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Las reformas del Estado y las Instituciones (Costa Rica) (página 2)


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EL CONSENSO DE WASHINGTON

Sin duda la década de los ochenta –la década perdida- es de gran efervescencia social, económica y política para toda América Latina. El continente Latinoamérica durante la década perdida vivió hiperinflaciones inimaginables, lo cual profundizó fuertes crisis económicas en cada uno de los Estados que conforman el continente, además fue un periodo en donde se vivió una violenta y constante inestabilidad social y política. En la década de los ochenta América Latina se convierte en un laboratorio socio-político para el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y para el mismo Estados Unidos. Se abandona el Estado Benefactor y se cambia por otro moderno un Estado Neoliberal, en donde la parte social pasa a segundo o tercer plano y por el contrario lo privado es lo objetivo central, es así como se comienza a privatizar empresas y servicios de carácter público (educación, salud, vivienda, ayudas o subvenciones sociales), además, se elimina por parte del Estado Benefactor el control de los precios a los productos de primera necesidad y se congelan los salarios de los empleados públicos.

Uno de los instrumentos para el experimento neoliberal teórica y técnicamente a practicarse en América Latina lo era el Consenso de Washington, el cual fue ideado por el BM y el FMI a finales de los años ochenta y principio de los años noventa. Este instrumento, entre otras cosas, sostenía buenos resultados económicos, liberalización comercial, estabilidad macroeconómica y una correcta fijación de los precios. La privatización de las principales empresas del Estado se convirtió en el problema central para llevar a cabo las reformas estructurales de fondo. El neoliberalismo sostenía que se habían socavado las bases de la acumulación privada por causa de la crisis del capitalismo en poder de los sindicatos y movimientos obreros, por tanto, como solución habría que disminuir el tamaño del Estado, del Estado Benefactor, es así como se ejecutan al nivel de poder más alto dentro del sector público de dan una serie de medidas administrativas de reestructuración de las organizaciones pertenecientes al Estado.

El Consenso de Washington, modelo neoliberal de gran error histórico por considerar que América Latina era un bloque homogéneo con economías similares y problemáticas congruentes. El consenso de Washington exigía la disminución del déficit fiscal por ser el causante de los mayores desajustes macroeconómicos; contención del gasto público por medio de la eliminación de los subsidios, una reforma impositiva, utilizar el mercado como medio de equilibrio para ajustar la tasa de interés, mantener un tipo de cambio que le asegurara a la empresa privada competitividad, la eliminación de las barreras no arancelarias y los impuestos a la exportaciones, crear una legislación que promoviera la inversión extranjera directa (IED), privatizar las empresas estatales, la desregulación del mercado de trabajo, y derechos de propiedad intelectual.

Claro está, pese a lo apuntado la realidad es que ese instrumento neoliberal lo que buscaba en realidad era reducir al máximo el papel del Estado en la economía; es así como se lleva a cabo un programa agresivo de privatización de las empresas estatales, en unos países más violentamente que en otros. Estratégicamente se abandona el papel social del Estado, las empresas públicas estatales dejan de invertir y, además, políticas de gobierno les prohíbe o les limita que lo hagan: Lo citado ocasionó que las empresas estatales desmejorarán en la prestación y la calidad de sus servicios, la prensa y medios de comunicación poderosos y dirigidos estratégicamente por el gran capital externo e interno, empezó a cuestionar el papel social del Estado y, por el contrario, pregonaba fuertemente la participación privada en los servicios estatales que se brindaban. La gestión estatal comienza a revertir en fin social de la colectividad por un beneficio privado nacional o extranjero, en otras palabras, en beneficio del mercado, el gran juez de la política micro y macro-económica.

El proceso privatizador incrementó la productividad en algunos casos, también disparó los precios y las tarifas de los servicios públicos con lo cual se inyectó un mayor capital a las empresas que ahora en forma privada venden y cobran en dólares el servicio. El cobro en dólares el permite a la empresa privada protegerse de los posibles efectos internos inflacionarios de cada país latinoamericano, como en el caso de Argentina, esto es así porque ellos ajustan los precios y las tarifas sobre la inflación de los EEUU. Otra consecuencia de este modelo neoliberal es la contratación, en las empresas estatales se limita el hacer de sus funcionarios, con el objetivo de contratar la mayor parte de sus bienes y servicios, argumentando para ello la mayor eficiencia privada o la inversa, la gran ineficiencia de la empresa estatal para ejecutarlos o llevarlos a cabo. Es así como se dan renegociaciones contractuales en donde es claro el interés privado en contraposición con el interés social; además, este mecanismo incentivó los vicios y casos de corrupción en los países de América Latina.

