La distribución de la propiedad es en extremo ilógica. Según el catastro rural, (IGAC, 2004) el 0,06% de los propietarios, los que tienen más de 2.000 hectáreas, posee el 53,5% de la tierra; entre tanto, el 83%, con predios de menos de 15 hectáreas, tan sólo abarca el 7,2%. El coeficiente de Gini, usado para medir la desigualdad, que es un número entre 0 y 1 en donde 1 corresponde a la perfecta desigualdad, marca 0,91 cuando se refiere a la distribución del área rural y 0,81 cuando se trata del valor de la tierra agraria (Uniandes, 2005).
En el sector financiero sucede algo asombroso. Siete bancos y una compañía de leasing tienen el 65% de los activos financieros. (Banco Mundial, Asobancaria, 2007) De 118 empresas inscritas en el mercado bursátil, que en 2005 valían $87 billones, los 20 mayores accionistas controlan el 80% del capital accionario (CID-Universidad Nacional, 2005). El mayor banco del país anunció que en 2007 ganó un billón de pesos, lo que significa más de un millón de dólares por día, el doble de 2005. El sistema financiero, bancos, corporaciones, fondos y compañías de seguros, ganó en conjunto 10,5 billones y, como el PIB creció algo más de $21 billones, recaudaron uno de cada dos pesos agregados.
La concentración del crédito es muy alta. Doce mil pequeñas y medianas empresas, que generan casi el 45% del empleo (Universidad Tecnológica de Pereira, 2007), obtienen difícilmente el 20% del crédito comercial y han dicho que las restricciones para el acceso a préstamos es el primer obstáculo para su desarrollo. En el agro es peor. En 2007, de casi 2,5 millones de pequeños propietarios, escasamente 138.597 accedieron a un préstamo con un monto promedio de $4,5 millones. Mientras tanto, los denominados "otros productores", que fueron 36.143, recibieron cerca de 70 millones cada uno, capturando el 80% de los recursos totales dispuestos para el sector. (Minagricultura, 2008). Así mismo, los "apoyos para tasas de interés subsidiadas para exportadores" se repartieron en 2006 tan asimétricamente como todo. A una sola empresa láctea se le favoreció con $1.310 millones y al sector azucarero, un oligopolio, se le subsidiaron 36 operaciones por $5.511 millones, a razón de $153 millones cada una.
Está probada la naturaleza plutocrática del gobierno de Uribe, donde "existen influencias desequilibradas en la toma de decisiones a favor de los que ostentan las fuentes de riqueza", es un sistema afín al neoliberalismo y que está en boga hasta en Estados Unidos. Lo ha denunciado allá el Working Group on Electoral Democracy: "El dinero es el mayor determinante de la influencia y del éxito político…determina los parámetros del debate público: qué cuestiones se pondrán sobre el tapete, en qué marco aparecerán, y cómo se diseñará la legislación". El resultado es el mismo en toda latitud: la desigualdad es cada vez más desigual.
Frente a este panorama, en el departamento del Meta, las aéreas dedicadas al cultivo de palma aceitera continúan en expansión, desplazando cultivos que en otras horas producían alimentos para los metenses como son el arroz, la soya, el maíz y otras especies de pancoger (plátano, cacao, yuca, papaya). "La selvas, las pocas que quedan en pie, están siendo abatidas, y los cultivos propiamente alimenticios arrinconados. El objetivo final es bajar el costo de los combustibles pagando un precio ambiental y social elevadísimo, porque también esa nueva economía entrará en crisis por una oleada de sobreoferta que hoy se prepara con tanta violencia como irresponsabilidad" (El Espectador 11 de abril Alfredo Molano Bravo).
Apoyándose en las políticas nacionales, los gobiernos de turno en el Meta han desarrollado estrategias para dar cumplimiento a los designios imperiales, sin importar la suerte ni la alimentación de miles de metenses, perdiendo el departamento en el periodo 2004-2006, 45.270 hectáreas dedicadas a los granos (arroz, maíz, y soya), para ser dedicadas en especial a la palma aceitera (17.106 hectáreas en este periodo) y a los pastos, continuando así la praderización del Meta.
