un Estado promotor del sector privado mediante varios estímulos como la política de sustitución de importaciones (ISI) mediante la protección arancelaria y para-arancelaria, vía las licencias de importación, créditos a tasas aceptables, facilidad en la obtención de divisas, la implantación de parques industriales, etc. Por otra parte, la absorción de la industria petrolera por la esfera estatal transformó los fundamentos del régimen petrolero, es decir, la entente y el modo de regulación de las relaciones Estado-compañías extranjeras. De esta manera, las dos formas institucionales, verdaderos pilares o pivotes de la regulación macroeconómica venezolana fueron reconfigurados. Hacemos aquí un juicio de hecho y no de valor .Sobre todo, porque la nacionalización de la industria era una vieja aspiración del nacionalismo venezolano ya desde la época del "trienio"(1945-48), donde la ideología socialdemócrata, muy cercana la socialismo, de Acción Democrática, era la que respiraba el pueblo venezolano…mas no todos los militares de aquella circunstancial y equívoca alianza.

En economía, estos cambios institucionales significativos suelen ser como un viento fuerte que levanta en el mar una larga columna de olas de gran tamaño que desafían a los surfistas más hábiles. Se requiere de gran pericia para no ser devorado por el intenso oleaje. Así tiene que suceder con los dirigentes de las economías que sufren mutaciones importantes. ¿Tenía esa pericia y visión de mediano y largo plazo los dirigentes venezolanos de ese u otros períodos por venir? No lo creemos, a juzgar por los resultados obtenidos hasta el presente. En efecto, a raíz de los cambios mencionados se desataron y fueron creciendo con el tiempo, en el interior mismo del régimen petrolero, una serie de contradicciones que, desde luego, repercutieron en toda la sociedad venezolana. Agruparemos esas contradicciones en tres series: 1) un triunfo de la ideología rentista desde mediados de los años1970 hasta inicios de los años 1990. 2) Bajo el segundo mandato de Caldera, la política giró hacia el aumento de la producción, lo que continuó, por vías radicalmente, durante el largo período que lleva Chávez. Llamamos a esta serie el paso de la apertura a la renacionalización. 3) la continua disminución progresiva de la capacidad de arrastre del régimen petrolero sobre el resto de la economía.

El triunfo de la ideología rentista (1973-1992)

La situación de la industria petrolera se había deteriorado considerablemente cuando PDVSA asumió su control total. Desde 1970, la producción había caído en 37% principalmente por la desinversión de las compañías extranjeras y el agotamiento de yacimientos sobre-explotados desde los años 1950(Riquezas, 1986; Mommer, 1996). Ante la política de apropiación creciente de la renta de los gobiernos democráticos (1958-1998), la estrategia de las transnacionales petroleras – es decir, extraer al máximo con un mínimo de inversión, a la espera del fin de las concesiones – había terminado por tener un alto costo en términos de dinamismo y de capacidad de producción. Por tal razón, las costosas inversiones de los años 1976-82 fueron destinadas no sólo a reponer el sector en sus niveles precedentes sino, además, a modernizar los equipos productivos, a aumentar considerablemente la capacidad de refinación y a renovar la flota comercial (Núñez y Pagliacci, 2007). Respecto a la producción, el nuevo holding del sector público apenas logró mantener volúmenes cercanos a los de 1975, hasta 1981. Después, entre 1981 y 1985, la producción cayó a niveles excepcionalmente bajos, que retrocedían al país a los volúmenes producidos en 1951en términos absolutos y de 1933 en valor por habitante

Esta lentitud tan acentuada correspondió al triunfo de lo que Mommer (1996), Baptista (1997), Silva Michelena (2003,2006) y otros denominaron como ideología rentista del Estado Venezolano. Esta doctrina se fundaba sobre un temor, el del agotamiento del recurso, y sobre el deber que llamaba a la nación a no dejar escapar esta riqueza petrolera pasajera a fin de desarrollar la economía no petrolera. Resonaba así el eco del inolvidable (y mal interpretado) artículo que en 1936 había escrito Uslar Pietri en el diario Ahora, setenta años atrás. El hueso del razonamiento consistía en preparar la salida de la especialización petrolera, financiando aquellos sectores que podrían tomar el relevo y "sostener la prosperidad futura" (Mommer, 1996).