Del Estado se privatizaron sus empresas más lucrativas y estratégicas (hidrocarburos, energía, telecomunicaciones, agua potable, saneamiento, otras) los cual por lo general son manejadas por una gran mayoría de capital privado extranjero, y de igual modo, por un menor porcentaje de capital privado nacional, el cual por lo general es de personajes con gran poder e influencia política y económica. Esto hace que la riqueza se empiece a concentrar en pocas empresas o personas, en parte porque, la sociedad pasa de estar regida por monopolios públicos a estar condicionada por monopolios privados, los cuales solo buscan incrementar las utilidades y la ganancia económica. El transformarse de empresa pública a privada ocasiona a la vez que el empleo se contraiga y, por tanto, el desempleo se acreciente, máxime que el Estado era el principal empleador social, de igual forma, se empiezan a dar una serie de políticas en materia salarial para los empleados públicos en donde se busca abaratar su mano de obra por medio de la pérdida del poder adquisitivo de sus sueldos y salarios.

Si bien es cierto, en un objetivo de la venta de las empresas estatales lo era sanear las finanzas públicas al disminuir el monto de la deuda en el corto plazo; es también cierto que, es objetivo no se consiguió, la deuda interna y externa no disminuyó, por el contrario emerge con mayor fuerza los desequilibrios fiscales. El consenso de Washington pregonó la privatización antes que la competencia; es así como se da una conversión de monopolios públicos a monopolios u oligopolios privados, las tarifas se disparan hacia arriba en perjuicio de los consumidores, la polarización se hace notoria lo cual deja al descubierto las desigualdades sociales existentes.

LA CONSTITUCIÓN ESTATAL EN TIEMPO Y ESPACIO

Espacio-tiempo-sociedad son los vínculos que unen, integran, transforman y revolucionan a los pueblos. La constitución nacional unifica la heterogeneidad de la sociedad. Lo nacional indica a la colectividad pertenencia social en tiempo y espacio, diferentes grupos heterogéneos de la sociedad comparten una misma cultura, costumbre y tradición. Lo nacional no esta subordinado a clases o naciones con mayor poder político y económico, pues cada nación tiene su propio espacio y tiempo social en un mundo plural. No todo lo nacional es autóctono; diversas naciones del mundo comparten culturas de otros pueblos. La cultura de América Latina no es del todo autóctona, la misma adoptó formas sociales de las naciones europeas conquistadoras y, en los últimos tiempos de los EEUU. La heterogeneidad social latinoamericana ha estado influenciada de disímiles, subjetividades, lo cual ha imposibilitado construir y poseer un mismo destino nacional.

El espacio-tiempo de la sociedad de Latinoamérica esta marcado por la desintegración económica y una dispersión de poderes locales, lo que limita la construcción nacional, imposibilita la creación de lo público, de lo que es común y unitario en la desigualdad social. La penetración del mercado global, la desintegración social, y las manifestaciones multiculturales no convergentes quebrantan de manera violenta a la sociedad la historia nacional y el derecho de poder planear el desarrollo social, económico, tecnológico y político nacional a largo plazo.

La desigualdad y el desequilibrio existente entre el poder social y el económico han impedido la construcción de un destino social compartido y solidario. No obstante, este desarraigo no es exclusivo del Estado Neoliberal; desde la época colonial América Latina no ha tenido la capacidad de representación ni de creación de una nación, pese a la formación de Estados. Los espacios sociales en el continente son fragmentados en parte por los localismos que imponen los gamonales, caciques o caudillos a través de la historia, de ahí que la democracia sea excluyente para la mayoría de la población, la paz es solo una acumulación de fuerzas para la violencia, además, los poderes autocráticos no dejan posibilidad a la gestación de una propuesta nacional.

El Estado para que exista, debe legitimar el respeto a la diversidad social, de otra forma serían Estados atrasados al servicio de un pequeño grupo con alto poder político-económico y privado de la sociedad. La constitución nacional ha sido una extraordinaria fuerza social que creó bases políticas, ideológicas y culturales, las cuales fortalecieron y expandieron las relaciones y los procesos de valoración del capital, la integración de los mercados locales, la división del trabajo y la producción en el espacio del poder del Estado. Las sociedades sueñan. Los sueños de la sociedad son diversos y diferentes, la colectividad social es heterogénea. El Estado obtiene legitimidad, efectividad y continuidad en el espacio-tiempo-sociedad si concreta y legitima esos sueños de la sociedad, al plasmarlos, de manera representativa, en planes bien diseñados a largo, mediano y corto plazo. El Estado Social es legal y legítimo, tiene facultad de dirigir y comandar la sociedad, por tanto, puede exigir obediencia a la heterogeneidad social, siempre y cuando respete los derechos ciudadanos en tiempo y espacio.

La desigualdad de la heterogeneidad de la colectividad social civil o privada nutre al Estado Social., por tanto, ningún grupo político, caudillo, líder ni clase social o grupos económicos puede arrogarse la construcción del Estado Social, pues este es la condensación de las relaciones y actuaciones de todas las clases sociales, lo cual en muchas ocasiones se consigue por violencia, tal como ocurrió en Costa Rica con el Estado Benefactor logrado a partir de la guerra civil de 1948. El Estado Benefactor Costarricense hizo estatales las aspiraciones y las luchas sociales, con eso lograron que todos los actores de la sociedad se encontraran representados e integrados aunque desigualmente, esta característica le daba al Estado el carácter social-económico y nacional en el espacio-tiempo de su poder social, aunque sin contar con la participación de sus propios protagonistas. Las grandes conquistas en el campo social, económico y político han sido por lo general producto de fuertes enfrentamientos.