En el caso del arroz la perdida en hectáreas cosechadas, según reportes de Fedearroz y la Secretaria de agricultura y desarrollo rural del Meta, se aprecia a continuación y llega a las 35.112 hectáreas entre el 2004 y el 2006; mientras la expansión en palma entre el 2001 y el 2006 es de 32.032 hectáreas especialmente en municipios de vocación ganadera.
"El curso de las aguas fue cambiado para desecar tierras bajas, y así, pudieran ser apropiados y agregados a los gigantescos globos de tierra debidamente cuadriculados por filas de palma. Los vecinos pequeños de las palmeras vendían o vendían; los grandes, se asociaban. O también vendían. De la noche a la mañana —es decir, a partir de 2000— la palma se tomó las mejores tierras en las zonas calientes y comenzó a derrotar a las vacas y a casarse con los ganaderos" (El Espectador, 11 de abril Alfredo Molano Bravo).
Municipios como San Martin, Castilla la Nueva y San Carlos de Guaroa vieron desaparecer de su entorno los cultivos de maíz y soya para dar paso a una agricultura en palma aceitera de alta precisión, productores ausentistas y gran inversión en capital, al tiempo que aumenta la pobreza y el desplazamiento en alguno de ellos.
Los dirigentes gremiales del Meta opinan
Jaime Casasfranco, consultor internacional, cree que "el país no se verá afectado por escasez de alimentos porque la producción nacional es suficiente, sin embargo, los elevados volúmenes de importación de comida durante el año 2007, señalan lo contrario.
Agrega que "es necesario aclarar que la producción de biocombustibles en Colombia no afecta la producción de alimentos pues se articula con la política de seguridad alimentaria y las nuevas aéreas de siembra de materias primas para biodiesel y alcohol carburante previstas en la meta del año 2020, representan apenas el 2.6% de la tierra utilizable en agricultura" (Llanos siete días, mayo 2 de 2008).
En cuanto a la posible crisis por desabastecimiento de alimentos debido a la destinación de tierras para producir materia prima para los combustibles, el Secretario de Agricultura del Meta, Javier Aníbal Rojas dijo que "esas tierras son nuevas y que las variedades utilizadas en maíz, caña y yuca no son utilizadas para la alimentación humana".
Y aunque el Secretario de Agricultura del Meta reconoció que el área del arroz ha venido disminuyendo para darle paso a la palma de aceite (utilizada para producir biodiesel), no precisó el número de hectáreas que han pasado del arroz a la palma.
"Colombia en estos momentos está blindada frente a la crisis alimentaria porque somos de vocación campesina, la gran mayoría son agricultores y producen todo tipo de alimentos debido a la variedad térmica y de pisos que hay en la región", dijo el Secretario de Agricultura del Meta, Javier Aníbal Rojas.
En cuanto a la destinación de tierras para sembrar materia prima que sirva en la producción de agro combustibles, Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), dijo "que esas tierras en el Meta estaban destinadas para la ganadería y no para la producción de alimentos.
"En términos generales los cultivos nuevos para producir alcohol carburante o biodiesel, no han tumbado selva ni han quitado área para producción de arroz u otro alimento", dijo el dirigente gremial.
"Eso es lo que se llama el reacomodamiento del sector agropecuario", dijo Mejía López. "Nosotros tenemos unos Llanos en los que se han dejado de hacer muchas obras. La infraestructura ferroviaria no existe, los aeropuertos en general no existen, la red fluvial y los puertos de carga y descarga no existen. Mientras eso no se mejore para abrir un mercado hacia el interior y el exterior, será muy lento el desarrollo de los Llanos", dijo el presidente de la SAC.
Para los representantes de Fedepalma, Fedearroz, la SAC, y Agameta, el departamento tiene suficiente tierra para diversificar la siembra de productos alimenticios.
"Las grandes extensiones de tierra con las que cuenta el Meta y los Llanos Orientales son hoy por hoy la mejor carta de presentación que tiene esta región del país para garantizar la seguridad alimentaria.
Así lo explicó el líder agrario Álvaro Orjuela Villalobos, miembro de la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta (Agameta), señaló "que la coyuntura actual es una gran oportunidad para cultivar porque hay tierras para ello sin tener que tumbar un metro de bosque".