Esta "psicología rentista" era justificada por tres factores. Primero, los dirigentes del país tenían la convicción de que en el curso de los decenios precedentes, el precio del barril era fijado voluntariamente a un nivel muy bajo por las transnacionales petroleras. Segundo, esos dirigentes consideraban que la sobre-explotación del petróleo venezolano había dejado al país sumido en un potencial futuro reducido y declinante. Tercero, la clase política había percibido siempre a la industria petrolera como un sector no sólo extranjero sino también extraño a los intereses nacionales, como un enclave, cuyas perspectivas en términos de puesta en acción de una red de desarrollo industrial era muy limitada.

Juan Pablo Pérez Alfonso fuel "padre" de una doctrina que puede resumirse como una estrategia agresiva de precios a una estrategia de volúmenes muy conservadora. En otras palabras, el objetivo consistía en maximizar la "renta de la tierra" (Mommer, 1996) para tratar de prolongar la vida y duración de las reservas y, recíprocamente, sostener los precios en el mercado mundial limitando el crecimiento de la producción, e incluso disminuyéndola. Estos son los fundamentos de toda la política petrolera de Venezuela desde mediados de los años 1970 hasta los años 1980. Según datos recientes, esta política rentista continúa.

Gráfico I

Evolución de la producción y de los ingresos fiscales por habitante (1970-2002)

Fuente: Baptista (2005) y cálculos propios sobre datos de BP (2008).

Sin embargo, el cálculo de los políticos y sus asesores, que apostaban al mantenimiento de precios altos en los años 10970, fu erróneo. Si es cierto que durante ocho años (1973-81) el ingreso fiscal petrolero alcanzó niveles record al mismo tiempo que la producción disminuía rápidamente, esta dinámica llegó a su fin, de manera abrupta, desde 1982 (Gráfico I). La excesiva política de sostén de los precios, con el propósito de maximizar la renta, no fue más que un éxito pasajero. El curso de los precios petroleros alcanzaron, ciertamente, niveles excepcionales, mas contrariamente a las esperanzas de los países de la OPEP, esos precios tan elevados originaron la reducción de la demanda de los países importadores. Esta demanda tardó un decenio en retomar su nivel de fines de los años 1970 (BP, 2008)

El contra-choque de los años 1980 y el mantenimiento de precios bajos hasta 2003, pusieron al desnudo el error político de los dirigentes venezolanos y sus asesores. Por una parte, la disminución de la producción terminó por repercutir pesadamente sobre la renta captada por el Estado y, por otra parte, el país perdió rápidamente su cuota de mercado ante el alza de la potencia de los nuevos productores. Con relación a esto, el recorrido venezolano comparado con el saudita habla por sí mismo.

Los resultados de esta política ponen en evidencia lo que Mommer (1996) describía como "la perspectiva rentista limitada". Puede considerarse que, a largo plazo, al frenar voluntariamente a su "gallina de los huevos de oro", el Estado venezolano amputó la palanca en la que residía su poder de arrastre de la economía del país. A fin de cuentas, la trampa de la ideología rentista atrapó a Venezuela. Irónicamente, el apogeo de la estrategia conservadora en materia de volúmenes, tuvo lugar en el mismo momento en que se descubrían nuevos yacimientos, que duplicaron las reservas probadas del país. Se activó así un círculo vicioso, en el cual el Estado no disponía de los ingresos necesarios para financiar una nueva expansión petrolera, precisamente porque su política anterior se había basado en la maximización de la renta por barril y la minimización de los volúmenes producidos.