El Estado Social, por gozar de representatividad y legitimidad, redefine la sociedad, la economía y su propia estructura, es así como nace la política pública. La política pública, aunque no le pertenecía, se convirtió en una condición de la intervención del Estado Social ya que establece un nexo indivisible entre el individuo y la comunidad política. La gestión y la política pública es una facultad restrictiva y subordinada a la sociedad civil.

La política pública y la práctica administrativa institucional son derivadas de las relaciones históricas, costumbres y anhelos de la sociedad. El poder del Estado es un producto social. El Estado social modifica su influencia y poder en la sociedad civil, según se desequilibran los poderes y capacidades orgánicas entre las clases sociales. La crisis del Estado Benefactor en una manifestación del cambio en las relaciones de poder en la sociedad. En América Latina el Estado Social Costarricense ha perdido la fuerza y vitalidad democrática de su nacimiento, las clases más desfavorecidas no tienen capacidad de organización, no poseen capacidad de negociación, no tienen poder de confrontación en contraposición con las fuerzas orgánicas del capital y del Estado, las cuales le imponen a la sociedad un Estado Moderno Neoliberal en donde las relaciones sociales no son igualitarias ni equitativas: El capital mundial, así como grandes intereses y organismos internacionales se imponen sobre lo nacional, secuestran el poder del estado estatal social y lo reforman y transforman en un Estado Privado, como consecuencia de la apuntado, el Estado se ve limitado en su facultad de hacer política pública, de actuar y garantizar lo público, de contrarrestar las desigualdades, inequidades, así como la capacidad para amparar y defender los derechos igualitarios de los ciudadanos.

A diferencia del Estado Benefactor, el Estado Moderno Neoliberal privatizador culpa al Estado de todos los males y, como alternativa correctiva, promueve la concentración y centralización del capital en pocos órganos estructurados o personas de gran poder económico y político. Combate cualquier tipo de incentivo o subsidio social, pero pregonan por aquellos que solo a ellos les interesa y conviene, es así como se apropian de todos los excedentes generados en el proceso productivo por la colectividad. El Estado Neoliberal Privatizador aunque lo ha intentado, no ha podido borrar ni reemplazar las bases y condiciones que propiciaron la constitución del Estado Social, principalmente en Costa Rica. Pese ello, La Reforma Estatal genera un crecimiento con degradación de la cultural, conocimiento, trabajo, función pública y calidad de vida de los pueblos, es así como se tiene por ejemplo: la pérdida del poder adquisitivo del salario, educación de tres o más categorías en su calidad, escasez de vivienda, un mayor desempleo y un reingreso de una serie de enfermedades ya erradicadas. Como consecuencia de lo apuntado se busca una nueva gestión pública en donde el prototipo a seguir e imitar en la gestión privada.

CONCLUSIÓN

La democracia de América Latina se consolidará cuando exista una cultura política democrática totalmente arraigada en la colectividad, y para ello se requiera que los ciudadanos se manifiesten por medio de la participación electoral y, además tengan conciencia de sus derechos, deberes y responsabilidades sociales y nacionales, en pro de fortalecer y engrandecer una cultura propia de Estado.

El experimento de Estado Neoliberal impuesto en América Latina por el gran capital global lo fue el Consenso de Washington. El Consenso de Washington consideró y trató a América Latina como un bloque homogéneo con economías similares y problemáticas congruentes. Del Estado se privatizaron sus empresas más lucrativas y estratégicas. El proceso privatizador incrementó la productividad en algunos casos, también disparó los precios y las tarifas de los servicios públicos y, a la vez, disminuyó el poder adquisitivo de los trabajadores, la calidad de vida de la mayoría de los sujetos de la sociedad se deterioró y, por el contrario, por medio de subsidios a las empresas nacional y extranjera se les inyectó un mayor capital de trabajo, con lo cual ahora en forma privada venden y cobran en dólares los bienes y servicios a la sociedad.

El Estado se transformó en tiempo e espacio de forma radical. De un Estado Benefactor se ha pasado a un Estado Moderno Neoliberal, el cual es desigual y discriminador en la distribución de las oportunidades sociales y en la distribución de la riqueza.

El gran capital global y local con alto poder político concentra la riqueza. La polarización de las clases o grupos sociales de la sociedad se acrecentó, se hizo visible y aguda. El capital privado combate los beneficios y subsidios sociales por considerarlos efectos distorcionantes de la economía. No obstante, el mismo capital pregona y demanda subsidios para intereses empresariales y comerciales privados. Ante esta disyuntiva, es preciso reconstruir de nuevo el Estado. Claro está, la redefinición social del nuevo Estado jamás será el modelo de Estado prevaleciente antes de implantar las políticas neoliberales.

En el caso de Costa Rica, el Estado Benefactor se agotó, no será ya jamás, peso a ello, se puede aun pensar y planear a largo plazo un Estado no autocrático sino democrático, más distributivo y equitativo en materia arancelaria y oportunidades sociales. Económicas y políticas en el espacio-tiempo-sociedad.

 

Lic. Carlos Ml. Ruiz Sánchez

 

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