Lo mismo piensa el presidente de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, quien afirmó que si algo sobra en esta región de los Llanos Orientales es tierra disponible para sembrar, al tiempo que advirtió que hay que evaluar es cómo se está haciendo el aprovechamiento de las distintas áreas.
"Los Llanos Orientales tienen que trabajar en mejorar su logística, bien a través de alternativas carreteables o bien a través de la navegabilidad del río Meta para llegar de una forma más económica al mar", dijo el dirigente gremial.Según Rafael Hernández Lozano, gerente de Fedearroz, Colombia y el Llano tienen que prepararse para la mayor demanda que va a haber de alimentos. "La manera que tiene Colombia para hacerle frente a ese problema de la escasez de alimentos de una manera eficiente y competitiva es adecuando suelos con riego para una mayor productividad bien sea en arroz, maíz, soya o cualquier cultivo que sea fuente de alimentos para la población".Rafael Mejía López, presidente de la SAC, coincidió en afirmar que" el Meta y los Llanos Orientales tienen suficiente tierra para cultivar alimentos, pero dijo que el futuro del agro en la región depende de la infraestructura de transporte que, a su juicio, es muy mala".
Agrocombustibles y TLC
El único producto en el que Colombia podía barrer a los gringos en la negociación del TLC se llama azúcar. Los podríamos barrer, y Colombia podría venderles más azúcar en medio millón de toneladas o en más. Pues bien: ¿cuál es el único producto de toda la industria y todo el agro nacional que nunca tendrá aranceles de cero por ciento en el Tratado de Libre Comercio? Se llama azúcar. En lo único que podíamos ganarles, los genios del gobierno nacional de Colombia se les sometieron a los gringos y no habrá nunca desgravación arancelaria en azúcar. También la negociación de soya es malísima. Con el TLC va a desaparecer la poca soya que queda en Colombia y va a haber pérdidas graves en aceite y en palma africana. Las pérdidas grandes en aceites están documentadas por estudios cuidadosamente realizados y con cifras precisas. Van a ser sustituidos por importaciones de soya y de canola y de otros productos traídos de Estados Unidos. Y entonces nos dicen que sí, que se van a perder, pero que la solución es el agrodiesel.
Miremos entonces la otra cara de la noticia. ¿Va a haber exportación de agrocombustibles? Porque aquí todo el tiempo esto se ha movido con la insinuación de que va a haber grandes exportaciones de agrocombustibles. Miremos los precios, a ver si es verdad que va a haber exportaciones de agrocombustibles. Los únicos agrocombustibles que se pueden producir en Colombia son los que van al mercado interno sobre la base de inmensos subsidios del Estado colombiano. ¿Va a haber exportaciones de agrocombustibles? Ojalá. No tengo nada en contra de que se exporten agrocombustibles, pero lo que pasa es que no puedo creer en esas maravillas porque las cifras no cuadran.
Les voy a dar unas cifras: del documento Conpes, de este gobierno. Miren lo que dice: los costos para Colombia del etanol son 92% superiores a los de Brasil. Son palabras mayores. Lo dice el Conpes. ¿Cómo se va a superar esa desigualdad? Dice también el Conpes que en costos en aceite de palma, no de agrodiesel, de aceite, los de Colombia son superiores en 37% frente a los de Malasia y en 110% frente a los de Indonesia. El Ministerio de Agricultura da unas cifras que voy a citar: Colombia, etanol, datos del Ministerio, de 1,78 a 2,09 dólares/galón; Brasil 1,26; Estados Unidos 1,77, pero ya, están negociando a 1,50 dólares/galón. Agrodiesel: Colombia entre 1,97 y 2,03 dólares/galón; Brasil 1,36 dólares/galón. Pero además hay otros elementos. El presidente Bush vino a América Latina a buscar negocios de alcohol carburante y agrodiesel y no pasó por Colombia. No. Se fue a Brasil. Todo el mundo sabe la potencia agrícola que es Brasil, entre otras cosas porque tiene tierras de sobra, salarios paupérrimos e inmensos subsidios de todos los órdenes del Estado. La competitividad de los indonesios y los malayos en estos negocios de la palma es toda. Están apareciendo competitividades nuevas, por ejemplo, asociaciones de grandes inversionistas del mundo entero y brasileños para sembrar este tipo de bienes en África. Mejor dicho, si la mano de obra no vale nada en Malasia, en África lo que suben o bajan no son los salarios, sino los latigazos que les dan a los trabajadores. Sumado a todo están las tierras absolutamente nuevas.