Segunda parte

Desde fines de los años 1980, el Estado venezolano, acosado por los déficits fiscales y la carencia de recursos, venía tratando de aumentar la producción petrolera del país ya que los precios se mantenían a niveles relativamente bajos en relación con las necesidades financieras de la industria y de la nación.

De la reapertura a la "renacionalización"

La carencia de recursos de capital, ya mencionada, conllevó a inicios de los años 1990 a que el gobierno considerara la posibilidad de reabrir el sector a los capitales privados. Entre 1992-93 se hicieron varios estudios y se realizaron largas consultas en el país con los agentes económicos interesados, nacionales y extranjeros, y con la comisión pertinente del Congreso Nacional, que entonces era bicameral. Se definieron, por esta vía, nuevas modalidades de asociación entre las compañías extranjeras y PDVSA. En particular, se definieron dos tipos de alianza. En efecto, surgieron así las asociaciones estratégicas y los acuerdos operativos.

Las primeras debían desarrollar la producción en los yacimientos de la faja petrolífera del Orinoco. Para su comercialización, el petróleo extra-pesado que allí se encontraba exigía el establecimiento de un proceso de extracción muy costoso, así como la construcción de empresas de mejoramiento. En consecuencia, el aporte de capital inicial y los costos de producción eran muy elevados. En los años 1990 se acordaron cuatro asociaciones estratégicas, dos en 1993 y dos más en 1997. En estos proyectos, la participación de PDVSA era variable aunque minoritaria (Mommer, 2004).

Por otro lado, los precios del petróleo oscilaban entre niveles bastante bajos (14,7 y 22,7 dólares de 2005); esta situación, sumada a los costos de producción estructuralmente elevados, conducía a un cuadro de rentabilidad más bien mediocre para la explotación del petróleo extra-pesado. Esto explica, en gran parte, la débil tasa de imposición que se aplicaría a las asociaciones. En efecto, en vez de pagar el 16,7% de royalties y el 66,7% del impuesto sobre la renta que pagaba PDVSA, las compañías asociadas habrían de pagar, respectivamente, el 1% y el 34% (Mommer, 2001).

Los acuerdos operativos fueron negociados en tres sesiones, que tuvieron lugar en 1992, 1993 y 1997. Su objetivo inicial era recuperar numerosos yacimientos tradicionales convertidos en marginales desde que las multinacionales los habían abandonado desde los años 1960. En total, se firmaron 31 acuerdos con compañías privadas, mayormente extranjeras, pero también se asociaron capitales privados venezolanos que tradicionalmente operaban en el sector con pequeñas y medianas empresas; estas compañías asumieron el rol de "contratistas" de PDVSA. La estatal venezolana se encargaba de pagar los costos de operación y de depreciación del capital que le facturaban las compañías, en tanto que el Estado les ofrecía un estímulo fiscal que reducía a la mitad el impuesto sobre la renta, es decir, a una tasa de 34% (PDVSA,2006).

Gracias a estas dos modalidades y, en menor medida, al esfuerzo propio de PDVSA, la producción de petróleo comenzó a revitalizarse progresivamente. Entre 1993 y 1998, el número de barriles producidos por día aumentó de 2.474 a 3.329 millones. La contribución de las asociaciones estratégicas y de los acuerdos operativos a este crecimiento fue de 56%. Aun así, el país estaba lejos de su producción por habitante en 1970, 2,6 veces superior a la de 1998.

El proceso de reapertura, exitoso en casi todos sus aspectos, se realizó bajo el segundo gobierno de Rafael Caldera. Fue uno de sus pocos éxitos en ese período (hay que agregar la aprobación de la Ley Marco de Seguridad Social y el diseño de los sub-sistemas: salud (HCM), vivienda, alimentación, paro forzoso, educación, recreación, que nunca fueron discutidos en el período siguiente).