Que no resulte entonces que terminemos importando a Colombia etanol y agrodiesel, porque las leyes que aprobó la mayoría del Congreso dejaron abiertas las puertas para que se den estos subsidios a combustibles importados. Inaudito. En Codazzi estuvieron produciendo alcohol con maíz importado, pero ocurrió que con la disparada de los precios del maíz tuvieron que salirse del negocio y están en otra cosa. Con maíz importado o de contrabando, lo que sea, pero maíz extranjero, porque aquí lo que finalmente importa es si es nacional o importado. Aquí parte del discurso del gobierno es que estas cosas las vamos a hacer para reactivar el agro nacional y el maíz importado o contrabandeado no estimula el agro nacional.
El 14 de marzo pasado la Federación Nacional de Biocombustibles le envió una carta a la directora de Planeación Nacional sobre el borrador del documento Conpes del que estamos hablando. Miren lo que dicen: "El documento Conpes desfasa el pivote de política que actualmente se centra en el consumo interno a otro que pretende orientar el negocio hacia las exportaciones". Y la carta es de protesta por el documento Conpes. La Federación le pide al gobierno que no vaya a aprobar ese documento porque se tira el negocio. Y se lo tira porque, dice la Federación, quieren pasarlos de producir para el mercado interno a producir para la exportación. Es obvio que si se pasan a producir para la exportación, si las condiciones los empujan en ese sentido, terminan arruinados, porque no pueden competir. Dicen en la misma carta que no les cambien las reglas del juego a los inversionistas que confiaron en que su negocio era el crecimiento del consumo interno de los biocombustibles. Eso están diciendo los que están en el negocio, o sea, están reconociendo que no son competitivos. Dicen que de pronto más adelante sí, pero que por ahora no (Los agrocombustibles aumentarán el hambre de la humanidad. Jorge Enrique Robledo 1º de abril de 2008).
Analizar con rigor el negocio de los agrocombustibles
Si se analiza sobre los agrocombustibles, llama la atención el silencio o el escaso énfasis sobre partes de un negocio –para solo referirnos a este aspecto– que se dice podría ampliarse de 129 mil hectáreas a entre tres y siete millones de hectáreas en materia prima para producir biodiesel y etanol.
Primero: las enormes diferencias de costos entre Colombia y países como Brasil, Malasia e Indonesia, realidad que hoy impone, y así lo reconocen los propios productores colombianos, que el país carezca de cualquier posibilidad de exportar y solo se tenga como opción el mercado interno colombiano.
Segundo: el consumo interno de agrocombustibles implica enormes transferencias del Estado, del orden de 220 millones de dólares anuales para el etanol con la actual mezcla a la gasolina del 10%, a lo que habría que agregarle una suma igual o mayor para el agrodiesel que se le mezclará al ACPM al 5 por ciento, para un total de 400 millones de dólares al año, sin duda una suma enorme.
Tercero: ¿A qué porcentajes hay que llevar las mezclas de agrocombustibles con la gasolina y el ACPM para poder absorber el incremento de las hectáreas de que se está hablando, que multiplican entre 2.300 y 5.400 por ciento el área sembrada? ¿Cuánto le costarán al fisco esos mayores porcentajes? ¿Si es eso conveniente o siquiera posible? ¿Si debe aceptarse que el gobierno utilice las cifras que se le antoje, sin analizarlas?
Cuarto: ¿Si debe cifrarse el "futuro" del agro nacional en un negocio en el que el país no es competitivo internacionalmente, con sus ventas en el mercado interno atadas a grandes subsidios del Estado, cuyo futuro depende de lo que pase con los precios internacionales del petróleo y de los cambios tecnológicos en su fase industrial y en el que, además, Colombia podría terminar de importadora? ¿Carece de importancia que el Presidente de Fedepalma pida "cautela"? (Portafolio, Abril 0 de 2008).
Creemos que no es demasiado pedir que en este tema se analicen con rigor las cuentas del gobierno y se promueva un serio debate sobre lo que más le conviene a Colombia.
¿Y cuál es el futuro?
La avaricia con los necesitados y la generosidad con los poderosos, incluidos consorcios, financieros y rentistas, bien nacionales o foráneos, así como con quienes, al amparo del Estatuto, puedan legalizar muchísimas hectáreas venidas del despojo, introduce no sólo un ordenamiento del uso del suelo, según "las potencialidades" que el gobierno neoliberal del Presidente Uribe defina como derivación del TLC y del mandato imperial, sino que con él se genera un nuevo "arreglo" social en el campo colombiano. ¿Cuál es el futuro de los casi 25 millones de jornales anuales, involucrados en la producción de algodón, cereales y fríjol dejados a su suerte? ¿Cómo se modificará en el nuevo marco el inicuo régimen de propiedad rural imperante donde el 0,4% de los propietarios tienen cerca del 65% de la tierra? ¿Cómo se mantendrá la producción campesina y empresarial de alimentos que están excluidos de los beneficios de la política y que brinda más de la mitad de las subsistencias a los colombianos y que como secuela de esta política regresiva se vendrá menos?
Es evidente que la política agraria lesiona la soberanía alimentaria. Pero con la entrega de baldíos a empresas, inclusive extranjeras, puede configurarse menoscabo de la soberanía territorial, se vuelve realidad lo que el Presidente Uribe catalogó en un momento dado como entelequia de los opositores al TLC. A contramano, se trama la expulsión de nuevas capas de productores, de campesinos y de obreros rurales, se expanden las siembras de géneros de tardío rendimiento mientras se empeora la provisión nacional de alimentos por habitante y se incrementa la dependencia alimentaria del país; entre tanto, crece la dramática situación de miseria y ruina de las comunidades rurales, incluyendo a las afrocolombianas y a las indígenas, a quienes el ministro Arias, califica como "los más grandes terratenientes del país".
El viraje gubernamental no es neutro. Está al servicio de determinadas clases e intereses: "La visión del desarrollo rural y de la política de tierras en que se fundamenta esta propuesta se enmarca en las nuevas realidades de la economía nacional, caracterizadas por los procesos acelerados de liberalización comercial, de internacionalización de la economía de Colombia y del mundo, que requieren de un renovado impulso al desarrollo empresarial y al papel central de la iniciativa privada… la economía campesina, más que cualquier otra, requiere de un ajuste radical en las políticas estatales diseñadas"( Exposición de Motivos, Proyecto de Ley Estatuto de Desarrollo Rural). Para sobrevivir dentro del nuevo ordenamiento institucional, territorial, productivo y social que se está estructurando, los empresarios, campesinos, comunidades afro-colombianas, indígenas y jornaleros, que no sean expulsados, estarán forzados a una nueva servidumbre hacia quienes captarán las mayores rentas derivadas de la reafirmación del modelo agro-exportador, de la más inicua distribución de la tierra y de su "aprovechamiento", empezando por quienes controlan los eslabones mercantiles y se lucrarán del vil comercio de los bienes tropicales básicos, de la producción y transformación de ellos con base en la mano de obra barata y en los bajos precios de compra a los productores agropecuarios, y de la posesión de los recursos genéticos, de la biodiversidad, del agua y del territorio, satisfaciendo así una enorme necesidad imperial : el acceso fácil y rebajado a los recursos naturales.
En los últimos 16 meses los precios internacionales del arroz subieron 135 por ciento, los del trigo 116 por ciento, los de la soya 93 por ciento y los del maíz 41 por ciento, aumentos que también afectan a Colombia, como lo prueban la mayor inflación y el desaparecimiento del pan de doscientos pesos. La debilidad del país ante esta asechanza se origina en que las importaciones agrarias superan los ocho millones de toneladas –con un incremento de dos millones en el gobierno del presidente Álvaro Uribe– y en que, según la FAO, ya para 2002 el 51 por ciento de las proteínas y las calorías y el 33 por ciento de las grasas de origen vegetal que consumían los colombianos venían del extranjero.