El gobierno de Hugo Chávez Frías, iniciado en enero de 1999, mantuvo este cuadro virtualmente sin cambios, hasta 2001 cuando, amparado en una Ley Habilitante, promulgó el Decreto-ley de Hidrocarburos. En ese instrumento se dispuso aumentar la exacción fiscal a través de los royalties pagados por las asociaciones estratégicas de la faja del Orinoco, que pasaron de la tasa ubicada entre 1% y 16,7% a una tasa uniforme de 30% (Mommer, 2002). Por su parte, los acuerdos operativos sufrieron un violento aumento del impuesto sobre sus ingresos, hasta situarlos en 66,7%. Conviene destacar que los precios reales del petróleo venezolano habían aumentado en 68% a partir de fines de 1998, lo que mejoraba sensiblemente la rentabilidad del sector y permitía una mayor imposición. Por otra parte, y esto es muy importante, se decidió que toda nueva asociación productiva con el sector privado debía funcionar con una participación mayoritaria del capital público, con un mínimo de 60%.

El Decreto-ley de Hidrocarburos de 2006 y el Plan de Soberanía Petrolera de 2007 se inscriben en un contexto de choque petrolero muy pronunciado. El gobierno definió entonces un nuevo marco en el cual todas las asociaciones productivas fueron reagrupadas en la única categoría de empresas mixtas. PDVSA pasó así a ser el socio mayoritario en la totalidad de las asociaciones según modalidades calcadas de la ley de 2001, es decir, con un mínimo de 60%. El gobierno calificó esta reforma como la renacionalización de la industria. Aparte del conflicto que suscitó con dos compañías estadounidenses, Conoco-Phillips y Exxon-Mobil, el resto de los asociados aceptaron sin hacer ruido migrar al nuevo sistema. En 2009 se contaban 31 empresas mixtas, con una participación de PDVSA que ascendía al 63,1%. En ese año, tales empresas contribuían con 24,8% de la producción nacional.

La lectura de la Tabla I ilustra bien el cambio de políticas que significó la renacionalización. En 2005, los acuerdos productivos y las asociaciones es estratégicas produjeron un 35,6 % del total; nótese como a partir d esta fecha la producción propia la estatal se estanca en torno a los 2,3 MMBD.

Tabla I

Perfil de la producción petrolera venezolana 1999-2009

• (1) Producción en millones de barriles por día.

• (2) FPO = Faja Petrolífera del Orinoco

Fuentes: PDVSA (2004, 2005, 2009)

Hay varios aspectos que destacar en los dos gobiernos de Chávez (1999-2010). Para comenzar, se destaca que antes de la renacionalización, el sector directamente gerenciado por PDVSA por un lado, y el de las asociaciones productivas, por otro, han mostrado tendencias inversas. La pronunciada pérdida de velocidad del primero contrasta fuertemente con la vitalidad del segundo. En efecto, las asociaciones han crecido en su producción a un ritmo particularmente alto, como lo testimonia su tasa de crecimiento anual media (TCAM) de 14,2% en el curso de los seis primero años, es decir, entre 1999 y 2005. Cuando Chávez fue electo por primera vez, este sector se encontraba en los inicios de su expansión. Estaba colocado enteramente bajo el control administrativo de las compañías, pero todavía no pesaba mucho comparado con la producción directa de PDVSA (ver cuadro anterior…). Sin embargo, en poco tiempo, vino a ocupar un especio considerable en la producción petrolera de Venezuela. En efecto, desde 2003, ese sector contribuía con más de un tercio de la producción. Desde el punto de vista productivo, este éxito se explicaba principalmente por la entrada en funcionamiento de la cuenca del Orinoco, que había sido lanzada en el curso del decenio precedente. Desde l punto de vista político, la expansión erosionaba la ideología socializante y anti-imperio del régimen que, por eso mismo, percibía que la compañías extranjeras, al ganar en importancia, ocasionaban un pérdida de soberanía nacional (PDVSA,2006).