Las razones de esta carestía son conocidas: aumentos del consumo en algunas partes, estímulos a los agrocombustibles, que ponen a competir la comida de las naciones pobres con las gasolina de las ricas, concentración de la producción agrícola en unos países y su reducción o eliminación en otros, mayor poder de las transnacionales del comercio de los alimentos, revaluación del peso, encarecimiento del petróleo y los agroquímicos y que convirtieran en commodities los bienes agrícolas, es decir, en objeto de especulación de los tiburones de las finanzas, todo lo cual puede llamarse globalización neoliberal, "libre comercio", capitalismo salvaje.
También es de notoria importancia saber que países como Brasil, Tailandia, Argentina, Vietnam, India y Egipto limitaron sus exportaciones de alimentos para asegurarse su abastecimiento interno, decisión apenas obvia y que nuevamente pone en ridículo a quienes hablan de un mundo con mercados con intercambios perfectos, que solo existen en los libros de texto y que aquí usan los panegiristas del "libre comercio" para presentar como teorías suyas las imposiciones de Washington de importar la dieta básica de los colombianos. Y es indudable que el concepto de seguridad alimentaria, que establece el valor estratégico que tiene para una nación producir la comida en su territorio, so pena de hambrear a su pueblo y perder la soberanía, lejos de haber caducado, está siendo confirmado por los hechos.
En medio de los debates del TLC, cuando se explicaba que Estados Unidos mantendría los enormes subsidios agropecuarios porque así se lo exigía su seguridad alimentaria y que Colombia debía utilizar el mismo concepto para negarse a desproteger a su agro, Jorge Humberto Botero, el ministro que encabezaba la "negociación", explicó que no acogería ese punto de vista porque le era indiferente que se importara la comida de los colombianos (La República, Abril 21 de 2004) y fue capaz de agregar: "Mil y mil gracias por los subsidios (agrícolas extranjeros) porque nos permiten, por ejemplo, comprar trigo barato" (La Patria, Mayo 16 de 2004). Por su parte, cómo olvidar a Andrés Felipe Arias explicando, la conveniencia de comprar en el exterior los cereales para reemplazar su producción por hipotéticas exportaciones de uchuvas.
A pesar de que el encarecimiento de la comida ratifica la desastrosa concepción agraria del gobierno colombiano, la cual no ha generado peores efectos porque el TLC no ha entrado en vigencia, ahora salió el ministro de Agricultura a decir Colombia está "blindada" frente a la crisis alimentaria global, como si las cifras no mostraran lo contrario. ¿No es una burla obligar a los colombianos a consumir comida extranjera y luego afirmar que están "blindados" contra sus costos? ¿No constituye un fraude analítico meter en el mismo saco carnes, huevos, granos, cereales y oleaginosas con tubérculos, frutas y hortalizas, cuyo valor nutricional es inferior –en calorías, carbohidratos y proteínas–, para "probar", contra toda evidencia, que aquí no pasa nada?
La astucia de Andrés Felipe Arias de que los colombianos pobres pueden reemplazar los alimentos encarecidos por otros más baratos recuerda a María Antonieta, reina de Francia, quien, ante las protestas del pueblo por la falta de pan, preguntó: "¿Y por qué no comen tortas?". Solo que en este caso es al revés, porque la sustitución se haría hacia alimentos de inferior calidad. ¿Cambiarán el ministro y los suyos el pan por la arracacha y el arroz por la ahuyama? (Jorge Enrique Robledo Castillo, Hambruna y "libre comercio").
La astucia de Andrés Felipe Arias de que los colombianos pobres pueden reemplazar los alimentos encarecidos por otros más baratos recuerda a María Antonieta, reina de Francia, quien, ante las protestas del pueblo por la falta de pan, preguntó: "¿Y por qué no comen tortas?". Solo que en este caso es al revés, porque la sustitución se haría hacia alimentos de inferior calidad. ¿Cambiarán el ministro y los suyos el pan por la arracacha y el arroz por la ahuyama?
Jorge Enrique Robledo Castillo, "Hambruna y libre comercio"
Autor:
Emilio García Gutiérrez
Villavicencio, mayo de 2008
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