Al comprar la participación de los inversores privados, el Estado se declaró en capacidad de aumentar la producción asociada al 60%, hasta 2012 (PDVSA, 2005). No obstante, un movimiento de contracción se activó con la reforma de 2006. Aun antes de que las cuotas de la OPEP fuesen disminuidas, en 2008, las nuevas empresas mixtas habían ya perdido más de un cuarto de su producción de 2005. La toma del control por PDVSA se acompañó de un cierto deterioro productivo del sector. Después de 2008, el Estado venezolano, en adelante el único capitán a bordo, decidió voluntariamente que la reducción de la cuota de la OPEP recayera toda sobre la producción de las empresas mixtas, para así evitar la disminución, de origen estructural, de la producción exclusiva o propia de PDVSA. Hizo esto porque el nivel de exacción por barril era en PDVSA más elevado que en las asociaciones, y el interés del gobierno era preservar sus ingresos fiscales.

Por su parte, la producción exclusiva -o directa- de PDVSA arrojó resultados claramente negativos. Entre 1999 y 2001, a pesar de que los precios eran un poco más favorables que en los tres años precedentes, la producción directa de la compañía estatal disminuyó en 13%. A partir de la reforma de 2001, se desató un conflicto entre una parte importante de los funcionarios de PDVSA y el Ejecutivo nacional, que aspiraba a administrar directamente la empresa. La confrontación se hizo cada vez más tensa, lo que provocó grandes marchas de apoyo a los gerentes de PDVSA; la marcha, cifrada en más de 500 mil personas, fue pacífica, pero al final, cundo faltaban unos 500 metros para llegar a su destino, decidieron ir directamente al Palacio de gobierno, Miraflores, a solicitar la renuncia de Chávez. Este reaccionó activando el Plan Ávila y una contra manifestación de sus partidarios.

El fuego cruzado fue intenso y hubo varias víctimas, cuya cifra nadie conoce. Un grupo de militares de alta graduación le solicitó la renuncia a Chávez, "la cual aceptó", según palabras del general Lucas Rincón. El desplazamiento de Chávez fue efímero, y al tercer día retomó el poder amparado sobre todo en el apoyo del general García Carneiro, del ejército, y de Raúl Isaías Baduel, jefe de la aviación. Pero la situación no se calmó, y hacia fines de año se declaró la huelga petrolera entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, que paralizó casi por completo la producción de petróleo. Los grandes errores del grupo que tomó el poder permitieron el regreso de Chávez y su fortalecimiento; la huelga fracasó junto con l para cívico general lanzado conjuntamente por FEDECÄMARAS y la CTV. El resultado fue que Chávez mismo, desde un programa radial, destituyó unos 18.000 trabajadores, principalmente de los cuadros superiores, medios y técnicos (Palma, 2011).

Estos acontecimientos tan críticos afectaron seriamente la actividad de PDVSA, que nunca más pudo regresar a sus niveles de producción directa de 2001. De modo que a lo largo del período 1999-2009, la declinación productiva de la empresa fue notable: -2,1% en promedio anual.

Tal como lo expresó la propia empresa, toda esta crisis preparó el advenimiento de la auto-denominada nueva PDVSA que, en 2003-2004, lo cual se realizó mediante su "subordinación al Estado, particularmente, al Ministerio de Energía y Petróleo", y se declaró su vocación de convertirse en el "vehículo de la transformación social" del país y la preparación de la reversión de las privatizaciones (PDVSA, 2005). Por un lado, se hizo pública y notoria la politización creciente de la empresa. Si analizamos mejor los hechos, descubrimos que sus lazos de subordinación se establecieron mas bien con el partido en el poder, el PSUV, más que con el Estado. La prueba es terminante: en 2006, el Ministro-presidente de la compañía petrolera estatal, Rafael Ramírez, declaró a todos los medios de comunicación que "la nueva PDVSA [era] roja, rojita, de pies a cabeza".

Por otro lado, la asignación de un papel central a PDVSA n la gestión y financiamiento directo de las políticas sociales de mayor interés para el gobierno, remachaba el movimiento de subordinación política al partido y su máximo líder, cuyas relaciones con Fidel Castro como mentor de estas políticas eran vox populi, nadie las ignoraba. Así, en 2004 la creación de Fondespa tenía por objetivo emplazar una modalidad de transferencia directa de recursos financieros de la compañía a los Planes de Inversión Social decididos por el gobierno (Mares y Altamirano, 2007). Además, hay que señalar que las Misiones Sociales han sido igualmente financiadas mayoritariamente por la empresa petrolera estatal. En el cuadro que sigue (número….) puede observarse la progresión de los compromisos sociales de PDVSA entre 2004 y 2009.

Tabla II

Evolución de los gastos sociales y del aporte fiscal de PDVSA

Entre 2003 y 2009

(en millones de dólares corrientes)

• (1) El Fondo de Desarrollo Nacional es gerenciado por el Ministerio de Finanzas con diversos objetivos de inversión social. Sirve principalmente para cubrir las carencias y sobrecostos ligados a toda suerte de proyecto de desarrollo productivo y social. En 2010-2011, contribuía con más de 200 programas.

• (2) Aportes fiscal y social.

Fuentes: PDVSA (2010)

Al tratar de maximizar los aportes de PDVSA a los programas sociales, el Estado y su partido cerraron la vía hacia el aumento de la capacidad productiva de la empresa. Efectivamente, la brecha entre las proyecciones de la primera etapa del Plan de Siembra Petrolera 2006-2030 (2006-2012) y la evolución real de la producción habla por sí misma. (Gráfico II).

Gráfico II

Venezuela

Proyecciones de producción y resultados de la industria petrolera (2009-2012)

Fuente: PDVSA (2005, 2010, 2011)

En total, en 2009, el país producía 67% de lo que se había programado tres años antes, con 3.012 sobre 4.488 millones de barriles por día (MMBD). Según PDVSA, ese año la capacidad de producción de la empresa se situó en 3.524 MMBD. En 2010, el gobierno volvió a sus proyecciones iniciales al anunciar una nueva meta de 4.460 MMBD, en 2015, repartidos en 2.536 de capacidad de producción directa y 1.924 en las empresas mixtas (PDVSA, 2010).

Según el BCV, el PIB petrolero creció en un 0,3% en el tercer trimestre de 2011, sin embargo, los ingresos petroleros subieron un 55% en el trimestre, debido al salto de los precios del crudo el barril subió 47,8%, mientras que los volúmenes exportados aumentaron 5%. En nueve meses los ingresos por las exportaciones petroleras llegaron a 66 millardos de dólares, 46% más que en 2010, cuando alcanzaron 45,4 millardos de dólares.. El Ministro de Planificación dijo que "el motor petrolero apenas está arrancando" y anunció que para el plan de la Nación 2013 a 2019, "el motor petrolero tendrá efectos de encadenamientos". Es increíble: después de trece años en el poder, este ministro no ha comprendido la dinámica del régimen petrolero de los últimos tres decenios: la reducción o pérdida de arrastre del sector, acentuada por la política de soberanía absoluta y maximización de la renta por barril. Este rentismo nacional-socialistoide, ya lo saben todos, es anulado por las enormes reservas que duermen en el subsuelo venezolano.

Es necesario decir algo hacer del profundo cambio que sufrió el Estado venezolano en su relación con el resto de la economía. Desde 1920 hasta los inicios de los años 1970, el Estado asumió expresamente el papel de promotor de las actividades del resto de la economía, que descansaban sobre la libre iniciativa y la propiedad privada. El gasto público se incrementó considerablemente a lo largo de ese período y, a través de él, se distribuía la renta creciente a lo largo de tres circuitos, a saber: 1) la modernización de u país cuyo atraso era proverbial; eso significó la construcción de todo tipo de obras de infraestructura física, como carretera y autopistas que integraron el país, obras de saneamiento urbano, rural y ambiental, hospitales y muchos dispensarios de atención primaria en salud, multitud de escuelas y ampliación de la red de liceos de educación secundaria, edificación de viviendas populares, mejora de los servicios públicos en correos y telecomunicaciones,etc. 2) el estímulo sostenido al desarrollo industrial y al comercio, con base en subsidios, protección arancelaria y seguridad jurídica; 3) la inclusión social por medio de una alfabetización acelerada, y el aumento de la movilidad social que ella conlleva, esto, a su vez, mejoró sensiblemente los niveles de ingresos en un país que se urbanizaba a gran velocidad, dando origen a una muy amplia clase media. Desde luego, permanecías inequidades de ingreso y sociales.

Hacia mediado de los años 1970, con el advenimiento del gran boom petrolero, lanzamiento de la Gran Venezuela, con su alud incontenible grandes inversiones en Guayana y en petroquímica, rematados con la nacionalización del petróleo, loe comandos de la acumulación quedaron en manos del Estado que, desde entonces, se convirtió en Estado productor. Las grandes represas de hidroelectricidad, el mineral de hierro y la siderurgia, la bauxita y el aluminio y, en menor medida, los minerales no metálicos (cenento, cal…) fueron agrupadas en un gran conglomerado, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), fundada en los años 1960 para crear un polo de desarrollo poderoso, pues ya se conocía bastante bien las propiedades de Guayana para servir a estos fines. El Estado suministró así insumos baratos a la industria nacional y extranjera establecida en el país, de modo que la red interindustrial era maneja por un Gran Maestro: el nuevo Estado productor que, sin embargo, no eliminó del todo su aspecto promocional pues numerosas industrias locales se beneficiaron de insumos relativamente baratos que incentivaban la entrada al mercado.

También se desarrolló, aunque en menor grado. Esas empresas, establecidas con en la ISI, en su etapa fácil – mediano capital, tecnología disponible, mano de obra poco calificada, corto período de maduración – no tenían ni el conocimiento ni la experiencia para competir en mercados internacionales ya existentes, y carecían de la capacidad de crear nichos de mercado. El objetivo de la economía post-petrolera estaba en el horizonte de los políticos y aun de la clase empresarial emprendedora, formada al calor de la curva de aprendizaje generada por la ISI.

En 1979-80, el incremento de servicio de la deuda y, desde 1981, el enfriamiento del mercado petrolero, se conjugaron para hacer caer la fuerza de arrastre del Estado vía gasto fiscal. Esto, sumado al crecimiento exponencial de los gastos corrientes impidieron que el Estado regresara a sus actividades tradicionales de promoción de la economía.

A largo plazo, la lentitud petrolera no dio lugar al surgimiento de nuevas fuerzas motrices de la economía, justamente cuando se deterioraba su aptitud para suministrar un financiamiento para el gasto público y la promoción de la economía poe el Estado llegaba a su fin.

De hecho, se nota un efecto de primera línea, ligado al empobrecimiento fiscal. Después de más de treinta años, la recomposición del presupuesto a favor del gasto corriente, condujo a una situación en la cual las finanzas públicas parecían estar consagradas, casi exclusivamente, al improductivo gasto corriente. Y precisamente, numerosas investigaciones (que mencionaremos más tarde) han demostrado el impacto negativo que comporta el repliegue de la inversión pública en el crecimiento de la economía. En este sentido, se confirma lo que Carlos Quenan anunciaba en el año 2000, a saber, que "la degradación de las infraestructuras públicas constituye un verdadero cuello de botella para el desarrollo del país"